Durante mi corta carrera como investigador, uno de mis principales dilemas éticos ha estado siempre relacionado con la publicación de mi trabajo. Cuando se empieza en este oficio, descubrir el modelo de negocio de las editoriales científicas le cae a uno como una jarra de agua fría: ¿pero cómo, que esto funciona así y nadie hace nada? Al principio pregunté y repregunté (investigué, de hecho, en paralelo a mi doctorado, por curiosidad), por si había algo que se me escapaba, algún hecho relevante que se me pasase desapercibido, algo que pudiera dar sentido a aquello. Pero no. Era así. Es así. Tan crudo y obsceno como la realidad misma. Si me permiten unos minutos se lo intento explicar, porque creo que este asunto tiene relevancia e interés público (ya que, entre otras cosas, sus cuartos van en ello).

Empecemos por el principio.

La evolución de la publicación científica 1

1En 2015 la publicación científica cumplió su 350 aniversario. En 1665 las revistas Journal des Sçavans francesa y la conocida Philosophical Transactions de la Royal Society londinense fueron las primeras publicaciones del género a las que, con el tiempo, seguirían muchas otras. Éstas fueron fundadas por sociedades científicas o por secciones de prensa de prestigiosas universidades con el propósito de facilitar la construcción del conocimiento científico. Cambiaron drásticamente la forma de comunicación académica (previamente por correspondencia postal, libretos y reuniones) y acelerando la diseminación de nuevos resultados. Gracias a ellas se estructuró y sistematizó notablemente la forma de producir y almacenar la ingente cantidad de conocimiento científico que se generó en la modernidad. Con el nacimiento de estas revistas también se estableció la regla básica, aún hoy vigente, que caracteriza a una publicación científica: la revisión del trabajo (métodos, datos y resultados) por otros colegas (anónimos e independientes) antes de su publicación final. Hoy en día se conoce como revisión por pares (o peer-review en inglés).

Las primeras editoriales comerciales aparecieron mucho más tarde, con el auge de la industrialización y el asentamiento de las reglas de mercado, las cuales ayudaron a introducir mejoras de productividad. Aún así, hasta la Segunda Guerra Mundial la mayoría de revistas especializadas eran aún publicadas por sociedades científicas2. Durante el siglo XX las editoriales comerciales se acabaron consolidando como el medio principal de difusión científico.

Así, la publicación de artículos científicos en revistas especializadas se ha ido concentrando progresivamente desde hace 50 años, sobre todo a partir de la década de 1990 que se inició la transición a la publicación digital online. Esta dinámica de concentración no es ajena a otros mercados; es de hecho, una característica esencial del capitalismo (y uno de sus grandes problemas: la tendencia a la creación de monopolios). A día de hoy, el negocio de la publicación científica está prácticamente controlado por cinco editoriales multinacionales: grupo Elsevier (RELX), Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis y Sage Publications. La concentración de este sector es tal que casi la mitad (47%) de todos los artículos publicados en 2013 se hicieron bajo las marcas de las tres primeras empresas mencionadas (véase gráfico).

El expolio

En sus orígenes, y hasta fechas muy recientes, la publicación de artículos científicos requería de una cantidad de trabajo de edición para nada desdeñable: precisaban maquetación, corrección y finalmente impresión y distribución de cada copia vendida o solicitada. Los costes asociados a la impresión y distribución de copias (de papel) eran también importantes. Con el advenimiento de la era digital, y gracias a internet y a las nuevas tecnologías de la información, estos trabajos se facilitan enormemente y los costes asociados se tornan insignificantes.

Uno de los cambios más significativos al respecto, sobre todo en lo que respecta al coste real de cada artículo, son los costes marginales; o sea, el coste de producción de una copia adicional. Resulta evidente que, en esta era digital, a efectos prácticos no exista coste marginal asociado a una copia digital adicional: es simplemente la transmisión de unos pocos bits de información. El valor añadido de las editoriales al proceso de publicación se ha vuelto por tanto ínfimo, quedando su rol a día de hoy muy en entredicho.

Las editoriales científicas son además una rara avis de su especie. Tienen la peculiaridad de ser las únicas compañías que no pagan a sus proveedores por la materia prima con la que comercian. Los autores diseñan, llevan a cabo los estudios y escriben íntegramente los artículos publicados. Sin embargo, los derechos intelectuales de propiedad de los mismos son, ¡tachán!, mágicamente cedidos a las editoriales y de forma gratuita. Por si fuera poco, tampoco gastan mucho en el control de calidad de su producto (el proceso de revisión por pares o peer-review), pues es realizado por otros colegas anónimos “por amor al arte” como ya hemos mencionado. Este proceso es así por el código ético estricto de la investigación, ya que de lo contrario se entraría fácilmente en conflictos de intereses. Dicho de otra forma, para asegurar la imparcialidad de los “jueces” que dirimen en la idoneidad de las publicaciones.

Déjenme que les muestre unos datos esclarecedores, y para que se hagan una idea de los márgenes de beneficio que manejan estas empresas. Se estima que los costes fijos derivados de los salarios de personal, mantenimiento de servidores, etc. sean en torno a los 20-40$ por página 34. Dense cuenta que este sería el coste total, independientemente de la cantidad de veces o personas que lean el artículo (recuerden: costes marginales nulos). Esto deja en evidencia las tarifas desorbitadas que estas mismas multinacionales exigen sin vergüenza ni pudor a los investigadores que desean publicar en formato abierto (Open Access) y cuya cifra suele rondar los 3000$ por artículo (aunque puede ir desde los 1000$ hasta los 5200$).

Las populares revistas Nature y Science, frecuentemente citadas tanto por científicos como por periodistas en todo el mundo, no son una excepción; para publicar en Nature Communications, por ejemplo, los autores Europeos deben reembolsar 3850 € en concepto de “cargo por procesamiento de artículo”. Claro está que, cuanto más leída y conocida sea la revista en cuestión, más cara la suscripción o acceso y más caro también publicar en Open Access. Uno de los factores que hacen que la publicación sea más cara es la relación entre artículos recibidos y artículos finalmente publicados. Sin embargo, en el caso de las editoriales con ánimo de lucro, la diferencia entre coste real del artículo publicado en formato abierto y precio final va obviamente destinado a compensar “pérdidas” o, mejor dicho, engrosar sus pingües beneficios. Esto demuestra cuán cínico es el autobombo de estas editoriales, cuando alardean de su compromiso con la divulgación científica y sus “amables políticas Open Access”. Lo que ocurre en realidad es que casi nadie se puede permitir el lujo de publicar en formato abierto. O sea, que la mayoría de investigadores no pueden publicar los resultados de su trabajo públicamente financiado en un formato de acceso público y universal. Un trabajo realizado con dinero público para beneficio privado (¿les suena?). Resulta cuanto menos paradójico. Déjenme que insista: un trabajo que se financia con el dinero de todos para que el progreso científico redunde en un mayor bienestar público; un trabajo cuyos derechos intelectuales (de propiedad, publicación y reproducción) se ceden de forma gratuita y exclusiva a estas editoriales para su lucro y explotación privados. ¡No me negarán que no es el negocio del siglo! Es, sin duda, un negocio redondo.

Ante un escenario tan propicio, no sorprende que la tecnología obsoleta más rentable del mundo obtenga unos márgenes de beneficio neto entre el 18 y el 23%, parecidos a los de la farmacéutica GlaxoSmithKline o el holding bancario HSBC. Hablamos de cantidades nada despreciables: la editorial Elsevier (grupo RELX) obtuvo unos beneficios netos de casi 2000 millones US$ en el año 2017. Esto la coloca a la altura de gigantes mundiales como Monsanto, Repsol o Amazon. Pongámonos ahora de la otra parte de la ecuación. Las bibliotecas universitarias (públicas en su mayoría) contribuyen hasta un 75% de las subscripciones, o sea de los ingresos de las susodichas editoriales. Se podría afirmar por tanto que sus beneficios son pérdidas netas de dinero público que podría dedicarse, por ejemplo, a la investigación: a dar más y mejores sueldos, más becas, a equipar más y mejor laboratorios y oficinas, etc. A mejorar, en general, las condiciones de alumnos, becarios, investigadores y profesores de las universidades y centros de investigación que, no se nos olvide, son un sector clave para el desarrollo y bienestar de toda la sociedad.

El gobierno de los EEUU y la Comisión Europea ya se percataron de este problemilla y hace no mucho cambiaron la regulación relativa a la financiación para investigación: ahora toda investigación financiada públicamente tiene que ser de acceso abierto. Aunque muy bienvenida, esta y la iniciativa de European Open Science Cloud no acaba de resolver el problema ya que la mayoría de las universidades y centros de investigación seguirán publicando a través de las mencionadas editoriales y pagando, por tanto, doblemente por ello. Primero, en concepto de suscripciones (necesarias para acceder a las publicaciones) y segundo, para publicar en acceso abierto en esas mismas editoriales.

El otro problema

Pero no se confundan: no es sólo una cuestión económica ni moral. El segundo gran problema es que este modelo de negocio atenta directamente contra los intereses de la ciencia en sí y de su progreso (si lo recuerdan, el objetivo fundacional de las revistas científicas). Y si atenta contra la ciencia, atenta contra el interés público – de nuevo. Me explico.

Atenta contra la ciencia porque, lejos de facilitar la diseminación de nuevos resultados y estudios, la dificultan: son de hecho, su principal obstáculo. No cabe duda que, vistas las tarifas exigidas y los contratos abusivos de suscripciones5 hay cada día más bibliotecas sin posibilidad de acceso a una gran cantidad publicaciones, dadas sus limitaciones presupuestarias (en muchos casos agravados por la crisis). O si un investigador se queda temporalmente en paro (o si quisiera trabajar sin estar asociado directamente a una universidad, por los motivos que fueran), perdería el acceso a las nuevas publicaciones, haciendo casi imposible el desarrollo de su labor – problema este sufrido en primera persona. Tengan en cuenta que esto ya es una preocupación presupuestaria en las universidades de Europa y Estados Unidos… ¡de los pobres investigadores de países con menos recursos ya ni les cuento!

Nuevamente, y para que no se me acuse de criticar sin mostrar los datos, les doy unos números al respecto. Se han consultado los presupuestos de 2017/2018 de algunas universidades públicas españolas para estimar la partida anual dedicada al pago de suscripciones y el acceso general a publicaciones científicas. En el caso de la Universidad Complutense de Madrid, este monto asciende a 3,8 millones de euros; en la Universitat Autònoma de Barcelona la cantidad es de 2,8 millones de euros y en la Universidad del País Vasco (EHU), de 4 millones de euros. En el caso de Dinamarca, el consorcio de bibliotecas de las 8 universidades públicas que existen se gastó el año pasado más de 20 millones de euros.

Legalidad vs. legitimidad, o cómo salir del bucle

Los ingentes beneficios que obtienen de la explotación de derechos de propiedad intelectual serán perfectamente legales, pero son también de una muy dudosa legitimidad: saquean las arcas públicas añadiendo un ínfimo valor y atentan contra el interés público y universal que persigue el desarrollo de la ciencia. La raíz del problema está en que estas editoriales tienen la sartén por el mango. Todos los investigadores somos víctimas del dichoso “impact factor”: sólo las publicaciones en las revistas con mayor impacto cuentan. Y, adivine qué, estas pertenecen en su mayoría a las 5 empresas mentadas. La solución pasaría por convertir este sector en un tipo de economía social: toda editorial científica debería ser sin ánimo de lucro. Ya existen algunas con un cierto éxito (PLOS one) y otras muchas pequeñas iniciativas Open Access, pero por desgracia nadie que se quiera dedicar a la investigación puede permitirse boicotear a las grandes editoriales.

Ninguna entidad o institución cedió jamás en la historia su posición de privilegio motu proprio. Por desgracia, la presión social para que esto cambie es prácticamente inexistente, pues es un problema que apenas se conoce (¡Incluso en el mundo de la investigación es un problema que es minoritariamente percibido como tal!). Además, vista la que está cayendo, difícilmente ocupará una posición de prioridad en ninguna agenda política. Se podría empezar por modificar el deficiente sistema de evaluación de investigadores actual basado en métricas simplistas. Quizá así, un día no muy lejano, un trabajo hecho con dinero público deje de publicarse de forma privada... Ojalá un día, “publicar” en ciencia deje de ser un oxímoron en sí mismo.

El Parlamento Europeo debatía hace unos días la autorización de dos nuevos tipos de maíz transgénico, mientras la opinión pública sigue tan enfrentada como confundida. En Julio del año pasado, Greenpeace respondía duramente a la carta firmada por 109 Premios Nobel en favor de los transgénicos. A esta le siguió un intenso debate con varias réplicas, críticas y diversas opiniones. Como trataremos de explicar en este breve artículo, en este debate se entremezclan varios aspectos de los transgénicos que, a nuestro modo de ver, conviene analizar por separado. Creemos pues que estructurar el análisis de este controvertido tema (por lo general airado y de respuesta visceral) en sub-debates puede contribuir a aclarar malentendidos y a centrar el foco de debate en torno a las cuestiones clave.

Queremos a su vez que este artículo ayude a las personas no versadas en ciencia a formar sus propias opiniones con mayor rigor. En este sentido, intentaremos minimizar los tecnicismos, explicando aquellos cuyo uso sea necesario. Vayan pues por delante unas pequeñas explicaciones y ciertas nociones relacionadas.

Sobre la (in)definición de los transgénicos

Según la normativa estadounidense, un transgénico es un organismo genéticamente modificado (OGM, o GMO en su versión inglesa). Esto incluye la selección artificial e hibridación (cruces forzados entre especies) que el ser humano lleva implementando desde el Neolítico (con el desarrollo de la agricultura) a escala planetaria para domesticar y adaptar plantas y animales a los diferentes entornos, necesidades y gustos. Ejemplo de ello son los injertos de árboles frutales, los cruces entre especies animales como las mulas o la conservación selectiva de mutantes espontáneos. Y es que llevamos más de 5000 años modificando plantas, animales y ecosistemas enteros hasta hacerlos casi irreconocibles, por lo que muchos alimentos que consideramos “naturales”, en realidad dejaron de serlo hace mucho tiempo. Las zanahorias, por ejemplo, son de color naranja sólo desde el s. XVII porque los agricultores holandeses quisieron homenajear a su Casa Real.

Cuando se cambia un gen de un organismo a otro se hace en base a un conocimiento previo sobre la función de ese gen, la cual depende del gen en sí mismo y de su contexto bioquímico. Al introducir el gen de un organismo A en un organismo B, su contexto bioquímico será diferente, por lo que es posible que genere algunos efectos imprevistos. No obstante, estos efectos no tienen por qué ser automáticamente nocivos. De hecho, hoy en día los OGM se desarrollan modificando una parte específica del genoma resultando en unos cambios genéticos muy controlados (otras técnicas como la mutagénesis pueden involucrar cambios en varios genes, por lo que la posibilidad de efectos imprevistos aumenta).

Sin embargo, la definición estricta de OGM se antoja un tanto arbitraria, dada la continua selección, hibridación y modificación de organismos que llevamos haciendo desde milenios. Parte del problema con la regulación de los OGM procede del hecho de que es intrínsecamente complejo categorizar las enormes posibilidades que la biología ofrece en un conjunto discreto de normativas. Esto se debe a la gran variedad de técnicas que existen hoy en día para alterar los genes de un organismo(1). En este sentido, un estudio demostró imposible intentar legislar el etiquetado de productos a nivel de contenido genético (% de GMO, Weighardt, 2006), tal y como pretende hacerlo la normativa de la UE. Y es imposible porque cualquier regulación que incluya a todas las técnicas existentes en el mismo cajón de sastre con la etiqueta “GMO” será forzosamente simplista e imprecisa.

Tal y como refleja la carta de los 109 Premios Nobel a la que nos hemos referido, en la comunidad científica existe un amplio consenso (y una frustración palpable) respecto a este hecho, al igual que ocurre con el Cambio Climático (Funk & Rainie, 2015). ¿Entonces, cuál es el origen del disenso social? ¿Dónde está el problema?

Los impactos de los OGM

Como hemos anticipado, creemos conveniente estructurar el análisis para aclarar malentendidos y establecer prioridades en el debate en torno a los OGM.

Salud

Normalmente, las nuevas proteínas que se generan a partir del nuevo gen transferido pertenecen a rutas metabólicas conocidas, así que los efectos son normalmente los deseados. No se generan nuevos tóxicos, ni los alimentos son venenosos, ni los genes del organismo de origen se asimilan en nuestro organismo. Hasta donde sabemos (quizá haya casos aislados), un transgénico es igual de sano (o tóxico) que el natural. Por ejemplo, el gluten del trigo será siempre tóxico (o alérgeno) para un celíaco, sea este de origen “natural” o transgénico.

Del mismo modo ocurre con la lisina (una proteína esencial presente en los cacahuetes) que se introdujo en un arroz transgénico para suplir carencias nutricionales. La lisina posee un gran potencial alérgeno, y se demostró, obviamente, que el arroz resultante podía generar alergias. No obstante, a esta conclusión se llegó mediante experimentación con ratones, y dados los exigentes controles de sanidad a los que son sometidos los GMOs. Este arroz nunca llegó a ser consumido por (ni a perjudicar a) ningún ser humano, a pesar de ser este ejemplo comúnmente citado como argumento para demostrar que los GMOs producen alergias).

Aun así, la principal crítica a los GMOs parece proceder del popular mantra “lo natural es más sano”, un afirmación que no se sostiene en muchísimos casos y que se conoce como “falacia naturalista” (Saborido, 2013).

Ecología

A veces, un OGM puede ser un “superorganismo” que aguanta plagas, heladas, crece casi sin agua o con un exceso de ella. Por ello, puede tener una ventaja selectiva salvaje sobre sus homólogos “normales”, desplazándolos de sus ecosistemas. A este respecto, cabe decir que muchas plantas que cultivamos no hibridarán fácilmente con especies silvestres: algunas (como los plátanos) son mutantes triploides (estériles) que necesitan reproducción asistida; otras poseen un polen tan pesado que no lo arrastra ni el viento, impidiendo que fecunde parcelas adyacentes.

Aun así, existen soluciones para evitar la “contaminación” de OGM en el entorno “natural”: invernaderos, genes de efecto letal, etc. Si aun así un GMO se naturaliza, tampoco tiene porqué ser un drama. Prácticamente todos los ecosistemas están alterados y, como sistemas dinámicos que son, se reorganizan y llegan a nuevos puntos de equilibrio. Esto lleva pasando desde el Cámbrico y no requiere en absoluto de la mano del hombre (muchos ecosistemas “naturales” se hallan sujetos a cambios caóticos, impredecibles y a veces catastróficos en sus poblaciones). Además, hay otros factores antropogénicos con un potencial transformador mucho mayor e inmediato en la dinámica ecológica, como la introducción de especies exóticas o la deforestación para la agricultura intensiva.

Sociedad y Economía

Los OGM son imprescindibles en investigación (Moody, 2014) y en medicina, pues son la base de la terapia génica. Los beneficios que reportan en esas áreas están fuera de toda duda. Ahora, estos bien podrían ser desarrollados por organismos públicos y comercializados en términos más beneficiosos para la sociedad (p.ej. sin patentes de semillas). Por ejemplo, en zonas del sudeste asiático donde se perdían al año 20 millones de hectáreas de arrozal por las inundaciones, se desarrolló el swarna-sub1: un arroz OMG con financiación pública que aguantaba y crecía sumergido. Este se vendió a los agricultores a un precio razonable, mientras que el arroz “normal” se sigue cultivando en zonas con menor riesgo de inundación (Singh et al. 2013).

Las variedades comerciales de OMG más conocidas pertenecen sin embargo a las multinacionales Monsanto y Syngenta, las cuales ejercen un dañino oligopolio de las semillas. En este sentido los OMG son un elemento más de la economía de libre mercado. Otras maneras menos demonizadas que tienen las empresas para engrosar su margen de beneficio económico incluyen: refrigeradores, transatlánticos gigantes, tractores con seguimiento GPS, sistemas de riego, invernaderos, fertilizantes e insecticidas. Monsanto es sólo una compañía más que intenta maximizar beneficios y no es sólo Monsanto: los monopolios son (desgraciadamente) parte de la dinámica del sistema capitalista en el que vivimos.

Detengámonos por un momento en el reciente caso del sofosbuvir, el infame medicamento que podría curar a todos los enfermos de la mortal Hepatitis C. La multinacional farmacológica Gilead, en posición de monopolio, no lo regala y los estados, por mucho que se empeñen, poco pueden regatear. ¿Significa eso que el sofosbuvir, por estar patentado y existir monopolio, es malo? Efectivamente, los lectores se habrán dado cuenta de que una cosa es el producto en sí y otra el sistema de patentes y reglas económicas contingentes que rigen su compra-venta. Nuevamente, más allá de la opinión personal de cada uno, eso tiene ante todo un nombre: capitalismo. Lo mismo ocurre con los transgénicos: aunque estos puedan ayudar a paliar el hambre o ciertas deficiencias vitamínicas, Monsanto y Syngenta no los van a regalar.

Sobre el Principio de Precaución

El principio de precaución es válido siempre y cuando exista una base empírica mínima en la que se puedan apoyar posibles restricciones o medidas. Este es el punto en el que muchos activistas y organizaciones como Greenpeace caen: asumen que la liberación de transgénicos al medio derivará transformaciones catastróficas porque sólo las transformaciones “naturales” son inocuas (la mentada falacia naturalista). Pero como hemos comentado, las transformaciones ecosistémicas espontáneas son una constante en el medio natural y la liberación de un OGM es una más entre esas transformaciones antropogénicas que, en caso de que ocurra, no ha de ser perjudicial por defecto.

En el caso de los OMG, no existen riesgos demostrados que conciernan a la salud pública ni a la biodiversidad del planeta, a pesar de la cantidad de estudios que se han hecho. Los riesgos a los que siempre se apelan derivan del sistema económico y de las reglas por las que este se rige.

Por esto insistimos en que la cuestión fundamental es socio-económica. Repetimos que, dada la ausencia absoluta de evidencias que demuestren lo contrario, el disenso científico es marginal –al igual que ocurre con los negacionistas del Cambio Climático– y por tanto el debate público debería centrarse en estos aspectos que conciernen exclusivamente a la res pública. Quizá deberíamos cuestionar el sistema de patentes o la forma y financiación de nuestros programas I + D; sin duda el sistema global de producción agrícola intensiva, pues es éste y el derivado oligopolio de las semillas, el que afecta directamente a la soberanía alimentaria de los pueblos.

No hay duda de que todos los pueblos de la Tierra deberían tener acceso a una alimentación sana y variada y por ello abogamos, también nosotros, por una vuelta a los cultivos locales, de temporada y a una reducción drástica de la ingesta cárnica por cuestiones de sostenibilidad. Desgraciadamente, aún hay gente que quiere tomates (y mangos y fresas) en diciembre y en un mundo capitalista globalizado no faltará quien los venda y los importe de donde sea mientras haya quien los compre. Ahora esto tiene poco que ver con que los tomates importados sean menos sanos por ser transgénicos. El consumidor puede realizar una presión efectiva cada vez que compra, dando su “voto” al producto local y de temporada, en grupos de consumo, adquiriendo la fruta más fresca y sabrosa (aunque quizá más fea) con una disponibilidad fluctuante y sujeta a contingencias meteorológicas.

Urge pues centrar el debate político de los OMG en lo que concierne a la opinión y al debate público. Convendría hacerlo en paralelo al debate de cómo implementar los cambios necesarios en nuestras dietas y en los incentivos y subvenciones del sistema actual de producción agrícola intensiva frente a otras alternativas como la agroecología, la agroforestería o la permacultura.

En este sentido, abogamos por una gestión inteligente de los transgénicos. Un desarrollo público y para el interés público, de uso extensivo y racional tiene, como toda nueva tecnología, unos beneficios potenciales que sobrepasan a los peligros derivados.

Nadie parece oponerse a los injertos, a pesar de ser, estrictamente hablando, OGM, ni a las bacterias transgénicas que convenientemente usamos para producir económicamente alcohol o insulina en cantidades industriales (Goeddel et al. 1979). Como dijo Bertrand Russel, dejemos de lado nuestros prejuicios y centrémonos en los hechos. Centrémonos en discutir de una forma serena el cómo nuestra sociedad, y el mundo en general, puede aprovecharse (en el buen sentido de la palabra) de las muchas potencialidades de los OGM y de cómo se pueden minimizar (o eliminar en el mejor de los casos) los riesgos socio-económicos que conllevan.

(1) Hay varios procedimientos: la técnica tradicional de ADN recombinante (insertar un fragmento de ADN de un organismo en otro más o menos emparentado); la clonación; la técnica de edición génica Crispr-Cas9 que permite activar o desactivar genes específicos sin tener que recurrir a un segundo organismo; la creación ad hoc o a la carta de nuevos genomas sintéticos; la mutagénesis inducida mediante sustancias químicas o por radiación; la modificación epigenética, etc ... Cada técnica es inherentemente diferente, y cada una acarrea sus propias ventajas e inconvenientes que, por motivos de espacio, no podemos explicar aquí.

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Referencias:

Funk, C., & Rainie, L. (2015). Public and scientists’ views on science and society. Pew Research Center, 29.

Goeddel, D. V., Kleid, D. G., Bolivar, F., Heyneker, H. L., Yansura, D. G., Crea, R., ... & Riggs, A. D. (1979). Expression in Escherichia coli of chemically synthesized genes for human insulin. Proceedings of the National Academy of Sciences, 76(1), 106-110.

Moody, S. A. (Ed.). (2014). Principles of developmental genetics. Academic Press.

Saborido, C. (2013) La falacia naturalista. Investigación y Ciencia. 446

Singh, U. S., Dar, M. H., Singh, S., Zaidi, N. W., Bari, M. A., Mackill, D. J., ... & Singh, R. K. (2013). Field performance, dissemination, impact and tracking of submergence tolerant (Sub1) rice varieties in South Asia. SABRAO Journal of Breeding & Genetics, 45(1).

Weighardt, F. (2006). European GMO labeling thresholds impractical and unscientific. Nature biotechnology, 24(1), 23-25.