En 2008 la Asociación de Vecinos PAU del Ensanche de Vallecas puso en marcha en su página web un formulario de olores. En él, los habitantes del entonces creciente nuevo desarrollo del sureste de Madrid comenzaron a registrar dónde, qué tipo y qué intensidad de efluvios percibían del Parque Tecnológico de Valdemingómez, el complejo –como prefieren denominarlo los vecinos– donde se trata y almacena toda la basura que se genera en la capital, y que está situado a apenas dos kilómetros de las viviendas.

En ese formulario los vecinos debían indicar si el olor que percibían era a ceniza o quemado, fecal o basura, gas o aceite y marcar las horas y las calles donde se registraba. Diez años después, este registro, que aún sigue vivo, se ha convertido en la mejor prueba de campo de que lo que los vecinos llevaban denunciando durante varias legislaturas no era una exageración sino un hecho: que el complejo de Valdemingómez, a donde llegan al año 1,2 millones de toneladas de residuos, produce continuos malos olores que no son inevitables ni asumibles, como determinó un informe olfatométrico que encargaron los propios habitantes del PAU en 2013.

“Hay días que aún recibimos 70 formularios, y en enero recogimos cerca de 200”, explica Rosa María Pérez, presidenta de la asociación vecinal. Desde el pasado verano, envían los datos cada mes al Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena, toda una victoria para los habitantes que tras años de lucha han logrado no solo que se reconozca por parte de la Administración que existe un problema, sino que también se han empezado a desarrollar medidas para paliarlo.

Oídos sordos de los ayuntamientos del PP

“Durante años nos dijeron que los olores no existían y cuando por fin admitieron que sí había le echaban la culpa a otros”, explica Pérez. La presidenta se refiere a las diferentes legislaturas gobernadas por el PP, primero con Alberto Ruiz Gallardón a la cabeza, y después con Ana Botella, quienes cuando no tuvieron más remedio que admitir que los efluvios existían desviaron las culpas a vertederos ilegales del cercano asentamiento de Cañada Real. “Todo con tal de no admitir que el complejo de Valdemingómez, de gestión municipal, era el responsable”, afirma la presidenta.

De ahí que la llegada de la corporación de Ahora Madrid, con Inés Sabanés como responsable del área de Medio Ambiente y Movilidad, supusiera un punto de inflexión en las reivindicaciones vecinales. “Era la primera vez que el Ayuntamiento reconocía que había un problema y empezaba a trabajar en ello”, cuenta.

Aunque si bien para los vecinos los plazos de la Administración se presentan “muy lentos”, desde el Consistorio aseguran que en marzo empezarán a notar las primeras mejorías, que se incrementarán a los largo del año después que se vayan poniendo en marcha las medias aprobadas el pasado 18 de enero. Estas van encaminadas a mejorar el llenado de túneles, incrementar del tiempo de retención de la materia orgánica en los túneles de compostaje o a desarrollar mejoras en las dos plantas de biometanización -proceso por el que se produce el biogás a partir de los residuos-, así como en las del tratamiento del propio biogás.

El cierre de la incineradora

Los vecinos, no obstante, están en alerta y ya han cogido carrerilla para emprender la segunda parte de su lucha: lograr el cierre de la incineradora de Valdemingómez. El complejo está formado por siete plantas. Tres de ellas están dedicadas al tratamiento de los residuos procedentes de los contenedores de envases y restos y rechazos de otras instalaciones. Otra trata el biogás para obtener energía eléctrica y dos más son donde se produce la biometanización. La séptima instalación es la incineradora, la única de todo el complejo que no produce malos olores.

“El problema es que la combustión de los residuos emite sustancias carcinógenas y tóxicas que se liberan al aire”, como explica Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que forma junto a la asociación del PAU y otras entidades ecologistas y vecinales la Alianza Incineradora deValdemingómez NO, que tiene por objetivo lograr la no renovación del contrato de la instalación, que vence en 2020.

Según estudios recientes recopilados por los vecinos, los gases que emite la incineradora aumentan la mortalidad por cáncer y el desarrollo de otras enfermedades. En el caso de los hombres, hay un 98% de posibilidades más a padecer cáncer de pleura y un 43% más cáncer de vesícula; entre las mujeres hay un 38% más de posibilidades de sufrir cáncer de estómago, y los dos géneros tienen 140% más de probabilidades de padecer cáncer de páncreas que una persona que no inhala a diario los gases de la incineradora.

Estos mismos estudios también arrojan datos preocupantes relacionados con el embarazo, como un 44% más de probabilidades a tener un aborto espontáneo o un 127% de más casos de grandes prematuros. “Cada año nacen en el PAU de Vallecas 1.000 niños y ahora mismo tenemos la media de edad más joven -30 años- de toda la ciudad”, subraya Villalobos, habitante del PAU, y quien apunta que son los más pequeños quienes están más tiempo en el barrio y, por tanto, inhalando los gases de la incineradora, puesto que sus colegios y sus casas están en la misma zona. “Quienes trabajan fuera del barrio evitan ese tiempo de exposición pero no así los niños”, explica.

La población afectada por los gases no son solo las 40.000 personas que actualmente viven en el PAU, sino que alcanza a más de 713.000 habitantes repartidos por varios distritos de la capital, como Villa y Puente de Vallecas, Vicálvaro o Villaverde, y municipios madrileños, como Perales del Río, Getafe o Rivas. El Ayuntamiento evita de momento pronunciarse sobre el cierre de la incineradora y fuentes municipales señalan que los estudios epidemiológicos que actualmente realiza Madrid Salud “se tendrá en cuenta para decidir sobre el futuro” de la instalación.

Ahora se quema al año un 30% de la basura que llega a Valdemingómez, alrededor de 300.000 toneladas. En su cierre no solo entra en juego que la Administración quiera hacerlo sino que también implica un cambio en la generación de residuos. “Si producimos menos basura, menos se quemará”, subraya Villalobos, quien ve con buenos ojos las medidas emprendidas por el Ayuntamiento con la puesta en marcha contenedores para la basura orgánica y confía que desde el el Consistorio se termine por desarrollarse un plan que reduzca los residuos desde el origen.

Por el momento, la Alianza recoge firmas en el portal Decide Madrid para llevar al Pleno la no renovación del contrato. El pasado sábado más de 3.000 personas, según los organizadores, salieron a la calle en el barrio para reclamar el cierre. Y Rosa Pérez avisa: “Ya estamos preparando la próxima movilización que llevaremos hasta el centro de la ciudad”.

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A María Luisa San Román no se le ha borrado la sonrisa a pesar de las penurias por las que ha tenido que pasar a lo largo de los últimos años. Esta madrileña de 35 años, madre de tres niñas de 4, 8 y 10 años, relata aldiario.es su historia, sin dramatismo, consciente de que es una más por la que atraviesan miles de familias humildes que se encuentran en situaciones parecidas. 

En octubre de 2014 fue desahuciada del piso de Navalcarnero en el que vivía desde 2008 en régimen de alquiler social. Aquella vivienda era propiedad del IVIMA pero a finales de 2013 fue vendida por la Comunidad de Madrid al fondo buitre EnCasa Cibeles, filial de Goldman Sachs.  

Antes de aquel lanzamiento –como judicialmente se denominan los desalojos forzosos de un piso por impago– su vida había sido “más o menos normal”, explica María Luisa. Cuando en 2008 le adjudicaron aquel piso del IVIMA se puso muy contenta. “No me lo creía”, recuerda.

Entonces trabaja de cajera a media jornada en un supermercado de Madrid y aunque los ingresos que entraban en su casa no era muy altos, pudieron afrontar los 200 euros del alquiler y los gastos del hogar sin problema, dado que por entonces la pareja tenía solo una hija. Pero aquella felicidad apenas duró unos años.

“En marzo de 2014 me llegó la carta con la notificación de que mi piso había sido vendido a Encasa Cibeles en la que me explicaban que a partir de entonces sería mi nuevo gestor”. Mediaron para intentar quedarse pero la primera medida fue doblarles el alquiler.

La familia, que por entonces había aumentado con dos nuevos nacimientos, afrontó al principio el cambio de situación como pudo, hasta que María Luisa tuvo que dejar de trabajar para atender a una de sus hijas delicada de salud. Su marido también se quedó sin trabajo y como no tenía la nacionalidad española –es dominicano–, se topaba con numerosos problemas para integrarse en el mercado laboral. La vida les dio un vuelco radical. Al no poder afrontar los pagos mensuales fueron acumulando una deuda considerable con la entidad. “Nos decían que si no pagábamos tendríamos problemas”.

María Luisa pidió ayuda social pero se la denegaron. Al final, en octubre de 2014 se ejecutó el desahucio y se quedó en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional por parte de la Comunidad de Madrid.

“Me fui de aquella casa con mucha pena. Era donde había criado a mis hijas. Era mi casa. Todavía hoy las niñas me preguntan por qué no volvemos a nuestra casa”, dice María Luisa. Pero lo que recuerda con mayor indignación es cómo los servicios sociales la amenazaron encima con quitarle a las niñas si en breve no encontraba una vivienda donde cobijarlas. “No te dan tregua”, lamenta.

Desde entonces reconoce que han ido “dando tumbos”, de desahucio en desahucio. “Al no tener trabajo ni él un contrato fijo nos costaba muchísimo poder hacer frente a un alquiler 'normal'. Mi dilema es pagar o comer. Y mis hijas tienen que comer”, señala con determinación. 

Aunque está ahora algo más tranquila, su situación, dice, “no ha variado mucho”. “Encima me estoy divorciando”. “Los únicos ingresos que tengo ahora son 470 euros y con eso tampoco se puede hacer grandes cosas”.  

Al haber sido beneficiaria en una ocasión de una vivienda pública no tiene de momento derecho a una segunda oportunidad. “Tendría que esperar a que pasaran 20 años para poder solicitarla de nuevo, si es que queda alguna ¡porque las han vendido!”, exclama, abriendo los brazos con gesto de indignación. 

Harta de su situación, María Luisa decidió hace un par de años ocupar uno de los muchos pisos que hay vacíos en Arganda del Rey (Madrid) propiedad del SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocido como banco malo).  El bloque entero son pisos nuevos, en su mayoría habitados por familias que, como la de María Luisa, apenas cuentan con recursos económicos para salir adelante.

Y desde entonces es donde vive con sus tres hijas temiendo que un buen día la vuelvan a echar. Mientras relata su historia, las tres pequeñas, ajenas a las preocupaciones de su madre,  juegan en el parque infantil del barrio, desde donde se pueden ver algunos edificios aún a medio construir. 

En el portal de su casa hay concentrado un numeroso grupo de personas que hablan animadamente entre ellas. Algunas llevan camisetas de la PAH. Tiene una reunión para tratar de casos desahucios inminentes y ver qué acciones van a llevar a cabo para intentar paralizarlos. María Luisa habla maravillas de la Plataforma, a la que hace un par de años ella también se ha unido y son los que le están ayudando a negociar un alquiler con el banco malo.   

“Todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda digna. Porque la vivienda no es un lujo ni es un bien con el que negociar. Es una necesidad básica”, añade, sin dejar de esbozar esa amplia sonrisa que denota el positivismo de esta mujer que acaba de recibir con enorme alegría la noticia de que la Fiscalía ha decidido tomar cartas en el asunto por la venta de casi 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en la etapa de Ignacio González. 

Según ha determinado el Ministerio Público, el proceso estuvo “trufado de irregularidades” por lo que ha ordenado que la instrucción se centre en los posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la operación llevada a cabo en 2013. 

Para el fiscal del caso, Carlos García-Berro, la venta de golpe de las 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales de titularidad pública por 200 millones de euros al fondo de capital riesgo revela “indicios de uso de artificio para la venta infraprecio”.

Las viviendas, concebidas para personas con un bajo nivel socieconómico, fueron adjudicadas a Azora Gestión pero son gestionadas por Encasa Cibeles, que entró de forma “oculta” en la operación, según la Fiscalía, que señala como máximos responsables a los directores del Instituto de la Vivienda de Madrid en esa época, Ana Gomendio y Juan Van-Halen.  

“Yo invitaría a la señora Cifuentes,  a la señora Aguirre, a la señora Botella y a toda esa panda que vendieron las viviendas a que vengan y vean cómo vivimos el día a día y cómo tenemos que sobrevivir con lo poco que tenemos”.

“Ellos desde su mundo lo ven todo muy bonito pero tienen que ver a la gente 'normal'. Porque somos muchísima gente que lo estamos pasando muy mal”, afirma María Luisa. Y mientras lo dice se pone muy sería y, por primera vez, pierde su sonrisa.

“Madrid será la tumba del fascismo”; “esto nos pasa por un Gobierno facha”; “sí, sí, sí, derecho a decidir”. Con estos cánticos ha arrancado la concentración en la Puerta del Sol, acompañada por el hashtag #RajoyDimisión en redes sociales, en solidaridad con el referéndum convocado en Catalunya este 1-O; por el derecho a decidir y, dado el curso de los acontecimientos, en contra de las cargas policiales para impedir las votaciones, que se han saldado con más de 800 heridos según la Generalitat.

La plaza, abarrotada por turistas y viandantes, ha ido llenándose también de manifestantes, convocados para las siete de la tarde. Según los organizadores del encuentro, han acudido unas ocho mil personas. La Policía, por su parte, no ha querido dar datos de asistencia a la manifestación.

La concentración, en la que se vivieron algunos momentos de tensión con los agentes, terminó con un hombre detenido y acusado de un “delito de resistencia y desobediencia a la autoridad”, según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Emergencias Madrid atendió a tres personas que se manifestaban por contusiones.

Miembros del Sindicato de Estudiantes y el colectivo de Izquierda Revolucionario fueron de los primeros asistentes en llegar. Beatriz García, representante de este colectivo, mientras se colocaba pegatinas de su organización en la ropa, comparte su emoción “por la respuesta ejemplar del pueblo de Catalunya en la defensa por su derecho a votar y decidir”, mientras que por otro lado se muestra “completamente indignada por lo que ha sido una represión salvaje del Gobierno del Partido Popular”. Por este motivo, llama a “luchar contra la represión” y pide la dimisión del Gobierno.

Quince minutos antes de comenzar, un grupo de personas con banderas de España ha intentado increpar y acceder a la plaza, por lo que la tensión se hizo presente desde ese momento. A grito de “Madrid será la tumba del fascismo”, los asistentes han echado al grupo y a continuación, los agentes de la Policía Nacional han dividido la plaza creando un gran cordón policial.

Finalmente, el cerco se ha roto por los asistentes que han ocupado todo el espacio y congregado por momentos a más gente. Ángel Luis Parra, de Marchas de la Dignidad, una de las plataformas convocantes, ha explicado que el cordón inicial de la Policía se ha producido por las convocatorias de grupos fascistas en redes sociales. “Aquí estamos para manifestar nuestro repudio a la represión, nuestra defensa del derecho de los catalanes a decidir y exigir que se vaya Rajoy, porque con este régimen es imposible que los pueblos decidan”, ha expresado Parra.

El malestar por las imágenes de cargas policiales que han llegado durante la jornada del 1 de octubre desde Catalunya ha provocado esta reacción de los asistentes de la concentración en Madrid. “En Catalunya hay una operación de castigo y la quieren continuar aquí”, dice un representante de la Coordinadora 25S.

“La voz del pueblo no es ilegal”, “Vuestra represión, nuestra solidaridad”, “Catalunya no estás sola”, “Madrid está con el pueblo catalán” o “votarem”; son algunas de las consignas que se han escuchado esta tarde en el kilómetro cero, donde en todo momento se respiraba un ambiente tenso, debido a varios intentos de diferentes grupúsculos de boicotear la concentración. Como uno situado en el comienzo de la calle Arenal y que portaba una pancarta que rezaba “Viva la unidad de España” y que gritaba “Dúchate, hijo de puta dúchate” o “Ésta es la juventud de España”.

Una vez más, los cuerpos de seguridad han vuelto acordonar el centro de la plaza y los participantes de la convocatoria ‘por el derecho a decidir’ han gritado de forma unánime: “fuera fascistas de nuestros barrios”.

Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda de Madrid, ha sido una de las pocas caras conocidas en la concentración. También estaba el actor Pepe Viyuela, quien considera que “la gente quiere hablar, quiere entendimiento político, no cargas policiales”.

A las 20.15 horas, cuando comenzaba la comparecencia ante los medios de Mariano Rajoy en la Moncloa, en Sol sonaba L’staca, que parecía apaciguar por un momento la tensión vivida. “Tenemos que sentirnos orgullosas de la respuesta antifascista y democrática en la calle”, ha expresado un manifestante que, a continuación, ha dado por finalizada la cita por parte de los convocantes.