El desarrollo cada vez mayor de tecnologías de inteligencia artificial, junto con su uso en ámbitos que involucran derechos fundamentales de las personas, ha hecho que se disparen las alarmas en torno a los alcances y peligros que podrían encerrar este tipo de herramientas.

Hace tiempo que los sistemas de IA se utilizan en cuestiones que van más allá de simples aplicaciones móviles, mapas en línea o funciones automatizadas para coches. En la actualidad, se aplica inteligencia artificial en ámbitos tan sensibles como servicios sociales y sanitarios, vigilancia policial, control de fronteras y acceso a la justicia, entre otros. 

En el libro La automatización de la desigualdad, herramientas de tecnología avanzada para supervisar y castigar a los pobres, su autora, Virginia Eubanks, realiza un detallado análisis sobre cómo en Estados Unidos el uso de sistemas de decisiones automatizadas basados en minería de datos está castigando a las clases trabajadoras en general, y mujeres y personas racializadas precarizadas en particular, quienes muchas veces no logran acceder a una ayuda o vivienda por “decisión” del algoritmo. 

En otros lugares del mundo la situación no es muy diferente. El informe publicado el año pasado por AlgoRace, Una introducción a la IA y la discriminación algorítmica para movimientos sociales, recoge numerosos ejemplos de usos discriminatorios de inteligencia artificial a nivel europeo, desde el caso del programa SyRI en Reino Unido, con el que el Ministerio de Asuntos Sociales de este país determinaba qué personas eran más proclives a defraudar al Estado -y cuyo uso fue suspendido por el Tribunal de La Haya en 2020 al establecer que discriminaba a personas migrantes y de rentas bajas-, hasta el ejemplo de VioGén, el sistema de predicción de riesgo de violencia de género implementado por el Estado español desde 2007, y que ha sido objeto de numerosas críticas por subestimar el riesgo para las víctimas, dejándolas sin protección policial o con protección insuficiente. 

Lo que dice la Ley de Inteligencia Artificial

Todas estas situaciones han hecho que desde la sociedad civil se levante un movimiento de lucha contra el uso desmesurado y sin vigilancia de herramientas de IA, y también contra el imaginario de confianza ciega que se ha creado en torno a ellas. 

Un paso importante en esta dirección es el texto de la Ley de Inteligencia Artificial aprobado por el Parlamento Europeo en mayo de este año -y que actualmente se encuentra en fase de negociación-, el que surgió justamente para supervisar y controlar el desarrollo y uso de estas tecnologías. 

Básicamente, lo que hace la ley es clasificar los sistemas de IA según el riesgo que éstos suponen para las personas: inaceptable, alto, limitado y mínimo. 

Entre los aspectos positivos destaca que se incluyeran como riesgos inaceptables, y por tanto se prohiba su uso, los sistemas de puntuación social que sirven para clasificar la “confiabilidad” de las personas, los sistemas automatizados de prestaciones sociales, la policía predictiva basada en perfiles y comportamientos delictivos anteriores, y los sistemas de identificación biométrica, que implica la prohibición tanto de la vigilancia masiva en espacios públicos como del reconocimiento facial en tiempo real. A esto se suma la creación de una base de datos públicas para toda la UE que registrará sistemas de IA de alto riesgo y la obligación de los Estados miembros de contar con una autoridad nacional de supervisión en la materia.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la ley cuenta con importantes fallos. Por ejemplo, mientras que prohíbe la identificación biométrica por implicar una violación de derechos fundamentales, permite su uso en frontera bajo la justificación de la lucha contra el terrorismo. Es decir, que personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad serán todavía más discriminadas en comparación con el resto de la población, a los que sí se respetará su derecho a la intimidad y a la propia imagen. Todo esto, sin contar con el peligro implícito que representan los algoritmos de reconocimiento facial, que suelen arrojar grandes errores en rostros de personas no caucásicas, tal como demostró en un estudio el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. 

Por otro lado, en cuanto a los riesgos clasificados como altos, la ley permitirá que sean las propias empresas desarrolladoras o proveedoras de tecnologías de IA quienes determinen si una herramienta implica o no un riesgo alto para la población. Desde diversas organizaciones sociales denunciamos que este punto permitirá que desarrolladores y empresas se salten la ley simplemente afirmando que sus servicios no suponen este peligro, y por ello pedimos que en esta fase de negociación en la que actualmente se encuentra la ley se restablezca el proceso original de clasificación de riesgos de la Comisión Europea, que consideraba de alto riesgo cualquier sistema que fuese a ser utilizado en áreas sensibles y críticas, recogidas en el anexo III de la propuesta. 

El texto final, que se espera que se apruebe a finales de 2023, podría perfectamente incorporar estas demandas en las reuniones tripartitas que están manteniendo la Comisión, el Parlamento y la Presidencia del Consejo, ejercida por España desde julio de este año. 

Allí veremos de qué lado se posiciona el Parlamento Europeo, si de parte de los colectivos que se pueden ver vulnerabilizados con esta ley o de parte del lobby de los desarrolladores de IA. Cuestión sumamente relevante si tomamos en cuenta que el uso de IA está automatizando la desigualdad al reproducir relaciones históricas de poder en las que se ven beneficiados los mismos grupos privilegiados de siempre, en contraste con la discriminación que estos sistemas están suponiendo para las mujeres, las clases trabajadoras y las personas racializadas.   

La entrada de migrantes provenientes de Marruecos a la ciudad de Ceuta la semana pasada ha vuelto a poner sobre la mesa el rol de los medios de comunicación en la construcción de una narrativa racista basada en la dicotomía superioridad vs inferioridad.

Se trata de un mismo relato con dos vertientes. Por un lado, la que es abiertamente hostil hacia la población migrante, que la criminaliza y estigmatiza, y que habla de avalanchas, mareas y asaltos; y por otra, la vertiente “sensible” que pone énfasis en el drama humano de las crisis migratorias y en las muestras de solidaridad del pueblo español.

A simple vista, pueden parecer enfoques completamente diferentes. De hecho, mientras en el primero es fácil reconocer e identificar el racismo, el segundo muchas veces se nos cuela como un discurso propiamente “antirracista”. Sin embargo, lo que subyace en ambas miradas es el discurso eurocéntrico de construcción de un Otro inferior en contraposición al sujeto europeo, situado siempre en lo alto de la pirámide.

En esa construcción del Otro no europeo - no occidental, interviene un factor clave y que constituye el origen mismo del nacimiento del racismo por allá por 1492: la deshumanización. Numerosos investigadores e investigadoras poscoloniales y decoloniales han incidido en que la deshumanización es el proceso que está en la base del surgimiento y mantenimiento del racismo a lo largo de la historia del sistema-mundo. 

Aquel debate llevado a cabo en el siglo XVI sobre si los indios “descubiertos” por Colón tenían o no alma, nunca fue un debate superado. La deshumanización de la que fueron objeto indios y negros fue extrapolada con el tiempo a otros pueblos y culturas y ha sido mantenida a lo largo de los siglos por conveniencia económica. En base a sostener el relato de que las poblaciones no europeas - no occidentales son ontológicamente inferiores, Europa y Occidente han justificado el expolio y la explotación a las que las han sido sometido, con el objetivo de enriquecerse.

En este marco, los medios de comunicación cumplen muy bien su función. Sobre lo que está pasando en Ceuta se ha hablado de todo menos de los motivos de fondo de estas migraciones y de la responsabilidad que tiene Europa en todo este proceso.

El caso de la voluntaria de Cruz Roja

Entre el festín de imágenes que hemos visto hay una que se lleva el premio a cómo desviar la atención del problema de fondo: la de la voluntaria de Cruz Roja que consuela a un hombre negro que acaba de llegar exhausto a la playa de Ceuta, y que llora amargamente entre sus brazos porque su hermano está tirado en la arena con una parada cardiaca, intentando ser reanimado por personal de salud. 

De pronto, la principal noticia sobre el drama de los migrantes de Ceuta -la mayoría de ellos niños- no eran los migrantes. Ni lo era el hombre que había descargado su dolor en el abrazo de aquella chica, ni su hermano que luchaba contra la muerte en la arena. No. La información que copaba todos los noticieros, radios, periódicos y digitales era ella, la voluntaria de Cruz Roja.  

En pocas horas supimos su nombre, su edad, los estudios que cursa y lo mal que lo estaba pasando debido a los insultos racistas y machistas que había comenzado a recibir por aquella imagen. Vimos a su padre defenderla en televisión y nos enteramos de que un hashtag con su nombre se había convertido en trending topic en Twitter.

Partiendo de la base de que esta no es una crítica hacia aquella mujer, de la que no pongo en duda sus buenas intenciones ni lo mal que lo ha pasado, resulta absolutamente ilustrativo que los medios de comunicación convirtieran en protagonista de un drama migratorio a una persona blanca europea, no migrante.

¿Supimos algo del hombre al que había abrazado?, ¿de dónde venía, por qué venía, su nombre, edad, cuál había sido su trayecto migratorio, cuáles eran sus expectativas al llegar aquí? Después de varios días supimos por fin que se llama Abdou, que tiene 27 años, que es senegalés y que lleva 4 años viviendo en Marruecos, país al que fue expulsado tras pisar suelo español. Pero su historia estuvo lejos de alcanzar la repercusión mediática que sí obtuvo la de la voluntaria.

Comenzar a narrar

Difícilmente podremos encontrar en los medios de comunicación -salvo contadas excepciones- análisis que aborden las causas de fondo de la migración. Tanto los que hablan desde la vertiente hostil hacia la población migrante, como aquellos que lo hacen desde la vertiente sensible, en el 99,9% de los casos lo que producen es un relato racista. 

Criminalizar es racista, pero infantilizar también lo es. Ambos deshumanizan. Algunos medios de comunicación se conforman con no criminalizar y creen que con eso está todo hecho. No es suficiente. El paternalismo niega e invisibiliza la capacidad de agencia de las personas migrantes, infantilizándolas, y esto no contribuye a superar el relato racista de superioridad vs inferioridad. 

En este sentido, es de vital importancia que los medios de comunicación en general (televisiones, radios, periódicos, etc.) comiencen a abrirse al análisis hecho por personas migrantes y racializadas que trabajan activamente para erradicar el racismo, que lo estudian, analizan y denuncian, y que hacen propuestas de cambios. 

Por otro lado, nosotras tenemos que empezar a disputar también estos espacios. Trascender nuestras plataformas y comenzar a narrar en medios generalistas. Parafraseando a Edward Said en su artículo “Permiso para narrar”, tenemos que extender nuestra lucha al ámbito de la representación y la construcción histórica de los relatos.

“¿Te molesta si te llamo sudamericana?”, me preguntó una vez una mujer mientras le servía un plato de sopa que casi derramo sobre una pila de abrigos que ella y sus amigas habían colocado sobre una silla. Era el año 2006, llevaba pocos meses viviendo en Madrid y ese día trabajaba de camarera en un bar en la zona de Islas Filipinas. Recuerdo que tardé varios segundos en reaccionar simplemente porque no entendí el trasfondo de su pregunta. Al ver que insistía, le respondí: “¿Te molesta si te llamo sureuropea?”.

Esa noche, camino a casa junto a mi pareja, que trabajaba en el mismo bar, le conté lo que había pasado. “Habrá querido decir sudaca”, me dijo.

En aquella época yo era una migrante alienada. Siempre lo digo, sentía orgullo de mis raíces, pero al mismo tiempo odiaba mi país. Me parecía que allí todo el mundo era clasista, arribista, y que el objetivo último, ya no de las personas sino del país entero, era aparentar más de lo que se es. En ese marco, Europa se me presentaba como un soplo de aire fresco, un lugar mejor, un sitio donde ser una persona sin historias que arrastrar, sin mochilas.

Logré vivir con esa sensación durante algún tiempo, quizás los primeros cuatro meses, cuando todavía me sentía una turista y salía a recorrer las calles para hacer fotos. El cambio de percepción se produjo cuando comencé a ser consciente de las violencias que experimentaba en distintos ámbitos: entrevistas de trabajo, al intentar alquilar una habitación, en la universidad donde me había matriculado para hacer un postgrado y, sobre todo, en las interacciones del día a día, en el supermercado, en la calle.

Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo para que conectara todas aquellas experiencias con la idea de racismo. Si desde una inmobiliaria me preguntaban “¿De dónde eres?”, pensaba que lo hacían para llevar estadísticas; si una señora me decía “No le alquilo a mujeres sudamericanas”, me imaginaba que habría tenido alguna mala experiencia; si en una discusión tonta en la cola de un supermercado alguien me decía “Vete a tu país a sembrar nabos”, lo tomaba como el comentario de un loco machista; y si en una entrevista de trabajo para ser teleoperadora me decían “Queremos chicas españolas”, creía que igual mi acento no encajaba con el perfil que se requería.

Podía ver clasismo y machismo, pero racismo no. El punto de inflexión lo marcaron mis visitas a las distintas Oficinas de Extranjería que recorrí por aquella época. Recuerdo especialmente la de Aluche (junto al CIE) y la de calle Serrano: colas de cinco horas bajo la lluvia o bajo un sol incandescente, comentarios sarcásticos y despectivos de algunos funcionarios y maltrato y violencia verbal por parte de la Policía.

Todo en esas oficinas es violento. Recuerdo concretamente una discusión que tuve con un funcionario, quien salió detrás de mí gritándome hasta la calle, diciendo que se quedaría con mi nombre y apellido por si aparecía por allí nuevamente. Mi madre se moría de cáncer en Chile, y mientras intentaba conseguir dinero para comprar un billete de avión, fui a preguntar si podían darme una autorización para viajar a mi país por más de tres meses sin que ello implicase que me quitaran el NIE. Imposible, me dijeron. La ley es la ley y que pase el siguiente. El hombre que me atendió ni siquiera esperó a que terminara de hablar, de hecho, no me miraba, así que levanté la voz, exigí respeto y se armó la discusión.

El supremacismo hispánico

De ese día, uno de los más amargos que recuerdo desde que vivo en Madrid, rescato lo que me dejó: un despertar de conciencia de raza. Por entonces ya llevaba tiempo militando en una asociación antirracista, aunque con un pie en un partido político de izquierdas y la punta del otro en el feminismo. Fue a partir de ese acontecimiento puntual cuando decidí dedicar todos mis esfuerzos a la lucha contra el racismo.

Lo que me define en este lugar es mi condición de migrante, de sudamericana. En una sociedad estructuralmente racista como la europea, la pregunta que me hizo aquella mujer en el bar tiene todo el sentido del mundo. Ella no me preguntó si me molestaba que me llamasen sudaca (una expresión que sí se utiliza para insultarnos), sino sudamericana, porque, en su lógica, esta palabra, que en estricto rigor es solo una referencia geográfica, me connotaba negativamente, me señalaba ante los demás, y ello debía molestarme o avergonzarme.

Existe una idea generalizada muy arraigada de que las personas migrantes del sur global, aunque no lo digamos, nos avergonzamos de lo que somos, de nuestra apariencia, de nuestro acento, gustos musicales, prácticas culturales, etc. No mucho después de la pregunta de aquella mujer, en una conversación donde hablábamos sobre experiencias con el racismo, un chico blanco me dijo “Pero no te preocupes porque tú podrías llegar a pasar por española” y luego me sonrió como si me hubiese lanzado el mayor cumplido del mundo. Le sonreí de vuelta y le dije: “Tú también podrías llegar a pasar por chileno”. Lo que para mí tenía que ser un cumplido él se lo tomó claramente como un insulto.

El supremacismo hispánico se refleja en esa idea de que las personas que provenimos de las excolonias seremos mejores mientras más nos acerquemos al prototipo del sujeto hispánico. Tomando las palabras de Santiago Castro-Gómez, quien dice que en el imaginario las nociones de raza y cultura operan como un dispositivo taxonómico –“El colonizado aparece como lo 'otro de la razón', lo cual justifica el ejercicio de un poder disciplinario por parte del colonizador”–, sostengo que es en esa misión civilizatoria auto asignada donde radica la necesidad imperiosa que existe por corregirnos.

Por corregir nuestra forma de hablar, de pronunciar, de relacionarnos, de divertirnos, de vivir, de convivir, etc. La hispanidad es una forma de supremacismo porque pretende que rechacemos, critiquemos y humillemos una parte de nosotras mismas. Eso es lo que está detrás del “hablar bien”, del “integrarse”, del “ser como los de aquí”.

Festejar un genocidio

Por una cuestión de supervivencia psicológica y material, la mayoría de las personas migrantes, de forma consciente o no, modificamos, alteramos y/o reprimimos cuestiones que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, a la vez que incorporamos elementos de la idiosincrasia del país donde estamos residiendo.

Esto abarca un amplio espectro de cosas. Desde utilizar expresiones lingüísticas españolas con las amistades y en el trabajo, tratar de pronunciar la z o usar el vosotros en lugar del ustedes, hasta cuestiones más complejas como intentar blanquearse mediante la estética, el gusto o rechazo por determinado tipo de expresiones artísticas, las relaciones de pareja, e incluso la negación de determinadas ascendencias étnicas, entre otras cosas.

El sujeto colonizador ejerce su poder disciplinario sobre un sujeto migrante colonizado que muchas veces no tiene más alternativa que dejarse corregir, o fingir que se le corrige. En ese marco, se nos violenta de manera sistemática en todos los niveles, en lo simbólico, político, social e institucional.

El otro día, caminando por la Puerta del Sol, vi un cartel publicitario del Ayuntamiento de Madrid en el que ponía “12 de octubre. Fiesta Nacional de España”. Me quedé mirándolo un buen rato. Pensé en cuántas personas migrantes de América Latina y el Caribe, o de ascendencia, transitamos por aquella zona y debemos tragarnos ese cartel. Pensé que en qué cabeza cabe fijar como Fiesta Nacional una fecha que dio inicio a uno de los periodos más aterradores en la historia de la humanidad, que significó genocidio, tortura, violación y esclavitud para millones de seres humanos. Lo pensé como si aquella pregunta tuviera algún sentido, como si la lógica del sujeto colonizador no fuese precisamente recordarnos constantemente su supremacía y sus gestas.

Le hice una foto al cartel y seguí mi camino. Recordé todos los movimientos de resistencia que se han levantado y se seguirán levantando en todo el mundo. Pensé en mis compañeros y compañeras de lucha, en los pequeños pero constantes pasos que vamos dando, y me sentí más valiente y menos sola.

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha puesto en evidencia la situación de gran vulnerabilidad en que nos encontramos las distintas comunidades de personas migrantes y racializadas que habitamos el Estado español, víctimas de un entramado racista institucional y social que nos categoriza siempre como ciudadanas de segunda, o que directamente nos deshumaniza.

Los hechos hablan por sí solos. Primero fue el discurso de odio y ataques racistas contra la comunidad asiática. Varios miembros de esta comunidad denunciaron la prohibición de entrar a determinados comercios y establecimientos, el acoso que estaban sufriendo en colegios e institutos y diversas agresiones verbales en la vía y transporte públicos. La situación llegó a tal punto que a comienzos de marzo un joven estadounidense de ascendencia china sufrió un ataque racista en Madrid, que le llevó a pasar dos días inconsciente en el Hospital 12 de Octubre, donde tuvo que ser intervenido por un hematoma craneal.

Personajes públicos como el actor y director de cine, Santiago Segura, y el diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, contribuyeron a este clima de odio con mensajes racistas en sus respectivas cuentas de Twitter. Segura afirmó en un tuit, que calificó de “desahogo”, que se cagaba “en el puto chino” que se había comido un pangolín y una sopa de murciélago. Por su parte, Ortega Smith publicó un mensaje en el que afirmaba que sus “anticuerpos españoles” estaban luchando contra “los malditos virus chinos”.

Ambos personajes, de forma totalmente irresponsable, hicieron un señalamiento público de la comunidad china ante sus miles de seguidores. Ningún contexto de alarma social, ni ninguna premisa, ni siquiera la de la libertad de expresión, puede justificar la propagación del odio racial, cuyas consecuencias son terribles para las comunidades que lo sufren.

Antigitanismo

Paralelamente a las agresiones físicas y verbales contra la comunidad asiática, el colectivo gitano también fue víctima del rebrote de racismo surgido a raíz del coronavirus. Mucho antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma en todo el Estado español, en algunas provincias como La Rioja, en la localidad de Haro, ya se estaban prohibiendo los mercadillos y las actividades en las Iglesias evangélicas, lugares tanto de trabajo como de encuentro de la comunidad gitana.

Pero no solo eso. En Haro, la Consejería de Salud de La Rioja llegó a acordonar un barrio entero del colectivo gitano, enviando furgones policiales y agentes con trajes de protección biológica. A ello se sumaron una serie de artículos de medios locales que señalaban constantemente la etnia gitana de algunas personas contagiadas, haciéndose eco de bulos que afirmaban que unas cuantas de ellas se negaban a seguir los protocolos sanitarios, cuestión que luego fue desmentida por la propia Guardia Civil.

Estas medidas, que hasta ese momento no se estaba aplicando con ningún otro grupo de personas en ningún otro sitio de España, tuvieron como resultado la estigmatización de la comunidad gitana de esta localidad, señalada como un “foco de infección”, con el consiguiente acoso por parte del resto de la ciudadanía y la continua propagación de bulos a través de las redes sociales.

Todas estas cosas han sido denunciadas por colectivos como Camelamos, Pretendemos gitanizar el mundo y la Plataforma Khetane. Tal como afirman algunos de sus integrantes, esto es producto del racismo antigitano que siempre ha estado ahí, pero que, en el contexto de psicosis colectiva, y avalado por las medidas tomadas por el Gobierno de La Rioja, adquiere ribetes de legitimidad. Y esa es precisamente la gravedad del asunto: que en lugar de velar por el respeto e igualdad de trato hacia todas las personas que viven en un territorio, las autoridades se conviertan en agentes legitimadores de la discriminación hacia un colectivo específico.

El privilegio de quedarse en casa

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de decretar el estado de alama y dar la orden de “quedarse en casa”, no estuvo acompañado de medidas que tomaran en cuenta la situación que viven miles de personas migrantes y racializadas que, por el tipo de trabajo u oficio que ejercen, o debido a su situación administrativa, no están en condiciones de acatar dicha orden.

¿Qué pasa, por ejemplo, con las trabajadoras del hogar y de cuidados, a quienes sus empleadores no les permiten darse de baja estos días? Tal como nos recuerdan las compañeras del colectivo Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), este trabajo es ejercido en su inmensa mayoría por mujeres migrantes. ¿Quién cuida y atiende a sus hijos -que no están acudiendo al colegio debido al estado de alarma-, mientras ellas atienden y cuidan a los hijos de otras y otros, exponiéndose permanentemente al contagio al estar en contacto con personas mayores? Recordemos también que muchas de estas mujeres son internas, ¿de verdad alguien cree que una persona que trabaja de interna está en condiciones de darse de baja unos días, viviendo en la misma casa que su empleador/a?

¿Qué pasa con los hermanos del colectivo mantero quienes debido a la orden de quedarse en casa no pueden ejercer la venta ambulante, única fuente de ingresos que les permite sobrevivir? La Ley de Extranjería condena a la manta a miles de personas que llegan al Estado español sin un contrato de trabajo, quienes encuentran en la venta ambulante la única forma de obtener ingresos. Por ejercer esta actividad reciben multas que después, debido a su elevado coste, no pueden pagar, lo que luego les impide obtener papeles aunque cumplan todos los requisitos para ello. Es el círculo infinito del racismo. ¿En estos días de cuarentena, sin dinero al no poder salir a vender, cómo van a comprar comida y otros productos de necesidades básicas mientras permanecen recluidos?

¿Qué pasa, también, con algunos de los hermanos y hermanas temporeras, la mayoría de ellos de origen africano, que siguen trabajando en los campos de recogida de la fruta? No pueden quedarse en casa. Y cuando regresan a ellas después de una jornada laboral, lo que se encuentran son asentamientos de chabolas con paredes de plástico, sin agua, sin electricidad y cuyo saneamiento público son hoyos en el suelo. ¿Qué medida de higiene pueden tomar en estas condiciones?, ¿quién está velando por que no se contagien con el COVID-19?

¿Qué pasa con los miles de gitanos y gitanas que en estos días de cuarentena no pueden salir a vender a mercadillos ni ejercer otros oficios que les proporcionan ingresos? ¿Cómo van a hacer frente a la cuarentena?

¿Y qué pasa con los sin papeles, con los que están en situación de calle, con los menores extranjeros que migran no acompañados y que tras cumplir la mayoría de edad son abandonados a su suerte? ¿Dónde se van a recluir en estos días de cuarentena obligada, cómo se van a alimentar? Tal como denuncia la plataforma Es Racismo, a la situación de desamparo en la que se encuentran, se suman las identificaciones policiales por perfil étnico-racial en las calles, una práctica habitual contra las comunidades racializadas, y que ahora, debido al estado de alarma, se han visto incrementadas en barrios como el de Lavapiés, en Madrid.

La grave situación dentro los CIEs

Estos últimos días hemos visto cómo en el CIE de Aluche, al grito de “¡libertad, libertad!”, las más de 40 personas que permanecen allí recluidas iniciaron una serie de protestas en el patio y tejado del recinto para visibilizar la grave situación que están viviendo a raíz del coronavirus.

A través de la plataforma CIEs No Madrid denuncian que se encuentran en celdas colectivas con personas que presentan sintomatología, a las que no se les están realizando ningún tipo de pruebas médicas, que no cuentan con acceso libre a jabón, a sábanas limpias, ni a las mínimas condiciones higiénicas que se requieren en estos momentos.

En los Centros de Internamiento para Extranjeros se recluye a personas que no han cometido ningún tipo de delito. Están allí por no tener papeles y según la legislación española no tener papeles constituye solo una falta administrativa que no conlleva pena de cárcel. Pese a ello, se les criminaliza encarcelándolos en estos centros definidos eufemísticamente por el Ministerio del Interior como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”.

Lo cierto es que los CIEs son cárceles racistas donde se recluye a hermanos y hermanas que lo único que han hecho ha sido migrar intentando buscar un futuro mejor. ¿Cómo es posible que en pleno auge de esta crisis sanitaria el Gobierno no haya tomado la decisión inmediata de poner en libertad a todas las personas internas en los CIEs, quienes solo se encuentran en una falta administrativa?

¿Acaso no merecen también tomar todas las precauciones para evitar contagiarse con el COVID-19, tal como lo está haciendo resto de la población? Al cierre de este artículo se estaba poniendo en libertad a las personas internas en el CIE de Barcelona, pero no se había tomado todavía ninguna decisión respecto de los otros seis CIE existentes en el Estado español.

Racismo estructural

Cuando Pedro Sánchez presentó su nuevo Gabinete dijo que su gobierno sería “el de la igualdad”. Nos preguntamos ¿igualdad para quiénes? ¿Qué seres humanos entran en ese concepto de “igualdad”? ¿Está incluida ahí la población migrante y racializada?

Desde el movimiento antirracista denunciamos la existencia del racismo estructural como un entramado compuesto por una serie de leyes, instituciones, normativas y prácticas institucionalizadas dirigidas hacia nuestras comunidades, con el fin de deshumanizarnos y así despojarnos de derechos, algo que ha quedado más en evidencia que nunca estos últimos días a raíz de la crisis sanitaria.

Nuestras vidas siempre importan menos. Nuestros derechos y necesidades siempre pueden esperar o directamente se ignoran.

Por esto, y por todas las situaciones enumeradas anteriormente, diversos colectivos antirracistas nos hemos unido bajo el lema Emergencia Contra El Racismo para visibilizar las graves situaciones que están viviendo nuestras comunidades debido a la crisis sanitaria, y también para dar a conocer medidas concretas que puede tomar el gobierno, con el fin de que colectivos como el de las empleadas de hogar y de cuidados, los manteros, los menores no acompañados, las personas sin papales y la comunidad gitana, entre otros, pueden hacer frente a esta crisis.

Precisamente este sábado, 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, exigimos que se ponga fin al racismo estructural e institucional que nos deshumaniza y reivindicamos nuestro derecho a ser tratados como seres humanos, en igualad de trato con el resto de la población.

La historia del capitalismo no se puede entender sin la existencia de poblaciones y países que han sido inferiorizados por Occidente, con el fin de explotarlos, saquearlos y expoliarlos.

Para que el capitalismo exista como forma de organización económica mundial, es necesario contar con una estructura política, social y económica que permita su implantación. En este sentido, la división jerárquica racial que surge a partir de 1492, con el colonialismo y su falso proyecto civilizatorio llamado Modernidad, se convirtió en la excusa perfecta para que emergiera el capitalismo y para que, posteriormente, se implantase a escala global.

Pero tal como afirma Castro-Gómez, el capitalismo es mucho más que la organización económica de los países. Además de mercancías, el capitalismo también produce fenómenos subjetivos intelectuales, simbólicos, culturales y emocionales que hacen posible su desarrollo material y social. Por decirlo de alguna manera, el capitalismo tiene una “macro estructura” epistemológica que ha dado origen a una sistema-mundo moderno-racista-colonial, occidentalocéntrico y eurocéntrico, es decir, que ha dado lugar a una subjetividad propiamente moderna.

Ante este hecho debemos preguntarnos, ¿qué tipo de cuestionamiento al capitalismo es el que surge desde la experiencia subjetiva que ha sido producida por este?, y ¿desde qué lugar de enunciación los movimientos críticos al capitalismo han construido al sujeto político que lo sufre?

Una de las consignas clásicas de la izquierda blanca es la conocida frase “Nativa o extranjera es la misma clase obrera”, consigna que seguramente escucharemos corear este 1º de mayo, como todos los años en esta fecha. Igual que el pez no es consciente del agua que le rodea, la izquierda blanca parece no ser consciente del sistema-mundo desde el que ha construido todo su cuerpo teórico. Parafraseando a Grosfoguel, el problema de la izquierda blanca es que critica el eurocentrismo desde el eurocentrismo. No es que no abandone su lugar de enunciación (que es un lugar de privilegio), sino que es incapaz de tomar conciencia de que habla desde ese lugar.

De lo contrario, no se explicaría que tuviesen como emblema una frase cuyo contenido deviene en una de las mayores falacias del movimiento obrero blanco.

Las cifras

Entender que una persona migrante obrera nunca es igual a una nativa obrera es tan fácil como entrar a Internet y leer. No hace falta esforzarse mucho ni recurrir a organizaciones poco conocidas, o “anti-sistemas”, para encontrar información que lo corrobora.

Así, vemos que en un informe de la UGT titulado “Efecto huida”, y publicado en 2015 con motivo del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, se señala que “la renta media de una persona de nacionalidad no comunitaria es un 48% inferior a la de una persona de nacionalidad española”, añadiendo que la población migrante “tiene una inserción laboral difícil o precaria, cobrando salarios de pobreza (…) y siendo objeto de discriminación en el mercado laboral, con independencia de su formación y/o su conocimiento del idioma”.  

El informe también sostiene que al comienzo de la crisis económica los primeros en ser expulsados del mercado de trabajo fueron los inmigrantes, mientras que la tasa de paro entre las personas de nacionalidad española comenzó a ser evidente mucho después. Además, si entre 2007 y 2008 el paro entre las personas españolas llegaba a los 5 puntos, entre la población migrante alcanzaba ya los 10 puntos. En sus conclusiones, el informe sostiene que, a la luz de las cifras, la brecha salarial solo puede explicarse por razón de nacionalidad u origen.  

Por otra parte, en su “Estudio sobre la situación laboral de la mujer migrante en España” también de 2015, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirma que “la población de origen inmigrante, y especialmente la población femenina, aparece conformando el último escalafón de la estructura social y laboral del mercado de trabajo en España”, a lo que agrega que se trata de “trabajadores migrantes concentrados en ocupaciones manuales, fundamentalmente de cualificación elemental”.

En el caso concreto de las mujeres, el estudio de la OIM añade que las políticas institucionales creadas desde la administración determinan negativamente sus posibilidades laborales, entre otras cosas, debido a las dificultades administrativas para la homologación de sus titulaciones y competencias profesionales. De esta forma, sostiene la OIM, “las mujeres extracomunitarias son suavemente empujadas hacia determinados sectores y ocupaciones caracterizados por sus bajas condiciones de trabajo”.

La OIM se refiere al “papel de la etnicidad” o “discriminación étnica” como fuente de creación de condiciones de precariedad. Afirma que la “representación reiterada de la condición inmigrante como una condición social deteriorada, esto es, como una población amenazante y, al mismo tiempo, atrasada, dócil y premoderna, una especie de ídolo tercermundista, pobre y paternizado, que transita entre el hambre, la ignorancia y la barbarie; se convierte, en ocasiones, en el factor clave que legitima y nutre las condiciones de precariedad de los trabajadores inmigrantes en el mercado de trabajo”.

El racismo institucional

A las cifras, se añade un aspecto definitivo que prueba la falacia de la cuestionada consigna: el racismo institucional que condiciona la vida de las personas migrantes.

Tener que aceptar trabajos de esclavitud moderna, como les pasa a las personas migrantes del servicio doméstico y de cuidados, quienes trabajan hasta 70 horas a la semana, sin derecho a paro, para poder obtener un permiso de trabajo y no ser expulsadas del país, no es de nativas.

Ser condenado por la Ley de Extranjería a trabajar en la manta, soportando años de criminalización, persecución y violencia policial, día tras día, constantemente, no es de nativos.

Ser explotada laboralmente y violada en los campos de fresa en Huelva, no es de nativas.

Perder un trabajo y solo por ello perder tu ciudadanía, convertirte en una persona sin derechos, no es de nativas.

No poder sumarte a una huelga porque, si lo haces, puedes perder tu trabajo, con ello tu permiso de residencia y después quedarte sin papales, no es de nativas.

Perder un trabajo, tus papeles, y que como consecuencia de ello te lleven a un CIE y luego te deporten sin considerar que aquí tengas a toda tu familia, no es de nativos.

En definitiva, que tu vida solo sea valorada en la medida que sirvas como mano de obra, porque si no, te expulsan sin importarles nada, no es de nativas.

Violencia epistémica

El racismo cruza nuestras vidas en todos los ámbitos, incluido el laboral, y así lo avalan los hechos y las cifras de diferentes organizaciones. Ante esta situación, que salga la izquierda blanca con su frasecita estrella no hace más que ratificar lo lejos que está de su deconstrucción como movimiento surgido en el sistema-mundo moderno-racista-colonial, occidentalocéntrico y eurocéntrico.

Así como el movimiento feminista hegemónico invisibiliza la opresión racial cuando afirma que todas las mujeres estamos hermanadas por el género, la izquierda blanca invisibiliza la opresión racial cuando proclama la máxima de que nativa o extranjera es la misma clase obrera. Ambos movimientos teorizan desde el paradigma universalista. ¿Y qué es esta pretensión universalista sino uno de los fenómenos subjetivos modernos producidos por el propio capitalismo?  

Alguna vez, participando en una manifestación, personas migrantes hemos alzado nuestras voces para gritar “nativa o extranjera NO es la misma clase obrera”, y lo que hemos recibido por respuesta han sido críticas, insultos y en más de una ocasión hasta nos han quitado el megáfono.

Cuando la izquierda blanca rechaza nuestro discurso emancipatorio lo que hace es reproducir una violencia epistémica basada en la creencia de que existe una cosmovisión única, hegemónica y correcta, desde la cual se desprenden sus análisis y teorías universales, aplicables a todas las vidas, a todos los cuerpos. Intentan imponernos su subjetividad, negando e invisibilizando nuestras experiencias. En otras palabras, niegan nuestra “posibilidad de ser”.

Para dejar de lado estas premisas falaces la izquierda blanca debe abandonar el paradigma universalista eurocéntrico, que insiste en ponerse a sí mismo como punto de partida (y de llegada) de toda categoría y análisis. Y entender que nosotras no dividimos ninguna lucha simplemente porque no existe `una´ lucha.  Ponemos sobre la mesa esta realidad.

Por segundo año consecutivo, las comunidades gitana, latinoamericana y del Caribe, asiática, mora/musulmana, diáspora africana y afro-descendiente nos daremos cita en las calles de Madrid para visibilizar y denunciar el racismo estructural e institucional que oprime nuestros cuerpos y nuestras vidas, tanto en Europa como en el Estado español.

Ya el año pasado conseguimos un hecho histórico con la manifestación del 12 de noviembre: por primera vez se realizaba una acción política antirracista organizada y liderada por nosotras, personas racializadas, sin ningún tipo de tutelaje de organizaciones blancas. Delante nuestro no iban los y las de siempre, nuestro comunicado y reivindicaciones no las escribieron los y las de siempre; es decir, aquellos y aquellas del activismo blanco-europeo que, con su discurso antirracista moral y su paternalismo, no han hecho más que contribuir a la invisibilización e inferiorización de nuestras voces.

Este segundo año marcharemos con más fuerza todavía. Somos conscientes de que formamos parte de un proceso de constitución de un nuevo sujeto político en la estructura de la sociedad española. Si en la mani del año pasado dejamos claro que no queremos que hablen por nosotras, ni que el activismo blanco ni la izquierda blanca nos representen, usurpando nuestro lugar de enunciación con su antirracismo moral, este año el foco lo pondremos en la denuncia del racismo estructural e institucional: el que se ejerce sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas mediante una serie de leyes, normativas, y prácticas racistas institucionalizadas.

Qué es el racismo estructural

Para quienes todavía no entienden a qué nos referimos cuando hablamos de racismo estructural e institucional, un poco de pedagogía. La formación histórico mundial del racismo como sistema de estructuración del mundo comienza en 1492 con la invasión de Colón a América. Es a partir de ese momento cuando se pasa de una clasificación mundial basada en las religiones (los que tenían el dios y la religión correcta: cristiano-católicos, y los que tenían el dios y la religión equivocada: musulmanes y judíos), a una clasificación mundial basada en diferencias étnico-raciales.

A partir de Colón, el hallazgo de estos “otros”, gentes que habitaban territorios que se creían despoblados (América, África), y que terminaron siendo considerados semi-humanos o directamente animales, se dio comienzo a la idea de raza como sistema de jerarquización mundial y, con ello, al concepto de Modernidad. Es decir, a la convicción europea de llevar la cristiandad, el catolicismo y la civilización a los pueblos considerados bárbaros, sin dios o con el dios equivocado, en lo que se conoce como el proyecto civilizatorio de la Modernidad.

Con esta consigna como excusa, miles de pueblos fueron arrasados, exterminados, torturados y, en el caso de África, esclavizados. Se inferiorizaron nuestras costumbres, nuestros conocimientos, nuestra cultura, lengua y cosmovisión. La riqueza de Europa se construyó en base a este genocidio y gracias al expolio que a día de hoy se sigue ejerciendo sobre nuestros recursos naturales.

Actualmente, en el “sistema-mundo moderno/colonial/racista/capitalista/patriarcal” (concepto acuñado por diversos pensadores decoloniales) la jerarquización racial ha derivado en un racismo estructural. Esto no es otra cosa que la representación social de la persona migrante y racializada como un ser inferior, incivilizado y salvaje, del que, por un lado, hay que protegerse, y por otro, al que se puede utilizar como mano de obra barata y del que se puede prescindir cuando sea necesario (basta recordar las miles de muertes de personas migrantes en el Mediterráneo).

Dispositivos racistas de Estado

En España, el racismo estructural se expresa a nivel institucional en una serie de dispositivos racistas de Estado, creados con el fin dar continuidad a esta inferiorización y sometimiento colonial.

Algunos ejemplos de estos dispositivos racistas son la Ley de Extranjería, que condena a la exclusión social y a la irregularidad administrativa (no tener papeles) a cientos de miles de personas, y que también nos despoja de derechos civiles como poder votar o ser votados en cargos de elección política.

La existencia de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), cárceles racistas donde se recluye a personas migrantes hasta 60 días únicamente por encontrarse en una falta administrativa como es no tener papeles (equivalente a saltarse un semáforo en rojo), situación que provoca mucho sufrimiento y graves problemas emocionales debido al maltrato físico y psicológico que se produce en estos centros.

Las redadas racistas, prácticas policiales ilegales que consisten en parar a una persona en espacios públicos basándose en un criterio étnico-racial para solicitarle su identificación en supuestos “controles aleatorios”, producen la criminalización de sus vidas y sus cuerpos. También existen las deportaciones exprés, en las que personas son devueltas a sus países de origen en menos de 72 horas (aunque lleven viviendo en España 15, 20 o 30 años), separando familias y rompiendo proyectos de vida.

A esto se suman las devoluciones en caliente en la frontera sur, las trabas burocráticas para renovar los papeles y solicitar protección internacional (asilo), para acceder a un trabajo, alquilar una vivienda y a veces, incluso, para acceder a un espacio de ocio.

Por todos estos motivos, y porque necesitamos estar más unidos y unidas que nunca, las organizaciones convocantes de la mani del 11N invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas a sumarse a esta gran manifestación contra el racismo estructural e institucional, a dar un paso adelante y decir: ¡Basta!

No permitiremos que se siga jugando con nuestras vidas, no permitiremos que se nos sigan exigiendo deberes mientras, al mismo tiempo, se nos despoja de derechos. El mayor éxito que ha tenido esta colonización y este racismo estructural es que hasta los mismos pueblos inferiorizados han terminado por aceptar este paradigma de jerarquía y poder, creyendo que para ser “mejores” tienen que asimilarse a la sociedad europea e intentar ser lo más europeo/a posible.

Vamos a terminar con eso porque nuestra diferencia nos hace grandes. Vamos a terminar con eso porque hemos venido para quedarnos y exigir nuestros derechos.

Como todos los años, este 15J se conmemora el Día contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En la actualidad existen 7 CIE en España, el de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras-Tarifa, Las Palmas y Tenerife.

Diversas organizaciones, entre las que se encuentra SOS Racismo Madrid, llevan varios años denunciando estas instalaciones en las que se encierra a personas migrantes por el simple hecho de no tener papeles. La estancia en España sin papeles no es un delito penal, lo que conllevaría cárcel, sino solo una falta administrativa equivalente a saltarse un semáforo en rojo.

¿Aceptaría un ciudadano o ciudadana española ser encerrada en una celda, que le despojen de sus pertenencias, le quiten el móvil, le dificulten o directamente le impidan contactarse con su familia, o recibir malos tratos físicos y verbales, entre otros abusos, solo por saltarse un semáforo en rojo? La respuesta es evidente. ¿Por qué, entonces, se acepta que ocurra esto con la población migrante?

La gravedad del asunto es que no solo se acepta que existan los CIE, sino que además se intenta negar constantemente la opacidad e impunidad policial vinculada a estos centros. Obviando los informes de diversas ONG’s, y pasando por alto un hecho tan dramático como fue la muerte de la ciudadana congoleña Samba Martine, quien falleció en 2011 en el CIE de Aluche debido a que no recibió atención médica oportuna, el recién nombrado ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo la desfachatez de afirmar que en los CIE no se violan los derechos fundamentales.

Entramado racista institucional

Pese a que el ministerio del Interior los define como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”, lo cierto es que los CIE no son otra cosa que cárceles racistas, uno de los tantos dispositivos represores que utiliza el estado español contra las personas migrantes.

Cuando denunciamos la existencia del racismo institucional nos referimos precisamente al entramado compuesto por leyes, normativas, instituciones y prácticas dirigidas a la personas migrantes/racializadas, con el fin de inferiorizarnos y así justificar la explotación de nuestros cuerpos como mano de obra barata, o nuestra expulsión del territorio cuando no interesamos.

En ese entramado racista también se incluyen, entre otras cosas, las identificaciones por perfil étnico, las deportaciones exprés, la Ley de Extranjería, el blindaje de las fronteras, las devoluciones en caliente, la penalización de la manta, los obstáculos para conseguir o renovar papeles, las dificultades para homologar titulaciones, etc...

Este listado no enumera cuestiones aisladas o no vinculadas entre sí. Todas ellas conforman una política racista de estado que produce subalternidad, que crea ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría respecto al resto de la población en función de nuestro origen o lugar de nacimiento, deshumanizándonos y despojándonos de derechos. Como sostiene Grosfoguel, el racismo es una estructura de dominación que siempre es institucional, es decir, que implica siempre dispositivos y prácticas de estado, cuyo peso práctico-simbólico es superior a las conductas racistas individuales tanto en lo que se refiere a la construcción como a la reproducción de esa subalternidad.

Lo que exigimos al nuevo Gobierno

Ante este escenario, quienes formamos parte del colectivo migrante/racializado exigimos al nuevo Gobierno no solo un cambio de discurso, sino el fin real de todas estas prácticas.

En la presentación de su gabinete, Sánchez dijo que el suyo sería el gobierno de la igualdad. Nos preguntamos ¿igualdad para quiénes?, ¿qué hombres y qué mujeres entran en ese concepto de igualdad? ¿Qué saca el gobierno de Sánchez al incluir la palabra migraciones en su nuevo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social si luego tiene ministros como Grande-Marlaska que desconocen (o niegan) los reiterados y de sobra conocidos abusos que ocurren dentro de los CIE?

No queremos palabras bonitas o gestos bien intencionados. Queremos hechos. Exigimos que se derogue la Ley de Extranjería y que se establezca un nuevo marco jurídico legal en cuya elaboración se incluya la experiencia y la opinión de los colectivos de personas migrantes/racializadas que llevamos años trabajando en esta materia. Que dejen de legislar sobre nosotras sin nosotras.

Ese nuevo marco legal debe implicar, entre otras cosas, el cierre de los CIE, el fin de las paradas racistas, de las deportaciones exprés, de las devoluciones en caliente y la despenalización de la manta. En lugar de invertir ingentes cantidades de dinero público en mantener dispositivos institucionales racistas que oprimen nuestras vidas y nuestros cuerpos, que el nuevo gobierno dé paso a una política migratoria donde todos nuestros derechos estén reconocidos y asegurados.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, está convocada una huelga laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. Bajo la consigna “si nosotras paramos, se para el mundo”, distintos colectivos feministas están haciendo un llamamiento generalizado con el fin de que todas las mujeres nos sumemos a este paro de actividades. 

La huelga está contando con una gran difusión entre los medios de comunicación y ya son varias las mujeres del mundo de la cultura y la política quienes han mostrado su apoyo a esta iniciativa. 

Visto así, pareciera que todas las mujeres que luchamos por nuestra igualdad de derechos formaremos parte, alegremente, de esta gran fiesta de reivindicación feminista. Que todas nosotras, hermanadas en la opresión, gritaremos bien alto el 8M que sin nosotras el mundo se para. 

La realidad es muy distinta. La realidad es que en España miles de mujeres no podremos sumarnos a este paro aunque quisiéramos. Como mujeres migrantes/racializadas, subalternizadas por el racismo estructural, la convocatoria que nos hacen las feministas blancas nos parece una invitación surrealista proveniente de un mundo paralelo. Un mundo de derechos que no es el nuestro. 

Nosotras somos las sin papeles. Somos las que trabajamos en el mercado informal. Somos las que no estamos en condiciones de poner en riesgo nuestros contratos basura porque, si los perdemos, nos quedaríamos nuevamente sin papeles y lo que sigue a eso es el CIE y la deportación. Somos las que no podemos delegar en nadie de nuestro entorno las labores de cuidado. Somos las que no paramos nunca porque no contamos con el privilegio de poder parar. 

Feminismo hegemónico vs. feminismos 

Por eso es necesario preguntarse ¿a qué idea de mundo y de feminismo responde esta llamada a la huelga del 8 de marzo?, ¿qué narrativa se perpetúa con la consigna de que todas las mujeres somos iguales en la opresión? 

En primer lugar, la huelga como método de lucha surge de una cosmovisión eurocéntrica que desconoce otras formas de organización laboral basadas en los conceptos de comunidad y cooperativismo. El feminismo de la huelga es el feminismo que bebe de los postulados clásicos de la izquierda europea, que sitúa al patriarcado y al capitalismo como las principales fuerzas de opresión de las mujeres. 

En segundo lugar, la narrativa del feminismo blanco/eurocéntrico es una narrativa con pretensión universalista que consolida la idea de que, dentro de nuestra diversidad, “las mujeres” somos una unidad condicionada por el género. La consecuencia directa de esto es una interpretación hegemónica tanto de las problemáticas que nos aquejan, como de las herramientas que deberíamos utilizar para combatirlas. 

Esta narrativa invisibiliza el relato de las feministas latinoamericanas, negras, moras, gitanas, etc., y por tanto deja fuera, o relega a un tercer plano de su discurso, el principal eje de opresión que nos atraviesa como mujeres migrantes/racializadas: el racismo estructural. Racismo que, como dice Fanon, responde a una jerarquía global políticamente construida de superioridad e inferioridad, que hace que algunas personas habitemos siempre en una zona de “no ser” dentro de la estructura social. 

Las mujeres blanco-europeas están por encima de nosotras con todos sus privilegios de mujeres no racializadas. No se trata aquí de organizar una jerarquía de opresiones, sino de tomar conciencia de que los privilegios fijan el espacio que habitamos en el mundo, y eso debe llevarnos a una reflexión crítica respecto a la forma en que determinados discursos y métodos de lucha continúan subalternizando a millones de mujeres en el mundo. 

¿O acaso no se subalterniza todavía más a las mujeres que trabajan en el servicio doméstico y de cuidados cuando se les dice que, sin no pueden sumarse a la huelga del 8M, cuelguen sus delantales en los balcones porque “así sabremos que estás con nosotras”? El cartel con esta desafortunada frase es un claro ejemplo de cómo el feminismo blanco sigue mirándose el ombligo, incapaz de ver más allá de su horizonte. 

Hacia un discurso contra-hegemónico 

Es indispensable que se difunda y conozca el trabajo de las feministas antirracistas decoloniales gitanas/moras/negras/latinoamericanas, quienes están produciendo nuevas epistemologías y formas de hacer a partir de nuestras realidades y cosmovisiones. Es nuestro deber contribuir y ampliar este conocimiento. El racismo estructural tiene que comenzar a ser visto como lo que es, un sistema mayor de opresión que condiciona la vida de millones de personas en el mundo. 

No vamos contra las feministas blancas. Vamos hacia una reivindicación de nuestros derechos desde lo que somos y tomando en cuenta todos los ejes de opresión que nos cruzan. Una alianza entre mujeres tiene que ser una alianza donde ni la narrativa ni las herramientas de lucha estén monopolizadas por el relato eurocéntrico y neo-colonial. Tiene que ser una alianza donde estén incluidas todas las visiones, todas las realidades. 

Si no somos capaces de subvertir el discurso hegemónico, todos los 8M volverá a ocurrir lo que muy bien resume Yos, compañerx de lucha antirracista: “por una blanca que pare, diez migrantes trabajarán ese día”.

En las sociedades donde las personas migrantes/racializadas ocupamos ese espacio de representación simbólico definido como “otredad”, convertirnos en una migrante alienada nos permite creer que subvertimos el orden jerárquico establecido, aquel que nos sitúa en una posición de desventaja dentro de la estructura social. La alienación es, ante todo, una estrategia inconsciente de supervivencia en el marco de un entorno que nos recuerda permanentemente que no formamos parte del proyecto europeo.

Por este motivo, es fácil que las personas migrantes asumamos no solo el discurso del país receptor, sino también su cosmología. De este modo, encajamos en nuestro hacer y decir cuestiones que nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia ni forma de pensar. Lo hacemos para sentirnos menos extrañas, menos diferentes, menos “otras”. En ese marco de asimilación reprochamos el que otras personas migrantes no encajen en el proyecto europeo, al que asignamos un valor de ideal o meta.

El mejor ejemplo de esta alienación quedó reflejado tras los ataques terroristas de Barcelona el 17 de agosto, cuando las redes sociales se llenaron de comentarios de personas migrantes exigiendo la expulsión inmediata de los musulmanes del territorio español.

Las críticas iban más allá de los ataques terroristas, hacían alusión a esos otros que no son como nosotros. ¿Quién era ese “nosotros” en aquella defensa de los valores cristiano-europeos ante la barbarie mora? Ese nosotros es el blanco europeo, categoría a la que nos acercamos mientras más lejos nos encontremos de la otredad.

Esta alienación, o colonización del pensamiento, viene casi siempre marcada desde los países de origen que han tenido como referencia el proyecto modernizador europeo occidental, cuyo paraguas epistemológico ha invisibilizado, y sigue invisibilizando, gran parte de la producción de pensamiento decolonial surgido en algunos sectores de América Latina, África y Asia.

Nos hemos nutrido del saber blanco y europeo como fuente legitimada de conocimiento, hemos construido desde este saber diferentes categorías y hemos creado desde estas categorías certezas inamovibles. Cuando llegamos a la metrópoli nuestro pensamiento colonizado no hace más que consolidarse ante la necesidad emocional y psicológica de sentirnos parte del lugar donde hemos establecido nuestra vida, situación que enlaza perfectamente con el discurso europeo asimilacionista que exige de la población migrante una adquisición de los valores europeos aunque ello implique el abandono de los valores propios, basados en una cosmovisión propia.

Todas hemos sido, somos y seremos migrantes alienadas. 500 años de aculturación no se borran de un plumazo. Para dejar de serlo es necesario deconstruir el relato aprendido mediante un proceso de autoliberación del pensamiento colonial, de tal forma de comprender que no existe un “nosotros” civilizado europeo (al que hay que acercarse) frente a un “otro” incivilizado y primitivo (del que hay que huir). Ambas categorías están construidas desde el poder político-ideológico que extiende y perpetúa su dominación definiendo interesadamente qué es lo bueno y qué es lo malo.

Debemos reivindicar nuestra propia narrativa y hacernos sujetos de nuestro propio discurso. Esa es la consigna. Solo desde nuestras singularidades identitarias podremos aportar a la construcción de una sociedad más abierta y plural.

¿Podría alguien concebir que el espacio discursivo de la lucha feminista no fuese ocupado por mujeres? Nadie. ¿Por qué no ocurre lo mismo con la lucha por los derechos de las personas migrantes?

Desde hace un tiempo vengo debatiendo en diferentes espacios de activismo la necesidad de que las personas migrantes comencemos a ocupar la primera línea en el debate de todo aquello que nos incumbe. Nuestro colectivo sufre en primera persona, y en múltiples ámbitos, una serie de problemáticas que se relacionan con el hecho intrínseco de ser “migrante”, categoría que tiene implicancias sociales, políticas y económicas para quienes formamos parte de ella. Sin embargo, estas problemáticas suelen ser “contadas” y “explicadas” por quienes no viven en primera persona esta situación.

Ejemplos hay muchos: debates televisivos, charlas, mesas redondas, foros, etc., en los que personas no migrantes –casi siempre blancas y españolas– hablan sobre lo que nos ocurre y afecta. Lo mismo pasa en las marchas y concentraciones que se hacen en favor de nuestros derechos, donde es común que la portavocía recaiga sobre una persona española. La premisa parece ser: “Yo soy capaz de contar mejor que tú lo que te pasa a ti”.

¿Por qué ocurre esto? En parte, porque no hemos sido capaces de construir un discurso articulado, transversal a nuestras reivindicaciones, que nos permita ocupar ese espacio discursivo. Nos hemos mantenido siempre en una segunda línea, en el ámbito de la acción. Participamos en manifestaciones, en asambleas, en espacios de activismo social y político, pero no hemos sido capaces de construir nuestro propio relato. A tal punto llega esta situación que no es raro escuchar a una persona migrante hablar en tercera persona sobre “los migrantes”. Nos hemos convertido en ese “otro” que se ve así mismo como “la otredad”. 

Esta ausencia de una narrativa propia tiene una estrecha relación con una característica que es común a gran parte de los proyectos migratorios: la necesidad de pragmatismo para la sobrevivencia cotidiana. Cuando se está intentando conseguir “papeles” o pensando en cómo reunir los requisitos para renovar el NIE difícilmente la construcción de discurso se convertirá en un aspecto prioritario.

Pero este no es el único factor. Otro hecho que influye es el paternalismo de una izquierda que nos sigue viendo como objetos políticos de su discurso y no como sujetos del mismo. Es necesario romper esa barrera.

Nuestra lucha, nuestras reivindicaciones necesitan del apoyo de las miles de personas solidarias que han trabajado y siguen trabajando en favor de nuestros derechos. Pero al igual que en la lucha feminista los hombres concienciados jamás pensarían en hablar “en nombre de las mujeres”, del mismo modo nuestras compañeras y compañeros de lucha deberían ayudarnos en nuestro proceso de empoderamiento cediendo los espacios discursivos.

Solo cuando seamos capaces de liderar nuestro propio debate, las personas migrantes estaremos en condiciones de completar un proceso de empoderamiento que no será tal mientras permanezcamos en ese espacio simbólico de infantilización que nos impide hablar en primera persona.

Esta es una demanda cada vez más fuerte entre las personas migrantes que participamos de los movimientos sociales. Queremos hacer el tránsito hacia la adultez, pasar de ser objetos a sujetos políticos. Ya estamos en la acción. El paso que sigue, hacernos con la palabra.