Al arrancar el año, y con éste, la tercera década del siglo, tenemos nuevamente la oportunidad en Iberoamérica de colocarnos a la vanguardia tecnológica. Los astros se alinearon para darnos una segunda oportunidad de recuperar el poder de la tecnología y ponerla al servicio de las personas, al avance de los colectivos, si se da un giro visionario y se dedican recursos regionales a futuro.

Y es que el anuncio de la confirmación del ahora ministro Manuel Castells combinado con el nombramiento de Nicolás Trotta como ministro de Educación en Argentina, y la presencia de personas como Paola Villareal liderando el Sistema de Datos desde el Consejo de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México abren posibilidades interesantes para recuperar la década perdida de la innovación digital social, de repensar el acceso al conocimiento de este siglo, en la región, y liderar una lucha necesaria y urgente. Juntos, los tres países suman más de 200 millones de habitantes y además agrupan a las mejores universidades de habla hispana. Desaprovechar esta oportunidad sería perder una oportunidad histórica.

Es el momento de una alianza de los tres gigantes académicos y culturales para ocupar la silla vacía que dejó en la región Brasil, y redefinir el futuro de los hispanohablantes en la era digital. Es momento de unir esfuerzos, coordinar, invertir y colaborar hacia el diseño y la implementación de la alternativa a los imperios tecnológicos que hoy están castigando a las democracias, depredando el planeta y extrayendo todo el valor de los datos, creatividad e ideas de poblaciones enteras.

Imaginemos un programa equivalente al de Innovación Social Digital de Horizonte 2020 con una inversión significativa y apoyo del sector público. España, México y Argentina podrían activar un ecosistema que conectara universidades, emprendimientos, creadores de contenidos, junto con un nuevo modelo de transformación digital que beneficie a la gente, y que aporte a las problemáticas locales, en lugar de monopolios tecnológicos en otra parte, colocando a la región en otra vanguardia, la descolonizadora de las tecnologías, la maximizadora del poder emancipador del conocimiento.

Los retos a los que esta alianza podría responder serían mucho más allá de simples programas de alfabetización digital, o repartir ordenadores: los tres países tienen toda la potencia, capacidad, infraestructura, estudiosos y recursos para aportar respuestas regionales sobre el futuro de la inteligencia artificial en el sector público, la gobernanza y reaprovechamiento de los datos desde el sur. También las nuevas habilidades y capacidades que se deben construir en la ciudadanía para que, en lugar de un estado de bienestar digital, de control y vigilancia, puedan mejorar la calidad de sus vidas, en tres países que ven con esperanza un giro desde lo político, que también debe traducirse desde lo tecnológico.

Las decisiones de estos nuevos liderazgos podría redefinir un destino de millones de talentos, que ahora parece capturado en la pequeña pantalla de un smartphone o partiendo a ser devorado por China o USA. Las escuelas y su digitalización dejarían de ser los laboratorios de empresas privadas y podríamos experimentar otros modelos de gobernanza de datos comunitaria. Es el momento de al menos pilotar un futuro posible para nuestros pueblos, y hacerlo en bloque desde esos tres centros tan influyentes para el resto de la región: con liderazgo y voluntad política regional.

Hoy Suecia ha cerrado la investigación contra Julian Assange de forma definitiva y luego de nueve años y tres meses de tenerla abierta, y con ello, de ser una herramienta que le ha mantenido en detención arbitraria. Ha cumplido su misión: hoy Julian Assange permanece confinado en una celda 23 horas al día, en la prisión de máxima seguridad de Reino Unido, donde solo están peligrosos criminales y sin contacto con más personas que sus carcelarios.

El Departamento de Justicia de Donald Trump está pidiendo que se le condene a 175 años en una prisión de máxima seguridad. Por el delito de publicar. Por el delito de exponer la verdad al mundo de crímenes de lesa humanidad y corrupción sistémica de dicho país. Por ejercer periodismo fuera de suelo americano. Periodismo independiente, que no cedió a presiones políticas ni embargos económicos. Periodismo global, que alcanzó cada rincón del planeta con más de 125 medios unidos en la publicación de la más completa documentación de cómo funciona la diplomacia americana alrededor del mundo.

El precedente del caso Assange sería devastador. Pondría en riesgo el ejercicio del, ya de por sí temeroso, tímido y precario periodismo de investigación, a nivel global. Precisamente en tiempos donde los países más poderosos del mundo están gobernados por oligarquías de extrema derecha o por regímenes totalitarios. El caso Assange nos dejaría a todos más indefensos, desprovistos del poder que da la información.

Y esto, si es que llega con vida al juicio atroz que le espera. Las actuales condiciones de prisión en las que le mantienen están mermando su vida y su habilidad de defenderse en un juicio donde ya todos sabemos que la sentencia está escrita.

¿Por qué cierra la fiscalía el caso? La misma razón por la que, en agosto de 2010, la cerrara la primera fiscalía que conoció el caso: falta de evidencia sólida que lo inculpara. La decisión solamente refuerza la alarmante realidad que éste enfrenta: una persecución política a un periodista por los países más poderosos del mundo. Es un caso ejemplar de lawfare, cuando una causa justa, perseguir delitos que nos indignan a todas, se vuelve una herramienta para destrucción de los disidentes. Cuando el proceso es el castigo y la justicia se politiza no para proteger a los vulnerables, sino para bloquear el derecho a la verdad o el derecho a decidir del pueblo.

Y es que no son especulaciones, ni teorías conspirativas: es una persecución plenamente documentada, con una decisión detallada del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que declaró contundentemente la arbitrariedad de su detención, la irregularidad del proceso y la violación del derecho de asilo desde diciembre de 2015.

Recordemos que Assange llegó a Suecia justamente dos semanas después de que publicara los Diarios de la Guerra de Afganistán, la primera publicación de cuatro entregas atribuidas a Chelsea Manning. En ese momento tenía en su bolsillo la reputación de Estados Unidos: faltaba publicar los records de la guerra de Irak, Cablegate, es decir, los Cables Diplomáticos del Departamento de Estado y también los expedientes de los presos de Guantánamo. Ya se había anunciado en ese momento las intenciones de perseguirlo criminalmente, pero la estrategia de USA era hacerlo a través de países colaboradores. La lectura política acá es clara.

Lo importante ahora es lo que sigue. Y lo que sigue es una batalla a la que debemos sumarnos como personas que valoran el derecho a la libre expresión y el derecho a saber. Como personas indignadas por el abuso de los sistemas judiciales. El próximo febrero se debatirá su extradición hacia Estados Unidos, en Reino Unido. Dependerá de nosotros hacerla inviable políticamente por ser moralmente inaceptable y extremadamente peligrosa no solo para la persona que ha sacrificado diez años de su vida por el derecho a publicar. Es extremadamente importante para poner el límite al gobierno más poderoso del mundo, para que éste no pueda dictar qué tenemos derecho a saber y qué no. Es importante, además, entender cómo este poder de control sobre la información se expande y se manifiesta en situaciones tan brutales como el asesinato de Jamal Khashoggi, Daphne Caruana Galizia o la tortura a Chelsea Manning y Julian Assange.

Para llevar las palabras a acciones, el próximo domingo, en el marco de las actividades que celebra el Common Action Forum en Madrid, inauguraremos el Tribunal de Acción Común, como un tribunal ético compuesto por magistrados y juristas de consagrado prestigio internacional, que emitirá veredictos sobre casos y procesos judiciales de relevancia mundial. En la instalación del Tribunal, en el cual funjo como Secretaria, estará presente el Director de la defensa legal de Julian Assange, Baltasar Garzón, así como importantes juristas, como la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias para las Naciones Unidas, Agnes Callamard. Habrá espacio para la prensa, para ahondar los temas de esta columna, así como para la reflexión.

Y es que resulta imprescidible educarnos sobre la seriedad de casos como el de Assange, que será conocido por el mismo, y entenderlos no como un fenómeno aislado, sino como algo sistémico y global, un problema colectivo que debemos atacar. Defender a Assange es, al final del día, defender nuestro derecho a la verdad y a la justicia y tanto autoridades jurídicas como intelectuales, y todos los que creemos en la defensa de los derechos humanos, debemos unirnos en esta causa.

El Gobierno civil y democráticamente electo del presidente Sebastián Piñera decidió recurrir a leyes excepcionales y a las Fuerzas Armadas para contener el descontento de la ciudadanía. El despliegue de miles de militares y la suspensión de derechos civiles y políticos en Chile, en las últimas 48 horas, es el golpe más duro a la democracia desde la época de la dictadura, perpetrado por las élites políticas. Desde el sábado, el país opera bajo una ley sancionada en tiempos del General Augusto Pinochet. Y el domingo se decretó un toque de queda aún más severo para la Región Metropolitana.

En un país en tiempos de paz, con los más bajos índices de violencia en la región, cerraremos el fin de semana con más de nueve mil soldados patrullando las calles, con Estado de Emergencia declarado en la mayoría del país, y después de un traumático “toque de queda” que limitó la libertad de locomoción y la libertad de reunión de millones de ciudadanos y ciudadanas. Dicha suspensión de derechos se renueva esta noche.

El despliegue en los barrios, en las áreas urbanas, frente a familias, de vehículos diseñados para batalla, para conflictos bélicos, ha generado temor y repite traumas de la dictadura, a aquellos que lucharon duramente por memoria, verdad, justicia y un retorno a la democracia. En un país que no ha curado aún las heridas de graves delitos de lesa humanidad, las decisiones del Gobierno golpean a muchos más que las balas de goma con las que se atacó a los que protestaban, que desafiaban políticas de austeridad.

A los más jóvenes, los niños, niñas y adolescentes que salieron por primera vez a ejercer su derecho a la protesta, el Estado les devuelve un mensaje de represión y violencia. La jornada dejó una larga lista de menores golpeados y vulnerados por las autoridades que deberían protegerlos, asustados al ver armas automáticas letales apuntadas hacia ellos y ellas, y sin tener claridad de a quién recurrir cuando es el mismo Estado que los y las vulnera.

Gobernar con la gente, para la gente, no protegerse de la gente

La línea que se cruzó no puede volverse, bajo circunstancia alguna, la nueva normalidad para la gestión de la población que se opone a políticas estatales. Se ha impedido a la ciudadanía el ejercicio de su derecho de reunión y manifestación por medio de un Estado de Emergencia y se ha expuesto a la población a riesgo de ser víctimas de mayor violencia y represión, al desplegar personal militar que no está preparados para tareas de seguridad ciudadana: ni su formación, ni las armas que portan, ni su normativa en materia de rendición de cuentas son adecuadas.

El Gobierno del presidente Piñera, además, ha asumido importantes compromisos internacionales, al ser la sede de APEC y COP25. Parte de las demandas que elevamos es precisamente abstenerse a recurrir al Ejército de Chile, y a leyes de aplicación extraordinaria en una democracia, para garantizar el funcionamiento de dichos eventos. Una vez el Gobierno abdica su deber de ofrecer seguridad interior a la ciudadanía, no solamente ésta queda más expuesta a abusos y a mayor violencia, el poder civil se debilita.

La tarea del Gobierno inmediata, además de admitir sus errores, es rectificarlos. El país carece de mecanismos y protocolos efectivos para escuchar las demandas de la población, especialmente las de los más vulnerables, y arreglarlo requiere de voluntad política pero también de recursos. De tiempo y dedicación de la más alta jerarquía de gobierno. Se debe diseñar colaborativamente estrategias de manejo de conflictos sociales adecuadas, que activen a distintas instancias públicas, privadas y sociales, incluyendo los medios, los centros educativos y las organizaciones de la sociedad civil organizada, para actuar a tiempo y evitar escalamientos de conflictividad social.

Al calificar la intervención militar como un error, los datos nos respaldan. La reciente intervención de las fuerzas armadas en Brasil para tareas de seguridad ciudadana, en la ciudad de Río de Janeiro en 2018, ejemplifica la ineficacia de este tipo de medidas: en 10 meses de intervención, la ciudad registró un aumento del 59% en tiroteos, más de 4.000 homicidios y 40% más de muertes por intervención policial que en el año anterior.

El Gobierno debe disculparse públicamente con la ciudadanía por las decisiones recientes, que derivan de su falta de diligencia, celeridad, coordinación y agilidad para resolver las crisis sociales. La ciudadanía necesita líderes que la escuchen y sirvan a propósitos comunes.

El lugar y rol de los militares en una sociedad de paz no está limitando la protesta, ganando poder y protagonismo político, y reviviendo traumas históricos no superados ayer. Es imperativo que se reviertan de forma inmediata las medidas dictadas y que el Gobierno suspenda todos los estados de excepción activados, y resuelva la situación de descontento social con los mecanismos democráticos a su alcance, no sin antes dar exhaustiva cuenta de las decisiones tomadas en los últimos días, así como sus consecuencias, aún la pérdida de vidas humanas.

La normalidad deseada es aquella en la que la fuerza pública obedece órdenes civiles y se guía por la protección a las personas, donde se activan oportunamente mecanismos de diálogo vinculante y de intercambio con la ciudadanía. Queremos ser la democracia ejemplar e inclusiva del futuro, rechazamos convertirnos en la sociedad que no aprendió, que repitió el pasado.

La administración de Donald Trump ya está en campaña para las elecciones próximas y ha sido el freno a la migración el punto central de sus ataques, el blanco fácil, frágil, que le permite desplegar ante la cámara su poder imperial, para tapar con pompa una serie de fracasos: su último “logro” fue obligar a Guatemala, un país al borde del colapso y en una crisis humanitaria e institucional, a ser la cárcel temporal de quienes buscan asilo en USA.

La tarea de Guatemala será recibir a cientos de migrantes deportados. Es el infierno designado para los campos de concentración de migrantes, que les colocaría fuera del alcance de las cortes de USA. Guatemala se convierte en la Turquía del trópico, en el país en donde se concentrarán las peticiones de asilo, para que la barbarie se lleve a cabo offshore. Y de todos los centroamericanos, éste es el país con larga, ininterrumpida trayectoria de control y represión de desplazados internos. El país donde se experimentó desde políticas de tierra arrasada, hasta “aldeas modelo”, un laboratorio del terror de Estado y del despojo, como parte de las políticas genocidas que cobrarían más de 250.000 vidas hace cuatro décadas. Hoy, se repite.

La región de Centroamérica ofrece la sólida evidencia del fracaso completo de las políticas económicas que beneficiaron a unos cuantos países poderosos, sacrificando a los más vulnerables.

El silencio de la comunidad internacional dice mucho, hay cómplices de la desgracia centroamericana desde los dos lados del Atlántico. La tragedia del Mediterráneo y la del desierto de Arizona son idénticas en causas, recibieron la misma respuesta. Los organismos multilaterales le han fallado a los pobres y vulnerables del mundo, y el modelo de comercio internacional hoy solo favorece a los perpetradores de la mayor tragedia ambiental que se avecina, y a sus cómplices.

Y es que han sido USA, Canadá, China y Europa las fuerzas que, desde esquemas de explotación y presiones políticas, han contribuido al acelerado deterioro de la calidad de vida de los centroamericanos. Desde destrucción de economías locales, a partir de la firma del DR-CAFTA, hasta consolidación de políticas comerciales que se divorcian del cumplimiento en materia de derechos humanos, con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que protege y consolida la dominación de grandes corporaciones que controlan la matriz energética de los países.

¿Podría esta vez esta región ser el espacio para probar precisamente un set de políticas en la dirección opuesta? ¿Podrían las fuerzas progresistas de ambos lados del Atlántico atreverse a impulsar un 'Green New Deal' para Centroamérica como respuesta a esta crisis?

¿Podría el mundo desarrollado imaginar una moratoria para esos países más desiguales, violentos y vulnerables al cambio climático, que le diera a sus pueblos la flexibilidad suficiente para aplicar excepcionalmente otro modelo económico? ¿Energías limpias? ¿Trabajos decentes? ¿Semillas nativas?

La pequeña Centroamérica concentra el 7% de la biodiversidad mundial. Encabeza la lista de países más desiguales del mundo y más pobres de la región, alberga también cuatro de las cincuenta ciudades más violentas del mundo. Si a la violencia y desigualdad se le agrega la desaceleración económica, la extrema vulnerabilidad al cambio climático, la ausencia de políticas públicas de inclusión para mujeres y el marcado racismo a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, es evidente que el número de personas que migrará al Norte como única vía para sobrevivir, aún arriesgando todo, solamente aumentará.

Un 'Green New Deal' para Centroamérica ofrecería la posibilidad para pilotear, materializar y defender ya no como idea, sino como prueba, un futuro distinto.

Reemplazar las instituciones frágiles y fallidas por la arquitectura del futuro que derive en una transformación económica y ecológica, empodere a comunidades indígenas y campesinas, recupere el control de bienes comunes naturales, revierta la rápida desaparición de especies únicas, preserve las reservas de oxígeno que aún quedan en la región e indemnice a los países del impacto que el 10% mundial inflinge en ellos, colocándolos en el mapa de más alto riesgo ante la crisis climática. Estos cambios no pasan por los congresos de los países. Pasan por Washington, Bruselas y los organismos financieros internacionales.

De no adoptarse un cambio radical, los parches de alguna ayuda humanitaria terminarán en bolsillos de contratistas ligados a la industria de seguridad.

Esta crisis humanitaria que condensa las fallas del sistema que el mundo inflige en los pobres, y que les hace atravesar mares y desiertos, arriesgando todo para buscarse la vida, es también una oportunidad para un cambio radical, para trascender de discursos que prometen “futuros sostenibles” paliativos que nadie quiere financiar. Es elevar voces de solidaridad internacional con un plan concreto en mano, que trasciendan la palabra y el papel. Si el 'Green New Deal' no funciona aquí y hoy, si no se vira de una reacción de campos más o menos humanitarios y éxodos masivos hacia una agenda positiva, mañana será demasiado tarde. Para sellar un nuevo pacto social es necesario incluir a todos, donde nadie se quede atrás, empezando por aquellos a los que debemos más.

Un estudiante de doctorado podría escribir diez tesis detalladas del calvario judicial que ha sido el caso Julian Assange. Luego de una década de llevar su caso de forma directa e indirecta, puedo decir con confianza que este ejemplifica todas las formas de abuso de la ley y de los procesos administrativos en contra de una persona.

Desde unas condiciones de libertad bajo fianza mucho más agresivas y restrictivas, aún sin cargos, que las impuestas a un peligroso terrorista, hasta dilaciones de proceso maliciosas. Desde archivos borrados de los sistemas informáticos judiciales de dos países como Reino Unido y Suecia, que se caracterizan por su sofisticado gobierno electrónico, hasta computadoras “robadas” a sus abogados y compañías españolas de seguridad privada vigilando nuestras reuniones.

Lawfare financiero también, porque su nombre es una gran bandera roja que permite que los bancos le cierren sus cuentas y que hace que no haya firma de abogados que se atreva a representarle en temas criminales. Los medios, como dicta la fórmula, se embarcaron en un intenso proceso para asesinarle en vida, y en su caso, es más triste aún, ya que fueron precisamente esos medios los que, sin más condiciones que hacer su trabajo, publicaron junto a él las aún vigentes revelaciones de 'Cablegate'.

Luego de que, contra el derecho internacional, su constitución misma y la mínima dignidad latinoamericana, Lenin Moreno abriera el espacio inviolable de su Embajada a Scotland Yard, para despojar ilegítimamente de un derecho humano irrenunciable a un periodista, el Reino Unido tuvo poca piedad. Luego de siete años de encierro, Julian necesitaba, para no tener daños irreversibles a la salud, atención médica urgente. Especialmente porque se lo pedimos a Reino Unido por siete años y porque sus médicos lo advirtieron. Su estancia en confinamiento pudo traer daños permanentes a su sistema inmunológico, a sus músculos o a su motricidad. Además, Assange padece de estrés postraumático, deficiencia de vitamina D y una grave lesión en el hombro que necesitaría cirugía.

El shock al que fue sometido, al pasar de un espacio confinado y sin sol, a una pequeña celda 23 horas al día, fue acompañado del desprecio de una jueza, quien, contraria a las normas de la ética de la profesión, o al mínimo signo de humanidad y compasión que caracteriza a los grandes juristas, le llamó insolente, narcisista y le dictó la pena máxima posible, menos dos semanas. De inmediato se destapó lo que siempre sospechamos desde 2010: la detención sería el mecanismo para tenerle en custodia y así servirle la notificación del caso en su contra en Estados Unidos, por publicación. Un caso que es una afrenta al periodismo de investigación del siglo XXI.

Las dos más recientes arbitrariedades vinieron de Ecuador y Suecia. El primer país, en un arranque de desesperación mediática, ha aprehendido al europeo de nacionalidad sueca Ola Bini. Una detención ilegal, violenta, sin seguir protocolos diplomáticos y sin ponerle a disposición de un juez por más de 24 horas: básicamente un secuestro y posterior sometimiento a condiciones degradantes, ordenado por la ministra del Interior, María Paula Romo, con la pleitesía del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, mientras este cerraba negocios en Washington y cobraba la propina. Hace más de un mes de la detención de Ola Bini y la poca cobertura mediática y la inacción tanto de su país como de la Unión Europea hacen sospechar lo peor. Bini está en una celda en hacinamiento, sin agua limpia, sin una cama donde dormir y bajo amenaza de ser trasladado a una prisión peor.

Ecuador también acató sin demora una orden abiertamente ilegal y contraria al derecho: decomisar a su exasilado, como “evidencia”, todas sus pertenencias y entregarlas al país que está procesando a un periodista por publicar. Antes las embajadas eran lugar de refugio y alivio para aquellos perseguidos políticamente, hoy al entrar a ellas se arriesgan a no salir. Latinoamérica, la región que era la más fuerte y solidaria para recibirles, es hoy el verdugo que sienta el precedente para no confiar más en la protección diplomática, obedeciendo al chasquido de ese país poderoso.

Y, para complicar más la situación, Suecia abre por tercera vez la investigación por violación menor (sexo consensual y no violento sin preservativo), a pesar de haberla cerrado por dos veces. A pesar de haberse negado por años a efectuar la investigación usando videoconferencia, o bien desplazándose a Reino Unido para realizarla. A pesar de finalmente haberla efectuado en una diligencia de asistencia judicial e interrogándole durante más de dos días. Sin evidencia suficiente para presentar cargos, como admitieron el 13 de mayo de 2019. Le quieren interrogar de nuevo, 9 años después de los hechos. Lo que nadie menciona, lo que todo medio olvida es que ante las acusaciones suecas, Julian Assange se presentó de inmediato a la policía y declaró en agosto 2010. La primera fiscal cerró el caso. Luego el sistema reabre, cierra y vuelve a abrir. Tercera entrevista.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó de forma contundente que se habían producido graves violaciones en el caso Julian Assange, a través de una acción desproporcionada que podría haberse adelantado con medios alternativos que hubieran permitido la entrevista requerida por Suecia en el marco del asilo otorgado. Los medios lo pintan, sin cargo y sin juicio, como un criminal, cuando la propia ONU afirma que el villano de la historia es el despotismo judicial de cuatro jurisdicciones hoy perfectamente alineadas: Suecia, Reino Unido, Ecuador y Estados Unidos. Sin visitas. Silenciado. Inmovilizado. Demonizado por atreverse a publicar la verdad.

Quisiera recuperar la fe en el sistema de justicia y que las personas entendieran que, ante una persecución política, las instituciones sólidas, valiosas, como el asilo político y la protección diplomática son hasta hoy los únicos antídotos contra la arbitrariedad.

Hasta hoy, no hay justicia. El caso es puro y duro acoso judicial por proceso, convirtiendo la aplicación de la ley en una mordaza, cuyos efectos alcanzan a otros, nos alcanzan a todos, más allá de Julian Assange.

La toma de posesión de Jair Bolsonaro marca un antes y un después para Latinoamérica, quizá para el mundo. Rápidamente se consolida un eje destructivo que va mucho más allá de Erdogan y Donald Trump. Se está consolidando en el Asia de Duterte, en el Oriente Medio liderado por Arabia Saudí, en la Europa de Orbán y Salvini. Hoy, el país más poderoso de Latinoamérica se suma a una agenda que está acelerando la destrucción del planeta, destruyendo el consenso duramente alcanzado entre los países del mundo. Una agenda que está desmantelando grandes avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales, disparando el gasto militar y aceleradamente privatizando todo lo que puede, mientras utiliza al Estado mismo para neutralizar y hasta destruir a la oposición.

La pasividad internacional no es opción. Esta lista de acciones es una invitación para iniciar el año 2019 actuando en prioridades exploratorias para poder contrarrestar, mitigar los daños y evitar la regresión de derechos en la democracia más grande y más amenazada de Latinoamérica:

Primera: Nuevas voces. Elevar internacionalmente la voz y perfiles de las nuevas autoridades progresistas en el Congreso y Senado de Brasil, especialmente las mujeres. Es importante tener voces reconocidas internacionalmente que puedan relatar en primera persona y denunciar con legitimidad los abusos del nuevo Gobierno. Podemos apoyar a sus equipos y coordinar agendas con el Parlamento Europeo, establecer vínculos con las nuevas autoridades en el Congreso de EEUU. Que tengan un perfil de peso en la prensa internacional y un acompañamiento constante de una plataforma progresista internacional, que ofrezca apoyo, solidaridad y difusión a sus luchas.

Segunda: Municipalismo 2.0. Es importante reforzar el rol de las municipalidades como espacios de renovación política, innovación y protección de los vulnerables, ante medidas de austeridad extrema y escaladas de violencia gubernamental. Una acción inmediata posible es apoyar el municipalismo progresista y conectarlo con redes internacionales que están haciendo frente a la agenda de la 'internacional nacionalista'. Las elecciones municipales de Brasil en 2020 son también prioritarias pues pueden tener un efecto semejante a las midterms de Estados Unidos. Es, además, una oportunidad real de renovación política para los partidos. Se está a tiempo para formar a toda una nueva generación de candidatos a concejales municipales jóvenes, que tengan la capacidad y el empuje desde lo local para devolver la fe en la política.

Tercera: Es importante proteger a la oposición política, la academia, la prensa y los intelectuales. Además de continuar apoyando la libertad de Lula, no debemos bajar la guardia. Los intentos de lawfare (guerra jurídica) seguirán y el congreso hará todo lo posible por la criminalización de la oposición, con leyes antiterroristas, con amenazas directas y anunciadas a la libertad de expresión y la libertad de cátedra, cierre de instituciones enteras, despidos masivos e inminente exilio para muchos.

También continuará la violencia política y la impunidad de ésta. No podemos olvidar que la ejecución extrajudicial de Marielle Franco sigue sin esclarecerse casi un año después, que los asesinatos de líderes campesinos han aumentado, y hay claros planes de atentados contra la oposición.  El vigilantismo, la relajación de las leyes de portación de armas, y la apología de la 'legítima defensa' únicamente empeorarán el panorama.

Como comunidad internacional debemos estar preparados para una solidaridad que trascienda la típica carta de apoyo con firmas. Debemos poner a prueba nuestro compromiso real y ofrecer nuestras instituciones como refugio a aquellas personas que deban abandonar Brasil. Contribuir con lo que podamos. Desde nuestro modesto cuarto de visitas o sofá a aquellos que lo necesiten, hasta crear cátedras, becas, espacios de investigación, ofrecer residencias y posibilidad de continuar actividades de resistencia desde afuera.

Cuarta: Observar la 'otra' corrupción. Desde espacios de investigación internacionales es necesario un escrutinio rígido sobre compras y alianzas militares, privatizaciones, megaproyectos y beneficios fiscales. Tener datos contundentes para contrarrestar los intentos de normalización de las agresivas políticas económicas que el nuevo Presidente de Brasil ha anunciado, y que se reportarán desde script conveniente para sus principales beneficiarios: las grandes corporaciones y grupos financieros mundiales, el 1%. También vigilar los recortes a presupuestos cruciales, como los ambientales, de investigación y desarrollo y de salud reproductiva.

Quinta: Tolerancia Cero a retrocesos en materia de DDHH. La Administración de Donald Trump recibe a Jair con los brazos abiertos, junto con la 'internacional nacionalista' en pleno. El contrapeso inmediato posible, ante una Latinoamérica bastante desintegrada, es Europa. Europa debe jugar un rol crucial de contrapeso y tolerancia cero con la nueva administración en Brasil, estar dispuesta a sancionar sin titubeos políticas y prácticas represivas. Así también, la sociedad civil latinoamericana jugará un rol crucial para evitar que los países de la región sigan el Bolsonarismo. Temas tan críticos como la situación de Palestina y posibles intervenciones militares en Venezuela podrían dar lugar a crisis de conseguir Bolsonaro su anhelado rol de constructor de consensos regionales.

Una combinación de compromiso intelectual y periodístico contra el avance del fascismo, escrutinio ciudadano, observación internacional, solidaridad y unidad puede demostrar que aquellos que creemos en la democracia y los derechos humanos somos más.

En pocas horas, Estados Unidos votará por un nuevo Congreso. Si las elecciones siguieran la tendencia de las pasadas administraciones, el partido republicano perdería el control y la presidencia de los comités con poderes de investigar a la actual administración estarían bajo la dirección del ala más progresista del partido demócrata, con poder de votar mayoritariamente hasta un potencial juicio político (impeachment) en contra de Donald Trump. Hasta ahora, el partido republicano ha controlado las dos cámaras, restringiendo el poder del Congreso bicameral para limitar las actuaciones arbitrarias, erradas y nocivas de la presidencia actual.

El partido demócrata necesita 23 puestos, ganando así mayoría en la cámara baja. También necesita defender 26 puestos en la batalla por el Senado. Usualmente las elecciones de mitad de mandato (midterm election) registran una participación mucho más baja que las presidenciales, con poco involucramiento ciudadano. Pero estas elecciones son distintas y esperanzadoras para muchos. La épica derrota de Hillary Clinton y la corrupción del partido demócrata en su más alta jerarquía inspiró a una cohorte de candidaturas nuevas, diversas, frescas, progresistas, inspiradas y siguiendo el liderazgo de Bernie Sanders.

Estos jóvenes socialistas, latinos, afroamericanos, de origen árabe, de clases populares, están rechazando la política oxidada del ala conservadora del partido demócrata. Están abogando por mejoras a los pobres, por más derechos, por menos inversión en defensa. Ya no pidiendo, reclamando un futuro. Reclamando un cese a la desigualdad, a la violencia verbal y física contra minorías. Exigiendo una refundación de la política. Trabajaron desde el día uno de la Administración actual para recuperar el Congreso, y el control del mismo, en tiempos de un Ejecutivo neofascista y una Corte Suprema de Justicia de mayoría conservadora.

Y es que es mucho lo que está en juego. El Congreso tiene el poder para controlar sanciones, investigaciones sobre la actuación de la Casa Blanca, determina la ayuda internacional y también influye directamente en la política de derechos humanos con otros países. El Presidente necesita de la aprobación del Congreso para ratificar tratados de libre comercio. Además, puede restringir financiamiento a programas, limitar la intervención de las fuerzas armadas en otros países, y en general, oponerse abiertamente a acciones internas e internacionales de la Presidencia. Un Congreso progresista es la barrera necesaria y urgente que puede detener la rápida erosión democrática, la expansión de un discurso nacionalista oscuro, fascista, en contra de derechos.

Hoy los votantes americanos tienen el “freno de mano” para evitar el descarrilamiento predecible al que conduce al mundo la administración de Donald Trump. Porque lo que se define acá es mucho más que la política interna de Estados Unidos. Es la posibilidad de frenar a los déspotas alineados con una administración que mira con desdén a los derechos humanos. Es el futuro de Yemen y el rol que Estados Unidos juega en esa guerra. La posibilidad de mitigar los daños del Brasil de Bolsonaro. Es el destino de los centroamericanos que mueren por las balas de una guerra ajena. Es el futuro de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Es definir el destino tantos lugares que son tan vulnerables a los traspiés, corrupción e inexperiencia política de la mayoría que gobierna a Estados Unidos hoy. Esta elección recuerda y redefine la importancia del voto de aquellos que lo tienen para aquellos que lo sufren.

¿Lo que más preocupa? Que gane el abstencionismo, el desencanto, y que con esto se pierda la oportunidad de abrir una pequeña ventana de esperanza, ya no solamente local. Es un poder que afecta a todo el mundo. Es un poder, que en malas manos, puede sellar y consolidar el deterioro de la democracia en regiones enteras.

Levantarse y votar por las nuevas candidaturas es una obligación moral para quienes pueden hacerlo, es enviar un fuerte mensaje desde la base votante al Presidente de una de las naciones más poderosas del mundo: no solamente un mensaje de rechazo al discurso racista, a la explotación y a la erosión de derechos que el actual Presidente promueve. Es también un mensaje del poder renovador de las candidaturas jóvenes, fuertes, populares, conectadas con las necesidades de la gente.

Pero no estamos exentos de sorpresas en esta carrera: de darse una victoria para el partido republicano, y por tanto una validación por los votantes de los pasos seguidos por la administración de Trump. Si se diera una derrota, entonces las elecciones de la primavera de 2019 en Europa serían las cruciales, Europa y su promesa democrática sería la única mediando entre la democracia y el paredón de fusilamiento a ésta. La última barrera antes de días oscuros y de caos. Esperemos que no sea así y que una victoria abrasadora prepare el camino para ese movimiento Internacional Progresista al que nos invita Varoufakis y Sanders. Que sea la prueba de un mundo que ya abrió los ojos, de una democracia que recupera terreno.

La supuesta probidad del candidato que lidera las encuestas es la justificación por la que élites económicas y políticas de Brasil justifican su apoyo, pero la realidad es que lo que representa a estas élites es la vuelta a una estabilidad económica relativa. El mercado ama a Bolsonaro y la perspectiva de masivas privatizaciones y alineación con la escuela económica de Chicago entusiasma a las capas altas brasileñas. Las promesas de beneficios fiscales, la flexibilización de regulación laboral, el relajamiento de políticas ambientales. Toda la estrategia Trump.

Con ese tono, de debilitamiento institucional, austeridad y pérdida de bienes estatales, Bolsonaro representa otro tipo de corrupción, la que no es de maletas llenas de dólares.

Pero hay algo que estas élites no han calculado, y es el crecimiento de otro poder, que habría quedado mermado a la salida de la dictadura. Además de ser un operador para las élites económicas, permitiendo que puedan maximizar sus beneficios, Bolsonaro está alineado y protegiendo los intereses de otra élite poderosa, la militar. El crecimiento de esta fuerza, y la influencia que ésta puede tener en la región del mundo es un problema que no ha recibido suficiente atención.

Hoy Brasil cuenta con cúpulas militares ejecutando una estrategia de represión interna, cambiando fuerzas policiales y militares, protegidos por estados de excepción, probando al miedo como mecanismo de control y descarada de la violencia en las favelas de Río de Janeiro. Los protege la impunidad y el silencio por amenazas o por balas, de voces críticas. Hasta hoy no se esclarece la ejecución extrajudicial de su crítica, la política afrodescendiente Marielle Franco.

De acuerdo al Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Brasil aumentó su gasto militar en un 6.3% en 2017, el más grande desde el año 2010, al relajar candados presupuestarios y a pesar de la terrible crisis económica y política que atraviesa el país.

No es normal que un país en crisis, desacelerado, aumente significativamente su gasto militar. Tampoco es normal que un país en tiempos de paz se arme hasta los dientes, a menos que se esté preparando para una guerra. Un país que ha militarizado el control de áreas urbanas y densamente pobladas. Un candidato que celebra e invita a la ciudadanía a comprar armas, a auto procurarse una supuesta seguridad. Una fórmula de desastre probada y repetida, que es también un buen negocio para aquellos con inversión y apoyos en temas de armamento y vigilancia digital.

¿No hay mayor corrupción que aquella que dirige los recursos públicos, los impuestos que pagan todos, hacia la represión de la propia gente? Balas pagadas por todos, para llevar más miseria. ¿Quién condena ese tipo de corrupción? ¿Quién la normaliza?

Un Ejército en el poder comandado por Bolsonaro es un riesgo a la paz regional y estabilidad mundial.

Bolsonaro viene del Ejército, y tiene en éste y en ciertas iglesias, su fiel apoyo y más cercana colaboración. “Los capitanes mandarán en Brasil”, ha declarado en repetidas ocasiones. Su candidato a vicepresidente es también uno de los suyos, Hamilton Mourão, de su misma línea dura. El Ejército, de vuelta a las calles por mandado de Temer, está en continuo proceso de creación, de búsqueda de ese enemigo interno que haga justificable la expansión de su mandato, y desde el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, donaciones, equipo y entrenamiento de países amigos, como USA e Israel, siguen en aumento.

Esta fuerza armada cuenta, además, con la capacidad y voluntad de interferencia en otras democracias, de forma encubierta o abierta, y así lo ha ofrecido. Bolsonaro y sus cercanos, además, ya han expresado su apoyo a “acciones” en el país vecino, Venezuela. Evitando la supuesta situación de “Venezuela”, puede Bolsonaro traer a la región un resultado de inestabilidad y guerra continua como el de Irak.

La donación más reciente? Casi un ciento de blindados donados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que parecieran indicar que Brasil se prepara para una guerra contra sus pobres, expandiendo el modelo de seguridad probado los meses pasados. Quizá estas donaciones sean tanto un preludio de la inminente violencia post electoral.

Si la victoria del partido de Bolsonaro se concreta, la política exterior de una de las potencias mundiales estará dictada y dirigida por militares. La relevancia geopolítica del gigante del Sur influiría en procesos más allá de la región, no solo terminando de mermar lo que queda la integración regional.

En una política de seguridad piloteada por personajes como John Bolton y Mike Pompeo, los daños colaterales de un Bolsonaro son incalculables. Es un líder que aboga por violencia sobre diplomacia, que trata con desdén a instituciones como las Naciones Unidas y que prioriza armas sobre desarrollo humano y proclama una guerra contra los pobres. La eventual oposición que pueda encontrar su gestión en una Europa cuyos líderes cada vez piensan más como él, será probablemente frenada localmente por los intereses económicos involucrados.

Su presidencia es una amenaza a la paz regional y global.

La destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el 31 de agosto de 2016, inició un ataque a la democracia en Brasil cuyo siguiente hito fue el pasado 1 de septiembre de 2018, la inhabilitación del ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, favorito en los sondeos para las presidenciales del 7 y 28 de octubre. Como efecto de ambos actos, se pone a la ciudadanía brasileña ante la peligrosa perspectiva de la posible victoria de un candidato fascista, racista, misógino y homófobo, autor de llamamientos a la violencia y represión armada.

Hacemos constar que estos dos golpes ilegítimos, golpe parlamentario contra la Presidenta Rousseff y golpe judicial, por la condena sin pruebas a 12 años de prisión y ahora inhabilitación del candidato a la reelección Lula, son pasos de un plan para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen, implemente el modelo de redistribución de riqueza, reducción de las desigualdades sociales, raciales y de género, que estos 16 años ha sido exitoso ejemplo de alternativa al neoliberalismo de la crisis global.

Alertamos de la instrumentalización del poder judicial, en Brasil y otros países en desarrollo, como punta de lanza de una estrategia general del capital financiero internacional y medios de comunicación incumplidores de su deber de veracidad. Estrategia que persigue, alegando la lucha anticorrupción que en realidad pervierten, eliminar de la carrera electoral, con condenas injustas, a los políticos vistos como freno de la agenda dictada por los mercados.

Particularmente grave es que el estado de Brasil que, con gran vigor, fue referente del multilateralismo e impulsó valiosas iniciativas como los BRICS, haya decidido desoír, ahora, la solicitud del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de que se “garanticen los derechos políticos de Lula incluido el de ser candidato en las presidenciales de 2018”.

Nuestra preocupación es honda por las consecuencias que facilitar ilegítimamente la victoria del candidato fascista en Brasil pueden tener, tanto en el país como en un panorama internacional donde los líderes de la más belicosa ultraderecha ascienden y hasta Gobiernan con votos fruto de la frustración por la crisis de 2008 y el austericidio de los que el neoliberalismo es responsable.

Pero también porque para que el resultado electoral de los comicios del 7 y 28 de octubre sea pacíficamente aceptado por la sociedad, deben garantizarse las condiciones de justa concurrencia entre candidatos de todos los partidos, incluido el PT.

Madrid, septiembre de 2018

“Nuestra Internacional Progresista debe llevar adelante una visión de prosperidad compartida y ecológica que podemos lograr gracias a la ingenio humano, siempre que la democracia le dé la oportunidad de desarrollarse.” Yanis Varoufakis

En este mes de Septiembre de 2018, un espacio amplio progresista ha logrado llegar a consenso sobre la urgencia de un frente unido contra la derecha nacionalista y la regresión acelerada de derechos que ésta trae alrededor del mundo. Ésto ha sido gracias a distintas convocatorias y pronunciamientos de líderes en América del Norte y del Sur, así como en Europa, en un momento clave para el futuro del mundo.

Una de esas convergencias fue convocada por el Common Action Forum, y sus co-fundadores Rafael Heiber y Wadah Khanfar, y presidida por uno de sus consejeros, el diplomático y ex canciller de Brasil Celso Amorim, llevando a la misma mesa a variados actores: un ex presidente europeo, una ex vicepresidenta Centroamericana, prestigiosos juristas, personas poderosas en los medios, activistas, intelectuales y hasta un economista americano. Estaban representadas a la mesa casi tantas posiciones políticas como asistentes. Cinco regiones del mundo y raro consenso general en cuanto a la prioridad: la urgente tarea de recuperar la democracia y de no detenerse por egos o grietas partidistas para dicha tarea. Actuar rápida y congruentemente. Fortalecer alianzas regionales y globales, para defender y fortalecer los valores y expresiones democráticas. Ésto estuvo organizado en paralelo a un evento similar celebrado en Sao Paulo, que también fue presidido por Celso Amorim y una delegación internacional.

Estas dos reuniones se dan casi en simultáneo y coinciden con el llamado que el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis y el senador demócrata Bernie Sanders hicieran para la creación de una plataforma progresista internacional e interseccional, donde todas las personas, de todos los continentes están invitadas a unirse y oponerse al alza de la Internacional Nacionalista y a su vez imaginar una agenda mínima, soñar el mundo que queremos colectivamente.

Salvar a Lula, y a los otros Lulas para rescatar la legitimidad de las elecciones

Al identificar los problemas globales que han facilitado el auge de la extrema derecha, hubo coincidencia de la raíz de éstos en la desigualdad exacerbada de la que sufre la mayoría del mundo. Pero también de la grave instrumentalización del sistema de justicia (lawfare) para precisamente neutralizar los proyectos políticos que han luchado consistente y efectivamente para reducir dicha desigualdad.

Tanto el evento de Madrid como el de Sao Paulo notaron que la persona a la vez más ausente y más presente en la habitación era el ex Presidente de Brasil y el más querido líder político Luiz Inácio Lula da Silva. “Lula” representó una avanzada de esos valores progresistas que hoy tanto hacen falta en la política, con la reducción de la pobreza extrema en un 75%, con la redefinición una política exterior digna y que colocó como prioridad el avance de los derechos económicos, sociales y culturales al centro. Con relaciones Sur-Sur, especialmente con África, que abrieron posibilidades de colaboración entre continentes mucho más allá de la dimensión económica.

Hoy Lula enfrenta un proceso irregular de principio a fin, y se le ha arrebatado la posibilidad de participar en las elecciones generales, aún si fuera absuelto en el proceso que enfrenta. Al arrebatársele dicha posibilidad, se ha despojado a los votantes brasileños de la posibilidad de votar por el candidato de su preferencia. Un boicot gestionado desde precisamente las élites que avanzan la agenda nacionalista, extractivista y de austeridad en el país más grande de América Latina. Salvar a Lula es simbólico.

Y hay muchos Lulas hoy. Tanto instituciones como personas que se enfrentan a los poderes de las élites económicas están bajo ataque. Aquellos que presentan obstáculos a la remilitarización. A los que denuncian a oligarquías corruptas destapando escándalos de las élites con sus publicaciones. A los que promueven la austeridad, mientras esconden su riqueza en paraísos fiscales. A los que abogan contra el deterioro extractivista del planeta. A todos ellos les espera en la mayoría de países del mundo un destino similar al de Lula: en el mejor de los casos, persecución legal, en coordinación con ataques mediáticos y cárcel preventiva.

En el peor de los casos, asesinatos extrajudiciales, o exilio, como pasa hoy con los periodistas turcos, los líderes sociales colombianos, los líderes estudiantiles nicaragüenses, los líderes campesinos guatemaltecos. Como pasó con Marielle Franco. Al final, recuperar la democracia es también salvar los proyectos políticos de todos esos “Lulas” que también luchan, en el entorno más adverso de este siglo, por el avance del derecho. Su lucha entonces se torna imposible sin un apoyo y solidaridad internacional.

Próximos pasos: Formación del Consejo del Frente Progresista Internacional

800 millones de personas viviendo en extrema pobreza. Desde la crisis financiera de 2008, el 1929 de nuestra generación, la desigualdad aumentó, así como la concentración de la riqueza y su influencia en la política. Hay más personas viviendo como refugiados y desplazados que las que había después de la Segunda Guerra Mundial. Las nuevas tecnologías y su poder, concentrado en 5 compañías, están activamente erosionando instituciones, como las elecciones. El gasto militar global aumentó considerablemente. La crisis climática empieza a cobrar sus víctimas y se expande de una manera acelerada. La arbitrariedad del poder es la norma. Más de doscientos ambientalistas perdieron la vida el año pasado defendiendo el territorio. Ante emergencias y serios retrocesos en todos los frentes, la pasividad no tiene lugar.

Los progresistas del mundo están de acuerdo en los problemas que debilitan a nuestras democracias cada día. Y desde una plataforma común están preparando tanto el ataque, como la propuesta. En los meses siguientes se conformará un Consejo y una plataforma para este esfuerzo amplio de las fuerzas progresistas del mundo, para imaginar un futuro común, un camino posible. Los retos inmediatos serán las elecciones en Brasil en Octubre, las elecciones federales, estatales y locales de Estados Unidos de América, a finales del año y las Elecciones del Parlamento Europeo en la primavera de 2019.

Empezamos.

Las elecciones libres y justas necesitan que la ciudadanía esté informada y activamente debatiendo los temas electorales del día, así como ejerciendo escrutinio constante de las posiciones adoptadas por los candidatos. Para una democracia saludable, es necesario que la ciudadanía participe activamente en todas y cada una de las etapas de una campaña electoral, no únicamente el día de la votación.

Para quienes gozan de conectividad, ésta les da además acceso a distintas y cada vez más sofisticadas herramientas para informarse mejor al votar: pueden saber más de sus candidatos, compararlos y participar en discusiones sobre la oferta política en las redes sociales. Sus intervenciones dan forma al debate electoral, elevando aquellos temas que les importan más o participan como candidatos.

¿Pero qué sucede con aquellos ciudadanos que no tienen acceso a Internet? ¿Cómo se capturan en un debate, en su mayoría mediado por redes sociales, sus necesidades, preocupaciones e intereses? ¿Cómo están las prioridades de aquellos no conectados representadas en las plataformas políticas?

Las elecciones mexicanas, una historia de desigualdad digital

María de Jesús “Marichuy” Patricio Martínez fue proclamada candidata independiente a la presidencia de México, con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena. Sería la primera mujer indígena en la historia de México en participar como candidata a la presidencia. Sin embargo, junto con otras, muchas limitaciones, las barreras digitales truncaron dicho sueño.

El requisito en México para que los candidatos independientes puedan registrarse y aparecer en la boleta es la recolección de al menos 866.000 firmas verificadas. Para la verificación, la autoridad exige el uso de una aplicación móvil, diseñada para poder ser operada con eficiencia desde teléfonos inteligentes relativamente nuevos. Esto quiere decir que, para reunir las firmas necesarias, tanto los candidatos como quienes los apoyan deben contar con un teléfono móvil moderno -que cuesta aproximadamente tres salarios mínimos mensuales- así como tener acceso a electricidad y a un paquete de datos móviles. Éstos son recursos de los que muchas poblaciones rurales e indígenas carecen por completo. Mientras que algunas municipalidades fueron exentas de dicha obligación, la exención no cubría precisamente aquellas áreas que Marichuy quería representar y al final no pudo reunir las firmas habilitantes para su candidatura.

Sin acceso a Internet y aislados

En México sucede lo mismo que en muchos países, el aumento en el acceso a Internet ha incrementado el número de actividades políticas y electorales en la esfera digital, un giro que ofrece nuevas oportunidades para llegar a más personas, incrementar su participación y activar al electorado. En las pasadas elecciones de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) utilizó su sitio web, vídeos y redes sociales para alentar a las personas a ir a votar así como para informar a la ciudadanía de temas electorales clave.

Como le tocaría experimentar en carne propia a Marichuy, las nuevas tecnologías digitales solamente pueden expandir las oportunidades para los ciudadanos si éstos están conectados y cuentan con los recursos necesarios para participar. En México, únicamente el 64% de los habitantes está conectado a Internet. Esto significa que, en un país de más de 100 millones de habitantes, un tercio de ellos está excluido de la influyente plaza pública digital. Y sucede que precisamente esos que no están conectados a Internet son a su vez extremadamente pobres, mujeres, indígenas y viviendo en áreas rurales. Son personas cuyas necesidades y demandas son constantemente ignoradas por el gobierno, son precisamente aquellos a quienes los candidatos deberían estar prestando especial atención.

La brecha digital de México es severa, hay comunidades enteras completamente desconectadas. En pleno siglo 21, en un país de la OCDE, hay comunidades indígenas que deben caminar más de 40 kilómetros para poder llegar a un área con cobertura a Internet. Dicha carga se acumula con otra, la capacidad de pago por acceso a Internet. Las dos barreras combinadas hacen prácticamente imposible para poblaciones enteras el acceder al espacio donde los debates que definirán su futuro se desarrollan, como lo han indicado investigaciones de la Fundación Heinrich Böll.

En un país tan centralizado como México, es una necesidad prioritaria el asegurar una amplia participación. Pero, mientras los partidos políticos transitan de las campañas de base, tradicionales, a un modelo de campaña mayoritariamente digital, éstos giran su atención a los ciudadanos conectados. Como resultado de este cambio, dejan precisamente a los desconectados con aún menores oportunidades de informarse sobre sus candidatos, sobre las posiciones de éstos y sobre los temas sobre la mesa. Es más, “sus” temas jamás llegarán a la mesa de debate, al carecer de un vehículo para hacerse oír. Sus voces se pierden efectivamente del proceso electoral.

Asegurarnos de que todos los votantes sean tomados en cuenta

Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades increíbles para superar las barreras sociales y económicas para acceder al poder y para estar representados. Pero éstas solamente servirán los intereses de aquellos que ya tienen la oportunidad de alzar su voz, dejando una vez más atrás a aquellos que no se pueden conectar. Nuevas exclusiones.

Si los procesos electorales se apoyan tan fuertemente en Internet, debemos asegurar entonces que todas las voces sean escuchadas, especialmente aquellas estructuralmente marginales. Esto no debe limitarse a asegurar cobertura geográfica de la infraestructura para el acceso de Internet, pero también a asegurar que las personas pueden pagar la conexión, que cuentan con las habilidades y formación digital necesaria para interactuar en línea y que entienden cómo sus voces pueden conseguir un impacto real usando los medios digitales.

Para resolver el problema de la desigualdad digital y asegurar que las elecciones sean verdaderamente democráticas, propongo que los gobiernos prioricen el acceso universal a Internet para todos. Además, las autoridades electorales deben asegurarse de que la información relevante para la contienda esté también disponible para los votantes que no cuentan con acceso para Internet.

Otras medidas positivas podrían incluir capacitación técnica y de campañas digitales a aquellos candidatos que representan a grupos excluidos, así como ofrecer apoyo técnico para que esos debates y discusiones ciudadanas que ocurren en lugares y entre personas que no cuentan con acceso a Internet, puedan ser parte de la conversación digital, y a su vez diseñar mecanismos para que estas comunidades reciban información de las reacciones que sus propuestas generan.

Es necesario monitorear minuciosamente la cantidad que los partidos políticos gastan en marketing político y compararla con las cantidades que éstos dedican a comunidades desconectadas.

En futuras elecciones, es importante invertir en investigaciones que identifiquen el efecto de los debates que se desarrollan en la esfera digital y como éstos transforman el discurso político, para dimensionar con precisión el impacto de no poder participar en los mismos.

El caso de México ejemplifica cómo la tecnología no solamente reproduce, sino también agudiza la desigualdad, víctima del solucionismo tecnológico, que asume a todos conectados. Al hacerlo frustra el fin principal de las elecciones, debilitando la democracia, donde voces de colectivos desaparecen por completo, una vez más, olvidados, por no poder comprar, acceder y utilizar un aparato conectado a la red.

El fin de semana que recién pasó trajo la posibilidad de una liberación temprana para Lula, esto es, de elecciones legítimas. Pero desde 2016 en el gigante del Sur, todo es incierto y en deterioro. Apenas existe el espacio para actuar y demandar derechos que fueron arrebatados a millones, al perpetrarse el golpe de Estado contra quien era la mujer más poderosa del hemisferio.

La represión a líderes sociales va en escalada y cualquier intento de desnudar a aquellos en el poder se neutraliza con calles militarizadas. Otro correo me llega, de una de esas organizaciones internacionales, que me pide “actuar” para pedir “justicia” en Brasil. Me miente, diciéndome que con miles de firmas de lugares remotos y personas anónimas conseguiremos presionar al gobierno para que resuelva ejecuciones extrajudiciales perpetradas por ellos mismos.

Peticiones pidiendo que nos digan lo que ya sabemos: que a Marielle Franco la mató el Estado. Y que es precisamente el Estado, el mismo sistema que tiene en prisión a Lula, el que está dedicando recursos a asesinatos indiscriminados de jóvenes vulnerables. A una política de “limpieza social”.

En este sistema, no hay justicia para Marielle Franco y para todos los jóvenes asesinados por el Batallón 41, el más violento escuadrón de Río, que ella denunció antes de morir. A más de cien días del asesinato, la única noticia alrededor del caso es la de la estricta prohibición de hablar del mismo para las autoridades a cargo.

Esperar justicia que venga en algunos años es parte de su plan

La operación en la que se asesinó a Marielle fue encubierta, involucrando a distintos mandos de inteligencia estatal, en un territorio con la más sofisticada vigilancia electrónica, donde cada movimiento en cada esquina y cada cuadrante queda registrado. En una situación de ocupación militar y dentro de un patrón de ejecuciones judiciales selectivas toleradas por autoridades estatales al más alto nivel.

Pedir justicia a los arquitectos de la impunidad es ingenuo. Es el país donde las órdenes judiciales para liberar al líder político de las mayorías se ignoran aceleradamente, mientras en el caso de Marielle no hay hoy órdenes de captura.

Asesinar a Marielle fue un acto de defensa. Los autores intelectuales de su asesinato buscaron reducir el escrutinio de su propia incompetencia.  Buscaron evitar que se desnudara la guerra abierta que, con balas, con persecuciones judiciales y con austeridad, los líderes golpistas han emprendido contra los pobres del país.

El silencio sobre el asesinato de Marielle se contrasta con las voces elevadas cuando se refieren a Lula. De esos mismos señores uniformados, hombres blancos en trajes grises, que tienen secuestrada la democracia. Saben bien que la dictadura tiene fecha de expiración, que se aproxima una elección, y que tienen hoy tan poca legitimidad que deben recurrir a silenciar con balas las críticas de un liderazgo político emergente que es tan distinto a ellos. A un modelo de representación que es imparable y que solo empieza a emerger. Les aterroriza que haya cientos de Marielle. Que la gente diga no más al miedo y no se limite al voto si no, como Marielle, decida ejercerlo y representar a los más.

A estos señores les caracteriza un racismo y brutalidad que no pueden ocultar. A aquellos que no pueden matar con un balazo en la cabeza, los encarcelan. Y sus acciones son bien recibidas por algunas capas medias caracterizadas por racismo cada vez más abierto, autoritarismo nostálgico y jóvenes movilizándose por la austeridad, como caso inaudito, disparándose simbólicamente a si mismos.  Matando la posibilidad de un futuro.

El Gran Hermano del Norte, cómplice de asesinatos políticos

Las agencias de inteligencia, como la NSA, con operaciones sofisticadas que vigilan sin parar a la élite política del gobierno, oposición y milicia, si se calculan sus capacidades, habilidades y permiso para operar en el país, sabrían perfectamente quién y cómo se planificó el asesinato de Marielle. También lo sabría el Estado, si se considera que el crimen ocurrió a pocos pasos del Centro más sofisticado de vigilancia electrónica y física de Latinoamérica. Solamente una Comisión de Investigación formada por expertos independientes puede tanto dar con los autores intelectuales como exponer la política sistemática de escuadrones de la muerte dedicados a ejecuciones extrajudiciales, que debe instalarse a la mayor brevedad. Con o sin el consentimiento del Estado. Con el apoyo de todos.

Y es que el riesgo que corren Brasil y el resto de América Latina es grande. Es el de la consolidación y reinstalación de los delincuentes uniformados. Un regreso al pasado donde militares y empresarios unidos reprimen hacia dentro con vía libre, siempre que garanticen que ciertos intereses están cuidados. Pero esta vez es más complejo y más peligroso, porque cuentan con herramientas digitales poderosas para reprimir, vigilar, suprimir y manipular como nunca.

Mientras se privatiza y endeuda al país y a la región, y se corta el gasto social, la incertidumbre sobre las elecciones próximas en Brasil impera. En la víspera, están matando la democracia a tiros. Silenciando el escrutinio público. Desplegando miles de soldados en calles hambrientas de justicia y equidad.

De momento, con impunidad imperante y asesinatos políticos, es la democracia de doscientos millones de brasileños la que está enfrente del Batallón 41, suplicando sobrevivir.

Un Estadio Azteca abarrotado, con estrellas Pop, cumbia, alegría que exorcizó al miedo cerraron el pacto entre más de la mitad de los votantes mexicanos, y el nuevo gobierno. Un gigante norteamericano, la décima economía del mundo gira a la izquierda, en la elección más grande de sus tiempos, en la más cara, más difícil, más violenta campaña que jamás haya enfrentado al país. Las opciones de derecha y centro quedaron sepultadas por millones de votos ayer. El hartazgo de muchos logró, por una vez, ganarles a aquellos menos que controlan todos los sistemas, todos los medios, todo el poder.  A aquellos que tienen secuestrado al Estado.  

México gira a la izquierda y lo que importa es el día después de la elección. 

Aprovechando esta atmósfera festiva, miles de ciudadanos organizaron una plataforma no partidista, encaminada al futuro acompañamiento que el nuevo gobierno necesitará, preparando el terreno para enfocar a los mexicanos a unirse en la lucha contra los poderes que tienen capturado al país. Es un movimiento horizontal, centrado en compromisos más que en un líder, al que ya se han adherido figuras visibles, como Lydia Cacho, Gael García Bernal o Alfonso Cuarón. 

La iniciativa “El Día Después” es simple, doce compromisos básicos que invitan a la tolerancia, al respeto, a la ciudadanía activa, que preparan el terreno para sembrar eso que el movimiento al que pertenezco, Diem25, define como desobediencia constructiva, encaminada a la construcción de agendas comunes mínimas, a acciones y propuestas concretas. Así lo estamos haciendo en Europa, así arranca México hoy. 

Para oponerse a las acciones arbitrarias de los poderes que han tenido capturado al país por tanto tiempo, destruir esas estructuras paralelas y a la vez diseñar las instituciones del futuro es necesaria una unidad de acción más allá de los partidos. Una plataforma cívica ante los esperados ataques que el nuevo gobierno tendrá, desde adentro y desde afuera del país, contra esa minoría poderosa y que no quiere que nada cambie. 

El día después, más allá de la frontera 

El efecto de la elección en México impactará, en definitiva, a Latinoamérica, tanto a procesos regionales como mundiales. Este año AMLO debutará en G20, también entrará a gobernar en un período donde el otro gigante de la región, Brasil, cambia de mando, por vías electorales o alternas. Pero sería equivocado pedirle a AMLO que componga la región y el mundo. Creo que esta vez debemos invertir la estrategia.  Con ochenta asesinatos violentos al día y más de cincuenta millones de personas que apenas sobreviven, debajo de la línea de la pobreza, no hay espacio para figuras mesiánicas.  

Los problemas son tan complejos que necesitan esfuerzos transversales y transnacionales, coordinados e inmediatos, también el apoyo y solidaridad internacional. Que el proyecto de Morena funcione y funcione bien en México servirá de mucho más a las izquierdas regionales y globales. 

Que podamos contribuir a que esto funcione será mucho más efectivo y poderoso para un cambio profundo de la forma de hacer política. Tener un ejemplo hacia el cual apuntar. Que podamos, desde nuestros países y de forma solidaria defender que un proyecto votado por más de cincuenta millones de latinoamericanos se respete. Vigilar que el compromiso de Morena se mantenga encarrilado, fiel a las necesidades y los sueños de los más.

Las elecciones son un fragmento mínimo de un esfuerzo colectivo, sus efectos ya no se limitan a un país y es precisamente en recuperar lo colectivo, en recuperar la solidaridad y explorar un nuevo internacionalismo en donde reside la posibilidad de un futuro. La esperanza ha vuelto. Y depende de todos y todas mantenerla. 

“Todas las razones para hacer una revolución están ahí. No falta ninguna. El naufragio de la política, la arrogancia de los poderosos, el reinado de lo falso, la vulgaridad de los ricos, los cataclismos de la industria, la miseria galopante, la explotación desnuda, el Apocalipsis ecológico… no se nos priva de nada, ni siquiera de estar informados de ello.” 

Ahora, Comité Invisible (2017)

Una nube cargada de fuego y ceniza soterró hace pocos días pueblos enteros en Guatemala. La alarma para resguardarse, siguiendo la usual negligencia del Estado, llegó tarde. La evacuación, caótica y precaria, cobró la vida de rescatistas y de pobladores, muchos niños, todos pobres. La vulnerabilidad de la infraestructura hizo puentes colapsar. Las imágenes de un volcán activo, explotando y de ríos de lava y lodo dieron vuelta al mundo y sacudieron al país, que se volcó en esa solidaridad momentánea, en esos momentos de simpatía forzada hacia los más discriminados y excluidos del país que son la excepción a la regla. En una cultura donde únicamente es válido pedir cuando se ha perdido todo. 

Calamidad declarada como el único vehículo para que el  Estado, que sirve a pocos, se active para los más, por instrucción de esos pocos y con beneficio directo a ellos. Ellos, que lucraran con la desgracia una vez más, repitiendo los errores, con carreteras mediocres e infraestructura sobrevalorada, sin licitar. Para los que el Estado no es más que una finca y los muertos pobres, daño colateral. 

El volcán cobró alrededor de 400 vidas en un país donde más de cinco mil personas mueren al año por armas de fuego, donde más de un centenar de niños muere por desnutrición aguda y más de la mitad de niños menores de cinco años vive permanentemente con ella, con daños irreparables al crecimiento y desarrollo humano.  Estado fallido. Desigualdad. Falta de responsabilidad. 

Guatemala está volviendo aceleradamente a un pasado militarizado y represivo. En menos de un mes, siete líderes campesinos han sido ejecutados extrajudicialmente y el discurso del odio hacia los campesinos ha alcanzado niveles similares a los de la guerra.  Las más altas esferas empresariales están involucradas criminalmente en financiamiento electoral ilícito, expuesta su captura de la política del país. El Presidente trata de expulsar a una Comisión Internacional contra la Impunidad que le investiga. Los poderosos de Guatemala piden a Washington salvación construyéndole embajadas en Jerusalem, y poco les importa la indígena guatemalteca ejecutada en la frontera, los miles de niños atrapados en el limbo migratorio. Su política exterior es salvarse a sí mismos. 

En Nicaragua, del otro lado del espectro político pero con pactos idénticos con la misma clase de empresarios, la erupción ha sido distinta, de piedras, barricadas y hartazgo. Por dos meses, y siendo testigos de primera mano de la brutalidad estatal, que ejecutó a sus pares a balazos, los jóvenes universitarios de Managua han pasado de la pancarta a la trinchera, de la indignación a la rabia. Casi doscientos muertos y dos meses de crisis política después, la esperanza de un cambio real de poder se hace distante, y su pedido se diluye, a su causa la secuestran, la desaceleran, la aprovechan los que no ponen los muertos, casi doscientos, casi todos jóvenes desarmados, muchos menores. 

Los actores usuales de la vieja política vuelven a la mesa de diálogo, sofocando las voces que pedían un terremoto que sacudiera desde la base  a ese pacto de élites que lleva más de una década dejándolas fuera. Esta crisis que recuerda a la de Honduras en 2009, larga, lenta, invisible al mundo y con un perdedor predeterminado: el pueblo. 

Hoy, a pesar de la brutalidad y de escuadrones de la muerte sueltos por Managua y Masaya, la presión regional no existe,  las fronteras siguen abiertas y  el comercio circulando. Mientras paramilitares matan a jóvenes de quince años a balazos en el pecho, las élites económicas de la región, cercanas y cariñosas con Ortega, se apresuran a, no importando que pase, se aseguren sus inversiones. 

Será salida negociada de los Ortega o perdones y comisiones estabilizadoras,  elecciones anticipadas en un país donde ha reinado un solo partido. Los estudiantes no serán los que tomen el poder en estas circunstancias. Volverá cada uno a universidades precarias, con sus nombres en ficheros. A una calma negociada como la de Guatemala en 2015. A otro parche en el sistema que solo invita a preparar maletas y migrar. 

La primavera democrática centroamericana está queriendo brotar desde hace cuatro años y a nadie afuera le importa.  En un país de 25 millones de jóvenes precarios, ya solamente la contiene ese pacto cerrado entre gobierno, empresarios e iglesia. Y no encuentra apoyo en una izquierda local marchita que defiende slogans desteñidos y vacas sagradas. Que se rehusa a abrir espacios, formar y apoyar nuevos liderazgos, que falló en aceptar errores, renovarse, formar a dos generaciones. Que aún endosa toda culpa a ese “Imperio” al que la región le importa cada vez menos. 

¿Cuál es la via ahora? es urgente activar redes de solidaridad internacional, desde el Sur, desde Europa, desde todos lados,  que giren la mirada hacia allá, que apoyen la lucha desde la base,  que formen a los nuevos líderes. Es importante para los movimientos sociales globales poner a los pequeños países en el mapa y ofrecer a esta nueva generación de líderes, el apoyo, la guía y la posibilidad de construir una agenda internacionalista en donde sus sueños quepan. Reconocerles como el cambio necesario. De nada sirve solidarizarse con los pequeños migrantes separados de sus padres si no se activa un cambio real en el lugar más desigual y violento de la región, en Centroamérica, en un lugar que poco le falta para explotar. 

Sin esto, lo que sigue, es lo de siempre. Las élites, tanto de Guatemala como de Nicaragua están peregrinando a Washington a suplicar intervenciones, a pedir que gobierne por delegación lo ingobernable. Pero a esta administración le importa cada vez menos el trópico caótico. De toda la región, solamente en Panamá hay Hotel Trump.

Si una palabra caracteriza a la “Era Trump” es la incertidumbre, y su política de comercio exterior no es una excepción. El modelo de tratados de libre comercio colapsó, El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) está muerto, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) y el Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA) están estancados, por lo que predecimos el retorno de los actores principales del comercio mundial hacia la Organización Mundial del Comercio (OMC), como un foro estable y predecible para promover su agenda global, y especialmente avanzar en la regulación del comercio electrónico a nivel mundial.

El comercio electrónico será uno de los temas centrales durante la Conferencia Ministerial de la OMC (MC11) a celebrarse en Argentina el próximo mes de diciembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, la nación anfitriona tanto de la MC11 como de la próxima reunión del G20 en 2018, ha descrito el comercio electrónico como “un componente esencial para el futuro del comercio exterior, para así reducir la desigualdad, mejorar la igualdad de género y dar el salto hacia una economía del siglo XXI”.

De hecho, tanto Estados Unidos como otros países desarrollados se han embarcado en la misión de promover el comercio electrónico desde el mes de julio de 2016, dictando los términos del mismo y lanzando un llamamiento a los miembros de la OMC para remover cualquiera de las llamadas 'barreras comerciales' al mismo. Uniendo esfuerzos con un grupo de países en desarrollo, están determinados a asegurarse de que los países miembros, durante la Ministerial en Argentina, aprueben un mandato para que la OMC regule el tema, a pesar de la oposición expresada por los países africanos y la India.

Si este movimiento estratégico tiene éxito en la Ministerial de Buenos Aires, los 164 miembros de la OMC empezarán aceleradas negociaciones sobre un acuerdo de comercio electrónico. ¿Y el interrogante que nos surge es si ésta será la oportunidad para avanzar hacia una agenda de derechos digitales y conectividad o más bien nos dejará con estándares aún más bajos de protección, y un mercado casi monopolizado, que además se beneficia y lucra de nuestra infraestructura pública?

La retórica de oportunidades para los excluidos –conectar al próximo billón– suena fantástica únicamente si se desconecta de la realidad de la economía global, donde los acuerdos comerciales presionan para desregular, acordar estándares aún más bajos de protección de los datos personales y la privacidad de los ciudadanos, una agresiva persecución de los delitos contra el derecho de autor y la inclusión de medidas electrónicas para proteger intereses de la industria de contenidos, aun arriesgando la seguridad de nuestros aparatos. Los grandes monopolios y los gigantes tecnológicos, Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFA, por sus iniciales), establecidos en EEUU, serían los ganadores que se llevarían todos los beneficios de un acuerdo de esta índole.

Hasta el momento, aunque tanto países en vías de desarrollo como la sociedad civil se oponen a que esta negociación se lleve a cabo, estos carecen de una contrapropuesta, de una agenda digital consensuada desde su perspectiva. Los mercados de comercio electrónico en países en desarrollo no están listos, se quedan atrás tanto en competitividad como en habilidades. Los encargados de negociar las políticas de comercio exterior en dichos países no están suficientemente informados de los detalles altamente técnicos y complejos, incluidos en las propuestas.

Por su parte, tanto las organizaciones de la sociedad civil como los activistas de derechos digitales están poco preparados para hacer frente a los retos de una negociación sobre comercio electrónico, que será compleja, con avanzada terminología técnica y precisiones que afecten a la manera en que se ejercen los derechos digitales, tanto técnica como legalmente, en cuanto al régimen actual de protección de los mismos.

La agenda de comercio electrónico de la OMC es inevitablemente compleja: incluye reglas de largo alcance sobre la provisión digital a través de fronteras, afectando a la regulación de privacidad, la protección de datos, la de los consumidores, la ciberseguridad, la neutralidad en la red y los nuevos mecanismos de protección de la propiedad intelectual en el entorno digital. Todo esto impactará inevitablemente en la regulación de cada nación de Internet, su infraestructura global, así como el derecho de los gobiernos a implementar regulaciones y políticas públicas adecuadas para proteger la libertad y apertura de la misma.

Aún desconocemos a dónde nos llevará la próxima ola de avances tecnológicos, y las direcciones que la economía digital tomará. Dado este incierto panorama, negociar en el ámbito de la OMC un tratado vinculante que imponga nuevas protecciones comerciales, por encima del interés público y las protecciones actuales a los derechos digitales, que ya de por sí son muy limitadas, podría tener un efecto horizontal devastador en países en desarrollo, erosionando aún más estos y limitando libertades esenciales para la innovación digital.

Nunca antes una negociación sobre comercio exterior tuvo un número tan reducido de beneficiarios. No hay que equivocarse, la discusión que tendrá lugar, contando con la poca preparación de los países del sur, afectará todos y cada uno de los ámbitos, desde el gobierno hasta la salud pública, desde la visión de desarrollo hasta las políticas de innovación, extendiéndose más allá de la temática de comercio.

Tenemos que organizarnos ante esta cuarta revolución industrial, que tiene a los datos, especialmente a los datos personales, su colección y control, en el centro de su modelo. Los “Grandes Señores de los Datos”, esos que poseen el poder computacional que les permite desarrollar productos y servicios gracias al aprendizaje automático y la inteligencia artificial, quieren asegurarse de que no exista legislación nacional, normas que regulen la competencia, regulación de privacidad o de protección a los consumidores que interfieran con sus planes y que sean una disrupción para la libre circulación de datos, su materia prima.

Disfrazando sus intenciones como un apoyo para el acceso y la asequibilidad de Internet, estos cuasi monopolios quieren que todas las personas se conecten tan rápido como sea posible. Ofreciendo oportunidades de crecimiento económico, ellos quieren desplegar y concentrar todo el poder de mercado en sus plataformas, sistemas y contenido en todo el mundo. Buscarán codificar y automatizar sanciones en la tecnología misma, buscarán borrar las barreras y fronteras para la extracción de datos, así como eliminar la posibilidad de los gobiernos locales y nacionales de proteger los datos de sus ciudadanos, calificando cualquier intento en esa dirección como una “barrera comercial”.

Las disputas sobre cómo y cuánto deben ser protegidos los derechos fundamentales se discutirán por cortes comerciales, supranacionales, mientras que industrias locales, que no cuenten con los avances que provee la inteligencia artificial, no podrán competir, lo que derivará en desempleo local.

Si no estamos vigilantes, estaremos consolidando rápidamente una colonización digital, un régimen neo feudal, donde todas las reglas están dictadas por los gigantes tecnológicos, para ser acatadas por todos los demás.