El vertiginoso avance de la crisis del clima y los desastres asociados obliga a un número creciente de personas en el mundo a abandonar su hábitat. Cada año, las organizaciones que se ocupan del desplazamiento dan a conocer nuevas cifras récord. Basta revisar los datos para darse cuenta del peligroso tobogán por el que nos deslizamos, para el que no habrá, si no reaccionamos, un suave aterrizaje, sino un brusco choque. Tres fuentes de datos ponen de manifiesto preocupantes tendencias en marcha sobre el desplazamiento forzado.

Primera, las cifras de ACNUR dan una pequeña muestra de estas perspectivas: si en 2018 ACNUR atendía a 70,8 millones de personas, a mediados de 2019 ascendían a 79,4 millones. Si observamos un periodo más amplio, el desplazamiento forzado –incluyendo tanto refugiados como desplazados internos– prácticamente se ha duplicado entre 2009 y 2018, de 43,3 millones de personas en 2009 a 79,4 millones hasta mediados de 2019.

Segunda, las cifras de desplazamiento forzado interno que facilita el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC). Este fenómeno registró un serio aumento (19%) en 2019, hasta 33,4 millones de personas, derivado tanto de conflictos como de desastres. Resulta aún más preocupante que el desplazamiento interno forzado por desastres se disparó un 44% (24,9 millones de personas) en solo un año, y un 48% si atendemos a los desastres vinculados al clima (23,9 millones).

La COVID-19 nos ha mostrado que ningún país está a salvo de los desastres globales, aunque afecte de forma muy diferenciada a distintos territorios y clases sociales. Una lección que bien puede aplicarse a los efectos de la emergencia climática. Este mapa, publicado en el último informe del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC), muestra las zonas donde se produjo desplazamiento forzado por desastres en 2019. Aunque el desplazamiento forzado por desastres en 2019 castigó especialmente al Sur de Asia y Sudeste asiático-Pacífico, los desastres que causaron desplazamientos están repartidos por todo el planeta, y el “primer mundo” no se libra de sus efectos. De hecho, EEUU es el quinto país más afectado por desplazamiento interno debido a desastres, con casi un millón de personas (por delante están India, Filipinas, Bangladesh y China, todos ellos con más de 4 millones de desplazados forzosos). España empieza también a experimentar el desplazamiento forzado, 23.000 personas en 2019, según IDMC. A principios de 2020 vimos como el temporal Gloria se tragaba buena parte del delta del Ebro.

Y tercera, un reciente estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), “Future of the human climate niche”, del que se ha hecho eco la prensa (Climática-La Marea, La Vanguardia y The Guardian), resalta que el agravamiento de la crisis climática sitúa al límite de habitabilidad más territorios. En el próximo medio siglo una amplia franja del planeta, que abarcará el 19% de las tierras emergidas (frente al 0,9% actual), será prácticamente inhabitable por el aumento de temperatura. Como consecuencia, se verían afectadas entre 1.500 millones y 3.500 millones de personas, dependiendo de si se adoptan medidas de mitigación o se mantiene un escenario de business as usual.

El artículo analiza las condiciones climáticas en las que la humanidad ha habitado en los últimos 6.000 años que son sorprendentemente estables –la mayoría de la población habita en zonas con una temperatura media de 11-15ºC y una parte menor en zonas con 20-25ºC de media–. Pero según las proyecciones de los autores, hasta un tercio de la población mundial podría experimentar en 2070 una temperatura media de más de 29ºC, semejante a las zonas más tórridas del Sahara. La población tendrá que hacer frente a aumentos de temperaturas de 7,5ºC, ya que aunque el aumento medio de la temperatura del planeta sea menor, la superficie terrestre se calienta más rápido que los océanos.

Hasta ahora ha sido difícil ofrecer una cifra consensuada de las proyecciones del desplazamiento forzado en las próximas décadas. Distintas fuentes académicas o institucionales han sugerido entre 200 y 1.000 millones de personas. El artículo de PNAS perfila unas perspectivas si cabe más preocupantes y los datos que ofrece resultan ilustrativos para conocer en qué magnitudes nos movemos y en qué medida determinadas políticas en un sentido u otro pueden aliviar o agravar la situación.

Las implicaciones de estos datos tienen una especial relevancia en el contexto del desplazamiento forzado, especialmente teniendo en cuenta que entre los países más afectados por el aumento de temperatura figuran India, Nigeria, Pakistán, Indonesia, todos ellos con elevada población.

No obstante, los autores del artículo son muy cautos a la hora de cuantificar el movimiento de población. Que haya hasta 3.500 millones de personas afectadas no significa que vayan a migrar en su totalidad. En la migración intervienen diversos factores que interactúan de forma compleja y generalmente la movilidad se utiliza como última opción. Solo si se superan ciertos umbrales críticos la migración podría dispararse.

Hay que tener en cuenta que la inhabitabilidad de algunos territorios por la subida de temperaturas es solo uno de los factores que puede forzar al desplazamiento; hay que añadir los desplazados por la subida del nivel del mar –recordar que las 50 mayores ciudades costeras albergan al 10% de la población mundial–, por fenómenos súbitos y por la pérdida de hábitat debido a otros factores.

Para complicar más las cosas, aún debemos añadir, al menos, otros dos elementos a este escenario: el primero, la ausencia de una legislación internacional que ofrezca cobertura jurídica a quienes se ven desplazados forzosamente de sus territorios. La Convención vigente de refugio y asilo, de 1951, ampara solo a quienes huyen de conflictos o persecución política y cruzan fronteras internacionales. Pero, y aquí aparece el segundo elemento, hay una tendencia creciente en los países post-industriales a blindar sus fronteras a los flujos de población. Si se escamotearon responsabilidades incluso a solicitantes legítimos de refugio y asilo como sin duda fue la población que huía del conflicto en Siria en 2014-2015, ¿qué puede ocurrir a quienes se ven forzados a desplazarse por desastres climáticos?

Aunque en el caso de los fenómenos súbitos, como un huracán, resulta claro el vínculo causa-efecto, es más difícil establecer la causa raíz del desplazamiento en otros fenómenos de desarrollo lento, como las sequías o la subida del nivel del mar. Ante el cierre prácticamente total de fronteras en la mayoría de los países ricos, gran parte de quienes se desplazan acaban contando como “migrantes”, una categoría cada vez más criminalizada que desemboca en enormes cifras de migrantes “ilegales”, los sinpapeles.

Las tendencias en marcha apuntan a una aceleración del desplazamiento forzado en las próximas décadas si no se actúa ya para frenar las causas del calentamiento del planeta. A la vista de las dinámicas en marcha, ¿seremos capaces de abandonar el business as usual y abordar de raíz la emergencia climática? ¿Lograremos frenar la dinámica de quienes se ven obligados de dejar sus hábitat? ¿Cómo se va a tratar a los cientos o miles de millones de desplazados forzados en las próximas décadas? El signo de las políticas que se adopten marcará, sin duda, si transitaremos a marcos de convivencia y cohesión social, o a mayor fragmentación, crispación y conflicto. Ahora nos toca decidir.

Entre la barricada y el nuevo mundo ¿Qué entendemos por contrapoder?

El principal rasgo que tiene el ejercicio del poder es que irremediablemente genera resistencias, como de forma minuciosa estudió Foucault. No hay sociedades armónicas: los conflictos de intereses entre distintos grupos sociales son una constante a lo largo de la historia y probablemente son el principal motor del cambio en nuestras sociedades. El contrapoder aparece como el mecanismo de acción colectiva por el que los agravios padecidos por los grupos sociales subordinados u oprimidos se politizan, ya sea en forma de rebeldías silenciosas que perviven latentes en la vida cotidianai o mediante desafíos declarados abiertamente en la esfera pública.

La noción de contrapoder ha sido siempre ambivalente: por un lado, se define de forma negativa, por su capacidad de decir NO y obstaculizar el desarrollo de la agenda de las élites hegemónicas; por otro, transmite una potencia autoafirmativa, una capacidad de decir SÍ y de desplegar nuevas sensibilidades, deseos, formas de organizarse y estilos de vida alternativos. El poder destituyente y el poder constituyente conviven como las dos caras inseparables de una misma moneda.

Nuestros automatismos cognitivos tienden a asociar las luchas sociales a imágenes de revueltas, masivas movilizaciones y épicas insurrecciones. Episodios donde se escenifica el conflicto, que llevado al terreno urbano encontraría en la barricada su arquitectura mitológica. ¿Y si frente a la barricada pensáramos el contrapoder desde un espacio como un huerto comunitario? Hablaríamos de defender la existencia de espacios donde cuidar la vida de las comunidades locales y las plantas, de cultivar alimentos y cosechar relaciones sociales, de ecosistemas barriales y ambientales amenazados por el mercado y las políticas urbanas. Emmanuel Lizcanoii solía afirmar que las metáforas y los imaginarios nos piensan, inconscientemente conforman nuestros patrones de pensamiento, lo que en nuestro caso puede llevarnos a concebir el conflicto social de una forma excesivamente mecánica. El contrapoder queda reducido a un largo proceso de acumulación de fuerzas y hegemonía capaz de enfrentarse exitosamente al poder establecido; hasta que el “empate catastrófico” al que se refería Gramsci se rompe y el contrapoder se convierte en un nuevo poder legítimo.iii

Pensemos en el movimiento obrero con sus sindicatos y partidos, cooperativas de consumo y trabajo, mutualidades, periódicos y revistas, escuelas populares, ateneos y bibliotecas, casas del pueblo, coros, bandas de música, clubs excursionistas, grupos de teatro, asociaciones de mujeres, redes de apoyo mutuo en los barrios… y encontraremos un verdadero mundo que funcionaba según sus principios y reglas. Una constelación de instituciones sociales donde se generaba una sociabilidad, se ensayaban mecanismos de solidaridad, se reproducía una cultura y unos estilos de vida autónomos del poder. ¿No parece un reduccionismo pensar que esta compleja multiplicidad rebosante de vida era un mero ejercicio de acumulación de fuerzas en espera del día de la revolución?

Nos interesa el contrapoder en la medida en que hace referencia a habitar un conflicto sin estar obsesionado por la confrontación, en la medida en que reconoce un gesto de desafío radical en la construcción de nuevas relaciones sociales.

Así, ponemos el énfasis en la dimensión afirmativa y constituyente del contrapoder, rastreando experiencias capaces de transformar nuestras ciudades, la vida de las personas y que simultáneamente promuevan cambios radicales a pequeña escala. Seguimos la estela de las utopías reales investigadas en medio mundo por Erik Olin Wright,iv donde lo pragmáticamente posible no es independiente de nuestra imaginación, sino que, al contrario, toma forma a partir de nuestras visiones sobre la realidad y nuestras formas de habitarla de forma diferente. Igual que los esclavos fugados en Brasil fundaban asentamientos escondidos en medio de la selva, conocidos como quilombos, en nuestras junglas de asfalto también existe un amplio abanico de modestos contrapoderes ocultos, infravalorados e invisibilizados. Un ejemplo de ellos son los huertos comunitarios.

Sembrando el cambio en las plazas

El derrumbe financiero iniciado en 2008 supuso el final del espejismo de un modelo de crecimiento económico progresivamente desvinculado de la satisfacción de las necesidades sociales. Las ciudades han concentrado los dramáticos impactos socioeconómicos, que han dado lugar a una fuerte pérdida de cohesión social.

En las acampadas que a partir de 2010 se replicaron por las grandes ciudades de todo el mundo, desde la plaza Tahrir hasta la Puerta del Sol, desde Occupy Wall Street hasta Gezi Park, se escenificó ese contrapoder ciudadano, que exigía un mayor grado de democracia y se levantaba contra las políticas austericidas.

La narrativa oficial de la crisis comienza a ser cuestionada en la esfera pública del Estado español de la mano del 15M en 2011, inaugurando el ciclo de acción colectiva más intenso de nuestra historia reciente. Las acampadas y asambleas configuraron microciudades a escala en el corazón de la gran ciudad, una suerte de anteproyectos de otras ciudades posibles, generando una nueva atmósfera más proclive al cambio social.v Frente al urbanismo de la austeridad emerge desde la sociedad civil un urbanismo cooperativo; intensivo en capacidad de innovación para solucionar problemas, en protagonismo ciudadano y en formas más democráticas de entender lo público, que se ha plasmado en una variedad de luchas; y producen lugares desde los que reconstruir nuevas relaciones sociales y prácticas. Vivir de otra manera implica la construcción material de otras territorialidades, donde, aunque sea a pequeña escala y de forma fragmentaria, resulta posible reproducir otros patrones de relación entre las personas y de estas con su entorno.

La agricultura urbana se ha convertido en una herramienta de denuncia de la especulación y de reivindicación de una nueva cultura del territorio, a la vez que ha posibilitado crear alternativas sociales y económicas ligadas a una amplia diversidad de actores y colectivos sociales, desde colectivos ecologistas a asambleas de parados, de asociaciones vecinales a redes de solidaridad popular.

Igual que otros movimientos sociales críticos, los huertos comunitarios han encuadrado sus reivindicaciones bajo el paraguas del derecho a la ciudad,vi vii entendido no como una demanda legal traducible al lenguaje jurídico, sino como el derecho de la ciudadanía a intervenir en la ciudad, a construirla y a transformarla. El movimiento de agricultura urbana visibiliza y plantea cuestiones que van más allá de los huertos, llamando a participar y corresponsabilizarse en la forma de habitar y gestionar los recursos situados más allá de los límites urbanos y que son imprescindibles para la subsistencia de las ciudades en un contexto de crisis socieocológica, que ejemplifica el colapso climático y la crisis energética.

Otro de los pilares que sustentan los imaginarios y prácticas del movimiento de agricultura urbana es la noción de bienes comunes. Desde su origen, estos proyectos se definieron como bienes comunes urbanos, que reactualizan y adaptan al contexto urbano las prácticas tradicionales de gestión comunitaria de bienes naturales y recursos estratégicos necesarios para la reproducción de las comunidades.viii

Agroecología, autogestión y articulación social constituyen los tres rasgos que definen el trabajo de los huertos comunitarios a escala local, donde cultivan alimentos y cosechan relaciones sociales. Se trata de experiencias muy visibles y atractivas, al estar en el espacio público, y muy activas a la hora de relacionarse con otros proyectos (centros sociales, asociaciones vecinales, grupos de consumo, colectivos ciclistas, asociaciones educativas y colegios, por mencionar algunas), lo que les convierte en regeneradores de los tejidos sociales locales.

Además de su actividad inmediata, los huertos urbanos prefiguran futuros urbanos deseados, proyectando la necesidad de barrios más participativos y convivenciales, así como una mayor implantación del ecourbanismo (movilidad sostenible, proximidad, energías renovables, compostaje y cierre de ciclos).

Estos proyectos están insertos en múltiples redes de movilización a escala urbana, pero también a escala translocal, vinculadas con la participación ciudadana, la soberanía alimentaria y la agroecología. El fin último es trascender su propia territorialidad barrial para integrarse en un movimiento amplio, al vincular estas islas a otras, de modo que se logren consolidar archipiélagos en expansión que desborden la institucionalidad establecida y las prácticas dominantes.

¿Y si los frutos son las semillas?

Los huertos comunitarios articulan localmente una pluralidad de sensibilidades, demandas y reivindicaciones (ambientales, vecinales, políticas, relacionales), a la vez que ponen en marcha procesos de autogestión a nivel barrial, que enfatizan la participación directa, la apropiación espacial, la reconstrucción de identidades y la corresponsabilidad colectiva de las comunidades en distintos asuntos que les afectan. Estos ejercicios de microurbanismo expresan una disconformidad con el modelo dominante de ciudad y los estilos de vida que induce.

Un contrapoder habitable es el que permite vivir en el presente los mayores rasgos de la vida a la que aspiramos en el futuro, un proceso de transformación inmanente irreductible a cálculos estratégico de las acumulaciones de fuerzas y de las revoluciones irreversibles. El anarquista Paul Goodman solía plantear: “Supongamos que hemos tenido la revolución de la que hablábamos y con la que soñábamos. Supongamos que nuestro bando ha ganado y que tenemos la clase de sociedad que queríamos. ¿Cómo vivirías, tú personalmente, en esta sociedad? Empieza a vivir de esa manera ahora”. Y es que como reza un mural de un huerto madrileño: “Una huerta no cambia el mundo; cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. El reto para estos proyectos es mantener sus aristas más políticas sin perder su capacidad transformadora.

Una versión más extensa de este artículo forma parte del informe Contrapoder. Estado del poder 2018, editado en castellano por Transnational Institute (TNI) y FUHEM Ecosocial.

i Scott, J. C. (2000) Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos. México D.F.: Ediciones Era.

ii Lizcano, E. (2009) “Narraciones de la crisis: viejos fetiches con caras nuevas”, Archipiélago, núm. 83-84, Madrid.

iii Citado en García Linera, Á. (2008) “Empate catastrófico y punto de bifurcación”, Crítica y emancipación: Revista latinoamericana de Ciencias Sociales Año 1, no. 1 (jun. 2008). Buenos Aires: CLACSO.

iv Wright, E. O. (2014) Construyendo utopías reales, Madrid: Akal.

v Fernández Casadevante, J.L. y Morán, N. (2015) Raíces en el asfalto. Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana. Madrid: Libros en acción. https://raicesyasfalto.wordpress.com/

vi Lefebvre, H. (1978 [1969]) El Derecho a la ciudad. Barcelona: Península.

vii Harvey, D. (2008) “The right to the city”, New Left Review 53, septiembre-octubre.

viii Ostrom, E. (1990) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.

Los foros y cumbres en torno al cambio climático, como el I Foro por el Clima celebrado en el Congreso de los Diputados en diciembre pasado, y los efectos cada vez más visibles del cambio climático han ido creando una conciencia en nuestras sociedades de la responsabilidad de las actividades humanas en la generación del calentamiento global y sus consecuencias desiguales e injustas sobre diferentes grupos sociales. Mucha menor visibilidad reciben otro tipo de actividades económicas humanas, aunque con impactos tan graves y más inmediatos que el cambio climático: la extracción acelerada de energía y materiales.

La actividad extractiva abarca desde la minería a gran escala a la agricultura industrial de monocultivos, pasando por la tala de madera para la exportación en bosques originarios, la construcción de presas que anegan enormes espacios o infraestructuras de transporte que fracturan el territorio hasta lo más profundo de las selvas, y, por supuesto, la extracción de petróleo y gas, motivo de conflictos e invasiones aún en el siglo XXI. En estas actividades desempeñan un papel muy destacado las empresas transnacionales, que operan arropadas por los estados.

Las actividades de extracción han alcanzado tales dimensiones, ritmo y expansión en todo el mundo que se ha acuñado un término para describirlo: extractivismo. Según Eduardo Gudynas, el extractivismo es «una combinación simultánea de tres características: el volumen e intensidad de la extracción de bienes naturales; su aplicación a bienes sin procesamiento o muy escaso en el lugar de extracción; y su destino mayoritario a los mercados globales». Aunque esta expresión se refiere en su origen a explotaciones minera y petroleras, actualmente incluye también los monocultivos de exportación, la extracción forestal y pesquera e incluso, bajo ciertas circunstancias, el turismo de masas.

El extractivismo actúa a través de tres estrategias o dinámicas que se retroalimentan: búsqueda constante de nuevos espacios de extracción; vaciado de territorios y expulsiones; y empleo de nuevas tecnologías de extracción de hidrocarburos para acceder a “recursos no convencionales”. Es la otra cara de la sociedad consumista que no suele aparecer en las noticias.

Por más que en la era digital se nos hable de digitalización y desmaterialización de la economía, sin embargo, el extractivismo no deja de crecer. Parece que olvidamos con demasiada facilidad que nuestros cachivaches tecnológicos consumen no solo energía (eléctrica), sino abundantes materiales escasos. El coltán es el más conocido, pero hay otros. Además, en el propio proceso de extracción, procesado y fabricación se consumen ingentes cantidades de energía y preciosos recursos irremplazables como el agua.

El físico Eric Williams, uno de los académicos que más contribuye hoy a desvelar esta cara oculta de las TIC, mostraba, en un estudio elaborado para la ONU junto con Ruediger Kuehr, cómo la fabricación de productos electrónicos es altamente intensiva en el uso de recursos naturales, superando con creces a otros bienes de consumo. Según sus cálculos, la fabricación de un ordenador de sobremesa requiere al menos 240 kg de combustibles fósiles, 22 kg de productos químicos y 1,5 toneladas de agua. El peso en combustibles fósiles utilizados supera las cien veces el peso del propio ordenador, mientras que por ejemplo, para un coche o una nevera, la relación entre ambos pesos −de los combustibles fósiles usados en su fabricación y del producto en sí− es prácticamente de uno a uno.

La mayor parte del extractivismo se produce en los países del Sur y en lugares remotos (física o simbólicamente) del Norte, donde todavía queda espacio natural que explotar en una nueva versión de la división internacional del trabajo, con unos países y grupos sociales tanto en el Norte como en el Sur que consumen los bienes y otros que habitan los “territorios de sacrificio” o que contribuyen con su empleo precario en la extracción y producción de los bienes de consumo.

El extractivismo genera graves impactos de contaminación en los ecosistemas en forma de contaminación de suelos, agua y atmósfera, que afecta a la salud de las poblaciones y destruye sus medios y formas de vida. En los casos más graves, el extractivismo genera vastas extensiones de tierras muertas -y también aguas oceánicas-, ya sin capacidad de autorregeneración. Estos procesos hacen inhabitables muchos lugares, lo que obliga a sus habitantes a marcharse rumbo a las ciudades o incluso más lejos. Son las microexpulsiones a las que se refiere Saskia Sassen. Resulta difícil determinar cifras de los expulsados y expulsadas por el extractivismo, un goteo imparable desde hace décadas, pero puede ayudar un dato orientativo: 60 millones de personas emigran anualmente a las grandes urbes de todo el mundo; ellos conforman el grueso de los habitantes de las villas miseria, slams, o suburbios que se expanden en el Sur global, que conforman el 78% de la población que vive en las ciudades de los países menos desarrollados, y sigue en aumento.

Pero antes de que se produzcan tales desplazamientos, son muchos los que deciden resistir a la actividad de las trasnacionales, desde pequeñas colectividades de campesinos a comunidades indígenas, que se oponen a la desposesión de sus tierras, a la contaminación de sus ríos, a la destrucción de sus medios de vida y la desaparición de sus modos de organización social, a menudo situados en los márgenes de la economía capitalista. Estas resistencias se conocen como conflictos socioecológicos, que son la expresión de los enfrentamientos en torno al acceso y uso de los bienes naturales, así como el reparto de los costes asociados al proceso y la eliminación de residuos. Estas disputas constituyen una parte cada vez más importante de la conflictividad global. Algunas de estas luchas han alcanzado las noticias de todo el mundo: la guerra por el agua de Cochabamba, las luchas del movimiento Chipko (India) en defensa de los bosques, la larga resistencia de los ogoni en Nigeria contra los impactos de la extracción petrolera de la Shell son algunos ejemplos de una larga lista de resistencias que no paran de multiplicarse a medida que el acceso a los recursos escasea y avanza el deterioro ecológico del planeta.

La asimetría entre los agentes de estas luchas, a menudo protagonizadas por pequeñas comunidades que resisten a poderosas transnacionales y el hecho de que muchas veces se produzcan desconectadas unas de otras incentiva el abuso de poder por parte de estados y trasnacionales, que literalmente arrasan la resistencia con mil estratagemas, desde las estrategias de desgaste a base de desacreditar y difamar a los activistas, su criminalización y aplicación de leyes ad hoc -como leyes antiterroristas o la acusación de incitar a la violencia por convocar manifestaciones- o la no aplicación de la legislación nacional e internacional de protección de comunidades indígenas o protección de defensores de derechos humanos y del medio ambiente, su persecución legal, secuestros, asaltos sexuales hasta el asesinato, tristemente cada vez más común.

La muerte de Berta Cáceres en 2016 dio la vuelta al mundo y puso en las agendas un modo de proceder que los activistas y defensores del medio ambiente llevan sufriendo mucho tiempo: el acoso y agresión de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares y de seguridad privados. Más recientemente los casos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel en Argentina han mostrado que no se trata de casos aislados, sino de una forma de hacer que se va normalizando en nuestro tiempo. Las muertes no paran de incrementarse: 116 en 2014; 185 en 2015; 200 en 2016, y 117 entre enero y agosto de 2017 son las cifras de los casos comprobados, pero hay muchos más. Tres cuartas partes de los asesinatos se producen en América Latina, con especial incidencia en Brasil y Colombia. Filipinas es otro punto negro para quienes defienden el medio ambiente. Las mujeres, que cada vez están más presentes al frente de estas luchas, reciben gran parte de la represión y la persecución. Mientras los activistas defienden el medio ambiente incluso con su vida, los perpetradores permanecen en su inmensa mayoría en la impunidad. En el contexto del Estado español, la campaña Defender a quien defiende pretende concienciar y revertir esta situación.

A medida que el capitalismo senil se desprende de sus máscaras y afila sus uñas para enfrentar tiempos más complejos de crisis ecológica y social, se hace cada vez más evidente el desdén por la legalidad nacional e internacional más protectora y endurecen las leyes de control social mientras se ponen a punto acuerdos internacionales y la legislación necesaria para allanar el camino sin ningún tipo de traba a las trasnacionales. En este contexto, si no se revierten las actuales tendencias no habrá mediador capaz de frenar o resolver los conflictos socioecológicos y sus graves impactos porque son luchas por asegurar unas mínimas condiciones de vida (del ecosistema y de las sociedades), algo que está cada vez más en disputa en el capitalismo del desastre. Solo la recuperación de la función protectora de las ciudadanías por parte del Estado y las instituciones internacionales, junto a una decidida regulación para limitar las actividades extractivas y las abusivas prácticas de las trasnacionales puede reencauzar esta situación.

Hace apenas unos días conocimos el desprendimiento de un iceberg gigante del casquete de la Antártida que nos recuerda por enésima vez que algo anda muy mal en el ecosistema planetario. La larga trayectoria de mercantilización de la naturaleza y privatización de bienes comunes ha cobrado especial intensidad en las últimas cuatro décadas. Durante esta etapa, el neoliberalismo actúa despolitizando cuestiones políticas y presentándolas libres de ideología, como si fueran problemas neutros que precisan soluciones técnicas. Y así está ocurriendo en el tratamiento del cambio climático. Las élites están presentando la desestabilización del clima como un problema estrictamente ambiental ‒climático‒, prácticamente como si resultara inevitable, como una catástrofe natural más que tan solo precisa de una adaptación. Pero este planteamiento esconde una parte importante de la realidad. Es cierto que la crisis climática entraña elementos técnicos derivados de un exceso de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, sumidero natural ahora saturado. Pero junto a ellos aparecen de forma inseparable aspectos políticos. De ahí que resulte crucial cómo se está enmarcando y definiendo la cuestión climática, porque de ello dependerá la forma de encarar el calentamiento global y las respuestas que se van a ofrecer.

En primer lugar, el calentamiento global tiene raíces antropogénicas, es decir, está causado por las actividades humanas. El análisis de las causas del fenómeno nos remite a un modelo de sociedad altamente dependiente de los combustibles fósiles que se gestó en Europa a partir de la revolución industrial. Pese a algunos tímidos esfuerzos, las emisiones crecen a un ritmo cada vez más rápido, lo que ya va a causar un aumento irreversible en la temperatura del planeta. Nuestras decisiones inmediatas se mueven en un estrecho aunque fundamental margen de maniobra que determinará si ese aumento es de 2 ºC (escenario manejable), o llega hasta los 6 ºC (escenario catastrófico).

Esto apunta al carácter profundamente político del fenómeno en el que, lejos de existir una responsabilidad genérica de todos y todas, el desafío climático remite a responsabilidades bien diferenciadas e impactos también desiguales: ni las responsabilidades por la generación del fenómeno son equiparables ni las sociedades y grupos sociales son igualmente vulnerables. De hecho, se establece una relación inversa entre responsabilidad y vulnerabilidad en la que aquellos más responsables por la generación del problema son los menos vulnerables.

Y tal escenario nos conduce a un segundo elemento. Dependiendo de en qué términos sociopolíticos se defina el cambio climático, nos jugamos qué marco de derechos y libertades se implantará en las próximas décadas: si sale adelante un modelo securitario y corporativo, podríamos fácilmente deslizarnos hacia escenarios de corte ecofascista, en los que unos se atrincheren acaparando los recursos disponibles, mientras otros queden expuestos a las inclemencias climáticas y con graves carencias de acceso a recursos básicos como el alimento o el agua.

El cambio climático está ya deteriorando nuestros suelos y derritiendo glaciares, algo que impactará en la disponibilidad de recursos básicos. A la vez, se ha introducido en el imaginario la idea de escasez, lo que nos lleva al tercer elemento. La crisis climática se plantea en términos de conflicto, un conflicto de carácter político y socioecológico ‒o ecológico-distributivo, si se prefiere. Sin embargo, no se trata del conflicto de corte hobbesiano de todos contra todos en lucha por unos recursos escasos, como nos quieren hacer creer. El conflicto se sitúa en otra parte. En el capitalismo del desastre se están consolidando dos categorías de personas: los que están a salvo y los que están expuestos a la desestabilización climática, es decir, privilegiados y desposeídos.

En uno de los juegos de prestidigitación del gusto de las élites, el cambio climático está viviendo su abracadabra por obra de los ejércitos y las corporaciones, con la colaboración necesaria de grupos políticos en el poder. Un libro singular editado por Nick Buxton y Ben Hayes, Cambio climático S.A., publicado por FUHEM Ecosocial, perfila estos procesos y explica cómo las élites utilizan el cambio climático como el siguiente motivo de temor. Diversos informes militares y políticos de gobiernos y de instituciones supranacionales presentan la crisis climática como un problema creciente de seguridad y lo califican de «multiplicador de amenazas», lo que alude al supuesto de que, inevitablemente, se dispararán hostilidades. Sin duda, pintar un mundo cruzado de amenazas catastróficas facilita que la gente renuncie voluntariamente a parcelas de sus derechos y libertades a cambio de un poco de seguridad, seguridad que el complejo militar-industrial se ofrece a brindarnos gustosamente.

Sin embargo, estas respuestas militarizadas, lejos de resolver el problema, lo profundizan. Los autores del citado libro recuerdan que el ejército de EE UU es el principal consumidor de hidrocarburos, cuyo acceso busca garantizarse a toda costa, aunque esto cueste un sinfín de “guerras preventivas” y la desestabilización de regiones enteras del mundo, como estamos viendo en el Norte de África y Oriente Medio (objetivo que, de paso, resulta funcional a los intereses de las grandes corporaciones petroleras). No obstante, esta realidad, por más difícil que sea de ocultar, vuelve a oscurecerse a través de costosas operaciones de lifting publicitario de los ejércitos para mostrarse con una cara más ecológica (como antes buscaron parecer más humanitarios). Un empeño digno del gran Houdini si no fuera porque algunas de las iniciativas, como desarrollar “balas verdes”, con menos cantidad de plomo pero igualmente mortíferas, son dignas del gran Gila, aunque mucho más peligrosas.

En este contexto, transnacionales de distintos sectores buscan hacer del cambio climático una gran oportunidad de lucro, desde las petroleras a las compañías de seguros, pasando por el complejo de la seguridad, que lo mismo suministra concertinas para blindar las fronteras que personal o sistemas de vigilancia. En un mundo acosado por el miedo y donde primen respuestas basadas en la fuerza, el sector de la seguridad aguarda optimista ante sus perspectivas de negocio.

Desde Europa somos testigos ‒bastante indiferentes‒ de cómo el cierre de fronteras está dejando fuera a millones de personas expuestas a la miseria y a la muerte en travesías inhumanas. Pero no olvidemos que «las armas también apuntan hacia adentro», como señala Nick Buxton. De hecho, vemos cómo se endurecen las leyes de control social en distintas partes del mundo (ahí tenemos la «ley Mordaza»), y se vigilan nuestras comunicaciones y datos.

Entre las falsas soluciones, la tecnología se presenta como la “solución” frente al cambio climático. Las grandes compañías experimentan con una supuesta “agricultura inteligente” mientras despojan de sus tierras al campesinado en los cinco continentes o comercian con los derechos sobre el agua. Pero la aplicación más sorprendente de la tecnología frente a la crisis climática viene de la mano de la geoingeniería. Así, para las élites resulta más plausible ‒y económicamente viable‒ “fertilizar” los océanos o lanzar millones de partículas de sulfato a la estratosfera (para que actúen de parasoles), que reducir el uso de hidrocarburos. En cualquier caso, si es que estas ilusorias “soluciones” funcionaran en alguna medida, no sería con un efecto global único de reducción de temperatura para el beneficio de la humanidad; al contrario, dependiendo de en qué partes del mundo se apliquen, puede causar efectos colaterales en otros lugares y acabar otros ‒los más vulnerables‒ pagando los platos rotos de la geoingeniería. Así, quien controle el termostato planetario controlará el mundo, lo que supone una nueva vuelta de tuerca en un mundo dividido entre privilegiados y desposeídos. Tales respuestas, además, lejos de democratizar la tecnología, concentran aún más el poder en menos manos, lo que acentúa parte de nuestros problemas vinculados a la falta de democracia en la toma de decisiones.

En este contexto apremiante de crisis climática urge desenmascarar las falsas soluciones e identificar las vías que contienen posibles respuestas. Un reciente informe de Cathy Baldwin y Robin King, titulado What about the people?, indica cómo la formación de vínculos sociales constituye la principal estrategia y herramienta de defensa de las comunidades ante los desastres. Y es que la articulación de la ciudadanía contiene algunas de las respuestas que necesitamos ante la desestabilización del clima. En esta misma línea, los citados Buxton y Hayes aportan un amplio abanico de acciones que, alrededor del mundo, están llevando a cabo multitud de grupos de la sociedad civil organizada, resistiendo a las estrategias corporativas y de seguridad y luchando por recuperar el control de bienes naturales esenciales.

Necesitamos articular respuestas justas ante la crisis climática. Probablemente, no serán soluciones completas, quizá no nos lleven muy lejos y haya que explorar otros caminos, pero al menos contendrán algunos de los rasgos que colectivamente consideremos imprescindibles. Atendiendo a las causas, las acciones deben tender al cambio del modelo energético, la reducción de la extracción desenfrenada de bienes naturales, el apoyo a formas tradicionales de resiliencia comunitaria, un Estado del bienestar sólido y el fortalecimiento de los mecanismos democráticos. En estas decisiones nos jugamos el futuro.