“Un solo centímetro cúbico cura diez sentimientos melancólicos” decía la sabiduría “hipnopédica” sobre el soma en Un mundo feliz. En la distopia de Aldous Huxley el soma era una droga que inhibía la conciencia y el razonamiento. Así se mantenía a la población en la inopia y una felicidad sintética. El verano suele ser un periodo de despreocupacion inducida, en el que hasta los populistas se ponen en traje de baño para arengar o asustar a los bañistas y los gobiernos reparten soma a espuertas. ¿Habrán calculado los centímetros cúbicos necesarios para que sus electores consigan ignorar las muertes y el sufrimiento de los migrantes sin sufrir de sobredosis o efectos secundarios?

El episodio del Open Arms refleja dos fenómenos distintos pero entrelazados. Por un lado, la insensibilidad inducida hacia el destino de seres humanos cuyo único delito es buscar una vida mejor y huir del infierno de Libia o de otros paraísos perdidos. Por otro lado, la censura y desprecio o incluso la fiscalización hacia aquellos que de manera altruista –literalmente por el otro– sacrifican tiempo, seguridad y recursos para defender los derechos y la vida de los más desfavorecidos. Son los desintoxicados del soma, cuya empatía y sentido de la justicia les hace luchar contra un sistema de control migratorio, ineficaz, inoperante y cruel.

El trapicheo de los conceptos y valores ni siquiera respeta el andamiaje legal construido sobre la ley de la selva. Se conculcan derechos y leyes vinculantes, como el derecho del mar, el derecho al asilo, el principio de no devolución o los derechos de la infancia. ¿Qué ha ocurrido para que aceptemos las devoluciones en caliente o la detención de familias y niños migrantes o escondamos a un niño detrás del acrónimo MENA? ¿Cómo se ha extendido ese recelo y condena a la labor humanitaria o al noble y secular deber de rescate en el mar?

En un estudio del Parlamento Europeo de 2018 sobre la aplicación de la Directiva de Facilitación 2016 se utiliza el término “vigilancia del humanitarismo” para definir el ambiente de sospecha y acoso, así como las dinámicas legales y judiciales que van estrechando el cerco en torno a los defensores de los derechos de los migrantes. No se trata sólo de los derechos de las personas migrantes, sino del menoscabo de algunas libertades fundamentales europeas, como la de reunión, expresión o la libertad de conciencia. El informe denuncia que al silenciar a la sociedad civil, indirectamente se acepta esta merma de derechos y libertades básicos y se pervierten los valores fundacionales de la UE, desde el estado de derecho, a la democracia y los derechos fundamentales.

La Directiva de facilitación de la inmigración irregular de 2002 dejó a la discreción de los Estados miembros la aplicación de la exención humanitaria, lo que suponía un desvío de los valores fundacionales y del compromiso de protección de los actores humanitarios del Tratado de la UE, y de la Carta de los Derechos Fundamentales. La discrecionalidad a la hora de definir el “tráfico de migrantes” y su regulación y castigo, ha dado lugar a sanciones y penas desproporcionadas, además de ahondar en la inseguridad jurídica. En Francia y en Grecia, que tienen las leyes más duras de la UE, la facilitación sin lucro de la entrada o estancia de migrantes se castiga hasta con 10 años de cárcel y 20.000 euros de multa y 5 años de privación de libertad y 30.000 euros respectivamente.

En 2015 las Agendas europeas de Migración y de Seguridad establecieron la lucha contra el tráfico de migrantes como prioridad política. En paralelo, los actores de la sociedad civil fueron llenando el vacío de las agencias europeas y de los gobiernos nacionales en las tareas de rescate y de salvamento marítimo, además de la salvaguardia y vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos de refugiados y migrantes. En lugar de complementarse y verlos como aliados, comenzó la limitación de su espacio, de su capacidad de maniobra y acción y en algunos países, como Hungría o Polonia, su criminalización. Casos recientes en el ámbito marítimo como el de Carola Rackete o Helena Maleno, o como el del francés Cédric Herrou en la frontera terrestre franco-italiana, son los más mediáticos. Pero la lista de procesados podría llegar a 158 personas desde 2015 en once países europeos, principalmente en Grecia, Italia, Francia y Países Bajos, según el informe de junio de 2019 de la plataforma ReSOMA. También 16 ONG han sido formalmente encausadas o investigadas como es el caso de Open Arms o Médicos sin Fronteras.

Efecto llamada, taxis de migrantes o cómplices de las mafias de traficantes, las acusaciones van subiendo de tono y se van generalizando a la vez que las llegadas de personas migrantes irregulares desciende. Los “sospechosos” son en su mayoría voluntarios, defensores de derechos, pero también miembros de tripulación de embarcaciones de rescate, marinos, familias, periodistas, alcaldes y hasta líderes religiosos como el mismísimo Papa Francisco, convertido en usurpador para los populistas xenófobos. La sospecha se extiende hacia todo el que voluntaria o incidentalmente salvó, cobijó, rescató, alimentó o defendió a personas migrantes en situación irregular.

El método, profundamente antiliberal para acabar con la sociedad civil dedicada a labores humanitarias, carece de originalidad y copia medidas de tinte autoritario utilizadas en muchos países: aumento de las restricciones legales, recortes de la libertad de asociación, trabas administrativas, asfixia financiera, etc. El muro legal, administrativo y financiero que se está levantando en torno a las ONG de rescate puede llevar a poner en peligro los resortes del sistema democrático. El mejor ejemplo es el de Hungría, donde Viktor Orbán, utilizó la ley “Stop Soros” para socavar la pluralidad democrática prohibiendo ONG pro-migrantes, restringiendo la libertad de reunión y la capacidad de las ONG para trabajar libremente en el país.

Como señala la plataforma ReSOMA, las implicaciones de esta criminalización y sospecha hacia las ONG pro-migrantes suponen un retroceso en la protección de derechos humanos y libertades, tiene implicaciones políticas, además de costes humanos y sociales. La falta de confianza pública y la disminución de contribuciones privadas, así como la disminución de sus posibilidades de financiación pública está socavando su operatividad y su capacidad para promover unos valores que considerábamos la esencia de la UE.

La divisa del “Estado Mundial” inventado por Huxley: “Comunidad, Identidad, Estabilidad” se convierte así en el confortable mantra que resuena y nos acuna en las cada vez más frecuentes campañas electorales. Un poco más de soma, por favor.

Desde 2016, asistimos al casting para una obra coral de nacionalismo romántico. En la prueba desfilan los populismos xenófobos, que entran en escena bramando e interrumpiendo el orden demócrata liberal, el tradicional eje derecha e izquierda y un marco de convivencia que creíamos perdurable. Surgen como héroes del pueblo frente a villanos de toda índole, enemigos de la patria y del pueblo virtuoso: el pluralismo, el multilateralismo, la democracia representativa, la prensa independiente y, sobre todo, las migraciones como depredadores del pueblo. La obra se estrena el 26 de mayo en Bruselas pero promete gira mundial.

A pesar del relato épico y pretendidamente nacional, los populismos xenófobos se mueven impulsados por un entramado internacional de ideólogos, financiadores y organizaciones que promueven desde plataformas, redes y medios digitales los mismos mantras y mensajes. Ahondan en la desinformación y la polarización de nuestras sociedades, para orquestar campañas y mensajes que cambien nuestras percepciones y valores.

Estos movimientos no son ni frescos, ni espontáneos. La Fundación porCausa investiga el auge de estos partidos desde 2017 y acaba de publicar un informe sobre “la franquicia antimigración”. En una interpretación libre y visual de esta técnica de marketing, el informe demuestra cómo este movimiento organizado trata de expandirse y penetrar en nuevos mercados. Steve Bannon, asesor de la campaña presidencial de Donald Trump y fundador de Breitbart News y de Cambridge Analytica, lo llama “evangelizador”, pero es más que una misión, es un negocio que ofrece servicios técnicos, financieros, votos y poder.

La franquicia procura conocimientos técnicos (cómo ganar elecciones, polarizar la sociedad y las redes, contaminar las campañas con micro-segmentación de mensajes), medios (narraciones tóxicas, noticias falsas, bots, trolleo), propiedad intelectual (Make America Great Again o Hacer Grande España otra Vez), modelo de negocio (retórica populista y contagio de otras fuerzas políticas), marcas (antimigración, nacional-populismo, xenofobia, identidad) y derechos de penetración en diferentes mercados nacionales.

The Movement, la fundación europea creada por Bannon lo describe abiertamente en sus estatutos. En una reciente entrevista a El País, Bannon admitió que “los detalles cambian en cada país, pero la filosofía es la misma: llevar la toma de decisiones cerca de la gente, soberanismo, seguridad y economía. (….) A eso lo llamo colocar el producto”.

Pero la franquicia no es solo The Movement. Su Junta directiva es mucho más amplia y tiene sedes en Londres, Washington, Bruselas y Moscú. Más de 20 partidos antimigración en Europa actúan o aspiran a ser representantes de esa marca. Para vender el producto al gusto del cliente local, la franquicia permite cierta adaptación a las peculiaridades, idiosincrasia y folclor local. Es el McPopulismo. El informe de la Fundación porCausa analiza en detalle los casos de tres países con diferentes niveles de implantación en las instituciones: Italia, con ellos en el gobierno; Países Bajos, con una gran fuerza parlamentaria; y España, con Vox a punto de irrumpir en las Cortes y en el Europarlamento.

¿Pero qué vende esta franquicia? Su imbatible marca blanca es la antimigración, que implica un rechazo general a las sociedades multiculturales. Su propuesta es levantar muros, frente a las personas, pero también frente a iniciativas de gobernanza regional o global. También ante cualquier solución transnacional a problemas transversales como la lucha contra el cambio climático. Estos partidos están unidos en el rechazo a la migración, pero profundamente divididos acerca de cómo gestionarla, especialmente cuando se trata de acoger refugiados. La demonización del migrante como amenaza a la paz social, la identidad cultural y el orden social persigue atemorizar a la sociedad.

Una vez sembrado el miedo y cuando ha calado bien la sensación de excepcionalidad y de amenaza, cualquier medida para restablecer el orden será bienvenida. Desde la violación de los derechos de los migrantes, al incumplimiento de obligaciones internacionales sobre asilo y refugio o de rescate en el mar, hasta banalizar la muerte de miles de inocentes en fronteras cada vez más lejanas.

Los propios ordenamientos, con la creciente fusión de leyes penales y de extranjería, colaboran en la estigmatización de la persona migrante restringiendo derechos (como el sufragio o la atención sanitaria), criminalizando la asistencia humanitaria a migrantes en situación irregular o creando desconfianza en la ciudadanía a la hora de interactuar con ellos.

En un ecosistema digital que fomenta la polarización y la desinformación, el McPopulismo galvaniza las distintas retóricas nacionalistas y rechaza la pluralidad, ya sean minorías, partidos tradicionales o prensa independiente. El proyecto comparte mensajes, retórica, campaña, enemigos y aliados. Como concesión, se permiten adaptaciones nacionales al folclore, historia o cultura local, el modelo económico, la religión o la organización territorial. Todo en aras de penetrar en el mercado local, pero en la senda marcada desde fuera.

España fue hasta hace unos meses parte de la excepción ibérica a estos movimientos. Hoy tan solo Portugal, Irlanda y Luxemburgo pueden presumir de estar libres de partidos xenófobos. A pesar de una crisis brutal con insoportables tasas de paro, pobreza y corrupción, hasta las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, los partidos y grupos xenófobos luchaban por sobrevivir en la marginalidad institucional.

Vox es el producto de la suerte de un contexto favorable de polarización y exacerbación política, pero sobre todo del McPopulismo. De la mano de Rafael Bardají, antiguo asesor de Aznar muy bien situado en los círculos de la Alt Right, el partido se deja asesorar por su amigo Bannon, mientras ideológicamente se inspira de los populistas ultracatólicos de Polonia o Hungría. España no se ha hecho intolerante y antimigración de la noche a la mañana, ni Abascal habría llegado nunca solo tan lejos. Todo está muy bien organizado.

Con esta perspectiva de expansión, las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo serán la puesta de largo de la franquicia antimigración. Ante las expectativas de éxito, el objetivo se hace más ambicioso: no piensan en obstruir a la élite de Bruselas, sino en convertirse en su nuevo establishment. De los 27 Estados miembros del Consejo Europeo, asumiendo que habrá Brexit, al menos once están gobernados en coalición o con apoyo de partidos xenófobos. A comienzos de 2017, tan sólo gobernaban en Polonia y Hungría. Esta fuerza constituye un importante poder de veto en el seno de la máxima institución política de la UE, con el que bloquear una mayor federalización de las políticas europeas. 

Si estos partidos llegan a obtener el 25% de los 705 escaños del Parlamento Europeo, como sugieren algunas encuestas, no solo propagarán sus ideas, sino también su capacidad de bloquear, ya sea en política exterior, en la reforma de la eurozona o ante la infracción grave de los valores de la UE (Artículo 7 del TUE), como en los casos actuales de Polonia y Hungría, y próximamente Rumania.

Aunque los partidos populistas antimigración parecen dispersos y divididos, la potencial derrota de la Gran Coalición de socialdemócratas y conservadores es un objetivo goloso que puede unir a la tropa. Salvini, muñidor incansable de la franquicia, avalado en las encuestas por sus planteamientos extremos como gobernante, su pericia comunicativa y el apoyo de Bannon, se erige como líder de la “Primavera Europea” populista.

Pero el McPopulismo no es solo europeo. Como cualquier proyecto empresarial de éxito, es ambicioso y tiene vocación mundial. Ya cuenta con sedes en América, Oriente Medio y Asia donde, en muchos casos, ha elegido modelos de negocio menos democráticos y más fáciles de gestionar. Esto es solo el comienzo.

Salvo sorpresas de última hora, las elecciones parlamentarias en Hungría el 8 de abril van a suponer un espaldarazo para Viktor Orbán y su populismo antinmigración, islamófobo y antieuropeo. Según las encuestas, tiene la victoria asegurada con aproximadamente un 50 por ciento de los votos, probablemente seguido del partido neofascista Jobbik, mientras que el centro y la izquierda debilitados y fragmentados apenas alcanzarán el 30 por ciento de apoyo. El triunfo de Orbán supondrá un nuevo revés para Bruselas y consolida un bloque del rechazo en Europa Central. Mientras alimenta el temor de la población ante una supuesta invasión del Islam –enlazando con el histórico temor al turco, elemento fundacional de la Hungría moderna– desmantela los fundamentos de la separación de poderes, socavando la democracia misma. La retórica y la ideología de Orbán pueden calificarse sin exageraciones de racista, ultranacionalista y xenófoba, consiguiendo manipular a una población que se siente a veces asediada y otras narcotizada por los mensajes populistas. Bruselas debería preocuparse algo más por esta reelección, ya que Orbán y sus aliados euroescépticos de Visegrado, junto a Austria e Italia, le ayudarán a minar la Unión Europea como un caballo de Troya desde el seno de sus propias instituciones. Una suerte de eastxit desde dentro.

Orbán casi siempre se ha salido con la suya. Ha ganado ya tres elecciones (1998, 2010 y 2014) y controla su partido Fidesz (Unión Cívica Húngara) con mano de hierro desde su fundación en 1988. Lejos quedan sus años de militancia anticomunista cuando era un demócrata proccidental, liberal y urbano. Tras su derrota de 1994, comenzó su deriva derechista y nacionalista, enfocada en el electorado más conservador y rural, a menudo nostálgico del comunismo. Desde que volvió al poder en 2010, Viktor Orbán, apodado Viktator por la oposición, domina toda la vida pública y mediática con un perfil claramente autoritario. En abril de 2011, un año después de las elecciones, el Parlamento húngaro aprobó una nueva Constitución que reconocía las raíces cristianas del país e instauraba un orden social protector de la identidad nacional de Hungría frente a un mundo global. Orbán modificó el sistema electoral en su propio beneficio, rediseñando las circunscripciones electorales y se aseguró el apoyo de la importante diáspora magiar otorgándoles pasaporte y derecho a voto. En las elecciones de 2014 recogió los frutos al arrasar con 133 de los 199 escaños.

Mientras arenga a las masas contra la invasión de inmigrantes, Orbán enmienda la constitución para flexibilizar los requisitos para declarar estado de excepción, reforma la judicatura limitando su independencia, propone una ley de medios de comunicación que estrangula la libertad de expresión, reintroduce el debate sobre la pena capital, aprueba una ley contra las oenegés financiadas con capital extranjero o monta y financia con fondos públicos una campaña obsesiva contra el magnate y filántropo judío de origen húngaro George Soros.

Su provocadora retórica ultranacionalista se hace eco del resentimiento social y las pulsiones antiglobalización de una clase obrera y campesina empobrecida y sin expectativas, un fértil caldo de cultivo para el populismo económico a través de un Estado asistencial y socialmente conservador. El desprecio hacia las élites y hacia el sistema liberal en general tiene como diana la integración europea, la globalización y, por supuesto, la multiculturalidad. El suyo es populismo en esencia pura: un discurso divisorio entre el “pueblo magiar puro” y el enemigo a las puertas: la élite corrupta, los mandarines de Bruselas, las oenegés defensoras de derechos, los inmigrantes, los musulmanes, los extranjeros, los terroristas… También el multilateralismo como antítesis de la soberanía, las teorías conspirativas, la manipulación informativa o la demagogia sentimentalista. Solamente Orbán puede ofrecer seguridad, estabilidad y orden público a un pueblo desamparado. Caudillismo al estilo de Erdogan o Putin, su mayor aliado.

Orbán puede permitirse traspasar lo que antes eran líneas rojas porque están acordes con el espíritu de los tiempos, el nuevo zeitgeist de la Mitteleuropa. Sus palabras evocan otros tiempos, los de la Cruz Flechada de Ferenc Szálasi: “estamos lidiando con un oponente que es diferente a nosotros. No actúa abiertamente, sino oculto, no es recto, sino retorcido, no es honesto, pero astuto, no es nacional, sino internacional, no cree en el trabajo, pero especula con dinero, no tiene patria porque cree que el mundo entero es suyo”. En sus soflamas agita el fantasma de Eurabia y anuncia el apocalipsis al que llevará la invasión de los inmigrantes asimilándolos a terroristas, ladrones y violadores a pesar de que tan solo un 5,2 por ciento de la población en 2017 es inmigrante, la mayoría rumanos, serbios y ucranianos. Un ejemplo del éxito de su campaña anti inmigración se pudo ver el año pasado en la aldea de Őcsény, donde los vecinos echaron al alcalde y se amotinaron en contra del dueño de un motel que había invitado a unas mujeres y niños refugiados a pasar unos días de vacaciones en su casa. O cuando la periodista gráfica Petra László pateó a varios inmigrantes que huían de la policía.

El Gobierno húngaro practica una política de inmigración y asilo muy restrictiva. En 2015 levantó una barrera de 175 kilómetros de alambre y concertinas en la frontera con Serbia y Croacia para detener el flujo de personas a través de la ruta de los Balcanes. Según datos de 2017 del Comité de Helsinki húngaro todos los solicitantes de asilo, incluidos menores no acompañados y personas vulnerables, son automáticamente e ilegalmente detenidos en las zonas de tránsito durante todo el procedimiento de asilo, sin acceso a defensa jurídica ni recurso judicial. Un informe de Amnistía Internacional denuncia, entre otros aspectos, el continuo retroceso en materia de derechos humanos y civiles que acosa y estrangula a la sociedad civil y las oenegés defensoras de derechos, mientras Human Rights Watch resalta las continuas violaciones, persecuciones penal y devoluciones con violencia en la frontera con Serbia. A todo ello se suma la discriminación sistemática contra la estigmatizada minoría nacional húngara de origen romaní —más de un 3 por ciento de la población húngara— convertida en objeto de linchamiento y persecución constante.

Aunque Orbán tiene la victoria asegurada según los sondeos, Fidesz no quiere perder la hegemonía parlamentaria y dejar que los escándalos de corrupción de miembros del Gobierno (incluido el propio Orbán) salgan a la luz en campaña, por lo que acudir al nacionalismo irrendentista húngaro es una baza perfecta. En el relato de Orbán, ni los otomanos, ni los Habsburgo, ni los comunistas pudieron vencer al espíritu magiar, por lo que Soros, los inmigrantes o Bruselas tampoco lo conseguirán.

El siguiente objetivo de la campaña es ganarle terreno al segundo partido en alza en las encuestas (entre el 20 y el 25 por ciento), el neofascista Jobbik (Movimiento para una Hungría Mejor), que a pesar de su programa racista, antisemita, antigitano y homófobo, es percibido por algunos como más cercano al pueblo que Fidesz, por su denuncia de la corrupción gubernamental. Así, en torno al 70 por ciento de los parlamentarios húngaros serían de la extrema derecha, mientras que el centro y la izquierda se sumen en la irrelevancia, divididos y aturdidos ante el éxito del populismo.

Lo que está en juego en Hungría —como en Polonia— no es solo el futuro del Estado de derecho, sino el desafío abierto a la gobernanza europea e internacional. Se trata de un cuestionamiento profundo de la tectónica del sistema europeo de democracia representativa. Orbán rechaza muchos de los principios fundacionales de la Unión Europea y de la gobernanza internacional. En febrero de este año, llegó a pedir el cese del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid bin Ra'ad al-Hussein, por calificarle de racista y xenófobo al reprocharle su etnopopulismo y su búsqueda de la pureza étnica, nacional o racial.

El Parlamento europeo y la Comisión han reaccionado invocando violaciones graves de los valores del art. 2 Tratado de la Unión Europea (TUE) y la consiguiente activación del procedimiento de su Artículo 7.1, que en última instancia prevé la privación del voto en el Consejo. Pero estos frentes abiertos retroalimentan la figura de Orbán como paladín de las esencias patrias y adalid de la causa antinmigratoria en la Unión Europea al frente del Grupo de Visegrado (Polonia, República Checa y Eslovaquia) con el apoyo de los nuevos Gobiernos de Austria o Italia. Sabe que cualquier amenaza de sanción quedará bloqueada por el veto de sus aliados en el Consejo. En el Parlamento Europeo, el Fidesz se sienta en la bancada del Partido Popular Europeo, junto a la CDU de Angela Merkel o al Partido Popular español. La jugada le ha salido perfecta y el enroque de Orbán y del Grupo de Visegrado añaden una nueva dosis de inestabilidad al proyecto europeo. Los aires turbulentos que baten la Puszta húngara se llevan la reflexión del premio nobel Imre Kertész: “Hungría jamás se ha preguntado por qué ha estado siempre en el lado equivocado de la historia”, describiendo un país donde “campan por sus fueros los antisemitas y la ultraderecha”.

Italia acude a las urnas el 4 de marzo en un momento política y socialmente complicado. La crisis migratoria viene a añadirse a la larga lista de problemas estructurales que afectan a la península, desde la frágil situación económica a la inestabilidad institucional. En el mejor de los casos, la cuestión migratoria actúa como un apósito para la eterna fractura norte-sur. Como en tantos países europeos, la inmigración ha protagonizado la campaña electoral. Y como en otros miembros de la Unión Europea —en especial el Grupo de Visegrado, formado por República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia— el populismo y la xenofobia ganan la partida, echando leña a la hoguera del miedo y la inseguridad de un electorado ya de por sí dispuesto a dejarse arrastrar por el fantasma de la intolerancia. En Italia, es un espectro del pasado que viste camisa negra. Quizá la diferencia clave y no menor es que, a diferencia de los países del centro y este de Europa, donde hierve un sentimiento antinmigración sin inmigrantes, en Italia residen 5,9 millones de inmigrantes, el 10 por ciento de su población.

Italia tiene una tradición compleja y secular de emigración en la que el emigrante es un arquetipo nacional. Sin embargo, en el siglo XXI, la política de inmigración está dominada por una lógica de seguridad casi sin matices. El Gobierno cesante del Partido Democrático ha levantado una muralla legal contra la inmigración mediante el Decreto de Minniti de abril de 2017 que distingue a los demandantes de asilo de los inmigrantes irregulares, prohíbe la apelación a los demandantes rechazados, aumenta los centros de detención e introduce el trabajo voluntario para los solicitantes. En 2017, el número de llegadas a Italia se redujo un 35 por ciento respecto a 2016, en gran parte por la política de externalización de fronteras con Libia (y recientemente con Sudán), fuertemente contestada por defensores de los derechos humanos. El informe 2016/2017 de Amnistía Internacional sobre Italia denuncia el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas y falta de formación adecuada de las autoridades italianas en la aplicación del “enfoque de puntos críticos/hotspots” de la UE que busca la identificación y separación entre refugiados y migrantes irregulares.

Italia sigue siendo miembro del G8 y tercera economía de la zona euro, pero la deuda pública y el lento crecimiento económico preocupan a Bruselas. Losíndices de pobreza de 2016 señalan un aumento generalizado del riesgo de pobreza o exclusión social (30 por ciento frente a una media comunitaria del 23,5 por ciento). Si los referendos de Lombardía y Véneto de octubre de 2017 parecen indicar un deseo de mayor autonomía, el cambio hacia un modelo de Estado más federalista no es una prioridad en esta campaña, mientras la Liga Norte extiende sus redes al sur de los Apeninos. Algo une a las dos Italias, y según unaencuesta de Swg podría podría ser la “línea dura contra los inmigrantes”, apoyada por un 30 por ciento del cuerpo electoral. De ahí el endurecimiento de la campaña condeclaraciones racistas como la de Attilio Fontana a favor de la supremacía blanca supuestamente amenazada o las del líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, justificando el atentado racista de Macerata perpetrado por Luca Traini, antiguo candidato local de la Liga, como subproducto del conflicto social creado por la inmigración.

Un estudio de laLondon School of Economics explica la buena salud del populismo xenófobo: la inmigración es la segunda preocupación de los italianos tras el desempleo y el terrorismo es la tercera. Esta actitud favorece claramente a los partidos antinmigración mientras que el Partido Democrático de Renzi, como el conjunto de la socialdemocracia europea, saldrá claramente perjudicado al quedar atrapado entre la toxicidad del debate migratorio y la falta de alternativas creíbles. El propio Papa Francisco, en sumensaje del 1 de enero se refirió a la invasiva retórica de “los que fomentan el miedo hacia los migrantes, en ocasiones con fines políticos, en lugar de construir la paz siembran violencia, discriminación racial y xenofobia”. Su propuesta de aplicar el ius soli a los hijos de inmigrantes nacidos en Italia, fue denunciada por la Liga Norte como una intromisión en la política italiana.

Según la encuesta de EMG del 11 de febrero, el partido ganador sería el Movimiento 5 Estrellas (27,3 por ciento) que ha aprovechado su transversalidad ideológica para superar los tradicionales clivajes campo-ciudad, norte-sur o derecha-izquierda. Además, se ha sumado al argumentario antinmigración y a las teorías conspiranoicas sobre connivencias entre trabajadores humanitarios, oenegés en el terreno y traficantes de personas para desestabilizar Europa.

Sin embargo, con la nueva ley electoral de 2017 (Rosatellum Bis), que favorece las coaliciones electorales, será la de centroderecha —Liga Norte, Forza Italia, Hermanos de Italia-Alianza Nacional (FdI-AN) y Nosotros con Italia (NcL)— la que obtendrá mayor apoyo (37,4 por ciento). El incombustible Berlusconi lidera la coalición con la refundida Forza Italia (16,1 por ciento), vendiendo una imagen de gobernabilidad y estabilidad proeuropea que no casa con sus socios del norte. Pero su programa migratorio no engaña y es consecuente con el legado político que ya inició hace una década, al firmar con el propio Gadafi en 2008 un acuerdo migratorio de externalización de fronteras, asociando de esta manera inmigración y seguridad.

La Liga Norte de Matteo Salvini (14,3 por ciento en las encuestas), reinventada como partido “nacionalista italiano”, se concentra en su ideario de extrema derecha xenófoba, racista e islamófobo, recurriendo a los tradicionales tópicos sobre la depredación migratoria del trabajo, bienestar social y seguridad de los italianos. La Liga no tiene ya que moderar sus ideas radicales porque el ambiente de impunidad social lo permite casi todo. Los movimientos neofascistas, desde Fuerza Nuova a Casa Pound (inspiración para Hogar Social Madrid), crecen y se expanden en las redes promoviendo el miedo, noticias falsas y alarmismo, justificando, cuando no instigando, actos violentos como el tiroteo de Macerata.

La Alianza de Centroizquierda, liderada por Matteo Renzi, se desploma en las encuestas (27,9 por ciento) y ante el inquietante precedente de sus correligionarios socialdemócratas europeos, Renzi conjura el infortunio, acercándose a Macron y a Albert Rivera con la idea de formar un grupo independiente en el Parlamento Europeo que le salve del naufragio. Tan solo los independientes de izquierdas de Libres e Iguales parecen subir algo en las encuestas (5,2 por ciento) con una narrativa proinmigración.

Ante la imposibilidad de una mayoría suficiente para gobernar, se abren varios frentes: una gran coalición bastante improbable por las diferencias ideológicas; una coalición antieuropea entre el M5S, la Liga y los Hermanos de Italia, lo cual sería el escenario más incierto y desestabilizador para Bruselas; una coalición débil o un Gobierno minoritario que probablemente no vería el fin de la legislatura. Hay una última opción: una nueva convocatoria electoral, que supondría mayor incertidumbre y un panorama parecido al que vivió España recientemente, lo que podría alterar las coaliciones para una nueva campaña y radicalizar los mensajes a la caza del voto.

A pesar del complicado panorama de gobernabilidad, la única certeza respecto a estos comicios es que el sentimiento antinmigración saldrá reforzado. El atentado racista de Macerata del 3 de febrero y su justificación por varios políticos, como resultado del “conflicto social” generado por los propios inmigrantes y refugiados, demuestra la impunidad con la que el discurso del odio y del fascismo se ha instalado en la campaña. La periodista italo-palestina,Rula Jebreal, amenazada de muerte en su país de adopción, señala que el fascismo en Italia está vivo, confortable y creciendo fuerte como demuestran las reacciones al atentado ocurrido en Macerata, tratando de ocultar el fracaso para ofrecer a los italianos perspectivas económicas decentes. Como decía Umberto Eco después de definir el Fascismo eterno: “debemos mantenernos alerta, para que el sentido de estas palabras no se olvide de nuevo… puede regresar bajo el más inocente de los disfraces. Nuestro deber es descubrirlo y señalar nuestro dedo en cualquiera de sus nuevas instancias, todos los días, en todas partes del mundo”.

Alemania se enfrenta este domingo a unas elecciones quizás más decisivas para el futuro de Europa que para la propia Alemania. El rumbo que tome la primera potencia del continente será determinante para abordar los grandes desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea, desde la salida de la Gran Crisis económica, hasta el Brexit, o la inestabilidad en las fronteras exteriores al Este o en el Mediterráneo. A nivel interno, las encuestas apuntan a la continuidad. Angela Merkel aspira a un cuarto mandato que la podría convertir en la canciller alemana que más tiempo ha permanecido en el poder desde 1945, superando a Helmut Kohl, su gran referente político. Sin embargo, bajo esa aparente continuidad, algo se mueve en la empedernida estructura política alemana. Se han abierto fallas en la tectónica de un sistema que empieza a fragmentarse. Hasta seis partidos podrían conseguir representación en el Bundestag, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial. Y por primera vez desde el nazismo, un partido de extrema derecha podría entrar en el parlamento federal.

Según las encuestas, Alternative für Deutschland (AfD) podría conseguir cerca de un 12 por ciento de los votos y hasta 50 escaños. Se trata de un partido abiertamente xenófobo, contrario a la inmigración y al islam, con un encuadre para estas elecciones basado en reforzar el concepto de “identidad alemana” frente a la “amenaza” del islam, el cierre de fronteras y la expulsión de todo demandante de asilo cuya petición sea rechazada. A pesar de haberse desmarcado del movimiento Pegida, el papel de esta organización islamófoba en el ideario del AfD y la coincidencia en la masa social que les apoya, no se puede obviar. Las férreas leyes alemanas para luchar contra el antisemitismo, que no tienen reflejo en otros casos de xenofobia e islamofobia, han sido la ventana de oportunidad de la intolerancia.

Como describe el análisis de la Fundación porCausa “Antinmigración. El auge de la xenofobia populista en Europa”, Alemania, como el resto del continente, está sumida en una ola de populismo antinmigratorio, proteccionista, identitaria y alarmista. Estos nuevos populismos consiguen, a menudo distorsionando la realidad, ofrecer soluciones simples a problemas complejos, convirtiéndose en vectores de contagio de su retórica en otros partidos políticos tradicionales. Con este fenómeno que no es coyuntural, sino que viene para quedarse, la identidad europea, como la concebíamos hasta hace unos años (plural, abierta, multicultural, próspera) parece estar en un profundo cuestionamiento, visto el éxito de los partidos y movimientos eurófobos. La incapacidad o fracaso político de gestionar los flujos migratorios y de abrir canales legales para los movimientos de personas, ha sido un síntoma de algo más profundo entre las distintas concepciones de la Unión Europea por parte de los Estados miembros. Y así se ha puesto de manifiesto en el fracaso del desarrollo del plan de reubicación de refugiados, y en el desafío de algunos mandatarios como Viktor Orbán, el Gobierno polaco o los demás socios del Grupo de Visegrado a dicho plan.

Alemania ha sido y es, con diferencia, la que más solicitudes de asilo ha recibido. En los dos últimos años ha acogido a más de un millón de personas (en 2016 acogieron a 280.000 solicitantes de asilo, bastantes menos que los 890.000 de 2015). y parte de su ciudadanía se ha implicado de manera ejemplar en este desafío. Pero el discurso antinmigración ha calado transversalmente en toda la sociedad y en casi todos los partidos con representación institucional. Desde la inicial euforia de la wilkommenskultur se pasó a la decepción y a las reservas (sobre todo a raíz de los hechos de Año Nuevo de 2016 en Colonia). Pero a pesar de este proceso de desilusión, junto con el discurso xenófobo persiste mucha de la cultura de acogida, e incluso los partidos conservadores (CDU y CSU) admiten la necesidad de acoger a algunos refugiados. La CSU llegó a hablar de un “límite” de 200.000 anuales mientras que en España se concedió asilo solo a 6.855 personas durante el año pasado.

El contagio de la retórica antinmigración afecta en mayor o menor medida a todos los partidos. La CDU y su socio bávaro, la CSU, presentaron su programa electoral conjunto en julio con un claro enfoque económico y de seguridad. A pesar de las diferencias internas, abogan por estabilizar las llegadas en los niveles más bajos y apuestan por aliviar la presión migratoria en origen con una especie de Plan Marshall africano consistente en incrementar la ayuda al desarrollo del 3 por ciento actual al 3,5 por ciento en 2025. También proponen un plan de apoyo a la inversión privada en África con el fin de que, mejorando las condiciones de vida, las personas no se moverán buscando mejores oportunidades. Es una visión algo simplista y desde luego incompleta (pero que ya quisiéramos para España). Dentro de la CDU, no obstante, existen pulsiones antinmigración que tachan a Merkel de izquierdista y que abogan por medidas mucho más restrictivas y nacionalistas, mientras la canciller apuesta por la solución europea integrada, poco realista viendo el “frente del este” y las nuevas dinámicas antintegración.

El SPD trata de reavivar el efímero efecto Martin Schulz denunciando la mala gestión de la crisis de los refugiados por parte de Merkel, una táctica electoral de poco recorrido cuando el SPD ha sido socio fundamental en el gobierno de coalición. Por otro lado, las soluciones que propone Schulz ya han sido asumidas por Merkel en su gran viraje promigratorio, y el socialdemócrata ha sido cuestionado por su afán de utilizar el tema migratorio sin calcular los posibles efectos y derivaciones, sobre todo a la hora de distanciarse del AfD. A efectos de la pugna CDU-SPD, Merkel ya ha amortizado su gestión de la crisis migratoria y ha salido casi indemne.

Mientras Los Verdes defienden claramente la integración de los inmigrantes en una sociedad multicultural, la izquierda de Die Linke, nutrida mayoritariamente por los desencantados del SPD, pesca en el revuelto caladero de la desilusión, en competencia con la extrema derecha. Die Linke no dudó en acudir a mensajes como “quien abuse del derecho de hospitalidad, lo pierde” cuando se produjeron las agresiones sexuales de Colonia. Así, el principal feudo electoral de Die Linke en el Este del país se ha ido erosionando por el efecto AfD, a medida que el tradicional voto de protesta de las clases obreras de la antigua RDA contra las élites políticas y económicas alemanas o europeas se transforma en un claro resentimiento hacia los inmigrantes, precisamente en las regiones alemanas que menos inmigración habían recibido en tiempos de la RDA.

Junto a la Alemania modélica que dio la bienvenida a los refugiados en 2015, convive un lado oscuro. Tan solo en 2016 se registraron 3.729 ataques contra inmigrantes. Según una investigación del diario Die Zeit, de una muestra de 222 ataques racistas que tuvieron lugar en 2015, sólo ocho (el cinco por ciento) habían sido denunciados. Se producen cerca de 10 agresiones diarias contra refugiados, según fuentes del Ministerio del Interior, perpetrados por grupos y movimientos neonazis de corte xenófobo e islamófobo, de brigadas paramilitares de vigilancia callejera o de lobos solitarios.

Internet y las redes difunden información falsa, bulos antinmigración, que tuvieron su máximo apogeo en los incidentes de Colonia. La gestión informativa de estos hechos, no solo por la prensa sino también por la policía y el Gobierno, desató una ola xenófoba y contraria a la política de la canciller Merkel que alteró profundamente la opinión pública y obligó a los políticos a posicionarse de manera mucho más contundente. La retórica antinmigración contaminó el debate mezclándose con el discurso antimachista y feminista resaltando la supuesta incompatibilidad cultural de Alemania con los países musulmanes, ante la amenaza de un islam que oprime la libertad de la mujer, como ocurrió en el debate sobre la prohibición del velo integral.

El sentimiento antinmigrante, que se ha desarrollado respondiendo básicamente a dos argumentos compatibles entre sí, el económico (nos quitan el trabajo, abusan de la sanidad, tienen preferencia en los servicios sociales etc.) y el identitario o cultural (como amenaza para los valores y cultura nacional, e incluso como amenaza demográfica) están presentes en mayor o menor medida en Alemania y claramente en los ultraderechistas de la AfD. El añadido de este partido es que, al elemento islamófobo y xenófobo, se añade el componente racista y supremacista, y que tratan de justificar con la represión de los sentimientos nacionalistas o patrióticos legítimos de los alemanes tras la Segunda Guerra Mundial.

Sea cual sea el resultado de los comicios del domingo se pueden extraer tres consecuencias. La primera de ellas es que la extrema derecha entra en un Parlamento cada vez más fragmentado, y con ellos la concepción del extranjero y el migrante como un ciudadano de segunda, sin derechos, una cifra que hay que reducir (como el cáncer o una plaga de cultivos). Segunda, que el debate sobre la inmigración ha dominado la campaña y no está ni mucho menos resuelto como no lo está en la Unión Europea. Y tercera, que la retórica y la xenofobia no son un caso aislado de Alemania, sino que están cómodamente instalados en Hungría, Polonia y Noruega, prosiguiendo la tendencia de los últimos comicios en Reino Unido, Países Bajos, Francia o Noruega.