Andan los hosteleros muy, pero que muy preocupados y con mucho malestar. Algunos incluso con desesperación; otros, ya ociosos obligados a cerrar por la pandemia. Pocas empresas de pocos sectores se han visto tan afectados por las consecuencias de la COVID-19 como la hostelería y, digamos, aledaños. Bares y restaurantes, también hoteles, están al borde del precipicio desde marzo de 2020. Algunos se han precipitado al vacío. Otros han conseguido recuperarse, mal que bien.

Sin embargo, no se habla de la otra tragedia del sector: la de los empleados puros y duros. Ha pasado casi desapercibida la (enésima) ruptura de las negociaciones para renovar el convenio colectivo, que lleva trece años, trece, sin volver a ser firmado, es decir, acordado entre las partes. Y esto sí que supone una tragedia añadida, más grave si cabe, a la situación penosa de bares y restaurantes.

Sabido es, dejando de lado el sufrimiento del nivel empresarial, que el sector hostelero no es precisamente uno en el que sus trabajadores gocen de situación privilegiada desde tiempo inmemorial. Aún, se puede decir que aquellos empleados fijos en empresas de postín, tipo conocidos restaurantes, bares y cafeterías, tienen una situación más o menos estable. Pero son los menos. 

La inmensa mayoría de los currantes del sector ––especialmente los más ligados al turismo estacional–– se mueve desde hace años en una situación de precariedad y temporalidad lamentable, poco digna y poco propia de un país que es la cuarta economía de la UE. Contratos por días que se repiten hasta el infinito; cotizaciones reales por la mitad o menos de las horas en realidad trabajadas; pagos importantes en sobres y no en nómina oficial; frecuentes “mañana no vengas” sin previo aviso… Y con la obligación de ser amables y sonrientes, más allá de la corrección, y de soportar los caprichos más o menos justificados de empleadores y clientes.

Todo eso se suma a una situación de condiciones que cualquiera que no fuera miembro de las patronales Hoytú u Hostecar calificaría de leoninas, como son las relativas a vacaciones, descansos semanales, pago de horas extras realizadas y un largo etcétera que bien conocen los sindicatos que operan en el sector, que estiman que las temporales suponen el 87,01% del total de contrataciones realizadas en el último año.

La ruptura de las negociaciones del convenio sectorial entre sindicatos y patronal, que lleva a 13 años el periodo transcurrido sin nuevo convenio colectivo, se produjo, entre otras cosas, hace apenas dos semanas por el empecinamiento de los representantes de los empresarios en eliminar el complemento de incapacidad temporal en las contingencias comunes. Es decir, según explicó una nota de CCOO, si un trabajador cae enfermo por un motivo no laboral no cobraría lo marcado en la legislación. El último convenio firmado hace años establece que los trabajadores cobran lo mismo estando de baja que de alta.

Otro motivo para la ruptura fue la oferta de subida salarial hecha por los empresarios: el 4% para 2022 y el 3% para 2023. Eso supone que los sueldos subirían en la hostelería murciana apenas el 0,40% para el año próximo y solo el 0,30% para el siguiente, puesto que la subida establecida para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por el que se rige la mayoría de los empleados de hostelería será del 3,60% y del 2,70% para cada uno de esos dos años.

Es chocante, por decirlo suavemente, que apenas dos meses antes de la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo y poco después de que alguna ETT publicara que los contratos ––temporales por supuesto–– en la hostelería habían subido casi el 50% durante el verano pasado, los sindicatos mayoritarios señalaran, a mediados de septiembre, que los trabajadores de la hostelería en la Región de Murcia son los peor pagados, por debajo incluso del sector agroalimentario, que ya es decir. Nadie salió a desmentir tal aserto. Cabe pensar, por tanto, que no se desvía ni un ápice de la realidad.

Ahora que la hostelería vuelve a sufrir las consecuencias de las restricciones que provoca la sexta ola pandémica y justo después de la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo ––que no se firma desde 2008–– convendría que alguien (Gobierno o Inspección de Trabajo, por ejemplo) tomara en consideración las condiciones en que se trabaja en los últimos años en el sector y cómo se reparten los sufrimientos que padece por efecto de la COVID-19. Efectivamente, hay que “Salvar la Hostelería”, según el slogan acuñado convenientemente por los propietarios de negocios, pero también vendría bien salvar a los currantes que atienden barras, sirven mesas y cocinan en los fogones de las condiciones de trabajo (y de vida) que vienen arrastrando desde hace tiempo. Quizá sea esta la verdadera tragedia. Vale.

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El diccionario de la Real Academia Española es claro sobre el significado de estas palabras:

Filibustero:

1. m. y f. Pirata, que por el siglo XVII formó parte de los grupos que infestaron el mar de las Antillas.

Filisbusterismo

2. m. Obstruccionismo parlamentario.

Así que aparece la tentación de aplicar la acepción 2 de Filibusterismo a la última movida ––porque eso no es política, sino otra cosa–– del Gobierno de López Miras pidiendo la retirada del Congreso del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, para evitar que quede plasmado en él el rechazo al transfuguismo político y la dotación de personalidad jurídica al Mar Menor gracias a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que cosechó más de 500.000 apoyos.

Eso, efectivamente, es obstruccionismo parlamentario y lo demás son tonterías. Sin entrar en consideraciones de por qué motivo desde San Esteban se pretende que no quede mencionado explícitamente un asunto tan sucio como el de los diversos tránsfugas de distinto pelaje y catadura que han facilitado la continuidad del actual Ejecutivo, con el pregonísimo y moralísimo presidente de la Asamblea Regional, cristianado Alberto Castillo, a la cabeza. Ya lo escribió Eduardo Mendoza del medio chino Aureli Ching Gratacós en su Laberinto de las Aceitunas: “tan untuoso de modales como pérfido de catadura”.

Pero, claro, cuando se ve y se compara esto anterior con la otra movida más reciente, perpetrada por orden del campeón mundial Teo, el amigo de Cayetana, de asegurar que el Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados apoyará resueltamente y con sus votos la aprobación de la ILP y, se supone, su conversión en ley, entran ganas de aplicar al tema más bien la acepción 1 de Filibustero.

O de gamberrismo puro y duro. Porque vamos a ver, con estos ojitos tan bonitos que nos ha dado el señor nuestro dios, una serie de hechos concatenados; a ver también si se aclara el personal con cuál ha sido la actitud de determinados individuos al respecto; y a ver de nuevo si eso es ser un gamberro o no.

Cómo es posible que la Asamblea Regional, dominada en virtud del juego de los transfuguismos por el PP y su untuoso de modales presidente, rechazara en septiembre de 2020 apoyar la ILP que llegó hasta ella para ser deliberada por la iniciativa legal del Ayuntamiento de Los Alcázares, gobernado por el PSOE. Nota al margen: los ayuntamientos de San Pedro, San Javier y Cartagena, controlados por el PP, se hicieron los longuis en el asunto. Da la casualidad que, si la Cámara regional hubiera resuelto apoya esa ILP, el trámite para llevarla a la Carrera de San Jerónimo hubiera sido mucho más rápido que el de las 500.000 firmas preceptivas.

Ah, pero no. Basándose un informe jurídico de los servicios correspondiente del Palacio del Horror Modernista ––perdón, del arquitecto Braquehais–– la mayoría de control formada por los diputados del PP, los tránsfugas expulsados de Vox y los ya no se sabe qué huidos de Cs capitaneados por ese pérfido de catadura rechazó frontalmente el tema. De paso, un mes y medio más tarde, el ínclito pregonero, en su calidad de segunda autoridad de la Región, decidió anular el acuerdo firmado por valor de 3.000 euracos con la Cátedra de Derechos Humanos de la UMU porque ésta se había metido en el berenjenal de promocionar la ILP para llevarla al Congreso, basándose en que “no figura la recogida de firmas por ninguna parte del convenio”. 

Según él, que estudios pocos pero sabe mucho como va quedando ampliamente demostrado, esa actividad recolectora no casaba con que la subvención establecía que la Cátedra era “un espacio íntegramente dedicado a la investigación, formación, divulgación y concienciación” en derechos humanos y de la naturaleza. Lo de recoger firmas para promover la protección legal del Mar Menor, paraíso natural en perfecto estado de conservación como se sabe, no entraba en esos supuestos. Iluminada por alguna virgen a la que ha dedicado pregón debía esta el personaje para dar semejante explicación.

Unos meses después, terminemos la rememoración, la ILP consiguió el éxito de sus más de 500.000 firmas de apoyo y, mientras el sosias del medio chino Ching Gratacós (socio del Barçca desde 1952) callaba, Teo el magnífico campeón mundial daba instrucciones al presidente regional y aseguraba que el PP apoyaría con sus votos en la Cámara baja la dotación por ley de personalidad jurídica al Mar Menor.

Con esto penúltimo, uno arde en deseos de saber, por un lado, qué paloma divina ha defecado en las cabezas pensantes del PP para provocar semejante cambio de postura y, por otro, qué se le puede ocurrir ahora a la segunda autoridad regional para justificar su ferviente apoyo, que seguro que lo pronunciará, a esa nueva legislación que tiene visos de ser aprobada por cuasi unanimidad ––salvo los votos de los 52 cafres que todos sabemos–– en Madrid.

Pues lo último es aún más espectacular, de filibustero y gamberro como es que el PP, volviendo al principio, pretenda ahora frenar las enmiendas al nuevo Estatuto en el Congreso, en un claro ejercicio de analfabetismo parlamentario pues, como ha señalado el secretario tercero de la Cámara, Javier Sánchez Serna ––que es de Murcia, luego no todo está perdido–– el artículo 129 del Reglamento impide que se retire una proposición de ley si se solicita después de que sea tomada en consideración, es decir, admitida a discusión.

Son todos estos misterios tan insondables, para mentes obtusas como la del arriba firmante, como los motivos que han llevado a la conversión progresista de aquel consejerito sobrinísimo de la Kultur que tantos y tantos millones gastó en balde a mayor gloria de su tío, de él mismo y de sus amigotes. Porque sonar, lo que es sonar, los misterios, digo, suenan a gamberreo y a perreo. Cosas veredes, dijo el fijosdalgo Quijano travestido en justiciero universal.

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Como muchos ciudadanos, tengo dificultades con 'los números'. Pasé Economía en quinto de carrera gracias a los inestimables soplos de una compañerísima de clase y, bastante antes, fui aprobado por compasión en Matemáticas el último año que la cursé, a punto de cumplir catorce años. Mi historial en ese campo es más bien paupérrimo y vergonzante, por no decir vergonzoso. No obstante, como aprendí a discurrir —aunque a veces no lo parezca— gracias al latín, el griego, la historia y la literatura, llevo tiempo perplejo con las emanaciones oficiales del Banco de España, mayormente por boca de su señor gobernador, Pablo Hernández de Cos.

No me puedo enterar de mucho cuando la cosa va de guarismos puros y duros, pero las Humanidades me iniciaron en el aprendizaje de la explicación y desentrañamiento de actuaciones y actitudes. Desde detrás de ese cristal se contemplan las tomas de postura que viene repitiendo el cabeza visible de la gran institución supuestamente independiente que vela por que quienes dirigen las finanzas públicas no descontrolen y nos vayamos todos al barranco. 

Así que al margen del novísimo escándalo protagonizado por varios altos funcionarios a las órdenes del jefe de ese único banco público español, los posicionamientos de su máximo dirigente vienen siendo cuanto menos chocantes desde hace bastantes meses, por su reiterado interés en oponerse dizque frontalmente a las propuestas del Gobierno.

En el último, hace apenas una semana, aprovechó una condecoración obtenida para expresar dudas para él más que razonables de que el maná venidero de los fondos bruselenses pueda ser aprovechado convenientemente en España. Por mucho que quisiera diluir el asunto repartiendo la advertencia crítica a todas las administraciones, a nadie se le escapa que esos dineros llegarán canalizados por el Gobierno del Estado y este será, consecuentemente, el máximo responsable de que se cubran o no los objetivos de revitalización económica.

Y es que el hombre lleva al menos desde marzo de 2019 ––antes de la formación del gobierno de coalición–– dando la vara. Se la daba al PSOE en su primera corta legislatura tras la era Rajoy, criticando los llamados “viernes sociales” con que los consejos de ministros post-PP iniciaron un tímido intento de empezar a revertir los desastres económicos para la población más desfavorecida derivados del austericidio ejecutado por aquel registrador de la Propiedad (ajena) en excedencia de quien casi nadie guarda recuerdo estimable.

Después, noviembre de 2020, cargó contra el proyecto de presupuestos para 2021 del gobierno de coalición porque, entre otras cosas, planteaban un “crecimiento generalizado”  de nada menos que el 0,9% (¡¡¡) para los empleados públicos. Sector que, como todo el mundo sabe muy requetebién, había experimentado un alza disparatada de sus condiciones laborales y sociales durante el austericidio rajoyano (Dic 2011/ Jun 2018).

Después de lo cual, nuestro hombre al frente del llamado organismo regulador no cejó en su empeño, pues en junio de este mismo año aprovechó su posición supervisora para advertir seriamente de las nefastas consecuencias  que para la economía pandémica tuvo la afortunadamente ya ejecutada subida del SMI en 2019 por parte del Gobierno socialcomunista; aunque este último epíteto es cosa del más arriba firmante. 

El notoriamente joven y, sin embargo,  suficientemente preparadísimo gobernador, que otra cosa no, pero de números sabe, estimó en junio pasado que ese aumento de los salarios más bajos incidió seriamente en la creación de empleo, cosa también más que sobradamente probada por la última EPA de este mes de octubre… aunque en sentido contrario al indicado por nuestro inefable jefe de los supuestamente mejores economistas del Estado español.

Visto lo cual ––y desde mi supina y probada ignorancia de guarismos, signos algebraicos, reglas económicas neoliberales y demás parámetros que a buen seguro domina profundamente el egregio Hernández de Cos––, me pregunto si no hubiera sido mejor que el Gobernador del Banco de España hubiera intentado, entre otras cosas obligatorias de su cargo, controlar solo un poquito a esa panda de economistas a sus órdenes que se están haciendo de oro irregularmente dando clases a unos cuantos que pretenden subirse legítimamente al carro de la élite financiera oficial, en la que, imagino, se debe cobrar bastante más que el triple del SMI bruto mensual: unos 950 euros mensuales. 

Mi magra formación matemática no me alcanza para comprender la cifra que representa cuántas veces multiplican ese ingreso mínimo catorce veces al año los señoritos del organismo regulador. Vale.

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Que a estas alturas alguien se descuelgue descalificando con la palabra “comunista” solo puede ser síntoma de imaginación escasa. Tan poca como la de quien usa lo de “fascista” a troche y moche, sin más precisión y sin matices. Pero como ha sido el primer calificativo el usado por nuestra egregia primera autoridad regional, no cabe otra sino dedicarle una merecida atención.

La suficiente para reparar en la falta de puesta al día de alguien tan joven, comparativamente hablando con la mayoría de la clase a la que pertenece: la política. Desde la parte derecha del espectro venimos cosechando calificativos bastante más al día para disminuir de una u otra forma la consideración en que se tiene a la izquierda en general. O a una parte de ella: bolivariano, radical, pro-etarra, perroflauta, pijoprogre, etcétera.

El uso de “comunista” como epíteto descalificador nos retrotrae a aquellos tiempos del Contubernio de Munich, de las trampas saduceas, de las conspiraciones judeomasónicas, de la pérfida Albión, del ateísmo quemaconventos y más etcétera, etcétera.

Hay que entender, claro, que cómo se iba a acordar el autor del descalificador “comunista” si el pobre era imberbe -no como ahora- y tocaba la flauta dulce en pantalón corto bastante tiempo después de aquellos años de la Oprobiosa; exactamente en una época en la que sus mayores políticos empezaba a facilitar, a mediados de los noventa del siglo pasado, la esquilmación sistemática de los recursos naturales regionales cuyo paradigma ha resultado ser el ecocidio del Mar Menor y su precedente el estallido de la burbuja inmobiliaria y el desastre habitacional consecuente.

En la lógica con la que se ha usado lo de “comunista” para descalificar el proyecto -todavía solo eso- de nueva ley reguladora de alquileres, habría que colegir que estamos rodeados. En Europa, digo, pues, efectivamente, desde hace algunos años existen en Alemania, Dinamarca, Francia, Italia o Suiza -países todos ellos “comunistas”, como es bien sabido- normas reguladoras similares a las que pretende introducir en España el actual gobierno de coalición. ¿O debería escribir “socialcomunista”?

Por ejemplo, en Alemania, el gobierno “comunista” encabezado por Ángela Merkel limitó al 10% el alza de precios para nuevos contratos en las llamadas “zonas tensionadas”. Y no fue esa medida un regalito envenenado que la ahora ex canciller haya dejado al primer ministro que le suceda: fue aprobada en 2015, en plena aplicación del llamado “austericidio” comunitario del que la ex líder democristiana alemana fue principal impulsora.

Por su parte, otro “intervencionista” infiltrado como debe ser el presidente Enmanuel Macron se sobrepuso a un primer revés judicial en 2017 a sus manías regulatorias del mercado de la vivienda inventándose una nueva normativa limitativa para los precios de alquiler en París, que sigue vigente.

Pero, obviamente, ni Merkel ni Macron, por citar solo a estos dos emblemas de la derecha europea, deben ser muy dignos del aprecio de nuestro López Miras, puesto que mantienen un cordón sanitario real, efectivo e inamovible frente a cualquier pacto o trato con partidos o representantes del pensamiento ultraderechista nacional.

Por contra, la Murcia gobernada por el eximio lorquino y convertida, a lo que se ve, en penúltimo bastión del ultraliberalismo auspiciado por los líderes Casado y García Egea, mantendrá bien alta la bandera apuntalándola firmemente con lo que haga falta: desde la insumisión legal, anunciada por el presidente regional, hasta los votos de tránsfugas ultraderechistas y vendidos centristas al mejor postor que ocupan escaños en la Asamblea Regional y el magnífico sillón de la presidencia de la cámara. Todos los demás, “comunistas” e “intervencionistas”, como queda demostrado. Vale.

Con la reciente dimisión de Diego Conesa es indudable que se abre un nuevo tiempo en el PSRM. Si será novedoso o será más de lo mismo vendrá determinado más por las actitudes de quien resulte elegido por la militancia para dirigirlo que por la persona misma. En todo caso, pinta que será el delegado del Gobierno, José Vélez, quien conseguirá la elección a ocupar el puesto de secretario regional socialista, a pesar de las candidaturas que se van presentado, como la de Lourdes Retuerto el sábado.

Pero el problema del PSRM no reside en quién será secretario general, puesto que parece cantado que será el hasta ahora “hombre en la sombra” -más bien, penumbra- que impulsó y desarrolló la candidatura de Conesa al puesto. Donde está el quid de la cuestión es, precisamente, si Vélez será capaz de romper la dinámica exclusivista que ha aplicado el cesante jefe de filas.

El dimitido ganó su puesto con un apretado resultado de apenas el 51%. La lógica política y el sentido común hubieran debido imponer, a partir de ese porcentaje, la necesidad de ampliar la acción política integradora a aquellos que no votaron por Conesa. Quizá el resultado de las últimas elecciones autonómicas en las que el PSRM consiguió la victoria por primera vez en más de veinte años pudo cegar las entendederas de quienes aún dirigen el partido, pues no parece que la mayoría ganadora haya hecho esfuerzo verdadero por conseguir la integración real de quienes perdieron la elección.

Muchos nombres llamémosles “ilustres” del elenco socialdemócrata murciano se vieron alejados, cuando no apartados o ignorados por el núcleo dirigente constituido en torno a Vélez, Conesa, López, Lucas, Arce... No hace falta dar nombres, pero están relativamente recientes las últimas salidas forzadas en aplicación estricta y diríase autoritaria o incluso dogmática de los estatutos partidarios.

Algunos de los que han visto obligadamente los toros desde la barrera a partir de la elección de Conesa esperan, más o menos bienintencionadamente, que cambie el tercio y la estructura socialista se abra a todos los militantes que quieran aportar. Pero recelan de que quien parece elegido a sustituirlo oficialmente, Vélez, ha estado participando desde el segundo plano en las políticas internas no integradoras del dimitido secretario regional. Porque parece igualmente claro que los hechos mejores o peores del socialista alhameño no respondieron exclusivamente a una toma de postura personal, sino que de ellos han sido partícipes y coautores el grupo socialista dirigente nucleado en torno al delegado del Gobierno del Estado.

No obstante, también esperan, quién sabe si ingenuamente, que los cambios de orientación registrados en la dirección socialista estatal y el nuevo rumbo que el presidente Sánchez parece querer dar al Gobierno del Estado tengan traslado a la esfera regional y esas actitudes exclusivistas anteriores y recientes cambien. Es decir, cree alguno de los outsiders peserremeros, en que “alguien” haga cambiar de actitud a la que será nueva dirección socialista tras las primarias. O le diga que cambie. Ahí está el juego. Si no se reparten más cartas, nadie gana. En ese ámbito partidario, claro. Vale.

He de confesar que no tengo tan mala intención. Ni soy tan previsor. Ni tampoco tengo dotes de vidente o de adivinación. Por eso no guardé como oro en paño una entrevista publicada el 11 de septiembre de 2000 ––amarga hoja de calendario por Chile y Nueva York–– y firmada por un apreciado compañero. Prácticamente veintiún años después, un conocido me remite copia de esa página de diario en la que el entonces consejero de Agricultura, el nunca bien ponderado Antonio Cerdá, se explaya sobre el desmantelamiento de los “regadíos ilegales”.

Si la situación actual relativa a ese tipo de irrigación y a una de sus consecuencias más directas ––la putrefacción del Mar Menor–– no fuera espantosa, lo que decía aquel brazo derecho que fue del mandamás Ramón Luis Valcárcel el Grande sería motivo de risa, chiste, mofa y befa.

Pero la tragedia del ecocidio actual, prolongado no solo desde el primer síntoma de la 'sopa verde' de 2016 y la anoxia de 2019, sino también ya desde la fecha de esas declaraciones, hace que se hielen las sonrisas más o menos sardónicas que en otras circunstancias provocarían la lectura de los asertos del cínico ministrillo agrícola (y medioambiental).

Opinase lo que opinase ahora aquel ejecutor de patochadas ambientales que los viejos del lugar recordamos––lechugas ecológicas, limoneros secos por falta de regadío, etcétera–– parece meridianamente claro que los actuales gobernantes, herederos de los Valcárcel, Cerdá, Mercader, Bascuñana y demás, tendrán lo que quieran tener pero, desde luego, de credibilidad tienen cero patatero.

Al cabo, no hay quien se crea, por tanto, los recentísimos propósitos de enmienda encubiertos del consejero Luengo, sucesor político de Cerdá, que hace apenas cinco meses “confirmaba” que el Mar Menor presentaba unos parámetros ambientales estupendos. El mismo consejero que, justo después del presente episodio mortífero, amenazó a la ministra Ribera con llevarla a los tribunales por su supuesta responsabilidad en esa matanza. Horas después, “nuestro” presidente y jefe directo de Luengo se daba el pico con la amenazada.

Con semejantes saltimbanquis políticos poco parece que se pueda avanzar. A juzgar por lo ocurrido tras la visita de la ministra Ribera ––que sigue sin decidirse a cortar por lo sano, fiel a la nueva orientación centrista que Pedro Sánchez quiere imprimir al Ejecutivo, asustado por las encuestas––, resulta que ahora nos tenemos que creer que López Miras y sus muchachos van a ejecutar todas las medidas y legislación vigente contra los agroindustriales contaminadores de la laguna y la expansión de regadíos ilegales que no se han atrevido a poner en marcha en al menos los últimos veinte años.

Que nadie se llame a engaño. No lo van a hacer, como demuestran sus continuas referencias a la incidencia de “la climatología”, “el agua con nutrientes de la rambla del Albujón” y demás zarandajas. Por cierto, ¿quién o quienes ponen esos “nutrientes” en el agua dulce de esa rambla? Nadie responde a esto, mientras siguen espesando la cortina de humo con que ocultan su connivencia con los causantes del ecocidio prometiendo la prohibición de “fertilizantes nitrogenados”, empecinándose con el dragado de la gola de Marchamalo y “garantizando” la supresión del regadío ilegal, como hizo Cerdá en el año 2000.

Todo eso, en boca de los actuales gobernantes del Partido Popular, no se lo puede creer nadie. Pero el cinismo y la ridiculez llegan al paroxismo cuando el ciezano secretario general y brazo derecho de Pablo Casado, “Teodorico el del güesesico”, pide que se deje actuar al Gobierno murciano para solucionar el problema en el Mar Menor. Acabáramos. El señor su dios nos pille confesaos. Vale.

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A veces pueden faltar las palabras comedidas o ecuánimes para describir una situación rayana en lo ridículo. La actual mortandad de vida en el Mar Menor es una de ellas, sobre todo si se tienen en cuenta las recientes tomas de postura y evaluaciones tanto de los portavoces del Gobierno regional, como de los llamados científicos que siguen integrados en ese comité ad hoc que tan buenos servicios está prestando a los gobernantes murcianos… y a la agroindustria en general.

Que se sepa, repasando la legislación vigente en el Estado español, es decir, en el Estado de las Autonomías, al ejecutivo murciano corresponden, entre otras y como al resto de gobiernos autónomos, las competencias político-administrativas en materia de a) Agricultura y Ganadería; b) Protección del Medio Ambiente; c) Ordenación del Territorio y Litoral; d) Vertidos de tierra a mar; e) Depuración de aguas; y f) Autorizaciones y concesiones de aguas dentro del territorio de la comunidad autónoma.

Por tanto, lo que parece no ser más que una panda de amiguetes circunstanciales reunidos en torno a Fernando López Miras -panda que dizque nos gobierna- es tan responsable de esos seis rubros como lo es de la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, por referir algún paralelismo fácilmente comprensible.

Algunos de esos coleguis, especialmente quienes detentan, y no ostentan, las funciones de Agricultura y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio –-éase, los consejeros Luengo y Díez de Revenga- llevan meses alardeando y refregándonos por las narices la supuesta y pretendida mejora de las aguas del Mar Menor, a pesar de que no se ha puesto coto en modo alguno a las causas reales y últimas del ecocidio que sufre la laguna interior que fue y debería seguir siendo la joya de la corona ambiental y turística de Murcia.

La catástrofe mortífera de vida marina de octubre de 2019 se está repitiendo ahora -ya llevamos casi una semana- sin que desde aquel entonces los responsables, o sea, el gobierno autónomo que tiene transferidas las competencias pertinentes, haya sido capaz de reorientar mínimamente la contaminación de la laguna debida a escorrentías agrícolas de abonos con fosfatos y nitratos procedentes del Campo de Cartagena que circunda el Mar Menor. Además de las de malolientes purines producidos por los tres cuartos de millón de cerdos que engordan en el entorno de la laguna.

Y resulta que al mandatario murciano, tras resucitar de su molicie estival al tercer día del episodio mortífero y andar en lancha sobre las aguas, lo único que se le ocurre es repetir corregida y aumentada la rancia cantinela de que la culpa es del cha-cha-cha y de que quiere “las competencias de costa y cuenca” y de que se irá al juzgado si Pedro Sánchez -que, como Zapatero, tiene la culpa de todo- sigue comportándose, según el egregio lorquino, como el perro del hortelano: ni come ni deja comer.

Si estuviéramos en una región seria, esa visión del presidente autonómico debería ser tachada de surrealismo gamberro, más propio de adolescentes irresponsables cuyo principal objetivo es escandalizar al público bienpensante y eludir responsabilidades antes que gestionar de forma mínimamente coherente los problemas que se presentan.

Hay más, porque su solución de urgencia para paliar el corriente agravamiento del ecocidio marmenorense está calcada de lo que propuso VOX tras la mortandad de peces de octubre de 2019: dragar la gola de Marchamalo para aumentar el intercambio de aguas entre la laguna y el Mar Mediterráneo. Vemos así que, de nuevo y una vez más, ante cualquier dificultad seria que afronta, López Miras se echa en manos de la extrema derecha y de cualquier arribista sin escrúpulos dispuestos a rubricar sus ridículas boutades y, también, apuntalarlo ad aeternum en la poltrona de San Esteban.

Con semejantes “soluciones” y con reacciones cortoplacistamente insensatas, tanto como con la continua elusión de actuaciones políticas eficientes, lo que está pidiendo a gritos desde hace tiempo el Ejecutivo murciano no son precisamente más competencias, sino todo lo contrario: que desde el Gobierno del Estado se le aplique parcialmente el artículo 155 de la Constitución para retirarle las potestades administrativas que tiene y no quiere o no sabe usar. Visto lo visto, sólo así será posible un intento serio de revertir el ecocidio del Mar Menor. El tiempo corre y se va agotando. Vale.

El que quiera saber, que vaya a Salamanca, dice el refrán tantas veces repetido. No parece que se lo haya aplicado el preboste López Miras, quien dice volver de la cumbre de presidentes autonómicos sin respuestas y sin soluciones para nada. Tampoco es de extrañar que lo diga puesto que, instalado como está en su línea ayusista de que el Ejecutivo estatal es inoperante y no hace nada, lo sorprendente sería que mostrara una mínima actitud institucional colaborativa para mejorar las cosas. Cosas que, por cierto, no mejoran en la Región de Murcia comparativamente con otros territorios, como viene a demostrar un somero vistazo a los índices de tantas cosas que nos siguen situando prácticamente en el furgón de cola del tren español: sanidad, educación, servicios sociales,…

Pero no en laxitud fiscal, por lo que no estaría de más que los gobernantes murcianos explicaran en qué consiste ese Bálsamo de Fierabrás mediante el que se mejoran todos los servicios públicos disminuyendo los ingresos regionales vía rebaja de impuestos. De todas formas, el presidente López descansará tranquilo este mes de agosto pues sigue gozando del favor mayoritario de los votantes regionales, como es obvio ahora gracias a la absorción en la práctica de buena parte del electorado del en vías de extinción Ciudadanos y gracias igualmente a la ampliación del espectro electoral popular hacia la extrema derecha, con el visto bueno del cuasi todopoderoso Teodoro y del guía en la sombra Pedro Auditorio Sánchez.

Así que quien de verdad debería hacérselo mirar con sumo cuidado en este mes de holganza es el líder socialista, Diego Conesa quien ––en virtud de la doble traición de los diputados ciudadanos (en 2019 y en 2021), también de sus propias torpezas y de su demostrada incapacidad para gestionar el interno del PSRM–– ha conseguido dilapidar infructuosamente su victoria electoral de hace dos años.

La confirmación de la anunciada expulsión del exdiputado Emilio Ivars es el último eslabón de una cadena de despropósitos inexplicables que han debilitado notoriamente a los socialistas murcianos de cara al electorado. Antes de Ivars, las salidas de la ya exalcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y sus concejales, más la de la también exregidora de Molina, Ester Clavero, fueron reveladoras. Al margen de que ambas cometieron errores clamorosos que justificaron sobradamente sus respectivos apartamientos.

La cosa no es nueva, pues ya viene la cúpula del PSRM dando pruebas de su indefinición y confusión. Pero el problema de Conesa y sus prietas filas es aclarar qué clase de cohesión interna tiene un partido en el que cada quien, fuera del núcleo duro dirigente, ha venido haciendo dizque lo que le venía en gana y cuando le llegaba la gana. Porque, en consecuencia, lo que plantean esas salidas de pata de banco, o indisciplinas si se quiere, es cómo pueden darse en un partido con aspiraciones de gobierno tan destacados casos de cargos representativos que actúan como auténticos outsiders.

Quizá la explicación resida en que Conesa fue elegido secretario general del PSRM hace ahora casi cuatro años con solo el 51,89 por ciento de los votos: por los pelos y con una proporción destacada de militantes que no lo votaron. ¿Han hecho lo necesario para reunificar el partido internamente tanto el máximo responsable orgánico del partido como el representante de Sánchez en tierra murciana, José Vélez? Parece que hay ya bastantes, quizá demasiados, socialistas más o menos ilustres con cierto predicamento entre la militancia alejados del actual núcleo dirigente.

Los sondeos, las prospecciones, las encuestas de las que se habla parecen enseñar que ya son patentes las consecuencias, no solo entre los votantes sino también internas, del tremendo fiasco de la moción de censura de marzo ––gracias a un socio tan fiable como es Ciudadanos––. Por eso, López Miras, aunque siga confirmando lo de Quod natura non dat, Salmantica non praestat, descansará tranquilo en agosto. Habrá que ver si en el PSRM se lo hacen mirar. Y bien mirado. Porque el próximo 20 de noviembre ––¡menuda efeméride!–– se las vuelve a ver con los votos de la militancia. Y en diciembre, Congreso Regional. Pues eso: con lupa. Vale.

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Se han ido desgranando en las últimas semanas algunas actuaciones del actual Magnífico de la universidad pública de Murcia, o sea, de la UMU, que dicen muy poco de su independencia de criterio y un mucho de su proclividad a dejarse presionar por determinados poderes, mayormente fácticos.

El martes desayunamos con que había encargado un informe sobre el supuestamente controvertido asunto del nombre que la derecha de toda la vida (es decir, de la heredera del absolutismo dieciochesco que cristalizó contemporáneamente en el golpe de estado del 36 y la posterior dictadura de 40 años, cuarenta, que se dice pronto) quiere dar al aeropuerto murciano.

Y resultó que al hombre, el magnífico Luján, no se le ocurrió otra cosa que pedir el informe –– se deduce que para contrarrestar “definitivamente” los escritos de Ángel Viñas y Paul Preston al respecto del inventor Juan de la Cierva–– nada menos que a un gran especialista en… Historia Moderna, la que va desde los Reyes Católicos a la Guerra de la Independencia de 1808 y siguientes. 

No se le pasó por el magín al egregio con birrete pedir el informe a algún docto de los bastantes que tiene la UMU en Historia Contemporánea, la que abarca de la última fecha reseñada a la actualidad. Periodo en el que, por cierto, también son especialistas el malhadado Viñas y el al parecer desconocido por estos lares Paul Preston.

Se dice en la pública institución docente que, en el peor o en el mejor de los casos, se lo podría haber solicitado al Departamento de Historia Contemporánea, repletito como está de especialistas en el pasado español más reciente. Y en otros pasados también recentísimos. Simplemente para que se pronunciara como tal área universitaria en su conjunto, que para eso está a la hora de pedir sabias opiniones especializadas, aunque a nadie se le escapa que esa petición hubiera suscitado un profundo y probablemente agrio debate en su seno. Pero es lo que hay y para eso cobran.

El caso es que lo vino a encargar a alguien, el doctísimo en Moderna pero no en Contemporánea Javier Guillamón, quien previamente se pronunció públicamente en una entrevista publicada convenientemente por el diario oficialista murciano a favor, radicalmente, de cristianar el aeropuerto de nuestros murcianos pecados con el nombre del inventor del autogiro, gran aviador e innovador aeronáutico y, a la vez, facilitador del golpe de estado del general Franco, solo o en compañía de otros, y coautor, el volador, digo, de las primeras negociaciones con el régimen fascista italiano para que enviara ayuda militar a los generalotes rebeldes al régimen constitucional y legalmente establecido que el 18 de julio de 1936 era la II República española.

Esta torpeza del magnífico Luján ha causado estupefacción en bastantes ambientes de la universidad pública, ya con cierto regomeyo desde que el rector se declaró vergonzantemente a favor, en una intervención pública anterior, a favor de que el aeródromo recuerde a un golpista activo. Polémica, hay que recordar, atizada y exagerada por el extremo centro arrimado y ex-gobernante, la derecha instaurada desde hace 26 años y la extrema derecha bífida de la que gozamos como peculiaridad regional murciana.

Aparte de los citados ambientes, también es detectable el malestar en el propio entorno de este magnífico que fue afiliado a CCOO. Basta con preguntar, discretamente, a algunos miembros del Consejo Rector de la UMU y quizá, si hay confianza de por medio, se deje traslucir el malestar constatable tras las últimas actuaciones de Luján, más pendiente, hay quien asegura, de cumplir fielmente determinadas directrices del Gobierno Regional que de otra cosa.

Puesto que el informe que el magnífico ex-coco encargó al antiguo presidente territorial de la CAM y cátedro de Moderna ––no confundir con la vacuna–– le fue solicitado por el Ejecutivo de López Miras. Previamente, quedó por el camino, es decir, sin ejecutarse, un acto solemne que se pensaba hacer para que los retratos de los dos rectores que la UMU tuvo en periodo republicano fueran colocados patentemente en la sala donde están todos los magníficos de la institución.

No se sabe muy bien cómo, pero los retratos han aparecido colgados en el lugar que les corresponde, sin que se haya registrado evento alguno para honrar la memoria de aquellas dos personas, Manuel Pérez Xambó y Laureano Sánchez Gallego, cuya entronización se habló de que estaba prevista para el 14 de abril pasado, cosa que no se produjo obviamente.

Y eso que, como corresponde a toda institución pública que se precie, los retratos fueron realizados por los ganadores de un concurso convocado ad hoc con luz y taquígrafos. Los ganadores de la competición, permítaseme la palabra, Alfonso del Moral y Francisco Miguel Pujante, deben estar preguntándose que habrán hecho para merecer este… oscurantismo con sus obras premiadas.

Es constatable, pues, que el regomeyo viene siendo ya viejuno en determinados ambientes universitarios sobre las actuaciones del actual magnífico. Nadie se sorprenda si en los próximos días se ve circular una carta promovida por académicos universitarios o no pidiendo el reencauzamiento de las tomas de postura del rectorado y su adecuación a la anterior y vigente ley de Memoria Histórica y a la nueva de Memoria Democrática aprobada el martes por el Gobierno del Estado español. El detonante de la misiva referida ha sido lo del informe encargado por Luján a Javier Guillamón. Pero hay bastantes más asuntos pendientes. No solo en la UMU. Basta revisar el callejero de algunos de los 45 municipios murcianos para verlo. Vale.

Como es fácilmente detectable para cualquier observador medianamente avisado, en los ambientes sociales, vecinales, sindicales, empresariales y políticos se ha suscitado una expectación inusitada ––solo comparable a un anuncio inminente de la fin del mundo–– desde que hace una semana el presidente López Miras anunció solemnemente en el debate del estado de la Región la creación de un Observatorio del Mar Menor. 

Arde la sociedad murciana, buena y mala, en deseos de aportar ideas, sugerencias, propuestas…   Como se ha visto desde aquel debate la iniciativa presidencial ha desatado una tormenta de ideas en torno a la recuperación del Mar Menor con el Observatorio de nueva creación como clave de bóveda de todos los esfuerzos que está haciendo la administración regional, secundada por las locales de los municipios ribereños, para devolver la laguna a su equilibrio ecológico original, que nunca debía haber perdido.

En consonancia con esta innovación intelectual aportada por el mandatario murciano están, sin lugar a dudas, las efectivas políticas de redirección de los problemas causados a ese ecosistema singular por no se sabe muy bien qué factores externos, probablemente derivados de la inacción y mala gestión del gobierno socialcomunista bolivariano que quiere romper España empezando por Murcia y el Mar Menor.

Así, se han construido filtros verdes para parar la escorrentías agrícolas; se han puesto en barbecho todas y cada una de las hectáreas de regadío ilegales o sin asignación de agua del trasvase; se ha prohibido y evitado fehacientemente el uso de abonos con nitratos en las superficies de regadío legales; se ha declarado una moratoria a la construcción en el entorno próximo y en la zona de influencia del Mar Menor; se han trasladado las macrogranjas de porcino cuyos purines envenenan, como los nitratos, las escorrentías hacia la laguna; hace meses que se han eliminados los limos y lodos malolientes de las playas de Los Nietos y Los Urrutias especialmente….

En fin, se han hecho tantas cosas que el espacio limitado de esta soflama no es suficiente no ya para ensalzarlas, sino siquiera para mencionarlas. Y todo ello, gracias a la activísima gestión del consejero de la cosa, el ya mencionado Antonio Luengo, quien hasta se puede colgar la medalla, a diferencia de su antecesor Cerdá, de la casi desaparición de la plaga de medusas que invadió las calmas aguas marmenorenses para delicia de biólogos, naturalistas y ciudadanos interesados en el medio ambiente en general que disfrutaron de esta manera del enriquecimiento de la biodiversidad en las aguas regionales.

Para quien no se haya dado cuenta aún de lo exitoso de la gestión, baste mencionar que en un recentísimo artículo sobre la recuperación y relanzamiento del sector turístico, la viceportavoz del PP en la Asamblea de Castillo, Miriam Guardiola, ni siquiera ha considerado conveniente hablar de la regeneración del Mar Menor. No hace falta: está en curso avanzado no, lo siguiente; como es obvio para todo aquel que tenga ojos en la cara.

En realidad y para hacer honor a la justicia, el mérito de todos estos logros no es solamente atribuible a nuestro actual eximio López Miras y su egregio consejero de Agricultura y Agua, Antonio Luengo. No. Hay que reconocer, aunque sea a toro pasado, los méritos contraídos a los efectos que nos ocupan tanto de los pretéritos Ramón Luis Valcárcel y su eterno consigliere Antonio Cerdá, como del inefable Pedro Auditorio Sánchez, de quien los que realmente saben aseguran que sigue manejando los hilos que mueven al actual ocupante de la mullida poltrona de San Esteban.

Por eso mismo, hay quien se pregunta si es realmente necesaria la creación de ese Observatorio del Mar Menor y si no será todo una inusual maniobra propagandística del presidente López Miras, quien, saliéndose de su comprobada línea realista de gestión factual comprobable, solo pretende confundir a los trafalmejas opositores que ningún bien quieren para la Región, sino solo prosperar y ocupar cargos, carguetes y sueldos para ellos y para sus amiguetes. El tiempo lo dirá. Vale.

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El cambio en la ley del presidente culmina toda una serie ininterrumpida de desmanes realizados por las eximias autoridades murcianas desde que empezó la pandemia, hace ya quince meses. La última movida aprobada ayer en la Asamblea Regional para que López Miras pueda perpetuarse en el poder es el corolario de una lista de arbitrariedades que se antoja indigna de cualquier sistema medianamente presentable. 

El propio mandatario murciano se acaba de llenar, otra vez, la boca hablando de “tropelía” al referirse al gobierno social-comunista, cuando esas son las que él comete como se ve si se recapitula la sucesión más reciente de hechos políticos en la Región. La justificación parlamentaria por el portavoz popular de que eso también lo han hecho comunidades gobernadas por los socialistas suena a refranero español: mal de muchos, consuelo de tontos.

De vez en cuando, merece la pena volver la vista atrás y observar el camino que nunca se debería volver a pisar. En un periodo inferior a año y medio, el ejecutivo que preside el orondo lorquino ha incurrido en manifiestas tomaduras de pelo, encabezadas por las 600 vacunaciones irregulares, que nunca serán investigadas verosímilmente, que obligaron a la dimisión del anterior consejero de Sanidad y todo su equipo directivo en un momento en que los efectos de la pandemia arreciaban sin fin previsible.

A ese escándalo se añadió el chusco episodio, que tampoco nunca será aclarado, de una serie de prebostes huyendo por patas del conocido restaurante capitalino Salzillo ante la presencia de la policía local cuya presencia amenazaba con devenir en denuncias contra ese grupo de importantes amiguetes que se saltaban descaradamente las normas de confinamiento que el común respetaba, por cierto.

Con una profundidad y con una pervivencia dañina mayores, el partido gobernante aprovechó poco después para introducir reformas más permisivas en las ya de por sí laxas y generalmente incumplidas normas medioambientales regionales a mayor gloria de constructores ladrilleros y demás ecodepredadores en general.

Creímos erróneamente que alcanzábamos el clímax cuando, a continuación, la torpe moción de censura PSOE-Ciudadanos derivó en una compra a gogó de diputados dispuestos a incurrir en algo tan pestilente como el transfuguismo gracias al cual Murcia se convirtió doblemente en pionera de las Españas: un presidente de parlamento regional tránsfuga, además de meapilas, y una consejería de Educación entregada graciosamente por el chico lorquino a la extrema derecha también tránsfuga. Toda una marca difícil de superar y que pasará a los anales de la historia política a estudiar en las facultades correspondientes.

Pero no, a nivel social cada escándalo supera al anterior. Tal que cuando tuvimos conocimiento de que, merced a una estadística supuestamente real sobre supuestas objeciones de conciencia médicas, la Consejería de Salud ––¡otra vez! –– viene derivando a regiones lejanas a mujeres que pretenden ejercer su derecho legal a interrumpir su embarazo. 

Inmediatamente, se publicó hace pocas semanas sin que fuera jamás desmentido que había un número indeterminado de clientes de la sanidad privada que son operados quirúrgicamente en hospitales públicos saltándose las largas colas y las demoras consiguientes que los pacientes sin enchufes ni amiguetes deben sufrir en el Sistema Murciano de Salud. Esperas largas, en tiempos de pandemia, para los no influyentes que han abocado al hoyo, al nicho o al crematorio a algunos de ellos.

Ya lo último de lo último en el tiempo reciente tampoco invita a mantener un atisbo de esperanza, habida cuenta de que todo esto pasa porque los ejercientes del derecho a voto otorgan el suyo a quienes se lo otorgan. Y para más escarnio, no parece desde hace ya un cuarto de siglo que el principal partido de la oposición sea capaz de ofrecer una alternativa suficientemente creíble, al margen de la anécdota del resultado de los últimos comicios autonómicos.

Item más: mientras el señorito lorquino y su pandilla con anclaje genovés preparan otra regresión democrática elevando de nuevo al 5% de votos el requisito para poder entrar en la Asamblea Regional ––recordemos, mal de muchos…––, el rector de la universidad pública de Murcia se suma vergonzantemente a los corifeos que piden orillar el cumplimiento de la llamada ley de Memoria Histórica para permitir torticeramente que un golpista monárquico de Franco y del 36, Juan de la Cierva, sirva para bautizar ese esperpento financiero y funcional titulado pomposamente “Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia”.

En este denso caldo de cultivo propio de una sociedad en la que el reaccionarismo y el neoliberalismo versión Ayuso dominan los resortes de poder y el ambiente en general, no es de extrañar que las estadísticas oficiales arrojen los datos que arrojan: Murcia disfruta de la mayor tasa regional de violencia de género. También es en la que se está produciendo muy recientemente una escalada de agresiones racistas que quedará sin duda reflejada en los conteos por venir.

Con estos datos anteriores, por no hablar de la calidad de la enseñanza, sanidad o servicios públicos en general, decir que Murcia es como una república bananera es un insulto para esos estados generalmente fallidos, tal como están las cosas y más arriba quedan descritas. Pero el territorio es dizque acogedor, abierto, moderno, inclusivo… y no se sabe muy bien cuántos más lugares comunes sin fundamento. 

A todo esto, el muchacho de San Esteban se permite decir a cuenta de la racionalización del suministro de agua del Tajo: «Tenderemos la mano para consensuar con el Estado. Si no quieren tomarla, el puño será bien fuerte para evitar la tropelía». ¿Tropelía, dice usted? Es lo que hay: la caverna. Vale.

Al gobierno regional de López Miras debería caérsele la cara de vergüenza cada vez que se hablara del aeropuerto de Corvera, dados los desproporcionados costes –22.000 euros al día, o sea ocho millones al año– que los ciudadanos de aquí seguimos pagando, además del sinfín de despropósitos que se sucedieron desde el mismo momento en que fue ideado hasta el parto final de su inauguración y cuya simple enumeración ocuparía el espacio todo de esta soflama.

Está claro que le viene de perlas al Ejecutivo la negativa ministerial a que sea cristianado –“como no podía ser de otra manera”, que diría el responsable original del entuerto, docente sin carrera que ahora exhibe su petulancia en una universidad privada madrileña– con el nombre de un pionero y egregio aviador, por un lado, golpista monárquico del 36, por otro.

Sirve así el asunto como densa e impenetrable cortina de humo para ocultar y que no se hable más de, por ejemplo, aquellos 600 vacunados irregularmente con el exconsejero Villegas y su equipo a la cabeza; o, más recientemente, del desvío fraudulento de pacientes de hospitales privados para que sean operados en centros públicos saltándose listas de esperas y demás zarandajas que solo los pobres sin enchufe se ven obligados a observar. Y, por no eternizar la retahíla, como el despido de una treintena de orientadores laborales del SEF regional aprovechando que dizque la tasa de desempleo toca mínimos históricos en Murcia.

Al tiempo, la derecha, la de toda la vida puesto que no tenemos otra, despliega sus armas propagandísticas en defensa del intento social-comunista y separatista de mancillar el buen nombre del incólume aviador tristemente muerto en accidente de lo suyo en noviembre de 1936, sin que llegara a gozar de las seguras prebendas y parabienes que le hubiera dispensado tres años más tarde el triunfo de los golpistas a los que ayudó.

Con tantas referencias a la supuesta ucronía y presentismo en que supuestamente incurre el veto derivado de un mínimo respeto a la Memoria Democrática –y a la ley, dicho sea de paso– resulta se echa en falta a un consultor cuya aportación hubiera sido indiscutible: el desaparecido sobrino del inventor del autogiro, Ricardo de la Cierva, ministro de Cultura en solo siete meses de 1980 y que antes fue jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo franquista hasta que en 1973, y con la dictadura vigente, ascendió a director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español. Ahí es nada.

Probablemente, su parecer hubiera sido revelador sobre la participación de su tío en un golpe que, como se sabe, no fue planeado ni perpetrado por aviesos fascistas, ni siquiera en su entonces mínima versión española conocida como Falange. A buen seguro, concordaría el sobrino en que la fallida intentona que fue causa de la guerra civil fue pergeñada por militarotes de confesión monárquica acendrada y declarada.

Tal que su propio tío, que colaboró en tanto que monárquico y conservador en la preparación del golpe militar, como se señala en varias obras citadas, por cierto, por el miembro de la Asociación de Memoría Histórica en Murcia, Diego Jiménez, en un reciente artículo que desmonta suficientemente las alegaciones de ahistoricismo y de manipulación vertidas por intelectuales derechistas.

Lo que probablemente el sobrino ministro corroboraría igualmente es que la historia, no se sabe si con minúscula o con mayúscula, la escriben los vencedores. Lo estamos viendo estos pasados días: los hijos y nietos físicos o intelectuales de aquellos vencedores del Primero de Abril pretenden seguir escribiéndola. O reescribiéndola. A su gusto, claro. Sin que se les caiga la cara de vergüenza, como tampoco se le cae al Gobierno regional elegido, sí, por los murcianos, dispuesto a que el territorio siga siendo hazmerreir y objeto de mofa.

Y también que siga vigente aquello de 'vae victis' recogido por Tito Livio. Entretanto, ha caído ya en saco roto la única propuesta de consenso hasta la fecha para nombrar la dichosa instalación como “Aeropuerto del Mar Menor” hecha por Unidas Podemos. Pues eso: ¡Ay de los vencidos! Vale.

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Tanta saliva y tanta tinta gastada para nada: defensa o en detrimento de que el gafado aeropuerto de Corvera sea rebautizado “Juan de la Cierva”. ¿Fruslerías? Al final, resulta que lo que verdaderamente debería importar es que se cumpla o no la ley. En este caso, la de Memoria Histórica. Una polémica anodina más que contribuye a que se olvide que ese aeródromo etiquetado “internacional” está gafado.

Es de tal calibre el cúmulo de despropósitos, cuentos de la lechera, costes inauditos y servidumbres políticas y económicas, desde que al expresidente Valcárcel y su pandilla se les ocurrió construirlo, que el último ridículo conseguido por los actuales gobernantes ya no se sabe si es siquiera digno de ser tenido en cuenta. Puesto que lo de menos es que se llame de una u otra forma.

Siempre y cuando se cumpla la legalidad vigente. Y en este asunto está claro que rebautizarlo con el nombre del magnífico aviador pionero mundial no lo hace, porque fue también un golpista que contribuyó de forma decisiva a que se pudiera ejecutar la sublevación militar cuyo fracaso dio origen a la guerra civil española.

Tiene miga que una infraestructura que probablemente estará obsoleta el lejano día que llegue a alcanzar una cuenta de resultados equilibrada pueda ser, además, motivo de escarnio, mofa y befa para cualquier mente mínimamente democrática y respetuosa de las leyes que nos rigen.

Alguien malintencionado, como el arriba firmante, podría pensar que a fecha de hoy se trata de ocultar que la ciudadanía murciana sigue pagando por el flamante aeródromo unos 22.000 euros al día, ocho millones al año, por el juguetito inservible al que la derecha de toda la vida se empeña en bautizar con el nombre de uno de los coadyuvantes del golpe de Estado perpetrado por el general Franco y sus secuaces, aunque el director del tinglado fuera ese otro militarote que ni moló ni mola nada.

La participación imprescindible del ingeniero Juan de la Cierva para que el Dragon Rapide trasladara al dictador en ciernes a territorio africano está ampliamente demostrada por la Historia, en general, y por el estudioso Ángel Viñas, en este mismo diario en tres artículos que, obviamente, ni el consejero de Fomento José Ramón Díez de Revenga, ni la diputada en el Congreso Isabel Borrego se han leído.

Ni falta que les hace. Lo que les sirve es usar la aplicación estricta de la ley de Memoria Histórica por el “Gobierno de Madrid” para que el nombre del ingeniero no sea consagrado en el frontispicio de la inútil instalación corveriana con el fin de montar otra algarada mediática contra el sanchismo socialcomunista, invocando el victimismo masoquista más ridículo, en la mejor analogía de esa otra gran estupidez de “Espanya ens roba”.

Sostiene el baranda de Fomento murciano, con una frase que quedará en los anales de la tergiversación política, que el Gobierno de Sánchez pretende “reescribir la historia desde un enfoque sectario y con una interpretación sesgada de este ilustre murciano” que fue De la Cierva. Precisamente, el dictamen de Aviación Civil para denegar el bautizo pretendido lo que hace es mantener la verdad histórica de que el ingeniero fue un golpista colaborador del general Franco, como ya dejó claro Ángel Viñas, por un lado. Por otro, que esa misma persona fue una figura señera de la aviación civil. Lo cortés no quita lo valiente.

Léase al efecto el texto emitido por la Dirección General de Aviación Civil y la resolución denegatoria del ministerio que no deja de “tener en cuenta sus innumerables méritos cosechados (…) y su contribución a la aviación en el mundo”, como dice el consejero Díez. Es decir, los reconoce.

Pero también dice que sus otros “méritos” al servicio del golpista Franco lo inhabilitan según el espíritu y la letra de la vigente ley de Memoria Histórica. Y si se trata de cumplir las normas que nos hemos dado democráticamente los españoles ­­­­––como gustan de repetir bombásticamente los acérrimos del 78––, esto es lo que hay.

Otra cosa es que este nuevo ejercicio de insumisión a la legalidad vigente por parte del PP se suma al rechazo a renovar el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. O, simplemente, a que se aplique la ley, en este caso la de Memoria Histórica, como ya hicieron los gobiernos populares de Mariano Rajoy dejándola sin dotación presupuestaria para que se convirtiera temporalmente en papel mojado.

El esperpento llega al extremo de que la diputada Isabel Borrego ––cuyo enorme atractivo fue suficientemente fuerte como para que el nunca bien ponderado Vicente Antonio Martínez-Pujalte López abandonara su condición de numerario del Opus Dei y el voto de castidad consecuente para matrimoniarla–– hable de que Sánchez solo aplica “su” ley. Porque esa norma no es del actual presidente del Gobierno, sino de todos los españoles puesto que fue aprobada por la mayoría del Congreso. Y tampoco sería, forzando la mano, de Sánchez, sino de Zapatero, que también tiene la culpa de esto.

Así que los más eximios defensores de la legalidad vigente, cuando les conviene, vuelven a boicotear la aplicación de las normas democráticas que no les gustan, práctica a la que penosamente tienen acostumbrada a la ciudadanía. Alguien podría preguntarse que, si tan mal les parece, por qué razón no intentaron cambiarla la ley en cuestión cuando gobernó Rajoy entre 2011 y 2018. Tiempo tuvieron.

Pero no, optaron por la vergonzante actitud de dejarla sin efecto negando la financiación necesaria para su aplicación mientras el señor registrador se fumaba un puro. Lo mismo que hicieron, por cierto, con la cooperación internacional y con algunas otras cosas cuya enumeración sería demasiado prolija. Lo mismo que hacen ahora los populares murcianos con la norma que permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Región de Murcia, convirtiendo la legalidad en un chicle a gusto del gobernante de turno. Parece, por tanto, caer en el olvido para algunos ese principio en que el común debería creer de que las leyes están para cumplirlas. Y, si no, uno puede ir a la cárcel. O no, como se está contemplando. Vale.

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Eso de tirar la piedra y esconder la mano es un topicazo, de acuerdo. Pero es lo que vienen haciendo los portavoces de la derecha desde hace mucho tiempo. Es decir, viven de agitar como señuelos todos los topicazos posibles: que si nos invaden, que si gobierno (de izquierdas) ilegítimo, que si elección antidemocrática, que si bolivarianismo, que si ansias expropiadoras, que si violación del derecho a la propiedad privada, que si subida salvaje de impuestos….

Al fin y al cabo, hacen como los independentistas que tanto odian: que si España nos roba, que si Catalunya is not Spain, que si “el hombre andaluz es un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años pasa hambre y vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual”, como dejó escrito ese prócer llamado Jordi Pujol en su libro La inmigración, problema y esperanza de Cataluña, publicado por primera vez en 1958 y reimpreso en 1976, en plena Transición. Donde dice andaluz, léase murciano, manchego, extremeño, gallego...

Frente a semejante dislate actualizado por los Artur Mas, Puigdemont, Torra, Artadi y demás, ahora Casado alienta la reedición de la algarada famosa revestida de manifestación en la plaza de Colón. Tras muchas dudas ante la posibilidad de dar el cante, se sabe ahora que asistirá confundiéndose con Vox, como si en la hora actual fuera posible no distinguir lo que son los “populares” de los representantes de la extrema derecha.

Y esto no es otro topicazo: obsérvense los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y Murcia, sin ir más lejos, y nótese con quién gobierna y en quién se apoya el autoproclamado centroderecha “popular” y el autotitulado “centro regenerador” (versión espuria en el caso murciano). Vox aparece ahí como la alargada sombra que todo y a todos cubre, como aquellas de los cipreses del maestro de periodistas Miguel Delibes, cuyos árboles literarios poco tenían que ver con los que creían en el dios de Gironella.

No se sabe aún a qué egregio estratega debe su pronunciamiento quien quiere y parece ser líder de la derecha de toda la vida. Mucho es de temer que detrás del nuevo giro confusionista ––con “ese”–– esté nuestro admirado ingeniero campeón mundial de lanzamiento de hueso de oliva, a la sazón ariete máximo de las huestes populares.

El caso es que las cambiantes posturas de los líderes actuales de la que pretende ser centroderecha confunden sobremanera. Quien, despechado por la “traición” de Sánchez y su gobierno socialcomunista, pensara votarles en las lejanas generales habrá de decidir primero si vota al Casado aznarista de los primeros meses tras su elección, enganchado a la teta ideológica de la FAES; al Casado pseudocentrista que puso a caldo a Vox en el Congreso cuando su inocua moción de censura; o al Casado más reciente, dispuesto a reeditar la estrategia negacionista de Cataluña con la que su antecesor Mariano Rajoy consiguió enquistar hasta profundidades abisales el problema político del nordeste español.

Para ello habrá de tragar el votante con el hecho consumado de que se pudo, sin mover ni un músculo de la cara, indultar a Tejero y a Armada o a Barrionuevo y a Vera, pero es delito de lesa patria hacer lo propio con los “indepes” nacionalistas catalanes, que son muy suyos y no se arrepienten de nada.

Bien mirado, puede que la alternativa real que ofrece la derecha frente a los bolivarianos usurpadores de “su” ––de ella–– poder sea la inefable nueva lideresa madrileña, dispuesta a repetir los éxitos de otra ínclita predecesora y marquesa que consiguió tres mayorías absolutas, tres, después de ganar el poder merced al “tamayazo” aún sin aclarar.

También pueden formar ambos el tándem perfecto, Casado-Ayuso o Ayuso-Casado, tanto monta, como han venido demostrando durante la pandemia con sus prístinas tomas de posición sobre el establecimiento o no del estado de alarma, su prórroga o su eliminación, y tantas otras lindezas contradictorias a las que nos hemos acostumbrado a escuchar.

No nos queda, pues, otra que no pensar demasiado, apoyar vocingleramente lo que diga Casado y lo que diga Ayuso, sea lo que sea. Confiar también en que la apariencia de sentido común que parece despuntar a veces en Núñez Feijoo sea tenida en cuenta y, a pesar de ello, acudir como un solo hombre y una sola mujer ––prietas las filas, recias, marciales–– a la nueva llamada de Salvemos la Patria el 13 de junio en la Plaza de Colón, donde la mayor bandera de España ideada por ese cartagenero autor de la gesta de Perejil, a pesar del “tiempo duro de levante”, nos cobijará bajo su sombra. Y la manitas, mejor en los bolsillos. No vaya a ser que se vea de dónde ha salido la piedra al levantar rígido el brazo derecho con la palma extendida. Vale.

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A nadie se le escapa, o no debería, que el pivote sobre el que gira la política a medio-largo plazo en la Región es el del agua. Tampoco se podría ignorar que cualquier propuesta clara al respecto aglutina por un lado apoyos y concordancias, votos en definitiva, al tiempo que denuestos y rechazos en el otro. No hay término medio, por mucho que haya quien se empeñe en elogiar la sabiduría y la profundidad del gris, la ahora llamada equidistancia.

Hace algún tiempo, comentando unas votaciones regionales en la misma noche electoral el arriba firmante aseguró que había ganado el mensaje más claro. Con más del sesenta por ciento, que todo hay que decirlo. Un cotertuliano y, sin embargo, partidario de los ganadores, me espetó en un receso fuera de micrófono: Eso lo traías preparado. 

Era obvio: el “Agua para Todos” blindado por Valcárcel, publicitado por Ruiz Vivo y financiado con cuantos medios hiciera falta por SCRATS, Junta de Hacendados, Polaris, ProExport, etcétera, etcétera, etcétera ––como se decía–– arrasaba una vez más ante la incapacidad manifiesta de los socialistas locales de emitir un mensaje alternativo, clarificador e igualmente unificador para aglutinara votos bajo la bandera del PSRM.

Unos cuantos años después estamos en las mismas, como acaba de mostrar la enésima “marcha en defensa del trasvase Tajo-Segura”, que no es otra cosa sino el empecinamiento de quienes controlan el negocio del agua en que todo siga igual, indiferentemente de que el caudal de la cuenca cedente disminuya, como baja el régimen general de lluvias, y de que las necesidades hídricas de esa área donante crecen, aunque no al ritmo desbocado al que aumentan las de la zona destinataria de los hectómetros cúbicos trasvasados, es decir, la cuenca del Segura.

El victimismo trasvasista se ve, pues, contrarrestado por el victimismo sur-mesetario, una dinámica diabólica en la que ambas partes reclaman más sin una consideración mínima de los intereses de la otra. Un juego de espejos que no tiene en cuenta el acelerado cambio de las condiciones climáticas hacia una situación progresivamente más seca que impondrá ––de hecho, ya impone–– un recorte acentuado de las disponibilidades hídricas en los pantanos de Entrepeñas y Buendía.

Por parte de los promotores y convocantes de esta nueva protesta protrasvasista, las posturas están claras. Es el mismo mensaje de siempre en pos del mantenimiento de un statu quo insostenible. Tienen su razón de ser y su derecho a defender su posición: poderoso caballero… Pero sorprende y mucho que, como en tiempos del más puro y neto bipartidismo, la alternativa del PSRM sea ninguna. O, desde luego, imprecisa y contradictoria.

La dirección del principal partido de la oposición murciana se mostró contraria a la convocatoria de la protesta en Madrid. Y paralelamente dio “libertad de voto” a sus representantes de cada localidad para que fueran o no, apoyaran o rechazaran, aprobaran o disintieran. De esta forma, y como es habitual, la Región sigue sin saber cuál es la postura realmente oficial y elaborada del PSRM con respecto al trasvase Tajo-Segura. 

¿Hay que defenderlo hasta la muerte a pesar de que las evidencias muestran que es una pelea de objetivo incierto, por no decir condenada al fracaso? ¿Hay que plantear alternativas largoplacistas para procurar equilibrar la demanda de agua de alguna manera cuando, no dentro de muchas décadas, un Tajo exangüe sea incapaz de cubrir las necesidades del regadío surestino?

Si se opta por la primera, ¿Hay seguridad de que dentro de una década, por ejemplo, la economía regional va a poder seguir teniendo como piedra angular el regadío, junto al turismo de medio pelo segundoresidencionista? ¿Hay seguridad de que la supuesta y nunca suficientemente demostrada racionalización del uso del agua conseguirá salvar la joya de esa corona turística que es el Mar Menor? ¿Hay una propuesta general y comprehensiva que intente aunar ambos objetivos?

Está claro que los promotores de la protesta trasvasista en Madrid no la tienen, como vienen demostrando desde hace 25 años en conjunción con los enunciadores y defensores del “Agua para Todos”. Siguen encerrados con su único juguete: el Trasvase y la explotación salvaje de recursos, tierras y hombres. Una última cuestión: ¿Tiene el PSRM otra vía que ofrecer que no sea la que se cobija demagógicamente bajo ese eslogan hidrológico tan exitoso? No parece. La aguja magnética de la brújula, de nuevo, no marca ningún norte: la marea se impone. Vale.

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Marruecos parece dispuesto a que el actual presidente de la que algunos aún se empeñan en llamar “autoproclamada” República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, pase a la historia como víctima de la insensibilidad antihumanitaria y, paralelamente, de la manipulación de la pobreza como arma arrojadiza.

El monarca actual, Mohammed VI, autoproclamado “sobrino” de nuestro innombrable emérito, ha heredado, corregido y aumentado todos los vicios y trapacerías de su egregio progenitor, Hassan II, aunque no su habilidad para navegar en las turbulentas aguas de la política internacional con movimientos oportunistas y actitudes chantajistas. 

No le hace falta. Para guiarle tiene a su entorno, el ancestral Majzén, digno sucesor cortesano-político del que rodeaba a su padre y émulo aventajado, a juzgar por los resultados recientemente obtenidos: reconocimiento de la “marroquinidad” del Sahara Occidental por la administración estadounidense de presidente Donald Trump justo antes de abandonar la Casa Blanca.

Víctima propiciatoria de todo ello es ahora Brahim Gali, hospitalizado por COVID-19 en Logroño y diana internacional del Majzén y de algunos tribunales españoles dispuestos a consumar en la medida de lo posible la gran traición al pueblo saharaui ejecutada en 1975 y personificada en la visita del entonces aún heredero del agonizante Franco, príncipe Juan Carlos, para proclamar falazmente la “españolidad” del Sahara.

Conocí a Gali en la última gran batalla de la guerra saharaui-marroquí, en octubre de 1981, en Guelta Zemur. Era el ministro de Defensa de la RASD. Un militar enhiesto y duro, director sobre el terreno del ejército, o guerrilla, saharaui, que se avino a saludar al puñado de periodistas desplazados desde Argel para presenciar el resultado del enfrentamiento.

Años después, a principios de este siglo, lo volví a ver en Molina de Segura. Era el embajador de la RASD en España, después de que, agotada por aburrimiento la etapa de hostilidades abiertas, saharauis y marroquíes llevaran ya entonces largos años jugando una partida de ajedrez internacional para que se celebrara o se impidiera el referéndum de autodeterminación de la población del antiguo territorio español. A los jóvenes españoles de esa época ya les sonaba a chino lo del Sáhara Occidental.

Había llegado Gali al sureste español para espolear las acciones solidarias, ya asentadas, con su pueblo y tenía muchas cosas que contar. Como fiel reflejo de la actitud del establishment estatal español hacia la población y los problemas de la antigua “provincia 53”, mi jefe de entonces me concedió graciosamente una escasa columna para lo que Gali tuviera que decir: “Eso no interesa”.

Esa ha sido, por norma, la actitud general y continuada de las clases dirigentes españolas y gran parte de la sociedad civil hacia los saharauis: traición, primero, y, luego, olvido. No hay peor desprecio que el no aprecio, es el dicho que los ciudadanos de la RASD sufren por activa y por pasiva desde hace cincuenta largos años. La cobarde e injustificable política de todos, absolutamente todos, los gobiernos españoles desde 1975 ha puesto en manos del Majzén la capacidad decisoria sobre lo que se cuece en el Magreb, por mucho que Argelia haya presionado suficientemente con el suministro de gas natural como arma compensatoria.

Así, por una vez que una ministra de Exteriores ha intentado un gesto humanitario y amistoso hacia el responsable máximo de una antigua colonia ––recordemos cuántas ha tenido Francia, por ejemplo, hacia personajes dignos del patíbulo más que de otra cosa––, el hijo de Hassan II y su Majzén han reaccionado con una medida agresiva sin precedentes, al margen de que habría mucho que discutir sobre la españolidad de las dos plazas en el norte de África.

Lo peor es, además, que la satrapía alauí no ha dudado en usar como carne de cañón ad hoc a su propia población y a cuantos pasaban por allí ––léase migrantes subsaharianos––, enviándolos directamente sin cortapisas ni obstáculos a un suplicio medieval como colofón a la propia incapacidad de la monarquía autoritaria marroquí a satisfacer mínimamente las necesidades de sus súbditos, que no ciudadanos.

Entretanto, el ocupante del trono, ese Mohammed VI que pasa las dos terceras partes de su tiempo de juerga en el extranjero, disfruta no solo de su posición de privilegio sino también de decenas de palacios y propiedades industriales y societarias sin cuento dignos del mejor de los sueños húmedos del rey Midas. También goza de la amistad “familiar” de la dinastía Borbón española y de la aquiescencia del centroderecha francés.

Consecuentemente, mientras Mohammed VI se divierte, el Majzén gobierna y conspira internacionalmente chantajeando a desavisados… y a algunos que no lo son tanto. Al tiempo la justicia española encausa a Brahim Gali, nuevo chivo expiatorio de los tejemanejes para salvar la cara del régimen marroquí, que nos dejan como recuelo de la “invasión” de Ceuta a cientos de nuevos “menas” para que lidiemos con ellos. Penúltimo episodio de una vergonzosa cadena de traiciones del Reino de España que nunca serán juzgadas. Ni siquiera por la Historia. Vale.

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Tiene la derecha española la santa costumbre de idealizar el pasado de algunos de sus viejos o pretéritos adversarios políticos. Es costumbre muy arraigada, como se puede observar repasando las hemerotecas y comparándolas con lo más reciente. Así que, como marcan los precedentes, vamos viendo en las últimas semanas unos panegíricos y elogios sin tasa ni tino ofrecidos a determinados antiguos ––que no necesariamente viejos–– rivales.

Este hábito de añorar el pasado enraiza firmemente en el componente reaccionario de buena parte de la derecha, esa misma que quiere presentarse como moderada, dialogante y saboreadora de las cosas buenas cuando hace falta reconocer la virtud en el campo contrario.

Por los altares del elogio político derechista van pasando así antiguos y no tanto izquierdistas, bien sea por su moderación presente debida a la edad o a los socios y amigos que les hacen disfrutar de la verdadera buena vida; bien sea porque su alejamiento puntual de la política les hace merecedores de alabanzas… como contrapunto desprestigiador de los mandamases reales y actuales de esa izquierda que se empeña en pedir lo imposible, como si la caída y despedazamiento del imperio soviético no hubiera dejado bien a las claras que eso no es ni moderno ni actual.

Se loan de esta manera las tomas de postura independientes de personajes como Felipe González, por poner un ejemplo, cuya cercanía a determinados magnates empresariales y financieros explican precisamente todos los por qués de su posición presente. Incluso, quien fue durante muchos años la verdadera bicha de la derecha, el otro sevillano de larga gobernación, Alfonso Guerra, encuentra hornacina bajo la que se encienden velas en los falsarios templos derechistas cuando expresa por libre y a su aire su contraposición a quienes dirigen ahora su partido.

Uno de los pocos “ex” izquierdistas, por llamarlo de alguna manera, que no ha sido elogiado por aquellos de quienes hablamos es el denostado Zapatero, aquel que tenía la culpa de todo. Muy sencillo: resulta que con su labor mediadora en el conflicto civil venezolano lo que está haciendo en realidad es favorecer la supervivencia del régimen bolivariano madurista y socialcomunista, como el que, dicen, tenemos en este lado del charco. Por tanto: traidor y antiespañol que se ha colocado él solito en el centro de la diana.

Sin embargo, no le faltan a la derecha objetos de culto ex-izquierdistas, por así decirlo. Muy recientemente hemos asistido a la resurrección de dos momios ideológicos cuyas posturas tiempo ha que distan de ser tenidas en consideración…, menos para los de siempre, claro. Son el hijo del líder histórico de UGT, el vástago de segundo apellido Terreros, y el ex-de-todo , hasta de la sensatez, Joaquín Leguina, incorporados por activa y por pasiva a la campaña triunfante del ayusismo madrileño.

Son dos de los más egregios representantes de la, para la derecha, “verdadera” izquierda. Sin comentarios. Ambos encuentran desde hace tiempo desahogo ideológico y literario para sus deposiciones mentales en la caverna impresa, mayormente en la capital de todas las Españas. La lista es suficientemente larga, mientras que Borja Semper flota en un digno mar de ostracismo tras su renuncia a los populares y Toni Roldán parece que vuelve a medrar ideológicamente convenientemente escorado hacia la verdad de la buena. Relativa, claro, como todo.

Centrándonos en lo que de verdad importa, en la tierra receptora del mejor trasvase del mundo, habríamos de fijarnos en determinados elogios que últimamente cosechan egregios representantes que fueron de la izquierda más o menos divina y que no renuncian a reingresar por la puerta grande en el ruedo murciano. Son los nuevos Santos Izquierdistas, a cuya labor divisiva la derecha quisiera tener en su gloria.

Llaman la atención los parabienes con que algunos portavoces mediáticos y de los otros saludan la cantada re-irrupción política del antiguo líder de Podemos, que escogió alinearse con los renovadores de la nueva izquierda, recién casi triunfantes en Madrid, después de haber aplicado al pie de la letra las directrices emanadas de la gran cabeza pensante coronada antes por coleta y ahora por “moñeta”.

Sirve el anunciado retorno para denostar a los actuales responsables de la coalición izquierdista por “comunistas de libro”, leninistas ––o aún peor estalinistas––, que obligaron directa o indirectamente y siempre por órdenes “de Madrid” a los auténticos políticos de izquierda a abandonar la unión podemita y refugiarse en su posición de más-lo-que-sea. Trampa saducea auspiciada por los medios mediáticos, en cuyo anzuelo nadie debería picar.

Al margen del ya proclamado relanzamiento de esa “nueva” izquierda que socavará el engaño bolivariano socialcomunista verde-iraní, a pesar de su reconocido trabajo parlamentario, que nadie dude de que serán clamorosamente aplaudidos los dos actuales concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, si finalmente deciden presentarse en 2023, siendo fieles a su viejo mentor, en las listas que auspiciarán el peaso líder de origen navarro y el antes llamado “comando Vistabella”.

La izquierda murciana podría contrarrestar las maniobras loando la “conversión”, vía pin parental, a la gran causa progresista del ex-sobrinísimo que fue consejero de la Kultur más elitista y asocial que ha conocido la murcianía, la cartagenería y la lorquianía. Pero, normalmente, los que cargan a ese lado ––sucio, nos enseñaron los curas–– son bastantes torpes, no acostumbrados a las artimañas que enseña la suavidad de la moqueta. Pero son más diáfanos. Eso les pierde. Quizá demasiado: les falta el colmillo retorcido, no habituados a cazar jabalíes. Vale.

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Se ha oído mucho un aforismo atribuido a Voltaire como paradigma de la profesión de fe democrática. “Estoy en desacuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo” es la frase que se le atribuye erróneamente al ilustrado francés. Pues no. No la dijo Voltaire. En realidad es de su biógrafa británica Evelyn Beatrice Hall, que la dejó en el libro 'Los amigos de Voltaire', firmado con el pseudónimo de Stephen G. Tallentyre.

Esa inexactitud no quita para que el aserto haya sido utilizado ampliamente para mostrar la oposición entre adversarios o disidentes políticos y, al mismo tiempo, reafirmar la convicción o la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión y transmisión de ideas en un sistema de libertades. En democracia, vamos.

Bien entendido de que se trataba y se trata de defender que todos y cada uno goce del derecho a comunicar lo que piensa y, al tiempo, cada uno y todos ejerzan la obligación de defender que lo haga. Por eso ha sido el aforismo pseudovolteriano ampliamente usado para subrayar la libre transmisión del pensamiento frente a las censuras y prohibiciones propias del autoritarismo… y del totalitarismo. Especialmente en tiempos difíciles para la libertad de expresión.

O para la democracia. Como dizque ocurre ahora, según conocidos y prestigiosos politólogos, a causa de las salidas de pata de banco de los voceros de Vox, que encuentran cobijo o justificación en la parte más rancia de la derecha “popular”. Por lo dicho, escuchado y presenciado en las últimas semanas durante la campaña electoral madrileña parece fuera de cuestión que, efectivamente, la llamada antes “democracia burguesa” sufre embates autoritarios con marcado carácter ultraderechista.

No solo en España: en la patria de la libertad moderna, el 'nuevo' partido de Marine Le Pen se apresta a, el año que viene, superar holgadamente la primera vuelta y volver a disputar la segunda de la elección presidencial con visos, por primera vez, de poder llegar al Elíseo a pesar del nuevo cordón sanitario que los restantes partidos del espectro harán en esa ulterior votación para intentar impedirlo.

Los peor pensados aseguran que al sur de los Pirineos no se tardará mucho en presenciar un escenario similar, dada la ausencia de ese cinturón político gracias a la que los representantes de la ultraderecha pactan y condicionan gobiernos de derecha, como pasa ahora en Madrid –– donde Díaz Ayuso no ganó la anteriores elecciones autonómicas–– o en Murcia ––donde tampoco López Miras fue vencedor––. O en Andalucía, donde tampoco ganó Juan Manuel Bonilla. En las tres regiones fue el PSOE el más votado.

También en los tres casos, gracias a la complicidad de Ciudadanos, el PP ha facilitado el acceso nunca antes imaginado a los resortes del poder a los ultraderechistas salidos de Vox, aunque sean tránsfugas irredentos como en el caso de Murcia. De forma y manera que el dicho apócrifo de Voltaire ha servido para que la derecha española recupere indirectamente sus esencias franquistas permitiendo que los descendientes políticos del nacionalcatolicismo versión neocon, despojados del carácter estatalista de aquel, condicionen o incluso impongan modos y maneras claramente reaccionarios en Madrid, Murcia y Sevilla. Sin preferencias: por orden alfabético.

Ni siquiera ha sido capaz la derecha tradicional española a ser fiel a aquello que no dijo Voltaire, pero imponiendo al hablante la soledad del desierto político, como se hace en Francia, Alemania, Italia… El resultado, a la vista está. Y con tendencia a empeorar, como posiblemente se verá después del cuatro de mayo madrileño. 

Las impresentablesy peligrosas boutades que se están viendo en Murcia desde que Vox es determinante gracias al PP ––con punta de lanza principal en la Consejería de Educación–– serán moneda corriente en la autonomía central del Estado si pasa lo que muchos no quieren que pase: que Ayuso barra en las urnas. Es lo que ocurre cuando se da crédito al payaso que atrae público a las puertas del circo, sin reparar en que puede convertirse en el león que al final se come al mal domador. Pero esto tampoco lo dijo Voltaire. Vale.

Ha tenido que ser la ministra considerada la más “neoliberal” del actual Gobierno quien se haya visto obligada a ponerle los puntos sobre las íes a la gran banca, a cuenta del “salvaje”, según los sindicatos mayoritarios, ERE masivo que prepara la refundida Caixabank. Imaginemos el escándalo mediático y político que se hubiera provocado si lo dicho por la vicepresidenta de Asuntos Económicos hubiera salido de la boca de Pablo Iglesias, por ejemplo, o cualquiera de los “comunistas radicales y bolivarianos” del Ejecutivo.

No va a haber lugar a semejante algarada porque ha sido Nadia Calviño la autora de la queja razonada y razonable que cualquier persona con mentalidad medianamente solidaria hubiera pronunciado al saber que el primer banco español quiere despedir, por las bravas y utilizando todos los resortes legales que en su día facilitó la reforma laboral de aquel M. Rajoy, a nada menos que casi 8.300 empleados, uno de cada tres; y cerrar una de cada cuatro oficinas de las actuales 1.534 que tiene.

Tampoco queda ahí el escándalo, porque el caso es que el sector banquero en su conjunto va a despedir en el bienio 2020/2021 nada menos que a 20.000 empleados, entre los de Caixabank, Santander, Sabadell… Son estas unas entidades bancarias en las que se ha refundido gran parte del rubro financiero para formar macroentidades en las que se subsumen buena parte de las fallidas cajas de ahorro regionales y otras entidades privadas.

Hasta ahí vale. Todo sea por el mantenimiento de ese sacrosanto sistema neoliberal ––aunque en puridad sería neocon–– en el que nos han instalado hace tiempo menoscabando el pretérito Estado de Bienestar, obra, no olvidemos, de partidos socialdemócratas, democristianos y liberales europeos de los años 50 y 60 del siglo pasado. Las mismas tendencias ideológicas que propiciaron un rescate-regalo al sector banquero de nada menos que 80.000 millones de euros que salieron del erario público para “rescatarlos” de la quiebra sistémica derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria que ese mismo sector propició y creó a principios de este siglo.

Ese salvavidas financiero que iba a ser a “coste sero”, de acuerdo con aquel mismo individuo que propició la reforma laboral ultraliberal, supuso un total de unos 65.000 millones de euros a los contribuyentes españoles, según un cálculo optimista.

Es necesario destacar que ese rescate a la banca estuvo especialmente destinado a entidades “cercanas” a los ciudadanos, que decían que atendían sus necesidades financieras y que, de paso, los engañaban como a chinos vendiéndoles el señuelo de la banca-mamá que nunca te dejará solo. Y esas organizaciones eran las cajas de ahorro. Recordemos las “preferentes”. Para entendernos, y por ponerle nombre a las cosas más próximas, los actores fueron: Cajamurcia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bancaja… absorbidas por la Bankia, a su vez integrada en Caixabank, y por el Sabadell, que fagocitó a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, antigua Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. 

Los directivos de esas cajas regionales participaron activa y fehacientemente en la orgía de favores financieros a amiguetes políticos y de los otros en la época de las vacas gordas ladrilleras mientras se beneficiaban de prebendas de dos tipos: monetarias en virtud de su manejo de las tesorerías corrientes y políticas merced a su íntimo concubinato con los poderes regionales. No hace falta señalar ––se puede hacer, que conste––. Los nombres los conoce todo el mundo.

Qué casualidad que entre los principales contribuyentes al catastrófico ERE general que se avecina están Caixabank y Banco de Sabadell. Ni una ni otro han tenido ni tendrán que devolver un euro de la parte alícuota que les tocó de aquellos miles de millones con los que el Estado los rescató tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que condujo a la Gran Recesión de hace diez/doce años.

Pero el escándalo ––casi ya diluido en el tiempo–– se convierte en obscenidad si se observa que esos altos ejecutivos, es decir, banqueros que proponen los EREs salvajes para solucionar sus problemas perciben “inaceptables”, dijo Calviño, “altos sueldos y bonus”. Para entendernos, el presidente de la refundida Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, pillará este año como sueldo fijo 1,65 millones de euros, más 200.000 euros como retribución variable. Y el consejero delegado Gonzalo Gortázar cobrará 2,26 millones de euros, más la parte variable de su sueldo ligada a objetivos, unos 708.800 euros.

Sería cansino reflejar la lista completa de lo que cobran y seguirán cobrando los ejecutivos que dirigen esos bancos conglomerados que planean casi 20.000 despidos para el presente bienio. La ministra Calviño la conoce probablemente muy bien. Por eso se horroriza. Pero, por un mínimo de coherencia, habría que reclamar a esos conglomerados financieros que “adecenten” las nóminas de sus altísimos ejecutivos antes de anunciar obscenos despidos masivos. Simplemente, para que no den ganas de vomitar leyendo determinadas noticias. Vale.

P.S.: Tras el cierre de este artículo, saltó que también el BBVA se suma a la impúdica bacanal financiera de los despidos, sumando tentativamente otros 3.800 trabajadores bancarios a las listas del paro. Sin duda, el sector de la banca española merece una felicitación muy efusiva. Tanto o más que la que recién recibieron por correo el ministro Grande-Marlaska, Pablo Iglesias o la directora general de la Guardia Civil.

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Ha sido desestimada ya la primera denuncia por supuesto cohecho interpuesta contra el presidente López Miras y los tránsfugas de Ciudadanos por supuesta prevaricación y cohecho –soborno, para entendernos–, posibles delitos gracias a los cuales uno habría conservado la primera magistratura regional comprando a los otros tres con los cargos que mantienen y las prebendas y beneficios que llevan aparejados. Sin olvidarnos del cuarto tránsfuga, que figura como abstencionista sentado en la Presidencia asamblearia, y que tiene más morro que sus tres amiguetes juntos.

Hubiera sido una sorpresa que se admitiera a trámite la tal querella, puesto que cuando alguien usa la toga para hacerse propaganda gratuita, mucho más barata que pagar espacios publicitarios, es normal que pase lo que ha pasado. Lo que resulta más discutible es que todo un partido de Gobierno como es el PSOE entre a ese mismo trapo e interponga denuncia con idéntico motivo y fin, sin parar mientes en la efectividad de la misma.

La cosa viene dizque del mismísimo secretario de organización del partido gobernante, puesto que fue él y no otro, a la sazón también ministro de Transportes, quien la anunció en el Senado, caja de resonancia para hacer ver a la ciudadanía algo que solo los obtusos dudarían: que el último ejemplo de golfería tránsfuga por intereses personales, rencillas irresueltas e inquinas africanas se dio en la Asamblea Regional de Murcia cuando Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez se desdijeron de lo que habían firmado cuatro días antes para encontrar cobijo en las faldas protectoras del presidente López Miras y salvarlo de la quema a la que parecía destinado, con la inestimable ayuda abstencionista del ínclito cofrade Castillo quien, según declaró, duerme como un bendito desde el día de la moción.

Lo grande del caso es que José Luis Ábalos había sido precedido en su porfía por el dignísimo peaso líder Pablo Iglesias, quien, en la sesión en la que se despedía de su cargo de vicepresidente segundo del Gobierno, anunció que su Unidas Podemos denunciaría a Teodoro García Egea, Fernando López Miras y Fran Hervías por “comprar diputados”. Al peso, se supone. El secretario de organización del PSOE no podía ser menos, como después se vio.

Aquellos del trío calavera ciudadano-murciano pecaron por acción, y el pérfido presidente asambleario por omisión. Se va a condenar igualmente esta banda huertana de los cuatro, si hemos de creer las leyes morales que proclama su religión de ellos. Sin embargo, no tiene mucha explicación –al margen de la pretendida propaganda fútil y corta de miras– que el partido gobernante y su coaligado respondan a la patochada política que nos ocupa con la inanidad jurídica y, probablemente, judicial. Basta con ver las “pruebas” que aportan los escritos de denuncia: recortes de prensa, para entendernos, aunque en realidad son enlaces electrónicos a artículos de periódicos.

Con el llamado pacto antitransfuguismo, en puridad “Pacto por la Estabilidad Institucional y lucha contra el transfuguismo político”, haciendo aguas tras el escándalo de Murcia, parecería más adecuado que los partidos que teóricamente se proponen que sea efectivo –y entre los que, obviamente, no se encuentra el PP a pesar de haberlo firmado– intentaran profundizar en ese acuerdo de forma que fuera legalmente imposible que se dieran situaciones político-legales como la protagonizada por los tres más uno tránsfugas de Murcia, con la colaboración de los otros tres prófugos políticos de extrema derecha y la instigación indispensable de los prebostes populares Casado, García Egea y López Miras.

En las actuales circunstancias, probablemente una iniciativa legislativa del Gobierno de coalición para hacer operativo el Pacto sería secundada por la inmensa mayoría del espectro parlamentario, salvo, claro está, PP y VOX. Porque, como es sabido, para que ese texto sea realmente efectivo ha de tener una traslación legal a los reglamentos de las cámaras autonómicas y de los ayuntamientos, además de al Congreso y al Senado junto a las reformas de la ley reguladora de las elecciones (Loreg) y la de los partidos políticos.

Pero, claro, eso es lo difícil y es lo que exige una acción política que no sea cortoplacista ni buscadora de titulares periodísticos espectaculares antes que de efectividad a medio y largo plazo. No obstante, sería una enorme noticia que el juez Ángel Garrote admitiera a trámite la denuncia del PSOE por los “hechos” transfuguistas. O la de UP el magistrado a quien corresponda. Tampoco hay que desanimarse: curados de espanto como estamos, todo puede pasar. Otro numerito judicial sustitutorio de actuaciones de calado para impedir legalmente la repetición de vergonzosos espectáculos como ese del que hemos disfrutado recientemente en primera línea de platea. Vale.

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