Las ayudas millonarias que recibe la familia real de Emiratos Árabes Unidos (EAU) por cultivar en España y otros países europeos, desvelada el jueves en una investigación internacional de elDiario.es junto a otros medios, ha llevado a Sumar, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, a registrar una batería de preguntas para exigir explicaciones sobre el caso. 

Paralelamente, los comuns han registrado también diversas cuestiones en el Parlament para la Generalitat de Catalunya —que ha aportado casi un millón de euros durante los últimos cinco años a las empresas emiratíes— y ha pedido la comparecencia del conseller de Agricultura en la cámara catalana. 

“Más allá de si las ayudas cumplen con los actuales requisitos legales, genera cierta alarma la capacidad de control de mercado que agentes de países fuera de la Unión Europea tienen sobre un sector estratégico como el agrícola”, reza el escrito registrado por Sumar. 

El partido liderado por la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, pregunta al Ejecutivo si los pagos desvelados por este periódico pueden considerarse ayudas de Estado a un tercer país de fuera de la UE a través de las subvenciones de la PAC (Política Agraria Común) y si estas transferencias podrían contribuir a la adulteración del mercado interno español y de la UE.

El escrito de Sumar también pone énfasis en el control por parte de un país ajeno a la UE de parte del territorio para la producción agrícola dedicada casi de manera exclusiva a la exportación y cuestiona, a su vez, si los hechos desvelados pueden afectar a la soberanía nacional. También destaca la “explotación de recursos hídricos” por parte de empresas controladas por terceros países “en un contexto de cambio climático con recurrentes problemas de escasez de agua”.

En Catalunya, los comuns han pedido la comparecencia del conseller de Agricultura, Oscar Ordeig, para informar sobre los pagos desvelados a la empresa Al Dahra, controlada en última instancia por diversos miembros de la dinastía Al Nahyan, que gobierna desde Abu Dabi al resto de emiratos del país. 

El partido liderado por Jèssica Albiach, a su vez, cuestiona al Govern catalán la falta de capacidad negociadora de los productores locales de alfalfa tras la llegada a la zona del gigante agroalimentario de Emiratos Árabes Unidos y pregunta qué controles se están aplicando sobre los receptores de ayudas públicas en el campo catalá.

También preguntan los comuns qué piensa hacer el Ejecutivo de Salvador Illa (PSC) para proteger a los productores locales ante los potenciales abusos en el mercado que estos grandes grupos pueden imponer.

Preguntas a la Comisión Europea

El eurodiputado Jaume Asens, también de Sumar e integrado en el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, ha registrado en paralelo una batería de preguntas dirigidas a la Comisión Europea para averiguar si ha iniciado alguna investigación sobre si las aportaciones del fondo soberano emiratí ADQ a sus filiales europeas pueden considerarse “subvenciones extranjeras” y si su acumulación con las ayudas de la PAC “falsean la competencia” en el mercado agrícola comunitario.

Asens, a su vez, solicita a la Comisión que verifique si los pagos de la PAC destinados a las empresas controladas por la familia real de EAU cumplen las condiciones medioambientales exigidas por el reglamento europeo.

Asens no ha sido el único eurodiputado que ha mostrado su indignación tras la publicación de la investigación. El eurodiputado austríaco Thomas Waitz, coordinador de Los Verdes/ALE en la Comisión de Agricultura, ha señalado que los hechos desvelados son “un escándalo a la vista de todos” y van mucho más allá de un “vacío legal”.

“Piénsenlo un momento: la segunda familia más rica del mundo, que gobierna un Estado sin prensa libre ni oposición política, no debería recibir subvenciones de la política agrícola de la UE”, ha afirmado. “Ese dinero nunca estuvo destinado a dinastías de combustibles fósiles; está pensado para reforzar a los verdaderos agricultores europeos”.

Una bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ondea en Fondarella, un inhóspito pueblo de apenas 800 habitantes en la provincia de Lleida. Preside la entrada de la sede central de Al Dahra, un gigante agroalimentario controlado por la familia real de Emiratos Árabes y, a día de hoy, la principal empresa de cultivo de alfalfa en todo el país.

En menos de 15 años, Al Dahra se ha hecho con el control de buena parte de las empresas que cultivan este forraje en el Pla de Lleida, una zona despoblada y envejecida en la que muchos agricultores no encuentran relevo generacional.

Según una investigación de elDiario.es junto a DeSmog (Reino Unido), The Guardian (Reino Unido) y G4Media (Rumanía), la empresa está controlada en última instancia por la dinastía Al Nahyan, la familia real que gobierna desde Abu Dabi los siete emiratos que forman los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Los negocios de la familia, considerada la segunda familia más rica del mundo con un patrimonio de unos 273.000 millones de euros, se extienden como una mancha de aceite en suelo europeo.

En España, Italia y Rumanía disponen ya de 65.000 hectáreas de terrenos agrícolas. La expansión se está haciendo, además, al calor de las ayudas de la UE: solo entre 2019 y 2024 las empresas controladas de los Al Nahyan recibieron más de 71 millones de euros en subvenciones, según desveló el jueves esta redacción.

Su presencia en el Pla de Lleida, donde disponen de hasta seis sedes en apenas 200 kilómetros cuadrados, también le ha permitido beneficiarse de ayudas de la Generalitat. Entre 2020 y 2025 (únicos datos disponibles), Al Dahra recibió casi un millón de euros de ayudas provenientes de las arcas catalanas.

Ni la empresa ni el Govern catalán han respondido a la petición de comentar esta publicación.

La llegada al Pla de Lleida

La llegada de Al Dahra a España se empezó a fraguar en 2009, cuando se implantó en Aragón tras un acuerdo con una empresa en Bujaraloz. Tres años después, la compañía irrumpió en el sector de la alfalfa en Catalunya al comprar a principios de 2012 dos empresas de Linyola (Lleida) que se dedicaban al cultivo y tratamiento de este forraje.

Apenas unos meses más tarde, Al Dahra anunció un principio de acuerdo para absorber el grupo Gaset, propietario de hasta cinco filiales repartidas por el país y líder estatal en producción y comercialización de alfalfa.

A la presentación, celebrada a finales de 2012 en el Palacio de Congresos de Barcelona, acudieron más de 1.000 personas, algo insólito para una empresa dedicada al cultivo de forraje. “Acostumbrados a la soledad del campo, aquello parecía una película de Hollywood”, explica uno de los asistentes al acto.

Mientras recoge alfalfa con su tractor en el municipio de Linyola, Jaume Pedrós recuerda el desembarco de la empresa a la zona. “Llegaron con mucho dinero y lo compraron todo”, afirma. “Para los agricultores más mayores fue una salvación porque no tenían relevo y no sabían qué hacer con sus tierras”.

Pedrós, que ejerce de responsable local del sindicato Unió de Pagesos, añade que para los que no se jubilaron la llegada de la empresa no fue tan buena noticia. “Son tan ricos que pueden hacer lo que quieran y alterar los precios para perjudicar a la competencia”, sostiene. “Quieren quedárselo todo, pero algunos seguimos trabajando nuestras tierras”, agrega este miembro de una cooperativa local.

En 2019 Al Dahra era ya el mayor productor de alfalfa de toda España: producía 1,5 millones de toneladas al año, el 34% de la producción nacional, en un total de 9.000 hectáreas entre terrenos propios y arrendados. En 2022 la compañía ya producía el 50% de la alfalfa española y empleaba a 240 personas.

“No nos dimos cuenta y en 10 o 15 años ya casi lo controlaban todo”, apunta Ventura Campos, responsable de agricultura de Comisiones Obreras, que señala que el sindicato no ha recibido ninguna queja sobre la compañía.

Según informó Al Dahra, el 98% de toda la alfalfa que produce la exporta al extranjero. La mitad se destina a alimentar vacas y camellos en los Emiratos Árabes Unidos, donde no se permite cultivar este producto debido a su alto consumo de agua.

En el Pla de Lleida, donde algunos vieron su llegada como una salvación y otros como una condena, pocos esconden que han amasado tanta influencia que ahora ellos dictan los precios. Algunos incluso acusan a la compañía de disponer actualmente de un “monopolio” en la región.

La docena de fuentes consultadas —agricultores, representantes sindicales, expertos académicos y políticos locales— describen cómo la empresa inicialmente ofreció mucho dinero para comprar empresas y alcanzar acuerdos con otros agricultores. La generosidad, sin embargo, no duró para siempre.

“Cuando llegaron ofrecieron muy buenos precios, pero ahora ya no”, recuerda Felip Llovera, hijo de campesino y responsable de agricultura del Ayuntamiento de Bellvís, donde la empresa tiene una de sus plantas. “Antes todo el mundo sabía cómo funcionaba este negocio, desde su llegada es todo un poco más opaco”.

Josep Ripoll, de Fondarella, fue uno de los que pasó de negociar con una cooperativa local a vender su alfalfa a “los jeques”, como él los llama. “Antes estábamos mucho mejor”, explicaba durante una entrevista en su pueblo, totalmente vacío durante un día laborable a mediados de abril. “No pagan lo que deberían y se aprovechan de nosotros, tienen el monopolio”.

La influencia de la empresa en la región no ha dejado de crecer. En enero de 2022 se convirtió en el patrocinador del principal club de atletismo de Lleida, que pasó a llevar el nombre de la empresa. Al Dahra firmó también acuerdos con el Instituto de Investigación Biomédica y con el Ayuntamiento de la ciudad al tiempo que se convertía en un actor social de peso.

“Cuando a una empresa la conoce todo el mundo significa que tiene mucho poder”, resume Pedrós. “Y a Al Dahra la conoce todo el mundo por aquí”.

Los nuevos dueños de la agricultura mundial

La llegada de los emiratíes al Pla de Lleida es un elemento más de la transformación que está sufriendo el sector agroalimentario desde que algunos países del Golfo Pérsico, con grandes reservas de dinero, se han puesto como objetivo dejar de depender de las importaciones.

Al Dahra es el principal tentáculo global de Abu Dabi en el sector agrícola. Liderada por el Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, hermano del actual presidente de Emiratos, la compañía dispone ya de 162.000 hectáreas de cultivo repartidas por el mundo, con el objetivo de llegar a gestionar 500.000 hectáreas a finales de esta década.

“Antes eran tres o cuatro personas de cada pueblo que se quedaban las tierras de los demás, ahora son fondos inversores extranjeros”, apunta Pep Espluga, profesor de sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y miembro del grupo de investigación ARAG (Agricultura, Ganadería y Alimentación en la Globalización).

Espluga, al igual que los agricultores del Pla de Lleida, señala el envejecimiento de los campesinos como uno de los catalizadores de este proceso. “A medida que se jubilan los agricultores, vemos como las tierras se van concentrando”, advierte.

Lo que en un inicio se convirtió en una estrategia de los países del Golfo Pérsico para garantizar la llamada “seguridad alimentaria”, se ha transformado en un plan que implica la acumulación de capital y poder geopolítico, apuntan los expertos.

Países como Emiratos, Qatar, o Arabia Saudí han decidido vehicular esta estrategia a través del sector privado, mediante empresas cuya titularidad suele estar protegida bajo una madeja de filiales, matrices y fondos soberanos que las controlan en última instancia.

“La idea de que estas empresas son independientes es simplemente una broma”, afirma Marc Valeri, profesor de economía política de Oriente Medio en la Universidad de Exeter. “La diferencia entre los presupuestos del Estado y los de la familia está completamente difuminada”.

La apuesta, sin embargo, va mucho más allá del sector agrícola. Se calcula que durante los últimos años, EAU ha invertido hasta 51.000 millones de euros en comprar puertos, aeropuertos y empresas de logística, tanto en Europa como en África, para garantizar que no solo controlan la producción de alimentos, sino también su transporte.

Clare Carlile (DeSmog), Alina Mihai (G4Media) y Phoebe Cooke (DeSmog) han colaborado en este reportaje.

La familia real que gobierna Emiratos Árabes Unidos recibió, solo entre 2019 y 2024, más de 71 millones de euros en subvenciones europeas por cultivar alimentos en suelo comunitario que posteriormente son exportados al golfo Pérsico.

Los fondos llegaron a través de un entramado de empresas y filiales controladas por la dinastía Al Nahyan, la familia que dirige el país. Tras una agresiva campaña de adquisición de compañías europeas, los Al Nahyan controlan hoy cerca de 65.000 hectáreas de tierras agrícolas en España, Italia y Rumanía, dedicadas al cultivo de alfalfa, cereales y otros productos básicos.

En una investigación internacional junto a DeSmog (Reino Unido), G4Media (Rumanía) y The Guardian (Reino Unido), elDiario.es ha analizado las ayudas percibidas por la monarquía emiratí a través de una madeja de sociedades controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi, uno de los siete emiratos que forman el país.

El análisis identifica más de 110 pagos a empresas controladas por la familia real emiratí procedentes de fondos públicos de la Unión Europea durante ese periodo. 

A esta cifra hay que sumarle cerca de un millón aportado por la Generalitat de Catalunya entre 2020 y 2025 a una de las empresas del grupo y más de 16 millones pagados por el Ejecutivo de Rumanía a otra filial.

Buena parte de estas ayudas proceden de la Política Agraria Común (PAC), que reparte alrededor de 54.000 millones de euros al año entre agricultores de la UE. La mayoría de estos fondos se asigna en función de la superficie cultivada, lo que favorece a los grandes propietarios. Solo entre 2018 y 2021, diecisiete multimillonarios recibieron 3.300 millones de euros en ayudas.

En este caso, sin embargo, el dinero público europeo termina beneficiando a una autocracia en la que, según las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, se restringen las libertades políticas, se encarcela a activistas y la homosexualidad está tipificada como un delito grave. 

La familia Al Nahyan, además, está considerada la segunda más rica del mundo, con un patrimonio de 270.000 millones de euros procedentes de sus reservas de petróleo, entre otros. Se trata de la dinastía que protege a Juan Carlos I en Abu Dhabi tras el exilio forzoso del rey emérito a ese emirato por sus escándalos fiscales.

“La PAC no está ayudando a los agricultores de la UE; sigue enriqueciendo a los propietarios de tierras más ricos”, afirma Faustine Bas-Defossez, directora de medio ambiente de la entidad European Environmental Bureau. “Y ahora, aún peor, está alimentando a regímenes autocráticos”.

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Príncipe heredero de Abu Dabi y probable próximo presidente de los EAU

L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

Al Dahra (EAU)

Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost

(Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

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L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

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Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost (Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La silenciosa irrupción en el campo europeo

En poco más de 15 años, la dinastía emiratí, dueña también del fondo Mubadala (propietario en España de la petrolera Moeve, antigua Cepsa) se ha consolidado como uno de los grandes actores agrícolas globales tras adquirir tierras y empresas en África, Sudamérica y Europa, hasta el punto de controlar actualmente unas 960.000 hectáreas de cultivo en todo el mundo.

Esta expansión responde a una estrategia de “seguridad alimentaria” destinada a garantizar el suministro de alimentos hacia un país con fuertes limitaciones de agua.

En Europa, la expansión se ha canalizado a través de tres grandes empresas —una para España, otra para Italia y otra para Rumanía— controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi.

En España, el grupo opera actualmente a través de Al Dahra Europe, un holding encargado de gestionar participaciones en distintas empresas (en el registro mercantil aparecen hasta siete sociedades en España). La firma y sus filiales recibieron más de dos millones de euros en fondos europeos durante el periodo analizado, además del millón aportado por la Generalitat.

La filial española controla seis instalaciones concentradas en apenas 200 kilómetros cuadrados en el Pla de Lleida, además de una sede en Aragón. Su llegada a esta zona de Catalunya se produjo en 2012, cuando adquirió las principales empresas locales dedicadas al cultivo de alfalfa y cerró acuerdos con la mayoría de los productores locales.

“Aquí en el pueblo tienen el monopolio: o lo tomas o lo dejas”, explica Josep Ripoll, agricultor de Fondarella (Lleida) que vende su producción a la empresa emiratí. “Antes de que llegaran todo era más fácil y ganábamos tres veces más”.

Felip Llovera, responsable de Agricultura del Ayuntamiento de Bellvís, donde la compañía tiene otra de sus plantas, también sostiene que la situación se ha “monopolizado” tras la llegada de los jeques a la zona. “Antes había dos o tres empresas y ahora solo hay Al Dahra”, apunta. 

Jaume Pedrós, productor de alfalfa y coordinador local del sindicato Unió de Pagesos, reprocha que en ocasiones la empresa altera los precios del mercado porque pueden permitirse pérdidas al tener el dinero del petróleo detrás.

“Al final lo que ellos quisieran es que el resto de cooperativas cerráramos y así podrían imponer a todos su manera de trabajar”, señalaba durante una entrevista a mediados de abril en Linyola (Lleida).

La compañía mantiene un contrato a largo plazo con el Gobierno emiratí para suministrar forraje destinado a la alimentación animal. En Emiratos, estos cultivos están restringidos por su elevado consumo de agua —entre 8.000 y 10.000 metros cúbicos por hectárea al año—. Según datos de la propia empresa, el 98% de los alimentos producidos en España se exportan.

Los mayores ingresos por subvenciones a la familia real de Emiratos proceden, sin embargo, de Rumanía, donde el grupo controla la empresa Agricost. Esta explotación, situada en tierras arrendadas al Estado, es la mayor finca agrícola consolidada de la UE, con una extensión de unos 11 kilómetros de largo por 60 de ancho.

Agricost fue el principal receptor corporativo de ayudas de la PAC en Rumanía en 2020 y percibe alrededor de 11 millones de euros anuales. En Italia, donde el grupo adquirió la empresa Unifrutti, las ayudas fueron muy inferiores, sumando 186.000 euros entre 2019 y 2024.

Christian Henderson, profesor de estudios de Oriente Medio en la Universidad de Leiden, critica este modelo de inversión, especialmente en países como Rumanía. “La inflación es un problema. Hay pobreza [en el país]”, señala. “¿Qué implica que los recursos agrícolas pasen a manos de inversores extranjeros? La mayoría de la producción se exporta inmediatamente”.

También Greenpeace cuestiona estas ayudas, cuyo futuro se debatirá este año en la Comisión Europea. “Es otro ejemplo de la profunda crisis de legitimidad de la PAC”, afirma Marco Contiero, responsable de Agricultura de la ONG en Europa. “Millones de pequeñas explotaciones reciben poco apoyo mientras una minoría, normalmente rica, acapara la mayor parte de los subsidios”.

En una respuesta por escrito, la Comisión Europea señala a este grupo de medios que no gestiona directamente los pagos de la PAC, sino que son responsabilidad de los Estados miembros. Defiende, a su vez, que el sistema actual debe reformarse para dirigir las ayudas a quienes más las necesitan y limitar los pagos a grandes explotaciones.

Al Dahra, Agricost y Unifrutti no han respondido a las reiteradas peticiones de comentar esta publicación. Al cerrar esta edición, la Generalitat de Catalunya tampoco había respondido a diversas solicitudes trasladadas desde el miércoles pasado al Departamento de Empresas.

Lo público y lo privado se confunden

Las inversiones agrícolas son solo una parte de la estrategia global de Emiratos, que abarca desde molinos de grano en Grecia y Bulgaria hasta infraestructuras logísticas y portuarias, pasando por empresas que fabrican lácteos o se dedican a la compraventa de alimentos.

Entre 2008 y 2022, de hecho, el Gobierno emiratí controló la terminal de contenedores del puerto de Tarragona, utilizada para exportar la alfalfa cosechada en las empresas adquiridas en Lleida. La concesión fue retirada posteriormente por incumplimiento de los compromisos de tráfico.

Buena parte de estas inversiones se canalizan a través de estructuras donde lo público y lo privado se difuminan. Por un lado, el Estado utiliza el fondo soberano ADQ, del que dependen parte de las empresas que reciben subvenciones. Otras inversiones se vehiculan a través del conglomerado IHC, formalmente privado pero estrechamente vinculado al poder político.

En conjunto, los activos emiratíes en el extranjero superan los 2.100 millones de euros.

Aunque la estructura actual de la propiedad de Al Dahra no es pública, la compañía fue fundada por el hermano del presidente, el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, antes de que el fondo soberano ADQ adquiriera el 50% de la empresa en 2020. El consejo de administración está liderado por el hermano del mandatario del país y por su hijo, el jeque Zayed bin Hamdan Al Nahyan.

Aunque sobre el papel ADQ pertenece al Estado, la mayoría de expertos coinciden en que está bajo control directo de la familia Al Nahyan. Entre 2023 y 2026 estuvo presidido por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, otro hermano del presidente, conocido como el “jeque espía” por haber dirigido ciberataques contra disidentes en el país y en el extranjero

Desde enero, el fondo ADQ ha pasado a formar parte de L’imad Holding, presidido por el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hijo mayor del presidente y al que algunas fuentes señalan como posible sucesor. ADQ ha declinado comentar este reportaje.

“La idea de que estas empresas son independientes es simplemente una broma”, afirma Marc Valeri, profesor de economía política de Oriente Medio en la Universidad de Exeter. “Se trata de un régimen muy autoritario y represivo, por lo que la diferencia entre los presupuestos del Estado y los de la familia está completamente difuminada”.

Según varios expertos, este tipo de estructuras permiten a los países del Golfo invertir en tierras agrícolas en el extranjero a través de vehículos aparentemente privados, reduciendo el coste político de estas adquisiciones, conocidas como land grabs.

“El caso de Al Dahra ilustra bien cómo se diluye la frontera entre lo público y lo privado”, apunta Henderson, de la Universidad de Leiden. “Los beneficios pueden acabar en manos privadas, aunque también contribuyen a la estrategia nacional de seguridad alimentaria”.

Cuando los potenciales usos terapéuticos de las drogas ni siquiera habían aparecido en la conversación pública, el psicólogo y doctor en farmacología José Carlos Bouso (Madrid, 1970) ya investigaba las propiedades del MDMA para tratar el estrés postraumático en víctimas de violaciones.

Era 1999 y Bouso, doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid, lideraba un ensayo clínico financiado por una entidad americana y con el aval del Comité de Ética del Hospital de La Paz y del Ministerio de Sanidad.

En mayo de 2002, sin embargo, un artículo en prensa reveló la existencia del estudio y se generó un escándalo. A los pocos días la Comunidad de Madrid canceló el ensayo, que estaba ya en la segunda fase de las cuatro que se requieren para aprobar un medicamento.

Un cuarto de siglo después, Bouso es uno de los mayores expertos mundiales en la investigación en psicodélicos y ha visto como su campo de estudio ha dejado de ser un tabú en la psiquiatría.

El pasado otoño publicó Medicina Psiquedélica (Kairós), un compendio de todo lo aprendido durante tres décadas estudiando las propiedades terapéuticas de las drogas. La conversación tuvo lugar el pasado día de Sant Jordi en Barcelona y ha sido editada para mejorar su claridad y recortar su extensión.

Después de que un artículo en prensa acabara con su ensayo, ¿imaginaba que 25 años después los periodistas estarían haciendo reportajes sobre el renacer psicodélico?

No esperaba que el capitalismo fuera a entrar tan a saco a apoderarse de estas sustancias. Era algo insospechado, aunque yo siempre tuve claro que el MDMA algún día iba a ser un medicamento. Lo que no sabía es que sería de esta forma, en la que, por una serie de razones —entre ellas el fracaso de la psicofarmacología clásica—, toda la industria farmacéutica se ha volcado de repente en esto.

Cuenta en el libro que ese artículo frenó la posible regulación médica del MDMA durante años.

Por lo menos 10 años. Porque la FDA [el regulador sanitario en EEUU] tardó una década más en autorizar el primer estudio en EEUU. Nosotros ya hubiéramos ido bastante avanzados.

Paradójicamente, entonces gobernaba Aznar en España. Y ahora en EEUU es Trump quien está acelerando la entrada de los psicodélicos en la medicina. ¿La izquierda no ha sabido surfear esta ola?

No, en absoluto. Es otro de los efectos paradójicos que estamos viviendo con estas sustancias. Siempre se han asociado a movimientos contraculturales, pero ahora es justo la derecha norteamericana quien más las apoya. Y por supuesto todas las corporaciones, con Elon Musk y otros magnates de Silicon Valley.

¿A qué lo atribuye?

Se ha visto un filón. La industria farmacéutica ya no invierte en psicofármacos porque saben que su utilidad es limitada. A pesar de que en España somos el primer consumidor del mundo de antidepresivos, su eficacia tiene muchas limitaciones y empiezan a verse efectos adversos. Hace 50 años que no ha habido una sola innovación en psicofarmacología. Otro de los elementos que ha generado el entusiasmo de la derecha MAGA es que el MDMA se empezó a utilizar con excombatientes.

El ensayo que lideró en 1999 tocaba dos tabús: las consecuencias psicológicas de las violaciones y el éxtasis, que entonces estaba muy mal visto.

Sí, porque el éxtasis era la droga de la juventud de ese momento y supuestamente estaba aniquilando a nuestros chavales. Dos de las drogas más controvertidas de la historia, el LSD y el MDMA, están a punto de convertirse en medicamentos junto a la psilocibina.

¿Qué usos potenciales tienen?

El LSD para la depresión y la ansiedad generalizada, el MDMA para el estrés postraumático y la psilocibina para la depresión. ¡Piensa que la FDA llegó a decir que el LSD nunca iba a tener una aplicación médica!

¿Se les exige más a los psicodélicos que al resto de medicamentos?

Ahora mismo no. En aquel entonces sí. En los últimos diez años todo ha dado un giro de 180 grados: hay ensayos clínicos con psilocibina en los que la eficacia tampoco es mucho más alta que la de algunos antidepresivos, pero hay una especie de hype y de encantamiento. Antes ser investigador psicodélico te podía costar la carrera, como estuvo a punto de costarme a mí, y hoy es algo “cool”.

Siempre tuve claro que el MDMA algún día iba a ser un medicamento

El boom ha sido muy rápido, de apenas una década.

Las razones son varias. Entender cómo funcionan los psicodélicos en el cerebro puede ayudarnos a comprender la complejidad de algunas enfermedades mentales, sumado a que llevamos 50 años sin nuevos psicofármacos. Y ha pasado algo insólito: hay un interés popular por estas sustancias. No hay un interés popular por la cardiología, por ejemplo, pero sí con los psicodélicos porque tienen un potencial recreativo.

¿Hay una burbuja con los psicodélicos?

Hay una burbuja, seguro. Porque hay un sobreentusiasmo…

… que usted intenta rebajar en el libro.

Trato de ponerlo en el lugar que le corresponde según la evidencia. Cuando esa burbuja estalle, las cosas se pondrán en su sitio.

Los psicodélicos pueden ser útiles, pero no son milagrosos.

No creo que vayan a revolucionar la psiquiatría. Son una opción terapéutica más: a algunas personas les funcionarán muy bien y a otras no, como ocurre con cualquier medicamento.

¿Por qué cuesta encontrar voces ponderadas sobre este tema?

Porque verlo como una solución mágica también atrae financiación. Los medios, probablemente con la complicidad de algunos investigadores, han amplificado resultados que había que tomar con cautela.

Hasta hace poco, medicina psicodélica era casi un oxímoron. Buena parte de los psiquiatras eran muy críticos con las propiedades de las drogas...

No voy a decir nombres, pero algunos psiquiatras que me veían como alguien a quien casi había que encerrar ahora son líderes de opinión en psicodélicos. Yo he atravesado todas las fases y me divierto bastante viendo según qué cosas.

¿Se podría decir que el tiempo le ha dado la razón?

He visto colegas defender ahora la psilocibina para la depresión con un entusiasmo que no se corresponde con lo publicado. Hay un poco de todo: los psiquiatras necesitan medicamentos que funcionen y los actuales lo hacen de manera limitada. Se ha producido una especie de contagio en el entusiasmo, algo que curiosamente no ha pasado con el cannabis.

¿España ha sido un país pionero en la investigación en psicodélicos?

En los 90 había seis grupos de investigación en todo el mundo y dos estaban en Catalunya: el equipo de Jordi Riba en Sant Pau con la ayahuasca y el de Magí Farré en el Hospital del Mar con MDMA.

Ahora sus propiedades se investigan en los sitios más prestigiosos.

Universidades como Yale o Harvard ya tienen departamentos dedicados a ello. También el Imperial College o el Royal College de Londres. La Unión Europea ha destinado 60 millones a investigación de sus propiedades en enfermedades terminales…

Sus estudios no cuentan con ninguna universidad ni gran hospital público detrás. ¿Qué ha supuesto esto?

Fuera de la academia tienes la desventaja de no contar con recursos económicos y tecnológicos, pero haces lo que te da la gana. Yo he hecho toda mi vida lo que me ha dado la gana. Me ha costado más ganarme la respetabilidad y todo era más fácil cuando trabajaba en el Hospital de Sant Pau, por ejemplo, pero hemos salido adelante: hemos terminado el primer ensayo clínico del mundo con ibogaína.

Antes ser investigador psicodélico te podía costar la carrera y hoy es algo “cool”

La antesala de este ensayo con la ibogaína fue un tratamiento que hizo en su casa a una mujer que llevaba 17 años enganchada a la metadona.

La conocí en una charla en la que expliqué que estaba trabajando en un protocolo con ibogaína. Al terminar me dijo que quería participar, pero todo iba muy lento. Quería hacerlo por su cuenta, y antes de que lo hiciera sola montamos una clínica improvisada en mi casa: alquilamos un electrocardiograma, compramos la ibogaína y se quedó con su pareja unas cuatro semanas en mi domicilio.

¿Funcionó?

Sí, se desintoxicó completamente de la metadona.

En el libro define la ibogaína como el compuesto más extraño. ¿Por qué?

Farmacológicamente es muy “sucia”, lo toca absolutamente todo. No se sabe qué mecanismo elimina el síndrome de abstinencia, ni si es necesario que actúe sobre todo para lograrlo. Por eso es la droga más extraña, porque es la más desconocida en cuanto a su mecanismo de acción.

El MDMA lo describe como la “droga total”.

Sí, pero no por su farmacología, sino por sus efectos. Genera una sensación de seguridad emocional. Permite a personas que sufren reconocerse tanto a ellas como a su entorno durante unas horas como su mejor versión, y eso desde el punto de vista terapéutico facilita cambios transformadores.

Todo apuntaba que en 2024 ya estaría aprobado como medicamento, pero la FDA lo tumbó.

Fue un jarro de agua fría. En 2017 lo había calificado como Breakthrough Therapy, una calificación que se da a tratamientos innovadores que sirven para tratar enfermedades que no tienen buenos tratamientos u otras alternativas eficaces y seguras. Se estimaba en un 90% las posibilidades de que se aprobara como medicamento.

¿Qué ocurrió?

En ese momento Trump no había empezado a soltar sus flamas propsicodélicas. Un comité consideró prematuro autorizarlo por el riesgo cardiovascular, aunque si miras la literatura es mínimo. Se basaron en usuarios recreativos y no en pacientes. 

¿Cuándo estará disponible?

He fallado en todas mis predicciones. Pero recientemente Trump ha pedido acelerar estos procesos, incluso el uso de la ibogaína, que es la única de estas sustancias que no está en ninguna fase de ensayo clínico en EEUU.

Explica en el libro que el MDMA lleva décadas utilizándose de manera clandestina en muchas consultas, sobre todo en Catalunya.

En los 90 Catalunya fue un foco de inspiración psicodélica: la revista Ulises, el primer encuentro psicodélico en el CCCB, las jornadas de enteógenos que organizaba [Josep Maria] Fericgla, en las que vinieron figuras como Shulgin, Hofmann... Siempre ha sido un territorio que se ha prestado a la innovación en el ámbito contracultural relacionado con las drogas

En Barcelona está la Clínica Synaptica, en la que ejerce de director científico y ofrecen tratamientos con Ketamina.

Al principio costó, pero está yendo muy bien. De momento usamos ketamina, que es la única autorizada, pero la idea es poder incorporar el resto de psicodélicos. Al final son medicamentos que van a estar a disposición de cualquier psiquiatra que quiera utilizarlos.

En todo caso, usted defiende que el mejor entorno para tomar psicodélicos no es la consulta de un psiquiatra. Habla de un entorno natural, preferiblemente en un medio comunitario… ¿Cómo convive esto con la medicalización de los psicodélicos? 

Aunque se están medicalizando, históricamente los psicodélicos se han usado en contextos comunitarios, tanto en las comunidades indígenas como en Occidente, y sigue siendo así: en ceremonias del [credo] Santo Daime, en los centros que hay por todo el país donde cada fin de semana la gente se junta a tomar ayahuasca… He dedicado el libro a la medicalización, pero podría haberlo dedicado al uso comunitario.

Hay una burbuja y un sobreentusiasmo con los psicodélicos

Y en esta realidad aparecen las farmacéuticas. Producir un gramo de MDMA cuesta un euro, en el mercado negro se vende a entre 40 y 60 pero en Australia, donde ya es un medicamento, vale 4.000 euros. ¿La medicina psicodélica solo será para ricos?

Sin duda, al principio sí. Son tratamientos largos y caros, y el sistema público no está preparado: Una sesión con MDMA son seis horas, una de LSD son 14-16, una con ibogaína requiere un día entero de hospitalización. Esto en el modelo que defiendo, que implica un proceso de psicoterapia, de preparación, la sesión con la sustancia y luego un proceso de integración.

¿Lo ve como un fracaso?

Por supuesto, es un fracaso del sistema. Lo que pasa es que será solo al principio. 

Estas sustancias no tienen patente ¿no?

Exacto. En tres o cuatro años tras su comercialización podrán desarrollarse versiones más baratas. Lo ideal sería que el Estado asumiera su producción.

Antes de acabar, quería hablar de ayahuasca. Asegura que nunca hubiese pensado que dedicaría casi la mitad de su carrera y de su vida al estudio de algo tan exótico.  

Mi droga de investigación era el MDMA y nunca me hubiera gustado salir de ahí. Pero por accidente empecé a investigar la ayahuasca y no tengo ninguna queja. Me ha permitido viajar e ir a sitios de la Amazonía donde nadie había llegado antes, con auténticos maestros y maestras en comunidades en las que solamente se practica la medicina ancestral como se ha practicado siempre. He tenido algunas de las experiencias más interesantes de mi vida, pero también es cierto que el mundo de la ayahuasca es complicado. 

¿Por qué?

Porque estás sometido a mucho escrutinio. Cuanto más visible eres y más fuerza tiene el movimiento indigenista, más en el punto de mira estás porque eres un intruso que ha venido a estudiar su medicina. Y, ¿quién eres tú para estudiar su medicina? Esto también me ha ido cansando y ya no quiero saber nada más de la ayahuasca. Quiero volver a las drogas de síntesis. 

Cualquier iluminado que ha ido a la Amazonía a tomar ayahuasca se pone dos plumas y organiza ceremonias por aquí, generando auténticos disparates

¿Qué riesgos tiene su globalización?

Que el conocimiento ancestral se desvirtúa. Esto no es ni bueno ni malo. En Perú les viene de puta madre que vayan los gringos a tomar ayahuasca, pero cada vez se practica menos la medicina ancestral. Pero es que las sociedades amazónicas también han cambiado mucho y los chavales ya no quieren quedarse en la selva viviendo de la agricultura, de la pesca y muriendo jóvenes. Quieren salir a las ciudades. 

¿Se está banalizando su uso en Occidente?

Totalmente. Para mí es el principal problema. Cualquier iluminado que ha ido a la Amazonía a tomar ayahuasca se pone dos plumas y organiza ceremonias por aquí, generando auténticos disparates.

Por culpa de estos “iluminados”, algunos comunicadores pintan la ayahuasca como una herramienta de lavado del cerebro previa entrada a una secta. ¿Qué opina del trabajo de Carlos Tamayo?

No conozco su trabajo porque nunca me han interesado los reportajes sensacionalistas de cámara oculta, pero sí conozco lo que ha hecho con la ayahuasca y conmigo. Se ha comportado de forma especialmente virulenta y manipuladora. Yo no sé la calidad ética y profesional que habrá tenido en otros reportajes, pero en los de la ayahuasca ha falseado muchas cosas.

¿Me puede dar algún ejemplo?

Yo siempre he denunciado las malas prácticas con la ayahuasca y organicé una mesa redonda para hablar de los abusos cometidos por chamanes en ceremonias. Me puse a imitar los discursos de estos charlatanes para ejemplificar cómo trataban de engañar a la gente. Tamayo recortó ese fragmento y lo puso en su documental como si fuera mi discurso real. Hay varios ejemplos similares...

Apenas dos semanas después de decretar la prisión provisional sin fianza para Victor Bitner, uno de los presuntos líderes de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields, La Audiencia Nacional ha cambiado de criterio y ha decidido dejarlo en libertad provisional sin fianza.

Bitner fue detenido en abril de 2024 en Alemania en virtud de una orden europea de detención y entregado finalmente a España el pasado 31 de marzo tras ser detenido nuevamente en Suiza. Después de declarar ante el juzgado central de instrucción número 6, la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión sin fianza y el magistrado acordó inicialmente la prisión provisional alegando el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En un auto del pasado 16 de abril, obtenido por este periódico, el tribunal especial considera que, pese a los indicios en su contra, han disminuido los riesgos que justificaban su ingreso en prisión y que existen medidas menos gravosas para garantizar que Bitner, al que diversas fuentes vinculan a los servicios secretos del Kremlin, comparezca ante el tribunal cuando se inicie la vista oral del proceso.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa. La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

El juez instructor atribuye a Bitner un papel relevante dentro de esa estructura, considerada una organización criminal dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales. Le señala, entre otros aspectos, como administrador de una de las sociedades clave del grupo y como una de las personas autorizadas para gestionar cuentas bancarias que recibieron grandes cantidades de dinero procedente de las víctimas. Solo en una cuenta en Chipre se habrían ingresado más de 160 millones de euros. También se le vincula con movimientos de criptomonedas por valor de más de tres millones de dólares destinados, según los investigadores, a ocultar el origen de los fondos.

Pese a la gravedad de los presuntos delitos —estafa agravada, organización criminal y blanqueo—, el magistrado considera en el nuevo auto que las circunstancias han cambiado desde su ingreso en prisión. En particular, destaca que Bitner, representado por el letrado Jaime Campaner, tiene domicilio conocido en Alemania, donde ya está sometido a medidas cautelares en un procedimiento paralelo, y que está cumpliendo con las obligaciones impuestas por las autoridades de ese país.

Además, el avance de la investigación ha reducido el riesgo de destrucción de pruebas, señala el auto. El juez también tiene en cuenta que en el caso de otros investigados se han adoptado medidas menos restrictivas, como la libertad bajo fianza. Bitner deberá designar un domicilio en Alemania y justificar que se están cumpliendo las medidas de libertad provisional impuestas por las autoridades alemanas.

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha abierto un procedimiento sancionador contra un directivo de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, por la exposición de datos confidenciales de empleados en la intranet de la compañía que desveló elDiario.es en febrero de 2025.

La propuesta de sanción, todavía por determinar, podría alcanzar un máximo de 300.000 euros porque Antifraude considera “muy grave” la presunta infracción cometida, al haber vulnerado las garantías de confidencialidad y anonimato de una persona informante de la propia OAC.

Son varios los empleados de TMB que, durante los últimos años, han pedido amparo a Antifraude para obtener su protección como informantes de presuntos casos de corrupción. Algunos de ellos lo hicieron tras alertar de la propia brecha de seguridad en la intranet, otros tras denunciar o investigar a altos directivos por presunto acoso laboral.

La posible multa se dirige contra el director del área jurídica y de buen gobierno, también imputado en un juzgado penal junto al consejero delegado y otra directiva por presunto acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas.

La propuesta de sanción se suma a la cuantiosa multa que la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCat) pretende imponer a la compañía por los mismos hechos. En el caso de la APDCat, la sanción podría llegar a 15 millones de euros. 

Desde TMB señalan que el afectado presentará alegaciones ante la Oficina Antifraude, recuerdan que la brecha ocurrió hace más de un año, aseguran que lo pusieron en contacto de las autoridades, y achacan el fallo a un “error” del “proveedor externo” que se encargaba de la gestión del sistema informático.

Datos sensibles a la vista

Tal y como desveló este periódico hace un año, un error en la configuración de la intranet de TMB permitió que cualquiera de los casi 9.000 empleados de la compañía pudiera acceder, y descargar, cientos de gigas de información sensible de algunos de sus compañeros.

La información accesible, en algunos supuestos, era altamente confidencial e incluía expedientes de la propia Oficina Antifraude, denuncias al Canal Ético de la empresa, actas del Consejo de Administración, expedientes de Fiscalía, demandas laborales, informes de riesgos psicosociales, correos electrónicos…

También estaba expuesta otra información comprometedora del departamento de recursos humanos y del de compliance como por ejemplo grabaciones de testigos entrevistados durante la instrucción de un caso de acoso laboral.

Los empleados de TMB también podían consultar datos de familiares de los demás empleados, contratos de trabajo, solicitudes de baja, informes y diagnósticos médicos, denuncias policiales, sentencias judiciales, actas de conciliación en despidos o incluso convenios reguladores de regímenes de separación conyugal.

La propuesta de sanción de Antifraude supone un elemento más en la crisis de reputación que vive TMB: a los problemas derivados de la brecha de seguridad se le suma la imputación de hasta cinco altos directivos en juzgados penales por dos presuntos delitos de acoso laboral.

En las dos querellas por presunto acoso laboral que han presentado contra estos cinco directivos también se ha incluido la mencionada brecha de seguridad, ya que los datos de las dos denunciantes y toda la documentación de las investigaciones internas de sus casos estuvieron al descubierto durante meses.

Tras casi cuatro años de instrucción, la Audiencia Nacional sigue estrechando el cerco sobre los responsables de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields. El tribunal especial decretó el pasado 1 de abril prisión provisional sin fianza para Viktor Bitner, considerado uno de los cerebros del fraude y al que distintas fuentes relacionan con los servicios de inteligencia del Kremlin.

Según un auto del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, la medida cautelar responde al riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez sitúa a Bitner como una pieza clave en la creación de la primera sociedad utilizada en la estafa y en la gestión de movimientos bancarios destinados a ocultar fondos.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa.

La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

Bitner ya había sido detenido en abril de 2024 en una operación coordinada por Interpol contra la trama. Tras quedar en libertad provisional en Alemania, donde también se investiga el caso, se trasladó a Suiza, donde fue arrestado de nuevo el pasado 31 de marzo en virtud de una orden europea. Trasladado a España, se acogió a su derecho a no declarar.

Nacido en 1969 en Novodolinka (Kazajistán), entonces parte de la Unión Soviética, Bitner fundó en noviembre de 2019 la sociedad Juicy Grow GmbH, origen del entramado empresarial de Juicy Fields.

Apenas dos años antes de registrar la empresa con la que se vehicularía la estafa piramidal del cannabis, Bitner participó como emisario del Kremlin en un intento de vender a la CIA armamento informático que había sido robado previamente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU. 

El pacto, fraguado en la embajada de Moscú, también incluía la entrega de un supuesto vídeo de Donald Trump con prostitutas en la capital rusa, pero los agentes de la CIA abortaron el acuerdo tras haber hecho un primer pago a Bitner de 100.000 dólares en un hotel de Berlín, según publicó el New York Times. 

Bitner no es el único lazo con el Kremlin de la estafa. Tal y como desveló este periódico, otro de los acusados aseguró ante el juez que parte del dinero de Juicy Fields se destinó a una fábrica de drones vinculada al Ministerio de Defensa ruso.

El hombre que gestionaba el dinero

El auto judicial describe a Bitner como uno de los principales gestores financieros de la trama. Estaba autorizado para operar una cuenta en Chipre que llegó a recibir hasta 162 millones de euros procedentes de inversores.

Bitner también controlaba las cuentas destinadas a pagar a empleados y a algunos clientes que obtenían beneficios iniciales, una práctica habitual en este tipo de estafas para generar confianza y atraer nuevos fondos.

Entre sus funciones figuraba la apertura constante de cuentas bancarias a nombre de Juicy Fields para garantizar la operativa en caso de bloqueos. Además, era el encargado de responder ante las entidades financieras cuando surgían sospechas por los elevados movimientos de dinero.

La Audiencia Nacional también le atribuye operaciones de blanqueo a través de criptomonedas: habría recibido 3,46 millones de euros en una cartera digital que posteriormente dispersó para dificultar su rastreo.

Precio a la cabeza de Bitner

Bitner estuvo desde el primer día al frente del fraude, hasta el punto de que fue él quien se encargó de contratar al CEO de la empresa, Alan Glanse, junto al otro cabecilla de la estafa, Sergei Berezin, también encarcelado provisionalmente en España tras ser extraditado desde República Dominicana.

Berezin y Bitner, sin embargo, acabaron enfrentados porque el primero acusó a Bitner de desviar fondos de la estafa a sus propias cuentas. Según declaró un arrepentido de la estafa a la policía de Berlín, Berezin puso precio a la cabeza de Bitner y le encargó asesinarlo a cambio de una alta suma de dinero.

El encargo de asesinarle, sin embargo, no se pudo llevar a cabo y ahora Berezin y Bitner coincidirán en la cárcel de Soto del Real en Madrid a la espera de que se abra el juicio oral en la Audiencia Nacional.

Las víctimas apuntan al banco

Ante la dificultad para recuperar el dinero, parte de los afectados ha decidido ampliar la estrategia judicial y dirigir sus reclamaciones también contra la entidad bancaria chipriota que recibió buena parte de los fondos.

La principal asociación de perjudicados, representada por Zaballos Abogados, ha solicitado la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil contra ISXPAY, el banco implicado en las operaciones.

La defensa considera que este banco jugó un papel esencial en la canalización de los fondos y que actuó como instrumento dentro de la estructura financiera utilizada para la captación y redistribución del capital de los inversores.

La solicitud, a la que ha tenido acceso este diario, se fundamenta, entre otros extremos, en el incumplimiento de los deberes de diligencia y control exigibles a las entidades financieras, conforme a la normativa europea en materia de prevención de blanqueo de capitales.

“La magnitud de las operaciones, su reiteración y la ausencia de una base económica real constituían indicios suficientes para haber activado mecanismos de control reforzado, cuya omisión habría permitido la continuidad de la operativa fraudulenta”, señalan fuentes de la defensa.

Los miembros de New Order, uno de los grupos más relevantes de todo el mundo en ese momento, no daban crédito: el escenario en el que iban a actuar estaba construido con palés de fruta y tableros de madera.

“Estamos acostumbrados a tocar en sitios extraños”, afirmó el bajista Peter Hook cuando le preguntaron qué opinaba del lugar.

Era mayo de 1987 y acababan de llegar a Mollerussa (Lleida, 16.000 habitantes en la actualidad). Ellos no lo sabían, pero estaban a punto de tocar en el epicentro de una anomalía sociológica, geográfica y antropológica que convirtió el Pla de Lleida en el área con más locales de ocio nocturno por metro cuadrado del país.

En una árida zona de poco más de 300 kilómetros cuadrados (entre Ponts, Cervera y Fraga) llegaron a existir más de 500 discotecas, pubs y bares nocturnos. Solo en Mollerussa hubo más de 50 locales de este tipo. En Balaguer (17.000 habitantes en la actualidad) se llegaron a contar más de 30 pubs en un radio de apenas 400 metros.

El periodista y escritor Francesc Canosa documenta en el libro La Catalunya discoteca (Comanegra) lo que ocurrió en ese extraño lugar. al que llama el “Chernóbil catalán” por su aislamiento y clima extremo —mucho frío, mucho calor, mucha niebla.

Canosa, sin embargo, también lo apoda “el DF, Distrito Fiesta”: un país independiente en el que los jóvenes rurales rompieron por primera vez la “endogamia tribal” de sus pueblos gracias a las discotecas.

Un ejemplo de hasta dónde llegó la magnitud del Distrito Fiesta: la despoblada comarca del Pla d’Urgell, con 28.000 habitantes en esa época, competía en número de licencias con el Barcelonès, donde vivían millones de personas.

Cuenta el libro que el fenómeno se fraguó alrededor de la macrodiscoteca Big Ben, la mayor de Europa. Situada entre Golmés y Mollerussa, tenía capacidad para 10.000 personas y una oferta apabullante: restaurante, sala de cine, bolera, pizzería, máquinas recreativas, cinco salas y un gigante parking que funcionaba como “reservado al aire libre”.

Inaugurado en 1976, el Big Ben llegó a funcionar como un “paraestado”, afirma el autor: cubría para vecinos de todas las edades un cúmulo de necesidades que, en ese entonces, la administración no ofertaba en el mundo rural.

El Big Ben no solo organizaba fiestas, sino que patrocinaba más de treinta clubes de fútbol de la zona en distintas categorías, además de equipos de hockey, campeonatos de atletismo e incluso encuentros de sardanas, en una actividad que sus propios administradores definirían como “casi acción social”.

La macrodiscoteca era también un “centro de inteligencia” del campo leridano. Los agricultores y ganaderos intercambiaban ahí información vital sobre el precio de las cosechas de alfalfa, fruta o cereales, así como el valor de los cerdos y corderos o incluso alertas meteorológicas para recoger el forraje antes de una tormenta.

Esos locales, afirma el libro, incluso funcionaban como agencia matrimonial y social. Muchas parejas, por ejemplo, se conocieron de noche en el Big Ben, celebraron el banquete en sus instalaciones y acabaron festejando el bautizo y los aniversarios de sus hijos en el mismo recinto. 

Fue precisamente en el restaurante del Big Ben donde cenaron, pasando desapercibidos, los miembros de New Order esa noche de mayo del 87, horas antes de actuar en el recinto ferial de ese pequeño municipio al que llegaron tras haber actuado en Madrid y Valencia.

El Big Ben pretendía ofrecer experiencias para todas las etapas de la vida. Las mañanas de los fines de semana había sesiones infantiles que contaban con miles de niños provenientes de los pueblos de la zona. Se organizaban talleres, juegos, gincanas y festivales. Eran famosas las chocolatadas y los espectáculos de circo con payasos, trapecistas y funambulistas.

Los jubilados también tenían su plan, con bailes los domingos por la tarde y saraos pensados exclusivamente para la tercera edad —hasta el punto de que había salas de reposo— que llegaban a congregar a más de 2.000 personas mayores en el recinto.

La inclusión de los abuelos formaba parte de una estrategia: “es la mejor publicidad”, afirmaban los gestores del Big Ben. “Porque así les dicen a sus nietos: id que se está muy bien, que es muy bonito”. La macrodiscoteca, de esa manera, dejaba de ser “un mundo de fantasmas” en el que los mayores no sabían qué ocurría.

El lugar era gigante, pero no dejaba de ser familiar. En ocasiones, cuando los jóvenes perdían su transporte o no encontraban la manera de volver a casa tras el cierre de la discoteca, uno de los propietarios, Enric Fontanals, se encargaba personalmente de organizar el reparto de los jóvenes por los pueblos utilizando la red de autobuses de la que disponía el local. No todo fue un camino de rosas: en 1993, un joven murió en una pelea y el local estuvo cerrado durante meses.

Todo empezó en una gasolinera 

La eclosión del Distrito Fiesta empezó en el Kipps, un local situado en Agramunt (5.000 habitantes) nacido como una gasolinera en 1957 que, poco más de una década después, se convirtió también en una discoteca que disponía de restaurante, hotel y piscina. Según el texto, sería la primera propuesta multiservicios que precedería el Big Ben.

El libro vincula directamente el cultivo de la fruta con la economía nocturna nacida en esas comarcas: los ingresos que obtenían los jóvenes en las campañas de recogida de la manzana o la pera les permitieron comprarse sus primeros coches, imprescindibles para llegar hasta esos locales alejados de los centros urbanos.

También los temporeros que se desplazaban a la zona para trabajar en la fruta se convertían en clientes asiduos de esas discotecas, en lo que el libro describe como una “ruta de la fruta” que discurría en paralelo a la “ruta de las discotecas”, donde el sudor del campo durante los días laborables se transformaba en el combustible económico y social de la fiesta el fin de semana.

La fiebre nocturna tuvo también un impacto económico en la región: generó puestos de trabajo y sinergias con restaurantes de la zona, alimentó tiendas de ropa que hacían el agosto cuando se programaba alguna fiesta temática, contribuyó a la urbanización de terrenos colindantes y atrajo inversiones a su alrededor. 

Como todos los sueños, sin embargo, la historia del Distrito Fiesta también tuvo un final. La proliferación de los controles de alcoholemia y el aumento de las sanciones generó un estado de “acolloniment” [acojonamiento] entre los asistentes, que empezaron a tomar rutas alternativas o directamente a evitar desplazarse hasta esos locales en medio de la nada. 

Según el libro, llegó un momento en que los sábados por la madrugada la zona de Mollerussa parecía estar bajo un “estado de sitio”, en lo que algunos empresarios de la noche vieron como un intento deliberado de la administración para “ahogar” el monopolio de la noche que llegó a tener el Big Ben. A eso se le sumó la crisis económica y el cambio de hábitos digitales.

Los jóvenes, asustados, empezaron a desplazarse hacia el gran rival de esa discoteca, el Florida 135 situado en Fraga (Huesca), donde percibían una mayor libertad de horarios y menos presión policial.

Cuando, tras 39 años de actividad, el Big Ben anunció su cierre en 2015 acuciado por la crisis y una creciente deuda, decenas de personas de lo que se llegó a conocer como la “generación Big Ben” lloraron por la noticia e incluso se acercaron al recinto para hacerse fotos de recuerdo. En 2024, en lo que los medios locales definieron como un “hito histórico”, la sala volvió a abrir y actualmente celebra fiestas de manera puntual, sin una programación regular como la de antaño.

Algo no encaja en Tarragona. Los análisis de sus aguas residuales la sitúan como la segunda ciudad de Europa con mayor consumo de cocaína por habitante. Nadie, sin embargo, sabe explicar por qué.

Ante la falta de respuestas, el Ayuntamiento ha optado por dejar de facilitar datos para el estudio anual de la Agencia Europea sobre las Drogas (EUDA), que adelanta este miércoles elDiario.es en colaboración con la Urban Journalism Network tras analizar las cifras de 130 ciudades de 28 países.

“La realidad de la ciudad no se ve representada adecuadamente en el estudio”, sostienen desde la Empresa Mixta Municipal de Aguas de Tarragona (EMATSA), dependiente del consistorio y del grupo AGBAR. “Sitúa a la ciudad en un ránking incorrecto”, añaden.

Según los datos de 2023, 2024 y 2025, Tarragona (143.000 habitantes) solo aparece por detrás de Amberes (Bélgica) en consumo de cocaína por habitante, un ránking que ningún Ayuntamiento quiere encabezar. Desde el consistorio, no obstante, insisten en que la decisión de retirarse del estudio es “técnica” y lo atribuyen a la empresa municipal de aguas.

Los resultados han desconcertado tanto a responsables políticos como a los especialistas en drogodependencias. Todos, en algún momento, se han hecho la misma pregunta: ¿qué ocurre en Tarragona con la cocaína?

La primera reacción del Ayuntamiento, a través de la empresa de aguas, ha sido abandonar el estudio y cuestionar su metodología. “Las conclusiones que se extraen no cuentan con el rigor necesario en el ámbito geográfico ni en el muestreo”, señalan.

La compañía critica que los datos se basen únicamente en una de las dos depuradoras de la ciudad —la de mayor tamaño—, porque recoge aguas de municipios cercanos como Els Pallaresos (5.000 habitantes) y Constantí (7.000).

También cuestiona que hasta la fecha solo hayan participado cinco ciudades españolas y que algunos países, como Francia, no aporten datos en las ediciones previas (en 2026 sí se han analizado las aguas de París). Añaden que los laboratorios participantes no emplean exactamente los mismos métodos y por ello los resultados no son comparables. 

Los expertos avalan el estudio

“Por supuesto que el estudio es fiable”, afirma José Benito Quintana, catedrático de Química Analítica en la Universidad de Santiago de Compostela. Explica que las muestras se recogen cada diez minutos, durante 24 horas y a lo largo de una semana, lo que permite obtener una fotografía representativa del consumo porque incluye a todos los perfiles que van al baño durante una jornada.

Los datos, además, se obtienen siempre en semanas sin grandes eventos o festividades, siempre en temporada baja turística, para que los resultados no estén distorsionados.

Rosa María Marcé, catedrática de la Universitat Rovira i Virgili y responsable del análisis de las aguas de Tarragona en años anteriores, también defiende el rigor del estudio y asegura que los resultados de los distintos laboratorios participantes son homologables. 

“Todos analizamos de manera preliminar una muestra ciega”, apunta. “Si el resultado encaja en el rango previsto, significa que estamos alineados con el resto de laboratorios”.

Desde la EUDA, el epidemiólogo João Pedro Matias también subraya la validez del procedimiento y descarta que el hecho de que la depuradora incluya aguas de municipios cercanos altere los datos porque tienen muy poca población comparada con la de Tarragona.

Un fenómeno difícil de medir

Analizar y obtener datos sobre el consumo de drogas nunca es sencillo. Las encuestas a la población siempre están sesgadas, porque dependen de lo que declaran los propios usuarios y los decomisos policiales solo ofrecen indicios parciales.

“Las aguas residuales son una de las pocas herramientas objetivas disponibles”, señala Claudio Vidal, director de Energy Control, organización pionera en España en reducción de riesgos asociados al consumo.

Otro indicador son las demandas de tratamiento por adicciones. En Tarragona, sin embargo, este dato no apunta a un consumo especialmente elevado de cocaína.

En 2024, el 24,8% de las solicitudes de tratamiento en el Centro de Atención a las Drogodependencias de Tarragona estaban relacionadas con la cocaína (173 casos). La cifra es similar a la media catalana (24,1%, 3.617 solicitudes) y muy inferior a la estatal (47,6%, 21.818 peticiones).

Antoni Llort, antropólogo de la Universitat Rovira i Virgili que ha estudiado durante años el consumo de drogas en la zona, tampoco ofrece una explicación concluyente sobre lo que ocurre en Tarragona con la cocaína.

Apunta, sin embargo, a varios factores. “Tarragona concentra muchas interacciones humanas: trabajadores de refinerías, transportistas que entran y salen continuamente…”, explica. También señala a la cantidad de droga que entra por la zona. “El acceso es directo, los precios son asequibles y la calidad suele ser superior a la de otras ciudades como Barcelona”, añade.

Para concluir, Llort también menciona un fenómeno más amplio: la normalización del consumo de cocaína en España. Los datos de este año del propio estudio lo reflejan: de las 130 ciudades analizadas, cuatro urbes españolas —Lleida, Granada, Santiago y Barcelona— figuran entre las quince con mayor consumo.

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Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.

La cocaína siempre ha estado ahí. La noticia sería, apuntan los datos, que no baje y que el consumo siga subiendo. Pero en los últimos años los expertos están girando la cabeza hacia la ketamina. Sin alarmismos, cuentan, con cifras que no son altas, pero sí suben rápido, hay una cierta preocupación entre quienes trabajan en la prevención de daños por el auge que se está detectando en el uso de esta droga, en Europa en general y en España en particular: su consumo ha crecido en Barcelona un 184% desde que se empezó a medir, en 2022.

Lo dicen los últimos datos de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA), publicados este miércoles y analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, que revela las últimas tendencias en el consumo de drogas en el continente a partir del análisis de aguas residuales en 130 ciudades de 28 países europeos. De España se han medido datos en Barcelona, Castellón, Granada, Lleida, Santiago y València en 2025. Tarragona, que llevaba tres años quedando segunda solo por detrás de Amberes (Bélgica), ha decidido salirse del estudio porque “la ciudad no se ve representada adecuadamente”.

En el siguiente mapa puedes consultar los últimos datos de la concentración de seis sustancias (cocaína, cannabis, anfetaminas, ketamina, metanfetaminas y MDMA) medida en las aguas residuales en cada una de las ciudades que han participado.

De un primer vistazo el estudio depara pocas sorpresas, evalúan los expertos: el consumo de cocaína en el continente está en niveles récord siguiendo la tendencia que traía, con un aumento del 22% en comparación con el año anterior, y España destaca entre los países más consumidores con cuatro ciudades en el top 15; la ketamina crece un 41% con carácter global y el éxtasis parece estar perdiendo popularidad, sustituido por otras drogas sintéticas que suelen tener una vida efímera, según el análisis de EUDA. El cannabis, la droga más consumida, ha caído ligeramente, pese a (o gracias a) que se ha regulado de alguna manera en varios países.

“Lo que vemos a través de distintos indicadores es que hay gente que no está dejando de consumir cocaína”, analiza Luis Sordo, médico epidemiólogo e investigador en el departamento de Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), respecto de las cifras récord de la droga por excelencia. “Entran a consumir cocaína a una determinada edad, en un momento concreto de la vida por la razón que sea (por ejemplo, salir por la noche), pero luego algunos, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, no lo dejan. Mi sensación es que hay más personas que no tienen hijos y al mismo tiempo ha habido un cambio y hay gente no siente que con 40, 45 o 50 años tenga que retirarse de nada”, elabora. Y siguen consumiendo.

Más atención está atrayendo la ketamina desde hace un tiempo, en auge actualmente en una tendencia que los expertos habían localizado y las grandes cifras de este estudio refrendan. “Se está poniendo de moda en ambientes recreativos”, explica Mireia Ventura, directora del Área Internacional de Drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), especializada en el trabajo de calle con consumidores. “Aunque es una sustancia que se puede percibir como no problemática por algunas personas, tenemos evidencias sólidas de que el consumo, si se pierde el control, puede acarrear importantes problemas, entre ellos el desarrollo de una dependencia y un patrón de consumo muy intensivo y pérdida de control”, añade su colega Claudio Vidal, director del programa Energy Control de ABD.

El mayor estudio comparativo

Este el mayor informe comparativo de su tipo, que realiza la red científica europea SCORE en colaboración con laboratorios locales como IDEA-CSIC, la Universidad de Granada o la Universidad de Santiago de Compostela, y mide el consumo, por localidades, de cinco drogas estimulantes —anfetamina, cocaína, metanfetamina, MDMA y ketamina—, así como el cannabis. Los análisis no buscan la droga directamente en el agua, sino los metabolitos que produce y expele el cuerpo tras consumir para evitar contaminación en los datos si, por ejemplo, alguien tira una gran cantidad de drogas al váter.

Hay quien duda de la fiabilidad de analizar aguas residuales en busca de drogas porque es un indicador sin matices, sin explicar quién consume, cuándo o por qué, pero los científicos defienden la validez del método y explican que la alternativa son las encuestas, que tampoco son 100% fiables, y por eso se cruzan datos para obtener un panorama completo.

“La metodología está admitida a nivel internacional”, explica Rosa Maria Marcé, catedrática de Química Analítica en la Universitat Rovira i Virgili (URV) que ha participado durante años en el análisis de las muestras de Tarragona. “Las limitaciones del método son que no te da ninguna información sobre quién o cómo la consume, los perfiles o la pureza de la sustancia”.

“Sí que es un método fiable”, asegura Tito Quintana, catedrático de Química Analítica en la Universidad de Santiago de Compostela. “Las muestras se toman cada diez minutos durante 24 horas para al final del día tener una muestra que sea representativa de toda la jornada, porque el caudal del agua residual varía mucho y el perfil de la gente que va al baño cambia durante el día. Así se hace durante una semana entera”.

Aun así, hay ciudades que se han salido de este tipo de estudios. El caso paradigmático quizá sea Tarragona, señalada hace años como la segunda ciudad de Europa en la que más cocaína se consume, que ha decidido dejar de aparecer porque cada año la ponía en el foco de manera injusta, cree el Ayuntamiento. El consistorio sostiene que el estudio tiene “debilidades” que “sitúan a Tarragona en un ranking incorrecto”. Específicamente, dicen las fuentes que los resultados del estudio a nivel europeo no son comparables y que “la realidad de la ciudad no está adecuadamente representada” porque la planta de tratamiento también atiende a otros municipios vecinos.

Cuatro ciudades en el top 15 del consumo de cocaína

Excluido el cannabis, la cocaína es la reina del consumo de drogas. De las 88 ciudades europeas con datos tanto de 2024 como de 2025, un total de 63 registraron un aumento en su uso. Su radio de acción se está expandiendo, explican desde EUDA: tradicionalmente, los niveles más altos de consumo se encuentran en Europa occidental y meridional, y los nuevos datos confirman esta tendencia, pero ya se pueden encontrar rastros de cocaína —y en muchos casos en aumento— también en ciudades de Europa del Este.

En España, Lleida aparece como la tercera ciudad europea donde más rastro había en las aguas residuales y Granada la quinta. Santiago y Barcelona también están cómodamente, y con datos récord de concentración, en el top 15 europeo, que lidera Middlesbrough (Reino Unido) y donde asoman en puestos altos localidades como Ámsterdam o Amberes. Ciudades, estas últimas, que tienen algo en común: son todas portuarias y sirven como puntos de entrada importantes para la cocaína desde América Latina hacia Europa.

“La cocaína no está socialmente penalizada, no hay sensación de peligro”, explica su popularidad el doctor Sordo, de la UCM. “Somos un país mucho más nocturno que otros y todo lo que signifique prolongar el día encuentra un aliado. El aumento en el consumo va ligado también a la cultura de la fiesta, los bares, y finalmente, y esto es importante para el análisis en aguas residuales, el turismo”, sostiene.

Más allá de los rastros en aguas residuales, otros datos a partir de encuestas demuestran que los datos de España no son casualidad. Somos el país europeo donde más personas han probado la cocaína, casi un 14% de la población, y ocupa el primer lugar en consumidores durante el último mes (1,4%), según el último informe europeo sobre drogas.

Desde ABD insisten en un factor que puede estar influyendo en la subida detectada: la droga que se mueve es cada vez más pura, un argumento que repiten varios expertos. Se puede aventurar teorías sobre por qué sube la pureza —hay una cierta coincidencia en que se debe a que el mercado está saturado y cortar la droga ha dejado de ser necesario—, pero no deja de ser una realidad. “Quizá no es necesario que consuman más personas o más cantidad y van a salir igualmente niveles más altos”, desliza Ventura.

Todas las fuentes consultadas están de acuerdo también en señalar el factor turismo como una pata importante de la situación. “España es un país de turismo, mucha gente viene a salir de fiesta. Ya no solo hay consumos de los locales, también hay que tener en cuenta este turismo, que además está todo el año”, reflexiona Ventura. Y luego están las circunstancias propias de la droga, que se mantiene inalterable a lo largo de los años: “Es quizá el único producto que se ha abaratado. Sigue siendo el mismo precio que antes y la pureza ha aumentado, lo que significa que ha bajado de precio. Es una sustancia más accesible”, explica la experta.

Ketamina, el problema que viene

A esos ambientes de ocio también ha llegado la ketamina, que sube en 47 de las 68 ciudades analizadas que tienen datos tanto esta edición como la anterior. “Se está poniendo mucho de moda en ambientes recreativos”, sostiene Ventura. “En principio se encontraba en espacios más alternativos, como fiestas rave (fiestas, normalmente al aire libre, con música electrónica y de larga duración), pero actualmente está muy esparcida en otros ambientes más mainstream”, explica la experta.

“La indicación más clara que ofrecen los datos de aguas residuales de que la ketamina se consume tanto de forma recreativa como médica es que las cantidades detectadas son más altas los fines de semana. Esto es similar a lo que se observa con otras drogas que se consumen en contextos recreativos, como la cocaína y el MDMA”, añade Andrew Cunningham, analista de la EUDA a preguntas de la Urban Journalism Network, que dirigió un reciente estudio de investigación sobre el consumo y el mercado de la ketamina.

En Barcelona conocen el fenómeno. La ciudad aparece entre las más consumidoras de esta droga desde que se busca en las aguas residuales, y cada vez hay más rastro: ha pasado de 29,4 mg por cada mil habitantes a 83,7 en 2025, casi el triple.

La ketamina es un anestésico disociativo que tiene usos en humanos y veterinaria, pero “por debajo de las dosis que producen anestesias produce un rango de efectos, que van desde los parecidos al alcohol hasta ligeros toques psicodélicos que aumentan según se aumenta la dosis y se puede entrar un viaje psicodélico importante”, cuenta Vidal, de Energy Control.

Con esta droga “se da una circunstancia quizá un poco particular”, continúa. “Por una parte tenemos cada vez mayor presencia de consumo de ketamina y por otra del tusi”, mal llamada cocaína rosa porque tiene ketamina, MDMA (éxtasis) y cafeína, y la aparición de este producto ha hecho que aumente el número de personas que consume ketamina sin saberlo“, explica.

Tanto uno como otra advierten de que puede haber un problema con esta droga. “El uso de ketamina es un problema del que oiremos hablar. En centroeuropa (Bélgica, Holanda, Reino Unido) hay problemas serios ya porque puede generar adicción y una tolerancia alta, por lo que rápidamente necesitas más. Y la concentración de ketamina es cada vez más grande, lo que quiere decir que está aumentando la tolerancia”, sostiene Ventura.

“Puede acarrear importantes problemas, sobre todo dos: el desarrollo de una dependencia con un patrón de consumo muy intensivo y la pérdida de control”, advierte Vidal. “En concreto, la aparición de problemas urinarios, porque la ketamina en su paso por el cuerpo va produciendo inflamación al eliminarse. Esto hace que aparezcan síntomas parecidos a la cistitis, que muchas personas pueden no relacionar con el consumo de ketamina, incluso profesionales sanitarios. Está bien documentado y puede ser bastante grave”, señala.

Anfetaminas, metanfetaminas y 'chemsex'

En España, los expertos también señalan el aumento en el uso de anfetaminas y metanfetaminas. “Lo raro es que no hubiera pasado antes porque son baratas y fáciles de producir”, apunta Fernando Caudevilla, médico familiar y experto en drogas. Este doctor explica que estas drogas se asocian al chemsex (sesiones largas de sexo con drogas), “y probablemente sea cierto, pero no es la única causa [del aumento]. Se va a seguir expandiendo y no veo motivos por los que vaya a ir a menos, aunque es cierto que cuando hay buenos mercados de droga la situación suele no cambiar mucho. Si a Galicia sigue entrando bien la cocaína la gente no se va a buscar anfetamina”, opina.

Sordo incide en que “en Barcelona hace tiempo que están preocupados con este aumento”, y ofrece un dato: entre 2020 y 2023 prácticamente se ha duplicado los ingresos para tratamiento, pasando de 580 a 1.085 en ese periodo. El especialista explica además que es habitual que cuando hay más disponibilidad de alguna droga, como está sucediendo con las anfetaminas, “se ofrece como producto. Pasó en EEUU con la crisis de adicción a los medicamentos. Cuando la gente dejó de poder comprarlos y apareció la heroína como producto alternativo, se empezó a ofrecer más”.

De Brístol a Praga

En Europa cada país lidia con sus propios problemas. Si España destaca en cocaína, Reino Unido lo hace en ketamina y la anfetamina es habitual en los países nórdicos y en República Checa y Eslovaquia en su forma de cristal.

Brístol (Reino Unido) es de largo la ciudad europea con más concentración de ketamina en sus aguas residuales. “Bristol es conocida por ser un centro de distribución de ketamina, así como una ciudad con una intensa economía nocturna. Es la ciudad con mayor consumo de ketamina del mundo”, sostiene Josh Torrance, criminólogo afincado en la ciudad. En conjunto en Reino Unido el número de adultos que inician tratamiento por problemas con la ketamina se ha más que triplicado desde 2021.

La ciudad checa de České Budějovice ha desbancado a otra ciudad checa, Ústí nad Labem, como la número uno en consumo de metanfetamina entre todas las ciudades europeas analizadas, con un aumento del 29% respecto al año anterior. El dominio checo con esta droga no tiene fisuras: ciudades checas ocupan los cinco primeros puestos del ranking de metanfetamina, incluida la capital, Praga, donde todas las sustancias medidas aumentaron respecto al año previo.

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Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.

El Comité de Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) ha reprochado al catedrático de Ciencia Política y exvicerrector de la universidad, Jordi Matas, que difundiera en un acto público el nombre y apellido de la estudiante que lo denunció por acoso sexual en 2017.

En un comunicado emitido el miércoles, el Comité recuerda a Matas y a los profesores de su entorno (sin citarlos) que su conducta “vulnera gravemente” el protocolo de la universidad contra el acoso sexual y les recuerda el deber de mantener el anonimato de los denunciantes así como de las personas que las acompañan o apoyan, tanto durante como después del procedimiento.

“Este compromiso es vinculante y su incumplimiento puede derivar en actuaciones disciplinarias”, recuerda el comunicado remitido a toda la plantilla y revisado por elDiario.es.

Una alumna a la que iba a tutorizar el trabajo de final de grado denunció a Matas por acoso sexual ante la UB en marzo de 2017. La estudiante aseguró que el catedrático le mandaba mensajes subidos de tono y que, entre otros aspectos, le había confesado en su despacho que había tenido dos sueños eróticos con ella.

El caso fue archivado por una comisión formada por tres hombres. El rector del momento, Joan Elías, publicó una resolución que le eximía de cualquier responsabilidad y concluía que el comportamiento de Matas “había podido ser contraria a los valores éticos y deontológicos exigibles” al profesorado de la UB.

Una investigación de elDiario.es, publicada en diciembre de 2023, reveló los cientos de mensajes que Matas había intercambiado con esta alumna así como los seguimientos que el docente llevó a cabo a la estudiante cuando ella decidió cortar el contacto con él.

La publicación del reportaje generó una ola de protestas en la universidad que le forzó a renunciar a su puesto de vicerrector y a diversos cargos en otros organismos públicos. Actualmente ejerce de coordinador del Plan de dinamización lingüística de la UB.

Matas demandó pocos meses después tanto a elDiario.es como a la alumna que había relatado su experiencia en el reportaje. El juez, sin embargo, avaló la investigación de este periódico porque transmitía “información contrastada” sustentada en “hechos documentados” y entrevistas “a varios testigos”. El fallo le impuso el pago de las costas del proceso y Matas recurrió la sentencia (todavía no hay fallo de la Audiencia Provincial al respecto).

Desde el pasado verano, tanto Matas como su entorno han difundido de manera reiterada el nombre de esta estudiante en actos de la universidad así como en un evento público celebrado el pasado julio en apoyo al catedrático. Matas y un grupo de docentes que lo apoyan consideran que el profesor fue “víctima de una campaña difamatoria” y llevan meses pidiendo al rector de la UB, Joan Guàrdia, la restitución del politólogo como vicerrector.

Tanto en ese acto como en una entrevista posterior, Matas ha cargado contra elDiario.es y ha acusado al antiguo rector, Joan Elías, de filtrar su caso a los medios para perjudicarle a él y al independentismo. Los ataques del catedrático y algunos profesores afines también se han dirigido contra la estudiante que lo denunció así como contra el profesor de Economía que la atendió en un primer momento y le recomendó presentar una queja formal.

El Comité de Empresa también apoya en su comunicado a este docente, al que Matas ha acusado en diversas ocasiones de simpatizar con la ultraderecha y de haber apoyado a la estudiante solo para perjudicar al catedrático. El texto destaca que este profesor “cumplió con su deber preceptivo” de acompañar a personas que podrían haber sufrido acoso.

¿Estuvo justificado el despido de la responsable de cumplimiento normativo de TMB —la empresa del metro y el bus de Barcelona—, tras ser denunciada por acoso laboral? ¿O fue un montaje que urdió la compañía para despedirla porque había señalado a varios directivos de la empresa tras investigar otra denuncia de acoso de una empleada?

La rama laboral —hay otro proceso penal abierto— del enfrentamiento entre la exdirectiva de TMB, Carmen Macías, y su antigua compañía ha llegado este martes a juicio, en el que han declarado tanto el empleado que denunció a Macías por acoso laboral como algunos de sus antiguos compañeros de departamento. 

Cuatro antiguos compañeros de Macías han puesto en entredicho su conducta con sus subordinados. La empresa externa que realizó el informe que recomendaba su despido, por su parte, ha defendido su independencia a la hora de elaborar la investigación del caso. 

Tanto el empleado que denunció a Macías como otros tres compañeros han afirmado que la exresponsable de compliance humilló en más de una ocasión al denunciante, hasta el punto de solicitar a los nuevos trabajadores que entraban al departamento que ni siquiera tomaran un café o fueran a comer con el denunciante.

“El malo siempre ha sido A [el denunciante], el resto íbamos pivotando”, ha declarado uno de los antiguos subordinados de Macías. 

El denunciante y los testigos aportados por TMB han asegurado que la exjefa de compliance tenía animadversión contra el empleado que la denunció por acoso laboral y encargaba a subordinados del denunciante que revisaran su trabajo a pesar de tener una categoría inferior. 

Uno de ellos ha descrito gritos, amenazas y “tratos vejatorios” por parte de Macías al denunciante. Los testigos incluso han afirmado que Macías convocaba a todo el equipo en un centro de trabajo distinto para así aislar al trabajador que la acabó denunciando, que ha asegurado que a pesar de ser responsable de la unidad técnica de Buen Gobierno había acabado desempeñando “tareas administrativas”.

El que fuera su empleado ha asegurado que no la denunció antes porque sabía que su queja la iba a tramitar la propia Macías, con lo que esperó a presentar su denuncia que se contratara a esa empresa externa para investigar el caso. También ha señalado que pidió en varias ocasiones a la empresa, desde 2020, que lo cambiaran de departamento pero sus peticiones no fueron atendidas por parte de la dirección de TMB.

Los testigos han sido muy duros con Macías, que la semana pasada aseguró en una rueda de prensa que su despido por acoso laboral fue un montaje urdido por la empresa porque ella concluyó en una investigación interna que dos directivos de TMB habían podido cometer un delito de acoso laboral a otra trabajadora. Buena parte de los sindicatos de la empresa, que tiene 9.000 trabajadores, le dieron apoyo tanto la semana pasada como en el juicio de este martes.

La polémica contratación de una empresa externa para despedir a Macías

La defensa de Macías, que ejercía la acusación contra TMB, ha intentado poner de manifiesto los defectos formales en la investigación que se llevó a cabo contra ella por parte de una empresa externa, también acusada en el procedimiento laboral.

Su letrado ha centrado su intervención en intentar demostrar que el encargo a esta empresa externa, llevado a cabo con un contrato a dedo pocas semanas después de modificar el protocolo interno contra el acoso laboral en TMB, se urdió por parte de la empresa para poderla echar por acoso laboral.

Entre otros aspectos, la defensa de Macías ha puesto de manifiesto que el encargo provino del mismo departamento que se había visto afectado por las investigaciones de la que era responsable de cumplimiento.

Representantes del comité de empresa han declarado que la manera en que se aprobó el nuevo protocolo de acoso en la empresa, que se utilizó para echar a Macías, fue “poco habitual”. Ha añadido que TMB les puso prisas para aprobarlo alegando un supuesto requerimiento de inspección de trabajo que ha resultado no existir.

También han asegurado que se les transmitió que el contrato con la empresa externa que investigaría las denuncias de acoso se haría mediante una licitación pero finalmente se hizo con un contrato menor.

Arropada por los sindicatos, la que fuera jefa de cumplimiento normativo de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y bus en Barcelona, ha decidido explicar los detalles de su despido tras investigar una denuncia de acoso laboral que afectaba a dos altos directivos de la compañía. 

“Sabía que me echarían cuando empecé a investigar el caso, pero no de una manera tan cruel”, ha afirmado en una rueda de prensa este miércoles en la capital catalana.

Carmen Macías fue despedida en octubre de 2024 pocos meses después de concluir en una investigación interna que dos directivos de TMB podían haber cometido un delito de acoso laboral. Su cese se llevó a cabo a pesar de tener el estatus de persona protegida por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

Para echarla, según su versión, la empresa le incoó a ella un procedimiento por acoso laboral que incluyó presuntas irregularidades que ha denunciado ante la Justicia, en una gestión del caso por parte de TMB que ha censurado la propia Oficina Antifraude.

Actualmente tres dirigentes de TMB, incluido el consejero delegado, están imputados por presunto acoso laboral a Macías por su despido. Paralelamente, un juzgado laboral dirimirá a partir de la semana que viene la procedencia de su cese.

Aparte de detallar las diversas injerencias que sufrió cuando empezó a investigar la denuncia de acoso laboral que implicaba a varios directivos —algo que no le ocurrió con las otras denuncias que tramitó—, Macías ha defendido su honorabilidad y ha apuntado a que su despido por acoso laboral fue una estrategia de la empresa para poderla cesar. 

“En 19 años en la empresa nunca tuve ninguna queja, ninguna sanción”, ha señalado Macías, que entre otros cargos de responsabilidad fue directora de recursos humanos del metro durante una década. “Si me nombraron responsable de cumplimiento, un órgano que requiere de la máxima confianza y respeto a la legalidad, era porque confiaban en mí”.

El caso de esta antigua jefa se enmarca en una profunda crisis de reputación de la empresa del transporte público de la capital catalana, con cinco altos directivos investigados por acoso laboral en dos causas distintas y un expediente sancionador que podría suponer una multa millonaria a la empresa por tener al descubierto datos sensibles de empleados. 

También los sindicatos consideran que el despido de Macías fue un montaje, y han reprochado que se modificara el protocolo antiacoso apenas un mes antes de iniciar un proceso contra ella. Además, se encargó la investigación de su caso con un contrato a dedo a una empresa externa, que llevó a cabo las pesquisas cuando ni siquiera se había formalizado su relación con TMB.

“Si a una responsable de cumplimiento como yo le hacen lo que me han hecho a mí, ¿qué puede pensar un empleado que quiere denunciar una irregularidad?”, se ha preguntado Macías. “Volvería a hacer lo mismo, por principios y por paz interna”.

La exdirectiva de TMB ha asegurado que la empresa le ha propuesto reconocer la improcedencia de su despido e indemnizarla debidamente, pero ella lo que quiere es volver a su puesto. “Quiero volver a mi puesto, creo en el cumplimiento normativo, mi honor e integridad no se compra con dinero y a mí me gustaba el trabajo que hacía”.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya se está preparando para el concurso de acreedores al que se asoma el Grup La Pau, una cooperativa que ganó en 2025 junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias, valorado en 381 millones de euros, a pesar de tener problemas de tesorería. 

Según ha podido saber elDiario.es, el Grup La Pau está actualmente en fase de preconcurso de acreedores, un proceso previo en el que, durante un periodo de hasta cuatro meses, la empresa puede renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal.

Ante esta situación, el SEM ha solicitado un dictamen a los servicios jurídicos del departamento de Economía para valorar si, en caso de llegar el concurso, la otra compañía a la que se adjudicó el contrato junto a La Pau en una Unión Temporal de Empresas (UTE) podría acreditar por su cuenta la solvencia que se requiere para prestar el servicio.

La amenaza del concurso de acreedores en La Pau planea sobre la cooperativa cuando solo faltan dos meses para que empiecen a ofrecer sus servicios en el área metropolitana norte de Barcelona. El primero de los lotes del macroconcurso, que en total sumó unos 2.000 millones de euros, empezará a desplegarse este 1 de abril en las Terres de l'Ebre. El de La Pau está previsto para el 13 de mayo.

Los problemas económicos de La Pau no han sorprendido a nadie en el sector. La propia cooperativa, seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, ya había advertido en un documento interno de que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024. 

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia del Grupo La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa acreditó su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

Desde el SEM no han querido hacer ningún comentario para este artículo. Vicenç Chicharro, vicepresidente del Grup La Pau, aseguró el viernes en conversación telefónica que la compañía tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

Antecedentes polémicos

El origen de las reticencias de la Generalitat durante el concurso estaba en los problemas que tuvo la cooperativa en el País Vasco, donde gestionó parte del servicio de ambulancias y fue objeto de más de 55 actas de inspección laboral por diversas irregularidades, que incluían el uso de los vehículos adscritos al Servicio Vasco de Salud por parte de clínicas privadas y el adeudo de salarios y pagas extras a buena parte de la plantilla.

El Ejecutivo vasco, que aseguró que La Pau estaba en una “situación económica complicada”, acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

Los problemas de tesorería de La Pau han supuesto que la otra empresa de la UTE, Direxis, haya ido adquiriendo más protagonismo de manera paulatina en la unión de empresas. Apenas cuatro meses después de ganar el concurso en Catalunya, se acordó la cesión del 9% de La Pau a Direxis, un porcentaje que ha ido aumentando hasta el punto de que actualmente, en la UTE que prestará el servicio, La Pau solo tiene el 1%.

Ha sido Direxis, de hecho, quien ha pagado durante meses parte de los salarios de la plantilla de La Pau. Pero esta compañía dejó de aportar esas cantidades a finales de octubre debido a la “falta de confianza e inseguridad jurídica” con la cooperativa, según comunicó el comité de empresa a la plantilla. 

El dictamen del departamento de Economía, obtenido por esta redacción, considera que en caso de concurso de acreedores será Direxis quien deberá acreditar los requisitos de solvencia que se solicitaban en la licitación.

Lo podrá hacer, asegura el documento, con “medios distintos” a los presentados en un primer momento e incluso recurriendo, si fuera necesario, a “terceras empresas” para demostrar que habrá dinero para ofrecer el servicio.

Se llama Marina y llega en un Mercedes a la sede de Girona del Instituto Catalán de Oncología (ICO). Ahí recoge muestras biológicas de pacientes y los traslada con su vehículo a otros laboratorios que tiene la entidad así como al Banco de Sangre y Tejidos (BST).

Solo entre 2022 y mediados de 2025, Marina ha facturado por estos traslados 180.000 euros al Govern. Sin concurso, sin tener una empresa de transportes, sin ninguna experiencia que la avale: siempre con contratos inferiores a 15.000 euros para evitar el preceptivo concurso público. 

Durante años el ICO, cuyo presupuesto depende del departamento de Salud de la Generalitat, ha estado fraccionando contratos para evitar licitar todo tipo de servicios que deberían haber sido contratados tras un concurso público.

Este periódico desveló en enero que el ICO había abierto un expediente a varios directivos de la entidad después de que una denuncia interna alertara de que se estaban troceando los contratos de mantenimiento y duplicando pagos a una constructora. 

Las presuntas irregularidades en la contratación, sin embargo, no acaban ahí. También el servicio de mensajería de la entidad e incluso, en ocasiones, el traslado de pacientes en ambulancia llevan años adjudicándose a dedo mediante contratos menores, según un análisis de la contratación realizado por elDiario.es.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —l'Hospitalet de Llobregat, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 60% de la población adulta de Catalunya. 

Los hechos desvelados muestran el descontrol en la contratación de un organismo público cuyo presupuesto asciende a 390 millones de euros. Los contratos que se han estado adjudicando a dedo cubren servicios que le cuestan al ICO cada año cientos de miles de euros. Solo el servicio de mensajería se calcula que asciende a casi medio millón de euros anuales.

Gracias a esta práctica irregular, una persona como Marina lleva facturando alrededor de 50.000 euros al año, IVA incluido, a este ente público con una media de tres contratos a dedo al año por servicios de mensajería sin ni siquiera tener una empresa especializada.

Preguntados por elDiario.es, desde el ICO no quieren precisar por qué se le han estado adjudicando tantos contratos a esta persona. Afirman que es una autónoma y “cumple en todo momento la normativa vigente”.

Respecto al traslado de muestras biológicas en un transporte particular, afirman que “se trasladan debidamente protegidas en contenedores adecuados” y añaden que no se requiere de “un medio de transporte específico” para su traslado entre centros.

Irregularidades sin responsables

Desde el ICO admiten las irregularidades en la contratación, pero en esta ocasión no se ha abierto ningún expediente ni se sancionará a ningún directivo por haber estado fraccionando contratos durante años. 

“En 2025 se detectaron las incidencias mencionadas y se inició la preparación de una licitación”, responden desde la entidad. “Tenemos un procedimiento de análisis de la contratación iniciado por la dirección actual de manera voluntaria, a raíz de la denuncia del año pasado”, remachan. 

La licitación por el servicio de mensajería por carretera, puesta en marcha tras denunciarse el troceo de contratos, asciende a 845.000 euros por los próximos dos años y actualmente está en fase de recepción de ofertas.

La actuación de la entidad en esta ocasión contrasta con el expediente que se abrió el pasado noviembre tras una denuncia anónima. La investigación apreció una “negligencia grave” en la gestión presupuestaria y administrativa por parte de algunos directivos de este organismo de referencia de la cura e investigación sobre el cáncer.

Se incoaron procedimientos contra el Jefe de Contratación administrativa, el Jefe de Mantenimiento, el Jefe del Servicio Económico, el Jefe de Servicios Generales e Infraestructuras y el Jefe de Proyectos. Algunos de ellos habían abandonado el ICO durante los meses previos a la presentación de la denuncia anónima. 

Los trabajadores del ICO mostraron recientemente a la dirección su enojo por el desaguisado en la contratación de la entidad. Según fuentes presentes en la conversación, los directivos trasladaron a los empleados que en esta ocasión no se abriría ningún expediente porque no se había presentado ninguna denuncia al canal ético de la entidad.

Josep Ametller, el propietario de la cadena de alimentación y supermercados “sostenibles” Ametller Origen, ha decidido dar un paso más en el conflicto que libra con diversas asociaciones ecologistas que se oponen al Agroparc, un macrocomplejo de 258 hectáreas que la empresa construye en el municipio de Gelida, de apenas 8.000 habitantes.

Ametller ha solicitado un acto de conciliación con media docena activistas de distintas entidades que forman parte de la plataforma opositora StopAgroparc. Se trata de un trámite al que obliga la ley como paso previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias contra los ecologistas.

Ametller considera que los ecologistas le han atribuido los delitos de inducción a la prevaricación de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias por una publicación en el perfil de Instagram de la plataforma, que contaba con apenas 2.500 seguidores en el momento de los hechos.

Según el escrito de la querella, al que ha tenido acceso elDiario.es, las frases publicadas que le atribuyen los delitos mencionados son las siguientes:

Jordi Asensi, uno de los querellados y miembro de la entidad Bosc Verd, que participa en la plataforma que se opone al proyecto, considera que la querella interpuesta es una “medida intimidatoria”. “En 40 años de activismo ecologista no me habían puesto una sola querella”, añade en conversación telefónica.

Fundada en 2001, Ametller Origen se ha expandido a gran velocidad en Catalunya durante los últimos años: en 2025 facturó 802 millones, el 18% más que el año anterior y casi el doble que en 2022, gracias a una red de 147 tiendas repartidas por la comunidad y Andorra.

La compañía ha crecido presentándose como una empresa de productos “sostenibles” y “sin intermediarios”. En 2014, sin embargo, decidió retirar este último eslogan de sus tiendas después de las quejas de algunos clientes porque buena parte de los productos ofertados no eran de proximidad.

En 2022, Unió de Pagesos, el principal sindicato de ganaderos y agricultores de Catalunya, denunció que la empresa se anunciaba en Google como un supermercado ecológico sin serlo.

Un proyecto polémico

El proyecto Agroparc se ha convertido en una de las grandes prioridades de esta cadena alimenticia, que pretende construir en Gelida “el primer distrito agroindustrial de energía positiva y CO2 negativo”. El proyecto prevé una inversión de 180 millones para un complejo que ocupará 258 hectáreas, más de 361 campos de fútbol. 

Ametller Origen está construyendo el complejo en una zona a las afueras de Gelida que, hace tres años, era totalmente verde y estaba formada por campos, viñas, masías y caminos de tierra para pasear. La intención es emplazar ahí la sede central de la compañía, plantas de producción y logística, campos de cultivo y pastoreo para 400 ovejas y 400 cabras, un hotel rural, una casa de colonias, un centro de investigación y una tienda de la empresa.

El proyecto tiene el apoyo de la Generalitat —que lo declaró proyecto estratégico— y del Ayuntamiento del municipio, pero ha recibido el rechazo de decenas de entidades ecologistas, incluida Greenpeace, y también de Unió de Pagesos. “Es un auténtico despropósito”, señalaba a esta redacción hace tres años Maria Rovira, responsable de Urbanismo del sindicato. “Va a ser un gran parque temático”, remachaba.

La empresa anunció su plan a finales de 2016, y desde entonces el proyecto ha ido avanzando de manera intermitente. En febrero de 2018 se paralizó y fue retomado de nuevo en otoño de 2021. Desde entonces ha habido modificaciones tanto de la normativa urbanística como del complejo que se prevé construir. En julio de 2025 llegaron los camiones y empezaron a mover tierras.

Una vez el complejo esté en pleno funcionamiento, se calcula que llegarán al menos 200 camiones diarios a la zona, según un cálculo que sale del propio estudio de movilidad que hizo Ametller Origen. 

Los ecologistas, así como expertos del Servicio de Fauna y Flora del Govern, consideran que el proyecto romperá un conector ecológico entre espacios naturales protegidos y afectará el área de caza del águila perdicera, una especie protegida y en peligro de extinción.

Actualmente hay dos procedimientos en los juzgados contencioso-administrativos contra el proyecto: uno por el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa para construir el macrocomplejo y otro contra las modificaciones urbanísticas que han permitido ponerlo en marcha.

“Es extremadamente grave que, en lugar de responder a las advertencias medioambientales, Ametller Origen haya decidido presionar a personas concretas en un intento de desactivar la acción reivindicativa”, ha señalado la plataforma StopAgroparc en un comunicado.

Este periódico se puso el jueves por la mañana en contacto con Ametller Origen, que al final del día no había respondido a la solicitud para comentar esta publicación.

Una jueza de Barcelona investiga a otros dos directivos de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en la capital catalana, por acoso laboral a una empleada. Con este caso son ya cinco los dirigentes de la compañía investigados en dos juzgados. En la primera de las causas, tres directivos ya declararon como imputados.

La querella, admitida a trámite hace un año, se dirige contra Joaquim Balsera, exalcalde socialista de Gavà (Barcelona) y actual director de marketing de TMB, y contra la directora de servicios corporativos de la empresa. 

La denunciante, una ingeniera con veinte años de trayectoria y un puesto de responsabilidad en TMB, les acusa, entre otros aspectos, de haberla relegado a un puesto sin funciones, asignarle tareas administrativas e incluso tenerla durante meses en su domicilio sin trabajar.

“No podemos continuar moviendo a la gente como si de un mueble se tratara”, escribió en junio de 2023 el jefe del servicio de personal en un correo adjuntado a la querella, en referencia a los continuos cambios de puesto que sufría la denunciante.

Tanto Balsera como la otra directiva no están citados todavía para comparecer como investigados. La denunciante ya declaró ante la jueza, los testigos lo harán el próximo jueves y se prevé que después lo hagan los dos querellados. 

Diversos informes médicos aportados en la querella achacan a una “victimización por acoso laboral de largo recorrido” los problemas de salud mental de la denunciante, así como un sangrado cerebral que la tuvo hospitalizada y cuyas secuelas sigue padeciendo a día de hoy. 

Una investigación interna de TMB, obtenida por elDiario.es, concluyó, tras entrevistar a 21 testigos y analizar la documentación aportada, que había indicios de un delito de acoso laboral contra la denunciante. Otro informe de un bufete de abogados externo que también participó en la investigación lo descartó.

El informe de TMB recomendaba buscarle a la víctima un puesto acorde a su formación, trasladar el caso a Fiscalía y adoptar “medidas correctivas” hacia los presuntos acosadores, así como mantener las medidas de apoyo psicológico a la denunciante, que a día de hoy sigue de baja médica.

La Fiscalía no apreció un delito en el caso, al considerar que las actuaciones denunciadas no fueron “objetiva y potencialmente hostiles y humillantes” ni “dirigidas maliciosamente” a “vejar la denunciante” ni “perjudicar su salud”.

El Ministerio Público, sin embargo, sí considera acreditado que la víctima “no fue adscrita de forma permanente a puesto de trabajo alguno” y desarrolló una “escasísima actividad laboral” pese a recibir la “retribución económica correspondiente”, una situación que considera “evidentemente anómala”.

La Oficina Antifraude de Catalunya concluyó, tras una investigación, que la denunciante sufrió una “falta de ocupación efectiva” desde 2021 y reprochó a TMB una “falta de actuación” ante “la situación de acoso laboral”, según la resolución a la que ha accedido esta redacción. 

Antifraude reprocha que no se actuó contra los presuntos acosadores ni se reubicó a la denunciante tras la investigación interna de TMB. “Resulta sorprendente que en todo este tiempo no se haya encontrado un encaje para la trabajadora en una empresa de las dimensiones de TMB”, afirma en sus conclusiones.

La directiva que redactó el informe de TMB que apuntaba indicios de acoso fue despedida a los pocos meses, denunciada también por acoso laboral. Ella considera esta acusación una represalia por su investigación interna y presentó una querella contra tres altos directivos de TMB, incluido el consejero delegado, que ya declararon como imputados.

Los seis sindicatos del Comité de Empresa de TMB decidieron en octubre retirarse de las comisiones de investigación de casos de acoso porque se habían convertido en un “instrumento” para “acusar a quienes la dirección considera incómodos”, según un comunicado, en el que pedían la dimisión de la cúpula de la empresa.

“En ningún caso estamos usando los protocolos para actuar contra empleados”, responde una fuente oficial de TMB. Añade que la empresa “todavía no sabe por qué” los representantes de los trabajadores han decidido no participar en estas reuniones.

Sobre la querella presentada, la misma fuente destaca la “predisposición” de TMB para “esclarecer los hechos” y recuerda que fue la empresa quien llevó el caso ante Fiscalía. “Respetamos el derecho de la trabajadora a presentar una querella”, remacha. “Tenemos el convencimiento de que en ningún caso se produjo una situación de acoso laboral”.

“Sin funciones” desde julio de 2021

La denunciante sostiene que asumió entre mayo de 2020 y julio de 2021 las funciones de su superior, ocupó su despacho y dirigió el área de internacional sin que la empresa reconociera ni su categoría ni el salario correspondientes, pese a haberlo reclamado reiteradamente. 

Cuando el departamento fue reorganizado y se designó a una nueva responsable, ella fue apartada de su puesto, perdió el despacho y se quedó sin funciones concretas. No la convocaban a reuniones, no le asignaban proyectos… Según la querella, le asignaron tareas administrativas impropias de su perfil de ingeniera, primero de manera provisional y después definitiva. 

Ese cambio forzado derivó en un grave deterioro de su salud, en noviembre de 2021, con una baja médica por una grave depresión, con tratamiento psicológico y psiquiátrico, a la que se sumó un sangrado cerebral en marzo de 2023 con secuelas físicas persistentes y riesgo vital a día de hoy.

Al reincorporarse, siempre según su versión, no se le ofreció ningún puesto acorde a su trayectoria: solo trabajos de apoyo, como por ejemplo gestionar caterings, que rechazó. 

Durante ocho meses afirma que permaneció sin ninguna tarea asignada, primero en su domicilio y después en las oficinas de la Zona Franca, en la que se le asigna una mesa pero ningún trabajo concreto. “Todos la ven en una mesa, mano sobre mano y sin nada que hacer”, abunda la querella. 

Tras reclamar de nuevo una solución a sus superiores, le respondieron que no podían hacer nada al respecto. Poco después, en septiembre de 2023, desaparecieron todos sus correos electrónicos del buzón corporativo.

La denunciante siguió durante meses sin trabajo asignado, con la excepción de una colaboración puntual con el departamento de Accesibilidad, a cuyo responsable le trasladaron que “le dé algo de trabajo, cualquier cosa” a la denunciante. El responsable lo pidió por escrito ante las dudas sobre la legalidad de las instrucciones, afirma la querella.

La víctima, que pese a lo ocurrido admitió ante Fiscalía que nunca recibió comentarios humillantes o vejatorios por parte de los querellados, siguió sin apenas trabajo hasta febrero de 2024, cuando presentó la denuncia interna por acoso laboral y volvió a causar baja porque se agravan sus problemas de salud. Los médicos la alertaron del riesgo vital si se producía otro sangrado cerebral.

Los datos de la víctima, al descubierto

En enero de 2025, los empleados de TMB descubrieron una brecha de seguridad en la intranet de la compañía que dejaba al descubierto datos sensibles de algunos trabajadores, a los que podía acceder cualquiera miembro de la plantilla que tecleara su nombre.

El expediente de la denunciante era uno de los que estaba al descubierto. Cualquier de los 9.000 empleados de TMB podía leer todos sus informes médicos y psiquiátricos, escuchar sesiones con psicólogos, acceder a sus bajas laborales, correos electrónicos, documentos judiciales, declaraciones de testigos por su denuncia de acoso…

Un compañero avisó a la víctima de que toda su información estaba al descubierto. La madrugada del 23 de enero, estando de baja, accedió a la intranet para comprobarlo y, según su versión, verificó si su expediente era accesible para el resto de empleados. TMB la acusa de haber descargado más de 80 ficheros, pero ella lo niega. 

La víctima puso el caso en conocimiento de Antifraude y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que ha abierto un expediente a TMB que podría acabar en una multa millonaria para la empresa.

La reacción de TMB fue intentar despedirla abriendo un expediente a la víctima por haberse descargado ficheros de la intranet, imputándole una falta “muy grave” por “apropiación de los bienes de la empresa”.

TMB finalmente acabó archivando el expediente después de que Antifraude recordara a la empresa que la mujer tenía el estatus de persona protegida y no podía ser cesada.

La jueza ha decidido dar carpetazo a la denuncia de prevaricación y falsedad documental contra el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona, 130.000 habitantes) por el proceso de selección de puestos de trabajo en el consistorio, denunciados en 2023 ante la Fiscalía por una antigua empleada municipal.

La exempleada denunció el caso inicialmente ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que le concedió el estatus de persona protegida por ser denunciante de un presunto caso de corrupción.

La trabajadora, sin embargo, fue despedida del Ayuntamiento a pesar de tener ese estatus y a principios de 2024 la OAC incoó contra el Ayuntamiento, gobernado por el PSC, el primer expediente sancionador de su historia contra una administración por “represalias” a una denunciante, en un caso que desveló elDiario.es.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada del juzgado de instrucción 5 de Mataró considera que los hechos denunciados en la querella no tienen relevancia penal y ha decidido archivar el caso, en una decisión que es todavía recurrible. La querella afectaba a una decena de empleados y exempleados municipales.

Hay abierta, paralelamente, otra causa por presunto acoso laboral hacia esta antigua empleada pendiente de juicio así como el mencionado expediente sancionador de la OAC.

El Ayuntamiento de Mataró siempre defendió que el caso no era más que un conflicto laboral con la denunciante, una extrabajadora municipal que perdió su plaza en un proceso de estabilización de la plantilla tras varios años como interina. El Consistorio, de hecho, no figuraba en la querella —se dirigía hacia empleados municipales— pero decidió personarse en el caso. La denunciante no fue admitida como parte personada en el caso, en una decisión que está actualmente recurrida.

Antifrau identificó ocho “represalias” contra la empleada que denunció el caso, incluyendo el “vaciado de funciones”, el cambio de ubicación física de su puesto de trabajo o el hecho de no reconocer que durante 11 meses había trabajado a un nivel superior al de su plaza.

Más de un lustro de batalla legal

La persona protegida por Antifrau y el Ayuntamiento de Mataró han estado más de un lustro enfrascados en una batalla burocrática y administativa que ha incluido la presentación de una veintena de recursos administrativos, solicitudes de acceso a información pública y en materia de protección de datos. 

Según la denunciante, los problemas con el Ayuntamiento se iniciaron cuando en 2019 presentó una denuncia por presunto acoso laboral. El proceso fue desestimado y la resolución fue trasladada a una docena de empleados del departamento, que habían recogido firmas en contra de la denunciante. 

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades consideró una “falta muy grave” que el Ayuntamiento de Mataró no hubiera garantizado la confidencialidad de sus datos en el transcurso del procedimiento por presunto acoso laboral.

Posteriormente presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en 2021 incoó un expediente por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, si bien precisó que no se podía considerar acreditado que estos riesgos psicosociales estuvieran causalmente relacionados con los problemas de salud de la persona protegida, que desde 2018 causó diversas bajas laborales. 

Ni los tambores de guerra en Europa, ni el genocidio en Gaza, ni el expansionismo indisimulado de Donald Trump son suficientes para que Philippe Sands, aclamado escritor y prestigioso jurista experto en derecho humanitario, pierda la fe en las leyes.

“Existe la conversación sobre que estamos o nos dirigimos hacia un mundo sin leyes”, señala ante un centenar de juristas y estudiantes de derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. “Me parece un completo disparate”.

Sands es uno de los grandes abogados expertos en derecho internacional de las últimas décadas. Ha participado en docenas de casos relevantes ante la Corte Penal Internacional, asesora a Gobiernos y organizaciones humanitarias y, además, es un reputado autor cuyos libros, siempre basados en historias jurídicas, han sido traducidos a 32 idiomas.

“Empecé a escribir para el público general porque me di cuenta de que si solo hablamos entre académicos no tenemos impacto”, explica a los presentes (todos son académicos). “Tenemos que encontrar la manera de conectar con los ciudadanos que realmente están preocupados por estos temas”.

El abogado participó el martes en un seminario en la UPF, un día antes de ser investido doctor honoris causa por esta universidad. En el encuentro, diversos juristas se interesaron por su visión sobre la utilidad de un derecho internacional que a veces parece no imponer ningún límite a los Estados más poderosos.

Sands, uno de esos pocos autores reverenciados tanto en el mundo académico como entre los lectores de a pie, no quiere perder la esperanza. No es que sea el único ingenuo de la sala; conoce mejor que nadie las disfunciones que ha habido y habrá en el orden mundial. Incluso admite que el escenario surgido tras la aprobación del Tratado Atlántico y el fin de la Segunda Guerra Mundial está en riesgo de saltar por los aires, pero esto tampoco supondría el fin. 

“Estamos en un momento de enormes desafíos, se están produciendo flagrantes violaciones del derecho internacional y se seguirán produciendo”, sostiene. “Pero el patrón siempre ha sido este: hay un momento de creación y elaboración —1648, 1815, 1918, 1945— después llega el desastre y mucha gente muere de forma horrible. Luego viene la reconstrucción. Y casi siempre parte de lo que existía antes y se apoya, invariablemente, en un sistema de derecho internacional”.

El optimismo de Sands se apuntala en casos concretos. Cita los tratados “silenciosos” que le han permitido volar esa mañana a Barcelona, tener cobertura en su teléfono, comprar cosas de otra parte del mundo o que se investiguen redes criminales que operan en distintos países. “No escucho a nadie quejarse de todos estos tratados”, ironiza. “El 98% de los tratados internacionales funcionan, pero solo nos fijamos en el otro 2%”. 

La defensa de Sands del derecho internacional planea incluso sobre personajes y escenarios en los que el respeto por las normas brilla por su ausencia.

Recuerda cómo Trump, en su intento de crear el Consejo de Paz para Gaza, lo vehicula a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Destaca cómo, por miedo a las sanciones, las grandes compañías petroleras americanas no se han atrevido, por ahora, a mancharse las manos de crudo venezolano. Subraya cómo incluso Vladímir Putin esgrimió el derecho internacional para justificar su invasión de Ucrania y cómo una posible salida del conflicto se basará también en esas leyes.

“Es el único lenguaje común que tenemos”, apunta. “Si os fijáis, todo el mundo acaba intentando justificarse o defenderse haciendo referencia al derecho internacional”.

El autor explica que viene de pasar un mes entero en La Haya, escuchando testimonios durísimos sobre el genocido contra los rohingyas en Myanmar. “¿Por qué íbamos a pasarnos cuatro semanas ahí, ante 15 jueces, si no existiera el derecho internacional?”.

En juego está la primera condena a un Estado por genocidio y Sands lo esgrime como ejemplo de la evolución, lenta y desigual, del acervo internacional. Explica que cuando él era un estudiante, no había ni un solo caso juzgándose en la Corte Penal Internacional. “¡Ahora vas ahí y hay cientos!”, exclama.

“Estamos en un período de construcción”, abunda el jurista. “Y habrá un paso adelante, un paso de lado, un paso atrás y otro paso adelante”.

El escritor precisa que harán falta décadas o más para que el derecho internacional se equipare a las normas internas de cada país, pero acabará ocurriendo. “Está en la naturaleza misma de la existencia humana”, concluye. “Las comunidades necesitan convivir”.

La preocupación por el cambio climático

La confianza de Sands se empaña cuando un estudiante de doctorado le pregunta por la posibilidad de incluir el ecocidio como quinto crimen internacional —actualmente hay cuatro: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

“Ni Ucrania ni Sudán ni Gaza”, responde el académico. “Lo que más me preocupa a día de hoy es el cambio climático”. Según Sands, es el factor que tiene mayor capacidad de transformar el mundo, el que afectará a más gente y el único que es difícil de regular. 

Sands ha participado en todos los casos de justicia penal internacional que han tratado el medio ambiente y admite que existe un preocupante vacío legal al respecto.

Reconoce que, aunque al principio mostró escepticismo sobre las posibilidades de articular algún tipo de regulación sobe el tema a nivel internacional, desde 2020 coordina un grupo de trabajo para incluir el crimen de ecocidio en la justicia.

“Percibí que algo estaba cambiando”, señala. “Hasta la fecha todos los crímenes que se han tipificado se encargan de proteger al ser humano, pero ahora veo a los jueces capaces de abordarlo y mirar más allá”.

Aunque el momento sea complicado, Sands cree —vuelve el optimismo— que el proceso formal que ha arrancado para regular el crimen de ecocidio acabará cristalizando debido al cambio generacional que se impondrá en los tribunales y centros de poder. “No sé cuándo será, pero acabará ocurriendo”.

La última vez que Berta Gómez habló por teléfono con su hermano Joan, él le contó que le perseguían. Al día siguiente, de noche, le comunicaron que estaba hospitalizado con una muerte cerebral en Zaragoza. Le dijeron que se había suicidado, pero nunca ha sabido qué ocurrió exactamente.

“Durante décadas no le hablé a nadie de esa conversación”, recuerda sentada en un hotel de Sant Cugat (Barcelona). “Ni siquiera mis padres o mis hermanos lo sabían”.

Después de años de silencio, Gómez acabó desvelando que había tenido esa conversación con su hermano pocas horas antes de morir. Lo hizo tras reunirse con otras personas que, como ella, perdieron a un hermano o a un pariente cercano mientras hacían el servicio militar.

Al menos 1.900 jóvenes murieron haciendo el servicio militar en período democrático. La cifra no incluye las muertes en la mili durante el franquismo. Tampoco los suicidios al regresar a casa debido a los traumas sufridos ni los fallecidos en permisos o en accidentes de tránsito yendo o volviendo de los cuarteles. Algunas estimaciones calculan que podrían haber perdido la vida hasta 4.000 personas.

Ninguna de esas familias ha sido reparada ni, en muchos casos, informada de las causas reales de la muerte. A algunos les dijeron que sus parientes se habían suicidado, otros que murieron en un accidente o simplemente les informaron del fallecimiento sin precisar las causas.

Un documental de TV3 pone en contacto a las familias

Hace unos meses, dos periodistas de TV3 sentaron a Gómez en una mesa de una masía de Viladrau (Girona) junto a Mònica Muntada, Cristina Aymerich y Francesc Robelló. Ellos también perdieron a un hermano en la mili. “No nos conocíamos de nada, pero nos tiramos más de cinco horas charlando”, rememora Aymerich.

Todos se dieron cuenta de que sus historias familiares guardaban paralelismos: el luto mal cerrado, el desgarro y el silencio en casa atravesados por el estigma del suicidio. La falta de detalles sobre lo ocurrido, las preguntas sobre lo sucedido.

“Fue liberador, terapéutico y reparador”, añade Muntada, que confiesa que lo más duro de estos años ha sido no saber qué le pasó exactamente a su hermano.

Narcís, el hermano de Francesc Robelló, fue encontrado en un despacho con un abrecartas clavado en el corazón. Les dijeron que se había quitado la vida, pero su hermano dice que es imposible. “Sus cartas mostraban ilusión y ganas de vivir”, rememora Francesc. “Lo del suicidio nunca me lo he creído”.

El resultado del encuentro en Viladrau, y de una ardua investigación periodística, ha sido el documental Et faran un home. Morts silenciades, que pone el foco en los miles de jóvenes que perdieron la vida o se suicidaron haciendo la mili. Un drama silenciado, no reconocido y cuya opacidad llega al punto de que ni siquiera hay un recuento oficial de víctimas.

Los protagonistas del documental han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili y han abierto un correo (veu.victimesmili@gmail.com) para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya.

“Queremos saber qué pasó, que se investigue”, apunta Mònica Muntada, cuyo hermano Martí se suicidó un lustro después de regresar del servicio militar. Muntada busca compañeros que compartieran el servicio con su hermano para entender qué fue lo que ocurrió durante esos meses. “Volvió siendo otra persona, con otra mirada”, rememora.

El objetivo último de estos familiares es que se cree una comisión de investigación sobre los miles de muertos en el servicio militar y, a su vez, que el Ministerio de Defensa facilite más información a los parientes de los fallecidos.

“No puede ser que no haya nada”, lamenta Cristina Aymerich. Su hermano se marchó a Melilla en agosto de 1993 para hacer la mili. Apenas un mes después les llamaron para comunicarles que se había suicidado. “En casa estuvimos más de diez años sin hablar del tema”, explica. “La culpa era tan grande que silenció cualquier conversación”.

Opacidad sobre las causas y el número de muertes

Tanto los familiares de los fallecidos como los investigadores del documental han constatado la opacidad de los archivos del servicio militar, hasta el punto de que veteranos documentalistas que colaboraron con la cinta constataron la dificultad para obtener datos. 

“¿Cómo puede ser que no conste en ningún sitio que un chico de 20 años haya ido al servicio militar y no haya regresado?”, abunda Aymerich, que llegó a desplazarse personalmente a Melilla para obtener más información sobre la muerte de su hermano.

La emisión del documental ha roto en Catalunya un silencio prolongado. Una veintena de familiares ya se ha puesto en contacto con este grupo para trasladarles experiencias similares o, incluso, hablar del tema por primera vez. Los parientes confían en que la llamada llegue ahora al resto del país y se logre hacer presión. 

En el Parlament, por ahora, los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado una propuesta de resolución para exigir a la Sindicatura de Greuges (el Defensor del pueblo catalán) que esclarezca los hechos denunciados en el documental. Piden, a su vez, que el caso llegue al Defensor del Pueblo para que se lleve a cabo una investigación “exhaustiva e independiente a escala estatal” sobre lo ocurrido. 

Los familiares de las víctimas se muestran optimistas ante el revuelo generado. “Ha sido un proceso agotador, pero ver que nuestra historia ha llegado al Parlament nos ha dado un poco de esperanza”, remacha Robelló. “La sensación es que ya no estamos nosotros solos”, añade Gómez. 

En lo que coinciden todos ha sido en el poder transformador que ha supuesto conocer a otras personas en una situación similar. “Ha habido un antes y un después del documental”, explican los cuatro. “La soledad de estos años ha sido muy opresiva, ahora como mínimo podemos compartir nuestro luto”.

Si eres familiar de alguna víctima del servicio militar o tienes información sobre el tema y quieres contactar al grupo que se ha organizado, puedes escribir a veu.victimesmili@gmail.com