Teresa Pons, 80 años, lo echa todo de menos. Cocinar, regar y cuidar sus plantas, salir a comprar al mercado... “Me lo han quitado todo”, explica desde la habitación de un hotel a pocos metros de lo que era su domicilio. “Está siendo una pesadilla”.

Pons es una de los cientos de vecinos afectados por el socavón producido, el pasado 7 de julio, por las obras de la línea 9 del metro en el barrio del Putxet de Barcelona. Cuando se cumple un mes del incidente, ni ella ni buena parte de los desalojados saben cuándo van a poder regresar a su hogar.

Hasta la fecha, los vecinos de tres edificios han podido regresar a su domicilio. Según el Govern, la semana que viene lo harán los de un cuarto bloque. La previsión del Ejecutivo catalán es que, a mediados de agosto, el 60% de los afectados haya vuelto a su casa. “El resto lo hará cuando los técnicos lo avalen”, apuntan desde la Generalitat.

El paso de las semanas, sin embargo, ha ido acompañado de la pérdida de la fe en buena parte de los afectados. Lo que parecía que iba a ser un desalojo de unos pocos días se alargará, cómo mínimo, hasta septiembre para casi la mitad de los 300 vecinos afectados, después de que la semana pasada se localizaran nuevas grietas y otra cavidad en uno de los edificios.

Muchos vecinos creen que la vida en el hotel se alargará mucho más allá de septiembre. “Yo si puedo volver a casa por Navidad ya firmo”, abunda Pons, que asegura que tener su traslado a un hotel le ha sumado diez años encima. “Esto está siendo mi final”, añade.

El hotel en el que está alojado, además, tiene la cocina cerrada en agosto. “Cada mediodía salgo a comer a algún sitio, y por la noche me compro cualquier cosa y me la como en la habitación”, señala. “Está siendo muy depresivo”.

Domingo Finez, administrador del restaurante Verona en el que se produjo el socavón, explica que este mes ha sido una montaña rusa emocional. “A veces tengo la sensación de que estoy en un sueño”, sostiene. “Otras no logro dormir más tarde de las cinco de la mañana”.

Entre la media docena de vecinos consultados (algunos prefieren no ser citados) abunda la sensación de que el Govern no les informa debidamente sobre lo ocurrido. A pesar de que el Ejecutivo catalán está haciendo un esfuerzo para actualizar cada viernes a los afectados en una reunión, la desconfianza va en aumento.

“En las reuniones se nota que los vecinos estamos cada vez más tensos e irritados”, sostiene Sandra Rayo, de 51 años. “Creo que el principal problema es que ni ellos saben lo que ha pasado ni cuándo los vecinos podrán volver, la información está siendo bastante difusa”.

Rayo es una de las vecinas que pudo volver a su domicilio a los pocos días del socavón, pero asegura que, además del ruido de las hormigoneras que le acompaña de lunes a domingo, vive con miedo.

“Llevan un mes inyectando hormigón en el agujero y siguen haciéndolo a diario”, apunta en conversación telefónica. “Cada día que pasa me siento más insegura porque pienso en el tamaño del socavón que debe haber debajo de mi casa”.

Una de las principales reclamaciones de los vecinos es que, para determinar si pueden volver a su casa, la Generalitat acceda a pagar a técnicos independientes que puedan valorar el estado de los edificios.

“No se puede ser juez y parte”, apunta la abogada Carmen Pérez, que representa a aproximadamente dos tercios de los afectados: “Los mismos [técnicos] con los que ha ocurrido el socavón no pueden ser los que determinen que la zona es segura”.

Desde el Govern insisten en que se está haciendo todo lo posible para ayudar a los vecinos: ayudas económicas que ya han tramitado 50 familias, suspensión de pago de una cuarentena de alquileres, una línea de crédito a la que se han acogido 11 comercios.

“Estamos al lado de cada familia afectada y entendemos su inquietud”, apunta Pilar Díaz, Delegada de la Generalitat en Barcelona. “Estaremos hasta que la última familia pueda volver a su casa”, añade.

El fantasma del Carmel

Entre los entrevistados, no obstante, cunde la sensación de que el desastre se podía haber evitado. Porque ya era conocido que en la zona hay cauces de agua subterráneos y porque en 1962 ya hubo un socavón en esa calle que dejó un muerto.

Es inevitable, a medida que pasan los días, que el fantasma del Carmel no sobrevuele las vidas de estos vecinos. En enero de 2005, un socavón por las obras de otra línea del metro en ese barrio barcelonés obligó a desalojar a 1.200 vecinos. Algunos tardaron dos años en volver a su casa, otros fueron realojados y no regresaron jamás.

“Todo recuerda mucho al Carmel”, prosigue Pérez, que defendió entonces a una parte relevante de los vecinos de esa zona. “Desde la causa, que es un mal análisis geotécnico del subsuelo, hasta el hecho de que los vecinos avisaron los días antes de vibraciones y grietas en sus domicilios”.

Según Pérez, el hecho de que los vecinos avisaran previamente es relevante de cara a plantear la responsabilidad de la Administración. “La Generalitat tiene la responsabilidad de vigilar que la constructora que contrata está haciendo bien el trabajo”, apunta. “Especialmente si los vecinos han avisado de temblores y grietas”.

Pérez apunta a que, sin descartar la vía judicial, su prioridad será lograr un acuerdo con la Generalitat para indemnizar a estas familias sin tener que ir a los tribunales. “La sentencia puede llevarnos muchos años”, concluye. “Creo que el Govern está por la labor, pero antes quieren saber las causas del accidente”.

Ana Frank tenía trece años cuando empezó a escribir su diario en un cuaderno con tapas a cuadros que le regalaron por su cumpleaños. Escondida durante dos años de los nazis en una buhardilla de Ámsterdam, su testimonio se convirtió en uno de los legados más relevantes sobre el horror del holocausto.

Ochenta años después de su muerte en el campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemania), su historia vuelve a marcar un precedente: la justicia europea acaba de utilizar sus manuscritos originales para fijar, por primera vez, hasta dónde llega la ley cuando una misma obra es libre en un país y sigue protegida en el de al lado, y qué ocurre cuando, a día de hoy, cualquiera puede saltarse esa restricción con un clic.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado 9 de julio una sentencia que resuelve un conflicto entre la fundación que gestiona los derechos del diario y una asociación académica que publicó gratis en internet una edición íntegra de los manuscritos originales de la joven neerlandesa.

El fallo es vinculante para los tribunales de los veintisiete países de la UE y sienta un precedente que afecta al uso de los sistemas VPN para evitar el bloqueo geográfico de contenidos en internet.

Afecta, a su vez, a bibliotecas digitales, archivos históricos, universidades y cualquier plataforma cultural que quiera publicar en abierto obras cuyo estatus legal cambia de un país a otro dentro de la propia Unión.

El mensaje que deja el TJUE es claro: se pueden publicar con libertad contenidos de dominio público por mucho que estén protegidos en algunos estados miembros, pero solo si se pone una barrera real y actualizada allí donde la obra todavía no es accesible para todos.

Un mismo texto, dos leyes distintas

El diario tal y como lo conocemos —el que publicó en 1947 el padre de Ana, Otto Frank, único superviviente de la familia— es de dominio público en toda la UE como en los Países Bajos desde 2016.

Pero existe otra versión, más completa, con fragmentos que el padre decidió no publicar en su día y que salieron a la luz en una edición de 1986. Esos fragmentos, según la ley holandesa, no estarán liberados hasta dentro de más de una década.

En 2021, una asociación dedicada a la difusión de textos históricos, junto con la Real Academia Neerlandesa de Ciencias y la Fundación Ana Frank (que gestiona el museo instalado en la casa donde se escondió), colgó en una web una edición completa de los manuscritos originales, accesible gratis desde Bélgica y otros dieciocho países donde ya no hay restricciones. Para no infringir la ley en Holanda, la web bloqueó el acceso para quienes se conectaran desde ese país.

El problema es que ese bloqueo geográfico tiene un agujero conocido por cualquiera con mínimos conocimientos de internet: basta con una VPN, una herramienta que camufla la ubicación real de la conexión, para hacer creer a la web que uno se conecta desde Bélgica cuando en realidad está en Ámsterdam.

El Anne Frank Fonds, la fundación creada por Otto Frank en 1963 y que administra los derechos del diario, entendió que ese resquicio invalidaba el bloqueo: si cualquier neerlandés podía saltárselo con una aplicación gratuita, argumentaron, la obra se estaba poniendo a disposición del público holandés sin permiso.

Los tribunales de primera instancia y de apelación en los Países Bajos le dieron la espalda al Fondo Ana Frank, y el caso acabó en el Tribunal Supremo neerlandés, que antes de resolver decidió trasladar la duda a la justicia europea.

La cuestión de fondo era hasta qué punto el hecho de que una web ponga barreras técnicas para que no se acceda a un contenido desde cierto país es suficiente para no infringir los derechos de autor si esas barreras se pueden esquivar fácilmente con una VPN.

La opinión del TJUE es que siempre que una web instale un sistema que identifica desde donde se conecta cada usuario y le impide el paso si proviene de un país en el que el contenido está protegido, esa página ha delimitado con claridad su público objetivo por mucho que se pueda esquivar con una VPN.

La sentencia llega en un momento en que el uso de VPN se ha normalizado entre el público general, ya sea para acceder a catálogos de streaming de otros países, esquivar restricciones geográficas en videojuegos o, simplemente, por motivos de privacidad.

Hasta la fecha no existía un pronunciamiento del TJUE que aclarase qué validez legal tiene un bloqueo geográfico en internet cuando se sabe, de antemano, que hay formas sencillas de sortearlo.

¿Qué se considera un bloqueo “eficaz”?

La sentencia introduce un matiz importante sobre los bloqueos por países: no hace falta un sistema perfecto e infranqueable. Basta con que la medida esté, apuntan los jueces europeos, “en la vanguardia de la tecnología” del momento y sea razonablemente disuasoria.

No vale, sin embargo, cualquier cosa. Un simple texto que pregunte el país de origen de quién se conecta y confíe en la palabra del usuario no es suficiente ni cuenta como una barrera real, porque depende solo de la buena fe de quien está al otro lado de la pantalla.

En cambio, un sistema que verifique de forma automática la ubicación de la conexión y bloquee activamente el acceso desde los territorios protegidos sí puede considerarse suficiente, por mucho que se pueda burlar con una VPN.

En el caso concreto del diario de Ana Frank, el propio tribunal concluye que el sistema empleado —una combinación de geolocalización por IP y una pantalla en la que el usuario declara su país— cumplía con ese estándar.

¿Y si alguien usa una VPN para colarse? ¿De quién es la culpa?

El Supremo neerlandés también preguntó qué pasaría si, en algún caso, se considerara que el bloqueo no era suficiente: ¿a quién habría que reclamar responsabilidades, al que publicó el contenido o a la empresa que ofrece el servicio de VPN?

El TJUE no deja lugar a dudas: la responsabilidad, si la hay, recae sobre quien publicó la obra, nunca sobre el proveedor de VPN.

Estas herramientas, recuerda el tribunal, son de uso lícito y habitual en internet —muchas personas las usan simplemente para proteger su privacidad al navegar— y quien las ofrece no está facilitando de forma directa el acceso no autorizado a ninguna obra concreta.

Un juez de lo social de Barcelona ha declarado procedente el despido de Carmen Macías, la que fuera responsable de cumplimiento normativo de TMB — la empresa pública que gestiona el metro y el bus en la capital catalana— tras haber investigado un presunto caso de acoso laboral a otra empleada por parte de dos altos cargos de la compañía.

La sentencia, obtenida por elDiario.es, desestima tanto la petición de nulidad del despido como la demanda de tutela de derechos fundamentales que esta exdirectiva de TMB había interpuesto por separado.

Macías asegura que recurrirá el fallo y recuerda que la cúpula de TMB está imputada en un juzgado penal por presunto acoso laboral hacia ella. Añade que sigue teniendo, a día de hoy, el estatus de persona protegida por parte de la Oficina Antifrau de Catalunya.

TMB despidió a Macías en octubre de 2024 después de que se le abriera también a ella un expediente por acoso laboral a un subordinado. La decisión se basó en un informe elaborado por una empresa externa después de la denuncia de este empleado.

El informe concluyó que la directora de ‘compliance’ había sometido a este trabajador a una situación de acoso psicológico así como a un progresivo vaciamiento de funciones, según los hechos probados de la sentencia.

El subordinado relató en el juicio un progresivo deterioro de su relación con Macías y hasta tres compañeros refrendaron su versión en la vista oral.

La sentencia considera probado que este empleado recibió críticas reiteradas en público y en privado, instrucciones contradictorias, un control exhaustivo de su correspondencia laboral y limitaciones para disfrutar de vacaciones y del exceso de jornada acumulado. El trabajador inició dos bajas por incapacidad temporal relacionadas con esta situación, la primera entre octubre de 2022 y abril de 2023, y una segunda en julio de 2024.

Macías defendió, tanto en el juicio como en una rueda de prensa previa, que todo había sido un montaje para represaliarla por haber apreciado un presunto delito de acoso laboral de los mencionados dos altos cargos a otra compañera y por haber acudido a pedir protección a Antifraude.

El caso de presunto acoso laboral a otra compañera que investigó Macías está actualmente en un juzgado penal y hay dos directivos de TMB imputados, a pesar de que la Fiscalía no apreció indicios suficientes.

La antigua responsable de ‘compliance’ de TMB, que recibió el apoyo de la mayoría de sindicatos del comité de empresa, trató de apuntalar su versión alegando que el informe que justificó su despido se encargó a una empresa externa contratada a dedo después de un cambio repentino en los protocolos contra el acoso laboral.

Macías también consideró que una reorganización de su departamento llevada a cabo por el nuevo consejero delegado de TMB poco después de llegar al cargo formaba parte de la estrategia para represaliarla.

El magistrado, sin embargo, concluye que no quedó acreditado que la tramitación de ese expediente, ni su condición de informante protegida, influyeran en la decisión de despedirla. La sentencia señala también que TMB atendió los requerimientos de información que Antifraude le formuló durante todo el proceso.

Macías ya había chocado con la empresa previamente y en 2017 demandó a TMB por vaciado de funciones, en un caso que se resolvió con un pago de 30.000 euros de la empresa a la que entonces era todavía directiva de la compañía.

La sentencia condena a TMB a abonar a la demandante 10.000 euros brutos más intereses en concepto de los objetivos de 2024, al no haber acreditado la empresa que le hubiera comunicado los objetivos individuales exigidos para devengar esa retribución variable.

En un comunicado, Macías sostiene que TMB le ofreció una alta suma de dinero y el reconocimiento de la improcedencia del despido para evitar el juicio. “Decidí no aceptarlo porque este asunto nunca ha sido una cuestión económica”, señala.

Fuentes de la empresa de transporte público, sin embargo, niegan tajantemente que se llevara a cabo ese ofrecimiento y muestran su “satisfacción” con la sentencia.

Javed Iqbal lleva más de dos años y medio esperando. Logró, a principios de 2024, la autorización de la subdelegación del Gobierno en Barcelona para la reagrupación familiar y así poder traer desde Pakistán a su hijo, al que le espera un contrato de trabajo. No hay manera, sin embargo, de que en la Embajada española en Islamabad le den el visado.

“Estoy enfermo, me han operado y necesito que venga a ayudarme”, explicaba una tarde de la semana pasada en la Asociación de Trabajadores Pakistaníes de Catalunya (ATPCat), en el barrio del Raval. “Pero parece que es imposible hacer un trámite que no debería ser complicado”.

A pesar de tener toda la documentación en regla, su hijo lleva todo este tiempo intentando obtener una cita en la embajada española de Islamabad para que le concedan el visado, un paso imprescindible para poder reagruparse con su padre.

Su caso no es excepcional. Según ATPCat, son cientos los miembros de esta nacionalidad que, a pesar de tener todos los papeles en regla, llevan años esperando a que la embajada española en Pakistán les de una cita para concederles el visado, el último paso necesario para venir a España.

La falta de opciones para realizar el trámite ha contribuido a la proliferación de mafias que consiguen las citas a cambio de dinero, según aseguran más de una docena de entrevistados y ha podido comprobar elDiario.es. Algunos intermediarios se anuncian sin pudor en redes sociales, mientras que otros merodean por los alrededores de la embajada ofreciendo las citas a quién se acerca al edificio.

“Todos los pakistaníes que conozco que han logrado la cita para el visado y venir ha sido pagando a esta gente”, explicaba Farwq Hmad, 64 años, 30 de ellos en Barcelona. No todos los que ofrecen el servicio, no obstante, cumplen con su promesa. Houssian Shouket señalaba la semana pasada que, tras pagar en dos ocasiones 1.000 euros para que le dieran cita a su hijo, este no ha logrado obtener el visado para abandonar Pakistán.

Las cantidades que se pagan oscilan en función de la desesperación de los clientes y de los contactos que tenga cada intermediario. Algunos piden hasta 6.000 euros por la cita, una suma altísima para un trabajador en Pakistán, donde el sueldo medio son unos 250 euros al mes.

“En Islamabad se piensan que aquí somos ricos y podemos enviar todo ese dinero”, apunta Deilshad Houssain, 47 años y con nacionalidad española. “Pero sigue siendo demasiado incluso para los que estamos en España”.

Estas mafias, afirman los entrevistados, se jactan de tener contactos en la embajada que les conceden las citas. Otros intermediarios ofrecen un servicio más básico: están pendientes de cuando la embajada abre las citas disponibles y, cuando encuentran una, la venden a cambio de dinero.

“Es un dilema”, resumía Yassir Mahmud, trabajador de 50 años en el sector de la construcción. “Por un lado sabes que si no pagas no logras la cita, pero por otro te arriesgas a que te engañen y pierdes tus ahorros”.

La situación afecta también a estudiantes pakistaníes que han pagado su matricula en universidades españolas y no han podido cursar sus estudios, asegura Javed Ilyas Qureshi, fundador y presidente de la asociación de trabajadores pakistaníes.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores admiten la existencia de estos grupos organizados que se lucran con las citas en la embajada de Islamabad. “Es una actividad ilegal ajena a la embajada que España condena tajantemente”, apunta una fuente oficial del Ministerio.

Respecto a la ausencia de citas para solicitar el visado, Exteriores responde que la embajada “está intensificando sus esfuerzos” para “atender la alta demanda existente”.

Los problemas para obtener el visado han movilizado a la comunidad pakistaní de Barcelona, que ya lleva recogidas más de 1.500 firmas y ha denunciado la situación al Defensor del Pueblo.

Más allá de los años de espera, denuncian el coste que tiene para ellos tener que renovar constantemente los certificados médicos, de antecedentes penales, que caducan a los seis meses, así como sus respectivas traducciones juradas.

“Estamos dispuestos a llevar a juicio a la Embajada española”, afirma Javed Ilyas Qureshi. “También estamos preparando movilizaciones y una huelga de hambre en Madrid”.

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 100.000 pakistaníes en España y casi la mitad están en la provincia de Barcelona. En la capital catalana son la segunda nacionalidad extranjera más numerosa solo por detrás de los italianos.

Un sistema que funciona por recomendación

Los intermediarios que publicitan estos servicios ilegales en redes sociales no acceden a trabajar para cualquiera y recelan de quien les escribe sin ir recomendado.

elDiario.es escribió a dos de estos contactos para intentar conseguir una cita previa en la embajada de Islamabad a cambio de dinero. Lo primero que preguntaron ambos intermediarios fue quién había facilitado su número de WhatsApp.

“Lo siento solo trabajo con gente que tiene referencias”, respondió uno de ellos al responderle que no teníamos ninguna de referencia. Tampoco sirvió de nada enseñarle el anuncio de Instagram en el que aparecía su número.

El segundo intermediario al que contactó esta redacción también preguntó por una persona de referencia. Al decirle que su número se había obtenido gracias a un anuncio en redes sociales, pidió ver la publicación en la que aparecía su contacto.

“Podemos trabajar en ello”, respondió tras mostrarle el anuncio que había publicado en Instagram. “Lleva mucho tiempo conseguir una cita para la reunificación familiar”, añadió.

Tras unos cuantos mensajes, afirmó que podía conseguir la cita: estaría pendiente durante todo el día de las citas disponibles en la embajada y cuando hubiera una libre, la reservará y la pondrá a la venta. “Cuando aparezca una franja libre te mando el enlace”.

Para el trabajo pide 200.000 rupias (poco más de 600 euros al cambio) y solicita el 20% por adelantado. Sostiene que en el plazo de dos o tres semanas tendrá la cita, que será para septiembre, y comparte una cuenta bancaria para hacer la transferencia.

Mireia Forner, 44 años, dormía en su domicilio del barrio de Vallvidrera (Barcelona) cuando, sobre las cuatro de la madrugada del sábado, una serie de disparos la despertó. “Me levanté asustada, no sabía qué pasaba”, rememora, en conversación telefónica.

Lo primero que hizo fue mirar por la ventana. Vio entonces media docena de vehículos de Agentes Rurales de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra y unas diez personas con prismáticos y armas largas. Inmediatamente, escribió al chat de vecinos del barrio.

— ¿Sabéis que están haciendo la policía y los agentes rurales a esta hora?— preguntó.

— Tenemos todo de agentes por unos pocos jabalíes— le contestó otra vecina a la que también le habían despertado los disparos.

El intento de controlar la propagación de la Peste Porcina Africana (PPA) ha llevado a la Generalitat a realizar, durante la semana pasada, al menos dos actuaciones con disparos de madrugada en barrios habitados de Barcelona situados en Collserola.

A la actuación de la madrugada del sábado en Vallvidrera se suma otra similar el martes de la semana pasada en el barrio del Rectoret, situado entre la capital catalana y el municipio de Sant Cugat, según avanzó el medio local Cugat.cat

Desde la Generalitat señalan que son “actuaciones puntuales y excepcionales” en el marco del control de la plaga. “Las actuaciones en núcleo urbano no son habituales y solo se llevan a cabo cuando una valoración técnica determina que son necesarias”, apunta una fuente oficial de los Agentes Rurales.

Según esta fuente, este tipo de actuaciones del Grupo Especial de Captura de Animales (GECA) de los Agentes Rurales son “especialmente complejas” y requieren “compatibilizar la seguridad de las personas” junto al “mínimo sufrimiento del animal” y la “eficacia de las medidas de control de la enfermedad”.

El martes de la semana pasada, tras escuchar los disparos, los vecinos del Rectoret vieron cómo los agentes habían abatido a un jabalí en medio de la vía pública, en una zona residencial y a tocar de una guardería. Tras contactar con la policía, les dijeron que las actuaciones eran para controlar la PPA y les advirtieron de que se podían repetir en las próximas noches.

Los vecinos de estas dos áreas están molestos porque en ningún momento ni la Generalitat ni el Ayuntamiento les avisaron de que se iban a realizar batidas con disparos de madrugada y alertan del peligro que supone. “Yo no estoy en contra de que actúen para contener la plaga”, abunda Forner. “Pero no cuesta nada avisar a los vecinos antes de ponerse a pegar tiros de madrugada”.

Los vecinos del Rectoret presentaron la semana pasada una instancia ante el Ayuntamiento de Sant Cugat, ante el departamento de Interior de la Generalitat y ante el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) para denunciar la actuación de los Agentes Rurales cerca de sus domicilios.

“Todas las intervenciones que puedan tener una especial incidencia sobre el tráfico o la seguridad de las personas, se comunican semanalmente al departamento de Agricultura, así como a todas las policías locales afectadas y al cuerpo de los Mossos d'Esquadra”, responden desde el Govern.

La misma fuente oficial señala que la actuación en el barrio del Rectoret respondió a “las circunstancias detectadas” durante las tareas de “vigilancia y control”. Sobre la actuación en Vallvidrera señalan que se llevó a cabo tras un aviso de la Guardia Urbana de Barcelona.

“Muchos de nosotros tenemos perros y los sacamos a pasear de noche o de madrugada”, explica Sílvia Coca, vecina del barrio del Rectoret. “No queremos vivir con miedo”. Coca explica que, además, en el caso de la batida en el Rectoret, quedaron restos de sangre y muestras biológicas de los jabalíes matados durante la redada.

Según los Agentes Rurales, en esa actuación se “aplicó correctamente” el protocolo, pero admiten que quedaron “restos de sangre” en la calzada. “Se ha puesto en conocimiento de los servicios correspondientes y se han adoptado las medidas oportunas para evitar que se repitan situaciones como esta”, remachan.

El Govern no sabe cuándo podrá reabrir el parque

Son ya cuatro meses los que lleva cerrado el Parque de Collserola por el brote de peste porcina africana detectado a finales de noviembre. Y la reapertura, por ahora, ni siquiera está en el horizonte.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, explicó el lunes en una entrevista en TV3 que no se puede decir todavía cuándo se abrirá el espacio porque, según él, el bosque “está muy dejado” y eso complica el rastreo de jabalíes.

“La situación está más descontrolada de lo que pensábamos”, admitió Ordeig, antes de reconocer que los censos previos de jabalíes se habían “quedado cortos”, sobre todo en las zonas más boscosas.

La mayoría de vecinos de estos barrios de montaña de Barcelona coinciden en que el control de la población de jabalíes está lejos de ser una realidad. Y todos aseguran que sigue siendo habitual ver manadas de estos animales cerca de las basuras y, durante las últimas semanas, acompañados de cachorros.

Según Ordeig, la mitad de las zonas cerradas ya están libres de jabalíes, pero en el resto cuesta mucho avanzar. El conseller pidió no “echar por tierra” todo el trabajo hecho hasta ahora y recordó que los plazos los marcan los técnicos y los científicos, por lo que de momento no se pueden flexibilizar las medidas.

Hace unas semanas, el Govern ya había avanzado que las restricciones se alargarían todo el verano a pesar de las protestas de los vecinos, restaurantes y comercios de la zona para flexibilizar las medidas de control y permitir más afluencia al espacio natural.

El conseller también constató que algunas personas se han saltado las restricciones y que el Govern ya ha impuesto varias sanciones, aunque no precisó su número ni gravedad.

Qué bonito es el fútbol. Y, probablemente, nadie lo vive como los argentinos.

Unas 3.000 personas se han reunido en un hotel de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para bancar a la selección albiceleste en un partido con una altísima carga emotiva, culminado con una histórica remontada que lleva al equipo de Leo Messi a su segunda final consecutiva.

No es que este miércoles se haya reunido más gente porque se trate de una semifinal o porque el partido es a las 9 de la noche. Es el sexto evento que organiza la Filial Argentina de Barcelona en este Mundial y en todos se han agotado las entradas, también cuando el partido se ha celebrado a las 4 de la madrugada en un día laborable.

“No me preguntes, no tiene ningún sentido”, explicaba Sebastián Romero, 42 años, cuestionado por la manera en la que los argentinos viven este deporte.

La fiebre argentina se ha notado durante el Mundial en la capital catalana. Se ha visto en el metro, los días de partido, con vagones repletos de camisetas albicelestes. También en las plazas tras una eliminatoria de madrugada, con miles de personas cantando en Arco de Triunfo a las 6 de la mañana con el sol ya asomando en la ciudad.

Según datos del Ayuntamiento, en Barcelona hay más de 53.500 argentinos empadronados. La cifra no para de crecer y se ha doblado respecto a 2019, cuando había 26.300. La provincia es también el lugar con más vecinos de esa nacionalidad en todo el país, con más de 86.600 de los 450.000 repartidos por España.

“Ahora ser argentino en Barcelona es mucho más fácil”, explica Diego Justo, uno de los organizadores del evento. “Antes no había ningún plan que recordara a lo que hacemos en nuestro país”.

Cuando falta media hora para que empiece el partido, la cola da la vuelta a todo el hotel. Se ven camisetas albicelestes, muchas, pero también del Barça con el 10 de Messi; del Nápoles con el 10 de Maradona y hasta del Atleti con el 14 del ‘cholo’ Simeone.

“Y ya lo ve, el que no salta, es un inglés”, gritan ya en la cola ante la mirada atónita de algunos turistas que se hospedan en el hotel.

No todos son argentinos. Ricard Gómez, Joan Peña y tres amigos más son de Barcelona y están en la cola hablando en catalán. “Quiero que gane Argentina por Messi”, admite Joan. “Y, por otro lado, teníamos ganas de vivir el fútbol como lo hacen los argentinos”.

Dentro del hotel, en una sala de convenciones con cinco pantallas gigantes y decorada con trapos con motivos de River Plate, los asistentes no dejarán de cantar ni un segundo. Tampoco pararán los tambores y el incesante ritmo de la cumbia en una fiesta que durará hasta la madrugada.

Los aficionados animan y cantan —o gritan— como si el equipo de Scaloni les pudiera escuchar en Atlanta. El calor es abrasador y en la primera pausa de hidratación algunos ya se han quitado la camiseta.

Diego Justo explica que empezaron a organizar eventos para ver Argentina en un bar durante el mundial de 2014. Rápidamente, vieron que los argentinos de la ciudad echaban de menos poder ver el fútbol rodeados de sus compatriotas.

“La entrada en el primer bar dónde organizamos los encuentros era por orden de llegada y solo cabían 500-600 personas”, recuerda Justo. “Había gente que dormía en la calle la noche antes para tener sitio”.

Le pregunto si él ha notado que cada vez hay más argentinos en la ciudad. “Por supuesto”, responde. “Esto es una cadena: viene uno y está bien aquí, se da cuenta de que también puede comer asado y jugar al fútbol. Entonces trae al amigo, al primo y al hermano y cada vez somos más”.

No resulta fácil hablar con nadie porque en la sala nadie para de cantar ni un segundo. El gol de Gordon en el minuto 55 ni siquiera se notará. Ni un lamento, ni un grito de rabia, solo un aumento de los decibelios de los tambores y de los cánticos.

Pasan los minutos y algunos empiezan a pensar que la magia, esta vez, no va a ocurrir. “Este año creo que no va a ser”, confiesa Sebastián Romero en un ataque de honestidad. “Siempre vamos al filo y no siempre puede acabar bien”.

Pero la sala de convenciones tiembla con el zapatazo de Enzo que le da el empate a Argentina. El ambiente y el ruido de antes del gol era una broma comparado con el éxtasis que empieza en el minuto 85. Unos se suben a hombros de los otros, la gente se abraza, y la sensación en la sala es de que, porque no, los astros tal vez se vuelvan a alinear para la albiceleste.

La locura por el gol del empate todavía no ha amainado en la sala cuando, en el 93, se confirma la remontada argentina con el gol de Lautaro. Todo retumba de nuevo, todavía más fuerte, y vuelve a sobrevolar por este hotel en las afueras de la ciudad la sensación de que esa afición y ese equipo están tocados por una varita mágica.

El júbilo es indescriptible y transversal, menos para Emiliano. Este colombiano, vigilante del evento, auguraba una noche tranquila cuando Inglaterra parecía que se iba a clasificar. Incluso le había escrito a su mujer que tal vez llegaría antes a casa.

“Me tocará aguantar la fiesta hasta las dos de la madrugada”, confiesa resignado. “No lo entiendo pero este equipo siempre se acaba saliendo con la suya”.

Uno de cada tres convocados de la selección es catalán, pero lo de Catalunya y La Roja es complicado, que diría Rajoy.

“¿Por qué algunos aficionados apoyan a los jugadores de su equipo cada fin de semana, pero luego desean que pierdan en el escenario más importante del deporte?”, se preguntaba hace poco el New York Times, en un artículo sobre la curiosa relación entre Catalunya y la selección.

Hay gente que se alegra cuando gana España y a su vez cuando pierde. Hay independentistas que celebran sus goles en silencio, que se justifican diciendo que hay muchos jugadores del Barça, o que solo ven el partido para ver si ocurre el desastre. Hay, también, gente alejadísima de la política o de cualquier sentimiento nacionalista incapaz de apoyar a La Roja.

En resumen, ni todos los independentistas van en contra de La Roja ni todos los que quieren que pierda son independentistas. Es un sentimiento contradictorio, no sé si mayoritario, pero desde luego transversal y, a la vez, compatible con encontrar bares copados de forofos y barrios en los que parece que nadie se haya dado cuenta de que hay partido.

Hace unas semanas, cuando se debatían los artículos que se publicarían en esta sección, pareció una buena idea desplazarse a un feudo independentista para tomar la temperatura de la afición a la selección en la Catalunya de los estertores del procés.

No ha sido fácil encontrar el lugar. La mayoría de los municipios del Top10, esos en los que más del 90% de los vecinos apoyaron a los partidos nacionalistas, no tiene bar. En los pueblos donde sí lo hay el local o estaba cerrado por descanso del personal el lunes o responden que no tienen intención de dar el fútbol.

Encuentro refugio en Els omells de na Gaia, un bonito pueblo de casitas de piedra en la comarca del Urgell (Lleida), que cuenta con apenas 126 habitantes. En las últimas autonómicas, el 87,2% de los vecinos optaron por opciones independentistas.

Llamo al único bar que hay en el pueblo, que suele cerrar a las 22.00 horas, y Naiara me confirma que este lunes alargarán un poco el horario para poder ver el fútbol.

El bar, a falta de dos minutos para el España–Portugal, está desierto. Solo hay un tipo de pelo blanco en la barra, bastante dicharachero, de espaldas a la televisión. Se llama Ramón. Suena el himno de España y la televisión se apaga.

“¡Boicot!”, espeta Ramón entre risas. “¡Es broma hombre!”, añade, antes de explicar que la televisión se debe haber apagado porque lleva horas sin que nadie pulse el mando. La vuelven a encender y empieza el encuentro.

Justo en ese momento llegan tres tipos más, parece que con intención de ver el partido. “Poca gente”, dice uno de ellos. “Lo deben estar viendo en casa o trabajando”, añade.

“Bueno, es que da vergüenza quedar para ver un partido de la selección, ¿no?”, dice Ramón sin que nadie le haya preguntado. Ramón cenará un pincho de tortilla, una cerveza sin alcohol y un helado de chocolate y no se girará para mirar la televisión en ningún momento del partido.

El grupo de tres amigos, el único termómetro al alcance para poder elaborar esta crónica, resultará ser el prototipo de catalán que no sabe qué hacer cuando juega la selección.

Lo primero que hacen es pedir el mando y cambiar la retransmisión de Dazn, en castellano, por la de 2Cat, el canal en catalán de RTVE.

Gritan “¡Uy!” con la primera ocasión fallada de Oyarzabal, y un jubiloso “¡mira!” cuando Cristiano Ronaldo está a punto de marcar el primero de Portugal. “A Lamine que no me lo toquen”, será una de las pocas salidas de tono que se les escuchará en los 90 minutos.

Naiara, la camarera, añade una capa más a las contradicciones que flotan en el ambiente del bar. “Normalmente, quiero que pierda España, pero es que hoy juega contra Portugal”, explica. “Entre España y Cristiano Ronaldo, creo que odio más a Cristiano”.

Se acerca el minuto 90 y Naiara debate con su compañera si cierran el bar en caso de que finalmente haya prórroga. Lo que en cualquier local del país sonaría a sacrilegio está aquí encima de la mesa y nadie hace aspavientos.

“No sabemos qué hacer”, admite. Ramón, a todo esto, ya se ha largado y solo queda el grupo de tres amigos en todo el bar.

Por suerte para Naiara y para este periodista — el pueblo está a una hora y media en coche de Barcelona y se ha hecho tarde—, Mikel Merino marca en el 90 y España logra pasar a cuartos de final.

No se escucha nada. Ni un “gol”, ni un “joder”. Nadie alza los brazos, nadie da un golpe de rabia en la mesa. El árbitro pita el final y el grupo de amigos sigue observando el televisor impasible, sin saber si se alegran o no por lo que acaba de ocurrir.

El Instituto Catalán de Oncología (ICO), organismo de referencia de tratamiento e investigación del cáncer perteneciente al departamento de Salud de la Generalitat, relevó el pasado jueves a sus dos máximos responsables económicos pocos meses después de que este periódico revelase diversas irregularidades en la gestión financiera y contractual del ente.

La dirección general informó a sus empleados que había cesado a la directora de gestión económica, Marta A., así como a su ‘número 2’, el jefe del servicio económico y financiero, Carles L.

La directora de gestión económica ha sido despedida y se abrirá un proceso para cubrir su vacante. Su segundo dejará de tener un puesto de responsabilidad en las finanzas de la entidad y pasará al área de “Sistemas de información e Inteligencia Artificial” para “iniciar el proceso de digitalización de la gestión económica”.

Desde el ICO no han querido hacer ningún comentario sobre los ceses ni confirmar o desmentir que están relacionados con las irregularidades desveladas por esta redacción. La conselleria de Salud tampoco ha querido hacer ninguna declaración.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —Bellvitge, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 40% de la población adulta de Catalunya.

En enero, elDiario.es reveló que bajo la anterior dirección el ICO troceó un gran número de contratos entre 2023 y 2025 —de manera “irregular”, según concluyó una investigación interna— para esquivar los preceptivos concursos públicos.

Buena parte de los contratos estaban relacionados con las obras de remodelación de las oficinas de Servicios Generales del ente. El organismo, a su vez, pagó por duplicado servicios que ya tenía licitados.

La investigación interna por esos hechos apuntó a una “negligencia grave” en la gestión presupuestaria del ICO, cuya financiación depende íntegramente del Govern, y confirmó que la “gestión inadecuada” del dinero de la entidad había implicado sobrecostes “excesivos y descontrolados” para el erario público.

El organismo incoó entonces expedientes a media docena de directivos de la entidad, a pesar de que algunos de ellos ya habían abandonado el ICO. Algunos de estos responsables habrían propiciado, según la documentación obtenida, prácticas contrarias a la normativa de contratación pública que tuvieron un “impacto económico y reputacional” para el ICO.

Consultada en enero, una fuente oficial del ICO aseguró que se había activado un “plan de actuación para diagnosticar, analizar y supervisar el estado de los procesos de contratación” para evitar que “situaciones similares” se repitieran en el futuro.

Un análisis posterior de la contratación elaborado por esta redacción, sin embargo, confirmó que el descontrol financiero del ICO, cuyo presupuesto asciende a cientos de millones de euros, era mucho mayor del que había revelado la investigación interna de este organismo.

Al menos durante el último lustro, el ICO estuvo fraccionando los contratos de todo tipo de servicios valorados en cientos de miles de euros. Los encargos a dedo iban desde el traslado de pacientes en ambulancia o todo el servicio de mensajería, hasta el punto de que había particulares que estuvieron facturando al ente más de 50.000 euros al año sin concurso por trasladar muestras de sangre en su vehículo particular.

El relevo en la cúpula económica de este organismo llega apenas dos años después de que el antiguo director general del ICO, Ramon Salazar, dimitiera de su cargo por haber cobrado pagos de hasta siete farmacéuticas sin declararlos al portal de Transparencia.

El caso, distinto al revelado en este artículo, fue publicado por El Periódico de Catalunya y fue el primer aviso sobre el descontrol en la gestión económica del ICO, al destaparse también que Salazar estaba detrás de una empresa que organizaba jornadas anuales sobre cáncer, patrocinadas por laboratorios, bajo el sello de instituciones sanitarias públicas de Catalunya.

Hay un elefante en la habitación que aumenta de tamaño en cada Mundial. El evento nunca ha generado tanto dinero, nunca ha congregado a tantas selecciones ni ha ocupado tanto tiempo de pantalla. Cada vez, sin embargo, cuesta más encontrar a países democráticos que quieran organizarlo. ¿Son las autocracias el único futuro del fútbol internacional?

Según la previsión presupuestaria de la FIFA para el ciclo 2023-2026 analizada por Sports Value, el organismo proyecta ingresos récord de 11.360 millones de euros, de los cuales casi 8.000 millones corresponden al año del torneo. 

Los derechos televisivos, con casi 3.500 millones de euros, siguen siendo la mayor fuente de ingresos, pero la venta de entradas y los paquetes de hospitalidad premium superan ya los 2.600 millones. Cada nuevo Mundial bate la marca anterior de ingresos: los de Qatar 2022 fueron un 56% superiores a los de Brasil 2014. La curva no muestra síntomas de agotamiento.

Algunos expertos, sin embargo, señalan que hay algo roto en el modelo: esa cascada de dólares no suele llegar a los países anfitriones. Si organizar el evento deportivo más importante del mundo —con permiso de los JJOO— no sale rentable, es fácil imaginar qué tipo de países estarán dispuestos a perder dinero y cuáles son sus intereses.

Los contratos que la FIFA firma con las ciudades sede reservan para el organismo la mayor parte de los beneficios, incluyendo, según publicó la agencia AFP, hasta las tasas de aparcamiento. Las ciudades pagan la infraestructura, los costes de seguridad y la logística. La FIFA mientras se queda la taquilla.

El mundial no es rentable para las ciudades y tampoco resulta muy atractivo para las democracias que hagan las cuentas con honestidad. Brasil gastó más de 13.000 millones de euros en 2014 y terminó en recesión al año siguiente, según datos publicados por Bloomberg, con varios de sus doce estadios convertidos en mamotretos sin apenas uso.

El estadio Arena Amazônia en Manaos, con capacidad para 44.000 espectadores y construido en medio de la selva, en una ciudad sin equipo de primera división, es un buen ejemplo: costó unos 236 millones de euros y tras el Mundial solo se ha utilizado ocasionalmente para partidos del campeonato local ante apenas unos cientos de espectadores.  

Sudáfrica construyó recintos que hoy acumulan costes de mantenimiento desproporcionados. Solo Rusia, en 2018, logró un retorno positivo tangible —recuperó unos 12.000 de los casi 14.000 millones de euros invertidos, según datos de una consultora citados por CNN—, en parte gracias a una economía donde el Estado absorbe pérdidas sin rendir cuentas a nadie.

Algunas ciudades españolas ya han decidido retirarse de la carrera para ser sede en 2030 por las inversiones millonarias que se exigen y el escaso retorno para los vecinos. A Coruña y Málaga decidieron bajarse del barco a última hora. La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, explicó que el Ayuntamiento estaba “plenamente capacitado” para cumplir con lo que se exigía pero que no lo haría a “cualquier precio”.

El cálculo que hizo es que acoger cinco partidos iba a costar 100 millones de euros, más de la cuarta parte del presupuesto municipal. 20 millones por partido en una competición que tendrá 18 sedes en tres países.

El patrón parece ser la consecuencia de unas condiciones de licitación diseñadas para maximizar el margen de la FIFA, sobre el papel, una organización sin ánimo de lucro. Y esa lógica lleva a una conclusión: solo pueden permitirse organizar un Mundial los países que quieren un retorno distinto al económico o los que, como ocurre en esta edición, cuentan ya con la infraestructura necesaria desde hace décadas.

La nueva geografía del poder futbolístico

Es cierto que en el siglo XX hubo Mundiales en dictaduras con ganas de darse un lavado de cara —Italia 1934, Argentina 1978— pero esos casos aislados parece que se van a convertir en la norma. En el periodo 2018-2034, más de la mitad de los mundiales habrán sido organizados por Estados autoritarios sin ningún respeto por los Derechos Humanos. 

Arabia Saudí, de hecho, fue la única candidatura para 2034. No es que nadie más quisiera hospedar un Mundial, sino que nadie más podía pagarlo. Australia lo exploró y desistió. Una candidatura conjunta de diez países del Sudeste Asiático tampoco cuajó. Al final solo había un candidato en el campo y la FIFA lo aprobó por aclamación en diciembre de 2024.

Según el expediente de candidatura presentado a la FIFA, el reino saudí prevé construir o reformar once estadios, levantar 185.000 nuevas habitaciones de hotel e invertir en infraestructuras desde cero, incluyendo una nueva ciudad, Neom, ese megaproyecto urbanístico de casi 450.000 millones de euros anunciado a bombo y platillo en 2017 y que empieza a presentar serias dudas de viabilidad.

La inversión de Riad en deporte desde 2021 supera los 5.000 millones de euros, con 94 acuerdos específicos en fútbol —ahí está la Supercopa de España— según datos de la propia federación saudí. Aramco, la petrolera estatal, patrocina este Mundial y también el femenino de 2027. 

Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Arabia Saudí pretende usar el torneo para encubrir su larga ristra de violaciones de derechos humanos. Las ONG vaticinan desalojos forzosos, explotación de trabajadores migrantes bajo el sistema kafala —que ata a los trabajadores a un empleador concreto sin posibilidad de cambiar ni de sindicarse—, discriminación contra aficionados LGTBQ+ y restricciones a la libertad de prensa. 

Todo eso ya se ensayó en el microestado de Qatar y se perfeccionará en Arabia Saudí, un país mucho más grande y poderoso. La FIFA, por su parte, calificó el riesgo en derechos humanos de la candidatura saudí como “medio” en un informe oficial encargado, casualmente, a un bufete con sede en Riad. 

Los 211 miembros con derecho a voto tampoco pudieron valorar por separado las candidaturas de 2030 y 2034: había que aprobar o rechazar ambas en bloque, blindando así a Arabia Saudí detrás del consenso europeo para celebrar el próximo evento en España, Portugal y Marruecos. Así lo denunciaron conjuntamente Amnistía Internacional y la coalición Sport & Rights Alliance en noviembre de 2024.

La desafección que no sale en los datos de audiencia

Los números de audiencia continúan siendo astronómicos y el mundial es todavía hoy el evento con mayor penetración simultánea en la historia de la televisión. Pero hay algo que los ratings no capturan: la naturaleza del vínculo entre el aficionado y el torneo parece estar cambiando o, como mínimo, alejándose de occidente.

Qatar 2022 generó el primer rechazo de los europeos. En Alemania, el 65% de la población apoyó el boicot según encuestas previas al torneo, y las gradas de la Bundesliga se llenaron de pancartas contra el Mundial semanas antes de su inicio. Varias ciudades francesas —París, Lille, Marsella— se negaron a instalar pantallas públicas por razones éticas.

Los capitanes de selecciones occidentales anunciaron que llevarían un brazalete con los colores del arcoíris y el lema One Love, pero la FIFA les amenazó con sacar tarjetas amarillas automáticas y acabaron desistiendo. La selección alemana se fotografió en el once inicial con la mano tapándose la boca como protesta.

Una encuesta de YouGov realizada en seis países antes del torneo de Qatar reveló que el 70% de los alemanes y el 67% de los franceses consideraban inaceptable que el país organizara el evento. Entre el 50 y el 58% de los europeos encuestados creían que las instituciones deportivas internacionales estaban demasiado dispuestas a trabajar con gobiernos no democráticos.

Un estudio académico posterior, publicado en The Journal of Politics, confirmó que el Mundial no mejoró la imagen de Qatar entre los alemanes, aunque sí aumentó las simpatías hacia el mundo árabe en general.

El torneo no logró el efecto de lavado de imagen que buscaba, pero dejó algo quizás más relevante: la sensación extendida, al menos en Europa occidental, de que el mundial es cada vez menos una celebración del fútbol y se está convirtiendo en una herramienta política.

Es cierto que el aficionado europeo que ya no viaja a estos países puede ser reemplazado por audiencias de mercados emergentes. La FIFA parece ser consciente de ello y la ampliación a 48 selecciones apuntaría a esta estrategia de diversificación del público. La audiencia potencial del que se está celebrando se ha cifrado en 6.000 millones de personas.

El mercado asiático o africano puede compensar audiencias, pero no el vínculo emocional que Europa y Latinoamérica lleva noventa años construyendo con el torneo. La pregunta que plantea el futuro no es si el mundial va a desaparecer. La pregunta es qué tipo de torneo va a ser y para quién.

La sensación de déjà vu con lo que le ocurrió al Comité Olímpico Internacional (COI), organizador de los Juegos Olímpicos, es inevitable. El evento creció sin límite, casi implosionó por los boicots cruzados de los ochenta, y se reformó cuando el modelo tocó fondo. 

El fútbol está lejos de encontrar su suelo. Pero 2034 en Arabia Saudí será la prueba de hasta dónde puede llegar la distancia entre el discurso oficial —“el fútbol une al mundo”— y la realidad de un país anfitrión que criminaliza la orientación sexual de una parte de los aficionados, por citar solo un aspecto del catálogo de aberraciones humanitarias.

Como han afirmado los responsables del podcast Soccernomics en un artículo muy crítico con la deriva de la FIFA en The Economist: “Nada crece para siempre, y cuando el crecimiento se detiene, suele llegar el declive”.

A una semana de la ceremonia inaugural del mundial en el SoFi Stadium de Los Ángeles había dudas sobre si se podría celebrar. El sindicato que representa a la mayoría de trabajadores del recinto, buena parte de ellos migrantes, acordó ir a la huelga: exigían, a parte de mejoras laborales, protección ante las posibles redadas del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la administración Trump. 

Los empleados alcanzaron un acuerdo para evitar el paro apenas tres días antes de la ceremonia. Lograron relevantes subidas salariales, mejoras en las condiciones y una cláusula que permite a los trabajadores abandonar su puesto si la actividad del ICE pone en riesgo su seguridad. 

“Estos trabajadores son héroes. Se enfrentaron a la FIFA. Se enfrentaron al ICE. Ganaron un contrato histórico”, señaló entonces el presidente del sindicato, Kurt Petersen.

La anécdota pone de manifiesto hasta qué punto la amenaza de esta agencia federal —responsable ya de tres muertes directas por sus disparos en las calles de EEUU— sobrevuela a los miles de empleados que hacen posible el Mundial y al resto de migrantes del país. La actuación del ICE ha sido una de las políticas más contestadas de Trump, con grandes manifestaciones contra estos agentes en casi todas las gandes ciudades estadounidenses.

No solo los trabajadores están en riesgo: hace apenas un año, en la final de la Copa Mundial de Clubes, el denominado Mundialito, un solicitante de asilo que había llevado a sus hijos al partido fue detenido, encarcelado durante tres meses y deportado a su país (su nacionalidad no se ha hecho pública). Durante las últimas semanas, seguidores procedentes de Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití también han denunciado denegaciones de visado y restricciones de entrada. Aficionados de hasta 39 países se han quejado de problemas para acudir al Mundial. 

Amnistía Internacional, que definió al ICE como una “amenaza escalofriante” incluso para los jugadores participantes, ha aprovechado el Mundial para hacer comparaciones con la política migratoria de Trump. Solo en 2025 se expulsó a más de medio millón de personas, más de seis veces el número de espectadores que verá la final en el estadio MetLife de Nueva York.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que no habría redadas masivas de inmigrantes durante el Mundial. A continuación, sin embargo, dijo que no podía descartar detenciones por motivos migratorios en los partidos o en sus alrededores. La contradicción en los mensajes, como era de suponer, siembra más intranquilidad entre las potenciales víctimas del ICE.

La polémica ha llevado a la FIFA a reconocer que existen problemas. “Chill, relax”, declaró hace una semana su presidente, Gianni Infantino, antes de recordar que su organismo no tiene capacidad para influir en las decisiones de los Gobiernos sobre inmigración. 

Después del Mundial de Qatar, cuyos estadios se construyeron por migrantes en un régimen de semiesclavitud —fallecieron unos 6.500 trabajadores, según una investigación de The Guardian—, y de que la Fifa haya decidido que la edición de 2034 se dispute en Arabia Saudí, tampoco nadie esperaba mucha más contundencia del presidente de la supuesta entidad sin ánimo de lucro que gobierna el fútbol. 

Aunque parezca mentira, la FIFA dice haber incorporado en sus procesos de elección de sedes una “Política de Derechos Humanos” para los países que quieren albergar el evento. El primer Mundial bajo esta premisa es el de EEUU, México y Canadá. El de 2034 se celebrará en la dictadura de Arabia Saudí. En medio, Marruecos será sede en 2030 del que se disputará también en España y Portugal.

Miedo en distintas sedes

El miedo de los migrantes a acabar en un centro de detención tras una redada del ICE recorre las 11 ciudades estadounidenses en las que se jugarán partidos, alimentado en parte gracias a la ambigüedad de los mensajes lanzados por la administración Trump.

En febrero, el director interino del ICE afirmó que la agencia jugaría “un papel clave” en el dispositivo de seguridad durante el mundial. Poco después el Ejecutivo estadounidense matizó que la presencia de estos agentes sólo estaría vinculada a tareas de seguridad y contraterrorismo,

La inquietud se percibe sobre todo en lo que los americanos llaman las “ciudades santuario”: municipios o jurisdicciones que limitan todo lo que pueden su cooperación con las autoridades federales para deportar migrantes. 

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, afirmó a finales de mayo que “no había lugar para el ICE” en el Mundial y calificó de “mera retórica” las amenazas de la administración Trump. Otras sedes progresistas como Nueva York, Seattle o Los Ángeles afirman haber obtenido el compromiso de que no habrá redadas. 

Las asociaciones que apoyan a los migrantes, sin embargo, no se fían. “Tenemos todo el derecho a temer que esta administración utilice este gran momento cultural para reforzar su narrativa sobre el caos, la seguridad y quién pertenece aquí”, afirmó recientemente el director del sindicato Working Washington de Seattle. 

Ante la falta de garantías, son varias las entidades que han impulsado campañas públicas para exigir que los estadios, las zonas de aficionados y los eventos oficiales del Mundial sean considerados espacios libres de intervenciones del ICE. Argumentan también que su presencia podría disuadir a miles de aficionados y residentes de acudir a los partidos o participar en actos relacionados con el evento.

La tensión tampoco ha pasado desapercibida en el Congreso. La representante demócrata Nellie Pou, de Nueva Jersey, cuyo distrito incluye el MetLife Stadium donde se jugará la final, presentó la Save the World Cup Act, que prohibiría las operaciones de inmigración civil en un radio de un kilómetro y medio alrededor de los estadios, aparcamientos y zonas para los aficionados. 

Pou justificó su iniciativa de esta manera: “Cuando le pedí directamente al jefe de ICE que nos garantizara que se mantendrían alejados de los partidos, se negó”, afirmó.

Su compañera de partido LaMonica McIver, también de Nueva Jersey, impulsó una propuesta paralela para impedir que fondos federales de seguridad se destinen a operaciones del ICE en las sedes del torneo. 

Ambas iniciativas, sin embargo, tienen escasas posibilidades de prosperar en un Congreso controlado por los republicanos antes del inicio del torneo. 

El Tribunal de Cuentas investiga presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del plan de pensiones de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa pública que gestiona el metro y el autobús en la capital catalana.

El órgano fiscalizador indaga el pago de sobresueldos vinculados a ese fondo de jubilación que se abonaron a una veintena de empleados. La otra pata del procedimiento son las altas sumas que han cobrado los representantes sindicales por participar en sus reuniones de control.

Solo entre 2020 y 2023, TMB pagó casi un millón de euros a los liberados sindicales que acudieron a estos encuentros, que se celebran una vez al mes —sin incluir agosto— y duran unas tres horas, según afirman distintas fuentes conocedoras de las reuniones.

La empresa pública, además, pagó en 2022 y 2023 sobresueldos de hasta 17.000 euros a solo una veintena de empleados —en una plantilla de 9.000 trabajadores— para compensarles el aumento de las cargas fiscales vinculadas a la prima de riesgo de su plan de pensiones. 

TMB repartió estos pagos de forma unilateral, en función del importe de la carga fiscal de cada empleado, sin atender a ningún convenio ni acuerdo con los trabajadores y beneficiando principalmente a quienes más ganaban.

La empresa es conocedora de la irregularidad de estos sobresueldos desde al menos julio de 2024, cuando tras una denuncia interna solicitó un dictamen jurídico a un bufete de abogados. El escrito de los letrados, obtenido por este periódico, señaló que tanto los pagos como la discrecionalidad con la que se repartieron no se ajustaban a la legalidad.

Según ha podido saber elDiario.es, la investigación arrancó tras una denuncia de un empleado ante el Tribunal de Cuentas en 2024 y el órgano ha pedido a TMB —una de las mayores empresas públicas de Catalunya— las actas de las mencionadas reuniones del plan de pensiones.

La investigación supone un nuevo capítulo en la crisis de reputación que vive TMB: cinco altos cargos —entre ellos el Consejero Delegado— están imputados en juzgados penales por dos denuncias de acoso laboral. La Oficina Antifraude y la Agencia Catalana de Protección de Datos, por su parte, han incoado expedientes sancionadores contra la empresa por haber tenido al descubierto información confidencial de sus empleados.

Pagos irregulares para compensar impuestos

TMB abonó los sobresueldos investigados porque, tras destinar dinero a su plan de pensiones, algunos trabajadores acababan pagando más impuestos de lo habitual. La empresa decidió compensar ese sobrecoste fiscal de su propio bolsillo con un pago en nómina con el concepto “Abonos diversos”.

Tras pedir el dictamen jurídico que los consideró ilegales, sin embargo, la empresa requirió a los empleados que la cobraron que la devolvieran a TMB en el plazo de un año, según consta en las cartas escritas a los empleados consultadas por esta redacción.

Algunos trabajadores acataron la petición. Otros se negaron y TMB se lo ha reclamado por vía judicial, según sostiene una fuente oficial de la empresa pública. 

La misma fuente oficial recuerda que la investigación del Tribunal de Cuentas está en una “fase de investigación previa” y no de “enjuiciamiento” y enmarca esos sobresueldos irregulares en la transformación que se hizo de los planes de pensiones “por obligación legal”.

Sobre los altos importes que han cobrado los representantes de los trabajadores que acudían a las reuniones del plan de pensiones, TMB responde que estos empleados no son liberados sindicales ni se rigen por su régimen jurídico.

“Son trabajadores elegidos por sus compañeros y ejercen esta función dentro de su jornada laboral sin retribución adicional”, afirma la compañía. 

La propia empresa, sin embargo, informaba hasta hace poco en su portal de transparencia de las horas, el importe y el número de “liberados sindicales del plan de pensiones”. La compañía dejó de publicar esa información coincidiendo con la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

Por esto el cálculo del dinero abonado a estos representantes que figura en este artículo solo incluye el periodo 2020-2023. La empresa no ha querido aportar los datos de 2024 y 2025.

“Durante unos años consideramos que las personas del plan de pensiones eran liberados [sindicales], pero no lo son y por eso dejamos de publicar la información en el portal de transparencia. Ahora ya no la tenemos recopilada como tal”, responden desde TMB.

“Por supuesto que somos liberados sindicales”, asegura Rafael Barrios, que ha participado en la comisión de control del plan de pensiones durante más de dos décadas y fue su presidente hasta hace pocos meses.

Barrios, sin embargo, defiende el trabajo que han hecho él y el resto de representantes para mejorar las condiciones de la jubilación de los empleados de TMB y considera que “no hay nada” que el Tribunal de Cuentas pueda reprochar.

El periodista Toby Muse (Chichester, Reino Unido, 50 años) frecuentó casi todos los eslabones de los cárteles colombianos durante más de 15 años. Estuvo en las fiestas interminables en las que sicarios y narcos, puestos hasta las cejas, presumían de su poder y dinero. Entró en los laboratorios controlados por la guerrilla en los que la hoja de coca se convertía en polvo. Se emborrachó con incontables asesinos y temió por su vida en más de una ocasión. 

El resultado fue Kilo: el mundo secreto de los cárteles de la cocaína (Capitán Swing, 2026), una celebrada y trepidante investigación sobre los personajes y la idiosincrasia del narco, explicada siguiendo el rastro de un kilo de cocaína desde la selva hasta que sale de un puerto sudamericano rumbo a una ciudad europea.

El periodista atendió el pasado mayo desde Bogotá a elDiario.es a través de una videoconferencia. La conversación ha sido editada y recortada para facilitar su lectura.

¿Cómo consiguió un acceso tan profundo a este submundo?

Todo empezó en el ambiente de las fiestas, algo enorme en esa cultura. Tenía un amigo metido en el circuito de fiestas de los cárteles, donde los narcos presumen de todo: la novia actriz, el coche...

¿Iba a esas fiestas?

Sí. Mi periodismo es de inmersión, es parte del trabajo. Hay dilemas éticos, claro, pero en el fondo mi ética es no mentir y conseguir la historia, sin que sufra gente inocente. Nadie acabó en la cárcel por participar en mi libro. Así que si me emborracho con gente de los cárteles, no le veo el problema.

Yo tampoco.

Si llego con mi libreta, un narco no me va a contar nada. Esas fiestas duraban dos o tres días, una locura total: bebías ron y cerveza, luego te subías al coche de alguien que conducía a toda velocidad esnifando “tusi” y pensabas: “Así es como mi madre se va a enterar de que he muerto”. Menuda forma de palmarla para un corresponsal extranjero... nada de Siria ni Afganistán, simplemente una estupidez. Pero era la forma de verlos en su hábitat, y también era emocionante: quería escribir un libro de aventuras.

Quince años rodeado de esta gente no son pocos.

Hubo que ganarse su confianza. Al principio me presentaban a un sicario de 17 años, totalmente prescindible para ellos. Con el tiempo fui ganando acceso hasta codearme, entrevistar, comer y cenar con los capos. Fue un proceso que duró años. Y siempre había alguien que no se fiaba y me lanzaba miradas asesinas.

¿Temió por su vida?

En Colombia, cuando algo se tuerce, sucede muy rápido y muy a fondo. Una noche en la zona de cultivos de coca de Catatumbo, bebíamos cervezas en medio de la nada con agricultores, recolectores, guerrilleros... De repente uno dijo: “Estoy harto de este puto gringo. Lo voy a matar”. No puedes hacer nada: son las nueve de la noche, está todo oscuro. Agachas la cabeza y piensas: “Que no me mate”. No hay segundo paracaídas. Solo tienes tus instintos y esperas que todo salga bien.

¿De dónde sale la idea de contar el narco siguiendo el rastro de un kilo de cocaína?

Quería mostrar a toda esa gente distinta que participa en la cadena, con esa imagen del kilo pasando de mano en mano. Quería enseñar la locura de los cárteles: todo el mundo ha perdido la cabeza. Hay brujas, sicarios que rezan a sus propias vírgenes, gente que se vuelve majara encerrada en submarinos que trasladan alijos. Escribí el libro en presente para transmitir que esto está pasando hoy, pasó ayer y pasará mañana.

Es lo que usted llama “el torbellino de violencia y codicia” del narco. ¿Cómo lo ha llevado a nivel personal?

Ha habido momentos de todo. En Colombia, cada familia ha sufrido algún acto de violencia. Es omnipresente y, desgraciadamente, se ha normalizado. Tienes amigos que mueren por las razones más absurdas. Cultivar amistades en ese submundo tiene un precio: sabes que la mayoría van a morir. Es una vida al límite y, a veces, viviendo al límite, te caes.

Había leído muchas metáforas sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, pero me pareció interesante la que describe en el libro: es como andar en una bici estática, se hace mucho esfuerzo pero nada se mueve.

Es del presidente [de Colombia, Gustavo Petro], pero es que es cierta. Los grandes interesados en que continúe la guerra son los agentes de la DEA y los narcos. Los demás estamos atrapados en medio. A mayor riesgo, mayor recompensa: este negocio les viene como anillo al dedo. Muchos pasan diez o veinte años acumulando dinero a base de arriesgarse y, al llegar a los cuarenta o cincuenta, quieren negociar, salir, conservar su dinero, cumplir poco o nada de cárcel a cambio de colaborar.

El ritmo de vida que refleja el libro parece inasumible durante mucho tiempo.

Todo el mundo se arrepiente de haberse metido en la cocaína, pero cuando se dan cuenta ya es tarde: están atrapados. Y, volviendo a la guerra contra las drogas, estamos en una situación en la que no sabemos qué hacer. Todo el mundo sabe que ha fracasado, pero no sabemos qué viene después. Vivimos en un círculo vicioso y violento que no tiene fin.

¿No cree que ya es tarde para despenalizar las drogas? A veces da la sensación de que el monstruo del narco se ha hecho demasiado grande para acabar con él.

Yo no tengo la solución, solo soy periodista: voy a un sitio, vuelvo y digo que lo que estamos haciendo no funciona. Muchos académicos dicen que la legalización es la solución. Puede ser, no digo que no. Pero ningún sitio está preparado, porque la ciudadanía no lo apoya.

Pero cada vez hay más gente consciente de que la guerra contra las drogas ha fracasado…

Tienes razón, pero me sorprendería que en España una mayoría quisiera legalizar la cocaína para que cualquier joven de 18 años pudiera comprarla en una farmacia. Puede que no sea mala idea, pero nadie ha hecho el trabajo político para que ocurra. Mira cuánto ha durado en Estados Unidos el proceso con la marihuana: casi cincuenta años.

La persona que compra cocaína para tomarla en Barcelona no es responsable de la violencia de esta industria

¿Qué se necesita?

Que alguien dé el paso y diga “yo seré el primero”. Dime un actor que diga “cuánto me gusta la cocaína”. O un cantante que diga “la heroína me ha ido de maravilla”. Nadie lo dice. Y está bien, pero ¿cómo esperamos que empiece la conversación si nadie da el primer paso?

El libro trata de alejar de la academia el debate sobre las drogas. ¿Por qué?

Cuando lo escribí, los académicos dominaban ese debate y yo quería arrebatarles la conversación. Aprender sobre la cocaína a través de ellos es como aprender sobre el sexo en un libro de biología: está ahí, pero eso no es el sexo. La cocaína es lujuria, es asesinato, es traición. Son las emociones humanas más oscuras, pero muy humanas al fin y al cabo. Tiene un corazón oscuro, pero tiene corazón.

Visitando las zonas de cultivo de coca constató la gran oportunidad perdida del proceso de paz de 2016 con las FARC: el Gobierno no llenó el vacío dejado por la guerrilla y eso dio espacio a las milicias del narco y a los cárteles para quedarse con las tierras de cultivo. ¿Qué podría haber pasado si se hubieran hecho las cosas bien?

El fracaso de ese proceso es una de las grandes tragedias de mi vida. En 2016 volvíamos de una plantación de coca en Antioquia, una zona marcada por guerrilla, paramilitares y masacres. Dos viejos del lugar conducían la camioneta y hablaban entre ellos: “¿Te acuerdas? Ahí dejaban los cuerpos”. Antes, cuando mataban a alguien, lo dejaban en la carretera y quien pasaba debía avisar a las familias. Entonces uno dijo: “Llevo dos años sin ver un cuerpo”. Y el otro: “Yo tampoco”.

Fue un espejismo que duró muy poco, apenas dos o tres años.

Eso es lo que Colombia podría haber sido. Una paz real que nunca habían conocido, durante dos o tres años. Había tanto optimismo... Todo era posible con ese país tan hermoso, con todos sus recursos y su gente talentosa: literatura, cine, música. Se sentía que empezaba una Colombia nueva. Pero la ventana se cerró de golpe.

La situación parece haber vuelto al punto de partida...

Colombia tuvo la oportunidad de hacer algo distinto, pero no pudo soltar las viejas costumbres. La coca siguió. Ahora tenemos unas elecciones presidenciales que pueden ser las más violentas en veinte años. La base de todo es la pobreza, el poder político, la desigualdad, pero la droga sigue siendo determinante: la mayoría de estos grupos se financian de una u otra forma a través del narcotráfico.

En el libro habla de los raspachines, quienes cultivan y deshojan las plantas de coca, y los pescadores, el eslabón más débil y reemplazable de la cadena. ¿Qué responsabilidad tiene alguien que este fin de semana compre cocaína en Barcelona o París sobre la miseria de estas personas?

Es una buena pregunta. Colombia produce cocaína porque los países ricos la consumen: ese es el motor de todo. Pero ¿por qué es un mundo tan violento? Porque hay un mercado negro. Al Capone se convirtió en quién era por la prohibición de la ley seca: era un matón callejero que se convirtió en gánster. Es la prohibición la que crea estos monstruos. Así que la persona que compra cocaína para tomarla en Barcelona no es responsable de la violencia de esta industria. Si acaso, es responsable de no presionar a los políticos para que busquen una solución distinta.

Los perjudicados, en todo caso, son siempre los mismos.

Tenemos que exigir a nuestros políticos una solución mejor, que no cargue todos los problemas sobre países como México, Colombia o Ecuador diciéndoles “buena suerte, apañaos”. No podemos seguir haciéndoles esto. Es totalmente inmoral.

En Europa nos espera una oleada de violencia para la que no estamos preparados.

El libro habla de Róterdam como centro neurálgico del narco en Europa, pero también asegura que estos grupos podrían corromper instituciones incluso en Madrid o Barcelona, como han hecho en América Latina.

No creo que lleguemos a los niveles de Ecuador, del Cali de los ochenta o el Medellín de los noventa, pero nos espera una oleada de violencia para la que no estamos preparados. El dinero de la cocaína tiene un poder enorme para corromper a policías, jueces y fiscales, especialmente en las aduanas.

En Barcelona y Catalunya la violencia vinculada al tráfico de drogas no deja de aumentar...

Me preocupa una fractura de la sociedad europea. Veo en esa fragmentación una oportunidad de ganar dinero. Y temo que ya sea demasiado tarde, porque la cocaína ha vivido un boom durante años. Las mafias locales de Londres, España o Portugal llevan tiempo ganando una fortuna, y la han reinvertido en la organización: mejores armas, mejores sicarios, más reclutas.

La guerra aún no ha empezado, pero siempre llega, porque no puedes tener cuatro mafias en Róterdam para siempre. No me extrañaría que viéramos asesinatos graves en Europa que nos hagan decir: “Vaya, no sabíamos lo poderosos que eran”. Vamos por mal camino.

Esta nueva generación de narcos que describe, más discreta, ¿es más peligrosa que la anterior, más extravagante y visible?

Sí, porque son mucho más difíciles de detectar. La nueva generación es invisible. Viven en Barcelona, Nueva York, Miami, y nunca llegan a tocar un gramo. Al ser más difíciles de detectar, son mejores canalizando el dinero hacia la economía legal. Eso es algo que tenemos que resolver antes de que sea tarde: si el blanqueo de capitales se convierte en un factor relevante en Países Bajos, Londres o Barcelona, los políticos locales pueden llegar a preguntarse si de verdad quieren perseguir a esas organizaciones y hundir sus economías.

Un tema interesante que recorre su texto es la particular relación con la muerte que tienen los narcos.

En un momento dado le pregunté a un amigo que había vivido de cerca toda la guerra entre cárteles: “¿Tú podrías haber hecho algo así?”. Me dijo que no, jamás, y comparó a los sicarios con una tostadora rota: “Esta gente nace con algo que les falta. Son defectuosos. Les falta una pieza que los haría plenamente humanos”. Y creo que es verdad.

Pero usted, de alguna manera, intenta comprender qué y quién hay detrás de tanta violencia.

Porque quería escribir algo interesante. Mi trabajo no es señalar y decir “esto es muy malo”: eso es aburrido. Quería intentar comprender, y me encontré dedicando demasiado tiempo a explicar a los sicarios.

¿Le generó contradicciones?

En algún momento tienes que trazar una línea y decir: lo que haces es inexcusable, el mundo es peor porque tú estás en él, eres un enemigo de la sociedad. Lo que entendí es que el criminal siempre busca echarle la culpa a otro. Pocos dicen “lo hice yo, soy el responsable”. Siempre hay una lista de culpables, excepto ellos mismos.

Encima muchos aseguran ser creyentes.

Le pregunté a un sicario cómo rezaba a la Virgen cuando lo que hacía contradecía claramente la Biblia. Me dijo que la culpa era de Dios: “Si Dios no quisiera que lo hiciera, me detendría”. Un chaval de veintisiete años de los barrios de Medellín convertido en el ejecutor sagrado de Dios. Todo el mundo ha perdido la cabeza.

Resulta duro leer hasta qué punto hay chavales de 14 años cometiendo asesinatos por órdenes de los cárteles.

La primera vez que matan siempre son adolescentes, porque son lo más prescindible que existe. Un chaval de catorce años de un barrio marginal de Medellín es lo más desechable del mundo. Si lo hace, bien; si no, no importa.

¿Qué le contaron los sicarios sobre el acto de matar?

Siempre hablan de los vómitos, el estrés, el horror, cierta culpa la primera vez. Pero todos siguen. Luego la muerte se normaliza y se convierte en su trabajo.

Esa normalización de la muerte e impunidad que denuncia el libro…

A un grupo de sicarios se le llama “la oficina”, y todas las ciudades importantes de Colombia tienen la suya. Si tú y yo somos socios en Londres y discutimos, nos demandamos en los tribunales. En Colombia, a veces es: “Tengo un problema, llamo a la oficina”. Esa es la terrible influencia que los cárteles y la cocaína han tenido en muchas sociedades de Latinoamérica. Su relación con la muerte es laboral. Y eso es todo.

En parques, festivales e incluso alguna discoteca se ha podido ver durante los últimos años una imagen curiosa: globos que se inflan y se desinflan en segundos, risas breves y un gas utilizado por pasteleros que se ha colado en la conversación pública sobre drogas. Tras irrumpir con fuerza en países como Reino Unido o Francia, el consumo de óxido nitroso, conocido popularmente como “gas de la risa”, se ha convertido en uno de los fenómenos emergentes que más atención ha despertado entre profesionales sanitarios, educadores y responsables de políticas de drogas. 

Algunos medios se han atrevido a llamarle “la nueva droga de moda” entre los jóvenes españoles. Los datos, sin embargo, apuntan a que el consumo es todavía muy minoritario. 

Así lo refleja el primer estudio en profundidad que se ha hecho sobre el fenómeno en España, financiado por el Ministerio de Sanidad, en el que se ponen cifras y contexto a una sustancia cuyo consumo se puede percibir en grandes ciudades como Barcelona y, al mismo tiempo, es prácticamente inexistente en otras urbes del país. El informe analiza por primera vez de forma integral los patrones de consumo, los perfiles de usuarios, los riesgos asociados, los canales de distribución y las respuestas institucionales que se han desplegado hasta la fecha. 

Los investigadores describen una situación marcada por una tensión constante entre dos realidades contradictorias: una baja prevalencia epidemiológica y una elevada visibilidad mediática, lo que genera un desajuste entre la percepción social y la magnitud real del fenómeno. “No es la primera vez que la prensa magnifica algún tema relacionado con las drogas”, apunta Nico Piñeiro, autor principal del informe elaborado por la consultora Episteme Social. “Es un fenómeno que ya hemos visto con el fentanilo o con la burundanga”, añade.

Según recoge el estudio, el consumo del gas de la risa en la población adulta alcanza una prevalencia del 1,1% cuando se pregunta por el uso alguna vez en la vida y del 0,2% en el último año. 

Por comparar, la prevalencia del consumo de cocaína se sitúa en el 13,3% alguna vez en la vida y en el 2,5% en el último año, según los datos del Ministerio de Sanidad. 

Un fenómeno asociado al ocio juvenil

Los bajos porcentajes de consumo aumentan ligeramente cuando se pregunta a los más jóvenes. Entre los adolescentes de 14 a 18 años, el óxido nitroso aparece como la sustancia con mayor prevalencia dentro de la categoría de nuevas sustancias psicoactivas, con un 1,7% de jóvenes que afirman haberla consumido alguna vez. 

Los propios autores advierten, no obstante, de que estos datos deben interpretarse con cautela porque históricamente el óxido nitroso no se registraba de forma diferenciada en las estadísticas oficiales.

La investigación sitúa el consumo principalmente en contextos de ocio y socialización entre chavales, principalmente al aire libre. El documento apunta que una parte de los usuarios del “gas de la risa” son jóvenes que no acuden a locales de ocio y baile porque no están dispuestos a pagar los precios de las entradas y de las consumiciones o porque directamente no les dejan entrar.

Los autores destacan que el consumo, en la mayoría de casos, forma parte de experiencias compartidas más que de un uso individual o problemático. El estudio, sin embargo, también identifica situaciones diferentes en contextos de vulnerabilidad social, donde pueden aparecer patrones más frecuentes e intensivos.

La investigación señala además que la visibilidad del fenómeno se concentra especialmente en áreas urbanas y metropolitanas, donde confluyen una elevada densidad de población joven, una intensa actividad de ocio y una fuerte presencia turística. 

Ciudades como Barcelona y determinadas zonas de Baleares o de la costa valenciana aparecen citadas en el informe como ejemplos de lugares donde el consumo se ha hecho visible en los últimos años.

“Vemos como ha habido más impacto en zonas mediterráneas”, prosigue Piñeiro en conversación telefónica. Este antropólogo y Educador social apunta como una posible vía de entrada de la sustancia a España a los jóvenes provenientes de países en los que la droga sí ha tenido un verdadero auge y vinieron de vacaciones tras la pandemia. 

La percepción de riesgo sigue siendo baja

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la distancia existente entre los riesgos reales asociados a la sustancia y la percepción que tienen muchos consumidores.

Según los investigadores, la percepción de riesgo suele centrarse en los efectos inmediatos, generalmente breves y considerados poco graves por los usuarios. Esta circunstancia, unida a la facilidad de acceso y a la situación legal del producto, contribuye a normalizar su consumo en determinados entornos juveniles.

Los daños asociados al óxido nitroso, con todo, dependen en gran medida de la frecuencia y la intensidad del consumo. En los usos ocasionales predominan efectos agudos leves como mareos o descoordinación. Son los consumos repetidos e intensivos los que pueden provocar efectos más graves, incluyendo complicaciones neurológicas, algunas con secuelas duraderas.

El Instituto Guttmann de Barcelona alertó recientemente de que, entre 2020 y 2025, seis pacientes ingresaron en su hospital de neurorehabilitación con secuelas neurológicas graves a consecuencia del consumo de este gas. 

El estudio señala que estos efectos son mucho menos conocidos entre los consumidores que los efectos inmediatos de la sustancia, lo que dificulta la adopción de conductas preventivas.

España, en una fase temprana respecto a otros países europeos

El informe recomienda evitar el alarmismo que pueda contribuir a su difusión, porque concluye que España se encuentra todavía en una etapa relativamente temprana en comparación con países como Francia, Reino Unido o Países Bajos.

En esos países, la expansión del consumo recreativo se produjo años antes y estuvo acompañada de un aumento de la visibilidad en espacios públicos y de la aparición de casos clínicos asociados a consumos intensivos. Algunas de estas dinámicas comienzan ahora a observarse en España, aunque de forma mucho menos consolidada.

Los autores sugieren que el país se encuentra en una fase de implantación incipiente, caracterizada por la coexistencia de consumos recreativos normalizados y la aparición progresiva de patrones más intensivos. El documento también advierte de que la circulación internacional de tendencias de consumo, especialmente en contextos turísticos, puede favorecer la expansión futura del fenómeno.

Lejos de reclamar respuestas punitivas o campañas de alarma social, el estudio apuesta por estrategias proporcionadas a la magnitud real del fenómeno. Los investigadores recomiendan reforzar los sistemas de información y monitorización, mejorar la coordinación entre ámbitos sanitarios, educativos y comunitarios, y desarrollar acciones de prevención de riesgos basadas en aquellos contextos donde el consumo ya existe.

La visita del León XIV está organizada al detalle, sin lugar para la improvisación. Lo que no parece estar medido al milímetro, sin embargo, es el coste real que tendrá para los ciudadanos el viaje del líder de la iglesia católica: una parte relevante del dispendio quedará oculta en deducciones fiscales y gastos de la administración que pagarán todos los ciudadanos.

Tanto la Conferencia Episcopal como las distintas administraciones que participan en la visita del pontífice han cifrado el coste del viaje en 25 millones de euros, de los cuales cinco provienen de subvenciones directas del Govern catalán y de los distintos cabildos de las Islas Canarias.

El gasto total para la ciudadanía, sin embargo, será mucho mayor del anunciado: más allá de las mencionadas deducciones, el viaje implicará la cesión gratuita de diversos espacios públicos por los que normalmente se cobra dinero y cuyo uso supone un desembolso. Se destinarán, a su vez, miles de funcionarios para labores de seguridad, mantenimiento y limpieza. Algunas administraciones también cederán o directamente sufragarán el material necesario para los eventos. 

A pesar de esta ristra de gastos de dinero público, ninguna de las instituciones públicas implicadas ha querido aportar a elDiario.es un solo dato —ni siquiera aproximado— del dispendio total que supondrán estos servicios que se ofrecerán de manera gratuita. 

Fuentes del Govern catalán aseguran que la subvención directa a la visita del pontífice será de 1,6 millones. El dinero, sostiene, proviene de los ingresos obtenidos por la tasa turística. “No costará un solo euro a los contribuyentes”, apuntan desde el Ejecutivo catalán. 

En la Generalitat, no obstante, evitan precisar el coste de la campaña publicitaria que se ha desplegado y de su inserción en medios públicos en horarios de máxima audiencia.

En Canarias, el Gobierno regional aportará 2 millones de euros a las dos diócesis isleñas (Nivariense y de Canarias). Esta cantidad se suma a los 500.000 que pondrá cada cabildo insular, es decir, un millón más de los contribuyentes de Tenerife y Gran Canaria. 

Se calcula que en Catalunya se destinarán unos 7.000 agentes de policía entre Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que en Madrid serán unos 14.000 entre todos los cuerpos. A eso hay que sumarle personal de limpieza y otros trabajadores públicos que llevan días dedicándose exclusivamente a la visita papal

Más allá de las subvenciones directas, el Ejecutivo canario y los municipios implicados también incurrirán en otros gastos que no se están cuantificando: guaguas gratis o a precio simbólico, refuerzo de otros servicios de transporte público y otros gastos que no se están precisando.

Tampoco se ha contabilizado el coste de suspender clases y actividades municipales, el cierre de las oficinas en varios Ayuntamientos, la limitación de aparcar así como los cortes de tráfico en autopistas de Tenerife y Gran Canaria. Además, desde el Gobierno regional se recomienda el teletrabajo para evitar desplazamientos. El coste económico de estas medidas no se ha calculado por parte del Ejecutivo. 

La Comunidad de Madrid (CAM) asegura que no destinará subvenciones directas a la visita, aunque ha cedido espacios como la Real Casa de Correos —convertida estos días en Centro Internacional de Prensa—, la plaza de Lima, cerrada al tráfico para la vigilia con los jóvenes, y la plaza de Cibeles, donde el domingo se celebrará una misa con un gran escenario.

Además, la CAM ha puesto a disposición de la visita 80 institutos para alojar a los fieles, aunque finalmente el Arzobispado solo utilizará 18 después de que varios centros se rebelaran y emitieran comunicados contra el proceso seguido para la cesión de estos recintos.

El Ejecutivo regional tampoco concreta el coste de estas actuaciones. “Cuando presentamos el proyecto de la visita del Papa intentamos hacer esa estimación, pero hasta que no concluya el evento es complicado hacer una valoración”, señalan fuentes de la Comunidad.

El coste para los Ayuntamientos implicados

Buena parte de estos gastos no desvelados correrá a cargo de los municipios en los que se celebren actos. El Ayuntamiento de Barcelona (PSC), por ejemplo, cederá gratuitamente el estadio de Montjuic, cuyo precio diario asciende hasta 78.000 euros. 

A ese importe hay que sumarle todos los gastos de gestión, seguridad y mantenimiento que normalmente se sufragan con el alquiler del recinto así como los altavoces, pantallas y equipos de sonido que se instalarán para poder seguir el acto. El grupo de los comuns registró una pregunta en el pleno requiriendo estos importes, pero no ha sido respondida todavía.

Desde el Consistorio barcelonés no han querido tampoco aportar ninguna cifra sobre todos estos gastos indirectos y aseguran que se harán públicos una vez haya pasado la visita de León XIV.

En las Islas Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla (CC, PP y Vox), en el sur de Tenerife, anunció en abril que ofrecerá guaguas “gratis” para que los vecinos puedan trasladarse hacia la capital de la isla y acudir a los actos allí previstos el 12 de junio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife repartirá 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos, así como 50.000 botellas de agua. También instalará una pantalla gigante junto al recinto portuario donde tendrá lugar la misa para que puedan verla quienes no hayan conseguido inscribirse en el acto. Todo ello, sin especificar cuánto suponen estas acciones para las arcas públicas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vaticinó hace meses que la visita del pontífice supondrá un “enorme reto logístico” para la ciudad, con distintos actos abiertos al público o en grandes plazas al aire libre. Solo el dispositivo de seguridad ya supera al desplegado durante la cumbre de la OTAN, uno de los más ambiciosos que se recuerdan.

Se esperan 1.800.000 de asistentes a los dos eventos principales que se celebrarán en Madrid, pero el Consistorio ha preferido no hacer estimaciones sobre el dinero que costará la visita. “Eso no es lo más importante”, respondía el miércoles la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a preguntas de este periódico. 

Las deducciones fiscales, otro gasto que no se contabiliza

Otro gasto que acabará corriendo a cargo de la ciudadanía y que ningún recuento menciona será el asociado a las deducciones fiscales de las donaciones particulares y de las grandes compañías que patrocinarán la visita.

Grandes empresas como Telefónica, ACS, Iberia, Iberdrola, Indra (participada en un 28% por el Estado), Mahou, El Corte Inglés o el Banc Sabadell han anunciado que harán donaciones, algunas de cientos de miles de euros, que contribuirán a sufragar el viaje del pontífice. 

El Ejecutivo declaró en un decreto ley que el viaje del Papa se considera un evento de “excepcional interés público”, de manera que tanto las grandes empresas como los particulares que hagan donaciones recuperarán una buena parte de lo que paguen, añadiendo una gasto notable para el erario.

La ley de mecenazgo establece que se podrán deducir el 15% de los gastos en propaganda y publicidad que lleven el sello de la visita papal, el 85% de las donaciones en caso de IRPF y el 45% respecto al impuesto de sociedades, además del 95% del impuesto de transmisiones y actos jurídicos, así como de las tasas e impuestos locales.

El Grup La Pau, una cooperativa que ganó hace un año junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias —valorado en 381 millones de euros— cuando ya tenía graves problemas de tesorería, ha entrado en concurso de acreedores. 

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, la compañía solicitó el concurso el pasado 21 de mayo ante la incapacidad de hacer frente a sus deudas. El procedimiento concursal fue concedido el pasado lunes por un juzgado mercantil de Barcelona. 

El concurso, fase previa a la liquidación de la cooperativa, llega cuando solo falta un mes para que esta empresa iniciara su despliegue para prestar el servicio en la zona Barcelonès Nord tras ganar la mencionada licitación pública junto a otra compañía.

Será precisamente esta empresa con la que formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) la que se encargará de prestar el servicio individualmente a partir del 24 de junio, cuando está previsto que empiecen gestionen las ambulancias en Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, tres ciudades de la provincia de Barcelona.

Desde el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat explican a elDiario.es que, a pesar del concurso de acreedores, se garantizará “en todo momento” la “atención ciudadana” y la “continuidad asistencial”. Añaden que el SEM “monitoriza de manera permanente” la situación para que no haya problemas en el servicio.

Cuando la licitación estaba en marcha, esta redacción ya informó de los graves problemas de tesorería que tenía el grupo La Pau. La propia cooperativa había advertido en un documento interno, apenas seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024.

Buena parte de estas deudas provenían de una gestión errática durante los años en los que la cooperativa prestó el servicio de ambulancias en algunas provincias del País Vasco, en las que La Pau recibió durante esos años más de 55 actas de inspección laboral.

El Ejecutivo vasco acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia de La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa había acreditado su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

“La adjudicación se hizo cumpliendo estrictamente la normativa de contratación pública”, insisten ahora desde el SEM. “La UTE acreditó la solvencia requerida y no existía ningún impedimento legal para no adjudicarle el contrato”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la dirección del grupo La Pau, que no ha respondido a las diversas llamadas y mensajes para recabar su opinión. Desde el Comité de Empresa lamentan que la cooperativa no les trasladara que había solicitado el concurso de acreedores el pasado mayo.

Desde el pasado marzo, cuando la cooperativa entró en la fase de preconcurso de acreedores, los directivos del grupo La Pau han intentado sin éxito renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal. 

Hace solo dos meses, el vicepresidente de la compañía aseguraba en conversación telefónica con este medio que la cooperativa tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

La otra empresa de la UTE se ofrece a comprar los activos

Direxis, la empresa con la que se presentó al concurso para gestionar parte de las ambulancias de Catalunya, ha presentado una oferta formal para quedarse con los activos en poder del grupo La Pau y absorber los 484 empleados de la cooperativa necesarios para prestar el servicio. 

Según la oferta vinculante presentada ahora por Direxis, obtenida por esta redacción, la compañía le ha ofrecido apenas 140.000 euros a La Pau. A cambio, pretende quedarse todos sus activos intangibles —bases de datos, software, derechos de propiedad industrial e intelectual…— así como todos los bienes muebles: mobiliario, instalaciones, equipos sanitarios e informáticos, maquinaria…

Con esta oferta, el grupo Direxis también se ofrece a asumir los más de 5,5 millones de euros que el grupo La Pau le debe a la matriz de esta compañía así como el coste de la subrogación de los contratos laborales de los empleados de La Pau, valorados por Direxis en unos 9,6 millones de euros debido a la asunción de la antigüedad de los trabajadores.

La empresa considera que, sumando la deuda, los gastos de la subrogación del personal y la cantidad de dinero ofrecida, la oferta tiene un valor de 15,4 millones de euros. El grupo La Pau tiene hasta el 22 de junio para decidir si acepta las condiciones del trato.

A Marjan Salehi, su marido Ali Faqiri y su hijo Adrian, de 11 meses, les quedan apenas unos días con un techo bajo el que refugiarse. Esta familia afgana, a la que el Gobierno concedió asilo político en febrero de 2025 por huir del régimen talibán, deberá abandonar el próximo miércoles la vivienda en la que reside después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les comunicara el fin de su programa de acogida.

“No sabemos dónde iremos”, resume Marjan, de 28 años. “Nuestro hijo todavía es un bebé y depende completamente de nosotros”.

La pareja huyó de Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder porque tanto el padre como el hermano de Marjan habían colaborado con el Ejército español, un vínculo que acabó siendo determinante para la concesión del asilo.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior, resolvió en 2025 un total de 160.951 expedientes de protección internacional. La cifra supone un incremento del 67,2% respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992.

Desde su llegada a España, la familia pasó primero por un centro de acogida gestionado por una ONG y después fue trasladada a Barcelona. Allí viven desde hace meses en un piso compartido del barrio de Sant Andreu, gestionado por la entidad Moviment per la Pau (MPDL), junto a otras ocho personas.

Hace unas semanas, sin embargo, recibieron la notificación definitiva: habían agotado el periodo máximo de estancia previsto en el sistema estatal de acogida y no se contemplaba una prórroga, pese a su situación de vulnerabilidad. 

Ali sufre artrosis y una hernia discal; Marjan apenas ha podido aprender español mientras cuidaba de su hijo. “No tenemos dinero, ni familia, ni ningún sitio al que ir”, lamenta ella.

Desde la entidad que les ha proporcionado alojamiento en virtud de un convenio con el Ministerio, les han comunicado que no pueden prorrogar su estancia y que deben atenderse a lo que les diga la Administración. 

Este periódico contactó el viernes tanto con el Ministerio, que respondió que el proceso que se ha seguido con esta familia es el habitual. “Cuando se les concede el estatus de refugiados y obtienen el permiso de residencia y trabajo, se les informa de que tienen un plazo de seis meses para dejar el centro”, señala una fuente oficial.

“Atendiendo siempre el interés superior del menor, se tendrá en cuenta su situación para pedir la suspensión de su salida del centro hasta que el recurso se resuelva”, prosiguen desde el Ministerio, que también recuerdan que la organización que gestiona su vivienda coordinará los trámites para que la familia sea atendida por los Servicios Sociales de la capital catalana. Este periódico se puso en contacto con la entidad MPDL el viernes pero no obtuvo respuesta.

Un periplo a través de Irán

La vida de Marjan cambió en agosto de 2021, cuando los talibanes recuperaron el control de Afganistán tras la retirada internacional. “El país se convirtió en un lugar inseguro y hostil”, recuerda. “La situación se volvió extremadamente dura”.

Su familia había trabajado estrechamente con las tropas españolas en Herat, ciudad situada en el oeste afgano. Su padre había sido empleado de la armada y su hermano trabajó como traductor. Con el regreso de los talibanes, esos vínculos equivalían a una condena.

“Empezamos a recibir amenazas. Nuestras vidas corrían peligro”, relata.

Parte de su familia logró escapar desde el aeropuerto de Kabul durante los días caóticos de la evacuación internacional. Ellos, sin embargo, no consiguieron salir y terminaron huyendo por tierra hacia Irán.

“Huir no fue una elección; fue la única forma de sobrevivir”, dice Marjan. “Desde entonces solo hemos intentado reconstruir nuestra vida lejos del peligro”.

Fue en Irán donde recibió finalmente la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores para viajar a España y acceder al sistema de protección internacional. Desde entonces, el Ministerio de Inclusión les ha proporcionado alojamiento temporal hasta que han agotado todos los plazos.

Todos los intentos para ampliar su estancia han fracasado hasta ahora. El abogado que les asiste ha presentado un recurso contra la resolución administrativa que ordena su salida de la vivienda y ha solicitado medidas cautelares para evitar que la familia quede en la calle mientras se resuelve el procedimiento. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

Durante décadas, decenas de miles de mujeres cruzaron las puertas del número 7 de Sant Pere Més Baix, en Barcelona, para estudiar idiomas, aprender oficios o, simplemente, leer en la que fue la primera biblioteca pública femenina de Europa.

El edificio albergó el Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, fundado en 1909 por la mecenas Francesca Bonnemaison y convertido pronto en un espacio pionero para las mujeres catalanas. Tras la Guerra Civil, el inmueble pasó a manos de la Diputación de Barcelona y quedó bajo control de la Sección Femenina de Falange.

Casi un siglo después, la entidad heredera de aquel proyecto plantea una pregunta incómoda: ¿y si uno de los principales equipamientos de la Diputación en el centro de Barcelona nunca le perteneció legítimamente?

Esa es la conclusión a la que han llegado varias investigadoras vinculadas al Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison —conocido como La Bonne— tras años de investigación buceando en archivos, actas notariales y documentación previa y posterior a la Guerra Civil.

Trece mujeres —entre ellas juristas e historiadoras— han impulsado una investigación con la que reclaman la titularidad del edificio, situado en el corazón del barrio de Sant Pere. Sostienen que la Diputación ostenta la propiedad gracias a una incautación ejecutada tras la victoria franquista.

La reclamación se apoya en la Ley de Memoria Democrática. Si se acreditara que el inmueble fue confiscado por el régimen, se abriría la puerta a su restitución. Es por esto que, si la Diputación no atiende sus demandas, desde La Bonne aseguran que acudirán a la justicia.

“Se ha hecho una investigación muy profunda, con documentos del Archivo Nacional, antiguas actas de la asociación y numerosos elementos fácticos para justificar lo que pedimos”, afirma Eugenia Canal, magistrada jubilada y una de las impulsoras de la reclamación. “Se mire como se mire, es una cuestión de justicia”.

Canal sostiene que la Ley de Memoria Democrática ampara la reclamación y recuerda que ya se han revisado operaciones patrimoniales del franquismo como por ejemplo el caso del Pazo de Meirás.

Un paraguas del feminismo catalán

Hoy, La Bonne agrupa a más de 80 entidades feministas de Barcelona. La asociación ocupa dos plantas del edificio —propiedad formal de la Diputación— donde decenas de colectivos se reúnen, trabajan, ensayan y prestan apoyo a miles de mujeres cada año.

Sus responsables denuncian que la Diputación lleva tiempo intentando reducir su presencia en el inmueble e incluso expulsarlas del recinto, en un conflicto que se arrastra desde hace años.

Desde La Bonne aseguran que la institución provincial ha amenazado en varias ocasiones con retirarles la gestión del espacio o convocar un concurso público que podría suponer su expulsión.

En el edificio también está la bibloteca pública Francesca Bonemaisson, la escuela de la mujer —con más de 3.000 alumnas— y varios despachos del área de feminismos. Todos estos equipamientos están gestionados y financiados por la propia Diputación.

En 2023 ya hubo movilizaciones para reclamar un convenio estable que garantizara seguridad jurídica a la entidad. De hecho, La Bonne ocupa parte del edificio sin acuerdo vigente desde 2018 ante la falta de entendimiento entre ambas partes.

La asociación denuncia además que la propuesta de la Diputación para un nuevo convenio pasa por destinar parte del inmueble a oficinas y desplazar a la entidad desde una de las dos plantas que ocupa hacia el sótano.

“La Diputación lleva años intentando desgastarnos, con una clara estrategia de ‘mobbing’”, sostiene la directora de La Bonne, Marta Vergonyós. “Les incomodamos porque recordamos la memoria del espacio y cuál era su objetivo original: estar dedicado a las mujeres”.

Desde la Diputación aseguran sentirse “sorprendidos” y “decepcionados” por la ofensiva legal de La Bonne. Fuentes de la institución sostienen que ambas partes seguían negociando una “solución acordada” que permitiera el “encaje jurídico” de la entidad en el edificio.

Mireia Bofill, primera directora de La Bonne, recuerda que fue la propia Diputación quien reconoció a la asociación como heredera del proyecto fundado por Francesca Bonnemaison al cederle dos plantas del inmueble en 2003, cuando se firmó el primer convenio.

Aquel acuerdo recogía expresamente que el franquismo “reprimió las libertades y confiscó bienes y propiedades de particulares, asociaciones, sindicatos y partidos”, contexto en el que el edificio pasó a manos de la Diputación en 1941.

La actual dirección enmarca la actual ofensiva judicial como consecuencia de unas relaciones ya muy deterioradas. “Han actuado durante muchos años con tal soberbia que esta reclamación recoloca las cosas desde el punto de vista de la legitimidad histórica”, afirma Vergonyós. “Este equipamiento sería una referencia en cualquier ciudad como Londres, Berlín o Nueva York”.

¿Cesión voluntaria o expolio?

Tras instalarse en 1922 en el edificio ahora en disputa, el Instituto creado por Bonemaisson atendió cada vez a más mujeres y su influencia fue creciendo de manera exponencial. Si en el curso 1910-1911 hubo 300 matrículas, en 1934-35, antes de la guerra, se superaron las 6.200 alumnas.

Se calcula que entonces unas 30.000 mujeres pasaban cada año por sus instalaciones atraídas por una amplia oferta formativa: gramática, taquigrafía, idiomas, cálculo mercantil o formación profesional... El centro también tomó posición en debates sociales que afectaban a las mujeres, como la prostitución o las condiciones laborales.

El estallido de la Guerra Civil en 1936, sin embargo, interrumpió la actividad. Durante el conflicto, el edificio fue utilizado por organismos de la Generalitat republicana.

Con la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, en 1939, antiguas dirigentes del Institut intentaron recuperar la actividad. Pero pronto comenzaron las presiones de la Sección Femenina para controlar el espacio, hasta el punto de recibir la visita de Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange.

“La visita ha producido muy buena impresión, tanto a Pilar Primo de Rivera como a sus acompañantes”, quedó escrito entonces.

Dos años después, mientras Francesca Bonnemaison permanecía exiliada en Suiza, la junta del Institut acordó en noviembre de 1941 la cesión del edificio a la Diputación. Apenas cinco meses más tarde, en marzo de 1942, la institución provincial cedió la gestión del equipamiento a la Sección Femenina de la Falange.

Las investigadoras de La Bonne sostienen que aquella operación, pese a quedar formalizada en un acta notarial, fue en realidad una incautación encubierta realizada sin el consentimiento real de la propietaria. El objetivo, afirman, era desactivar una institución feminista y poner su estructura al servicio del control ideológico de las mujeres.

“El franquismo aprovechó el poder adquirido tras el golpe de Estado para dar apariencia de cesión a lo que fue un expolio”, sostiene la jurista Marisa Fernández, también implicada en la reclamación.

Otro de los argumentos de La Bonne es que la cesión del inmueble obligaba a mantener la finalidad cultural y social original del Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. La actual dirección considera que esa condición tampoco se cumple.

“La Diputación alquila espacios para actos que no tienen nada que ver con ese propósito”, denuncia Vergonyós. “Hemos tenido eventos de Ciudadanos o del PP contra la ocupación, caterings de empresas…”.

La directora sostiene que la Diputación pretende reconvertir el edificio —un caramelo inmobiliario en pleno centro de Barcelona— en un recinto orientado a convenciones y actos corporativos, más que en un espacio cultural. También denuncia trabas constantes para programar actividades.

“Ya es suficientemente difícil sostener el día a día de un centro cultural”, concluye. “Tener que pelear además por esto resulta enormemente desgastante”.

El primer pedido le pareció normal, el segundo ya le hizo sospechar. Marçal Font, propietario de la librería de viejo Fènix de Badalona, lleva semanas viendo cómo una misteriosa empresa canadiense le compra libros extraños: principalmente ejemplares en catalán que llevan años en su almacén, todos de no ficción y sin apenas salida comercial.

“Me pueden llegar siete pedidos seguidos del mismo comprador, con un minuto de diferencia entre ellos”, apunta este librero, que sospecha que quien hace las compras es un robot.

No es el único al que le ha ocurrido. Hay una veintena de librerías de viejo en España que también han vendido ejemplares a esta compañía desde finales de abril. Algunas incluso han recibido pedidos de más de mil libros, muchos de ellos descatalogados. Lo mismo está ocurriendo en tiendas de Alemania, EEUU, Nueva Zelanda, Australia…

Los libros elegidos van desde una edición sobre el mundo de los castellers en Granollers (Barcelona) en los años 70, hasta un manual técnico sobre cómo hacer vino, actas de congresos celebrados hace 50 años o dietarios de la Guerra Civil.

“De media suelen ser libros de unos cinco o diez euros, con poco valor”, apunta Font, “y muchos son prácticamente imposibles de encontrar”.

El sector está desconcertado. ¿Para quién está comprando esta empresa decenas de miles de libros y los hace mandar a un centro logístico de EEUU? ¿Para qué quiere estos ejemplares que llevan años pillando polvo?

Este viernes, otra compañía de Silicon Valley (EEUU) vinculada a la IA ha contactado con una librería de viejo española, que prefiere no revelar su nombre, y le ha planteado un pedido de más de 3.000 libros.

El objetivo, según apuntan diversas fuentes, es entrenar modelos de Inteligencia Artificial (IA) antes de destruir estos volúmenes y reciclar su papel.

La apuesta no es nueva. Una investigación de The Washington Post desveló en enero un proyecto secreto de la startup Anthropic, que opera la herramienta de IA Claude, para “escanear y destruir todos los libros del mundo”, según señalaba un informe interno de la compañía.

 “No queremos que se sepa que estamos trabajando en esto”, remachaba el documento.

La estrategia se enmarca en la necesidad de seguir alimentando esta tecnología una vez ya se ha nutrido de toda la información disponible en Internet. 

“Cuando el conocimiento gratuito se agotó, las empresas corrieron a repositorios piratas de e-books para seguir alimentando sus modelos”, explica Xavier Vinaixa, experto en IA y una de las personas que han tirado del hilo de este caso. “El uso de estos recursos desencadenó demandas millonarias por violación de derechos de autor”, añade. 

Las tecnológicas se enfrentaron entonces, explica Vinaixa, a lo que se conoce como el “data wall”: sin textos nuevos, inéditos y largos para entrenar el algoritmo, la IA corría el riesgo de sufrir un estancamiento cognitivo y acabar incluso alimentándose de documentos creados por su propia tecnología. 

La solución que encontraron estas compañías fue comprar en librerías de segunda mano de todo el mundo, normalmente ejemplares totalmente marginales de no ficción.

Un juez federal de EEUU dictaminó que la práctica es legal porque el uso que se hace de los libros es “transformativo”. Es decir, que no sustituye a las obras originales, sino que las emplea para crear algo nuevo: en este caso, un modelo de inteligencia artificial. El magistrado llegó a comparar el entrenamiento del algoritmo con “enseñar a escribir a estudiantes”.

La práctica, sin embargo, genera rechazo en parte del sector porque implica la destrucción física de los ejemplares para optimizar el proceso: cuando los libros llegan a la planta de procesamiento, se les corta el lomo, las páginas se escanean de forma automatizada y, posteriormente, los volúmenes se trituran para convertirlos en pasta de papel.

Contradicciones en el sector

Los libreros de viejo llevan semanas inmersos en una profunda contradicción: por un lado, nunca habían vendido tantos libros. Por otro, tienen serias dudas sobre el destino de estos ejemplares. Hasta el punto de que han alertado al Ministerio de Cultura de lo que está ocurriendo.

“No somos sólo comerciantes sino que tenemos funciones de preservación, conservación y restauración del patrimonio bibliográfico”, apunta Miguel Ángel Ortega, librero y presidente de la Asociación Profesional del Libro y Coleccionismo Antiguos (UNILIBER). “Resultaría muy contradictorio que estuviéramos vendiendo libros con la finalidad de destruirlos”.

“Estamos ante una forma de expolio literario”, opina Font, el librero de Badalona, que mientras habla con este periódico recibe otro pedido de la empresa canadiense. “Estamos viendo el tsunami que viene, creo que las instituciones deben intervenir”.

Font explica que con estas prácticas no se perderá, por ejemplo, lo que publicó Mercè Rodoreda. “Lo que está en riesgo es el libro que explica qué hizo Rodoreda el día que fue a algún lugar”, precisa. “De lo que se alimenta esta IA es de esta literatura secundaria”.

En foros especializados de todo el mundo hay cientos de mensajes de libreros asustados ante un aumento inusual de los pedidos. Los mensajes en Reddit, de libreros americanos, empezaron en enero. Al principal foro de Alemania las dudas llegaron a finales de abril.

“Ayer recibí un pedido (un libro). Lo envié. Durante la noche, recibí diez pedidos distintos, cada uno de un libro, algunos de los cuales eran consecutivos y estaban relacionados temáticamente”, escribe un librero alemán en un foro especializado.

Las primeras publicaciones versaban sobre si las compras podían ser un timo. Pasadas unas semanas y tras constatar que el dinero llegaba a los vendedores, el debate se ha centrado en quién está comprando miles de volúmenes sin recorrido comercial y por qué lo hace de una manera tan extraña: de manera escalonada y con costes de envío que en ocasiones triplican el precio de un ejemplar. 

“Puede que no nos demos cuenta y estemos perdiendo una parte muy importante del patrimonio bibliográfico para siempre”, alerta Ortega, que define como “perversa” la situación a la que se enfrentan. “Te entran escalofríos si te hacen un gran pedido y no sabes qué ocurrirá con los libros”.

Carlos Hernández, propietario de la librería de viejo Mautalos en Madrid, ha vendido a esta empresa unos 200 libros en el último mes y no es tan pesimista. “Mucha parte de nuestro stock son libros que la gente quiere tirar”, explica por teléfono. “Incluso muchos de los que vendo los recoge gente en los contenedores”.

Puede que no nos demos cuenta y estemos perdiendo una parte muy importante del patrimonio bibliográfico para siempre

La compañía no responde a las preguntas

La empresa que está adquiriendo de forma masiva estos libros, Zoom Books, tampoco explica abiertamente cuál es el destino final de estos ejemplares que, en muchos casos, carecen de salida comercial.

Formalmente, Zoom Books se dedica al reciclaje y la compraventa de libros, pero la empresa tenía hasta cinco publicaciones en su web sobre comprar ejemplares de segunda mano para alimentar algoritmos de IA y después destruirlos. Los posts también recordaban que a través de su plataforma se cumplían los requisitos legales para hacerlo.

Ninguna de estas publicaciones está ya disponible en la web de Zoom Books, pero esta redacción ha podido acceder a su contenido tras introducir las direcciones en tres modelos de IA —Gemini, ChatGPT y Claude: todos coinciden a la hora de describir el contenido eliminado. 

“Zoom Books es una librería de segunda mano; compramos excedentes y existencias usadas y las revendemos”, explica la empresa en un comunicado remitido a elDiario.es, en el que niega colaborar directamente con Anthropic.

Este periódico preguntó a la compañía si podía confirmar que sus libros no se destruían o se utilizaban para entrenar modelos de IA. También preguntó por las publicaciones eliminadas de la web en las que defendían estas prácticas. 

“No hacemos comentarios sobre nuestros clientes ni sobre nuestros acuerdos comerciales, que están sujetos a acuerdos de confidencialidad”, se ha limitado a responder la compañía. 

Durante años, la industria de defensa fue poco menos que un tabú en Catalunya. Sin grandes fabricantes militares en el territorio, sin ninguna apuesta estratégica del Govern y con una opinión pública históricamente contraria al negocio, el sector apenas tenía presencia en la conversación pública. Esa realidad forma ya parte del pasado.

El nuevo ciclo inversor europeo en seguridad y defensa impulsado por la guerra en Ucrania y la llegada de Trump a la Casa Blanca ha cambiado profundamente el tablero. Ahora Gobierno, Generalitat, patronal y grandes compañías quieren situar a Catalunya en el mapa europeo de las tecnologías de doble uso, es decir, aquellas aplicaciones civiles que también pueden tener salida en el ámbito militar.

La ofensiva se está produciendo en varios frentes y con un objetivo común: aprovechar la potente base industrial y tecnológica catalana para captar parte de los miles de millones que Europa y el Estado prevén movilizar en los próximos años.

El pastel no es pequeño. El Gobierno ha desplegado un plan en el que prevé destinar unos 10.000 millones al sector (el 2% del PIB) y, según la patronal Foment, las compañías catalanas quieren arañar hasta el 20% de esos fondos. La Unión Europea (UE), a su vez, prevé aportar durante el próximo lustro 800.000 millones de euros entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos.

“Hay que aprovechar la ola inversora y los recursos que habrá durante este ciclo, que no será corto”, apunta en conversación telefónica Roger Torrent, expresidente del Parlament, ex conseller de Empresa con ERC y una de las nuevas voces destacadas de la apuesta catalana por el sector de la defensa.

Torrent ha fundado recientemente una consultora para asesorar a empresas que quieran entrar en el negocio y, a su vez, ha ejercido de responsable técnico de un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona que reivindica el potencial de la industria catalana en este sector.

La apuesta la resumió el pasado 4 de mayo José Vicente de los Mozos, el actual consejero delegado de Indra (participada en un 28% por el Estado). “Hay que cambiar la mentalidad del mundo del automóvil al mundo de la defensa”, afirmó en un acto en Sant Cugat del Vallès ante la presencia del conseller de empresa catalán, Miquel Sàmper. 

Sàmper fue más allá. Citó los expedientes de regulación de empleo en grandes centros de trabajo como Nestlé, Ficosa o Nissan y dibujó a la industria de defensa como una de las mejores opciones para “generar una transformación del mercado laboral actual” en Catalunya. 

Las escenas que muestran el cambio se suceden. Esta semana, Indra reunió en los Tinglados del Puerto de la capital catalana a más de 200 empresas del ecosistema catalán de defensa, seguridad y espacio para presentar su plan de expansión en Catalunya.

El grupo, presidido por Ángel Simón, anunció que prevé crear 1.500 empleos y elevar su facturación en el territorio hasta los 550 millones de euros en 2027. Actualmente, emplea a 3.500 personas en Catalunya y factura 366 millones de euros.

“Europa necesita una capacidad industrial sólida para garantizar la soberanía del continente, e Indra quiere ser líder”, aseguró Simón durante el acto. La empresa también avanzó nuevos centros de actividad en Catalunya y defendió el papel del territorio como futuro hub industrial vinculado a la defensa, la ciberseguridad y el espacio.

Apuesta estratégica de la Generalitat

El Govern es otro de los actores que rema a favor de esta apuesta y lleva meses preparando el terreno. A través de Acció, la agencia pública de promoción económica, la Generalitat ha empezado a formar a empresas catalanas interesadas en acceder a este mercado. 

El foco está puesto en sectores industriales ya consolidados —automoción, espacio, metalurgia, telecomunicaciones o software— que puedan desarrollar tecnologías de “uso dual”.

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó públicamente esta estrategia en el acto de Indra. “Hay que explicar a la sociedad la importancia de la seguridad colectiva”, afirmó. Illa defendió, además, que la seguridad es “necesaria” para que exista el estado del bienestar y reivindicó el refuerzo de la “autonomía” de Europa “ante un mundo cada vez más polarizado”.

Según el mencionado informe de la Cámara de Comercio, las empresas catalanas con potencial en este ámbito ya generan unos 1.600 millones de euros anuales, pero podrían incrementar esa cifra en 1.000 millones y crear 10.000 empleos durante los próximos cinco años. El estudio identifica hasta 800 compañías con capacidad para integrarse en la llamada “cadena de valor de la defensa europea”.

Otro informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) elaborado por PwC, apunta que la contribución económica de las empresas vinculadas a defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aumentó en 2024 un 13% y el empleo un 20% respecto al año anterior.

La industria del automóvil, en el punto de mira

Tal y como recomendó el consejero delegado de Indra, el automóvil aparece como uno de los sectores llamados a jugar un papel clave en esta reconversión.

Indra ya se ha aliado con Ficosa para desarrollar sistemas de visión y vigilancia para vehículos militares, mientras Seat ha iniciado conversaciones sobre la posible fabricación de vehículos militares ligeros en la planta de Martorell (Barcelona). 

“Es evidente que el know-how del sector de la automoción es muy interesante desde el punto de vista de la defensa”, abunda Torrent. “La combinación entre una industria competitiva y madura y esta capacidad tecnológica hacen de Catalunya un lugar donde puede haber mucho crecimiento”.

La patronal también se ha sumado abiertamente a la operación. Foment del Treball anunció en noviembre la creación de un nodo catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad con el objetivo de integrar a las pymes catalanas en los programas europeos de defensa. 

Foment, de hecho, trabaja ya junto al gigante español de la defensa Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics para asesorar a pequeñas y medianas empresas catalanas interesadas en convertirse en proveedoras del sector. Según explicó la compañía, más de un centenar de empresas catalanas forman actualmente parte de su cadena de suministro.

“Catalunya puede aportar pymes, industria, investigación y talento a las cadenas europeas de seguridad, con retorno en innovación, empleo cualificado y soberanía tecnológica”, afirman desde esta entidad.

Detrás de este movimiento hay también una carrera por no quedar rezagados frente a otras comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y País Vasco concentran actualmente el grueso de la industria española de defensa, y Catalunya aspira a hacerse un hueco como polo tecnológico especializado en usos duales.

Un sector polémico y poco rentable a nivel laboral

El debate político y social sobre esta reconversión está servido en Catalunya, donde la sociedad sigue dividida ante el aumento del gasto militar. Según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 2025, un 26% de los catalanes considera que los países de la UE deben aumentar el gasto en defensa, un 36% cree que debería mantenerse y un 34% apuesta por reducirlo. 

La estrategia catalana evita, al menos por ahora, entrar de pleno en la fabricación de armamento pesado o munición a gran escala. La apuesta pasa más bien por áreas menos polémicas y con aplicaciones civiles claras: satélites, drones, ciberseguridad, comunicaciones, inteligencia artificial, sensores…

Según la investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Tica Font, el aumento en el gasto en defensa irá acompañado de recortes en otras partidas que jugarán en detrimento del Estado del Bienestar.

“Si haces ajustes presupuestarios debes sacar dinero de otros ministerios”, explica, y recuerda que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, propuso disminuir el gasto en pensiones, sanidad y prestaciones sociales para lograr aumentar el gasto en defensa.

Font recuerda, además, que los puestos de trabajo que puede generar el sector por cada euro invertido son muchos menos que cuando se invierte en otros ámbitos. Recuerda que, según la Universidad de Brown (EEUU) y Greenpeace, un millón de euros en el sector de la defensa genera 6,9 puestos de trabajo, mientras que en la Sanidad supondría 19,2 empleos o 14,3 si se invirtiera en educación. 

La investigadora en comercio de armas destaca también la fuerte dependencia que tiene este sector de la administración pública. “Es una industria deficitaria del Estado”, señala por teléfono. “Solo produce e investiga bajo contrato con la administración, esto no ocurre con ninguna industria civil”, remacha.

La Unión Europea (UE) y España se han consolidado como algunos de los principales exportadores mundiales de software espía y tecnologías de vigilancia, herramientas que gobiernos de todo el mundo utilizan para perseguir a activistas, periodistas, académicos e incluso trabajadores humanitarios.

Esta es una de las principales conclusiones de un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW), que alerta de la falta de controles efectivos en la UE para impedir que tecnología desarrollada y fabricada en territorio comunitario termine en manos de regímenes acusados de graves violaciones de derechos humanos. 

Según el documento, los Estados miembros de la UE, donde tienen su sede la gran mayoría de las empresas líderes del sector, están haciendo “demasiado poco” para evitar que estas herramientas terminen en manos de gobiernos con historiales probados de represión.

La investigación de HRW señala a España junto a Francia, Alemania, Grecia e Italia como los “mayores exportadores” de productos de cibervigilancia, en línea con lo que publicó este periódico el pasado diciembre, en un reportaje que relataba cómo Barcelona se ha convertido en un hub de empresas de ciberespías, principalmente de capital israelí, durante el último lustro.

Este sector, cada vez más boyante, medra en España y en otros países gracias a una opacidad y falta de transparencia en la que también intervienen los Gobiernos de los Estados miembro e incluso la propia Comisión Europea, denuncia el documento. 

HRW registró solicitudes de acceso a la información pública en todos los Estados Miembros para saber qué tipo de tecnología se vende desde empresas radicadas en España y el resto de países comunitarios, pero se dio de bruces contra un muro de opacidad a pesar de que hace apenas un lustro la UE defendió que esa información debía ser pública. 

España lidera en exportaciones de este material, pero también en falta de transparencia. La mayoría de los Estados, incluyendo el Gobierno español, rechazó dar información sobre estas transacciones alegando que los datos solicitados constituían secretos comerciales y contenían información sensible. De esta manera, no ha sido posible conocer qué empresas operan ni qué tecnologías están vendiendo.

Lo más sorprendente, asegura HRW, fue constatar cómo la Comisión Europea proporcionó a algunos Estados miembros el lenguaje específico que debían utilizar para redactar sus negativas a las solicitudes de transparencia, participando directamente en el secretismo que denuncia el informe. 

El documento señala que estas justificaciones de confidencialidad comercial son “injustificadas” bajo el lenguaje original de la ley europea, ya que los informes requeridos no exigen revelar nombres de empresas ni detalles técnicos específicos, sino solo datos estadísticos agregados.

Una ley europea “vaciada” por la propia Comisión

En 2021, la UE aprobó una reforma ambiciosa, conocida como el “Reglamento de Doble Uso”, diseñada para controlar la exportación de tecnologías que pueden tener fines tanto civiles como militares. La norma obligaba a los Estados a considerar el historial de derechos humanos de los países compradores antes de aprobar una exportación.

El informe, sin embargo, denuncia que unas directrices publicadas por la Comisión Europea en enero de 2024 “vaciaron” de contenido el reglamento porque permitieron a los Estados miembro reportar de forma separada el tipo de tecnología y el destino de las ventas. 

El resultado, denuncia HRW, es que no hay manera de evaluar el riesgo de las exportaciones, porque no se puede saber qué herramienta fue a cada país. La Comisión justifica este secretismo por la necesidad de proteger la “confidencialidad comercial” de las empresas, un argumento que HRW considera injustificado y que no está alineado con el texto original de la ley.

A pesar de las dificultades para obtener datos fiables, HRW ha podido determinar que la tecnología de ciberespionaje europea sigue siendo exportada hacia países con prácticas controvertidas. Bulgaria, por ejemplo, exportó software espía a Azerbaiyán en 2022, a pesar del historial de ese país en el control de la disidencia política. 

Polonia, por su parte, autorizó en 2023 la venta de sistemas de interceptación de telecomunicaciones a Ruanda, a pesar de que el Ejecutivo de ese país africano utiliza esa tecnología para reprimir a la oposición tanto dentro de Ruanda como entre la diáspora, sostiene el informe. 

En Suecia, la empresa MSAB exporta herramientas capaces de extraer datos de teléfonos móviles. Estos productos se venden a países como la India —donde se ha documentado el uso de software espía contra activistas— pero las autoridades suecas argumentan que no siempre entran en la categoría de “ciber-vigilancia” por no estar diseñados específicamente para la vigilancia “encubierta”. Este “vacío legal” permite que tecnología muy intrusiva pase bajo el radar de las regulaciones, señala HRW.

Impacto en la libertad de prensa

El informe, liderado por el investigador Zach Campbell, alerta también del riesgo para los periodistas y defensores de los derechos humanos ante la proliferación de este tipo de herramientas.

HRW considera incluso que estos programas son una amenaza directa a la “seguridad física” de activistas, periodistas y opositores y pone en riesgo su capacidad para proteger sus fuentes de información. El informe subraya que la vigilancia es, por definición, una interferencia en el derecho a la privacidad según el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que su uso solo debe ser legal bajo estrictas condiciones y supervisión judicial.

Como recomendaciones, HRW sugiere que las empresas que exportan estos productos deberían estar obligadas por ley a evaluar el riesgo de que sus productos contribuyan a la violación de derechos humanos antes de venderlos. 

La entidad también exige que los informes públicos incluyan el nombre del exportador, la descripción del usuario final y el destino de cada licencia. Reclama, a su vez, que los Estados prohíban automáticamente ventas a países con historiales de abusos documentados por la ONU u otras instituciones europeas.