Inspección de Trabajo ha abierto un expediente al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya tras descubrir que, durante los dos últimos años, ha tenido a más de 200 becarios realizando tareas estructurales dentro de la conselleria sin los correspondientes derechos laborales. 

Estudiantes en prácticas que apenas cobraban 1.250 euros al mes —menos que el salario mínimo al no tener pagas dobles— realizaron con un horario de 8 h a 15 h tareas que correspondían a funcionarios y personal laboral del Departament, según concluye la documentación obtenida por elDiario.es.

Lo hicieron sin cotizar como trabajadores a la seguridad social, sin vacaciones y sin derechos básicos como el de huelga. Si faltaban algún día sin tener una baja médica, debían recuperar las horas.

Los 200 falsos becarios detectados corresponden solo a dos convocatorias de prácticas, la de 2024/2025 y 2025/2026, pero fuentes del Departament aseguran que la asignación de estas tareas a jóvenes en prácticas es “habitual” y lleva años instaurada tanto en la conselleria como en otros organismos adscritos. Estas prácticas las gestiona la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament desde 2012.

Inspección de Trabajo reclama a la Generalitat 2,16 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social que no pagó por estos becarios entre octubre de 2024 y julio de 2026.

La Tesorería General de la Seguridad Social, por su parte, acordó de oficio la baja de estos becarios y su alta como trabajadores.

El cálculo corresponde al dinero correspondiente a la cotización con el sueldo de un técnico superior de la propia administración y Trabajo le suma un recargo del 20% por no haberlo pagado a tiempo.

El propio Govern estima, en un documento interno, que reconocer a estos 207 becarios como trabajadores le costaría más de 9,7 millones de euros, lo que supondría un 25% del presupuesto para personal que tiene el Departament de Cultura. 

Ante esta tesitura, el pasado 29 de octubre la Generalitat decidió acabar con este programa de prácticas tras recibir el acta de Inspección de Trabajo.

Consultados por elDiario.es, desde el Departament de Cultura discrepan de las conclusiones de la Inspección, ante la que han presentado alegaciones. La conselleria también ha recurrido la resolución de la Tesorería que dio de alta a los becarios como trabajadores.

El Govern sostiene que las becas tienen una “naturaleza esencialmente formativa” y se apoya en una sentencia de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sobre unas prácticas similares. Asegura que defenderá su actuación por la vía administrativa y, si es necesario, judicial.

Tareas mecánicas o que excedían a su responsabilidad

Según una extensa acta de Inspección de Trabajo, obtenida por esta redacción, las tareas que se les asignaban a estos becarios iban desde encargos administrativos y mecánicos para los que estaban sobrecualificados o, en el otro extremo, trabajos que iban mucho más allá de lo que debería asumir un joven en prácticas y que eran “propios de su puesto de incorporación”.

Las bases de la convocatoria de las prácticas, que duraban 10 meses, exigían llevar menos de cinco años graduado y todos los becarios disponían de estudios vinculados a los organismos a los que iban destinados. Algunos incluso contaban con hasta dos másteres en la materia. Según Inspección de Trabajo, su formación era idéntica a la exigida a muchos de los empleados del Departament.

Trabajo también reprocha que los criterios de selección premiaban el mejor expediente académico, la formación específica, los conocimientos informáticos y los idiomas, pero no incluían ninguno relacionado con la dificultad para encontrar empleo.

“Se trata, en definitiva, de personas con una formación sólida para la realización de las tareas propias del Departamento”, concluye sobre la convocatoria. La conselleria tampoco tenía firmado ningún convenio con el Servicio Público de Empleo, como prevé la normativa estatal de prácticas no laborales.

Algunos becarios constataron que, a pesar de su formación, su tarea consistía en retirar grapas de documentos oficiales, escanear papeles o hacer paquetes con 100 adhesivos cada uno. Dos de ellos tuvieron que numerar casi 9.000 expedientes repartidos en 267 cajas, siempre según el documento de Inspección de Trabajo.

Otros, en cambio, se vieron realizando formaciones a personal administrativo que llegaba al Departament, redactando el discurso que un jefe de gabinete debía hacer en una reunión interdepartamental o tramitando expedientes de bienes protegidos.

La mayoría trabajaba en archivos, museos, el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, el Servei d’Inventari del Patrimoni Cultural, el Departament de Política Lingüística o los servicios de comunicación.

Una relación laboral “sin formación”

“Te venden las becas como una cuestión formativa”, apunta una de las falsas becarias que denunció la situación, que pide anonimato para comentar el caso. “Pero al final lo que hacíamos era salvarle el culo al Departament”.

Trabajo apunta en la misma dirección, señala que la naturaleza de la relación era “laboral” y no “formativa” y considera que la Generalitat obtuvo un “beneficio directo” de estos becarios porque, en caso de no haberlos tenido, sus tareas las debería haber realizado “algún otro trabajador público”. 

Según la documentación, no había prácticamente ningún componente formativo en el desempeño de estas tareas por parte de los becarios y la parte teórica fue testimonial o inexistente, según declararon algunos de los entrevistados en el expediente.

Los trabajadores en prácticas disponían de ordenador, correo corporativo y acceso a los programas internos, y permanecían en el mismo puesto durante toda la beca, sin rotación. La asignación de tutores era en ocasiones un mero formalismo o directamente no existía, según declararon algunos becarios. El Govern niega este aspecto y dice que todos tenían uno asignado.

Los documentos mensuales de seguimiento de estas presuntas prácticas, que elaboraban los responsables de los servicios eran todos “prácticamente idénticos” y en ocasiones ni siquiera describían las tareas realizadas.

“Lo que ha ocurrido va más allá de una simple explotación de becarios”, apuntan desde el sindicato IAC-CATAC, que representa a una parte de los trabajadores de la Administración pública en Catalunya. “Ocurre porque existe una falta crónica de personal y una sobrecarga de trabajo”.

El Govern rechazó regularizar su situación

La denuncia a Inspección Laboral fue la culminación de una reivindicación por parte de los becarios y el mencionado sindicato. La reclamación se inició con una carta que firmaron más del 60% de los becarios e incluía una propuesta formal de negociación con la conselleria.

“En ningún momento pedíamos dinero, lo que reclamábamos era convertir las becas en contratos formativos que nos permitieran disponer de prestación de desempleo, vacaciones y acreditar méritos de cara a trabajar en la Administración”, apuntan los becarios.

La respuesta de la dirección de servicios de la conselleria en la reunión fue que todo estaba en regla y que ellos no eran empleados, según fuentes presentes en el encuentro. Fue entonces, tras el revés de la conselleria a negociar, cuando decidieron denunciar los hechos ante Inspección Laboral.

Si tienes más información sobre este caso o similares, puedes escribirnos a nuestro correo confidencial: pistas@eldiario.es

Tras 17 años trabajando como médico especialista en emergencias, hubo un día en que Lowan Stewart (Colorado, EEUU, 1975) lo vio claro: su profesión salvaba muchas vidas, pero no las mejoraba. En ocasiones asistía a un paciente con problemas de salud mental. Tras darle el alta, volvía a atender al mismo tipo al cabo de unos meses.

“La medicina en EEUU se basa mucho en la cantidad de vidas, no en la calidad”, explica. “Me sentía como alguien que achica agua de un barco que se hunde, en lugar de buscar por donde estaba entrando ese agua”.

Decidió entonces hacer un máster en salud pública. Pensaba acabar en alguna organización humanitaria tipo Médicos Sin Fronteras, pero durante su formación se dio cuenta de que la depresión era con diferencia la mayor pandemia mundial: hay más suicidios —727.000 al año, según la OMS— que la suma de muertes en guerras y desastres naturales.

“Llevábamos décadas sin hacer nada nuevo, abordando un problema grave de la misma manera”, rememoraba el pasado viernes en Barcelona, adonde acudió para dar una conferencia en el primer Congreso Internacional de Psicoterapia Asistida con ketamina. “Esto es lo que me hizo entrar en los psicodélicos”.

De entre todos los psicodélicos inmersos en ensayos clínicos, la ketamina destacaba por varios factores. En primer lugar, porque Stewart conocía la sustancia al haberla utilizado como anestésico siendo médico de emergencias.

Hace ya tiempo que la ketamina dejó de ser una terapia prometedora y hay páginas y páginas de evidencia clínica sobre sus efectos contra la depresión. “Funciona en muchos pacientes, es segura, es barata y es lo mejor que tenemos ahora mismo”, señala. “No hay una sola razón para no utilizarla”.

El desembarco en Noruega

Tras fundar una clínica privada en Santa Fe (EEUU) y tratar con ketamina a más de 5.000 pacientes diagnosticados con depresión, se mudó por amor a Noruega. Al ver que el país contaba con un robusto sistema de salud pública, se reunió con las autoridades sanitarias y les contó que en su clínica estaba mejorando miles de vidas con esta terapia. 

“Les dije que había datos, que tenía los protocolos, que su uso en un país como Noruega, con cientos de suicidios al año, era una gran oportunidad”, rememora. “Me miraron en plan ¿Quién cojones eres? Me trataron de loco”.

Abrió entonces otra clínica privada en Noruega en 2018, parecida a la que había puesto en marcha en Estados Unidos. El negocio generó duras críticas de la asociación de psiquiatras del país escandinavo. 

“Les respondí con un documento con más de 100 referencias de ensayos clínicos, incluidos 15 metaanálisis [estudios que juntan los resultados de varios ensayos clínicos ya publicados]”, explica Stewart. “Tuvieron que admitir que había suficiente evidencia clínica y que era una práctica defendible”.

Estos pacientes son personas que ya lo han probado todo contra la depresión, y tienen tasas de mejora muy relevantes

Las terapias con ketamina han revolucionado la psiquiatría durante el último lustro. Se han publicado en los últimos años decenas de estudios, muchos de ellos en revistas de gran prestigio, que demuestran sus efectos positivos en casos de depresión severa.

La cautela de algunos profesionales sanitarios respecto a este tratamiento se mezcla con cierta euforia por haber encontrado una nueva vía para tratar estos casos, en lo que supone la primera innovación médica relevante contra la depresión en prácticamente 50 años.

Estigma y evidencia

El uso de la ketamina como droga recreativa, sin embargo, ha jugado en su contra. “Había mucho estigma, algunos psiquiatras la veían como una sustancia que toman los jóvenes en las raves o como un anestésico para caballos”, sostiene Stewart. “Ni siquiera sabían que llevamos décadas utilizándola en humanos”.

Logró empezar en 2020 una prueba piloto en una unidad de un hospital público para tratar la depresión severa con ketamina, acompañando a los pacientes con terapia psicológica después de tomar la sustancia. La lista de espera era de seis meses. 

En 2022 solicitó una evaluación para determinar si el tratamiento podía financiarse públicamente. “Encontramos una manera de involucrar a todos los hospitales del país planteando un ensayo a nivel nacional, jugando con las dosis y los tratamientos posteriores de mantenimiento”, recuerda. “Implementamos de facto los tratamientos con ketamina en toda Noruega con la excusa de un estudio clínico”.

La Agencia Noruega del Medicamento publicó su informe evaluando el ensayo en junio de 2025. Concluyó que la ketamina se tolera bien y ofrece mejores tasas de respuesta y remisión que el placebo y la terapia electroconvulsiva, con un coste sustancialmente menor. De los más de 500 pacientes tratados, más de la mitad experimentaron mejoras.

“Tienes que pensar que estos pacientes son personas que ya lo han probado todo contra la depresión”, recuerda este médico. “Son unas tasas de mejora muy relevantes”.

Dos meses después, el órgano que decide si un tratamiento nuevo se incorpora o no a los hospitales públicos noruegos respaldó con efecto inmediato el informe de la Agencia del Medicamento. Noruega se convirtió en agosto de 2025 en el primer país en financiar públicamente y a escala nacional la ketamina racémica intravenosa para la depresión resistente. La medida se reevaluará antes de finales de 2028, con atención a la seguridad a largo plazo y a la duración de su efecto.

La evidencia está ahí, creo que es cuestión de tiempo que acabe en otros sistemas públicos de salud

Uno de los aspectos positivos de la implementación en el sistema nacional de salud, opina Stewart, son los datos que se están recogiendo en todos los hospitales públicos respecto a la efectividad de este tratamiento. “No es que vayan a descubrirnos nada que no sepamos ya, pero será útil para llevar el tratamiento en otros sistemas públicos de salud”, apunta.

Stewart recuerda que sociedades de psiquiatría de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia-Nueva Zelanda han publicado posiciones o guías que avalan el uso de la ketamina contra la depresión en determinadas condiciones.

Su objetivo es que este tratamiento, disponible a día de hoy en clínicas privadas de todo Europa, pero solo accesible para personas con recursos, pueda llegar al gran público. “No necesitamos reinventar la rueda”, remacha. “La evidencia está ahí, creo que es cuestión de tiempo que acabe en otros sistemas públicos de salud”.

Dos empresas lideradas por exmiembros del ejército israelí figuran entre los principales patrocinadores del Congreso de Ciberseguridad de Barcelona. El evento está organizado por el Govern catalán y la Fira, un consorcio participado por el Ayuntamiento de la capital catalana, la propia Generalitat y la Cámara de Comercio.

El congreso, cuya séptima edición se celebrará del 3 al 5 de noviembre en Barcelona, se publicita como “el principal evento de ciberseguridad del Sur de Europa” y contará con una decena de empresas israelíes que participarán como patrocinadores o expositores. Algunas de estas compañías tienen vínculos con la industria militar de Tel Aviv o han mostrado apoyo a las acciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu en Palestina

Uno de los principales financiadores de la convención es la empresa CheckMarx, fundada por Mat Siman, un exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, en sus siglas en inglés) y antiguo asesor en seguridad del primer ministro israelí Ariel Sharon entre 2004 y 2006.

También figura como sponsor del congreso PaloAlto Networks, una compañía norteamericana fundada y dirigida por el israelí Nir Zuk, exalumno de la unidad de inteligencia 8200 del ejército israelí. A pesar de estar radicada en California, la compañía mantiene un gran centro de investigación y desarrollo en Tel Aviv. 

La tercera compañía israelí que figura entre los financiadores del evento es SentinelOne. La compañía decidió, en octubre de 2023, suspender su patrocinio a un congreso del sector en EEUU después de que un miembro vinculado a la organización criticara las operaciones israelís en Gaza y las calificara de genocidio.

Si bien ninguna de estas tres compañías tiene documentada una participación directa en el genocidio palestino, gobiernos extranjeros como el de China, por ejemplo, prohíben a sus empresas utilizar programas de SentinelOne ante el riesgo de que esta compañía transmita datos a “agencias extranjeras”. 

Esta empresa israelí, de hecho, cuenta con un equipo de inteligencia global que publica análisis técnicos y detallados sobre tácticas militares y cibernéticas de naciones rivales. 

Buena parte de la decena de empresas israelíes que participarán en el evento están incluidas en listados de activistas propalestinos que promueven el boicot a compañías israelíes o con vínculos con la industria de la defensa de ese país.

Algunas de ellas, como Cynet, ofrecieron gratuitamente sus plataformas de ciberseguridad durante tres meses a empresas e instituciones de Israel para proteger sus infraestructuras críticas tras los atentados del 7 de octubre de 2023.

También Vega Security, que contará con un stand en la feria, está fundada por dos antiguos veteranos de la unidad 8200. RDT Systems, por su parte, incluye la defensa entre los sectores a los que da servicio y también participará en el evento.

El Govern y la Fira: “Son empresas con sede en EEUU”

La presencia de compañías israelíes en congresos celebrados en Barcelona ya ha levantado polémicas en el pasado, hasta el punto de que el Ayuntamiento aprobó en mayo de 2025 una declaración institucional en la que rompía relaciones con Israel (tumbada recientemente por el TSJ catalán).

En septiembre de ese año el consistorio insistió en su compromiso de no permitir que Israel o cualquier empresa “que se beneficiara del genocidio” en Gaza tuviera presencia en congresos en la Fira o en eventos con financiación municipal.

En esta ocasión, sin embargo, no son simples empresas israelíes que participan en un congreso en Barcelona, sino compañías lideradas por exmilitares del IDF que financian un evento organizado por la Agencia de Ciberseguretat de Catalunya —dependiente del Govern—, y la Fira, participada tanto por la Generalitat como por el Ayuntamiento barcelonés. 

Preguntados por esta redacción, desde el Govern señalan que los acuerdos de patrocinio han sido gestionados directamente por la Fira de Barcelona.

Ambas instituciones, en un comunicado casi idéntico, explican que los tres sponsors mencionados en este artículo “son empresas internacionales” con “sede en los EEUU” que “cumplen con la legalidad vigente”.

Añaden que ninguna de estas empresas figura en la base de datos de la ONU sobre compañías implicadas en “determinadas actividades” relacionadas con “los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado” e insisten en que el congreso está centrado en el ámbito empresarial y no en la actividad militar.

“La Fira no puede entrar a valorar el posicionamiento político de los miembros de las empresas participantes”, añaden desde este consorcio.

Desde el Ayuntamiento no han querido hacer ninguna declaración sobre este caso concreto y se han limitado a recordar las acciones que ha emprendido el consistorio respecto a sus relaciones con Israel.

Barcelona, hub de empresas de ciberespionaje israelí

Israel es una potencia mundial en ciberseguridad por una combinación de factores. Por un lado, unidades de inteligencia del ejército como la mencionada 8200 forman cada año a miles de jóvenes en técnicas de hackeo y defensa, y muchos de ellos acaban fundando startups.

A esto se suma el apoyo estatal, la estrecha relación entre universidades, Defensa e industria, y un contexto de amenaza permanente que convierte la seguridad digital en una prioridad nacional.

La otra cara de este liderazgo israelí en la ciberseguridad, sin embargo, es la industria del ciberespionaje. La línea que separa los dos sectores es a veces muy difusa y ambas caras de esta moneda han encontrado en Barcelona uno de sus principales centros de operaciones.

La capital catalana se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales destinos de las empresas israelíes de ciberseguridad ofensiva, un sector opaco que desarrolla y vende herramientas de espionaje a gobiernos y cuerpos de seguridad. 

Un ejemplo de este ecosistema fue Offensive, un encuentro privado de ciberespías de todo el mundo convocado en Barcelona en enero de 2026 bajo el lema “Sol, marisco y ‘spyware’” que desveló elDiario.es. 

El lugar del evento se mantuvo en secreto hasta el mismo día de su celebración y lo organizó Epsilon, empresa barcelonesa especializada en productos de spyware y liderada por el veterano israelí del ciberespionaje Daniel Shapiro. 

También estaba vinculado a esta cita secreta Radiant Research, con sedes en Tel Aviv y Barcelona, que emplea a exmiembros de la Unidad 8200 del ejército israelí y a antiguos trabajadores de NSO (la empresa que desarrolló Pegasus).

Según el medio israelí Haaretz, al menos tres equipos de hackers de élite de ese país se han instalado en la capital catalana, entre ellos los primeros desarrolladores del software Pegasus que se utilizó para espiar a los lideres independentistas, entre otros. 

Fuentes del sector consultados por elDiario.es atribuyen esta llegada al hecho de que operar desde Europa les permite esquivar las restricciones de exportación del Gobierno israelí, además del atractivo que puede tener el clima y los costes de la ciudad.

El empleo en ciberseguridad en Barcelona creció un 50% entre 2020 y 2025, hasta superar los 10.000 trabajadores en más de 550 empresas, según datos de la Generalitat.

Convertido en el referente absoluto de aquella intersección en la que se encuentran el periodismo narrativo y el de investigación, Patrick Radden Keefe (Boston, EEUU, 1976) confiesa estar abrumado por el éxito de su último libro, El hijo del oligarca (Periscopi en catalán, Seix Barral en castellano), llamado a convertirse en un clásico del mejor reporterismo.

Asegura que la obra, una profunda investigación sobre la muerte en extrañas circunstancias de Zac Brettler, un joven londinense de buena familia que se hacía pasar por hijo de un oligarca ruso, le situó en una encrucijada sobre su papel cómo reportero, su vínculo con la familia del protagonista y las consecuencias de su trabajo. 

“Cuando trabajaba en el libro tuve que ir a terapia por primera vez en mi vida”, explicaba el viernes a un grupo de periodistas en el CCCB de Barcelona. “Ha sido una de las pocas ocasiones en las que he podido sentir la oscuridad de la historia en la que estaba trabajando”.

A Radden Keefe, padre de dos adolescentes, le afectó pasarse casi dos años hablando a diario con una familia que había perdido a un hijo que tenía la misma edad que los suyos. 

“Mis hijos hacían cosas normales de adolescentes, pero cada vez que me peleaba con ellos o había algún problema empezaba a ponerme en lo peor”, rememora. “Tuvo que venir mi mujer a decirme que no era justo para ellos, que no todo tiene por qué ser un desastre”.

El periodista, redactor del New Yorker, confiesa que en toda su carrera nunca se había acercado tanto al objeto de su investigación como en esta historia, en la que ha acabado trabando lo que podría definirse como una amistad con los padres del fallecido. 

“Puede parecer que el libro aborda solo la perspectiva de la familia Brettler”, abunda. “Pero yo creo que realmente es mi perspectiva sobre cómo veían ellos la muerte de su hijo”.

“Cuando digo que quiero ser objetivo en mi trabajo no significa que me deba convertir en una máquina que no tiene sentimientos”, sostiene. “Conocer algunas cosas del caso me conmovió y también traté de capturar esto en el libro”.

La palabra que utiliza Radden Keefe sobre cómo debe abordar estas situaciones y emociones es “permeabilidad”, explica. “Intento ser permeable, pero la pregunta es cómo lo soy sin perder la objetividad”, añade.

Radden Keefe alertó a la familia de que iba a escribir cosas que les incomodarían. “Les alerté de que al leer el libro no se reconocerían como si miraran una foto, sino como si hubiese pintado un cuadro de ellos”, afirma. “En el libro hay cosas que son incómodas para ellos, pero si las dejaba fuera me acababa convirtiendo en un mentiroso como los que aparecen en el texto”.

El hijo del oligarca no es solo la historia de una tragedia familiar. Es también una historia sobre la mentira y sobre un Londres inundado de frivolidad y de dinero extranjero, pero también sobre el abismo que puede separar a unos padres de su hijo adolescente y cómo su amor incondicional está por encima de ese muro. Es, a su vez, una historia que pone al descubierto las costuras de un sistema policial lleno de defectos e incompetentes. 

“Las mentiras del libro creo que definen una era”, apunta el reportero. “No creo que sea casualidad que cuando Zac cumplió 16 años Trump fuera presidente”.

Radden Keefe explica que lo que le interesó de la historia, convertida en un éxito de ventas, era que tenía un gran número de ingredientes que le permitían dibujar la sociedad actual: la manosfera, los teléfonos móviles, la frivolidad y el lujo de las redes sociales que seducen a los jóvenes y la desaparición de la cultura del esfuerzo. 

“Los padres de Zac tenían claro que si estudiaban y trabajaban duro podrían comprarse una casa, vivir en su ciudad y, si la salud se lo permitía, tener una buena jubilación”, explica. “Todo esto ha desaparecido para los chavales de hoy: pueden esforzarse y acabar viviendo con sus padres o compartiendo una habitación”.

Todas estas capas, además, tenían como telón de fondo la transformación que ha vivido la capital británica durante las dos últimas décadas. “El cambio de Londres es un tema que hacía tiempo que me interesaba”, admite. “Y la historia de Zac me permitía abordarla”.

Sobre el fracaso policial que recorre el libro, Radden Keefe cree que todo habría sido muy diferente si los padres de Zac hubieran decidido acudir a los medios tras su muerte. “Todo habría sido distinto”, opina. “La prensa británica ama estas historias de gente blanca que tiene problemas, sobre todo si hablamos de un chaval que iba a un buen colegio privado”.

El reportero considera que la presión de los medios habría derivado en presión política y eso hubiera acabado empujado a la policía a investigar más y mejor, básicamente porque sus padres eran gente acomodada y bien conectada. “Si esto le hubiera ocurrido a una familia de inmigrantes africanos o de ingleses sin recursos, lamentablemente nadie se habría interesado”.

El éxito de su último libro ha sorprendido a Radden Keefe, que lleva ya casi medio año promocionándolo por todo el mundo. Ha decidido, sin embargo, no seguir investigando el caso a pesar de que le sigue llegando información. “La estoy pasando a otros periodistas del Reino Unido, no creo que la historia me pertenezca”, apunta.

El periodista sigue preocupado, no obstante, por cómo está viviendo la familia de Zac que su historia se haya convertido en un Best seller. “La gente se les acerca como si los conociera o de golpe van en el metro y ven a alguien leyendo el libro sobre la muerte de su hijo”, explica. “No es fácil para ellos”.

Radden Keefe ha desvelado que el libro está ahora mismo en proceso de convertirse en una serie. Una posibilidad ante la que, debido al interés de las productoras, preguntó a los padres de Zac si realmente estaban dispuestos a que su historia llegara todavía a más gente.

“Les dije que yo no lo necesitaba, que el camino podía acabar con el libro”, señala. “Pero tras pensarlo finalmente han dicho que sí, básicamente para así poder tener cierto control sobre la serie y que no acabe en manos de otra persona”.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ha impuesto a TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, seis sanciones que suman 153.000 euros por la exposición de datos personales de trabajadores en su intranet, según una resolución obtenida por elDiario.es. 

La multa se suma a los 60.000 de sanción que la Oficina Antifraude de Catalunya impuso recientemente al director del área jurídica de TMB por la misma brecha de seguridad, destapada por esta redacción en febrero de 2025.

La APDCAT considera “inesperable” el “descontrol” de los datos personales en una empresa pública de la envergadura de TMB, que cuenta con unos 9.000 empleados y gestiona a diario “un volumen ingente” de datos derivado de los dos millones de viajeros que utilizan el transporte público en Barcelona cada jornada.

El organismo concluye en su resolución que TMB ha tenido una “actuación persistente muy negligente” y que su sistema de seguridad “no es sólido”. Tanto el comité de empresa del metro como el del bus han pedido la dimisión del responsable jurídico de TMB por estos hechos.

Protección de Datos, que ha impuesto cinco sanciones graves y una muy grave, ha aplicado como agravante que la empresa ya había sido sancionada en nueve procedimientos anteriores, el primero en 2011, y considera que TMB incumplió varios artículos del Esquema Nacional de Seguridad. La multa ha quedado finalmente en 91.800 euros porque TMB admitió los hechos y avanzó el importe de la sanción antes de la resolución.

Una fuente oficial de TMB consultada por este periódico explica que la empresa reforzó su política de protección de datos tras la brecha de enero de 2025 y que ya aplica las medidas que exige la APDCAT. Atribuyen la exposición a un proveedor externo y señalan que la sanción está en una “horquilla baja” porque podía haber sido de hasta 15 millones.

Un buscador que permitía conocer datos sensibles

Protección de Datos considera probado que, escribiendo algunas palabras clave en el buscador de la intranet de TMB, cualquier empleado podía obtener información de sus compañeros, que en algunos casos podía ser muy sensible.

Según la resolución, al teclear “adaptación” en la intranet, cualquiera podía consultar solicitudes de adaptación de jornada de otros empleados, contratos, libros de familia, certificados de empadronamiento, sentencias sobre el régimen de guarda y custodia de sus hijos, convenios de separación, certificados de escolarización de menores…. 

Con la palabra “baja” se accedía a partes de incapacidad temporal en los que constaba el diagnóstico que tenían los trabajadores que estaban de baja.

Otro empleado, siempre según la resolución, pudo entrar libremente en carpetas de Recursos Humanos. Allí había diligencias policiales sobre unos hechos en los que estuvo implicado un conductor de autobús, así como una tabla con el nombre y el número completo del DNI de 971 trabajadores. 

También había archivos sobre absentismo, vacaciones, reclamaciones salariales e informes médicos sobre el grado de dependencia, además de notificaciones de multas a conductores de bus, en su mayoría de los Mossos d’Esquadra.

Los datos expuestos también alcanzaron al Órgano de Cumplimiento, configurado como “grupo público” en la intranet. La documentación accesible de ese departamento incluía documentación del canal ético, denuncias por acoso laboral, resoluciones judiciales, expedientes de la Oficina Antifrau de Catalunya y de la Fiscalía así como grabaciones con el testimonio de trabajadores en un procedimiento por acoso. 

En uno de los expedientes incluso figuraban diagnósticos médicos de una denunciante de acoso laboral, así como un informe psiquiátrico, el plan de medicación y grabaciones de conversaciones telefónicas con médicos, psicólogos y psiquiatras, según Protección de Datos.

El origen de la brecha

El origen de la brecha está en un sistema de creación automática de equipos de Microsoft Teams que un proveedor externo configuró por encargo de TMB y que generaba por defecto los grupos de trabajo como públicos.

La APDCAT recuerda, sin embargo, que el contrato encargaba a una unidad de la propia empresa supervisar su ejecución y señala que TMB no ha aportado ninguna documentación que acredite que se supervisó la configuración de privacidad. La compañía admitió en el procedimiento que no dio “órdenes técnicas puntuales” al respecto.

Los informes forenses aportados por TMB acreditan que seis personas accedieron sin autorización y descargaron archivos. Una de ellas se bajó 1.798 ficheros entre el 22 y el 23 de enero de 2025, y otra, 68. La brecha afectó a 68 personas: 52 trabajadores, ocho extrabajadores y ocho empleados de empresas subcontratadas.

Meses después de notificar esa brecha, en octubre de 2025, varios trabajadores detectaron que todavía podía consultarse y descargarse un escrito que TMB había dirigido a la policía judicial adscrita a la Fiscalía en una investigación por presunto acoso laboral, con los nombres de las personas investigadas.

Tres empleados lo habían descargado entre mayo y octubre “sin que la empresa se enterara”, apunta la resolución. En ese momento, la Oficina Antifrau ya había reconocido a una de las personas afectadas por estas descargas la condición de informante protegida.

La resolución califica de “contradictorio y sorprendente” que TMB negara en sus alegaciones las brechas de seguridad que ella misma había admitido ante Protección de Datos en enero y noviembre de 2025. También considera contradictorio que defendiera tener medidas adecuadas cuando sus propios escritos e informes forenses recomendaban adoptar numerosas acciones para mejorar la seguridad.

“Invierte como los grandes fondos” era uno de los reclamos con los que la startup Housers, rebautizada hace un año como Crowpire, trataba de captar clientes para invertir en promociones inmobiliarias a cambio de grandes rentabilidades.

Housers llegó a publicitar que había recaudado 167 millones de inversores y se habían devuelto 110. ¿Adónde han ido los 57 millones de euros que faltan?

Ni siquiera la nueva dirección de la empresa, que achaca los problemas a una etapa anterior, logra responder la pregunta. “La mayoría de los proyectos están en desarrollo y construcción y otros en recobro y en juicio”, afirman. “No podemos, en este caso, facilitarte los datos concretos, que daremos en cada caso conforme se vayan devolviendo, repartiendo o recobrando”.

Las docenas de inversores entrevistados y documentación obtenida por elDiario.es apuntan a problemas de gestión y a un entramado societario que permitió a la startup eludir cualquier responsabilidad en los proyectos inmobiliarios que anunciaba mientras, de manera indirecta, mantenía su control.

Sobre el papel, la responsabilidad de Housers sobre una promoción inmobiliaria acababa una vez se lograba la financiación para el proyecto. En la práctica, esas promociones acababan gestionadas por personas con vínculos societarios con la empresa.

La actual dirección, que le puso el nombre de Crowpire a la compañía, señala que estas prácticas forman parte del pasado.

“Estos hechos se produjeron en etapas anteriores y bajo responsabilidades distintas de las actuales”, responden. “Desde la incorporación de la actual dirección la actividad se ha centrado en defender los intereses de los inversores con la máxima transparencia”.

Este periódico también ha podido obtener diversas resoluciones y sanciones contra la empresa y sus dirigentes, incluido su presidente actual, que no habían trascendido hasta la fecha, más allá de las multas por 215.000 euros que le impuso en 2019 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pocas semanas antes de asumir la presidencia de Housers, Juan Guruceta recibió una sanción del Banco de España. En octubre de 2025, el organismo le multó a él y a Divilo, la empresa que preside, con 54.000 euros por haber operado al menos seis meses con un capital inferior al mínimo exigido.

Tres meses después, Guruceta anunciaba que Housers pasaba a llamarse Crowpire y que la plataforma Divilo se integraría como plataforma de pagos en la startup de crowdfunding inmobiliario.

“La incidencia que mencionas es pública”, responden desde la compañía. “Y es absolutamente ajena a Crowpire y a su actividad”.

También el CONSOB, el regulador italiano del mercado de valores, multó con 100.000 euros a Housers a finales de 2019 por acumulación de sanciones vinculadas a su “actividad abusiva”. 

“No nos corresponde valorarla”, responden desde la empresa. “La sentencia es anterior al cambio de control y a la incorporación de la actual dirección”.

Un entramado societario que acababa en un piso de Madrid

En principio la tarea de Housers era la de un mero intermediario que juntaba a inversores con promotores que necesitaban el dinero. Cuando el proyecto estaba financiado, se nombraba un administrador “independiente” y Housers ya no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que ocurriera.

Este nombramiento de un administrador independiente fue una obligación que impuso la CNMV a Housers, cuyos primeros proyectos estuvieron administrados directamente por la startup hasta que el regulador le obligó a separar la gestión.

La empresa propuesta por Housers como “administradora independiente” en buena parte de sus proyectos era una compañía llamada Atrium Lex. El administrador de la empresa, sin embargo, estaba vinculado con personas vinculadas a Housers a través de diversas sociedades radicadas en un mismo piso en el barrio de Peñagrande de Madrid.

El responsable de Atrium era también apoderado de una sociedad, Firstom Properties, que acabó comprando las filiales de Housers en Italia y Portugal en 2019 por casi un millón de euros, según un documento interno de la empresa.

El presidente de Firsthom Properties presidió a su vez la compañía Lemon Key, otra empresa utilizada por uno de los fundadores de Housers, Antonio Brussola, para desviar más de 55.000 euros de proyectos inmobiliarios de la startup, según una sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

El fundador de Firsthom Properties, Arturo Ballester, y el administrador de Atrium, Luis Puebla, también compartían cargos en otra sociedad inmobiliaria, a su vez radicada en el mismo domicilio de Madrid. El que fuera administrador único de Firsthom Properties, David Marchamalo, fue también liquidador de varios proyectos de Housers.

Atrium, la administradora elegida por Housers, acumula quejas y denuncias judiciales, algunas en curso, por parte de decenas de inversores que acusan a la compañía de llevar años sin presentar las cuentas ni convocar juntas de propietarios en diversas promociones que están paralizadas. 

En una promoción de Barcelona que gestiona Atrium, la administradora aseguró a los inversores que el edificio estaba tapiado cuando en realidad estaba en perfecto estado, según pudo comprobar elDiario.es.

Atrium también fue multada con 100.000 euros por la Agencia Española de Protección de Datos por tratar masivamente datos financieros de inversores sin base legal ni medidas de seguridad y llegó incluso a tener el NIF revocado por insolvencia durante unos meses entre 2021 y 2022.

Al cierre de este artículo, esta empresa de administración de inmuebles no había respondido al cuestionario remitido por elDiario.es.

“Desde nuestra incorporación como gestores, la prioridad de la dirección actual ha sido maximizar la recuperación de las inversiones con transparencia, y defender los intereses de las personas afectadas por situaciones procedentes de etapas anteriores”, responden desde Crowpire.

Inversores denuncian posibles irregularidades en las comisiones

Los más de veinte inversores de Housers entrevistados apuntan también que la startup pudo cometer un fraude a Hacienda a la hora de cobrar sus comisiones en los proyectos. 

Según describen los entrevistados —bajo condición de anonimato para evitar acciones legales— en la comisión del 10% que Housers les cobraba por formalizar contratos u obtener rentabilidades, los cobros se detraían automáticamente de su cuenta en la liquidación de los rendimientos, sin una factura nominativa con identificación de la base imponible y el desglose del IVA correspondiente. 

Al carecer de una factura sobre esta comisión, los inversores no se podían deducir esa cantidad en la declaración del IRPF. Cuando un inversor solicitó a la compañía una factura detallada por este concepto, la empresa le respondió que no se la podía remitir, según un correo obtenido por esta redacción. 

“Es incorrecto que los inversores carezcan de soporte documental”, responden desde Crowpire. “Al menos bajo la actual dirección, toda la documentación contable y fiscal justificativa de los servicios prestados, y relativa a cualquier actividad, se emite, como no podía ser de otra manera, conforme a la normativa aplicable.”

Freek Wallagh es el alcalde de noche de Ámsterdam y no se esconde. “Me apasiona ir a la discoteca”, asegura sin pudor. “La noche nos permite ser distintos, ofrecer una visión más laxa de lo que somos”.

Wallagh vendría a ser el responsable de todo lo que ocurre a partir del ocaso en la capital neerlandesa. Representa una figura que cada vez adoptan más ciudades para abordar una cuestión transversal: ¿Cómo y quién gobierna las urbes cuando los representantes públicos —y buena parte de la población— están durmiendo?

Empleados del sector del ocio nocturno, representantes de la administración y gestores culturales se han reunido esta semana en la Fundació Miró de Barcelona para abordar los distintos aspectos que afectan a una ciudad cuando cae el sol.

En distintas charlas y mesas redondas, los invitados al foro internacional Barcelona Nit han hablado sobre seguridad, perspectiva de género en la noche urbana, usos nocturnos del espacio público y movilidad, entre otras cuestiones.

Modelos públicos o híbridos

Cuatro representantes nocturnos de distintas urbes globales —Nueva York, Ámsterdam, Viena y Cracovia— han debatido sobre las funciones que debe tener un alcalde de noche así como los distintos modelos de gobernanza que tienen estos cargos. Moderaba Naiara Lasa, directora de la ilustre discoteca y sala de conciertos Apolo de Barcelona y presidenta de la Asociación de Salas de Concierto de Catalunya.

Ámsterdam fue pionera: eligió a su primer nachtburgemeester en 2003 y profesionalizó la figura en 2014 a través de una fundación independiente que asesora al Ayuntamiento. Nueva York creó en 2017 una Office of Nightlife y nombró a su primera directora en 2018. Viena optó en 2020 por la Vienna Club Commission, un organismo mediador entre clubes, vecinos y Administración. Cracovia nombró en julio de 2024 a Jacek Jordan como primer burmistrz nocny de la ciudad.

Barcelona, por su parte, designó en octubre de 2024 a Carmen Zapata como comisionada de la noche tras haber anunciado unos meses antes que el cargo tendría rango —o, como mínimo, nomenclatura— de alcalde.

Los distintos modelos implementados y qué ventajas ofrece cada uno de ellos han centrado parte del debate. Si en Nueva York o Cracovia son organismos públicos que dependen directamente del Ayuntamiento los que gestionan la noche, en urbes como Viena han implementado un modelo híbrido en el que conviven representantes de la administración y del ocio nocturno.

“En Viena nos financia el departamento de juventud, de cultura y de economía”, apunta Martina Brunner, directora ejecutiva de la Vienna Club Commission. “Pero a la vez también podemos obtener financiación externa”.

Brunner añade que su organismo también asesora a todos los partidos políticos en época de elecciones para trasladarles datos e información relevante sobre lo que ocurre en la ciudad al anochecer.

Si en Ámsterdam el alcalde de noche es un fanático del clubbing, su homólogo en Nueva York es un antiguo policía que también tuvo un restaurante. 

“Es importante ser accesible para los empresarios”, apunta Jeff Garcia, director ejecutivo de la Oficina de Vida Nocturna de Nueva York. “Todos tienen mi teléfono, saben que me pueden llamar a cualquier momento y que tengo sensibilidad sobre lo que les puede ocurrir porque he sido policía y empresario”.

El común denominador de todos los modelos, en todo caso, es la intermediación entre los empresarios nocturnos, la administración y los vecinos. “Yo represento a la administración, pero también a todos los que tienen alguna cosa en juego durante la noche”, sostiene Jacek Jordan, alcalde de noche de Cracovia. 

Garcia, de Nueva York, explica que su departamento depende actualmente del área de negocios del Ayuntamiento después de haber colgado durante años del área de entretenimiento.

“Hay que explicarle a la población que la vida nocturna de la ciudad genera 300.000 puestos de trabajo y esto es mucho dinero que se recauda en impuestos”, añade Jeff Garcia, de Nueva York. “Es un pilar de nuestra economía y la gente debe saberlo”.

Todos coinciden en que gestionar la noche en estas ciudades requiere de paciencia y mano izquierda para lidiar con los conflictos que aparecen cada semana. 

“Siempre habrá fricción, es imposible vivir en una ciudad sin fricciones”, concluye Wallagh, de Ámsterdam. “Pero creo sinceramente que una buena vida nocturna beneficia a toda la población de una ciudad”.

Desde su aeródromo en la provincia de Girona, Pere todavía se pregunta cómo un instructor de vuelo como él acabó envuelto en un entramado que se utilizó para mandar a Rusia tecnología militar valorada en cientos de millones de euros. 

“Fue una encerrona rarísima que no entiendo ni nunca entenderé”, señala este hombre de 61 años. 

Insiste en que nunca imaginó que la empresa de Hong Kong que dirigió durante más de seis años formaba parte del engranaje ruso para evitar las sanciones internacionales y mantener el flujo de tecnología militar hacia Moscú.

“Tengo la sensación de que me han utilizado”, apunta en conversación con elDiario.es, en la primera entrevista que ofrece sobre lo que ocurrió. “He sido un hombre de paja, un testaferro, una diana en caso de que tocara disparar a alguien”.

La compañía que dirigió este catalán, llamada Pixel Devices, fue sancionada el pasado 23 de julio por el Consejo de la Unión Europea por formar parte del “complejo militar e industrial ruso”, tener vínculos comerciales con este o “contribuir indirectamente” a eludir las sanciones de la UE sobre “tecnología relevante” para el “sector de defensa del Kremlin”.

Dos años antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la empresa en su lista de compañías sancionadas. La administración estadounidense afirmó que Pixel Devices envió a Rusia productos electrónicos con uso militar por al menos 210 millones de dólares desde abril de 2022.

“Yo pregunté qué se estaba haciendo y me dijeron que suministrábamos material a cadenas comerciales tipo Mediamarkt en distintos territorios del mundo”, sostiene. “Si llego a sospechar lo más mínimo no me habría metido”.

La administración estadounidense cree que la empresa que dirigía Pere envió semiconductores y productos electrónicos de doble uso — artículos que pueden tener tanto un uso civil como militar— desde su sede en Hong Kong a una compañía rusa llamada Compliga.

Compliga, según publicó la agencia Reuters, es un proveedor de productos y equipos informáticos que importaba todos sus productos de la compañía dirigida por Pere, hasta el punto de ser su principal cliente.

¿Quién le daba instrucciones mientras estuvo al frente de la empresa? ¿En qué momento y cómo le ofrecieron el trabajo? 

No es fácil arrancarle información a Pere, que en un primer momento declinó participar en este artículo. “No quiero remover la mierda”, afirmó. 

Finalmente, accede a responder a su manera. Se va por las ramas, explica anécdotas personales de hace dos décadas y, de vez en cuando, concede algunos detalles sobre el caso en medio de largas digresiones sobre geopolítica.

“Me pareció una buena oportunidad”

“Me pareció una buena oportunidad, en 2018 no había guerra en Ucrania”, sostiene, obviando que el conflicto había empezado realmente en 2014 con la invasión rusa de Crimea. “Yo estaba picando piedra día y noche [en el aeródromo] y no me salían las cuentas”.

Explica, sin precisar demasiado, que fueron clientes del aeródromo quienes le pusieron en contacto con las personas que le hicieron la oferta laboral.

“Por conocidos de conocidos, amigos de conocidos y conocidos de amigos se me propuso un negocio que parecía interesante”, rememora. Añade que su aeródromo queda cerca de un municipio catalán con gran presencia de rusos.

Según el registro mercantil de Hong Kong, Pixel Devices fue fundada por una compañía en manos de un ciudadano ruso llamado Kirill Nosov. En el registro aparece que Pixel Devices está controlada por otra sociedad de Singapur, llamada Asia Global Neolink, propiedad a su vez de otra empresa radicada en las Islas Seychelles.

Pere, sin embargo, no solo dirigió Pixel Devices, sino que también figura en el registro mercantil de Singapur como director de la mencionada matriz, Asia Global Neolink, entre 2018 y 2024, antes de ser sustituido por un ciudadano indio al frente de esta sociedad.

“Yo iba y volvía de Hong Kong”, prosigue Pere. “Visitaba las cosas que se debían visitar, alguna reunión, alguna cosita y ya está”, añade al ser preguntado por su función dentro de la empresa. “Tenía relación básicamente con gente local”, sostiene.

El instructor de vuelo afirma que, tras las sanciones impuestas por EEUU en mayo de 2024 y la congelación de sus cuentas bancarias, él se desvinculó de la empresa y su trabajó consistió en “gestionar la retirada” e intentar recuperar para Pixel Devices los impuestos que se habían abonado por avanzado. 

Es cierto que la salida de Pere de la matriz de Singapur coincide con las sanciones de la administración de Joe Biden, pero el piloto catalán se mantuvo como director de Pixel Devices hasta su disolución, en enero de 2026, seis meses antes de que fuera sancionada por la UE y casi dos años más tarde de que lo hiciera EEUU.

La pista rusa de Pixel Devices llega incluso hasta su web, registrada por una compañía de servicios online de San Petersburgo. La página de la empresa que dirigió Pere ha sido eliminada de los servidores, pero en versiones antiguas se puede comprobar a qué se dedicaba y a quién se dirigía la empresa.

Pixel Devices vendía equipos electrónicos y de comunicación: sensores para monitorizar instalaciones a distancia, sistemas de posicionamiento, radioenlaces y piezas para fabricar aparatos de radio y microondas.

Varias de estas líneas de producto —sobre todo los sistemas de posicionamiento y los componentes electrónicos— se ofrecían explícitamente en la web al sector militar y aeroespacial.

¿Fue Pere engañado y no tenía ni idea de nada? ¿Se olía algo raro y no quiso preguntar? ¿O directamente era consciente de todo pero prefirió mirar hacia otro lado y ganar dinero?

El relato que ofrece es el de una persona a la que le tomaron el pelo, pero no quiere revelar quién le engañó. “Hay gente a la que se le calienta la sangre”, responde. “La cola no sabes hasta dónde puede llegar y si revelarlo sería muy beneficioso para mi salud e integridad física”.

Al preguntarle si ha pedido explicaciones a las personas que supuestamente le metieron en este lío, el instructor de vuelo responde que no. “Ya somos todos mayorcitos”, señala.

“No he pedido explicaciones a nadie ni he querido tirar del hilo”, concluye. “No quiero saber ni dónde acaba ni dónde empieza todo esto”.

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha impuesto una multa de 60.000 euros al director de Asesoría Jurídica y Buen Gobierno de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, por exponer datos personales de trabajadores que tenían el estatus de personas protegidas por ser informantes de presuntas irregularidades. 

La infracción, calificada por Antifraude como “muy grave” en una resolución obtenida por elDiario.es, es todavía recurrible ante la propia OAC o ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Fuentes cercanas al responsable de la asesoría jurídica de TMB apuntan que está “analizando” la resolución para presentar un recurso.

Desde la empresa pública sostienen que la actuación ha sido “correcta” y añaden que desde la empresa no asumirán la sanción, en caso de que se interpusiera de manera firme, porque se ha impuesto a su directivo como persona física.

El director del área jurídica también está imputado en un juzgado penal junto al consejero delegado y otra directiva por presunto acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas.

Los hechos tienen origen en una brecha de seguridad en la intranet de la empresa, desvelada por este periódico en febrero de 2025, que dejó durante meses al descubierto datos sensibles de un gran número de empleados de la compañía.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos también abrió un expediente a TMB por los mismos hechos y, en este caso, la sanción podría superar los 15 millones de euros.

Entre los datos accesibles había información confidencial de denunciantes de acoso laboral en el seno de la empresa, uno de ellos contra tres directivos de TMB, así como documentación de personas que habían participado o testificado en otras investigaciones internas.

Uno de los elementos que ha tenido en cuenta Antifraude para sancionar al responsable jurídico, apuntan fuentes conocedoras del procedimiento sancionador, fue la creación de un repositorio por un miembro de su equipo en el que se añadió información de diferentes investigaciones y denuncias internas, algunas de ellas relativas a personas con responsabilidades directivas dentro de la organización.

Por su naturaleza, buena parte de esa documentación debía estar destinada a un círculo restringido de personas con funciones específicas de investigación, cumplimiento o gestión de los correspondientes expedientes. 

Su configuración, sin embargo, permitía que empleados y directivos —incluyendo la secretaria del consejero delegado de la empresa— pudieran conocer la existencia de denuncias, la identidad de personas implicadas, la condición de testigos o participantes, la tramitación de procedimientos laborales y el contenido de actuaciones internas de carácter confidencial.

Antifraude considera que, al exponer la identidad de empleados que cursaron denuncias internas en la empresa y tenían en ocasiones el estatus de persona protegida, el responsable jurídico de TMB vulneró la ley de protección del informante, que protege a quienes denuncian infracciones penales o administrativas en el ámbito laboral. 

La ley obliga a las empresas a tener canales internos de denuncia y a garantizar la confidencialidad de los informantes. Prohíbe, a su vez, ejercer represalias contra ellos en cuanto obtienen el estatus de persona protegida por haber denunciado estas presuntas infracciones. 

La sanción de Antifraude se suma a una ristra de imputaciones judiciales —hay cinco directivos imputados en dos causas penales por acoso laboral— y sanciones de distintos entes contra la empresa por actuaciones durante los últimos años. También el Tribunal de Cuentas investiga a la compañía por presuntas irregularidades en los planes de pensiones, tal y como desveló esta redacción el pasado junio.

Virginia Guisasola, 86 años, le pregunta cada día a su hijo Ignacio cuándo le devolverán su dinero. “Ya no sé qué decirle”, explica él. “Me siento responsable por haberla metido en esto”.

Guisasola invirtió hace un lustro una parte de sus ahorros, unos 10.000 euros, en una plataforma de crowdfunding inmobiliario llamada Housers. Se suponía que, tras invertir en una promoción de ladrillo, en poco tiempo recuperaría su dinero con unos generosos intereses.

Tras varios años esperando, sin embargo, no sabe si los llegará a recuperar.

“Lo peor de todo es la falta de información”, abunda su hijo, que también tiene miles de euros paralizados en esa startup. “Ya no pretendo que mi madre gane nada, me bastaría con que pudiera recuperar una parte de lo invertido”.

Anunciada a bombo y platillo en los medios, Housers nació en 2015 como la primera plataforma española de crowdfunding inmobiliario. La empresa permitía invertir desde 50 euros (ahora son 300) en la compra, reforma y posterior venta o alquiler de inmuebles a cambio, supuestamente, de intereses que podían alcanzar entre el 10 y el 13% o en ocasiones incluso más.

Tras una década de quejas, demandas de inversores insatisfechos, disputas entre los socios e incluso varias multas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Housers cambió en febrero de nombre y accionistas: ahora se llama Crowpire.

Los problemas, no obstante, siguen siendo los mismos, según aseguran más de veinte inversores entrevistados para este reportaje. 

“Es el mismo perro, pero con distinto collar”, afirma Juan Antonio Fernández, otro afectado que lleva años esperando recuperar una parte de los 25.000 euros que invirtió.

De las entrevistas y la documentación empresarial y judicial obtenida se desprende que cientos de personas llevan años sin poder recuperar su dinero y, en varios proyectos, sin ningún tipo de información sobre el estado de sus inversiones desde hace años.

Antoni Brussola, uno de los fundadores de la empresa (actualmente fuera del accionariado), fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de administración desleal por desviar 55.000 euros desde sociedades vinculadas a proyectos de Housers a la cuenta de una empleada de otra empresa que él presidía.

La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero y que no había trascendido hasta la publicación de este artículo, ha sido recurrida ante el Supremo.

“Brussola salió de la compañía en el año 2021. La nueva dirección de la compañía no tiene ni ha tenido contacto alguno con esta persona”, responden desde Housers/Crowpire. Esta redacción ha intentado sin éxito localizar a Brussola para ofrecerle comentar el artículo. 

Housers/Crowpire, a su vez, ha contratado en varias ocasiones como intermediarios que presentaba como independientes ante los inversores a empresas controladas por personas que están en el organigrama de gobierno de esta startup inmobiliaria, según el registro mercantil.

Housers/Crowpire también llegó a ofertar a sus clientes inversiones vinculadas a una inmobiliaria de Marbella que fue investigada judicialmente en una causa por presunto blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico. La causa fue archivada , pero los inversores consultados aseguran que no han recuperado sus fondos.

“Crowpire tiene un accionariado completamente diferente al que tenía Housers, además de que todo el equipo fundador y gestor de Housers abandonó la compañía hace tiempo”, respondió la empresa en un cuestionario enviado el pasado julio.

Inversores que no saben adónde ha ido su dinero

La mayoría de los entrevistados admite que los primeros proyectos en los que invirtieron salieron bien: la plataforma les informó debidamente de cómo avanzaban y, aunque con menos intereses de los publicitados, lograron algunas ganancias. 

El modelo consistía inicialmente en constituir una sociedad por cada inmueble y el inversor se convertía en socio y esperaba beneficios tras la venta o el alquiler. Posteriormente, la empresa pasó a un modelo de préstamos participativos a promotores que necesitaban financiación.

“¿Qué tipo de empresas se financian al 10%?”, se pregunta uno de los afectados. “Al final acababas dejándole dinero a una sociedad con 3.000 euros de capital a la que los bancos no le quieren prestar y la gente se extraña de haber perdido el dinero”.

A partir de 2019 un gran número de inversiones empezaron a ir mal. La información empezó a escasear, nadie sabía qué ocurría con sus aportaciones. Algunos inversores a día de hoy desconocen, en algunos casos desde hace más de seis años, si sus proyectos siguen en pie, si los promotores a los que prestaron dinero continúan operando o si directamente lo han perdido todo.

Basta visitar las páginas de reseñas Crowdrating o Trustpilot, con más de un millar de opiniones negativas, para ver hasta qué punto los inversores están descontentos con la plataforma.

La CNMV impuso ese año a la empresa tres sanciones que sumaron 215.000 euros. La primera, muy grave, por incumplir de forma reiterada sus obligaciones de información y transparencia hacia los clientes. La segunda, también muy grave, por llevar a cabo actividades no contempladas en su autorización. La tercera, calificada como grave, por la publicación de un proyecto de financiación participativa que no cumplía la normativa.

Los inversores describen juntas que se reducen a formularios online sin verificación, comunicaciones que tardan meses o años en llegar —cuando llegan—, documentación sobre sus inversiones que ha desaparecido con el cambio de nombre de la empresa (la compañía les ha asegurado que no tardará en estar disponible) y administradores que no presentan cuentas ni convocan reuniones desde hace años.

“Es muy grave que no nos informen de nada”, apunta Ruben Berastegui, de 44 años. “Nadie te dice si alguno de los proyectos no se podrá recuperar, tienes que adivinarlo tú porque llevan años paralizados”. 

Berastegui invirtió decenas de miles de euros en 42 proyectos distintos ofertados por la startup. En 24 de ellos logró recuperar el dinero, pero en los 18 restantes asegura que lo ha perdido todo o no tiene noticias de su inversión.

“En los que he conseguido recuperar el dinero habré ganado unos 8.000 euros”, sostiene en conversación telefónica. “Es muy poco teniendo en cuenta que tengo otros 28.000 atrapados”.

Otros clientes, como Asier Fernández, invirtieron en la compra y reforma de un piso en el corazón del Raval. Pagó el dinero hace más de cinco años y afirma que la última noticia que tuvo de su inversión, a través del administrador, era que el edificio estaba tapiado. El inmueble, sin embargo, no está tapiado y presenta un aspecto exterior normal, según pudo comprobar este diario.

Dificultades para denunciar o recuperar el dinero

Son varios los inversores que han intentado sin éxito llevar a esta empresa a los tribunales durante la última década. En 2020 incluso se creó una asociación de afectados que se acabó disolviendo tras los reveses judiciales a los inversores.

“Lo tienen muy bien montado para que sea difícil denunciarlos”, apunta Guillermo (no quiere que se publique su apellido), otro de los clientes atrapados.

Según los contratos analizados, Housers/Crowpire se presenta como un mero “intermediario” tecnológico, una especie de tablón de anuncios que junta a quien quiere invertir con quien necesita el préstamo, sin responsabilidad en caso de que el negocio salga mal.

Pero su papel no se limita a poner en contacto a inversores y promotores: según los contratos analizados, la plataforma decide qué proyectos publica y puede solicitar información adicional al promotor. 

El contrato atribuye al promotor la responsabilidad por cualquier información falsa o engañosa que traslade a los inversores y exime expresamente a Housers de esa responsabilidad. Esto ocurre pese a que la plataforma cobra una comisión específica por el “análisis y estudio” de cada oportunidad y recurre a asesores externos para valorar los proyectos antes de publicarlos.

Housers, además, cobra comisiones en distintas fases del proyecto, con independencia de que el inversor gane o pierda dinero: hasta un 6% al inicio, por recibir, analizar y publicar la oferta; 100 euros por cada aviso de impago que envía; y 2.000 euros cada vez que se reestructura la deuda de un proyecto con problemas.

Los contratos, por tanto, prevén pagos adicionales a la plataforma cuando un proyecto entra en impago o necesita una reestructuración, mientras los inversores siguen pendientes de recuperar su dinero.

“Opacidad en las votaciones”

En algunas ocasiones, los inversores han logrado votar conjuntamente para expulsar al administrador designado inicialmente por Housers/Crowpire y gestionar la promoción por su cuenta, pero en la mayoría de casos no logran tirar adelante estas votaciones porque los afectados no se conocen entre ellos y cuesta coordinarse, a pesar de que existen más de una docena de grupos de WhatsApp en los que los afectados intentan organizarse.

Los entrevistados también afirman que no logran nunca ejecutar la garantía hipotecaria cuando un proyecto se ha atascado. “Ha habido proyectos en los que nos hemos organizado para votar, pero siempre acaba ganando la opción de dar más tiempo al promotor, nunca la de ejecutar”, apunta Juan Antonio Fernández, que ha invertido en diversos proyectos desde 2017.

Este periódico ha podido comprobar que, en varios proyectos, Housers/Crowpire ha designado como agente de garantías —la empresa que actúa de intermediaria entre inversor y promotor para verificar y, en su caso, ejecutar las garantías hipotecarias— a una sociedad controlada por el que fue secretario no consejero de Housers/Crowpire entre julio de 2019 y noviembre de 2025.

“No ha afectado en nada la independencia”, responden desde Housers/Crowpire, “porque el secretario consejero no forma parte del órgano de administración a efectos de voto y ejercicio”. Añaden, sin embargo, que tras las preguntas de elDiario.es no seguirán contando con esta empresa como intermediaria.

En otros proyectos, Housers/Crowpire ha designado como agente de garantías a sociedades recién creadas y sin ni siquiera un teléfono de contacto. “Su contratación se hace por su cualificación y profesionalidad”, aseguran desde la plataforma. “No corresponde a esta compañía valorar la estructura jurídica de estos”.

Los inversores entrevistados sostienen que tampoco resulta fácil organizar reclamaciones judiciales conjuntas con otros clientes a los que no conocen de nada, por no contar con los que han invertido pequeñas cantidades y no están dispuestos a sufragar un abogado. 

“¿Cómo le voy a pedir a alguien que ha invertido 300 euros que pague 1.000 para un abogado?”, se pregunta Ignacio Rubio. “Estamos todos atrapados y ni siquiera podemos declarar las pérdidas de proyectos que no saldrán adelante porque la empresa ni siquiera nos informa de que han fracasado”.

Teresa Pons, 80 años, lo echa todo de menos. Cocinar, regar y cuidar sus plantas, salir a comprar al mercado... “Me lo han quitado todo”, explica desde la habitación de un hotel a pocos metros de lo que era su domicilio. “Está siendo una pesadilla”.

Pons es una de los cientos de vecinos afectados por el socavón producido, el pasado 7 de julio, por las obras de la línea 9 del metro en el barrio del Putxet de Barcelona. Cuando se cumple un mes del incidente, ni ella ni buena parte de los desalojados saben cuándo van a poder regresar a su hogar.

Hasta la fecha, los vecinos de tres edificios han podido regresar a su domicilio. Según el Govern, la semana que viene lo harán los de un cuarto bloque. La previsión del Ejecutivo catalán es que, a mediados de agosto, el 60% de los afectados haya vuelto a su casa. “El resto lo hará cuando los técnicos lo avalen”, apuntan desde la Generalitat.

El paso de las semanas, sin embargo, ha ido acompañado de la pérdida de la fe en buena parte de los afectados. Lo que parecía que iba a ser un desalojo de unos pocos días se alargará, cómo mínimo, hasta septiembre para casi la mitad de los 300 vecinos afectados, después de que la semana pasada se localizaran nuevas grietas y otra cavidad en uno de los edificios.

Muchos vecinos creen que la vida en el hotel se alargará mucho más allá de septiembre. “Yo si puedo volver a casa por Navidad ya firmo”, abunda Pons, que asegura que tener su traslado a un hotel le ha sumado diez años encima. “Esto está siendo mi final”, añade.

El hotel en el que está alojado, además, tiene la cocina cerrada en agosto. “Cada mediodía salgo a comer a algún sitio, y por la noche me compro cualquier cosa y me la como en la habitación”, señala. “Está siendo muy depresivo”.

Domingo Finez, administrador del restaurante Verona en el que se produjo el socavón, explica que este mes ha sido una montaña rusa emocional. “A veces tengo la sensación de que estoy en un sueño”, sostiene. “Otras no logro dormir más tarde de las cinco de la mañana”.

Entre la media docena de vecinos consultados (algunos prefieren no ser citados) abunda la sensación de que el Govern no les informa debidamente sobre lo ocurrido. A pesar de que el Ejecutivo catalán está haciendo un esfuerzo para actualizar cada viernes a los afectados en una reunión, la desconfianza va en aumento.

“En las reuniones se nota que los vecinos estamos cada vez más tensos e irritados”, sostiene Sandra Rayo, de 51 años. “Creo que el principal problema es que ni ellos saben lo que ha pasado ni cuándo los vecinos podrán volver, la información está siendo bastante difusa”.

Rayo es una de las vecinas que pudo volver a su domicilio a los pocos días del socavón, pero asegura que, además del ruido de las hormigoneras que le acompaña de lunes a domingo, vive con miedo.

“Llevan un mes inyectando hormigón en el agujero y siguen haciéndolo a diario”, apunta en conversación telefónica. “Cada día que pasa me siento más insegura porque pienso en el tamaño del socavón que debe haber debajo de mi casa”.

Una de las principales reclamaciones de los vecinos es que, para determinar si pueden volver a su casa, la Generalitat acceda a pagar a técnicos independientes que puedan valorar el estado de los edificios.

“No se puede ser juez y parte”, apunta la abogada Carmen Pérez, que representa a aproximadamente dos tercios de los afectados: “Los mismos [técnicos] con los que ha ocurrido el socavón no pueden ser los que determinen que la zona es segura”.

Desde el Govern insisten en que se está haciendo todo lo posible para ayudar a los vecinos: ayudas económicas que ya han tramitado 50 familias, suspensión de pago de una cuarentena de alquileres, una línea de crédito a la que se han acogido 11 comercios.

“Estamos al lado de cada familia afectada y entendemos su inquietud”, apunta Pilar Díaz, Delegada de la Generalitat en Barcelona. “Estaremos hasta que la última familia pueda volver a su casa”, añade.

El fantasma del Carmel

Entre los entrevistados, no obstante, cunde la sensación de que el desastre se podía haber evitado. Porque ya era conocido que en la zona hay cauces de agua subterráneos y porque en 1962 ya hubo un socavón en esa calle que dejó un muerto.

Es inevitable, a medida que pasan los días, que el fantasma del Carmel no sobrevuele las vidas de estos vecinos. En enero de 2005, un socavón por las obras de otra línea del metro en ese barrio barcelonés obligó a desalojar a 1.200 vecinos. Algunos tardaron dos años en volver a su casa, otros fueron realojados y no regresaron jamás.

“Todo recuerda mucho al Carmel”, prosigue Pérez, que defendió entonces a una parte relevante de los vecinos de esa zona. “Desde la causa, que es un mal análisis geotécnico del subsuelo, hasta el hecho de que los vecinos avisaron los días antes de vibraciones y grietas en sus domicilios”.

Según Pérez, el hecho de que los vecinos avisaran previamente es relevante de cara a plantear la responsabilidad de la Administración. “La Generalitat tiene la responsabilidad de vigilar que la constructora que contrata está haciendo bien el trabajo”, apunta. “Especialmente si los vecinos han avisado de temblores y grietas”.

Pérez apunta a que, sin descartar la vía judicial, su prioridad será lograr un acuerdo con la Generalitat para indemnizar a estas familias sin tener que ir a los tribunales. “La sentencia puede llevarnos muchos años”, concluye. “Creo que el Govern está por la labor, pero antes quieren saber las causas del accidente”.

Ana Frank tenía trece años cuando empezó a escribir su diario en un cuaderno con tapas a cuadros que le regalaron por su cumpleaños. Escondida durante dos años de los nazis en una buhardilla de Ámsterdam, su testimonio se convirtió en uno de los legados más relevantes sobre el horror del holocausto.

Ochenta años después de su muerte en el campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemania), su historia vuelve a marcar un precedente: la justicia europea acaba de utilizar sus manuscritos originales para fijar, por primera vez, hasta dónde llega la ley cuando una misma obra es libre en un país y sigue protegida en el de al lado, y qué ocurre cuando, a día de hoy, cualquiera puede saltarse esa restricción con un clic.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado 9 de julio una sentencia que resuelve un conflicto entre la fundación que gestiona los derechos del diario y una asociación académica que publicó gratis en internet una edición íntegra de los manuscritos originales de la joven neerlandesa.

El fallo es vinculante para los tribunales de los veintisiete países de la UE y sienta un precedente que afecta al uso de los sistemas VPN para evitar el bloqueo geográfico de contenidos en internet.

Afecta, a su vez, a bibliotecas digitales, archivos históricos, universidades y cualquier plataforma cultural que quiera publicar en abierto obras cuyo estatus legal cambia de un país a otro dentro de la propia Unión.

El mensaje que deja el TJUE es claro: se pueden publicar con libertad contenidos de dominio público por mucho que estén protegidos en algunos estados miembros, pero solo si se pone una barrera real y actualizada allí donde la obra todavía no es accesible para todos.

Un mismo texto, dos leyes distintas

El diario tal y como lo conocemos —el que publicó en 1947 el padre de Ana, Otto Frank, único superviviente de la familia— es de dominio público en toda la UE como en los Países Bajos desde 2016.

Pero existe otra versión, más completa, con fragmentos que el padre decidió no publicar en su día y que salieron a la luz en una edición de 1986. Esos fragmentos, según la ley holandesa, no estarán liberados hasta dentro de más de una década.

En 2021, una asociación dedicada a la difusión de textos históricos, junto con la Real Academia Neerlandesa de Ciencias y la Fundación Ana Frank (que gestiona el museo instalado en la casa donde se escondió), colgó en una web una edición completa de los manuscritos originales, accesible gratis desde Bélgica y otros dieciocho países donde ya no hay restricciones. Para no infringir la ley en Holanda, la web bloqueó el acceso para quienes se conectaran desde ese país.

El problema es que ese bloqueo geográfico tiene un agujero conocido por cualquiera con mínimos conocimientos de internet: basta con una VPN, una herramienta que camufla la ubicación real de la conexión, para hacer creer a la web que uno se conecta desde Bélgica cuando en realidad está en Ámsterdam.

El Anne Frank Fonds, la fundación creada por Otto Frank en 1963 y que administra los derechos del diario, entendió que ese resquicio invalidaba el bloqueo: si cualquier neerlandés podía saltárselo con una aplicación gratuita, argumentaron, la obra se estaba poniendo a disposición del público holandés sin permiso.

Los tribunales de primera instancia y de apelación en los Países Bajos le dieron la espalda al Fondo Ana Frank, y el caso acabó en el Tribunal Supremo neerlandés, que antes de resolver decidió trasladar la duda a la justicia europea.

La cuestión de fondo era hasta qué punto el hecho de que una web ponga barreras técnicas para que no se acceda a un contenido desde cierto país es suficiente para no infringir los derechos de autor si esas barreras se pueden esquivar fácilmente con una VPN.

La opinión del TJUE es que siempre que una web instale un sistema que identifica desde donde se conecta cada usuario y le impide el paso si proviene de un país en el que el contenido está protegido, esa página ha delimitado con claridad su público objetivo por mucho que se pueda esquivar con una VPN.

La sentencia llega en un momento en que el uso de VPN se ha normalizado entre el público general, ya sea para acceder a catálogos de streaming de otros países, esquivar restricciones geográficas en videojuegos o, simplemente, por motivos de privacidad.

Hasta la fecha no existía un pronunciamiento del TJUE que aclarase qué validez legal tiene un bloqueo geográfico en internet cuando se sabe, de antemano, que hay formas sencillas de sortearlo.

¿Qué se considera un bloqueo “eficaz”?

La sentencia introduce un matiz importante sobre los bloqueos por países: no hace falta un sistema perfecto e infranqueable. Basta con que la medida esté, apuntan los jueces europeos, “en la vanguardia de la tecnología” del momento y sea razonablemente disuasoria.

No vale, sin embargo, cualquier cosa. Un simple texto que pregunte el país de origen de quién se conecta y confíe en la palabra del usuario no es suficiente ni cuenta como una barrera real, porque depende solo de la buena fe de quien está al otro lado de la pantalla.

En cambio, un sistema que verifique de forma automática la ubicación de la conexión y bloquee activamente el acceso desde los territorios protegidos sí puede considerarse suficiente, por mucho que se pueda burlar con una VPN.

En el caso concreto del diario de Ana Frank, el propio tribunal concluye que el sistema empleado —una combinación de geolocalización por IP y una pantalla en la que el usuario declara su país— cumplía con ese estándar.

¿Y si alguien usa una VPN para colarse? ¿De quién es la culpa?

El Supremo neerlandés también preguntó qué pasaría si, en algún caso, se considerara que el bloqueo no era suficiente: ¿a quién habría que reclamar responsabilidades, al que publicó el contenido o a la empresa que ofrece el servicio de VPN?

El TJUE no deja lugar a dudas: la responsabilidad, si la hay, recae sobre quien publicó la obra, nunca sobre el proveedor de VPN.

Estas herramientas, recuerda el tribunal, son de uso lícito y habitual en internet —muchas personas las usan simplemente para proteger su privacidad al navegar— y quien las ofrece no está facilitando de forma directa el acceso no autorizado a ninguna obra concreta.

Un juez de lo social de Barcelona ha declarado procedente el despido de Carmen Macías, la que fuera responsable de cumplimiento normativo de TMB — la empresa pública que gestiona el metro y el bus en la capital catalana— tras haber investigado un presunto caso de acoso laboral a otra empleada por parte de dos altos cargos de la compañía.

La sentencia, obtenida por elDiario.es, desestima tanto la petición de nulidad del despido como la demanda de tutela de derechos fundamentales que esta exdirectiva de TMB había interpuesto por separado.

Macías asegura que recurrirá el fallo y recuerda que la cúpula de TMB está imputada en un juzgado penal por presunto acoso laboral hacia ella. Añade que sigue teniendo, a día de hoy, el estatus de persona protegida por parte de la Oficina Antifrau de Catalunya.

TMB despidió a Macías en octubre de 2024 después de que se le abriera también a ella un expediente por acoso laboral a un subordinado. La decisión se basó en un informe elaborado por una empresa externa después de la denuncia de este empleado.

El informe concluyó que la directora de ‘compliance’ había sometido a este trabajador a una situación de acoso psicológico así como a un progresivo vaciamiento de funciones, según los hechos probados de la sentencia.

El subordinado relató en el juicio un progresivo deterioro de su relación con Macías y hasta tres compañeros refrendaron su versión en la vista oral.

La sentencia considera probado que este empleado recibió críticas reiteradas en público y en privado, instrucciones contradictorias, un control exhaustivo de su correspondencia laboral y limitaciones para disfrutar de vacaciones y del exceso de jornada acumulado. El trabajador inició dos bajas por incapacidad temporal relacionadas con esta situación, la primera entre octubre de 2022 y abril de 2023, y una segunda en julio de 2024.

Macías defendió, tanto en el juicio como en una rueda de prensa previa, que todo había sido un montaje para represaliarla por haber apreciado un presunto delito de acoso laboral de los mencionados dos altos cargos a otra compañera y por haber acudido a pedir protección a Antifraude.

El caso de presunto acoso laboral a otra compañera que investigó Macías está actualmente en un juzgado penal y hay dos directivos de TMB imputados, a pesar de que la Fiscalía no apreció indicios suficientes.

La antigua responsable de ‘compliance’ de TMB, que recibió el apoyo de la mayoría de sindicatos del comité de empresa, trató de apuntalar su versión alegando que el informe que justificó su despido se encargó a una empresa externa contratada a dedo después de un cambio repentino en los protocolos contra el acoso laboral.

Macías también consideró que una reorganización de su departamento llevada a cabo por el nuevo consejero delegado de TMB poco después de llegar al cargo formaba parte de la estrategia para represaliarla.

El magistrado, sin embargo, concluye que no quedó acreditado que la tramitación de ese expediente, ni su condición de informante protegida, influyeran en la decisión de despedirla. La sentencia señala también que TMB atendió los requerimientos de información que Antifraude le formuló durante todo el proceso.

Macías ya había chocado con la empresa previamente y en 2017 demandó a TMB por vaciado de funciones, en un caso que se resolvió con un pago de 30.000 euros de la empresa a la que entonces era todavía directiva de la compañía.

La sentencia condena a TMB a abonar a la demandante 10.000 euros brutos más intereses en concepto de los objetivos de 2024, al no haber acreditado la empresa que le hubiera comunicado los objetivos individuales exigidos para devengar esa retribución variable.

En un comunicado, Macías sostiene que TMB le ofreció una alta suma de dinero y el reconocimiento de la improcedencia del despido para evitar el juicio. “Decidí no aceptarlo porque este asunto nunca ha sido una cuestión económica”, señala.

Fuentes de la empresa de transporte público, sin embargo, niegan tajantemente que se llevara a cabo ese ofrecimiento y muestran su “satisfacción” con la sentencia.

Javed Iqbal lleva más de dos años y medio esperando. Logró, a principios de 2024, la autorización de la subdelegación del Gobierno en Barcelona para la reagrupación familiar y así poder traer desde Pakistán a su hijo, al que le espera un contrato de trabajo. No hay manera, sin embargo, de que en la Embajada española en Islamabad le den el visado.

“Estoy enfermo, me han operado y necesito que venga a ayudarme”, explicaba una tarde de la semana pasada en la Asociación de Trabajadores Pakistaníes de Catalunya (ATPCat), en el barrio del Raval. “Pero parece que es imposible hacer un trámite que no debería ser complicado”.

A pesar de tener toda la documentación en regla, su hijo lleva todo este tiempo intentando obtener una cita en la embajada española de Islamabad para que le concedan el visado, un paso imprescindible para poder reagruparse con su padre.

Su caso no es excepcional. Según ATPCat, son cientos los miembros de esta nacionalidad que, a pesar de tener todos los papeles en regla, llevan años esperando a que la embajada española en Pakistán les de una cita para concederles el visado, el último paso necesario para venir a España.

La falta de opciones para realizar el trámite ha contribuido a la proliferación de mafias que consiguen las citas a cambio de dinero, según aseguran más de una docena de entrevistados y ha podido comprobar elDiario.es. Algunos intermediarios se anuncian sin pudor en redes sociales, mientras que otros merodean por los alrededores de la embajada ofreciendo las citas a quién se acerca al edificio.

“Todos los pakistaníes que conozco que han logrado la cita para el visado y venir ha sido pagando a esta gente”, explicaba Farwq Hmad, 64 años, 30 de ellos en Barcelona. No todos los que ofrecen el servicio, no obstante, cumplen con su promesa. Houssian Shouket señalaba la semana pasada que, tras pagar en dos ocasiones 1.000 euros para que le dieran cita a su hijo, este no ha logrado obtener el visado para abandonar Pakistán.

Las cantidades que se pagan oscilan en función de la desesperación de los clientes y de los contactos que tenga cada intermediario. Algunos piden hasta 6.000 euros por la cita, una suma altísima para un trabajador en Pakistán, donde el sueldo medio son unos 250 euros al mes.

“En Islamabad se piensan que aquí somos ricos y podemos enviar todo ese dinero”, apunta Deilshad Houssain, 47 años y con nacionalidad española. “Pero sigue siendo demasiado incluso para los que estamos en España”.

Estas mafias, afirman los entrevistados, se jactan de tener contactos en la embajada que les conceden las citas. Otros intermediarios ofrecen un servicio más básico: están pendientes de cuando la embajada abre las citas disponibles y, cuando encuentran una, la venden a cambio de dinero.

“Es un dilema”, resumía Yassir Mahmud, trabajador de 50 años en el sector de la construcción. “Por un lado sabes que si no pagas no logras la cita, pero por otro te arriesgas a que te engañen y pierdes tus ahorros”.

La situación afecta también a estudiantes pakistaníes que han pagado su matricula en universidades españolas y no han podido cursar sus estudios, asegura Javed Ilyas Qureshi, fundador y presidente de la asociación de trabajadores pakistaníes.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores admiten la existencia de estos grupos organizados que se lucran con las citas en la embajada de Islamabad. “Es una actividad ilegal ajena a la embajada que España condena tajantemente”, apunta una fuente oficial del Ministerio.

Respecto a la ausencia de citas para solicitar el visado, Exteriores responde que la embajada “está intensificando sus esfuerzos” para “atender la alta demanda existente”.

Los problemas para obtener el visado han movilizado a la comunidad pakistaní de Barcelona, que ya lleva recogidas más de 1.500 firmas y ha denunciado la situación al Defensor del Pueblo.

Más allá de los años de espera, denuncian el coste que tiene para ellos tener que renovar constantemente los certificados médicos, de antecedentes penales, que caducan a los seis meses, así como sus respectivas traducciones juradas.

“Estamos dispuestos a llevar a juicio a la Embajada española”, afirma Javed Ilyas Qureshi. “También estamos preparando movilizaciones y una huelga de hambre en Madrid”.

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 100.000 pakistaníes en España y casi la mitad están en la provincia de Barcelona. En la capital catalana son la segunda nacionalidad extranjera más numerosa solo por detrás de los italianos.

Un sistema que funciona por recomendación

Los intermediarios que publicitan estos servicios ilegales en redes sociales no acceden a trabajar para cualquiera y recelan de quien les escribe sin ir recomendado.

elDiario.es escribió a dos de estos contactos para intentar conseguir una cita previa en la embajada de Islamabad a cambio de dinero. Lo primero que preguntaron ambos intermediarios fue quién había facilitado su número de WhatsApp.

“Lo siento solo trabajo con gente que tiene referencias”, respondió uno de ellos al responderle que no teníamos ninguna de referencia. Tampoco sirvió de nada enseñarle el anuncio de Instagram en el que aparecía su número.

El segundo intermediario al que contactó esta redacción también preguntó por una persona de referencia. Al decirle que su número se había obtenido gracias a un anuncio en redes sociales, pidió ver la publicación en la que aparecía su contacto.

“Podemos trabajar en ello”, respondió tras mostrarle el anuncio que había publicado en Instagram. “Lleva mucho tiempo conseguir una cita para la reunificación familiar”, añadió.

Tras unos cuantos mensajes, afirmó que podía conseguir la cita: estaría pendiente durante todo el día de las citas disponibles en la embajada y cuando hubiera una libre, la reservará y la pondrá a la venta. “Cuando aparezca una franja libre te mando el enlace”.

Para el trabajo pide 200.000 rupias (poco más de 600 euros al cambio) y solicita el 20% por adelantado. Sostiene que en el plazo de dos o tres semanas tendrá la cita, que será para septiembre, y comparte una cuenta bancaria para hacer la transferencia.

Mireia Forner, 44 años, dormía en su domicilio del barrio de Vallvidrera (Barcelona) cuando, sobre las cuatro de la madrugada del sábado, una serie de disparos la despertó. “Me levanté asustada, no sabía qué pasaba”, rememora, en conversación telefónica.

Lo primero que hizo fue mirar por la ventana. Vio entonces media docena de vehículos de Agentes Rurales de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra y unas diez personas con prismáticos y armas largas. Inmediatamente, escribió al chat de vecinos del barrio.

— ¿Sabéis que están haciendo la policía y los agentes rurales a esta hora?— preguntó.

— Tenemos todo de agentes por unos pocos jabalíes— le contestó otra vecina a la que también le habían despertado los disparos.

El intento de controlar la propagación de la Peste Porcina Africana (PPA) ha llevado a la Generalitat a realizar, durante la semana pasada, al menos dos actuaciones con disparos de madrugada en barrios habitados de Barcelona situados en Collserola.

A la actuación de la madrugada del sábado en Vallvidrera se suma otra similar el martes de la semana pasada en el barrio del Rectoret, situado entre la capital catalana y el municipio de Sant Cugat, según avanzó el medio local Cugat.cat

Desde la Generalitat señalan que son “actuaciones puntuales y excepcionales” en el marco del control de la plaga. “Las actuaciones en núcleo urbano no son habituales y solo se llevan a cabo cuando una valoración técnica determina que son necesarias”, apunta una fuente oficial de los Agentes Rurales.

Según esta fuente, este tipo de actuaciones del Grupo Especial de Captura de Animales (GECA) de los Agentes Rurales son “especialmente complejas” y requieren “compatibilizar la seguridad de las personas” junto al “mínimo sufrimiento del animal” y la “eficacia de las medidas de control de la enfermedad”.

El martes de la semana pasada, tras escuchar los disparos, los vecinos del Rectoret vieron cómo los agentes habían abatido a un jabalí en medio de la vía pública, en una zona residencial y a tocar de una guardería. Tras contactar con la policía, les dijeron que las actuaciones eran para controlar la PPA y les advirtieron de que se podían repetir en las próximas noches.

Los vecinos de estas dos áreas están molestos porque en ningún momento ni la Generalitat ni el Ayuntamiento les avisaron de que se iban a realizar batidas con disparos de madrugada y alertan del peligro que supone. “Yo no estoy en contra de que actúen para contener la plaga”, abunda Forner. “Pero no cuesta nada avisar a los vecinos antes de ponerse a pegar tiros de madrugada”.

Los vecinos del Rectoret presentaron la semana pasada una instancia ante el Ayuntamiento de Sant Cugat, ante el departamento de Interior de la Generalitat y ante el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) para denunciar la actuación de los Agentes Rurales cerca de sus domicilios.

“Todas las intervenciones que puedan tener una especial incidencia sobre el tráfico o la seguridad de las personas, se comunican semanalmente al departamento de Agricultura, así como a todas las policías locales afectadas y al cuerpo de los Mossos d'Esquadra”, responden desde el Govern.

La misma fuente oficial señala que la actuación en el barrio del Rectoret respondió a “las circunstancias detectadas” durante las tareas de “vigilancia y control”. Sobre la actuación en Vallvidrera señalan que se llevó a cabo tras un aviso de la Guardia Urbana de Barcelona.

“Muchos de nosotros tenemos perros y los sacamos a pasear de noche o de madrugada”, explica Sílvia Coca, vecina del barrio del Rectoret. “No queremos vivir con miedo”. Coca explica que, además, en el caso de la batida en el Rectoret, quedaron restos de sangre y muestras biológicas de los jabalíes matados durante la redada.

Según los Agentes Rurales, en esa actuación se “aplicó correctamente” el protocolo, pero admiten que quedaron “restos de sangre” en la calzada. “Se ha puesto en conocimiento de los servicios correspondientes y se han adoptado las medidas oportunas para evitar que se repitan situaciones como esta”, remachan.

El Govern no sabe cuándo podrá reabrir el parque

Son ya cuatro meses los que lleva cerrado el Parque de Collserola por el brote de peste porcina africana detectado a finales de noviembre. Y la reapertura, por ahora, ni siquiera está en el horizonte.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, explicó el lunes en una entrevista en TV3 que no se puede decir todavía cuándo se abrirá el espacio porque, según él, el bosque “está muy dejado” y eso complica el rastreo de jabalíes.

“La situación está más descontrolada de lo que pensábamos”, admitió Ordeig, antes de reconocer que los censos previos de jabalíes se habían “quedado cortos”, sobre todo en las zonas más boscosas.

La mayoría de vecinos de estos barrios de montaña de Barcelona coinciden en que el control de la población de jabalíes está lejos de ser una realidad. Y todos aseguran que sigue siendo habitual ver manadas de estos animales cerca de las basuras y, durante las últimas semanas, acompañados de cachorros.

Según Ordeig, la mitad de las zonas cerradas ya están libres de jabalíes, pero en el resto cuesta mucho avanzar. El conseller pidió no “echar por tierra” todo el trabajo hecho hasta ahora y recordó que los plazos los marcan los técnicos y los científicos, por lo que de momento no se pueden flexibilizar las medidas.

Hace unas semanas, el Govern ya había avanzado que las restricciones se alargarían todo el verano a pesar de las protestas de los vecinos, restaurantes y comercios de la zona para flexibilizar las medidas de control y permitir más afluencia al espacio natural.

El conseller también constató que algunas personas se han saltado las restricciones y que el Govern ya ha impuesto varias sanciones, aunque no precisó su número ni gravedad.

Qué bonito es el fútbol. Y, probablemente, nadie lo vive como los argentinos.

Unas 3.000 personas se han reunido en un hotel de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para bancar a la selección albiceleste en un partido con una altísima carga emotiva, culminado con una histórica remontada que lleva al equipo de Leo Messi a su segunda final consecutiva.

No es que este miércoles se haya reunido más gente porque se trate de una semifinal o porque el partido es a las 9 de la noche. Es el sexto evento que organiza la Filial Argentina de Barcelona en este Mundial y en todos se han agotado las entradas, también cuando el partido se ha celebrado a las 4 de la madrugada en un día laborable.

“No me preguntes, no tiene ningún sentido”, explicaba Sebastián Romero, 42 años, cuestionado por la manera en la que los argentinos viven este deporte.

La fiebre argentina se ha notado durante el Mundial en la capital catalana. Se ha visto en el metro, los días de partido, con vagones repletos de camisetas albicelestes. También en las plazas tras una eliminatoria de madrugada, con miles de personas cantando en Arco de Triunfo a las 6 de la mañana con el sol ya asomando en la ciudad.

Según datos del Ayuntamiento, en Barcelona hay más de 53.500 argentinos empadronados. La cifra no para de crecer y se ha doblado respecto a 2019, cuando había 26.300. La provincia es también el lugar con más vecinos de esa nacionalidad en todo el país, con más de 86.600 de los 450.000 repartidos por España.

“Ahora ser argentino en Barcelona es mucho más fácil”, explica Diego Justo, uno de los organizadores del evento. “Antes no había ningún plan que recordara a lo que hacemos en nuestro país”.

Cuando falta media hora para que empiece el partido, la cola da la vuelta a todo el hotel. Se ven camisetas albicelestes, muchas, pero también del Barça con el 10 de Messi; del Nápoles con el 10 de Maradona y hasta del Atleti con el 14 del ‘cholo’ Simeone.

“Y ya lo ve, el que no salta, es un inglés”, gritan ya en la cola ante la mirada atónita de algunos turistas que se hospedan en el hotel.

No todos son argentinos. Ricard Gómez, Joan Peña y tres amigos más son de Barcelona y están en la cola hablando en catalán. “Quiero que gane Argentina por Messi”, admite Joan. “Y, por otro lado, teníamos ganas de vivir el fútbol como lo hacen los argentinos”.

Dentro del hotel, en una sala de convenciones con cinco pantallas gigantes y decorada con trapos con motivos de River Plate, los asistentes no dejarán de cantar ni un segundo. Tampoco pararán los tambores y el incesante ritmo de la cumbia en una fiesta que durará hasta la madrugada.

Los aficionados animan y cantan —o gritan— como si el equipo de Scaloni les pudiera escuchar en Atlanta. El calor es abrasador y en la primera pausa de hidratación algunos ya se han quitado la camiseta.

Diego Justo explica que empezaron a organizar eventos para ver Argentina en un bar durante el mundial de 2014. Rápidamente, vieron que los argentinos de la ciudad echaban de menos poder ver el fútbol rodeados de sus compatriotas.

“La entrada en el primer bar dónde organizamos los encuentros era por orden de llegada y solo cabían 500-600 personas”, recuerda Justo. “Había gente que dormía en la calle la noche antes para tener sitio”.

Le pregunto si él ha notado que cada vez hay más argentinos en la ciudad. “Por supuesto”, responde. “Esto es una cadena: viene uno y está bien aquí, se da cuenta de que también puede comer asado y jugar al fútbol. Entonces trae al amigo, al primo y al hermano y cada vez somos más”.

No resulta fácil hablar con nadie porque en la sala nadie para de cantar ni un segundo. El gol de Gordon en el minuto 55 ni siquiera se notará. Ni un lamento, ni un grito de rabia, solo un aumento de los decibelios de los tambores y de los cánticos.

Pasan los minutos y algunos empiezan a pensar que la magia, esta vez, no va a ocurrir. “Este año creo que no va a ser”, confiesa Sebastián Romero en un ataque de honestidad. “Siempre vamos al filo y no siempre puede acabar bien”.

Pero la sala de convenciones tiembla con el zapatazo de Enzo que le da el empate a Argentina. El ambiente y el ruido de antes del gol era una broma comparado con el éxtasis que empieza en el minuto 85. Unos se suben a hombros de los otros, la gente se abraza, y la sensación en la sala es de que, porque no, los astros tal vez se vuelvan a alinear para la albiceleste.

La locura por el gol del empate todavía no ha amainado en la sala cuando, en el 93, se confirma la remontada argentina con el gol de Lautaro. Todo retumba de nuevo, todavía más fuerte, y vuelve a sobrevolar por este hotel en las afueras de la ciudad la sensación de que esa afición y ese equipo están tocados por una varita mágica.

El júbilo es indescriptible y transversal, menos para Emiliano. Este colombiano, vigilante del evento, auguraba una noche tranquila cuando Inglaterra parecía que se iba a clasificar. Incluso le había escrito a su mujer que tal vez llegaría antes a casa.

“Me tocará aguantar la fiesta hasta las dos de la madrugada”, confiesa resignado. “No lo entiendo pero este equipo siempre se acaba saliendo con la suya”.

Uno de cada tres convocados de la selección es catalán, pero lo de Catalunya y La Roja es complicado, que diría Rajoy.

“¿Por qué algunos aficionados apoyan a los jugadores de su equipo cada fin de semana, pero luego desean que pierdan en el escenario más importante del deporte?”, se preguntaba hace poco el New York Times, en un artículo sobre la curiosa relación entre Catalunya y la selección.

Hay gente que se alegra cuando gana España y a su vez cuando pierde. Hay independentistas que celebran sus goles en silencio, que se justifican diciendo que hay muchos jugadores del Barça, o que solo ven el partido para ver si ocurre el desastre. Hay, también, gente alejadísima de la política o de cualquier sentimiento nacionalista incapaz de apoyar a La Roja.

En resumen, ni todos los independentistas van en contra de La Roja ni todos los que quieren que pierda son independentistas. Es un sentimiento contradictorio, no sé si mayoritario, pero desde luego transversal y, a la vez, compatible con encontrar bares copados de forofos y barrios en los que parece que nadie se haya dado cuenta de que hay partido.

Hace unas semanas, cuando se debatían los artículos que se publicarían en esta sección, pareció una buena idea desplazarse a un feudo independentista para tomar la temperatura de la afición a la selección en la Catalunya de los estertores del procés.

No ha sido fácil encontrar el lugar. La mayoría de los municipios del Top10, esos en los que más del 90% de los vecinos apoyaron a los partidos nacionalistas, no tiene bar. En los pueblos donde sí lo hay el local o estaba cerrado por descanso del personal el lunes o responden que no tienen intención de dar el fútbol.

Encuentro refugio en Els omells de na Gaia, un bonito pueblo de casitas de piedra en la comarca del Urgell (Lleida), que cuenta con apenas 126 habitantes. En las últimas autonómicas, el 87,2% de los vecinos optaron por opciones independentistas.

Llamo al único bar que hay en el pueblo, que suele cerrar a las 22.00 horas, y Naiara me confirma que este lunes alargarán un poco el horario para poder ver el fútbol.

El bar, a falta de dos minutos para el España–Portugal, está desierto. Solo hay un tipo de pelo blanco en la barra, bastante dicharachero, de espaldas a la televisión. Se llama Ramón. Suena el himno de España y la televisión se apaga.

“¡Boicot!”, espeta Ramón entre risas. “¡Es broma hombre!”, añade, antes de explicar que la televisión se debe haber apagado porque lleva horas sin que nadie pulse el mando. La vuelven a encender y empieza el encuentro.

Justo en ese momento llegan tres tipos más, parece que con intención de ver el partido. “Poca gente”, dice uno de ellos. “Lo deben estar viendo en casa o trabajando”, añade.

“Bueno, es que da vergüenza quedar para ver un partido de la selección, ¿no?”, dice Ramón sin que nadie le haya preguntado. Ramón cenará un pincho de tortilla, una cerveza sin alcohol y un helado de chocolate y no se girará para mirar la televisión en ningún momento del partido.

El grupo de tres amigos, el único termómetro al alcance para poder elaborar esta crónica, resultará ser el prototipo de catalán que no sabe qué hacer cuando juega la selección.

Lo primero que hacen es pedir el mando y cambiar la retransmisión de Dazn, en castellano, por la de 2Cat, el canal en catalán de RTVE.

Gritan “¡Uy!” con la primera ocasión fallada de Oyarzabal, y un jubiloso “¡mira!” cuando Cristiano Ronaldo está a punto de marcar el primero de Portugal. “A Lamine que no me lo toquen”, será una de las pocas salidas de tono que se les escuchará en los 90 minutos.

Naiara, la camarera, añade una capa más a las contradicciones que flotan en el ambiente del bar. “Normalmente, quiero que pierda España, pero es que hoy juega contra Portugal”, explica. “Entre España y Cristiano Ronaldo, creo que odio más a Cristiano”.

Se acerca el minuto 90 y Naiara debate con su compañera si cierran el bar en caso de que finalmente haya prórroga. Lo que en cualquier local del país sonaría a sacrilegio está aquí encima de la mesa y nadie hace aspavientos.

“No sabemos qué hacer”, admite. Ramón, a todo esto, ya se ha largado y solo queda el grupo de tres amigos en todo el bar.

Por suerte para Naiara y para este periodista — el pueblo está a una hora y media en coche de Barcelona y se ha hecho tarde—, Mikel Merino marca en el 90 y España logra pasar a cuartos de final.

No se escucha nada. Ni un “gol”, ni un “joder”. Nadie alza los brazos, nadie da un golpe de rabia en la mesa. El árbitro pita el final y el grupo de amigos sigue observando el televisor impasible, sin saber si se alegran o no por lo que acaba de ocurrir.

El Instituto Catalán de Oncología (ICO), organismo de referencia de tratamiento e investigación del cáncer perteneciente al departamento de Salud de la Generalitat, relevó el pasado jueves a sus dos máximos responsables económicos pocos meses después de que este periódico revelase diversas irregularidades en la gestión financiera y contractual del ente.

La dirección general informó a sus empleados que había cesado a la directora de gestión económica, Marta A., así como a su ‘número 2’, el jefe del servicio económico y financiero, Carles L.

La directora de gestión económica ha sido despedida y se abrirá un proceso para cubrir su vacante. Su segundo dejará de tener un puesto de responsabilidad en las finanzas de la entidad y pasará al área de “Sistemas de información e Inteligencia Artificial” para “iniciar el proceso de digitalización de la gestión económica”.

Desde el ICO no han querido hacer ningún comentario sobre los ceses ni confirmar o desmentir que están relacionados con las irregularidades desveladas por esta redacción. La conselleria de Salud tampoco ha querido hacer ninguna declaración.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —Bellvitge, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 40% de la población adulta de Catalunya.

En enero, elDiario.es reveló que bajo la anterior dirección el ICO troceó un gran número de contratos entre 2023 y 2025 —de manera “irregular”, según concluyó una investigación interna— para esquivar los preceptivos concursos públicos.

Buena parte de los contratos estaban relacionados con las obras de remodelación de las oficinas de Servicios Generales del ente. El organismo, a su vez, pagó por duplicado servicios que ya tenía licitados.

La investigación interna por esos hechos apuntó a una “negligencia grave” en la gestión presupuestaria del ICO, cuya financiación depende íntegramente del Govern, y confirmó que la “gestión inadecuada” del dinero de la entidad había implicado sobrecostes “excesivos y descontrolados” para el erario público.

El organismo incoó entonces expedientes a media docena de directivos de la entidad, a pesar de que algunos de ellos ya habían abandonado el ICO. Algunos de estos responsables habrían propiciado, según la documentación obtenida, prácticas contrarias a la normativa de contratación pública que tuvieron un “impacto económico y reputacional” para el ICO.

Consultada en enero, una fuente oficial del ICO aseguró que se había activado un “plan de actuación para diagnosticar, analizar y supervisar el estado de los procesos de contratación” para evitar que “situaciones similares” se repitieran en el futuro.

Un análisis posterior de la contratación elaborado por esta redacción, sin embargo, confirmó que el descontrol financiero del ICO, cuyo presupuesto asciende a cientos de millones de euros, era mucho mayor del que había revelado la investigación interna de este organismo.

Al menos durante el último lustro, el ICO estuvo fraccionando los contratos de todo tipo de servicios valorados en cientos de miles de euros. Los encargos a dedo iban desde el traslado de pacientes en ambulancia o todo el servicio de mensajería, hasta el punto de que había particulares que estuvieron facturando al ente más de 50.000 euros al año sin concurso por trasladar muestras de sangre en su vehículo particular.

El relevo en la cúpula económica de este organismo llega apenas dos años después de que el antiguo director general del ICO, Ramon Salazar, dimitiera de su cargo por haber cobrado pagos de hasta siete farmacéuticas sin declararlos al portal de Transparencia.

El caso, distinto al revelado en este artículo, fue publicado por El Periódico de Catalunya y fue el primer aviso sobre el descontrol en la gestión económica del ICO, al destaparse también que Salazar estaba detrás de una empresa que organizaba jornadas anuales sobre cáncer, patrocinadas por laboratorios, bajo el sello de instituciones sanitarias públicas de Catalunya.

Hay un elefante en la habitación que aumenta de tamaño en cada Mundial. El evento nunca ha generado tanto dinero, nunca ha congregado a tantas selecciones ni ha ocupado tanto tiempo de pantalla. Cada vez, sin embargo, cuesta más encontrar a países democráticos que quieran organizarlo. ¿Son las autocracias el único futuro del fútbol internacional?

Según la previsión presupuestaria de la FIFA para el ciclo 2023-2026 analizada por Sports Value, el organismo proyecta ingresos récord de 11.360 millones de euros, de los cuales casi 8.000 millones corresponden al año del torneo. 

Los derechos televisivos, con casi 3.500 millones de euros, siguen siendo la mayor fuente de ingresos, pero la venta de entradas y los paquetes de hospitalidad premium superan ya los 2.600 millones. Cada nuevo Mundial bate la marca anterior de ingresos: los de Qatar 2022 fueron un 56% superiores a los de Brasil 2014. La curva no muestra síntomas de agotamiento.

Algunos expertos, sin embargo, señalan que hay algo roto en el modelo: esa cascada de dólares no suele llegar a los países anfitriones. Si organizar el evento deportivo más importante del mundo —con permiso de los JJOO— no sale rentable, es fácil imaginar qué tipo de países estarán dispuestos a perder dinero y cuáles son sus intereses.

Los contratos que la FIFA firma con las ciudades sede reservan para el organismo la mayor parte de los beneficios, incluyendo, según publicó la agencia AFP, hasta las tasas de aparcamiento. Las ciudades pagan la infraestructura, los costes de seguridad y la logística. La FIFA mientras se queda la taquilla.

El mundial no es rentable para las ciudades y tampoco resulta muy atractivo para las democracias que hagan las cuentas con honestidad. Brasil gastó más de 13.000 millones de euros en 2014 y terminó en recesión al año siguiente, según datos publicados por Bloomberg, con varios de sus doce estadios convertidos en mamotretos sin apenas uso.

El estadio Arena Amazônia en Manaos, con capacidad para 44.000 espectadores y construido en medio de la selva, en una ciudad sin equipo de primera división, es un buen ejemplo: costó unos 236 millones de euros y tras el Mundial solo se ha utilizado ocasionalmente para partidos del campeonato local ante apenas unos cientos de espectadores.  

Sudáfrica construyó recintos que hoy acumulan costes de mantenimiento desproporcionados. Solo Rusia, en 2018, logró un retorno positivo tangible —recuperó unos 12.000 de los casi 14.000 millones de euros invertidos, según datos de una consultora citados por CNN—, en parte gracias a una economía donde el Estado absorbe pérdidas sin rendir cuentas a nadie.

Algunas ciudades españolas ya han decidido retirarse de la carrera para ser sede en 2030 por las inversiones millonarias que se exigen y el escaso retorno para los vecinos. A Coruña y Málaga decidieron bajarse del barco a última hora. La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, explicó que el Ayuntamiento estaba “plenamente capacitado” para cumplir con lo que se exigía pero que no lo haría a “cualquier precio”.

El cálculo que hizo es que acoger cinco partidos iba a costar 100 millones de euros, más de la cuarta parte del presupuesto municipal. 20 millones por partido en una competición que tendrá 18 sedes en tres países.

El patrón parece ser la consecuencia de unas condiciones de licitación diseñadas para maximizar el margen de la FIFA, sobre el papel, una organización sin ánimo de lucro. Y esa lógica lleva a una conclusión: solo pueden permitirse organizar un Mundial los países que quieren un retorno distinto al económico o los que, como ocurre en esta edición, cuentan ya con la infraestructura necesaria desde hace décadas.

La nueva geografía del poder futbolístico

Es cierto que en el siglo XX hubo Mundiales en dictaduras con ganas de darse un lavado de cara —Italia 1934, Argentina 1978— pero esos casos aislados parece que se van a convertir en la norma. En el periodo 2018-2034, más de la mitad de los mundiales habrán sido organizados por Estados autoritarios sin ningún respeto por los Derechos Humanos. 

Arabia Saudí, de hecho, fue la única candidatura para 2034. No es que nadie más quisiera hospedar un Mundial, sino que nadie más podía pagarlo. Australia lo exploró y desistió. Una candidatura conjunta de diez países del Sudeste Asiático tampoco cuajó. Al final solo había un candidato en el campo y la FIFA lo aprobó por aclamación en diciembre de 2024.

Según el expediente de candidatura presentado a la FIFA, el reino saudí prevé construir o reformar once estadios, levantar 185.000 nuevas habitaciones de hotel e invertir en infraestructuras desde cero, incluyendo una nueva ciudad, Neom, ese megaproyecto urbanístico de casi 450.000 millones de euros anunciado a bombo y platillo en 2017 y que empieza a presentar serias dudas de viabilidad.

La inversión de Riad en deporte desde 2021 supera los 5.000 millones de euros, con 94 acuerdos específicos en fútbol —ahí está la Supercopa de España— según datos de la propia federación saudí. Aramco, la petrolera estatal, patrocina este Mundial y también el femenino de 2027. 

Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Arabia Saudí pretende usar el torneo para encubrir su larga ristra de violaciones de derechos humanos. Las ONG vaticinan desalojos forzosos, explotación de trabajadores migrantes bajo el sistema kafala —que ata a los trabajadores a un empleador concreto sin posibilidad de cambiar ni de sindicarse—, discriminación contra aficionados LGTBQ+ y restricciones a la libertad de prensa. 

Todo eso ya se ensayó en el microestado de Qatar y se perfeccionará en Arabia Saudí, un país mucho más grande y poderoso. La FIFA, por su parte, calificó el riesgo en derechos humanos de la candidatura saudí como “medio” en un informe oficial encargado, casualmente, a un bufete con sede en Riad. 

Los 211 miembros con derecho a voto tampoco pudieron valorar por separado las candidaturas de 2030 y 2034: había que aprobar o rechazar ambas en bloque, blindando así a Arabia Saudí detrás del consenso europeo para celebrar el próximo evento en España, Portugal y Marruecos. Así lo denunciaron conjuntamente Amnistía Internacional y la coalición Sport & Rights Alliance en noviembre de 2024.

La desafección que no sale en los datos de audiencia

Los números de audiencia continúan siendo astronómicos y el mundial es todavía hoy el evento con mayor penetración simultánea en la historia de la televisión. Pero hay algo que los ratings no capturan: la naturaleza del vínculo entre el aficionado y el torneo parece estar cambiando o, como mínimo, alejándose de occidente.

Qatar 2022 generó el primer rechazo de los europeos. En Alemania, el 65% de la población apoyó el boicot según encuestas previas al torneo, y las gradas de la Bundesliga se llenaron de pancartas contra el Mundial semanas antes de su inicio. Varias ciudades francesas —París, Lille, Marsella— se negaron a instalar pantallas públicas por razones éticas.

Los capitanes de selecciones occidentales anunciaron que llevarían un brazalete con los colores del arcoíris y el lema One Love, pero la FIFA les amenazó con sacar tarjetas amarillas automáticas y acabaron desistiendo. La selección alemana se fotografió en el once inicial con la mano tapándose la boca como protesta.

Una encuesta de YouGov realizada en seis países antes del torneo de Qatar reveló que el 70% de los alemanes y el 67% de los franceses consideraban inaceptable que el país organizara el evento. Entre el 50 y el 58% de los europeos encuestados creían que las instituciones deportivas internacionales estaban demasiado dispuestas a trabajar con gobiernos no democráticos.

Un estudio académico posterior, publicado en The Journal of Politics, confirmó que el Mundial no mejoró la imagen de Qatar entre los alemanes, aunque sí aumentó las simpatías hacia el mundo árabe en general.

El torneo no logró el efecto de lavado de imagen que buscaba, pero dejó algo quizás más relevante: la sensación extendida, al menos en Europa occidental, de que el mundial es cada vez menos una celebración del fútbol y se está convirtiendo en una herramienta política.

Es cierto que el aficionado europeo que ya no viaja a estos países puede ser reemplazado por audiencias de mercados emergentes. La FIFA parece ser consciente de ello y la ampliación a 48 selecciones apuntaría a esta estrategia de diversificación del público. La audiencia potencial del que se está celebrando se ha cifrado en 6.000 millones de personas.

El mercado asiático o africano puede compensar audiencias, pero no el vínculo emocional que Europa y Latinoamérica lleva noventa años construyendo con el torneo. La pregunta que plantea el futuro no es si el mundial va a desaparecer. La pregunta es qué tipo de torneo va a ser y para quién.

La sensación de déjà vu con lo que le ocurrió al Comité Olímpico Internacional (COI), organizador de los Juegos Olímpicos, es inevitable. El evento creció sin límite, casi implosionó por los boicots cruzados de los ochenta, y se reformó cuando el modelo tocó fondo. 

El fútbol está lejos de encontrar su suelo. Pero 2034 en Arabia Saudí será la prueba de hasta dónde puede llegar la distancia entre el discurso oficial —“el fútbol une al mundo”— y la realidad de un país anfitrión que criminaliza la orientación sexual de una parte de los aficionados, por citar solo un aspecto del catálogo de aberraciones humanitarias.

Como han afirmado los responsables del podcast Soccernomics en un artículo muy crítico con la deriva de la FIFA en The Economist: “Nada crece para siempre, y cuando el crecimiento se detiene, suele llegar el declive”.

A una semana de la ceremonia inaugural del mundial en el SoFi Stadium de Los Ángeles había dudas sobre si se podría celebrar. El sindicato que representa a la mayoría de trabajadores del recinto, buena parte de ellos migrantes, acordó ir a la huelga: exigían, a parte de mejoras laborales, protección ante las posibles redadas del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la administración Trump. 

Los empleados alcanzaron un acuerdo para evitar el paro apenas tres días antes de la ceremonia. Lograron relevantes subidas salariales, mejoras en las condiciones y una cláusula que permite a los trabajadores abandonar su puesto si la actividad del ICE pone en riesgo su seguridad. 

“Estos trabajadores son héroes. Se enfrentaron a la FIFA. Se enfrentaron al ICE. Ganaron un contrato histórico”, señaló entonces el presidente del sindicato, Kurt Petersen.

La anécdota pone de manifiesto hasta qué punto la amenaza de esta agencia federal —responsable ya de tres muertes directas por sus disparos en las calles de EEUU— sobrevuela a los miles de empleados que hacen posible el Mundial y al resto de migrantes del país. La actuación del ICE ha sido una de las políticas más contestadas de Trump, con grandes manifestaciones contra estos agentes en casi todas las gandes ciudades estadounidenses.

No solo los trabajadores están en riesgo: hace apenas un año, en la final de la Copa Mundial de Clubes, el denominado Mundialito, un solicitante de asilo que había llevado a sus hijos al partido fue detenido, encarcelado durante tres meses y deportado a su país (su nacionalidad no se ha hecho pública). Durante las últimas semanas, seguidores procedentes de Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití también han denunciado denegaciones de visado y restricciones de entrada. Aficionados de hasta 39 países se han quejado de problemas para acudir al Mundial. 

Amnistía Internacional, que definió al ICE como una “amenaza escalofriante” incluso para los jugadores participantes, ha aprovechado el Mundial para hacer comparaciones con la política migratoria de Trump. Solo en 2025 se expulsó a más de medio millón de personas, más de seis veces el número de espectadores que verá la final en el estadio MetLife de Nueva York.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que no habría redadas masivas de inmigrantes durante el Mundial. A continuación, sin embargo, dijo que no podía descartar detenciones por motivos migratorios en los partidos o en sus alrededores. La contradicción en los mensajes, como era de suponer, siembra más intranquilidad entre las potenciales víctimas del ICE.

La polémica ha llevado a la FIFA a reconocer que existen problemas. “Chill, relax”, declaró hace una semana su presidente, Gianni Infantino, antes de recordar que su organismo no tiene capacidad para influir en las decisiones de los Gobiernos sobre inmigración. 

Después del Mundial de Qatar, cuyos estadios se construyeron por migrantes en un régimen de semiesclavitud —fallecieron unos 6.500 trabajadores, según una investigación de The Guardian—, y de que la Fifa haya decidido que la edición de 2034 se dispute en Arabia Saudí, tampoco nadie esperaba mucha más contundencia del presidente de la supuesta entidad sin ánimo de lucro que gobierna el fútbol. 

Aunque parezca mentira, la FIFA dice haber incorporado en sus procesos de elección de sedes una “Política de Derechos Humanos” para los países que quieren albergar el evento. El primer Mundial bajo esta premisa es el de EEUU, México y Canadá. El de 2034 se celebrará en la dictadura de Arabia Saudí. En medio, Marruecos será sede en 2030 del que se disputará también en España y Portugal.

Miedo en distintas sedes

El miedo de los migrantes a acabar en un centro de detención tras una redada del ICE recorre las 11 ciudades estadounidenses en las que se jugarán partidos, alimentado en parte gracias a la ambigüedad de los mensajes lanzados por la administración Trump.

En febrero, el director interino del ICE afirmó que la agencia jugaría “un papel clave” en el dispositivo de seguridad durante el mundial. Poco después el Ejecutivo estadounidense matizó que la presencia de estos agentes sólo estaría vinculada a tareas de seguridad y contraterrorismo,

La inquietud se percibe sobre todo en lo que los americanos llaman las “ciudades santuario”: municipios o jurisdicciones que limitan todo lo que pueden su cooperación con las autoridades federales para deportar migrantes. 

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, afirmó a finales de mayo que “no había lugar para el ICE” en el Mundial y calificó de “mera retórica” las amenazas de la administración Trump. Otras sedes progresistas como Nueva York, Seattle o Los Ángeles afirman haber obtenido el compromiso de que no habrá redadas. 

Las asociaciones que apoyan a los migrantes, sin embargo, no se fían. “Tenemos todo el derecho a temer que esta administración utilice este gran momento cultural para reforzar su narrativa sobre el caos, la seguridad y quién pertenece aquí”, afirmó recientemente el director del sindicato Working Washington de Seattle. 

Ante la falta de garantías, son varias las entidades que han impulsado campañas públicas para exigir que los estadios, las zonas de aficionados y los eventos oficiales del Mundial sean considerados espacios libres de intervenciones del ICE. Argumentan también que su presencia podría disuadir a miles de aficionados y residentes de acudir a los partidos o participar en actos relacionados con el evento.

La tensión tampoco ha pasado desapercibida en el Congreso. La representante demócrata Nellie Pou, de Nueva Jersey, cuyo distrito incluye el MetLife Stadium donde se jugará la final, presentó la Save the World Cup Act, que prohibiría las operaciones de inmigración civil en un radio de un kilómetro y medio alrededor de los estadios, aparcamientos y zonas para los aficionados. 

Pou justificó su iniciativa de esta manera: “Cuando le pedí directamente al jefe de ICE que nos garantizara que se mantendrían alejados de los partidos, se negó”, afirmó.

Su compañera de partido LaMonica McIver, también de Nueva Jersey, impulsó una propuesta paralela para impedir que fondos federales de seguridad se destinen a operaciones del ICE en las sedes del torneo. 

Ambas iniciativas, sin embargo, tienen escasas posibilidades de prosperar en un Congreso controlado por los republicanos antes del inicio del torneo.