A una semana de la ceremonia inaugural del mundial en el SoFi Stadium de Los Ángeles había dudas sobre si se podría celebrar. El sindicato que representa a la mayoría de trabajadores del recinto, buena parte de ellos migrantes, acordó ir a la huelga: exigían, a parte de mejoras laborales, protección ante las posibles redadas del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la administración Trump. 

Los empleados alcanzaron un acuerdo para evitar el paro apenas tres días antes de la ceremonia. Lograron relevantes subidas salariales, mejoras en las condiciones y una cláusula que permite a los trabajadores abandonar su puesto si la actividad del ICE pone en riesgo su seguridad. 

“Estos trabajadores son héroes. Se enfrentaron a la FIFA. Se enfrentaron al ICE. Ganaron un contrato histórico”, señaló entonces el presidente del sindicato, Kurt Petersen.

La anécdota pone de manifiesto hasta qué punto la amenaza de esta agencia federal —responsable ya de tres muertes directas por sus disparos en las calles de EEUU— sobrevuela a los miles de empleados que hacen posible el Mundial y al resto de migrantes del país. La actuación del ICE ha sido una de las políticas más contestadas de Trump, con grandes manifestaciones contra estos agentes en casi todas las gandes ciudades estadounidenses.

No solo los trabajadores están en riesgo: hace apenas un año, en la final de la Copa Mundial de Clubes, el denominado Mundialito, un solicitante de asilo que había llevado a sus hijos al partido fue detenido, encarcelado durante tres meses y deportado a su país (su nacionalidad no se ha hecho pública). Durante las últimas semanas, seguidores procedentes de Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití también han denunciado denegaciones de visado y restricciones de entrada. Aficionados de hasta 39 países se han quejado de problemas para acudir al Mundial. 

Amnistía Internacional, que definió al ICE como una “amenaza escalofriante” incluso para los jugadores participantes, ha aprovechado el Mundial para hacer comparaciones con la política migratoria de Trump. Solo en 2025 se expulsó a más de medio millón de personas, más de seis veces el número de espectadores que verá la final en el estadio MetLife de Nueva York.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que no habría redadas masivas de inmigrantes durante el Mundial. A continuación, sin embargo, dijo que no podía descartar detenciones por motivos migratorios en los partidos o en sus alrededores. La contradicción en los mensajes, como era de suponer, siembra más intranquilidad entre las potenciales víctimas del ICE.

La polémica ha llevado a la FIFA a reconocer que existen problemas. “Chill, relax”, declaró hace una semana su presidente, Gianni Infantino, antes de recordar que su organismo no tiene capacidad para influir en las decisiones de los Gobiernos sobre inmigración. 

Después del Mundial de Qatar, cuyos estadios se construyeron por migrantes en un régimen de semiesclavitud —fallecieron unos 6.500 trabajadores, según una investigación de The Guardian—, y de que la Fifa haya decidido que la edición de 2034 se dispute en Arabia Saudí, tampoco nadie esperaba mucha más contundencia del presidente de la supuesta entidad sin ánimo de lucro que gobierna el fútbol. 

Aunque parezca mentira, la FIFA dice haber incorporado en sus procesos de elección de sedes una “Política de Derechos Humanos” para los países que quieren albergar el evento. El primer Mundial bajo esta premisa es el de EEUU, México y Canadá. El de 2034 se celebrará en la dictadura de Arabia Saudí. En medio, Marruecos será sede en 2030 del que se disputará también en España y Portugal.

Miedo en distintas sedes

El miedo de los migrantes a acabar en un centro de detención tras una redada del ICE recorre las 11 ciudades estadounidenses en las que se jugarán partidos, alimentado en parte gracias a la ambigüedad de los mensajes lanzados por la administración Trump.

En febrero, el director interino del ICE afirmó que la agencia jugaría “un papel clave” en el dispositivo de seguridad durante el mundial. Poco después el Ejecutivo estadounidense matizó que la presencia de estos agentes sólo estaría vinculada a tareas de seguridad y contraterrorismo,

La inquietud se percibe sobre todo en lo que los americanos llaman las “ciudades santuario”: municipios o jurisdicciones que limitan todo lo que pueden su cooperación con las autoridades federales para deportar migrantes. 

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, afirmó a finales de mayo que “no había lugar para el ICE” en el Mundial y calificó de “mera retórica” las amenazas de la administración Trump. Otras sedes progresistas como Nueva York, Seattle o Los Ángeles afirman haber obtenido el compromiso de que no habrá redadas. 

Las asociaciones que apoyan a los migrantes, sin embargo, no se fían. “Tenemos todo el derecho a temer que esta administración utilice este gran momento cultural para reforzar su narrativa sobre el caos, la seguridad y quién pertenece aquí”, afirmó recientemente el director del sindicato Working Washington de Seattle. 

Ante la falta de garantías, son varias las entidades que han impulsado campañas públicas para exigir que los estadios, las zonas de aficionados y los eventos oficiales del Mundial sean considerados espacios libres de intervenciones del ICE. Argumentan también que su presencia podría disuadir a miles de aficionados y residentes de acudir a los partidos o participar en actos relacionados con el evento.

La tensión tampoco ha pasado desapercibida en el Congreso. La representante demócrata Nellie Pou, de Nueva Jersey, cuyo distrito incluye el MetLife Stadium donde se jugará la final, presentó la Save the World Cup Act, que prohibiría las operaciones de inmigración civil en un radio de un kilómetro y medio alrededor de los estadios, aparcamientos y zonas para los aficionados. 

Pou justificó su iniciativa de esta manera: “Cuando le pedí directamente al jefe de ICE que nos garantizara que se mantendrían alejados de los partidos, se negó”, afirmó.

Su compañera de partido LaMonica McIver, también de Nueva Jersey, impulsó una propuesta paralela para impedir que fondos federales de seguridad se destinen a operaciones del ICE en las sedes del torneo. 

Ambas iniciativas, sin embargo, tienen escasas posibilidades de prosperar en un Congreso controlado por los republicanos antes del inicio del torneo. 

El Tribunal de Cuentas investiga presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del plan de pensiones de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa pública que gestiona el metro y el autobús en la capital catalana.

El órgano fiscalizador indaga el pago de sobresueldos vinculados a ese fondo de jubilación que se abonaron a una veintena de empleados. La otra pata del procedimiento son las altas sumas que han cobrado los representantes sindicales por participar en sus reuniones de control.

Solo entre 2020 y 2023, TMB pagó casi un millón de euros a los liberados sindicales que acudieron a estos encuentros, que se celebran una vez al mes —sin incluir agosto— y duran unas tres horas, según afirman distintas fuentes conocedoras de las reuniones.

La empresa pública, además, pagó en 2022 y 2023 sobresueldos de hasta 17.000 euros a solo una veintena de empleados —en una plantilla de 9.000 trabajadores— para compensarles el aumento de las cargas fiscales vinculadas a la prima de riesgo de su plan de pensiones. 

TMB repartió estos pagos de forma unilateral, en función del importe de la carga fiscal de cada empleado, sin atender a ningún convenio ni acuerdo con los trabajadores y beneficiando principalmente a quienes más ganaban.

La empresa es conocedora de la irregularidad de estos sobresueldos desde al menos julio de 2024, cuando tras una denuncia interna solicitó un dictamen jurídico a un bufete de abogados. El escrito de los letrados, obtenido por este periódico, señaló que tanto los pagos como la discrecionalidad con la que se repartieron no se ajustaban a la legalidad.

Según ha podido saber elDiario.es, la investigación arrancó tras una denuncia de un empleado ante el Tribunal de Cuentas en 2024 y el órgano ha pedido a TMB —una de las mayores empresas públicas de Catalunya— las actas de las mencionadas reuniones del plan de pensiones.

La investigación supone un nuevo capítulo en la crisis de reputación que vive TMB: cinco altos cargos —entre ellos el Consejero Delegado— están imputados en juzgados penales por dos denuncias de acoso laboral. La Oficina Antifraude y la Agencia Catalana de Protección de Datos, por su parte, han incoado expedientes sancionadores contra la empresa por haber tenido al descubierto información confidencial de sus empleados.

Pagos irregulares para compensar impuestos

TMB abonó los sobresueldos investigados porque, tras destinar dinero a su plan de pensiones, algunos trabajadores acababan pagando más impuestos de lo habitual. La empresa decidió compensar ese sobrecoste fiscal de su propio bolsillo con un pago en nómina con el concepto “Abonos diversos”.

Tras pedir el dictamen jurídico que los consideró ilegales, sin embargo, la empresa requirió a los empleados que la cobraron que la devolvieran a TMB en el plazo de un año, según consta en las cartas escritas a los empleados consultadas por esta redacción.

Algunos trabajadores acataron la petición. Otros se negaron y TMB se lo ha reclamado por vía judicial, según sostiene una fuente oficial de la empresa pública. 

La misma fuente oficial recuerda que la investigación del Tribunal de Cuentas está en una “fase de investigación previa” y no de “enjuiciamiento” y enmarca esos sobresueldos irregulares en la transformación que se hizo de los planes de pensiones “por obligación legal”.

Sobre los altos importes que han cobrado los representantes de los trabajadores que acudían a las reuniones del plan de pensiones, TMB responde que estos empleados no son liberados sindicales ni se rigen por su régimen jurídico.

“Son trabajadores elegidos por sus compañeros y ejercen esta función dentro de su jornada laboral sin retribución adicional”, afirma la compañía. 

La propia empresa, sin embargo, informaba hasta hace poco en su portal de transparencia de las horas, el importe y el número de “liberados sindicales del plan de pensiones”. La compañía dejó de publicar esa información coincidiendo con la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

Por esto el cálculo del dinero abonado a estos representantes que figura en este artículo solo incluye el periodo 2020-2023. La empresa no ha querido aportar los datos de 2024 y 2025.

“Durante unos años consideramos que las personas del plan de pensiones eran liberados [sindicales], pero no lo son y por eso dejamos de publicar la información en el portal de transparencia. Ahora ya no la tenemos recopilada como tal”, responden desde TMB.

“Por supuesto que somos liberados sindicales”, asegura Rafael Barrios, que ha participado en la comisión de control del plan de pensiones durante más de dos décadas y fue su presidente hasta hace pocos meses.

Barrios, sin embargo, defiende el trabajo que han hecho él y el resto de representantes para mejorar las condiciones de la jubilación de los empleados de TMB y considera que “no hay nada” que el Tribunal de Cuentas pueda reprochar.

El periodista Toby Muse (Chichester, Reino Unido, 50 años) frecuentó casi todos los eslabones de los cárteles colombianos durante más de 15 años. Estuvo en las fiestas interminables en las que sicarios y narcos, puestos hasta las cejas, presumían de su poder y dinero. Entró en los laboratorios controlados por la guerrilla en los que la hoja de coca se convertía en polvo. Se emborrachó con incontables asesinos y temió por su vida en más de una ocasión. 

El resultado fue Kilo: el mundo secreto de los cárteles de la cocaína (Capitán Swing, 2026), una celebrada y trepidante investigación sobre los personajes y la idiosincrasia del narco, explicada siguiendo el rastro de un kilo de cocaína desde la selva hasta que sale de un puerto sudamericano rumbo a una ciudad europea.

El periodista atendió el pasado mayo desde Bogotá a elDiario.es a través de una videoconferencia. La conversación ha sido editada y recortada para facilitar su lectura.

¿Cómo consiguió un acceso tan profundo a este submundo?

Todo empezó en el ambiente de las fiestas, algo enorme en esa cultura. Tenía un amigo metido en el circuito de fiestas de los cárteles, donde los narcos presumen de todo: la novia actriz, el coche...

¿Iba a esas fiestas?

Sí. Mi periodismo es de inmersión, es parte del trabajo. Hay dilemas éticos, claro, pero en el fondo mi ética es no mentir y conseguir la historia, sin que sufra gente inocente. Nadie acabó en la cárcel por participar en mi libro. Así que si me emborracho con gente de los cárteles, no le veo el problema.

Yo tampoco.

Si llego con mi libreta, un narco no me va a contar nada. Esas fiestas duraban dos o tres días, una locura total: bebías ron y cerveza, luego te subías al coche de alguien que conducía a toda velocidad esnifando “tusi” y pensabas: “Así es como mi madre se va a enterar de que he muerto”. Menuda forma de palmarla para un corresponsal extranjero... nada de Siria ni Afganistán, simplemente una estupidez. Pero era la forma de verlos en su hábitat, y también era emocionante: quería escribir un libro de aventuras.

Quince años rodeado de esta gente no son pocos.

Hubo que ganarse su confianza. Al principio me presentaban a un sicario de 17 años, totalmente prescindible para ellos. Con el tiempo fui ganando acceso hasta codearme, entrevistar, comer y cenar con los capos. Fue un proceso que duró años. Y siempre había alguien que no se fiaba y me lanzaba miradas asesinas.

¿Temió por su vida?

En Colombia, cuando algo se tuerce, sucede muy rápido y muy a fondo. Una noche en la zona de cultivos de coca de Catatumbo, bebíamos cervezas en medio de la nada con agricultores, recolectores, guerrilleros... De repente uno dijo: “Estoy harto de este puto gringo. Lo voy a matar”. No puedes hacer nada: son las nueve de la noche, está todo oscuro. Agachas la cabeza y piensas: “Que no me mate”. No hay segundo paracaídas. Solo tienes tus instintos y esperas que todo salga bien.

¿De dónde sale la idea de contar el narco siguiendo el rastro de un kilo de cocaína?

Quería mostrar a toda esa gente distinta que participa en la cadena, con esa imagen del kilo pasando de mano en mano. Quería enseñar la locura de los cárteles: todo el mundo ha perdido la cabeza. Hay brujas, sicarios que rezan a sus propias vírgenes, gente que se vuelve majara encerrada en submarinos que trasladan alijos. Escribí el libro en presente para transmitir que esto está pasando hoy, pasó ayer y pasará mañana.

Es lo que usted llama “el torbellino de violencia y codicia” del narco. ¿Cómo lo ha llevado a nivel personal?

Ha habido momentos de todo. En Colombia, cada familia ha sufrido algún acto de violencia. Es omnipresente y, desgraciadamente, se ha normalizado. Tienes amigos que mueren por las razones más absurdas. Cultivar amistades en ese submundo tiene un precio: sabes que la mayoría van a morir. Es una vida al límite y, a veces, viviendo al límite, te caes.

Había leído muchas metáforas sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, pero me pareció interesante la que describe en el libro: es como andar en una bici estática, se hace mucho esfuerzo pero nada se mueve.

Es del presidente [de Colombia, Gustavo Petro], pero es que es cierta. Los grandes interesados en que continúe la guerra son los agentes de la DEA y los narcos. Los demás estamos atrapados en medio. A mayor riesgo, mayor recompensa: este negocio les viene como anillo al dedo. Muchos pasan diez o veinte años acumulando dinero a base de arriesgarse y, al llegar a los cuarenta o cincuenta, quieren negociar, salir, conservar su dinero, cumplir poco o nada de cárcel a cambio de colaborar.

El ritmo de vida que refleja el libro parece inasumible durante mucho tiempo.

Todo el mundo se arrepiente de haberse metido en la cocaína, pero cuando se dan cuenta ya es tarde: están atrapados. Y, volviendo a la guerra contra las drogas, estamos en una situación en la que no sabemos qué hacer. Todo el mundo sabe que ha fracasado, pero no sabemos qué viene después. Vivimos en un círculo vicioso y violento que no tiene fin.

¿No cree que ya es tarde para despenalizar las drogas? A veces da la sensación de que el monstruo del narco se ha hecho demasiado grande para acabar con él.

Yo no tengo la solución, solo soy periodista: voy a un sitio, vuelvo y digo que lo que estamos haciendo no funciona. Muchos académicos dicen que la legalización es la solución. Puede ser, no digo que no. Pero ningún sitio está preparado, porque la ciudadanía no lo apoya.

Pero cada vez hay más gente consciente de que la guerra contra las drogas ha fracasado…

Tienes razón, pero me sorprendería que en España una mayoría quisiera legalizar la cocaína para que cualquier joven de 18 años pudiera comprarla en una farmacia. Puede que no sea mala idea, pero nadie ha hecho el trabajo político para que ocurra. Mira cuánto ha durado en Estados Unidos el proceso con la marihuana: casi cincuenta años.

La persona que compra cocaína para tomarla en Barcelona no es responsable de la violencia de esta industria

¿Qué se necesita?

Que alguien dé el paso y diga “yo seré el primero”. Dime un actor que diga “cuánto me gusta la cocaína”. O un cantante que diga “la heroína me ha ido de maravilla”. Nadie lo dice. Y está bien, pero ¿cómo esperamos que empiece la conversación si nadie da el primer paso?

El libro trata de alejar de la academia el debate sobre las drogas. ¿Por qué?

Cuando lo escribí, los académicos dominaban ese debate y yo quería arrebatarles la conversación. Aprender sobre la cocaína a través de ellos es como aprender sobre el sexo en un libro de biología: está ahí, pero eso no es el sexo. La cocaína es lujuria, es asesinato, es traición. Son las emociones humanas más oscuras, pero muy humanas al fin y al cabo. Tiene un corazón oscuro, pero tiene corazón.

Visitando las zonas de cultivo de coca constató la gran oportunidad perdida del proceso de paz de 2016 con las FARC: el Gobierno no llenó el vacío dejado por la guerrilla y eso dio espacio a las milicias del narco y a los cárteles para quedarse con las tierras de cultivo. ¿Qué podría haber pasado si se hubieran hecho las cosas bien?

El fracaso de ese proceso es una de las grandes tragedias de mi vida. En 2016 volvíamos de una plantación de coca en Antioquia, una zona marcada por guerrilla, paramilitares y masacres. Dos viejos del lugar conducían la camioneta y hablaban entre ellos: “¿Te acuerdas? Ahí dejaban los cuerpos”. Antes, cuando mataban a alguien, lo dejaban en la carretera y quien pasaba debía avisar a las familias. Entonces uno dijo: “Llevo dos años sin ver un cuerpo”. Y el otro: “Yo tampoco”.

Fue un espejismo que duró muy poco, apenas dos o tres años.

Eso es lo que Colombia podría haber sido. Una paz real que nunca habían conocido, durante dos o tres años. Había tanto optimismo... Todo era posible con ese país tan hermoso, con todos sus recursos y su gente talentosa: literatura, cine, música. Se sentía que empezaba una Colombia nueva. Pero la ventana se cerró de golpe.

La situación parece haber vuelto al punto de partida...

Colombia tuvo la oportunidad de hacer algo distinto, pero no pudo soltar las viejas costumbres. La coca siguió. Ahora tenemos unas elecciones presidenciales que pueden ser las más violentas en veinte años. La base de todo es la pobreza, el poder político, la desigualdad, pero la droga sigue siendo determinante: la mayoría de estos grupos se financian de una u otra forma a través del narcotráfico.

En el libro habla de los raspachines, quienes cultivan y deshojan las plantas de coca, y los pescadores, el eslabón más débil y reemplazable de la cadena. ¿Qué responsabilidad tiene alguien que este fin de semana compre cocaína en Barcelona o París sobre la miseria de estas personas?

Es una buena pregunta. Colombia produce cocaína porque los países ricos la consumen: ese es el motor de todo. Pero ¿por qué es un mundo tan violento? Porque hay un mercado negro. Al Capone se convirtió en quién era por la prohibición de la ley seca: era un matón callejero que se convirtió en gánster. Es la prohibición la que crea estos monstruos. Así que la persona que compra cocaína para tomarla en Barcelona no es responsable de la violencia de esta industria. Si acaso, es responsable de no presionar a los políticos para que busquen una solución distinta.

Los perjudicados, en todo caso, son siempre los mismos.

Tenemos que exigir a nuestros políticos una solución mejor, que no cargue todos los problemas sobre países como México, Colombia o Ecuador diciéndoles “buena suerte, apañaos”. No podemos seguir haciéndoles esto. Es totalmente inmoral.

En Europa nos espera una oleada de violencia para la que no estamos preparados.

El libro habla de Róterdam como centro neurálgico del narco en Europa, pero también asegura que estos grupos podrían corromper instituciones incluso en Madrid o Barcelona, como han hecho en América Latina.

No creo que lleguemos a los niveles de Ecuador, del Cali de los ochenta o el Medellín de los noventa, pero nos espera una oleada de violencia para la que no estamos preparados. El dinero de la cocaína tiene un poder enorme para corromper a policías, jueces y fiscales, especialmente en las aduanas.

En Barcelona y Catalunya la violencia vinculada al tráfico de drogas no deja de aumentar...

Me preocupa una fractura de la sociedad europea. Veo en esa fragmentación una oportunidad de ganar dinero. Y temo que ya sea demasiado tarde, porque la cocaína ha vivido un boom durante años. Las mafias locales de Londres, España o Portugal llevan tiempo ganando una fortuna, y la han reinvertido en la organización: mejores armas, mejores sicarios, más reclutas.

La guerra aún no ha empezado, pero siempre llega, porque no puedes tener cuatro mafias en Róterdam para siempre. No me extrañaría que viéramos asesinatos graves en Europa que nos hagan decir: “Vaya, no sabíamos lo poderosos que eran”. Vamos por mal camino.

Esta nueva generación de narcos que describe, más discreta, ¿es más peligrosa que la anterior, más extravagante y visible?

Sí, porque son mucho más difíciles de detectar. La nueva generación es invisible. Viven en Barcelona, Nueva York, Miami, y nunca llegan a tocar un gramo. Al ser más difíciles de detectar, son mejores canalizando el dinero hacia la economía legal. Eso es algo que tenemos que resolver antes de que sea tarde: si el blanqueo de capitales se convierte en un factor relevante en Países Bajos, Londres o Barcelona, los políticos locales pueden llegar a preguntarse si de verdad quieren perseguir a esas organizaciones y hundir sus economías.

Un tema interesante que recorre su texto es la particular relación con la muerte que tienen los narcos.

En un momento dado le pregunté a un amigo que había vivido de cerca toda la guerra entre cárteles: “¿Tú podrías haber hecho algo así?”. Me dijo que no, jamás, y comparó a los sicarios con una tostadora rota: “Esta gente nace con algo que les falta. Son defectuosos. Les falta una pieza que los haría plenamente humanos”. Y creo que es verdad.

Pero usted, de alguna manera, intenta comprender qué y quién hay detrás de tanta violencia.

Porque quería escribir algo interesante. Mi trabajo no es señalar y decir “esto es muy malo”: eso es aburrido. Quería intentar comprender, y me encontré dedicando demasiado tiempo a explicar a los sicarios.

¿Le generó contradicciones?

En algún momento tienes que trazar una línea y decir: lo que haces es inexcusable, el mundo es peor porque tú estás en él, eres un enemigo de la sociedad. Lo que entendí es que el criminal siempre busca echarle la culpa a otro. Pocos dicen “lo hice yo, soy el responsable”. Siempre hay una lista de culpables, excepto ellos mismos.

Encima muchos aseguran ser creyentes.

Le pregunté a un sicario cómo rezaba a la Virgen cuando lo que hacía contradecía claramente la Biblia. Me dijo que la culpa era de Dios: “Si Dios no quisiera que lo hiciera, me detendría”. Un chaval de veintisiete años de los barrios de Medellín convertido en el ejecutor sagrado de Dios. Todo el mundo ha perdido la cabeza.

Resulta duro leer hasta qué punto hay chavales de 14 años cometiendo asesinatos por órdenes de los cárteles.

La primera vez que matan siempre son adolescentes, porque son lo más prescindible que existe. Un chaval de catorce años de un barrio marginal de Medellín es lo más desechable del mundo. Si lo hace, bien; si no, no importa.

¿Qué le contaron los sicarios sobre el acto de matar?

Siempre hablan de los vómitos, el estrés, el horror, cierta culpa la primera vez. Pero todos siguen. Luego la muerte se normaliza y se convierte en su trabajo.

Esa normalización de la muerte e impunidad que denuncia el libro…

A un grupo de sicarios se le llama “la oficina”, y todas las ciudades importantes de Colombia tienen la suya. Si tú y yo somos socios en Londres y discutimos, nos demandamos en los tribunales. En Colombia, a veces es: “Tengo un problema, llamo a la oficina”. Esa es la terrible influencia que los cárteles y la cocaína han tenido en muchas sociedades de Latinoamérica. Su relación con la muerte es laboral. Y eso es todo.

En parques, festivales e incluso alguna discoteca se ha podido ver durante los últimos años una imagen curiosa: globos que se inflan y se desinflan en segundos, risas breves y un gas utilizado por pasteleros que se ha colado en la conversación pública sobre drogas. Tras irrumpir con fuerza en países como Reino Unido o Francia, el consumo de óxido nitroso, conocido popularmente como “gas de la risa”, se ha convertido en uno de los fenómenos emergentes que más atención ha despertado entre profesionales sanitarios, educadores y responsables de políticas de drogas. 

Algunos medios se han atrevido a llamarle “la nueva droga de moda” entre los jóvenes españoles. Los datos, sin embargo, apuntan a que el consumo es todavía muy minoritario. 

Así lo refleja el primer estudio en profundidad que se ha hecho sobre el fenómeno en España, financiado por el Ministerio de Sanidad, en el que se ponen cifras y contexto a una sustancia cuyo consumo se puede percibir en grandes ciudades como Barcelona y, al mismo tiempo, es prácticamente inexistente en otras urbes del país. El informe analiza por primera vez de forma integral los patrones de consumo, los perfiles de usuarios, los riesgos asociados, los canales de distribución y las respuestas institucionales que se han desplegado hasta la fecha. 

Los investigadores describen una situación marcada por una tensión constante entre dos realidades contradictorias: una baja prevalencia epidemiológica y una elevada visibilidad mediática, lo que genera un desajuste entre la percepción social y la magnitud real del fenómeno. “No es la primera vez que la prensa magnifica algún tema relacionado con las drogas”, apunta Nico Piñeiro, autor principal del informe elaborado por la consultora Episteme Social. “Es un fenómeno que ya hemos visto con el fentanilo o con la burundanga”, añade.

Según recoge el estudio, el consumo del gas de la risa en la población adulta alcanza una prevalencia del 1,1% cuando se pregunta por el uso alguna vez en la vida y del 0,2% en el último año. 

Por comparar, la prevalencia del consumo de cocaína se sitúa en el 13,3% alguna vez en la vida y en el 2,5% en el último año, según los datos del Ministerio de Sanidad. 

Un fenómeno asociado al ocio juvenil

Los bajos porcentajes de consumo aumentan ligeramente cuando se pregunta a los más jóvenes. Entre los adolescentes de 14 a 18 años, el óxido nitroso aparece como la sustancia con mayor prevalencia dentro de la categoría de nuevas sustancias psicoactivas, con un 1,7% de jóvenes que afirman haberla consumido alguna vez. 

Los propios autores advierten, no obstante, de que estos datos deben interpretarse con cautela porque históricamente el óxido nitroso no se registraba de forma diferenciada en las estadísticas oficiales.

La investigación sitúa el consumo principalmente en contextos de ocio y socialización entre chavales, principalmente al aire libre. El documento apunta que una parte de los usuarios del “gas de la risa” son jóvenes que no acuden a locales de ocio y baile porque no están dispuestos a pagar los precios de las entradas y de las consumiciones o porque directamente no les dejan entrar.

Los autores destacan que el consumo, en la mayoría de casos, forma parte de experiencias compartidas más que de un uso individual o problemático. El estudio, sin embargo, también identifica situaciones diferentes en contextos de vulnerabilidad social, donde pueden aparecer patrones más frecuentes e intensivos.

La investigación señala además que la visibilidad del fenómeno se concentra especialmente en áreas urbanas y metropolitanas, donde confluyen una elevada densidad de población joven, una intensa actividad de ocio y una fuerte presencia turística. 

Ciudades como Barcelona y determinadas zonas de Baleares o de la costa valenciana aparecen citadas en el informe como ejemplos de lugares donde el consumo se ha hecho visible en los últimos años.

“Vemos como ha habido más impacto en zonas mediterráneas”, prosigue Piñeiro en conversación telefónica. Este antropólogo y Educador social apunta como una posible vía de entrada de la sustancia a España a los jóvenes provenientes de países en los que la droga sí ha tenido un verdadero auge y vinieron de vacaciones tras la pandemia. 

La percepción de riesgo sigue siendo baja

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la distancia existente entre los riesgos reales asociados a la sustancia y la percepción que tienen muchos consumidores.

Según los investigadores, la percepción de riesgo suele centrarse en los efectos inmediatos, generalmente breves y considerados poco graves por los usuarios. Esta circunstancia, unida a la facilidad de acceso y a la situación legal del producto, contribuye a normalizar su consumo en determinados entornos juveniles.

Los daños asociados al óxido nitroso, con todo, dependen en gran medida de la frecuencia y la intensidad del consumo. En los usos ocasionales predominan efectos agudos leves como mareos o descoordinación. Son los consumos repetidos e intensivos los que pueden provocar efectos más graves, incluyendo complicaciones neurológicas, algunas con secuelas duraderas.

El Instituto Guttmann de Barcelona alertó recientemente de que, entre 2020 y 2025, seis pacientes ingresaron en su hospital de neurorehabilitación con secuelas neurológicas graves a consecuencia del consumo de este gas. 

El estudio señala que estos efectos son mucho menos conocidos entre los consumidores que los efectos inmediatos de la sustancia, lo que dificulta la adopción de conductas preventivas.

España, en una fase temprana respecto a otros países europeos

El informe recomienda evitar el alarmismo que pueda contribuir a su difusión, porque concluye que España se encuentra todavía en una etapa relativamente temprana en comparación con países como Francia, Reino Unido o Países Bajos.

En esos países, la expansión del consumo recreativo se produjo años antes y estuvo acompañada de un aumento de la visibilidad en espacios públicos y de la aparición de casos clínicos asociados a consumos intensivos. Algunas de estas dinámicas comienzan ahora a observarse en España, aunque de forma mucho menos consolidada.

Los autores sugieren que el país se encuentra en una fase de implantación incipiente, caracterizada por la coexistencia de consumos recreativos normalizados y la aparición progresiva de patrones más intensivos. El documento también advierte de que la circulación internacional de tendencias de consumo, especialmente en contextos turísticos, puede favorecer la expansión futura del fenómeno.

Lejos de reclamar respuestas punitivas o campañas de alarma social, el estudio apuesta por estrategias proporcionadas a la magnitud real del fenómeno. Los investigadores recomiendan reforzar los sistemas de información y monitorización, mejorar la coordinación entre ámbitos sanitarios, educativos y comunitarios, y desarrollar acciones de prevención de riesgos basadas en aquellos contextos donde el consumo ya existe.

La visita del León XIV está organizada al detalle, sin lugar para la improvisación. Lo que no parece estar medido al milímetro, sin embargo, es el coste real que tendrá para los ciudadanos el viaje del líder de la iglesia católica: una parte relevante del dispendio quedará oculta en deducciones fiscales y gastos de la administración que pagarán todos los ciudadanos.

Tanto la Conferencia Episcopal como las distintas administraciones que participan en la visita del pontífice han cifrado el coste del viaje en 25 millones de euros, de los cuales cinco provienen de subvenciones directas del Govern catalán y de los distintos cabildos de las Islas Canarias.

El gasto total para la ciudadanía, sin embargo, será mucho mayor del anunciado: más allá de las mencionadas deducciones, el viaje implicará la cesión gratuita de diversos espacios públicos por los que normalmente se cobra dinero y cuyo uso supone un desembolso. Se destinarán, a su vez, miles de funcionarios para labores de seguridad, mantenimiento y limpieza. Algunas administraciones también cederán o directamente sufragarán el material necesario para los eventos. 

A pesar de esta ristra de gastos de dinero público, ninguna de las instituciones públicas implicadas ha querido aportar a elDiario.es un solo dato —ni siquiera aproximado— del dispendio total que supondrán estos servicios que se ofrecerán de manera gratuita. 

Fuentes del Govern catalán aseguran que la subvención directa a la visita del pontífice será de 1,6 millones. El dinero, sostiene, proviene de los ingresos obtenidos por la tasa turística. “No costará un solo euro a los contribuyentes”, apuntan desde el Ejecutivo catalán. 

En la Generalitat, no obstante, evitan precisar el coste de la campaña publicitaria que se ha desplegado y de su inserción en medios públicos en horarios de máxima audiencia.

En Canarias, el Gobierno regional aportará 2 millones de euros a las dos diócesis isleñas (Nivariense y de Canarias). Esta cantidad se suma a los 500.000 que pondrá cada cabildo insular, es decir, un millón más de los contribuyentes de Tenerife y Gran Canaria. 

Se calcula que en Catalunya se destinarán unos 7.000 agentes de policía entre Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que en Madrid serán unos 14.000 entre todos los cuerpos. A eso hay que sumarle personal de limpieza y otros trabajadores públicos que llevan días dedicándose exclusivamente a la visita papal

Más allá de las subvenciones directas, el Ejecutivo canario y los municipios implicados también incurrirán en otros gastos que no se están cuantificando: guaguas gratis o a precio simbólico, refuerzo de otros servicios de transporte público y otros gastos que no se están precisando.

Tampoco se ha contabilizado el coste de suspender clases y actividades municipales, el cierre de las oficinas en varios Ayuntamientos, la limitación de aparcar así como los cortes de tráfico en autopistas de Tenerife y Gran Canaria. Además, desde el Gobierno regional se recomienda el teletrabajo para evitar desplazamientos. El coste económico de estas medidas no se ha calculado por parte del Ejecutivo. 

La Comunidad de Madrid (CAM) asegura que no destinará subvenciones directas a la visita, aunque ha cedido espacios como la Real Casa de Correos —convertida estos días en Centro Internacional de Prensa—, la plaza de Lima, cerrada al tráfico para la vigilia con los jóvenes, y la plaza de Cibeles, donde el domingo se celebrará una misa con un gran escenario.

Además, la CAM ha puesto a disposición de la visita 80 institutos para alojar a los fieles, aunque finalmente el Arzobispado solo utilizará 18 después de que varios centros se rebelaran y emitieran comunicados contra el proceso seguido para la cesión de estos recintos.

El Ejecutivo regional tampoco concreta el coste de estas actuaciones. “Cuando presentamos el proyecto de la visita del Papa intentamos hacer esa estimación, pero hasta que no concluya el evento es complicado hacer una valoración”, señalan fuentes de la Comunidad.

El coste para los Ayuntamientos implicados

Buena parte de estos gastos no desvelados correrá a cargo de los municipios en los que se celebren actos. El Ayuntamiento de Barcelona (PSC), por ejemplo, cederá gratuitamente el estadio de Montjuic, cuyo precio diario asciende hasta 78.000 euros. 

A ese importe hay que sumarle todos los gastos de gestión, seguridad y mantenimiento que normalmente se sufragan con el alquiler del recinto así como los altavoces, pantallas y equipos de sonido que se instalarán para poder seguir el acto. El grupo de los comuns registró una pregunta en el pleno requiriendo estos importes, pero no ha sido respondida todavía.

Desde el Consistorio barcelonés no han querido tampoco aportar ninguna cifra sobre todos estos gastos indirectos y aseguran que se harán públicos una vez haya pasado la visita de León XIV.

En las Islas Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla (CC, PP y Vox), en el sur de Tenerife, anunció en abril que ofrecerá guaguas “gratis” para que los vecinos puedan trasladarse hacia la capital de la isla y acudir a los actos allí previstos el 12 de junio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife repartirá 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos, así como 50.000 botellas de agua. También instalará una pantalla gigante junto al recinto portuario donde tendrá lugar la misa para que puedan verla quienes no hayan conseguido inscribirse en el acto. Todo ello, sin especificar cuánto suponen estas acciones para las arcas públicas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vaticinó hace meses que la visita del pontífice supondrá un “enorme reto logístico” para la ciudad, con distintos actos abiertos al público o en grandes plazas al aire libre. Solo el dispositivo de seguridad ya supera al desplegado durante la cumbre de la OTAN, uno de los más ambiciosos que se recuerdan.

Se esperan 1.800.000 de asistentes a los dos eventos principales que se celebrarán en Madrid, pero el Consistorio ha preferido no hacer estimaciones sobre el dinero que costará la visita. “Eso no es lo más importante”, respondía el miércoles la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a preguntas de este periódico. 

Las deducciones fiscales, otro gasto que no se contabiliza

Otro gasto que acabará corriendo a cargo de la ciudadanía y que ningún recuento menciona será el asociado a las deducciones fiscales de las donaciones particulares y de las grandes compañías que patrocinarán la visita.

Grandes empresas como Telefónica, ACS, Iberia, Iberdrola, Indra (participada en un 28% por el Estado), Mahou, El Corte Inglés o el Banc Sabadell han anunciado que harán donaciones, algunas de cientos de miles de euros, que contribuirán a sufragar el viaje del pontífice. 

El Ejecutivo declaró en un decreto ley que el viaje del Papa se considera un evento de “excepcional interés público”, de manera que tanto las grandes empresas como los particulares que hagan donaciones recuperarán una buena parte de lo que paguen, añadiendo una gasto notable para el erario.

La ley de mecenazgo establece que se podrán deducir el 15% de los gastos en propaganda y publicidad que lleven el sello de la visita papal, el 85% de las donaciones en caso de IRPF y el 45% respecto al impuesto de sociedades, además del 95% del impuesto de transmisiones y actos jurídicos, así como de las tasas e impuestos locales.

El Grup La Pau, una cooperativa que ganó hace un año junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias —valorado en 381 millones de euros— cuando ya tenía graves problemas de tesorería, ha entrado en concurso de acreedores. 

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, la compañía solicitó el concurso el pasado 21 de mayo ante la incapacidad de hacer frente a sus deudas. El procedimiento concursal fue concedido el pasado lunes por un juzgado mercantil de Barcelona. 

El concurso, fase previa a la liquidación de la cooperativa, llega cuando solo falta un mes para que esta empresa iniciara su despliegue para prestar el servicio en la zona Barcelonès Nord tras ganar la mencionada licitación pública junto a otra compañía.

Será precisamente esta empresa con la que formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) la que se encargará de prestar el servicio individualmente a partir del 24 de junio, cuando está previsto que empiecen gestionen las ambulancias en Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, tres ciudades de la provincia de Barcelona.

Desde el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat explican a elDiario.es que, a pesar del concurso de acreedores, se garantizará “en todo momento” la “atención ciudadana” y la “continuidad asistencial”. Añaden que el SEM “monitoriza de manera permanente” la situación para que no haya problemas en el servicio.

Cuando la licitación estaba en marcha, esta redacción ya informó de los graves problemas de tesorería que tenía el grupo La Pau. La propia cooperativa había advertido en un documento interno, apenas seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024.

Buena parte de estas deudas provenían de una gestión errática durante los años en los que la cooperativa prestó el servicio de ambulancias en algunas provincias del País Vasco, en las que La Pau recibió durante esos años más de 55 actas de inspección laboral.

El Ejecutivo vasco acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia de La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa había acreditado su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

“La adjudicación se hizo cumpliendo estrictamente la normativa de contratación pública”, insisten ahora desde el SEM. “La UTE acreditó la solvencia requerida y no existía ningún impedimento legal para no adjudicarle el contrato”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la dirección del grupo La Pau, que no ha respondido a las diversas llamadas y mensajes para recabar su opinión. Desde el Comité de Empresa lamentan que la cooperativa no les trasladara que había solicitado el concurso de acreedores el pasado mayo.

Desde el pasado marzo, cuando la cooperativa entró en la fase de preconcurso de acreedores, los directivos del grupo La Pau han intentado sin éxito renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal. 

Hace solo dos meses, el vicepresidente de la compañía aseguraba en conversación telefónica con este medio que la cooperativa tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

La otra empresa de la UTE se ofrece a comprar los activos

Direxis, la empresa con la que se presentó al concurso para gestionar parte de las ambulancias de Catalunya, ha presentado una oferta formal para quedarse con los activos en poder del grupo La Pau y absorber los 484 empleados de la cooperativa necesarios para prestar el servicio. 

Según la oferta vinculante presentada ahora por Direxis, obtenida por esta redacción, la compañía le ha ofrecido apenas 140.000 euros a La Pau. A cambio, pretende quedarse todos sus activos intangibles —bases de datos, software, derechos de propiedad industrial e intelectual…— así como todos los bienes muebles: mobiliario, instalaciones, equipos sanitarios e informáticos, maquinaria…

Con esta oferta, el grupo Direxis también se ofrece a asumir los más de 5,5 millones de euros que el grupo La Pau le debe a la matriz de esta compañía así como el coste de la subrogación de los contratos laborales de los empleados de La Pau, valorados por Direxis en unos 9,6 millones de euros debido a la asunción de la antigüedad de los trabajadores.

La empresa considera que, sumando la deuda, los gastos de la subrogación del personal y la cantidad de dinero ofrecida, la oferta tiene un valor de 15,4 millones de euros. El grupo La Pau tiene hasta el 22 de junio para decidir si acepta las condiciones del trato.

A Marjan Salehi, su marido Ali Faqiri y su hijo Adrian, de 11 meses, les quedan apenas unos días con un techo bajo el que refugiarse. Esta familia afgana, a la que el Gobierno concedió asilo político en febrero de 2025 por huir del régimen talibán, deberá abandonar el próximo miércoles la vivienda en la que reside después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les comunicara el fin de su programa de acogida.

“No sabemos dónde iremos”, resume Marjan, de 28 años. “Nuestro hijo todavía es un bebé y depende completamente de nosotros”.

La pareja huyó de Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder porque tanto el padre como el hermano de Marjan habían colaborado con el Ejército español, un vínculo que acabó siendo determinante para la concesión del asilo.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior, resolvió en 2025 un total de 160.951 expedientes de protección internacional. La cifra supone un incremento del 67,2% respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992.

Desde su llegada a España, la familia pasó primero por un centro de acogida gestionado por una ONG y después fue trasladada a Barcelona. Allí viven desde hace meses en un piso compartido del barrio de Sant Andreu, gestionado por la entidad Moviment per la Pau (MPDL), junto a otras ocho personas.

Hace unas semanas, sin embargo, recibieron la notificación definitiva: habían agotado el periodo máximo de estancia previsto en el sistema estatal de acogida y no se contemplaba una prórroga, pese a su situación de vulnerabilidad. 

Ali sufre artrosis y una hernia discal; Marjan apenas ha podido aprender español mientras cuidaba de su hijo. “No tenemos dinero, ni familia, ni ningún sitio al que ir”, lamenta ella.

Desde la entidad que les ha proporcionado alojamiento en virtud de un convenio con el Ministerio, les han comunicado que no pueden prorrogar su estancia y que deben atenderse a lo que les diga la Administración. 

Este periódico contactó el viernes tanto con el Ministerio, que respondió que el proceso que se ha seguido con esta familia es el habitual. “Cuando se les concede el estatus de refugiados y obtienen el permiso de residencia y trabajo, se les informa de que tienen un plazo de seis meses para dejar el centro”, señala una fuente oficial.

“Atendiendo siempre el interés superior del menor, se tendrá en cuenta su situación para pedir la suspensión de su salida del centro hasta que el recurso se resuelva”, prosiguen desde el Ministerio, que también recuerdan que la organización que gestiona su vivienda coordinará los trámites para que la familia sea atendida por los Servicios Sociales de la capital catalana. Este periódico se puso en contacto con la entidad MPDL el viernes pero no obtuvo respuesta.

Un periplo a través de Irán

La vida de Marjan cambió en agosto de 2021, cuando los talibanes recuperaron el control de Afganistán tras la retirada internacional. “El país se convirtió en un lugar inseguro y hostil”, recuerda. “La situación se volvió extremadamente dura”.

Su familia había trabajado estrechamente con las tropas españolas en Herat, ciudad situada en el oeste afgano. Su padre había sido empleado de la armada y su hermano trabajó como traductor. Con el regreso de los talibanes, esos vínculos equivalían a una condena.

“Empezamos a recibir amenazas. Nuestras vidas corrían peligro”, relata.

Parte de su familia logró escapar desde el aeropuerto de Kabul durante los días caóticos de la evacuación internacional. Ellos, sin embargo, no consiguieron salir y terminaron huyendo por tierra hacia Irán.

“Huir no fue una elección; fue la única forma de sobrevivir”, dice Marjan. “Desde entonces solo hemos intentado reconstruir nuestra vida lejos del peligro”.

Fue en Irán donde recibió finalmente la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores para viajar a España y acceder al sistema de protección internacional. Desde entonces, el Ministerio de Inclusión les ha proporcionado alojamiento temporal hasta que han agotado todos los plazos.

Todos los intentos para ampliar su estancia han fracasado hasta ahora. El abogado que les asiste ha presentado un recurso contra la resolución administrativa que ordena su salida de la vivienda y ha solicitado medidas cautelares para evitar que la familia quede en la calle mientras se resuelve el procedimiento. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

Durante décadas, decenas de miles de mujeres cruzaron las puertas del número 7 de Sant Pere Més Baix, en Barcelona, para estudiar idiomas, aprender oficios o, simplemente, leer en la que fue la primera biblioteca pública femenina de Europa.

El edificio albergó el Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, fundado en 1909 por la mecenas Francesca Bonnemaison y convertido pronto en un espacio pionero para las mujeres catalanas. Tras la Guerra Civil, el inmueble pasó a manos de la Diputación de Barcelona y quedó bajo control de la Sección Femenina de Falange.

Casi un siglo después, la entidad heredera de aquel proyecto plantea una pregunta incómoda: ¿y si uno de los principales equipamientos de la Diputación en el centro de Barcelona nunca le perteneció legítimamente?

Esa es la conclusión a la que han llegado varias investigadoras vinculadas al Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison —conocido como La Bonne— tras años de investigación buceando en archivos, actas notariales y documentación previa y posterior a la Guerra Civil.

Trece mujeres —entre ellas juristas e historiadoras— han impulsado una investigación con la que reclaman la titularidad del edificio, situado en el corazón del barrio de Sant Pere. Sostienen que la Diputación ostenta la propiedad gracias a una incautación ejecutada tras la victoria franquista.

La reclamación se apoya en la Ley de Memoria Democrática. Si se acreditara que el inmueble fue confiscado por el régimen, se abriría la puerta a su restitución. Es por esto que, si la Diputación no atiende sus demandas, desde La Bonne aseguran que acudirán a la justicia.

“Se ha hecho una investigación muy profunda, con documentos del Archivo Nacional, antiguas actas de la asociación y numerosos elementos fácticos para justificar lo que pedimos”, afirma Eugenia Canal, magistrada jubilada y una de las impulsoras de la reclamación. “Se mire como se mire, es una cuestión de justicia”.

Canal sostiene que la Ley de Memoria Democrática ampara la reclamación y recuerda que ya se han revisado operaciones patrimoniales del franquismo como por ejemplo el caso del Pazo de Meirás.

Un paraguas del feminismo catalán

Hoy, La Bonne agrupa a más de 80 entidades feministas de Barcelona. La asociación ocupa dos plantas del edificio —propiedad formal de la Diputación— donde decenas de colectivos se reúnen, trabajan, ensayan y prestan apoyo a miles de mujeres cada año.

Sus responsables denuncian que la Diputación lleva tiempo intentando reducir su presencia en el inmueble e incluso expulsarlas del recinto, en un conflicto que se arrastra desde hace años.

Desde La Bonne aseguran que la institución provincial ha amenazado en varias ocasiones con retirarles la gestión del espacio o convocar un concurso público que podría suponer su expulsión.

En el edificio también está la bibloteca pública Francesca Bonemaisson, la escuela de la mujer —con más de 3.000 alumnas— y varios despachos del área de feminismos. Todos estos equipamientos están gestionados y financiados por la propia Diputación.

En 2023 ya hubo movilizaciones para reclamar un convenio estable que garantizara seguridad jurídica a la entidad. De hecho, La Bonne ocupa parte del edificio sin acuerdo vigente desde 2018 ante la falta de entendimiento entre ambas partes.

La asociación denuncia además que la propuesta de la Diputación para un nuevo convenio pasa por destinar parte del inmueble a oficinas y desplazar a la entidad desde una de las dos plantas que ocupa hacia el sótano.

“La Diputación lleva años intentando desgastarnos, con una clara estrategia de ‘mobbing’”, sostiene la directora de La Bonne, Marta Vergonyós. “Les incomodamos porque recordamos la memoria del espacio y cuál era su objetivo original: estar dedicado a las mujeres”.

Desde la Diputación aseguran sentirse “sorprendidos” y “decepcionados” por la ofensiva legal de La Bonne. Fuentes de la institución sostienen que ambas partes seguían negociando una “solución acordada” que permitiera el “encaje jurídico” de la entidad en el edificio.

Mireia Bofill, primera directora de La Bonne, recuerda que fue la propia Diputación quien reconoció a la asociación como heredera del proyecto fundado por Francesca Bonnemaison al cederle dos plantas del inmueble en 2003, cuando se firmó el primer convenio.

Aquel acuerdo recogía expresamente que el franquismo “reprimió las libertades y confiscó bienes y propiedades de particulares, asociaciones, sindicatos y partidos”, contexto en el que el edificio pasó a manos de la Diputación en 1941.

La actual dirección enmarca la actual ofensiva judicial como consecuencia de unas relaciones ya muy deterioradas. “Han actuado durante muchos años con tal soberbia que esta reclamación recoloca las cosas desde el punto de vista de la legitimidad histórica”, afirma Vergonyós. “Este equipamiento sería una referencia en cualquier ciudad como Londres, Berlín o Nueva York”.

¿Cesión voluntaria o expolio?

Tras instalarse en 1922 en el edificio ahora en disputa, el Instituto creado por Bonemaisson atendió cada vez a más mujeres y su influencia fue creciendo de manera exponencial. Si en el curso 1910-1911 hubo 300 matrículas, en 1934-35, antes de la guerra, se superaron las 6.200 alumnas.

Se calcula que entonces unas 30.000 mujeres pasaban cada año por sus instalaciones atraídas por una amplia oferta formativa: gramática, taquigrafía, idiomas, cálculo mercantil o formación profesional... El centro también tomó posición en debates sociales que afectaban a las mujeres, como la prostitución o las condiciones laborales.

El estallido de la Guerra Civil en 1936, sin embargo, interrumpió la actividad. Durante el conflicto, el edificio fue utilizado por organismos de la Generalitat republicana.

Con la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, en 1939, antiguas dirigentes del Institut intentaron recuperar la actividad. Pero pronto comenzaron las presiones de la Sección Femenina para controlar el espacio, hasta el punto de recibir la visita de Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange.

“La visita ha producido muy buena impresión, tanto a Pilar Primo de Rivera como a sus acompañantes”, quedó escrito entonces.

Dos años después, mientras Francesca Bonnemaison permanecía exiliada en Suiza, la junta del Institut acordó en noviembre de 1941 la cesión del edificio a la Diputación. Apenas cinco meses más tarde, en marzo de 1942, la institución provincial cedió la gestión del equipamiento a la Sección Femenina de la Falange.

Las investigadoras de La Bonne sostienen que aquella operación, pese a quedar formalizada en un acta notarial, fue en realidad una incautación encubierta realizada sin el consentimiento real de la propietaria. El objetivo, afirman, era desactivar una institución feminista y poner su estructura al servicio del control ideológico de las mujeres.

“El franquismo aprovechó el poder adquirido tras el golpe de Estado para dar apariencia de cesión a lo que fue un expolio”, sostiene la jurista Marisa Fernández, también implicada en la reclamación.

Otro de los argumentos de La Bonne es que la cesión del inmueble obligaba a mantener la finalidad cultural y social original del Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. La actual dirección considera que esa condición tampoco se cumple.

“La Diputación alquila espacios para actos que no tienen nada que ver con ese propósito”, denuncia Vergonyós. “Hemos tenido eventos de Ciudadanos o del PP contra la ocupación, caterings de empresas…”.

La directora sostiene que la Diputación pretende reconvertir el edificio —un caramelo inmobiliario en pleno centro de Barcelona— en un recinto orientado a convenciones y actos corporativos, más que en un espacio cultural. También denuncia trabas constantes para programar actividades.

“Ya es suficientemente difícil sostener el día a día de un centro cultural”, concluye. “Tener que pelear además por esto resulta enormemente desgastante”.

El primer pedido le pareció normal, el segundo ya le hizo sospechar. Marçal Font, propietario de la librería de viejo Fènix de Badalona, lleva semanas viendo cómo una misteriosa empresa canadiense le compra libros extraños: principalmente ejemplares en catalán que llevan años en su almacén, todos de no ficción y sin apenas salida comercial.

“Me pueden llegar siete pedidos seguidos del mismo comprador, con un minuto de diferencia entre ellos”, apunta este librero, que sospecha que quien hace las compras es un robot.

No es el único al que le ha ocurrido. Hay una veintena de librerías de viejo en España que también han vendido ejemplares a esta compañía desde finales de abril. Algunas incluso han recibido pedidos de más de mil libros, muchos de ellos descatalogados. Lo mismo está ocurriendo en tiendas de Alemania, EEUU, Nueva Zelanda, Australia…

Los libros elegidos van desde una edición sobre el mundo de los castellers en Granollers (Barcelona) en los años 70, hasta un manual técnico sobre cómo hacer vino, actas de congresos celebrados hace 50 años o dietarios de la Guerra Civil.

“De media suelen ser libros de unos cinco o diez euros, con poco valor”, apunta Font, “y muchos son prácticamente imposibles de encontrar”.

El sector está desconcertado. ¿Para quién está comprando esta empresa decenas de miles de libros y los hace mandar a un centro logístico de EEUU? ¿Para qué quiere estos ejemplares que llevan años pillando polvo?

Este viernes, otra compañía de Silicon Valley (EEUU) vinculada a la IA ha contactado con una librería de viejo española, que prefiere no revelar su nombre, y le ha planteado un pedido de más de 3.000 libros.

El objetivo, según apuntan diversas fuentes, es entrenar modelos de Inteligencia Artificial (IA) antes de destruir estos volúmenes y reciclar su papel.

La apuesta no es nueva. Una investigación de The Washington Post desveló en enero un proyecto secreto de la startup Anthropic, que opera la herramienta de IA Claude, para “escanear y destruir todos los libros del mundo”, según señalaba un informe interno de la compañía.

 “No queremos que se sepa que estamos trabajando en esto”, remachaba el documento.

La estrategia se enmarca en la necesidad de seguir alimentando esta tecnología una vez ya se ha nutrido de toda la información disponible en Internet. 

“Cuando el conocimiento gratuito se agotó, las empresas corrieron a repositorios piratas de e-books para seguir alimentando sus modelos”, explica Xavier Vinaixa, experto en IA y una de las personas que han tirado del hilo de este caso. “El uso de estos recursos desencadenó demandas millonarias por violación de derechos de autor”, añade. 

Las tecnológicas se enfrentaron entonces, explica Vinaixa, a lo que se conoce como el “data wall”: sin textos nuevos, inéditos y largos para entrenar el algoritmo, la IA corría el riesgo de sufrir un estancamiento cognitivo y acabar incluso alimentándose de documentos creados por su propia tecnología. 

La solución que encontraron estas compañías fue comprar en librerías de segunda mano de todo el mundo, normalmente ejemplares totalmente marginales de no ficción.

Un juez federal de EEUU dictaminó que la práctica es legal porque el uso que se hace de los libros es “transformativo”. Es decir, que no sustituye a las obras originales, sino que las emplea para crear algo nuevo: en este caso, un modelo de inteligencia artificial. El magistrado llegó a comparar el entrenamiento del algoritmo con “enseñar a escribir a estudiantes”.

La práctica, sin embargo, genera rechazo en parte del sector porque implica la destrucción física de los ejemplares para optimizar el proceso: cuando los libros llegan a la planta de procesamiento, se les corta el lomo, las páginas se escanean de forma automatizada y, posteriormente, los volúmenes se trituran para convertirlos en pasta de papel.

Contradicciones en el sector

Los libreros de viejo llevan semanas inmersos en una profunda contradicción: por un lado, nunca habían vendido tantos libros. Por otro, tienen serias dudas sobre el destino de estos ejemplares. Hasta el punto de que han alertado al Ministerio de Cultura de lo que está ocurriendo.

“No somos sólo comerciantes sino que tenemos funciones de preservación, conservación y restauración del patrimonio bibliográfico”, apunta Miguel Ángel Ortega, librero y presidente de la Asociación Profesional del Libro y Coleccionismo Antiguos (UNILIBER). “Resultaría muy contradictorio que estuviéramos vendiendo libros con la finalidad de destruirlos”.

“Estamos ante una forma de expolio literario”, opina Font, el librero de Badalona, que mientras habla con este periódico recibe otro pedido de la empresa canadiense. “Estamos viendo el tsunami que viene, creo que las instituciones deben intervenir”.

Font explica que con estas prácticas no se perderá, por ejemplo, lo que publicó Mercè Rodoreda. “Lo que está en riesgo es el libro que explica qué hizo Rodoreda el día que fue a algún lugar”, precisa. “De lo que se alimenta esta IA es de esta literatura secundaria”.

En foros especializados de todo el mundo hay cientos de mensajes de libreros asustados ante un aumento inusual de los pedidos. Los mensajes en Reddit, de libreros americanos, empezaron en enero. Al principal foro de Alemania las dudas llegaron a finales de abril.

“Ayer recibí un pedido (un libro). Lo envié. Durante la noche, recibí diez pedidos distintos, cada uno de un libro, algunos de los cuales eran consecutivos y estaban relacionados temáticamente”, escribe un librero alemán en un foro especializado.

Las primeras publicaciones versaban sobre si las compras podían ser un timo. Pasadas unas semanas y tras constatar que el dinero llegaba a los vendedores, el debate se ha centrado en quién está comprando miles de volúmenes sin recorrido comercial y por qué lo hace de una manera tan extraña: de manera escalonada y con costes de envío que en ocasiones triplican el precio de un ejemplar. 

“Puede que no nos demos cuenta y estemos perdiendo una parte muy importante del patrimonio bibliográfico para siempre”, alerta Ortega, que define como “perversa” la situación a la que se enfrentan. “Te entran escalofríos si te hacen un gran pedido y no sabes qué ocurrirá con los libros”.

Carlos Hernández, propietario de la librería de viejo Mautalos en Madrid, ha vendido a esta empresa unos 200 libros en el último mes y no es tan pesimista. “Mucha parte de nuestro stock son libros que la gente quiere tirar”, explica por teléfono. “Incluso muchos de los que vendo los recoge gente en los contenedores”.

Puede que no nos demos cuenta y estemos perdiendo una parte muy importante del patrimonio bibliográfico para siempre

La compañía no responde a las preguntas

La empresa que está adquiriendo de forma masiva estos libros, Zoom Books, tampoco explica abiertamente cuál es el destino final de estos ejemplares que, en muchos casos, carecen de salida comercial.

Formalmente, Zoom Books se dedica al reciclaje y la compraventa de libros, pero la empresa tenía hasta cinco publicaciones en su web sobre comprar ejemplares de segunda mano para alimentar algoritmos de IA y después destruirlos. Los posts también recordaban que a través de su plataforma se cumplían los requisitos legales para hacerlo.

Ninguna de estas publicaciones está ya disponible en la web de Zoom Books, pero esta redacción ha podido acceder a su contenido tras introducir las direcciones en tres modelos de IA —Gemini, ChatGPT y Claude: todos coinciden a la hora de describir el contenido eliminado. 

“Zoom Books es una librería de segunda mano; compramos excedentes y existencias usadas y las revendemos”, explica la empresa en un comunicado remitido a elDiario.es, en el que niega colaborar directamente con Anthropic.

Este periódico preguntó a la compañía si podía confirmar que sus libros no se destruían o se utilizaban para entrenar modelos de IA. También preguntó por las publicaciones eliminadas de la web en las que defendían estas prácticas. 

“No hacemos comentarios sobre nuestros clientes ni sobre nuestros acuerdos comerciales, que están sujetos a acuerdos de confidencialidad”, se ha limitado a responder la compañía. 

Durante años, la industria de defensa fue poco menos que un tabú en Catalunya. Sin grandes fabricantes militares en el territorio, sin ninguna apuesta estratégica del Govern y con una opinión pública históricamente contraria al negocio, el sector apenas tenía presencia en la conversación pública. Esa realidad forma ya parte del pasado.

El nuevo ciclo inversor europeo en seguridad y defensa impulsado por la guerra en Ucrania y la llegada de Trump a la Casa Blanca ha cambiado profundamente el tablero. Ahora Gobierno, Generalitat, patronal y grandes compañías quieren situar a Catalunya en el mapa europeo de las tecnologías de doble uso, es decir, aquellas aplicaciones civiles que también pueden tener salida en el ámbito militar.

La ofensiva se está produciendo en varios frentes y con un objetivo común: aprovechar la potente base industrial y tecnológica catalana para captar parte de los miles de millones que Europa y el Estado prevén movilizar en los próximos años.

El pastel no es pequeño. El Gobierno ha desplegado un plan en el que prevé destinar unos 10.000 millones al sector (el 2% del PIB) y, según la patronal Foment, las compañías catalanas quieren arañar hasta el 20% de esos fondos. La Unión Europea (UE), a su vez, prevé aportar durante el próximo lustro 800.000 millones de euros entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos.

“Hay que aprovechar la ola inversora y los recursos que habrá durante este ciclo, que no será corto”, apunta en conversación telefónica Roger Torrent, expresidente del Parlament, ex conseller de Empresa con ERC y una de las nuevas voces destacadas de la apuesta catalana por el sector de la defensa.

Torrent ha fundado recientemente una consultora para asesorar a empresas que quieran entrar en el negocio y, a su vez, ha ejercido de responsable técnico de un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona que reivindica el potencial de la industria catalana en este sector.

La apuesta la resumió el pasado 4 de mayo José Vicente de los Mozos, el actual consejero delegado de Indra (participada en un 28% por el Estado). “Hay que cambiar la mentalidad del mundo del automóvil al mundo de la defensa”, afirmó en un acto en Sant Cugat del Vallès ante la presencia del conseller de empresa catalán, Miquel Sàmper. 

Sàmper fue más allá. Citó los expedientes de regulación de empleo en grandes centros de trabajo como Nestlé, Ficosa o Nissan y dibujó a la industria de defensa como una de las mejores opciones para “generar una transformación del mercado laboral actual” en Catalunya. 

Las escenas que muestran el cambio se suceden. Esta semana, Indra reunió en los Tinglados del Puerto de la capital catalana a más de 200 empresas del ecosistema catalán de defensa, seguridad y espacio para presentar su plan de expansión en Catalunya.

El grupo, presidido por Ángel Simón, anunció que prevé crear 1.500 empleos y elevar su facturación en el territorio hasta los 550 millones de euros en 2027. Actualmente, emplea a 3.500 personas en Catalunya y factura 366 millones de euros.

“Europa necesita una capacidad industrial sólida para garantizar la soberanía del continente, e Indra quiere ser líder”, aseguró Simón durante el acto. La empresa también avanzó nuevos centros de actividad en Catalunya y defendió el papel del territorio como futuro hub industrial vinculado a la defensa, la ciberseguridad y el espacio.

Apuesta estratégica de la Generalitat

El Govern es otro de los actores que rema a favor de esta apuesta y lleva meses preparando el terreno. A través de Acció, la agencia pública de promoción económica, la Generalitat ha empezado a formar a empresas catalanas interesadas en acceder a este mercado. 

El foco está puesto en sectores industriales ya consolidados —automoción, espacio, metalurgia, telecomunicaciones o software— que puedan desarrollar tecnologías de “uso dual”.

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó públicamente esta estrategia en el acto de Indra. “Hay que explicar a la sociedad la importancia de la seguridad colectiva”, afirmó. Illa defendió, además, que la seguridad es “necesaria” para que exista el estado del bienestar y reivindicó el refuerzo de la “autonomía” de Europa “ante un mundo cada vez más polarizado”.

Según el mencionado informe de la Cámara de Comercio, las empresas catalanas con potencial en este ámbito ya generan unos 1.600 millones de euros anuales, pero podrían incrementar esa cifra en 1.000 millones y crear 10.000 empleos durante los próximos cinco años. El estudio identifica hasta 800 compañías con capacidad para integrarse en la llamada “cadena de valor de la defensa europea”.

Otro informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) elaborado por PwC, apunta que la contribución económica de las empresas vinculadas a defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aumentó en 2024 un 13% y el empleo un 20% respecto al año anterior.

La industria del automóvil, en el punto de mira

Tal y como recomendó el consejero delegado de Indra, el automóvil aparece como uno de los sectores llamados a jugar un papel clave en esta reconversión.

Indra ya se ha aliado con Ficosa para desarrollar sistemas de visión y vigilancia para vehículos militares, mientras Seat ha iniciado conversaciones sobre la posible fabricación de vehículos militares ligeros en la planta de Martorell (Barcelona). 

“Es evidente que el know-how del sector de la automoción es muy interesante desde el punto de vista de la defensa”, abunda Torrent. “La combinación entre una industria competitiva y madura y esta capacidad tecnológica hacen de Catalunya un lugar donde puede haber mucho crecimiento”.

La patronal también se ha sumado abiertamente a la operación. Foment del Treball anunció en noviembre la creación de un nodo catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad con el objetivo de integrar a las pymes catalanas en los programas europeos de defensa. 

Foment, de hecho, trabaja ya junto al gigante español de la defensa Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics para asesorar a pequeñas y medianas empresas catalanas interesadas en convertirse en proveedoras del sector. Según explicó la compañía, más de un centenar de empresas catalanas forman actualmente parte de su cadena de suministro.

“Catalunya puede aportar pymes, industria, investigación y talento a las cadenas europeas de seguridad, con retorno en innovación, empleo cualificado y soberanía tecnológica”, afirman desde esta entidad.

Detrás de este movimiento hay también una carrera por no quedar rezagados frente a otras comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y País Vasco concentran actualmente el grueso de la industria española de defensa, y Catalunya aspira a hacerse un hueco como polo tecnológico especializado en usos duales.

Un sector polémico y poco rentable a nivel laboral

El debate político y social sobre esta reconversión está servido en Catalunya, donde la sociedad sigue dividida ante el aumento del gasto militar. Según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 2025, un 26% de los catalanes considera que los países de la UE deben aumentar el gasto en defensa, un 36% cree que debería mantenerse y un 34% apuesta por reducirlo. 

La estrategia catalana evita, al menos por ahora, entrar de pleno en la fabricación de armamento pesado o munición a gran escala. La apuesta pasa más bien por áreas menos polémicas y con aplicaciones civiles claras: satélites, drones, ciberseguridad, comunicaciones, inteligencia artificial, sensores…

Según la investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Tica Font, el aumento en el gasto en defensa irá acompañado de recortes en otras partidas que jugarán en detrimento del Estado del Bienestar.

“Si haces ajustes presupuestarios debes sacar dinero de otros ministerios”, explica, y recuerda que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, propuso disminuir el gasto en pensiones, sanidad y prestaciones sociales para lograr aumentar el gasto en defensa.

Font recuerda, además, que los puestos de trabajo que puede generar el sector por cada euro invertido son muchos menos que cuando se invierte en otros ámbitos. Recuerda que, según la Universidad de Brown (EEUU) y Greenpeace, un millón de euros en el sector de la defensa genera 6,9 puestos de trabajo, mientras que en la Sanidad supondría 19,2 empleos o 14,3 si se invirtiera en educación. 

La investigadora en comercio de armas destaca también la fuerte dependencia que tiene este sector de la administración pública. “Es una industria deficitaria del Estado”, señala por teléfono. “Solo produce e investiga bajo contrato con la administración, esto no ocurre con ninguna industria civil”, remacha.

La Unión Europea (UE) y España se han consolidado como algunos de los principales exportadores mundiales de software espía y tecnologías de vigilancia, herramientas que gobiernos de todo el mundo utilizan para perseguir a activistas, periodistas, académicos e incluso trabajadores humanitarios.

Esta es una de las principales conclusiones de un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW), que alerta de la falta de controles efectivos en la UE para impedir que tecnología desarrollada y fabricada en territorio comunitario termine en manos de regímenes acusados de graves violaciones de derechos humanos. 

Según el documento, los Estados miembros de la UE, donde tienen su sede la gran mayoría de las empresas líderes del sector, están haciendo “demasiado poco” para evitar que estas herramientas terminen en manos de gobiernos con historiales probados de represión.

La investigación de HRW señala a España junto a Francia, Alemania, Grecia e Italia como los “mayores exportadores” de productos de cibervigilancia, en línea con lo que publicó este periódico el pasado diciembre, en un reportaje que relataba cómo Barcelona se ha convertido en un hub de empresas de ciberespías, principalmente de capital israelí, durante el último lustro.

Este sector, cada vez más boyante, medra en España y en otros países gracias a una opacidad y falta de transparencia en la que también intervienen los Gobiernos de los Estados miembro e incluso la propia Comisión Europea, denuncia el documento. 

HRW registró solicitudes de acceso a la información pública en todos los Estados Miembros para saber qué tipo de tecnología se vende desde empresas radicadas en España y el resto de países comunitarios, pero se dio de bruces contra un muro de opacidad a pesar de que hace apenas un lustro la UE defendió que esa información debía ser pública. 

España lidera en exportaciones de este material, pero también en falta de transparencia. La mayoría de los Estados, incluyendo el Gobierno español, rechazó dar información sobre estas transacciones alegando que los datos solicitados constituían secretos comerciales y contenían información sensible. De esta manera, no ha sido posible conocer qué empresas operan ni qué tecnologías están vendiendo.

Lo más sorprendente, asegura HRW, fue constatar cómo la Comisión Europea proporcionó a algunos Estados miembros el lenguaje específico que debían utilizar para redactar sus negativas a las solicitudes de transparencia, participando directamente en el secretismo que denuncia el informe. 

El documento señala que estas justificaciones de confidencialidad comercial son “injustificadas” bajo el lenguaje original de la ley europea, ya que los informes requeridos no exigen revelar nombres de empresas ni detalles técnicos específicos, sino solo datos estadísticos agregados.

Una ley europea “vaciada” por la propia Comisión

En 2021, la UE aprobó una reforma ambiciosa, conocida como el “Reglamento de Doble Uso”, diseñada para controlar la exportación de tecnologías que pueden tener fines tanto civiles como militares. La norma obligaba a los Estados a considerar el historial de derechos humanos de los países compradores antes de aprobar una exportación.

El informe, sin embargo, denuncia que unas directrices publicadas por la Comisión Europea en enero de 2024 “vaciaron” de contenido el reglamento porque permitieron a los Estados miembro reportar de forma separada el tipo de tecnología y el destino de las ventas. 

El resultado, denuncia HRW, es que no hay manera de evaluar el riesgo de las exportaciones, porque no se puede saber qué herramienta fue a cada país. La Comisión justifica este secretismo por la necesidad de proteger la “confidencialidad comercial” de las empresas, un argumento que HRW considera injustificado y que no está alineado con el texto original de la ley.

A pesar de las dificultades para obtener datos fiables, HRW ha podido determinar que la tecnología de ciberespionaje europea sigue siendo exportada hacia países con prácticas controvertidas. Bulgaria, por ejemplo, exportó software espía a Azerbaiyán en 2022, a pesar del historial de ese país en el control de la disidencia política. 

Polonia, por su parte, autorizó en 2023 la venta de sistemas de interceptación de telecomunicaciones a Ruanda, a pesar de que el Ejecutivo de ese país africano utiliza esa tecnología para reprimir a la oposición tanto dentro de Ruanda como entre la diáspora, sostiene el informe. 

En Suecia, la empresa MSAB exporta herramientas capaces de extraer datos de teléfonos móviles. Estos productos se venden a países como la India —donde se ha documentado el uso de software espía contra activistas— pero las autoridades suecas argumentan que no siempre entran en la categoría de “ciber-vigilancia” por no estar diseñados específicamente para la vigilancia “encubierta”. Este “vacío legal” permite que tecnología muy intrusiva pase bajo el radar de las regulaciones, señala HRW.

Impacto en la libertad de prensa

El informe, liderado por el investigador Zach Campbell, alerta también del riesgo para los periodistas y defensores de los derechos humanos ante la proliferación de este tipo de herramientas.

HRW considera incluso que estos programas son una amenaza directa a la “seguridad física” de activistas, periodistas y opositores y pone en riesgo su capacidad para proteger sus fuentes de información. El informe subraya que la vigilancia es, por definición, una interferencia en el derecho a la privacidad según el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que su uso solo debe ser legal bajo estrictas condiciones y supervisión judicial.

Como recomendaciones, HRW sugiere que las empresas que exportan estos productos deberían estar obligadas por ley a evaluar el riesgo de que sus productos contribuyan a la violación de derechos humanos antes de venderlos. 

La entidad también exige que los informes públicos incluyan el nombre del exportador, la descripción del usuario final y el destino de cada licencia. Reclama, a su vez, que los Estados prohíban automáticamente ventas a países con historiales de abusos documentados por la ONU u otras instituciones europeas.

Las ayudas millonarias que recibe la familia real de Emiratos Árabes Unidos (EAU) por cultivar en España y otros países europeos, desvelada el jueves en una investigación internacional de elDiario.es junto a otros medios, ha llevado a Sumar, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, a registrar una batería de preguntas para exigir explicaciones sobre el caso. 

Paralelamente, los comuns han registrado también diversas cuestiones en el Parlament para la Generalitat de Catalunya —que ha aportado casi un millón de euros durante los últimos cinco años a las empresas emiratíes— y ha pedido la comparecencia del conseller de Agricultura en la cámara catalana. 

“Más allá de si las ayudas cumplen con los actuales requisitos legales, genera cierta alarma la capacidad de control de mercado que agentes de países fuera de la Unión Europea tienen sobre un sector estratégico como el agrícola”, reza el escrito registrado por Sumar. 

El partido liderado por la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, pregunta al Ejecutivo si los pagos desvelados por este periódico pueden considerarse ayudas de Estado a un tercer país de fuera de la UE a través de las subvenciones de la PAC (Política Agraria Común) y si estas transferencias podrían contribuir a la adulteración del mercado interno español y de la UE.

El escrito de Sumar también pone énfasis en el control por parte de un país ajeno a la UE de parte del territorio para la producción agrícola dedicada casi de manera exclusiva a la exportación y cuestiona, a su vez, si los hechos desvelados pueden afectar a la soberanía nacional. También destaca la “explotación de recursos hídricos” por parte de empresas controladas por terceros países “en un contexto de cambio climático con recurrentes problemas de escasez de agua”.

En Catalunya, los comuns han pedido la comparecencia del conseller de Agricultura, Oscar Ordeig, para informar sobre los pagos desvelados a la empresa Al Dahra, controlada en última instancia por diversos miembros de la dinastía Al Nahyan, que gobierna desde Abu Dabi al resto de emiratos del país. 

El partido liderado por Jèssica Albiach, a su vez, cuestiona al Govern catalán la falta de capacidad negociadora de los productores locales de alfalfa tras la llegada a la zona del gigante agroalimentario de Emiratos Árabes Unidos y pregunta qué controles se están aplicando sobre los receptores de ayudas públicas en el campo catalá.

También preguntan los comuns qué piensa hacer el Ejecutivo de Salvador Illa (PSC) para proteger a los productores locales ante los potenciales abusos en el mercado que estos grandes grupos pueden imponer.

Preguntas a la Comisión Europea

El eurodiputado Jaume Asens, también de Sumar e integrado en el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, ha registrado en paralelo una batería de preguntas dirigidas a la Comisión Europea para averiguar si ha iniciado alguna investigación sobre si las aportaciones del fondo soberano emiratí ADQ a sus filiales europeas pueden considerarse “subvenciones extranjeras” y si su acumulación con las ayudas de la PAC “falsean la competencia” en el mercado agrícola comunitario.

Asens, a su vez, solicita a la Comisión que verifique si los pagos de la PAC destinados a las empresas controladas por la familia real de EAU cumplen las condiciones medioambientales exigidas por el reglamento europeo.

Asens no ha sido el único eurodiputado que ha mostrado su indignación tras la publicación de la investigación. El eurodiputado austríaco Thomas Waitz, coordinador de Los Verdes/ALE en la Comisión de Agricultura, ha señalado que los hechos desvelados son “un escándalo a la vista de todos” y van mucho más allá de un “vacío legal”.

“Piénsenlo un momento: la segunda familia más rica del mundo, que gobierna un Estado sin prensa libre ni oposición política, no debería recibir subvenciones de la política agrícola de la UE”, ha afirmado. “Ese dinero nunca estuvo destinado a dinastías de combustibles fósiles; está pensado para reforzar a los verdaderos agricultores europeos”.

Una bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ondea en Fondarella, un inhóspito pueblo de apenas 800 habitantes en la provincia de Lleida. Preside la entrada de la sede central de Al Dahra, un gigante agroalimentario controlado por la familia real de Emiratos Árabes y, a día de hoy, la principal empresa de cultivo de alfalfa en todo el país.

En menos de 15 años, Al Dahra se ha hecho con el control de buena parte de las empresas que cultivan este forraje en el Pla de Lleida, una zona despoblada y envejecida en la que muchos agricultores no encuentran relevo generacional.

Según una investigación de elDiario.es junto a DeSmog (Reino Unido), The Guardian (Reino Unido) y G4Media (Rumanía), la empresa está controlada en última instancia por la dinastía Al Nahyan, la familia real que gobierna desde Abu Dabi los siete emiratos que forman los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Los negocios de la familia, considerada la segunda familia más rica del mundo con un patrimonio de unos 273.000 millones de euros, se extienden como una mancha de aceite en suelo europeo.

En España, Italia y Rumanía disponen ya de 65.000 hectáreas de terrenos agrícolas. La expansión se está haciendo, además, al calor de las ayudas de la UE: solo entre 2019 y 2024 las empresas controladas de los Al Nahyan recibieron más de 71 millones de euros en subvenciones, según desveló el jueves esta redacción.

Su presencia en el Pla de Lleida, donde disponen de hasta seis sedes en apenas 200 kilómetros cuadrados, también le ha permitido beneficiarse de ayudas de la Generalitat. Entre 2020 y 2025 (únicos datos disponibles), Al Dahra recibió casi un millón de euros de ayudas provenientes de las arcas catalanas.

Ni la empresa ni el Govern catalán han respondido a la petición de comentar esta publicación.

La llegada al Pla de Lleida

La llegada de Al Dahra a España se empezó a fraguar en 2009, cuando se implantó en Aragón tras un acuerdo con una empresa en Bujaraloz. Tres años después, la compañía irrumpió en el sector de la alfalfa en Catalunya al comprar a principios de 2012 dos empresas de Linyola (Lleida) que se dedicaban al cultivo y tratamiento de este forraje.

Apenas unos meses más tarde, Al Dahra anunció un principio de acuerdo para absorber el grupo Gaset, propietario de hasta cinco filiales repartidas por el país y líder estatal en producción y comercialización de alfalfa.

A la presentación, celebrada a finales de 2012 en el Palacio de Congresos de Barcelona, acudieron más de 1.000 personas, algo insólito para una empresa dedicada al cultivo de forraje. “Acostumbrados a la soledad del campo, aquello parecía una película de Hollywood”, explica uno de los asistentes al acto.

Mientras recoge alfalfa con su tractor en el municipio de Linyola, Jaume Pedrós recuerda el desembarco de la empresa a la zona. “Llegaron con mucho dinero y lo compraron todo”, afirma. “Para los agricultores más mayores fue una salvación porque no tenían relevo y no sabían qué hacer con sus tierras”.

Pedrós, que ejerce de responsable local del sindicato Unió de Pagesos, añade que para los que no se jubilaron la llegada de la empresa no fue tan buena noticia. “Son tan ricos que pueden hacer lo que quieran y alterar los precios para perjudicar a la competencia”, sostiene. “Quieren quedárselo todo, pero algunos seguimos trabajando nuestras tierras”, agrega este miembro de una cooperativa local.

En 2019 Al Dahra era ya el mayor productor de alfalfa de toda España: producía 1,5 millones de toneladas al año, el 34% de la producción nacional, en un total de 9.000 hectáreas entre terrenos propios y arrendados. En 2022 la compañía ya producía el 50% de la alfalfa española y empleaba a 240 personas.

“No nos dimos cuenta y en 10 o 15 años ya casi lo controlaban todo”, apunta Ventura Campos, responsable de agricultura de Comisiones Obreras, que señala que el sindicato no ha recibido ninguna queja sobre la compañía.

Según informó Al Dahra, el 98% de toda la alfalfa que produce la exporta al extranjero. La mitad se destina a alimentar vacas y camellos en los Emiratos Árabes Unidos, donde no se permite cultivar este producto debido a su alto consumo de agua.

En el Pla de Lleida, donde algunos vieron su llegada como una salvación y otros como una condena, pocos esconden que han amasado tanta influencia que ahora ellos dictan los precios. Algunos incluso acusan a la compañía de disponer actualmente de un “monopolio” en la región.

La docena de fuentes consultadas —agricultores, representantes sindicales, expertos académicos y políticos locales— describen cómo la empresa inicialmente ofreció mucho dinero para comprar empresas y alcanzar acuerdos con otros agricultores. La generosidad, sin embargo, no duró para siempre.

“Cuando llegaron ofrecieron muy buenos precios, pero ahora ya no”, recuerda Felip Llovera, hijo de campesino y responsable de agricultura del Ayuntamiento de Bellvís, donde la empresa tiene una de sus plantas. “Antes todo el mundo sabía cómo funcionaba este negocio, desde su llegada es todo un poco más opaco”.

Josep Ripoll, de Fondarella, fue uno de los que pasó de negociar con una cooperativa local a vender su alfalfa a “los jeques”, como él los llama. “Antes estábamos mucho mejor”, explicaba durante una entrevista en su pueblo, totalmente vacío durante un día laborable a mediados de abril. “No pagan lo que deberían y se aprovechan de nosotros, tienen el monopolio”.

La influencia de la empresa en la región no ha dejado de crecer. En enero de 2022 se convirtió en el patrocinador del principal club de atletismo de Lleida, que pasó a llevar el nombre de la empresa. Al Dahra firmó también acuerdos con el Instituto de Investigación Biomédica y con el Ayuntamiento de la ciudad al tiempo que se convertía en un actor social de peso.

“Cuando a una empresa la conoce todo el mundo significa que tiene mucho poder”, resume Pedrós. “Y a Al Dahra la conoce todo el mundo por aquí”.

Los nuevos dueños de la agricultura mundial

La llegada de los emiratíes al Pla de Lleida es un elemento más de la transformación que está sufriendo el sector agroalimentario desde que algunos países del Golfo Pérsico, con grandes reservas de dinero, se han puesto como objetivo dejar de depender de las importaciones.

Al Dahra es el principal tentáculo global de Abu Dabi en el sector agrícola. Liderada por el Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, hermano del actual presidente de Emiratos, la compañía dispone ya de 162.000 hectáreas de cultivo repartidas por el mundo, con el objetivo de llegar a gestionar 500.000 hectáreas a finales de esta década.

“Antes eran tres o cuatro personas de cada pueblo que se quedaban las tierras de los demás, ahora son fondos inversores extranjeros”, apunta Pep Espluga, profesor de sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y miembro del grupo de investigación ARAG (Agricultura, Ganadería y Alimentación en la Globalización).

Espluga, al igual que los agricultores del Pla de Lleida, señala el envejecimiento de los campesinos como uno de los catalizadores de este proceso. “A medida que se jubilan los agricultores, vemos como las tierras se van concentrando”, advierte.

Lo que en un inicio se convirtió en una estrategia de los países del Golfo Pérsico para garantizar la llamada “seguridad alimentaria”, se ha transformado en un plan que implica la acumulación de capital y poder geopolítico, apuntan los expertos.

Países como Emiratos, Qatar, o Arabia Saudí han decidido vehicular esta estrategia a través del sector privado, mediante empresas cuya titularidad suele estar protegida bajo una madeja de filiales, matrices y fondos soberanos que las controlan en última instancia.

“La idea de que estas empresas son independientes es simplemente una broma”, afirma Marc Valeri, profesor de economía política de Oriente Medio en la Universidad de Exeter. “La diferencia entre los presupuestos del Estado y los de la familia está completamente difuminada”.

La apuesta, sin embargo, va mucho más allá del sector agrícola. Se calcula que durante los últimos años, EAU ha invertido hasta 51.000 millones de euros en comprar puertos, aeropuertos y empresas de logística, tanto en Europa como en África, para garantizar que no solo controlan la producción de alimentos, sino también su transporte.

Clare Carlile (DeSmog), Alina Mihai (G4Media) y Phoebe Cooke (DeSmog) han colaborado en este reportaje.

La familia real que gobierna Emiratos Árabes Unidos recibió, solo entre 2019 y 2024, más de 71 millones de euros en subvenciones europeas por cultivar alimentos en suelo comunitario que posteriormente son exportados al golfo Pérsico.

Los fondos llegaron a través de un entramado de empresas y filiales controladas por la dinastía Al Nahyan, la familia que dirige el país. Tras una agresiva campaña de adquisición de compañías europeas, los Al Nahyan controlan hoy cerca de 65.000 hectáreas de tierras agrícolas en España, Italia y Rumanía, dedicadas al cultivo de alfalfa, cereales y otros productos básicos.

En una investigación internacional junto a DeSmog (Reino Unido), G4Media (Rumanía) y The Guardian (Reino Unido), elDiario.es ha analizado las ayudas percibidas por la monarquía emiratí a través de una madeja de sociedades controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi, uno de los siete emiratos que forman el país.

El análisis identifica más de 110 pagos a empresas controladas por la familia real emiratí procedentes de fondos públicos de la Unión Europea durante ese periodo. 

A esta cifra hay que sumarle cerca de un millón aportado por la Generalitat de Catalunya entre 2020 y 2025 a una de las empresas del grupo y más de 16 millones pagados por el Ejecutivo de Rumanía a otra filial.

Buena parte de estas ayudas proceden de la Política Agraria Común (PAC), que reparte alrededor de 54.000 millones de euros al año entre agricultores de la UE. La mayoría de estos fondos se asigna en función de la superficie cultivada, lo que favorece a los grandes propietarios. Solo entre 2018 y 2021, diecisiete multimillonarios recibieron 3.300 millones de euros en ayudas.

En este caso, sin embargo, el dinero público europeo termina beneficiando a una autocracia en la que, según las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, se restringen las libertades políticas, se encarcela a activistas y la homosexualidad está tipificada como un delito grave. 

La familia Al Nahyan, además, está considerada la segunda más rica del mundo, con un patrimonio de 270.000 millones de euros procedentes de sus reservas de petróleo, entre otros. Se trata de la dinastía que protege a Juan Carlos I en Abu Dhabi tras el exilio forzoso del rey emérito a ese emirato por sus escándalos fiscales.

“La PAC no está ayudando a los agricultores de la UE; sigue enriqueciendo a los propietarios de tierras más ricos”, afirma Faustine Bas-Defossez, directora de medio ambiente de la entidad European Environmental Bureau. “Y ahora, aún peor, está alimentando a regímenes autocráticos”.

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Príncipe heredero de Abu Dabi y probable próximo presidente de los EAU

L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

Al Dahra (EAU)

Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost

(Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

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Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

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ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost (Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La silenciosa irrupción en el campo europeo

En poco más de 15 años, la dinastía emiratí, dueña también del fondo Mubadala (propietario en España de la petrolera Moeve, antigua Cepsa) se ha consolidado como uno de los grandes actores agrícolas globales tras adquirir tierras y empresas en África, Sudamérica y Europa, hasta el punto de controlar actualmente unas 960.000 hectáreas de cultivo en todo el mundo.

Esta expansión responde a una estrategia de “seguridad alimentaria” destinada a garantizar el suministro de alimentos hacia un país con fuertes limitaciones de agua.

En Europa, la expansión se ha canalizado a través de tres grandes empresas —una para España, otra para Italia y otra para Rumanía— controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi.

En España, el grupo opera actualmente a través de Al Dahra Europe, un holding encargado de gestionar participaciones en distintas empresas (en el registro mercantil aparecen hasta siete sociedades en España). La firma y sus filiales recibieron más de dos millones de euros en fondos europeos durante el periodo analizado, además del millón aportado por la Generalitat.

La filial española controla seis instalaciones concentradas en apenas 200 kilómetros cuadrados en el Pla de Lleida, además de una sede en Aragón. Su llegada a esta zona de Catalunya se produjo en 2012, cuando adquirió las principales empresas locales dedicadas al cultivo de alfalfa y cerró acuerdos con la mayoría de los productores locales.

“Aquí en el pueblo tienen el monopolio: o lo tomas o lo dejas”, explica Josep Ripoll, agricultor de Fondarella (Lleida) que vende su producción a la empresa emiratí. “Antes de que llegaran todo era más fácil y ganábamos tres veces más”.

Felip Llovera, responsable de Agricultura del Ayuntamiento de Bellvís, donde la compañía tiene otra de sus plantas, también sostiene que la situación se ha “monopolizado” tras la llegada de los jeques a la zona. “Antes había dos o tres empresas y ahora solo hay Al Dahra”, apunta. 

Jaume Pedrós, productor de alfalfa y coordinador local del sindicato Unió de Pagesos, reprocha que en ocasiones la empresa altera los precios del mercado porque pueden permitirse pérdidas al tener el dinero del petróleo detrás.

“Al final lo que ellos quisieran es que el resto de cooperativas cerráramos y así podrían imponer a todos su manera de trabajar”, señalaba durante una entrevista a mediados de abril en Linyola (Lleida).

La compañía mantiene un contrato a largo plazo con el Gobierno emiratí para suministrar forraje destinado a la alimentación animal. En Emiratos, estos cultivos están restringidos por su elevado consumo de agua —entre 8.000 y 10.000 metros cúbicos por hectárea al año—. Según datos de la propia empresa, el 98% de los alimentos producidos en España se exportan.

Los mayores ingresos por subvenciones a la familia real de Emiratos proceden, sin embargo, de Rumanía, donde el grupo controla la empresa Agricost. Esta explotación, situada en tierras arrendadas al Estado, es la mayor finca agrícola consolidada de la UE, con una extensión de unos 11 kilómetros de largo por 60 de ancho.

Agricost fue el principal receptor corporativo de ayudas de la PAC en Rumanía en 2020 y percibe alrededor de 11 millones de euros anuales. En Italia, donde el grupo adquirió la empresa Unifrutti, las ayudas fueron muy inferiores, sumando 186.000 euros entre 2019 y 2024.

Christian Henderson, profesor de estudios de Oriente Medio en la Universidad de Leiden, critica este modelo de inversión, especialmente en países como Rumanía. “La inflación es un problema. Hay pobreza [en el país]”, señala. “¿Qué implica que los recursos agrícolas pasen a manos de inversores extranjeros? La mayoría de la producción se exporta inmediatamente”.

También Greenpeace cuestiona estas ayudas, cuyo futuro se debatirá este año en la Comisión Europea. “Es otro ejemplo de la profunda crisis de legitimidad de la PAC”, afirma Marco Contiero, responsable de Agricultura de la ONG en Europa. “Millones de pequeñas explotaciones reciben poco apoyo mientras una minoría, normalmente rica, acapara la mayor parte de los subsidios”.

En una respuesta por escrito, la Comisión Europea señala a este grupo de medios que no gestiona directamente los pagos de la PAC, sino que son responsabilidad de los Estados miembros. Defiende, a su vez, que el sistema actual debe reformarse para dirigir las ayudas a quienes más las necesitan y limitar los pagos a grandes explotaciones.

Al Dahra, Agricost y Unifrutti no han respondido a las reiteradas peticiones de comentar esta publicación. Al cerrar esta edición, la Generalitat de Catalunya tampoco había respondido a diversas solicitudes trasladadas desde el miércoles pasado al Departamento de Empresas.

Lo público y lo privado se confunden

Las inversiones agrícolas son solo una parte de la estrategia global de Emiratos, que abarca desde molinos de grano en Grecia y Bulgaria hasta infraestructuras logísticas y portuarias, pasando por empresas que fabrican lácteos o se dedican a la compraventa de alimentos.

Entre 2008 y 2022, de hecho, el Gobierno emiratí controló la terminal de contenedores del puerto de Tarragona, utilizada para exportar la alfalfa cosechada en las empresas adquiridas en Lleida. La concesión fue retirada posteriormente por incumplimiento de los compromisos de tráfico.

Buena parte de estas inversiones se canalizan a través de estructuras donde lo público y lo privado se difuminan. Por un lado, el Estado utiliza el fondo soberano ADQ, del que dependen parte de las empresas que reciben subvenciones. Otras inversiones se vehiculan a través del conglomerado IHC, formalmente privado pero estrechamente vinculado al poder político.

En conjunto, los activos emiratíes en el extranjero superan los 2.100 millones de euros.

Aunque la estructura actual de la propiedad de Al Dahra no es pública, la compañía fue fundada por el hermano del presidente, el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, antes de que el fondo soberano ADQ adquiriera el 50% de la empresa en 2020. El consejo de administración está liderado por el hermano del mandatario del país y por su hijo, el jeque Zayed bin Hamdan Al Nahyan.

Aunque sobre el papel ADQ pertenece al Estado, la mayoría de expertos coinciden en que está bajo control directo de la familia Al Nahyan. Entre 2023 y 2026 estuvo presidido por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, otro hermano del presidente, conocido como el “jeque espía” por haber dirigido ciberataques contra disidentes en el país y en el extranjero

Desde enero, el fondo ADQ ha pasado a formar parte de L’imad Holding, presidido por el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hijo mayor del presidente y al que algunas fuentes señalan como posible sucesor. ADQ ha declinado comentar este reportaje.

“La idea de que estas empresas son independientes es simplemente una broma”, afirma Marc Valeri, profesor de economía política de Oriente Medio en la Universidad de Exeter. “Se trata de un régimen muy autoritario y represivo, por lo que la diferencia entre los presupuestos del Estado y los de la familia está completamente difuminada”.

Según varios expertos, este tipo de estructuras permiten a los países del Golfo invertir en tierras agrícolas en el extranjero a través de vehículos aparentemente privados, reduciendo el coste político de estas adquisiciones, conocidas como land grabs.

“El caso de Al Dahra ilustra bien cómo se diluye la frontera entre lo público y lo privado”, apunta Henderson, de la Universidad de Leiden. “Los beneficios pueden acabar en manos privadas, aunque también contribuyen a la estrategia nacional de seguridad alimentaria”.

Cuando los potenciales usos terapéuticos de las drogas ni siquiera habían aparecido en la conversación pública, el psicólogo y doctor en farmacología José Carlos Bouso (Madrid, 1970) ya investigaba las propiedades del MDMA para tratar el estrés postraumático en víctimas de violaciones.

Era 1999 y Bouso, doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid, lideraba un ensayo clínico financiado por una entidad americana y con el aval del Comité de Ética del Hospital de La Paz y del Ministerio de Sanidad.

En mayo de 2002, sin embargo, un artículo en prensa reveló la existencia del estudio y se generó un escándalo. A los pocos días la Comunidad de Madrid canceló el ensayo, que estaba ya en la segunda fase de las cuatro que se requieren para aprobar un medicamento.

Un cuarto de siglo después, Bouso es uno de los mayores expertos mundiales en la investigación en psicodélicos y ha visto como su campo de estudio ha dejado de ser un tabú en la psiquiatría.

El pasado otoño publicó Medicina Psiquedélica (Kairós), un compendio de todo lo aprendido durante tres décadas estudiando las propiedades terapéuticas de las drogas. La conversación tuvo lugar el pasado día de Sant Jordi en Barcelona y ha sido editada para mejorar su claridad y recortar su extensión.

Después de que un artículo en prensa acabara con su ensayo, ¿imaginaba que 25 años después los periodistas estarían haciendo reportajes sobre el renacer psicodélico?

No esperaba que el capitalismo fuera a entrar tan a saco a apoderarse de estas sustancias. Era algo insospechado, aunque yo siempre tuve claro que el MDMA algún día iba a ser un medicamento. Lo que no sabía es que sería de esta forma, en la que, por una serie de razones —entre ellas el fracaso de la psicofarmacología clásica—, toda la industria farmacéutica se ha volcado de repente en esto.

Cuenta en el libro que ese artículo frenó la posible regulación médica del MDMA durante años.

Por lo menos 10 años. Porque la FDA [el regulador sanitario en EEUU] tardó una década más en autorizar el primer estudio en EEUU. Nosotros ya hubiéramos ido bastante avanzados.

Paradójicamente, entonces gobernaba Aznar en España. Y ahora en EEUU es Trump quien está acelerando la entrada de los psicodélicos en la medicina. ¿La izquierda no ha sabido surfear esta ola?

No, en absoluto. Es otro de los efectos paradójicos que estamos viviendo con estas sustancias. Siempre se han asociado a movimientos contraculturales, pero ahora es justo la derecha norteamericana quien más las apoya. Y por supuesto todas las corporaciones, con Elon Musk y otros magnates de Silicon Valley.

¿A qué lo atribuye?

Se ha visto un filón. La industria farmacéutica ya no invierte en psicofármacos porque saben que su utilidad es limitada. A pesar de que en España somos el primer consumidor del mundo de antidepresivos, su eficacia tiene muchas limitaciones y empiezan a verse efectos adversos. Hace 50 años que no ha habido una sola innovación en psicofarmacología. Otro de los elementos que ha generado el entusiasmo de la derecha MAGA es que el MDMA se empezó a utilizar con excombatientes.

El ensayo que lideró en 1999 tocaba dos tabús: las consecuencias psicológicas de las violaciones y el éxtasis, que entonces estaba muy mal visto.

Sí, porque el éxtasis era la droga de la juventud de ese momento y supuestamente estaba aniquilando a nuestros chavales. Dos de las drogas más controvertidas de la historia, el LSD y el MDMA, están a punto de convertirse en medicamentos junto a la psilocibina.

¿Qué usos potenciales tienen?

El LSD para la depresión y la ansiedad generalizada, el MDMA para el estrés postraumático y la psilocibina para la depresión. ¡Piensa que la FDA llegó a decir que el LSD nunca iba a tener una aplicación médica!

¿Se les exige más a los psicodélicos que al resto de medicamentos?

Ahora mismo no. En aquel entonces sí. En los últimos diez años todo ha dado un giro de 180 grados: hay ensayos clínicos con psilocibina en los que la eficacia tampoco es mucho más alta que la de algunos antidepresivos, pero hay una especie de hype y de encantamiento. Antes ser investigador psicodélico te podía costar la carrera, como estuvo a punto de costarme a mí, y hoy es algo “cool”.

Siempre tuve claro que el MDMA algún día iba a ser un medicamento

El boom ha sido muy rápido, de apenas una década.

Las razones son varias. Entender cómo funcionan los psicodélicos en el cerebro puede ayudarnos a comprender la complejidad de algunas enfermedades mentales, sumado a que llevamos 50 años sin nuevos psicofármacos. Y ha pasado algo insólito: hay un interés popular por estas sustancias. No hay un interés popular por la cardiología, por ejemplo, pero sí con los psicodélicos porque tienen un potencial recreativo.

¿Hay una burbuja con los psicodélicos?

Hay una burbuja, seguro. Porque hay un sobreentusiasmo…

… que usted intenta rebajar en el libro.

Trato de ponerlo en el lugar que le corresponde según la evidencia. Cuando esa burbuja estalle, las cosas se pondrán en su sitio.

Los psicodélicos pueden ser útiles, pero no son milagrosos.

No creo que vayan a revolucionar la psiquiatría. Son una opción terapéutica más: a algunas personas les funcionarán muy bien y a otras no, como ocurre con cualquier medicamento.

¿Por qué cuesta encontrar voces ponderadas sobre este tema?

Porque verlo como una solución mágica también atrae financiación. Los medios, probablemente con la complicidad de algunos investigadores, han amplificado resultados que había que tomar con cautela.

Hasta hace poco, medicina psicodélica era casi un oxímoron. Buena parte de los psiquiatras eran muy críticos con las propiedades de las drogas...

No voy a decir nombres, pero algunos psiquiatras que me veían como alguien a quien casi había que encerrar ahora son líderes de opinión en psicodélicos. Yo he atravesado todas las fases y me divierto bastante viendo según qué cosas.

¿Se podría decir que el tiempo le ha dado la razón?

He visto colegas defender ahora la psilocibina para la depresión con un entusiasmo que no se corresponde con lo publicado. Hay un poco de todo: los psiquiatras necesitan medicamentos que funcionen y los actuales lo hacen de manera limitada. Se ha producido una especie de contagio en el entusiasmo, algo que curiosamente no ha pasado con el cannabis.

¿España ha sido un país pionero en la investigación en psicodélicos?

En los 90 había seis grupos de investigación en todo el mundo y dos estaban en Catalunya: el equipo de Jordi Riba en Sant Pau con la ayahuasca y el de Magí Farré en el Hospital del Mar con MDMA.

Ahora sus propiedades se investigan en los sitios más prestigiosos.

Universidades como Yale o Harvard ya tienen departamentos dedicados a ello. También el Imperial College o el Royal College de Londres. La Unión Europea ha destinado 60 millones a investigación de sus propiedades en enfermedades terminales…

Sus estudios no cuentan con ninguna universidad ni gran hospital público detrás. ¿Qué ha supuesto esto?

Fuera de la academia tienes la desventaja de no contar con recursos económicos y tecnológicos, pero haces lo que te da la gana. Yo he hecho toda mi vida lo que me ha dado la gana. Me ha costado más ganarme la respetabilidad y todo era más fácil cuando trabajaba en el Hospital de Sant Pau, por ejemplo, pero hemos salido adelante: hemos terminado el primer ensayo clínico del mundo con ibogaína.

Antes ser investigador psicodélico te podía costar la carrera y hoy es algo “cool”

La antesala de este ensayo con la ibogaína fue un tratamiento que hizo en su casa a una mujer que llevaba 17 años enganchada a la metadona.

La conocí en una charla en la que expliqué que estaba trabajando en un protocolo con ibogaína. Al terminar me dijo que quería participar, pero todo iba muy lento. Quería hacerlo por su cuenta, y antes de que lo hiciera sola montamos una clínica improvisada en mi casa: alquilamos un electrocardiograma, compramos la ibogaína y se quedó con su pareja unas cuatro semanas en mi domicilio.

¿Funcionó?

Sí, se desintoxicó completamente de la metadona.

En el libro define la ibogaína como el compuesto más extraño. ¿Por qué?

Farmacológicamente es muy “sucia”, lo toca absolutamente todo. No se sabe qué mecanismo elimina el síndrome de abstinencia, ni si es necesario que actúe sobre todo para lograrlo. Por eso es la droga más extraña, porque es la más desconocida en cuanto a su mecanismo de acción.

El MDMA lo describe como la “droga total”.

Sí, pero no por su farmacología, sino por sus efectos. Genera una sensación de seguridad emocional. Permite a personas que sufren reconocerse tanto a ellas como a su entorno durante unas horas como su mejor versión, y eso desde el punto de vista terapéutico facilita cambios transformadores.

Todo apuntaba que en 2024 ya estaría aprobado como medicamento, pero la FDA lo tumbó.

Fue un jarro de agua fría. En 2017 lo había calificado como Breakthrough Therapy, una calificación que se da a tratamientos innovadores que sirven para tratar enfermedades que no tienen buenos tratamientos u otras alternativas eficaces y seguras. Se estimaba en un 90% las posibilidades de que se aprobara como medicamento.

¿Qué ocurrió?

En ese momento Trump no había empezado a soltar sus flamas propsicodélicas. Un comité consideró prematuro autorizarlo por el riesgo cardiovascular, aunque si miras la literatura es mínimo. Se basaron en usuarios recreativos y no en pacientes. 

¿Cuándo estará disponible?

He fallado en todas mis predicciones. Pero recientemente Trump ha pedido acelerar estos procesos, incluso el uso de la ibogaína, que es la única de estas sustancias que no está en ninguna fase de ensayo clínico en EEUU.

Explica en el libro que el MDMA lleva décadas utilizándose de manera clandestina en muchas consultas, sobre todo en Catalunya.

En los 90 Catalunya fue un foco de inspiración psicodélica: la revista Ulises, el primer encuentro psicodélico en el CCCB, las jornadas de enteógenos que organizaba [Josep Maria] Fericgla, en las que vinieron figuras como Shulgin, Hofmann... Siempre ha sido un territorio que se ha prestado a la innovación en el ámbito contracultural relacionado con las drogas

En Barcelona está la Clínica Synaptica, en la que ejerce de director científico y ofrecen tratamientos con Ketamina.

Al principio costó, pero está yendo muy bien. De momento usamos ketamina, que es la única autorizada, pero la idea es poder incorporar el resto de psicodélicos. Al final son medicamentos que van a estar a disposición de cualquier psiquiatra que quiera utilizarlos.

En todo caso, usted defiende que el mejor entorno para tomar psicodélicos no es la consulta de un psiquiatra. Habla de un entorno natural, preferiblemente en un medio comunitario… ¿Cómo convive esto con la medicalización de los psicodélicos? 

Aunque se están medicalizando, históricamente los psicodélicos se han usado en contextos comunitarios, tanto en las comunidades indígenas como en Occidente, y sigue siendo así: en ceremonias del [credo] Santo Daime, en los centros que hay por todo el país donde cada fin de semana la gente se junta a tomar ayahuasca… He dedicado el libro a la medicalización, pero podría haberlo dedicado al uso comunitario.

Hay una burbuja y un sobreentusiasmo con los psicodélicos

Y en esta realidad aparecen las farmacéuticas. Producir un gramo de MDMA cuesta un euro, en el mercado negro se vende a entre 40 y 60 pero en Australia, donde ya es un medicamento, vale 4.000 euros. ¿La medicina psicodélica solo será para ricos?

Sin duda, al principio sí. Son tratamientos largos y caros, y el sistema público no está preparado: Una sesión con MDMA son seis horas, una de LSD son 14-16, una con ibogaína requiere un día entero de hospitalización. Esto en el modelo que defiendo, que implica un proceso de psicoterapia, de preparación, la sesión con la sustancia y luego un proceso de integración.

¿Lo ve como un fracaso?

Por supuesto, es un fracaso del sistema. Lo que pasa es que será solo al principio. 

Estas sustancias no tienen patente ¿no?

Exacto. En tres o cuatro años tras su comercialización podrán desarrollarse versiones más baratas. Lo ideal sería que el Estado asumiera su producción.

Antes de acabar, quería hablar de ayahuasca. Asegura que nunca hubiese pensado que dedicaría casi la mitad de su carrera y de su vida al estudio de algo tan exótico.  

Mi droga de investigación era el MDMA y nunca me hubiera gustado salir de ahí. Pero por accidente empecé a investigar la ayahuasca y no tengo ninguna queja. Me ha permitido viajar e ir a sitios de la Amazonía donde nadie había llegado antes, con auténticos maestros y maestras en comunidades en las que solamente se practica la medicina ancestral como se ha practicado siempre. He tenido algunas de las experiencias más interesantes de mi vida, pero también es cierto que el mundo de la ayahuasca es complicado. 

¿Por qué?

Porque estás sometido a mucho escrutinio. Cuanto más visible eres y más fuerza tiene el movimiento indigenista, más en el punto de mira estás porque eres un intruso que ha venido a estudiar su medicina. Y, ¿quién eres tú para estudiar su medicina? Esto también me ha ido cansando y ya no quiero saber nada más de la ayahuasca. Quiero volver a las drogas de síntesis. 

Cualquier iluminado que ha ido a la Amazonía a tomar ayahuasca se pone dos plumas y organiza ceremonias por aquí, generando auténticos disparates

¿Qué riesgos tiene su globalización?

Que el conocimiento ancestral se desvirtúa. Esto no es ni bueno ni malo. En Perú les viene de puta madre que vayan los gringos a tomar ayahuasca, pero cada vez se practica menos la medicina ancestral. Pero es que las sociedades amazónicas también han cambiado mucho y los chavales ya no quieren quedarse en la selva viviendo de la agricultura, de la pesca y muriendo jóvenes. Quieren salir a las ciudades. 

¿Se está banalizando su uso en Occidente?

Totalmente. Para mí es el principal problema. Cualquier iluminado que ha ido a la Amazonía a tomar ayahuasca se pone dos plumas y organiza ceremonias por aquí, generando auténticos disparates.

Por culpa de estos “iluminados”, algunos comunicadores pintan la ayahuasca como una herramienta de lavado del cerebro previa entrada a una secta. ¿Qué opina del trabajo de Carlos Tamayo?

No conozco su trabajo porque nunca me han interesado los reportajes sensacionalistas de cámara oculta, pero sí conozco lo que ha hecho con la ayahuasca y conmigo. Se ha comportado de forma especialmente virulenta y manipuladora. Yo no sé la calidad ética y profesional que habrá tenido en otros reportajes, pero en los de la ayahuasca ha falseado muchas cosas.

¿Me puede dar algún ejemplo?

Yo siempre he denunciado las malas prácticas con la ayahuasca y organicé una mesa redonda para hablar de los abusos cometidos por chamanes en ceremonias. Me puse a imitar los discursos de estos charlatanes para ejemplificar cómo trataban de engañar a la gente. Tamayo recortó ese fragmento y lo puso en su documental como si fuera mi discurso real. Hay varios ejemplos similares...

Apenas dos semanas después de decretar la prisión provisional sin fianza para Victor Bitner, uno de los presuntos líderes de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields, La Audiencia Nacional ha cambiado de criterio y ha decidido dejarlo en libertad provisional sin fianza.

Bitner fue detenido en abril de 2024 en Alemania en virtud de una orden europea de detención y entregado finalmente a España el pasado 31 de marzo tras ser detenido nuevamente en Suiza. Después de declarar ante el juzgado central de instrucción número 6, la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión sin fianza y el magistrado acordó inicialmente la prisión provisional alegando el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En un auto del pasado 16 de abril, obtenido por este periódico, el tribunal especial considera que, pese a los indicios en su contra, han disminuido los riesgos que justificaban su ingreso en prisión y que existen medidas menos gravosas para garantizar que Bitner, al que diversas fuentes vinculan a los servicios secretos del Kremlin, comparezca ante el tribunal cuando se inicie la vista oral del proceso.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa. La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

El juez instructor atribuye a Bitner un papel relevante dentro de esa estructura, considerada una organización criminal dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales. Le señala, entre otros aspectos, como administrador de una de las sociedades clave del grupo y como una de las personas autorizadas para gestionar cuentas bancarias que recibieron grandes cantidades de dinero procedente de las víctimas. Solo en una cuenta en Chipre se habrían ingresado más de 160 millones de euros. También se le vincula con movimientos de criptomonedas por valor de más de tres millones de dólares destinados, según los investigadores, a ocultar el origen de los fondos.

Pese a la gravedad de los presuntos delitos —estafa agravada, organización criminal y blanqueo—, el magistrado considera en el nuevo auto que las circunstancias han cambiado desde su ingreso en prisión. En particular, destaca que Bitner, representado por el letrado Jaime Campaner, tiene domicilio conocido en Alemania, donde ya está sometido a medidas cautelares en un procedimiento paralelo, y que está cumpliendo con las obligaciones impuestas por las autoridades de ese país.

Además, el avance de la investigación ha reducido el riesgo de destrucción de pruebas, señala el auto. El juez también tiene en cuenta que en el caso de otros investigados se han adoptado medidas menos restrictivas, como la libertad bajo fianza. Bitner deberá designar un domicilio en Alemania y justificar que se están cumpliendo las medidas de libertad provisional impuestas por las autoridades alemanas.

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha abierto un procedimiento sancionador contra un directivo de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, por la exposición de datos confidenciales de empleados en la intranet de la compañía que desveló elDiario.es en febrero de 2025.

La propuesta de sanción, todavía por determinar, podría alcanzar un máximo de 300.000 euros porque Antifraude considera “muy grave” la presunta infracción cometida, al haber vulnerado las garantías de confidencialidad y anonimato de una persona informante de la propia OAC.

Son varios los empleados de TMB que, durante los últimos años, han pedido amparo a Antifraude para obtener su protección como informantes de presuntos casos de corrupción. Algunos de ellos lo hicieron tras alertar de la propia brecha de seguridad en la intranet, otros tras denunciar o investigar a altos directivos por presunto acoso laboral.

La posible multa se dirige contra el director del área jurídica y de buen gobierno, también imputado en un juzgado penal junto al consejero delegado y otra directiva por presunto acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas.

La propuesta de sanción se suma a la cuantiosa multa que la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCat) pretende imponer a la compañía por los mismos hechos. En el caso de la APDCat, la sanción podría llegar a 15 millones de euros. 

Desde TMB señalan que el afectado presentará alegaciones ante la Oficina Antifraude, recuerdan que la brecha ocurrió hace más de un año, aseguran que lo pusieron en contacto de las autoridades, y achacan el fallo a un “error” del “proveedor externo” que se encargaba de la gestión del sistema informático.

Datos sensibles a la vista

Tal y como desveló este periódico hace un año, un error en la configuración de la intranet de TMB permitió que cualquiera de los casi 9.000 empleados de la compañía pudiera acceder, y descargar, cientos de gigas de información sensible de algunos de sus compañeros.

La información accesible, en algunos supuestos, era altamente confidencial e incluía expedientes de la propia Oficina Antifraude, denuncias al Canal Ético de la empresa, actas del Consejo de Administración, expedientes de Fiscalía, demandas laborales, informes de riesgos psicosociales, correos electrónicos…

También estaba expuesta otra información comprometedora del departamento de recursos humanos y del de compliance como por ejemplo grabaciones de testigos entrevistados durante la instrucción de un caso de acoso laboral.

Los empleados de TMB también podían consultar datos de familiares de los demás empleados, contratos de trabajo, solicitudes de baja, informes y diagnósticos médicos, denuncias policiales, sentencias judiciales, actas de conciliación en despidos o incluso convenios reguladores de regímenes de separación conyugal.

La propuesta de sanción de Antifraude supone un elemento más en la crisis de reputación que vive TMB: a los problemas derivados de la brecha de seguridad se le suma la imputación de hasta cinco altos directivos en juzgados penales por dos presuntos delitos de acoso laboral.

En las dos querellas por presunto acoso laboral que han presentado contra estos cinco directivos también se ha incluido la mencionada brecha de seguridad, ya que los datos de las dos denunciantes y toda la documentación de las investigaciones internas de sus casos estuvieron al descubierto durante meses.

Tras casi cuatro años de instrucción, la Audiencia Nacional sigue estrechando el cerco sobre los responsables de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields. El tribunal especial decretó el pasado 1 de abril prisión provisional sin fianza para Viktor Bitner, considerado uno de los cerebros del fraude y al que distintas fuentes relacionan con los servicios de inteligencia del Kremlin.

Según un auto del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, la medida cautelar responde al riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez sitúa a Bitner como una pieza clave en la creación de la primera sociedad utilizada en la estafa y en la gestión de movimientos bancarios destinados a ocultar fondos.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa.

La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

Bitner ya había sido detenido en abril de 2024 en una operación coordinada por Interpol contra la trama. Tras quedar en libertad provisional en Alemania, donde también se investiga el caso, se trasladó a Suiza, donde fue arrestado de nuevo el pasado 31 de marzo en virtud de una orden europea. Trasladado a España, se acogió a su derecho a no declarar.

Nacido en 1969 en Novodolinka (Kazajistán), entonces parte de la Unión Soviética, Bitner fundó en noviembre de 2019 la sociedad Juicy Grow GmbH, origen del entramado empresarial de Juicy Fields.

Apenas dos años antes de registrar la empresa con la que se vehicularía la estafa piramidal del cannabis, Bitner participó como emisario del Kremlin en un intento de vender a la CIA armamento informático que había sido robado previamente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU. 

El pacto, fraguado en la embajada de Moscú, también incluía la entrega de un supuesto vídeo de Donald Trump con prostitutas en la capital rusa, pero los agentes de la CIA abortaron el acuerdo tras haber hecho un primer pago a Bitner de 100.000 dólares en un hotel de Berlín, según publicó el New York Times. 

Bitner no es el único lazo con el Kremlin de la estafa. Tal y como desveló este periódico, otro de los acusados aseguró ante el juez que parte del dinero de Juicy Fields se destinó a una fábrica de drones vinculada al Ministerio de Defensa ruso.

El hombre que gestionaba el dinero

El auto judicial describe a Bitner como uno de los principales gestores financieros de la trama. Estaba autorizado para operar una cuenta en Chipre que llegó a recibir hasta 162 millones de euros procedentes de inversores.

Bitner también controlaba las cuentas destinadas a pagar a empleados y a algunos clientes que obtenían beneficios iniciales, una práctica habitual en este tipo de estafas para generar confianza y atraer nuevos fondos.

Entre sus funciones figuraba la apertura constante de cuentas bancarias a nombre de Juicy Fields para garantizar la operativa en caso de bloqueos. Además, era el encargado de responder ante las entidades financieras cuando surgían sospechas por los elevados movimientos de dinero.

La Audiencia Nacional también le atribuye operaciones de blanqueo a través de criptomonedas: habría recibido 3,46 millones de euros en una cartera digital que posteriormente dispersó para dificultar su rastreo.

Precio a la cabeza de Bitner

Bitner estuvo desde el primer día al frente del fraude, hasta el punto de que fue él quien se encargó de contratar al CEO de la empresa, Alan Glanse, junto al otro cabecilla de la estafa, Sergei Berezin, también encarcelado provisionalmente en España tras ser extraditado desde República Dominicana.

Berezin y Bitner, sin embargo, acabaron enfrentados porque el primero acusó a Bitner de desviar fondos de la estafa a sus propias cuentas. Según declaró un arrepentido de la estafa a la policía de Berlín, Berezin puso precio a la cabeza de Bitner y le encargó asesinarlo a cambio de una alta suma de dinero.

El encargo de asesinarle, sin embargo, no se pudo llevar a cabo y ahora Berezin y Bitner coincidirán en la cárcel de Soto del Real en Madrid a la espera de que se abra el juicio oral en la Audiencia Nacional.

Las víctimas apuntan al banco

Ante la dificultad para recuperar el dinero, parte de los afectados ha decidido ampliar la estrategia judicial y dirigir sus reclamaciones también contra la entidad bancaria chipriota que recibió buena parte de los fondos.

La principal asociación de perjudicados, representada por Zaballos Abogados, ha solicitado la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil contra ISXPAY, el banco implicado en las operaciones.

La defensa considera que este banco jugó un papel esencial en la canalización de los fondos y que actuó como instrumento dentro de la estructura financiera utilizada para la captación y redistribución del capital de los inversores.

La solicitud, a la que ha tenido acceso este diario, se fundamenta, entre otros extremos, en el incumplimiento de los deberes de diligencia y control exigibles a las entidades financieras, conforme a la normativa europea en materia de prevención de blanqueo de capitales.

“La magnitud de las operaciones, su reiteración y la ausencia de una base económica real constituían indicios suficientes para haber activado mecanismos de control reforzado, cuya omisión habría permitido la continuidad de la operativa fraudulenta”, señalan fuentes de la defensa.

Los miembros de New Order, uno de los grupos más relevantes de todo el mundo en ese momento, no daban crédito: el escenario en el que iban a actuar estaba construido con palés de fruta y tableros de madera.

“Estamos acostumbrados a tocar en sitios extraños”, afirmó el bajista Peter Hook cuando le preguntaron qué opinaba del lugar.

Era mayo de 1987 y acababan de llegar a Mollerussa (Lleida, 16.000 habitantes en la actualidad). Ellos no lo sabían, pero estaban a punto de tocar en el epicentro de una anomalía sociológica, geográfica y antropológica que convirtió el Pla de Lleida en el área con más locales de ocio nocturno por metro cuadrado del país.

En una árida zona de poco más de 300 kilómetros cuadrados (entre Ponts, Cervera y Fraga) llegaron a existir más de 500 discotecas, pubs y bares nocturnos. Solo en Mollerussa hubo más de 50 locales de este tipo. En Balaguer (17.000 habitantes en la actualidad) se llegaron a contar más de 30 pubs en un radio de apenas 400 metros.

El periodista y escritor Francesc Canosa documenta en el libro La Catalunya discoteca (Comanegra) lo que ocurrió en ese extraño lugar. al que llama el “Chernóbil catalán” por su aislamiento y clima extremo —mucho frío, mucho calor, mucha niebla.

Canosa, sin embargo, también lo apoda “el DF, Distrito Fiesta”: un país independiente en el que los jóvenes rurales rompieron por primera vez la “endogamia tribal” de sus pueblos gracias a las discotecas.

Un ejemplo de hasta dónde llegó la magnitud del Distrito Fiesta: la despoblada comarca del Pla d’Urgell, con 28.000 habitantes en esa época, competía en número de licencias con el Barcelonès, donde vivían millones de personas.

Cuenta el libro que el fenómeno se fraguó alrededor de la macrodiscoteca Big Ben, la mayor de Europa. Situada entre Golmés y Mollerussa, tenía capacidad para 10.000 personas y una oferta apabullante: restaurante, sala de cine, bolera, pizzería, máquinas recreativas, cinco salas y un gigante parking que funcionaba como “reservado al aire libre”.

Inaugurado en 1976, el Big Ben llegó a funcionar como un “paraestado”, afirma el autor: cubría para vecinos de todas las edades un cúmulo de necesidades que, en ese entonces, la administración no ofertaba en el mundo rural.

El Big Ben no solo organizaba fiestas, sino que patrocinaba más de treinta clubes de fútbol de la zona en distintas categorías, además de equipos de hockey, campeonatos de atletismo e incluso encuentros de sardanas, en una actividad que sus propios administradores definirían como “casi acción social”.

La macrodiscoteca era también un “centro de inteligencia” del campo leridano. Los agricultores y ganaderos intercambiaban ahí información vital sobre el precio de las cosechas de alfalfa, fruta o cereales, así como el valor de los cerdos y corderos o incluso alertas meteorológicas para recoger el forraje antes de una tormenta.

Esos locales, afirma el libro, incluso funcionaban como agencia matrimonial y social. Muchas parejas, por ejemplo, se conocieron de noche en el Big Ben, celebraron el banquete en sus instalaciones y acabaron festejando el bautizo y los aniversarios de sus hijos en el mismo recinto. 

Fue precisamente en el restaurante del Big Ben donde cenaron, pasando desapercibidos, los miembros de New Order esa noche de mayo del 87, horas antes de actuar en el recinto ferial de ese pequeño municipio al que llegaron tras haber actuado en Madrid y Valencia.

El Big Ben pretendía ofrecer experiencias para todas las etapas de la vida. Las mañanas de los fines de semana había sesiones infantiles que contaban con miles de niños provenientes de los pueblos de la zona. Se organizaban talleres, juegos, gincanas y festivales. Eran famosas las chocolatadas y los espectáculos de circo con payasos, trapecistas y funambulistas.

Los jubilados también tenían su plan, con bailes los domingos por la tarde y saraos pensados exclusivamente para la tercera edad —hasta el punto de que había salas de reposo— que llegaban a congregar a más de 2.000 personas mayores en el recinto.

La inclusión de los abuelos formaba parte de una estrategia: “es la mejor publicidad”, afirmaban los gestores del Big Ben. “Porque así les dicen a sus nietos: id que se está muy bien, que es muy bonito”. La macrodiscoteca, de esa manera, dejaba de ser “un mundo de fantasmas” en el que los mayores no sabían qué ocurría.

El lugar era gigante, pero no dejaba de ser familiar. En ocasiones, cuando los jóvenes perdían su transporte o no encontraban la manera de volver a casa tras el cierre de la discoteca, uno de los propietarios, Enric Fontanals, se encargaba personalmente de organizar el reparto de los jóvenes por los pueblos utilizando la red de autobuses de la que disponía el local. No todo fue un camino de rosas: en 1993, un joven murió en una pelea y el local estuvo cerrado durante meses.

Todo empezó en una gasolinera 

La eclosión del Distrito Fiesta empezó en el Kipps, un local situado en Agramunt (5.000 habitantes) nacido como una gasolinera en 1957 que, poco más de una década después, se convirtió también en una discoteca que disponía de restaurante, hotel y piscina. Según el texto, sería la primera propuesta multiservicios que precedería el Big Ben.

El libro vincula directamente el cultivo de la fruta con la economía nocturna nacida en esas comarcas: los ingresos que obtenían los jóvenes en las campañas de recogida de la manzana o la pera les permitieron comprarse sus primeros coches, imprescindibles para llegar hasta esos locales alejados de los centros urbanos.

También los temporeros que se desplazaban a la zona para trabajar en la fruta se convertían en clientes asiduos de esas discotecas, en lo que el libro describe como una “ruta de la fruta” que discurría en paralelo a la “ruta de las discotecas”, donde el sudor del campo durante los días laborables se transformaba en el combustible económico y social de la fiesta el fin de semana.

La fiebre nocturna tuvo también un impacto económico en la región: generó puestos de trabajo y sinergias con restaurantes de la zona, alimentó tiendas de ropa que hacían el agosto cuando se programaba alguna fiesta temática, contribuyó a la urbanización de terrenos colindantes y atrajo inversiones a su alrededor. 

Como todos los sueños, sin embargo, la historia del Distrito Fiesta también tuvo un final. La proliferación de los controles de alcoholemia y el aumento de las sanciones generó un estado de “acolloniment” [acojonamiento] entre los asistentes, que empezaron a tomar rutas alternativas o directamente a evitar desplazarse hasta esos locales en medio de la nada. 

Según el libro, llegó un momento en que los sábados por la madrugada la zona de Mollerussa parecía estar bajo un “estado de sitio”, en lo que algunos empresarios de la noche vieron como un intento deliberado de la administración para “ahogar” el monopolio de la noche que llegó a tener el Big Ben. A eso se le sumó la crisis económica y el cambio de hábitos digitales.

Los jóvenes, asustados, empezaron a desplazarse hacia el gran rival de esa discoteca, el Florida 135 situado en Fraga (Huesca), donde percibían una mayor libertad de horarios y menos presión policial.

Cuando, tras 39 años de actividad, el Big Ben anunció su cierre en 2015 acuciado por la crisis y una creciente deuda, decenas de personas de lo que se llegó a conocer como la “generación Big Ben” lloraron por la noticia e incluso se acercaron al recinto para hacerse fotos de recuerdo. En 2024, en lo que los medios locales definieron como un “hito histórico”, la sala volvió a abrir y actualmente celebra fiestas de manera puntual, sin una programación regular como la de antaño.

Algo no encaja en Tarragona. Los análisis de sus aguas residuales la sitúan como la segunda ciudad de Europa con mayor consumo de cocaína por habitante. Nadie, sin embargo, sabe explicar por qué.

Ante la falta de respuestas, el Ayuntamiento ha optado por dejar de facilitar datos para el estudio anual de la Agencia Europea sobre las Drogas (EUDA), que adelanta este miércoles elDiario.es en colaboración con la Urban Journalism Network tras analizar las cifras de 130 ciudades de 28 países.

“La realidad de la ciudad no se ve representada adecuadamente en el estudio”, sostienen desde la Empresa Mixta Municipal de Aguas de Tarragona (EMATSA), dependiente del consistorio y del grupo AGBAR. “Sitúa a la ciudad en un ránking incorrecto”, añaden.

Según los datos de 2023, 2024 y 2025, Tarragona (143.000 habitantes) solo aparece por detrás de Amberes (Bélgica) en consumo de cocaína por habitante, un ránking que ningún Ayuntamiento quiere encabezar. Desde el consistorio, no obstante, insisten en que la decisión de retirarse del estudio es “técnica” y lo atribuyen a la empresa municipal de aguas.

Los resultados han desconcertado tanto a responsables políticos como a los especialistas en drogodependencias. Todos, en algún momento, se han hecho la misma pregunta: ¿qué ocurre en Tarragona con la cocaína?

La primera reacción del Ayuntamiento, a través de la empresa de aguas, ha sido abandonar el estudio y cuestionar su metodología. “Las conclusiones que se extraen no cuentan con el rigor necesario en el ámbito geográfico ni en el muestreo”, señalan.

La compañía critica que los datos se basen únicamente en una de las dos depuradoras de la ciudad —la de mayor tamaño—, porque recoge aguas de municipios cercanos como Els Pallaresos (5.000 habitantes) y Constantí (7.000).

También cuestiona que hasta la fecha solo hayan participado cinco ciudades españolas y que algunos países, como Francia, no aporten datos en las ediciones previas (en 2026 sí se han analizado las aguas de París). Añaden que los laboratorios participantes no emplean exactamente los mismos métodos y por ello los resultados no son comparables. 

Los expertos avalan el estudio

“Por supuesto que el estudio es fiable”, afirma José Benito Quintana, catedrático de Química Analítica en la Universidad de Santiago de Compostela. Explica que las muestras se recogen cada diez minutos, durante 24 horas y a lo largo de una semana, lo que permite obtener una fotografía representativa del consumo porque incluye a todos los perfiles que van al baño durante una jornada.

Los datos, además, se obtienen siempre en semanas sin grandes eventos o festividades, siempre en temporada baja turística, para que los resultados no estén distorsionados.

Rosa María Marcé, catedrática de la Universitat Rovira i Virgili y responsable del análisis de las aguas de Tarragona en años anteriores, también defiende el rigor del estudio y asegura que los resultados de los distintos laboratorios participantes son homologables. 

“Todos analizamos de manera preliminar una muestra ciega”, apunta. “Si el resultado encaja en el rango previsto, significa que estamos alineados con el resto de laboratorios”.

Desde la EUDA, el epidemiólogo João Pedro Matias también subraya la validez del procedimiento y descarta que el hecho de que la depuradora incluya aguas de municipios cercanos altere los datos porque tienen muy poca población comparada con la de Tarragona.

Un fenómeno difícil de medir

Analizar y obtener datos sobre el consumo de drogas nunca es sencillo. Las encuestas a la población siempre están sesgadas, porque dependen de lo que declaran los propios usuarios y los decomisos policiales solo ofrecen indicios parciales.

“Las aguas residuales son una de las pocas herramientas objetivas disponibles”, señala Claudio Vidal, director de Energy Control, organización pionera en España en reducción de riesgos asociados al consumo.

Otro indicador son las demandas de tratamiento por adicciones. En Tarragona, sin embargo, este dato no apunta a un consumo especialmente elevado de cocaína.

En 2024, el 24,8% de las solicitudes de tratamiento en el Centro de Atención a las Drogodependencias de Tarragona estaban relacionadas con la cocaína (173 casos). La cifra es similar a la media catalana (24,1%, 3.617 solicitudes) y muy inferior a la estatal (47,6%, 21.818 peticiones).

Antoni Llort, antropólogo de la Universitat Rovira i Virgili que ha estudiado durante años el consumo de drogas en la zona, tampoco ofrece una explicación concluyente sobre lo que ocurre en Tarragona con la cocaína.

Apunta, sin embargo, a varios factores. “Tarragona concentra muchas interacciones humanas: trabajadores de refinerías, transportistas que entran y salen continuamente…”, explica. También señala a la cantidad de droga que entra por la zona. “El acceso es directo, los precios son asequibles y la calidad suele ser superior a la de otras ciudades como Barcelona”, añade.

Para concluir, Llort también menciona un fenómeno más amplio: la normalización del consumo de cocaína en España. Los datos de este año del propio estudio lo reflejan: de las 130 ciudades analizadas, cuatro urbes españolas —Lleida, Granada, Santiago y Barcelona— figuran entre las quince con mayor consumo.

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Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.