En muchos aspectos, no en todos, adolecer es cosa de adolescentes. Imaginas tu futuro y piensas en lo que todavía no está en tu mano: un trabajo, una pareja, a veces una familia y, siempre, en la independencia y la autonomía que se atisban en las noches de verano. Pero completar ese camino no es una tarea individual, sino que precisa de toda una serie de soportes colectivos en declive: un mercado de trabajo seguro y políticas de bienestar (familiares, educativas, de vivienda) robustas. En ausencia de tales peldaños, la transición hacia la vida adulta es un Everest inalcanzable, aunque te levantes a las cinco de la mañana y hagas cien “burpees”, salvo que puedas recurrir al banco de mamá y papá.

En ausencia de soportes, el acceso a una vivienda en propiedad se ha convertido, al mismo tiempo, en el recurso y el desafío más importante en nuestras sociedades. Para muchos hogares, tener una casa en propiedad es el medio central de acumulación y reproducción de la riqueza; así como un seguro privado frente a riesgos tales como el desempleo o la pobreza, particularmente durante la vejez, cuando disminuyen los ingresos.

Como consecuencia, la inversión continuada en vivienda ha encarecido su precio de manera extraordinaria. Esto es así de manera destacada donde escasea la vivienda en alquiler social, mal endémico en España, donde apenas supone un 3,3% de viviendas. En ausencia de esta alternativa, y en un contexto donde se añaden las restricciones en el mercado hipotecario, los nuevos hogares son arrojados hacia un mercado del alquiler privado que resulta, de este modo, muy tensionado. Los números son elocuentes: la propiedad de la vivienda no ha dejado de caer desde el comienzo de siglo, muy notablemente en el caso de los más jóvenes (del 58% al 29%, desde 2007 hasta 2023, según la Encuesta de Condiciones de Vida), al tiempo que los precios del alquiler se han disparado. 

Un nuevo contrato generacional

En este escenario, el apoyo familiar es cada vez más importante para las personas jóvenes, especialmente a través de las ayudas recibidas para acceder a una vivienda. Una primera estrategia consiste en las transferencias de riqueza, bien para permitir la compra de una vivienda, bien mediante la transferencia de una propiedad inmobiliaria. En Reino Unido, el 59% de compradores de vivienda con menos de 35 años recibieron ayuda económica de familiares o amigos en 2018. Otra estrategia es compartir la vivienda entre distintas generaciones. De esta forma se reducen o eliminan los costes ligados a la vivienda mientras dura la corresidencia, en un fenómeno que suele estar ligado al retraso en la edad de emancipación. En ocasiones, la posibilidad de alargar la emancipación permite evitar el mercado del alquiler y, así, acumular ahorros para el acceso directo a una propiedad.

El aumento de la importancia de la familia para acceder a una vivienda tiene importantes consecuencias. En primer lugar, constituye un nuevo modelo de relaciones de transmisión de recursos entre generaciones: pierden peso los intercambios públicamente mediados (a través de las pensiones y políticas sociales) a favor de su organización privada en el interior de las familias (mediante la vivienda). En este contexto, la dependencia del apoyo familiar permite a los mayores disciplinar las formas de vida de las personas jóvenes. Como consecuencia, el contrato generacional se renegocia en torno al grado de autonomía que conservan quienes reciben el apoyo. Si antes los cuidados a los mayores generaban la expectativa de una herencia, ¿cuál es el intercambio cuando las herencias se dan en vida?

A partir de 2040 se hará efectiva la herencia de la generación del baby boom. Pero será muy desigual: el 10% más rico posee el 56,6% de la riqueza

La segunda consecuencia es la reproducción de las desigualdades tanto entre generaciones como en cada una de ellas. Por un lado, se observa una profunda dinámica de desigualdad por la cual una generación inquilina (joven) se empobrece al enriquecer a una generación casera (mayor): “Con una media de edad diez años superior a la de los inquilinos, su renta mediana por hogar es de 76.504 euros, frente a (…) los 27.984 euros de los hogares inquilinos” (Future Policy Lab, 2023:14). Si la generación inquilina encuentra grandes dificultades para acceder a la propiedad en el presente, la generación casera tuvo importantes facilidades para lograrlo en el pasado. Su acceso a varias propiedades es indisociable de un contexto histórico muy particular. Los hogares del baby boom fueron beneficiarios de políticas de vivienda (mediante el acceso diferido y subsidiado a la misma, primero; mediante la deducción fiscal por la compra de vivienda habitual, después), así como de un mercado hipotecario en expansión y de la espiral ascendente de precios ligada a la mercantilización de la vivienda.

Como resultado, estos hogares pudieron acceder a la propiedad en el comienzo de su trayectoria residencial, pagando sus hipotecas y concentrando mucho patrimonio inmobiliario. Esta combinación de circunstancias se ha mostrado muy eficaz a partir de la crisis abierta en 2008. Algunos de estos hogares ampliaron su patrimonio mediante la adquisición de las viviendas devaluadas por el estallido de la burbuja, favorecidos por una década de bajos tipos de interés y mayoritariamente ajenos a las restricciones laborales y del crédito que han excluido a las generaciones más jóvenes. Junto con importantes actores financieros internacionales, estos hogares han acumulado activos inmobiliarios capaces de generar, en algunos casos, rentas del alquiler. Y esta posición rentista ha tenido condiciones políticas favorables. Como resultado, en España el porcentaje de arrendadores ha aumentado del 2% en 2002 a casi el 7% en 2020, mientras que el de inquilinos ha pasado del 13% al 20%.

La concentración del patrimonio inmobiliario en las manos de algunos hogares maduros no solo les está enriqueciendo, sino que, al mismo tiempo, ha hecho que las generaciones más jóvenes dependan de ellos. Las diferencias en el patrimonio acumulado en la edad joven de ambas generaciones son elocuentes, y están en la base de recurrentes apelaciones al conflicto generacional. Las personas entre 30 y 40 años acumulan en torno a 30.000 euros de riqueza, mientras que, a la misma edad, sus padres ya tenían por encima de 100.000 euros, descontadas las deudas hipotecarias a las que ahora pocos jóvenes pueden acceder: más del 50% de hogares menores de 35 años tenían deuda asociada a la vivienda principal en 2002, mientras que en 2022 esta cifra apenas supera el 20%, según el Banco de España. 

Una máquina de producir desigualdad

En este contexto, las madres y los padres que pueden hacerlo ayudan a sus hijos/as mediante los recursos que han obtenido a través del mismo proceso que les excluye del acceso autónomo a una vivienda. Por tanto, lo que se observa son intensas estrategias de apoyo intergeneracional, y no de conflicto. Pero no todos los componentes de una y otra generación han tenido una experiencia homogénea. De manera crucial, algunas clases sociales del baby boom pueden legar riqueza inmobiliaria a sus descendientes (el banco de mamá y papá), mientras que otras no. De este modo, las desigualdades intergeneracionales amplían las desigualdades intrageneracionales. Por un lado, las clases medias y altas del baby boom fueron favorecidas para adquirir una riqueza inmobiliaria que les blinda frente a los riesgos del presente. Por el otro lado, estas mismas clases ofrecen apoyo y transfieren riqueza a sus descendientes para salvarles del mercado del alquiler, al cual quedan condenadas quienes no cuentan con dicho apoyo. Los datos son claros: más del 50% de los beneficios de las rentas del alquiler van a parar al 20% más rico de la población; al tiempo que el 20% más pobre de los inquilinos dedica un 45% de sus ingresos a pagar el alquiler. No es tanto una guerra generacional como entre clases.

Los inquilinos con hijos (muchos inmigrantes) no pueden emplear su vivienda como recurso para su descendencia ni avalar sus hipotecas

Aunque el acceso a la propiedad se extendió socialmente en la generación del baby boom, las clases medias-altas se beneficiaron más del incremento de precios, frente a las clases populares, que obtuvieron menores ganancias y han sido más vulnerables a la volatilidad económica, así como a los riesgos hipotecarios (y, con ellos, a los desahucios). Asimismo, no pocas familias de clases populares fueron excluidas de la propiedad inmobiliaria. En tales casos, los inquilinos con descendencia no pueden emplear su vivienda como recurso para sus hijos/as, ni avalar sus hipotecas. En esta situación se encuentra la mayor parte de hogares con origen inmigrante. Por el contrario, los productos hipotecarios y financieros permiten a los propietarios extraer riqueza de sus casas y transmitirla a través de regalos o de herencias adelantadas a sus descendientes. Aquí está la razón de tantas políticas de exención fiscal en las donaciones, patrimonio y sucesiones, auténtica clave de bóveda de la producción política de la desigualdad social en España, con Madrid a la cabeza. En torno a 2040 se prevé que comience la gran sucesión: la herencia del patrimonio de la generación del baby boom. Pero será muy desigual: el 10% más rico concentra el 56,6% de la riqueza del país. Además, un estudio reciente en Barcelona revela que siete de cada 10 inquilinos no esperan heredar ninguna vivienda en el futuro4. En conjunto, las herencias y/o regalos son 60 veces superiores entre el 20% más rico de los hogares que entre el 20% más pobre.

En suma, la situación inmobiliaria de las generaciones maduras se consolida como una dimensión central de reproducción de la desigualdad. Como resultado, las transiciones hacia la vida adulta se enfrentan a la bifurcación entre quienes gozan de soportes inmobiliarios frente a quienes no, con consecuencias en decisiones tales como la emancipación, la p/maternidad o la formación de parejas, todos ellos ámbitos donde los privilegios también se heredan a través del linaje inmobiliario-familiar. En todos los casos, la libertad requiere de soportes materiales. Este conjunto de dinámicas sociales advierte de las consecuencias de la apuesta por la propiedad, que en la práctica funciona como un medio de disciplinamiento social y de dominación económica. Tras la erosión del mito de la meritocracia, es el turno de la falsa promesa de la propiedad.

Ocurre con la llamada Creedence Clearwater Revival. Si un nombre tan complicado acaba teniendo éxito, es que lo que hay detrás tiene miga. Y lo mismo sucede con la gentrificación, un concepto impronunciable que ha saltado en España desde la literatura académica a cualquier debate sobre la ciudad, desde medios de comunicación hasta movimientos sociales, como ya ocurría en el ámbito anglosajón. En breve, la gentrificación es el cambio que se produce en la población de los usuarios de un territorio tal que los nuevos usuarios son de un estado socioeconómico superior al de los previos, los cuales son desplazados de sus barrios en ese proceso.

En 2016, cuando editamos First We Take Manhattan (Catarata), describimos el proceso clásico de la gentrificación a través de cuatro fases que se enlazan entre sí —abandono, estigmatización, regeneración y mercantilización— y que habitualmente se desarrollan en los centros urbanos. No obstante, este fenómeno presenta una notable diversidad contextual que exige ser matizado en cada ciudad, como han señalado autores como L. Lees y T. Maloutas.

Así, tras el estallido de la crisis financiera y su posterior recomposición, el proceso se ha vuelto más complejo hasta cumplir el modelo de gentrificación por olas descrito por N. Smith. Como resultado, este proceso ya no se ciñe a los centros urbanos sino que también afecta a ciertas periferias —accesibles con transporte público, con valores arquitectónicos patrimoniales, próximas a grandes inversiones urbanas, etcétera—; ya no es un dispositivo inmobiliario local, sino que se imbrica con flujos globales, con un papel destacado de los fondos de inversión, y es cada vez menos un proceso espontáneo.

El mecanismo básico que genera la gentrificación —que es el diferencial de renta o rent gap en un territorio que permite comprar barato y, con una cierta inversión, vender caro— es cada vez más complejo. Si las clases medias locales se empobrecen, la demanda se internacionaliza, especialmente cuando un determinado mercado local —como el español tras la crisis— resulta barato en el contexto internacional. En términos de T. Slater, existía un diferencial de renta global. Además, dicho rent gap ha sido incentivado artificialmente mediante, por ejemplo, la privilegiada regulación fiscal de las sociedades SOCIMI (sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento) y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). 

Subida de precios

En este contexto, llegó AirBnB. La irrupción de las plataformas P2P de alojamiento turístico ha generado nuevas oportunidades especulativas para parte del parque inmobiliario español, derivándolo —en el segmento de menor superficie y más barato— hacia esta nueva forma de explotación que ha contribuido parcialmente al alza de precios de la vivienda, sobre todo de alquiler. Se han popularizado así dos nuevos palabros: turismofobia y turistización, proceso que se enlaza con la gentrificación. 

No obstante, el proceso de turistización es más nocivo en sus efectos porque sustituye a una población local por una no población, y además afecta muchos más rápido. Esto ha hecho que algunos responsables políticos —Jorge García Castaño en Madrid y Gala Pin en Barcelona— hablen ya de una “gentrificación 4.0” que amenaza con generar espacios urbanos tematizados, desprovistos de las mínimas cualidades básicas para el residente estable: comercio y dotaciones de proximidad, precios accesibles para la vivienda e, incluso, unas condiciones mínimas para el descanso. La situación es especialmente grave en zonas turísticas, donde diferentes profesionales —desde enfermeros hasta controladores aéreos— tienen dificultades para alojarse cerca de su lugar de trabajo.

Ante esta crisis urbana, se impone afrontar el problema y regularlo. Para ello, ciudades como Ámsterdam, Barcelona, Londres, Madrid y París han comenzado a trabajar en red para enfrentarse a estos desafíos globales. No obstante, en España es necesario corregir una anomalía en perspectiva europea: el ínfimo porcentaje de vivienda social en nuestras ciudades. Es necesario regular las SOCIMI y proteger a los inquilinos, pero es urgente añadir la vivienda a nuestro sistema de bienestar. 

[Este artículo forma parte del dossier Turismo sostenible, publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Cuando imaginamos las ciudades del futuro es inevitable pensar en los escenarios que las películas de ciencia ficción han fijado en nuestra imaginación. Así, al mismo tiempo que fantaseamos con vehículos voladores y rascacielos interminables, nos estremecemos con los sistemas de control de Minority Report o la llovizna gris e interminable de Blade Runner.

La mayor parte de nuestras proyecciones de la ciudad del futuro giran alrededor de una innovación tecnológica que no cesa de asombrarnos e inquietarnos. Sin embargo, la mayor parte de los conflictos urbanos de los próximos 25 años no dependerán tanto de estas invenciones como de la relación de fuerzas sociales entre los grupos que las utilicen. Como canta Jorge Drexler, el ser humano hace la máquina y es lo que hace con ella. Frente al fetichismo de la tecnología que alimenta la pasividad de optimistas y pesimistas, la realidad urbana de hoy en día exige reflexionar sobre su devenir y adoptar estrategias para defender un Derecho a la Ciudad que seguimos esperando desde la primavera del París de 1968.

“Si el siglo XIX se definió por los imperios y el siglo XX por los Estados-nación, el XXI es el de las ciudades del mundo”. Con esta divisa, los alcaldes de París y de Londres reivindicaban recientemente la importancia clave de las ciudades globales donde confluyen los principales flujos de personas, mercancías e información. Saskia Sassen ha descrito estas nuevas ciudades de los prodigios pero también alerta de sus contradicciones internas. Conectadas a la nube global de las finanzas, Raquel Rolnik denuncia que sus territorios son el lugar de un nuevo colonialismo que no sólo extrae rentas a costa de las condiciones de vida de sus poblaciones sino que, además, las disciplina políticamente por medio de la deuda y la gestión de la información que generan. Los efectos de estas dinámicas son de sobra conocidos: la privatización de los servicios públicos, la pérdida de poder de la fuerza de trabajo, la construcción de ciudades social y medioambientalmente insostenibles y la especulación inmobiliaria que expulsa a vecinos y vecinas de sus barrios. Tal es el escenario urbano en el año 2017 pero, ¿qué ciudades habitaremos en 2042, dentro de 25 años?

Para comenzar, las proyecciones de población señalan que en España será precisamente entonces cuando se produzca el pico de llegada a la jubilación de las generaciones del baby-boom. Si en 2017 el 19,0% de los residentes en España es mayor de 65 años, en 2042 esta cifra alcanzará el 32,3%. La intensidad de este envejecimiento se debe a una bajísima tasa de fecundidad, consecuencia de la precariedad existencial de la juventud. A su vez, la combinación de una ocupación laboral débil con un alto porcentaje de personas dependientes comporta grandes incertidumbres. Sin embargo, la historia reciente muestra que los aumentos en la productividad han sido capaces de contrarrestar este riesgo.

En un escenario de creciente robotización, la amenaza consiste en que los beneficios de la innovación tecnológica no sean distribuidos, sino privatizados por unas élites cada vez más excluyentes que acaparan los recursos naturales y sociales del planeta. En un contexto de agotamiento de los recursos naturales y aumento de la población con necesidades de cuidados, el mantenimiento de los niveles de vida de estas élites sólo podrá lograrse en base a agresivas dinámicas de expulsión. No obstante, estas mismas tendencias albergan contradicciones en su expresión urbana que pueden hacer estallar el modelo y exigen un cambio integral en nuestro modo de vivir.

Las grandes ciudades globales generan enormes necesidades de cuidados. Al respecto, la ley de la selva urbanística ha producido territorios donde la vida cotidiana es cada vez más insostenible. Al mismo tiempo que estas ciudades han atraído a profesionales y turistas que revalorizan sus centros urbanos, las poblaciones que les prestan servicios (desde el cuidado de su familia hasta la seguridad de los edificios donde trabajan) son expulsadas a barrios cada vez más lejanos donde poder pagar la renta del alquiler (cada vez más importante) o la letra de la hipoteca (cada vez más inaccesible). Cuando los centros urbanos son empleados como activos financieros, su potencia como espacios públicos se desvanece y pueden terminar generando ciudades monstruosas, como ocurre cuando el turismo cesa o las vecinas se van de los centros históricos.

A diario, el resultado es un desplazamiento masivo de trabajadoras desde las periferias geográficas y sociales hacia los barrios donde se concentran los empleos, alimentando modelos de movilidad urbana que envenenan nuestro aire y nuestra capacidad de construir ciudades en común. En algunos lugares como Palma de Mallorca, este tipo de ciudad impide que las profesionales de la sanidad y la educación puedan residir en la ciudad. De seguir este modelo, dentro de 25 años podríamos habitar ciudades donde la atención de las necesidades de sus habitantes no pueda ser cubierta. En esta ciudad, muchos grupos sociales apenas coincidirían cotidianamente en los mismos territorios, generando graves problemas de reconocimiento político y social. En ciudades escindidas la cohesión social será una quimera. En 2011, Madrid ya era la ciudad más segregada entre las principales capitales europeas y esta tendencia no podrá revertirse en ausencia de un gran acuerdo a favor de políticas de vivienda a la altura del reto.

Finalmente, más allá de las trabajadoras de las profesiones creativas  y los servicios personales que demandan las ciudades globales, un creciente sector de población ha comenzado a ser prescindible para el modelo económico. De no avanzar hacia sistemas de reparto del empleo y democratización de la economía, amplias capas de la población se verán condenadas a un insostenible ostracismo social y político. En estos casos, la invisibilización de la pobreza en ciudades híper-segregadas limitaría las opciones de acción política colectiva. Y en ausencia de reconocimiento y canales de expresión, la juventud sin futuro siempre encuentra nuevos medios de impugnación cuya orientación política está abierta.

Siguiendo las tesis de Nancy Fraser, frente a la individualización a la que conduce la mercantilización de la vida, y cuya expresión más acabada son las urbanizaciones cerradas de los ganadores en este modelo, es precisa una alianza social entre el resto de grupos urbanos. Esto es, entre quienes necesitan protección social (las habitantes de las comunidades empobrecidas y olvidadas) y esas clases medias precarizadas, pero con alta formación, que exigen principalmente la emancipación de las minorías tradicionalmente oprimidas (la comunidad LGTBI, las inmigrantes o las mujeres). Esta alianza permitiría fortalecer los barrios dañados de nuestras ciudades sin generar identidades cerradas a la diversidad. Los retos a los que nos enfrentamos son formidables y requerirán respuestas equivalentes. Para ello, no podemos aplazar la construcción de esa alianza entre comunidades urbanas precarizadas y abandonadas, así como la cesión de más competencias y recursos a unas ciudades que avanzan hacia la lluvia de ceniza pero albergan semillas de esperanza.