Demostrar la necesidad de repartir el empleo se presenta como un empeño muy complicado, a la sombra de discursos muy enérgicos como el Ingreso Mínimo Vital (tan fácil de entender como la pobreza misma), o la Renta Básica Universal e Incondicionada (quizás se entienda pero no resulte demasiado convincente), o el Trabajo Garantizado (una fórmula tan clásica como el admirado Keynes y que, sin embargo, es posible que no traiga otra cosa que la precariedad garantizada: contratos temporales incentivados con cargo a los presupuestos generales del Estado). Al Reparto de Empleo no se le ve en el horizonte salvo para plantear reducciones de jornada, ya sean estas de seis horas al día, o de cuatro días a la semana, apoyadas en la experiencia francesa de 1998 que como es sabido ha tenido demasiados vaivenes que han terminado por abortar las esperanzas puestas entonces.

Antes de seguir, ya adelanto que quiero reivindicar el Reparto de Empleo, pero para ello es menester hacer algunas aclaraciones. La primera: reducir jornada no es lo mismo que repartir empleo, si bien para repartir empleo sea necesario reducir jornada. En el Reparto de Empleo hay un nexo de voluntariedad que no tiene que ver con medidas macroeconómicas de reducción de jornada (caso de Francia), puesto que son l@s trabajador@s quienes deciden repartir, y con ello reducir jornada, por lo tanto, son l@s trabajador@s quienes controlan su tiempo de trabajo. La segunda cuestión es que la Administración interviene, y lo hace para incentivar a l@s trabajador@s que reparten para que lo hagan sin reducción de ingresos (salario más pensión) siempre que con ello se contrate a una persona desempleada. Y la tercera consideración es que l@s empresari@s tienen que participar en el proceso, y lo van a hacer sobre la base de que van a ver que el Reparto de Trabajo es útil y rentable para sus empresas.

No hay que irse a Nueva Zelanda o Suecia para entender el Reparto de Empleo. La clave la tenemos bien cerca, en el Estatuto de Trabajadores que regula el Contrato de Relevo, aquel por el que a partir de determinada edad (62 años y 8 meses) y 33 años de cotización a la Seguridad Social, l@s trabajador@s pueden acceder a la jubilación parcial (por ejemplo: seguir trabajando al 50% de jornada y jubilación parcial del 50%, conservando las bases de cotización al 100%). La condición para reducir jornada es repartir y crear empleo, es decir, que se contrate a una persona desempleada (o con contrato temporal en la misma empresa) para suplir la jornada que queda vacante. Podría decirse que el Contrato de Relevo es un recurso para el reparto de empleo toda vez que un trabajo deviene en dos, 1 es igual a dos, o si se prefiere uno se divide en dos, pero para ello se tiene que dar una fórmula tan obvia que un niño de primaria podría entenderlo:

1 = 2; si bien para ello 2 hay que multiplicarlo por 0,5 de tal manera que 1 = 2 x 0,5.

La cuestión es que en el actual modelo de empleo el derecho al Contrato de Relevo solo pueden acceder muy pocas personas, aquellas que empezaron a trabajar jóvenes y de forma continuada, una especie en extinción. De hecho el número de Contratos de Relevo realizados en España en el año 2019 fueron 8.193, menos de 4 por cada mil contratos hechos ese mismo año; una nimiedad que nos explica que teniendo un buen contrato sus efectos prácticos son inapreciables porque las exigencias para acceder son insalvables.

Por eso hay que hacer emerger el Contrato de Relevo, y rehabilitarlo para que sea un verdadero Contrato de Reparto de Empleo, y eso hay que hacerlo justamente ahora que la precariedad es norma, el paro acucia, y el futuro del empleo es tan incierto como el futuro mismo. Con el nuevo Contrato de Reparto de Empleo, las personas a partir de una determinada edad, pongamos 55 años, y con 12 años de cotización, podrían acceder a trabajar menos y jubilarse parcialmente, siempre y cuando se contrate a una persona en paro. Cabrían muchas fórmulas en función de las necesidades personales y familiares de los trabajadores, y de las necesidades organizativas de las empresas, pero la situación normal sería la de un trabajador o trabajadora que reduce la jornada al 50%, pasando a ser jubilad@ parcial también al 50%, y la empresa contrata durante el 50% de jornada a una persona parada de forma indefinida. Se me objetará que eso es muy costoso para la Seguridad Social, y no lo niego, pero también estoy convencido de que tales costes están ampliamente compensados por los beneficios sociales y económicos, entre ellos el retorno económico por cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF, y también por el ahorro en Prestaciones por Desempleo o Renta de Ingresos Mínimos de las personas desempleadas que fueran contratadas. En cualquier caso, la financiación del Programa se Reparto de Empleo se haría con cargo a las Políticas Activas de Empleo a las que el Estado dedica anualmente unos 6.000 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad se dedican a financiar a la Administración Local o a las empresas para la contratación temporal de desempleados.

A la vista de este planteamiento no parece que los trabajadores vayan a oponer objeciones, siempre que se les garantice el mantenimiento de la base de cotización para mantener la cuantía de su futura jubilación. Tampoco la Administración debiera desdeñar una modalidad de contrato para crear empleo indefinido con un retorno social y económico que la hacen viable y eficiente. ¿Y las empresas? ¿Por qué los empresarios deben poner la firma en un Contrato de Reparto de Empleo?

Porque 0,5 + 0,5 > 1 (o lo que es lo mismo, dos personas en cuatro horas trabajan más y mejor que una sola en 8 horas).

Con el Reparto de Empleo las empresas no sufrirían costes salariales añadidos, o serían inapreciables, y ganarían en productividad, su gran preocupación. Ganarían en productividad porque dos personas al 50% de jornada, más satisfechas con su horario laboral, rinden más que una sola al 100 % de jornada, y además se produciría menos absentismo y ausentismo. La experiencia del trabajador que reparte unida a la experiencia del trabajador relevista mejora las posibilidades técnicas y organizativas de los negocios, y facilita el intercambio de formación respirando un clima laboral más saludable.

Caminando hacia la igualdad: del Reparto de Empleo al Reparto de Trabajo y al Reparto de Riqueza

Con frecuencia, cuando hablo del Reparto del Empleo se me objeta que sí, que muy bien, pero que lo que hay que abordar primero es el Reparto de la Riqueza. Y no falta razón, puesto que es difícil convivir en sociedad cuando los más ricos disponen de tanto; es insultante. Mientras crece el paro y la precariedad crece también el número de los más multimillonarios ¿cómo es posible? Pues porque los mecanismos de distribución de renta y riqueza no funcionan; aquello que en la Constitución Española se enfatiza como “la función social de la propiedad” falla estrepitosamente, y el principio de proporcionalidad fiscal (que paguen más los que más tienen) es una entelequia; por no hablar del inexistente control sobre el límite de las exorbitantes e inmorales grandes fortunas ¿Es posible sostener una sociedad en la que sigue creciendo la riqueza de muy pocos cuando aumenta cada vez más la desigualdad y la pobreza?

Pero el hecho de que tengamos en el horizonte el reto de la igualdad no obsta a que se vaya enseñando el camino del Reparto, del Reparto del Empleo y del Reparto de Trabajo, porque ello ayudará a crear una cultura favorable, de cooperación, y de acceso a la justicia y equidad, que allana el camino para abordar el Reparto de la Riqueza.

Una aclaración. El Reparto de Empleo no equivale al Reparto de Trabajo, en el que incorporamos todos los trabajos, los productivos y también los reproductivos, los no remunerados, que cargan de forma muy desigual sobre las mujeres quienes afrontan mayoritariamente el trabajo doméstico o el trabajo de cuidados familiares. En este contexto, el Reparto de Empleo se ofrece como una oportunidad para caminar hacia la igualdad de género equilibrando el valor del trabajo productivo, el empleo, con el trabajo reproductivo, permitiendo una mayor incorporación de las mujeres en desempleo al trabajo, y la de los hombres a la economía de los cuidados al disponer de un mayor control de su tiempo.

Cuestiones complicadas que no se pueden simplificar en fórmulas matemáticas, sin duda, y que deben estar en el debate sobre las puertas que deben abrirse tras la sociedad post Covid, que permitan la transición a un modelo productivo ecológicamente más justo, más igual, para poder enfrentarnos a los retos de la emergencia social, sanitaria y climática, en el que las personas sean lo primero, algo que pronunciamos hasta la saciedad, pero que puede quedar en un vacío enunciado retórico si no se llena con propuestas concretas que lo hagan posible. Por eso, para dar pasos eficientes en medio de la compleja y pesada incertidumbre, creo que deberíamos empezar por aquellas medidas como el Contrato de Reparto del Empleo que se explica con una sencilla ecuación que ayuda a entender que 1 es igual a 2 siempre que 0,5 más 0,5 sea mayor que 1. ¿Lo entenderemos?

El próximo lunes, 4 de mayo, se celebrará en el Ayuntamiento de Castro Urdiales el primer pleno tras la declaración del estado de alarma hace seis semanas. Quizás esto no sea digno de atención, pero resulta llamativo que este primer pleno telemático de la historia de la ciudad lo sea para resolver la aprobación del Modificado nº 23 del Plan General, es decir, una cuestión de la “máxima urgencia” para la población de Castro Urdiales, y que este pleno sea el segundo en el que se trata el mismo asunto (la aprobación definitiva del Modificado nº 23 del PGOU) que ya había sido rechazada por falta de la mayoría para aprobar el Modificado y con ello la recalificación de la fábrica de anchoas Lolín. En aquel pleno de 4 de febrero de este año el Modificado no había obtenido la mayoría absoluta necesaria (11 concejales) a pesar de los votos afirmativos de sus valedores, CastroVerde y El PRC (3 + 5 concejales), debido a la abstención de los seis concejales del PSOE y de los dos de Ciudadanos, y el voto en contra del único concejal de Podemos. El sexto concejal ausente del PRC, el dueño de la empresa Anchoas Lolín, Jesús Gutiérrez no asistió al pleno al tener interés directo en el asunto en cuestión. Tampoco comparecieron los tres concejales del PP.

El asunto parecía estar resuelto, pero poco tiempo después aparece en escena el juez Acayro Sánchez y dicta un auto que podríamos calificar como “pintoresco” si no fuera por los intereses que hay en juego en este asunto que, ahora, ya trascienden la mera recalificación de la fábrica de Anchoas para cuestionar los acuerdos que toma el órgano representativo de la democracia local. Un caso inaudito en la democracia española.

El dueño de la fábrica de Anchoas Lolín, portavoz del PRC en el Ayuntamiento y líder de la formación en Castro Urdiales, decide impugnar el pleno, pero sorprendentemente no lo hace yendo por la vía contenciosa contra el acuerdo plenario, sino presentando un incidente de ejecución de una sentencia trece meses anterior que resolvió un recurso contencioso contra el Ayuntamiento que presentaron los dueños del supermercado DIA que se encuentra frente a la fábrica de anchoas. Debe aclararse que aquella sentencia, dictada por Acayro, no lo era contra la aprobación del Modificado del PGOU sino contra la aprobación definitiva del convenio urbanístico en el que se decidió que el Ayuntamiento debería a tramitar el Modificado. (Hago un paréntesis para explicar que el famoso convenio Lolín fue ya tramitado con el compromiso por parte del Ayuntamiento de la redacción de la memoria urbanística; la aprobación inicial del modificado nº 2 del PGOU; el trámite de información pública; la aprobación provisional; y cuando se sometió a aprobación definitiva con otro gobierno municipal, tras las elecciones de mayo de 2019, no obtiene la mayoría absoluta necesaria que exige la legislación para aprobar un instrumento urbanístico).

Con la desestimación de aquella sentencia y la ratificación del convenio para seguir el trámite urbanístico ya se dio satisfacción a la parte demandada, por lo tanto es un disparate exigir en un incidente de ejecución de sentencia que se apruebe definitivamente el Plan General cuando ese plan ya ha sido rechazado. ¿Si el convenio ya se ha tramitado cumpliendo con las cláusulas que comprometían al Ayuntamiento, qué razón hay para solicitar una ejecución de sentencia de un procedimiento, el del convenio, distinto al del trámite urbanístico? Hay una razón que lo explica y ella tiene que ver con la irrupción en escena del juez Acayro, llamado a ser el actor principal para sacar adelante este Modificado nº 23.

El juez Acayro alimenta su posición señalando en su auto que el Ayuntamiento debió no solo tramitar el Modificado, sino aprobarlo, independientemente de que tras las últimas elecciones se produjera un cambio en el equipo de gobierno y en la representación política municipal. Si esto es así, la potestad municipal de planificar el urbanismo no sería el resultado de las deliberaciones en el pleno, de los informes técnicos, del trámite de información pública, o del cambio de criterio en cómo planificar la ciudad. La potestad municipal debería quedar sacrificada por la decisión de un juez, que reclama insistentemente con los dueños de la fábrica el cumplimiento de aquel convenio. Un auténtico disparate. El disparate es aún mayor toda vez que el juez afirma que la posición del nuevo Ayuntamiento es arbitraria, y cuestiona el propio informe de la secretaria municipal en el que se señala que el Ayuntamiento no puede aprobar el Modificado porque el dueño de la fábrica no cumplió la parte que le compromete en el convenio, aquella que decía que debía demostrar que el promotor adquiere una propiedad en el polígono industrial de Vallegón para proceder al traslado de la fábrica y con ello salvaguardar los puestos de trabajo. También se señala en este informe de la secretaria que la zona es inundable y por tanto no podría darse licencia urbanística al nuevo centro comercial que suplantaría la vieja fábrica de anchoas. Esta fue la argumentación expuesta por los concejales que decidieron no aprobar definitivamente el Modificado sobre los que el juez advierte en su auto de responsabilidades penales y multas coercitivas si impiden la aprobación del convenio que, según Acayro, debe significar la aprobación del Modificado. (Abro un segundo paréntesis para decir que los grupos políticos y concejales díscolos con este Modificado siempre mantuvieron una posición contraria o abstencionista, ya fuera en fase aprobación del Convenio, ya lo fuera en fase de tramitación del Modificado; es decir, en las cinco veces que han podido posicionarse nunca votaron a favor de esta operación urbanística que solo ha salido adelante con los único votos de PRC y CV).

El pleno se celebrará el lunes 4 de mayo, después de un insistente trasiego de recursos del Ayuntamiento y autos desestimatorios, el último con la amenaza explícita de multar a la alcaldesa con 1.000 euros diarios si no se celebra el pleno. La gran paradoja es que a pesar de la celeridad en resolver por parte del juez Acayro, con varios autos y providencias que reclaman la obligación de convocar y celebrar el pleno a pesar del estado de alarma, el recurso contra el primer auto que debe resolver el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria duerme confinado. ¿Qué pasaría si el TSJC resuelve declarar nulo el auto del juez Acayro mientras el Ayuntamiento acuerda una decisión diferente de la tomada en aquel pleno, es decir, aprobar el Modificado? ¿Por qué tiene que celebrarse un pleno en cumplimiento de un auto de un juez que ha sido recurrido al TSJC?

El lunes, 4 de mayo, a las 12.00 horas, los concejales deberán ratificar telemáticamente el carácter extraordinario del pleno, y seguramente lo harán, impelidos por el mandato del juez. En el segundo punto del orden del día tendrán que aprobar las normas de procedimiento telemático del pleno, condición para que éste sea válido. Y en el tercer punto se somete, por segunda vez, la aprobación definitiva del Modificado nº 23 del PGOU.

Ignoro lo que harán los concejales, pero este es un caso de conciencia y de inteligencia política que les somete al dilema de sus vidas políticas, en el que el asunto urbanístico queda ya en un segundo plano. La cuestión es si su voto, es el resultado de su voluntad y de sus convicciones o bien es el resultado de la coacción impuesta por un juez (1). Puede que a algunos lectores les parezca muy fuerte que hable de “coacción”, pero es que es muy fuerte lo que está aconteciendo, y no puede entenderse el auto del juez sino como una imposición contra la propia voluntad de los concejales, so pena de responsabilidades penales y administrativas. Se ha llegado a augurar que algunos concejales podrían cambiar su voluntad de abstenerse o de votar en contra del Modificado, y voten a favor por “imperativo del juez” lo que nos coloca en una situación tan inédita como estrafalaria. Imagino que los concejales, que siempre mantuvieron su posición contraria o abstencionista, estarán bien asesorados y sepan que su voto es tan legal y coherente como cualquier otro, y debe ser emitido sin otro impedimento que el que les dicta su razón.

Como decía al principio, la recalificación de la fábrica de anchoas ha entrado en un proceso que va más allá de la operación urbanística y sus consecuencias para la ciudad. Esto ya no va de Urbanismo, esto va de Democracia. Se cuestiona el propio funcionamiento democrático de las instituciones municipales en la que los representantes de la soberanía popular ejercen su voluntad política libremente expresada.

1. Acepciones de la palabra COACCIÓN que da la RAE:

Fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad.

Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción.

La federación de industria de Comisiones Obreras de Cantabria ha entrado en el escenario del Convenio Urbanístico y Modificación del Plan General de la fábrica de anchoas Lolín “exigiendo a los políticos que pongan toda la carne en el asador y se impliquen para aclarar la situación, desatascar el problema y velar por el futuro de las 50 familias que trabajan en la conservera”. El desatasco según el sindicato implica la “la materialización del convenio”, es decir, su aprobación, y si no se busquen alternativas para conservar los puestos de trabajo.

Hace bien Comisiones Obreras en ocuparse y preocuparse del futuro de los puestos de trabajo de Conservas Lolín. Esa es su función. Ojalá todos los participantes en el affaire para recalificar la fábrica hubieran mostrado su preocupación a su debido tiempo. Pero creo sinceramente que Comisiones Obreras está errando en la dirección a la que tiene que dirigir sus exigencias.

En el asunto de la recalificación de la parcela de la fábrica de Lolín, ha habido objetivos principales, y secundarios. El objetivo principal del convenio urbanístico ha sido siempre la recalificación, a través del modificado del PGOU, para cambiar el uso de la parcela de la fábrica de anchoas de Industrial a Comercial y permitir con ello la construcción de un centro comercial, Mercadona según se dice. En este asunto el objetivo secundario ha sido el futuro de los trabajadores. El propio convenio lo denomina “actuación accesoria a la calificación urbanística”: trasladar sus instalaciones a una nueva fábrica que se construiría en el polígono de Vallegón, aspecto que se concreta en la primera de las cláusulas obligacionales en la que se dice “el Ayuntamiento no vendrá obligado a aprobar definitivamente la modificación del PGOU hasta que por parte de la propiedad y/o la mercantil titular de la industria se acredite la adquisición de la propiedad o usos de una parcela en El Vallegón, para trasladar la industria existente actualmente en la parcela objeto de este convenio; y que dispone de financiación o recursos suficientes para la adquisición de la parcela, construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones industriales de Vallegón”. Sin embargo, más tarde se añade otra cláusula que permite al empresario un plazo máximo de tres años desde la aprobación definitiva de la modificación del PGOU para poner en funcionamiento la nueva fábrica.

Es decir, por una lado se quiere amarrar un compromiso del empresario para sostener la industria, y por otro se desanuda para dar un plazo de tres años para la puesta en marcha de la fábrica en Vallegón ¿Y en ese plazo adónde se supone que deberían ir los trabajadores? No dudo de que el equipo de gobierno anterior hiciera votos para que la recalificación no pusiera en riesgo los puestos de trabajo, y posiblemente llegó a pensar que el convenio urbanístico era la condición para garantizar el sostenimiento de la fábrica y de sus trabajadores. Un error garrafal; el convenio trata de otra cosa, muy alejada del sostenimiento de los puestos de trabajo, porque esa es una condición que nunca puede depender de la política urbana puesto que está sometida a decisiones empresariales y de mercado que un Ayuntamiento no puede controlar: ¿hay alguna manera de qué un Ayuntamiento pueda evitar un ERE y los consiguientes despidos de parte de la plantilla, si se dieran las condiciones para ello?

En este convenio urbanístico no se habla de trabajadores, ni de sostenimiento de los puestos de trabajo, ni de las 50 familias que según se dice dependen de la fábrica. Y esto, que, como digo, fue cuestión secundaria en la parte dispositiva del convenio, ahora, cuando el Modificado del Plan General se cuestiona seriamente y adolece de la mayoría necesaria para ser aprobado, se convierte en la cuestión principal: el futuro de las 50 familias como ultimátum para doblegar la voluntad de la corporación.

Mucho antes de que CCOO saliera a la palestra, CastroVerde y PRC armaron este enorme lío que ahora pesa sobre los puestos de trabajo, y acecha con una inadmisible presión del empresario conservero a los concejales de PSOE, PP, Cs y Podemos del Ayuntamiento de Castro Urdiales amenazando con responsabilidades personales, civiles y penales, si no dan su aprobación, o se abstienen, en la tramitación del PGOU nº 23. Para entender este dilema hay que decir que el convenio urbanístico se prueba en la anterior legislatura con los únicos votos favorables de CastroVerde y PRC, quienes también aprobaron inicial y provisionalmente el modificado nº 23 del PGOU con la recalificación pactada, y esto fue posible porque ambos partidos sumaban mayoría absoluta. Pero las circunstancias políticas ahora son otras; quien tiene el poder municipal es el PSOE, en coalición con Ciudadanos, que junto con el voto negativo de Podemos y posiblemente del PP, impedirían la aprobación del Convenio. Estos partidos nunca votaron a favor del Convenio ni del Modificado del PGOU, y no soportan ninguna obligación política sobre un Modificado del PGOU que presenta serias dudas jurídicas, sobre todo por la ubicación de la parcela en zona inundable.

En estas circunstancias la exigencia de CCOO dirigida a los políticos para que garanticen los 50 puestos de trabajo “independientemente de lo que pase” llega a mi modo de ver muy tarde y está muy mal dirigida, porque si de lo que se trata es de garantizar los puestos de trabajo en modo alguno estos debieran ser los paganos de la aventura especulativa del dueño de la empresa. No son las decisiones del Ayuntamiento las que ponen en riesgo los puestos de trabajo. Es el empresario el responsable garantizar los puestos de trabajo sea cual sea el futuro de la recalificación de la fábrica. Porque si no es así, nos colocamos en una disyuntiva inadmisible: si hay recalificación se sostienen los puestos de trabajo, y si no hay recalificación se pierden los puestos de trabajo; un ejemplo estupendo para que las empresas desmantelen sus industrias y se dediquen a la especulación urbanística. Comisiones Obreras sabe perfectamente de lo que estoy hablando, y en Cantabria se están dando ejemplos que avisan de estos fraudes.

Si finalmente el Modificado del PGOU es rechazado, quiero pensar que el problema de los trabajadores sea la cuestión principal, es decir, que su futuro no dependa de una cláusula urbanística que ellos no han negociado, ni en la que han sido partícipes. Para ello, el empresario y los trabajadores, con la colaboración de la administración competente, deben garantizar que las instalaciones actuales de la fábrica de Lolín sigan siendo operativas para garantizar los puestos de trabajo, durante el tiempo que sea menester hasta que el Ayuntamiento, con la mayoría necesaria, vislumbre un futuro para el conjunto de la zona industrial de Brazomar útil para la ciudad y en la que no se arriesgue la situación laboral de los trabajadores.

Durante estas últimas semanas se acentúan las presiones al equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE - Ciudadanos) para que aprueben el Modificado nº 23 del PGOU a la vista de que, según se dice, ya se conocen los informes favorables de las administraciones sectoriales, y por tanto el Ayuntamiento debiera aprobarlo sin más demora.

PRC, CastroVerde (otrora impulsores de este proyecto), y los propios representantes de los trabajadores de la fábrica de anchoas claman porque se apruebe ya el Modificado del Plan General, y se llega a decir que solo la animadversión al promotor (Jesús Gutiérrez, portavoz del grupo local del PRC) está impidiendo que se dé más celeridad a este asunto que según se dice lleva casi cinco años en tramitación. No tanto. Cierto es que el Convenio con Lolín para la recalificación de la fábrica de anchoas se remonta al año 2016, y es aprobado definitivamente en junio de 2017; pero en el marco de la Modificación Puntual del Plan General, la aprobación inicial fue en diciembre de 2018. Tan solo el informe de la CROTU ha tardado casi ocho meses.

Pero más allá de las prisas por sacar adelante el centro comercial Lolín - Mercadona, la recalificación de la fábrica de anchoas navega, desde mi punto de vista, entre un mar de imprecisiones e irregularidades urbanísticas que todavía no han sido contestadas por el Ayuntamiento, y que hacen zozobrar un centro comercial que quiere construirse en zona inundable.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico en informe (solicitado por el Ayuntamiento en el trámite de consulta a las administraciones públicas previo a la aprobación inicial del Modificado nº 23, repito, “solicitado por el Ayuntamiento”) dice dos cosas, una, que la parcela no está en el ámbito de dominio público hidráulico (a la orilla del río), toda vez que la parcela se ubica en ámbito de dominio público marítimo terrestre (a la orilla de la ría); y la otra, la más importante, es una advertencia al Ayuntamiento (pág. 2 y 3 del informe) en la que dice:

Es decir, la parcela de la Fábrica Lolín, objeto del modificado nº 23 del PGOU es íntegramente inundable tal y como se deduce de los mapas de inundabilidad que se adjuntan al informe:

Habida cuenta de la importancia para gestión, y las consecuencias futuras de los riesgos y peligros de inundabilidad, la CHC ha considerado extenderse en su informe que inexplicablemente ha sido obviado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales. El informe detalla las 'Afecciones por inundabilidad' advirtiendo lo que dice el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (RD 1/2016) y recordando las limitaciones en zona inundable exterior que viene recogidas en al art. 40.2 del RD 1/2016 y que resumo: No pueden ser autorizadas nuevas edificaciones “cualquiera que sea su uso” (y el centro comercial propone una nueva edificación adherida a la fábrica), ni tampoco “obras de reparación que supongan alteración de la ocupación en planta o de su volumen o cambio de uso de las mismas que incremente su vulnerabilidad frente a las mismas” (la recalificación de la fábrica en centro comercial implica un uso más vulnerable al provocar una mayor densidad de personas y bienes en zona inundable, y un considerable aumento de la permeabilidad de la zona).

La CHC señala en su informe que estas limitaciones “serán aplicables al planeamiento general y territorial que se apruebe a la entrada en vigor de ese decreto”. Es decir la CHC está recordando que el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y los Planes Hidrológicos son de obligado cumplimiento para las administraciones con competencia urbanística. No es la CHC quien tiene que hacer cumplir tales limitaciones sino el Ayuntamiento:

Incluso el informe (favorable) de la CROTU que, a pesar de ser una frivolidad indigerible (quitándose el muerto de encima sin entrar siquiera en el grave incumplimiento de las normas de aplicación directa de la ley del Suelo de Cantabria) hace constar que debe darse cumplimiento al informe de la CHC “precisando la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en al art. 41 del RD 1/2016, dad la afección T100 y T500 del ámbito de la modificación puntual”.

¿Y entonces por qué el Ayuntamiento no cumple con su obligación?

El Ayuntamiento toma nota, se da por enterado, pero sorprendentemente dice que no reconoce la competencia de la CHC y señala expresamente que la competencia es de Costas. Y sin embargo Costas no se ha pronunciado. ¿Por qué? Porque la competencia no es ni de la CHC, ni de Costas; la competencia para autorizar actividades en zona inundable es del propio Ayuntamiento, como se dice meridianamente claro en la legislación de aguas, y se reitera por la CHC en su informe: es el Ayuntamiento quien tiene que aplicar las limitaciones que impone el normativa de aguas en zona inundable. Pido disculpas por la reiteración.

Con el cambio de corporación y nuevas mayorías (la suma de concejales de PRC más CastroVerde que eran los únicos partidos que dijeron sí a la recalificación es insuficiente para aprobar definidamente el Modificado nº 23), precisa de más apoyos para conseguir la necesaria mayoría absoluta, y se señala al PSOE, socio de gobierno del PRC en Cantabria, para que cambie su hasta ahora posición abstencionista por el voto a favor de la recalificación.

Pero más allá de la aritmética política y juegos de funambulismo político, la cautela, el rigor y el sentido de la responsabilidad debe pesar sobre una promoción, la del centro comercial Lolín – Mercadona que navega entre turbulencias en zona inundable.

El ecosistema político en España se ha transformado por la aparición de nuevas especies, nuevos partidos, que han teñido de diversidad su hábitat con la consiguiente modificación en sus relaciones. Saludo este cambio como una oportunidad para la cooperación, frente a la beligerancia y la competitividad que normalmente caracterizan las relaciones entre partidos. Cooperación para hacer posible la aplicación de programas apoyados por la mayoría de la ciudadanía. Esto que es de sentido común en democracia y que a mí me parece que es una oportunidad, para otros es una gran dificultad.

En las elecciones municipales de 2015 fue posible construir una mayoría de izquierdas en Castro Urdiales gracias al apoyo popular a CastroVerde (4.265 votos que significaron 7 concejales), y al PSOE (2.227 votos que se tradujeron en 4 concejales), lo que permitió formar mayoría absoluta con equipo de gobierno, alcalde, y, lo más importante, un programa de gobierno. Obvio es que para poder llevar a cabo el programa de gobierno era condición sine qua non mantener la mayoría, pero CV decidió cargarse el pacto por disensiones serias con sus socios, y mantener durante los dos últimos años un gobierno solitario con el apoyo del PRC.

No voy a entrar a valorar ahora los entresijos de aquella ruptura, sobre la que ya me manifesté en su momento, pero sí voy a reflexionar sobre la enorme importancia que aquel hecho va a tener en la continuidad de la vida política municipal, cuyas consecuencias trascienden y se van a hacer patentes para el futuro. Ahora, en las elecciones municipales de 26 de mayo 2019, parece probable que CastroVerde empeore sus resultados, y el PSOE pueda mejorarlos y, además, entre en escena Podemos. Más difícil será que Acuerdo por Castro pueda sacar representación, pero no puede descartarse.  El dilema es que una mayoría de izquierdas que podría ser aritméticamente posible, se antoja prácticamente imposible a la vista de las pésimas relaciones entre CastroVerde y PSOE, que mantienen en sus cabezas de lista a quienes protagonizaron aquella ruptura.

Quizás la presencia de Podemos pudiera deshacer algunos prejuicios y provocar un entendimiento a tres, pero lo dudo. Mucho tendría que cambiar la conducta de estos partidos, empezando por corregir actitudes de soberbia (por ambas partes) que condujeron a romper unilateralmente un pacto que, de justificarse su ruptura, también debiera haberse hecho de forma negociada. Reaprender de los errores del pasado: siempre hay que prever en toda cooperativa un sistema organizado y eficiente de resolución de conflictos. Es curioso constatar cómo algunos predican la mediación para resolver los problemas de los demás, pero cuando les concierne a ellos la ignoran y prefieren la imposición a cualquier otra técnica de relación entre iguales. 

Así pues, no mantengo esperanza de que se reproduzca un pacto de izquierdas en Castro. Pesa además la tentación de que CastroVerde se avenga a congeniar con el PRC, si se dieran las condiciones para ello, habida cuenta del buen entendimiento entre ambas formaciones después de aquella ruptura. Tampoco sería descartable que el PSOE y PRC sintonicen siguiendo la llamada de una posible mayoría electoral en el Parlamento de Cantabria entre estos partidos. Y también puede haber un acuerdo de las derechas con el PRC.

Hay muchas variables en juego que anticipan cruces complicados de aritmética, geometría, y ética. Pero nada avisa de que el próximo gobierno municipal sea de izquierdas, y a mí esto me preocupa especialmente porque ello es debido al empecinamiento de sus dirigentes, y ajeno a la voluntad de los votantes. Por eso me parece importante ponerse a reflexionar para que esa remota esperanza, la del pacto de izquierdas, se traduzca en algo real, y para ello se tiene que dar un requisito, acaso una exigencia, que espero sea requerimiento para los partidos de izquierda si los resultados acompañan el próximo día 26.

Hace un par de párrafos, recordando las elecciones de 2015, he hablado de votos que significaban concejales. Votos emitidos por el electorado que apoya a cada candidatura. Es el pueblo el que permite una representatividad que no podría existir sin el ejercicio de su soberanía. En eso consiste la democracia. El pueblo debe saber que su voto va a ir dirigido al cumplimiento del programa electoral votado, y también cómo se va a gestionar su decisión, es decir, con quién se va a acompañar en la tarea para hacerlo posible. Esta es una cuestión sobre la que los partidos no se quieren pronunciar, por si acaso, para que por la boca no muera el pez, pero comprenderán que esto es de enorme importancia.

Es natural presagiar que las diferentes opciones que se negocien tras las elecciones van a depender de los resultados. Pero pensemos. Pensemos de forma democrática y al modo en la que lo haría Sócrates en la Polis: ¿Los pactos del futuro gobierno en la ciudad no debieran ser el resultado de la voluntad de la ciudadanía que otorga la legitimidad a nuestros futuros representantes en el Ayuntamiento?

Si esto es así, no debiera resultar extraño demandar que PSOE, CastroVerde, y Podemos pregunten a sus votantes si les parece deseable construir un pacto de izquierdas, incluso un pacto más amplio si fuera menester, que permita una mejor gobernabilidad, y una mayor legitimidad para poder aplicar un programa de gobierno que sea apoyado por una mayoría de ciudadanos. No hay mayor antídoto contra el despotismo de algunos dirigentes que una buena inyección de democracia. Pregunten a la ciudadanía.

Quizás así, aquello que se dibuja como imposible, un gobierno municipal de izquierdas, pueda ser probable, acaso posible, y a lo mejor realizable.

Quiero empezar mi reflexión con la pregunta enunciada: ¿Por qué el Club Náutico de Castro Urdiales es privado cuando podría ser público?

Más que un respuesta precisa me interesa abrir un espacio a la necesidad de hacerse preguntas allí donde todo parece ya asentado por una realidad incuestionable justamente por no hacerse preguntas.

La noticia es que Puertos de Cantabria, más concretamente la Dirección General de Obras Públicas de Cantabria, ha sacado a licitación la concesión del Club Náutico de Castro Urdiales por 35 años. La “no noticia” es el desinterés de grupos políticos y población en general por este asunto. Me propongo acentuar justamente aquello que no es noticiable , que la ocupación del dominio público del Puerto de Castro Urdiales le importe un bledo a todo el mundo excepto a las empresas o sociedades con capacidad para hacerse con el edificio del Club Náutico, el embarcadero, y los amarres, una superficie muy considerable de la lámina de agua del Puerto de Castro Urdiales. Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que la sociedad castreña se revolvió contra la ocupación del dominio público de la bahía de Castro, cuando se plantó frente al intento del Gobierno de Cantabria de rellenar de hormigón buena parte de la dársena con aquel proyecto de puerto deportivo que de momento descansa en paz, alejado del Plan de Puertos de Cantabria. Todo lo que acontece en la bahía de Castro es de máximo interés, pero lo que sucede puertas adentro del Club Náutico escapa de nuestra atención, como si fuera otra jurisdicción.

Entiendo que el hecho de que el Club Náutico siga siendo privado por 35 años más no es un asunto que preocupe, puesto que así ha sido siempre en la vida de este Club, desde 1955. La escenografía del Club Naútico, enclavado en un magnífico edificio, es la de una pasarela a la que solo pueden acceder los socios, o personas que gozan de alguno de sus casi doscientos embarques. Ciertamente, en los últimos años, se ha permitido el paso a clientes que de lunes a viernes han comido en su restaurante (accediendo solo al restaurante, y nunca en los meses de verano), y también los alumnos matriculados en el curso de vela que durante el verano se imparte en estas aguas. Pero lo cierto es que el Real Club Naútico de Castro Urdiales tiene derecho de admisión, es un club privado en el que la masa social son sus propios socios, unos ochocientos, por lo general personas de clase alta, o medio alta, entre los que apenas hay cien familias castreñas. Es el propio Club quien gestiona sus actividades, y se nutre de las cuotas de sus socios, inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos. En resumen, son muy pocas las personas que utilizan el dominio público, tan pocas que haciendo suyo lo que es público, resulta que no lo es.

Esta forma de gestión indirecta y privatizada del dominio público, para contribuir, se dice, a las actividades náuticas y de recreo, es bastante habitual en España (de hecho me dicen que el Real Club Marítimo de Santander es aún más elitista). Pero no es la única. La tendencia en algunas ciudades es plantear otro modelo de gestión pública (gestión directa, o bien a través de una empresa pública, o una empresa mixta) sobre la base de promover que los clubes náuticos sean un espacio abierto para la promoción de los deportes náuticos, de la pesca deportiva, del buceo, de la cultura del mar y del cuidado de la costa, y con ello contribuir a que esta parte del dominio público sea un magnífico recurso para la ciudadanía, además de un referente del turismo deportivo sostenible para las ciudades costeras. En el caso de Castro, me gustaría añadir, el dominio público resulta estar ocupado también por una caótica red de amarres sin concierto ni control que han ido paulatinamente ocupando la mayor parte de la lámina de agua quitando espacio a las actividades deportivas y pesqueras del Puerto de Castro.

Sin embargo, la entidad publica empresarial Puertos de Cantabria no se ha planteado otra forma de gestión que quizás pudiera cumplir mejor con el objetivo de preservar y mejorar de forma más eficaz el dominio público portuario, y acaso también, para cumplir el propio Plan de Puertos de Cantabria que en el capitulo referente a las actividades náutico deportivas se plantea “potenciar la actividad recreativa como alternativa económica”, “diversificar la demanda”, “la interacción con la ciudad”, “mejorar las instalaciones para atender nuevas necesidades…”, no sigo. Todo resulta vacuo y falso si observamos que lo que hace Puertos de Cantabria es simplemente privatizar el dominio público para tener unos escasos ingresos y quitarse de encima la obligación de hacer una gestión más adecuada del dominio público. Con esta licitación se introduce además la posibilidad de que la sociedad sin ánimo de lucro que ha gestionado hasta ahora el Club Náutico se vea apartada por una empresa privada más interesada en las plusvalias económicas que pueda implicar su gestión. En cualquier caso, el Club Náutico será privado, descartando la gestion directa por una entidad pública, y obviando otro tipo de iniciativas con la participación del Ayuntamiento, de las asociaciones deportivas de remo y piragüismo, de la cofradía de pescadores, de la red de microempresas cada vez más creciente… en fin de eso que denominan unos “masa social”, “demanda diversificada” para otros, y que yo prefiero pensar que son ciudadanía, sin comillas, siempre ausente en estos procesos.

Se me antojan muchas razones por las que el Club Náutico de Castro Urdiales podría ser un magnifico recurso público para la bahía de Castro, y para la ciudad de Castro Urdiales, y se me ocurren unas cuantas preguntas dirigidas a entidades y personas que han dejado pasar esta oportunidad. Pero no sé por qué me extraño, por qué me hago preguntas, como si estuviéramos en una clase de filosofía de bachillerato. El Club Naútico seguirá siendo privado porque nadie se ha preguntado que acaso podría ser público.

Según explica un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2018, España es uno de los países del mundo en dónde más cambian los cargos. Cambian tanto los cargos como cambian los gobiernos, posición en la que nos colocamos al lado de Turquía y muy por debajo de los países europeos, incluso por debajo de Polonia, Hungría, Grecia o Eslovaquia. Tanto cambio en los cargos es, según la propia OCDE, una anomalía que favorece el ascenso de personas insuficientemente cualificadas dañando la imagen de eficiencia de la Administración pública.

Pensemos por un momento lo que puede suceder en Cantabria en el caso de que se produzca un cambio de gobierno dentro de medio año, tras las elecciones de mayo de 2019. Cuando se hagan los nombramientos de cargos directivos a mediados de julio, medio centenar de personas, entre directores generales, secretarios generales y directivos de empresas públicas serán cesados y se sustituirán por otros tantos que serán nombrados a dedo por el Gobierno a propuesta de los consejeros.

Como es natural, los consejeros se acompañarán de personas que procuren el buen funcionamiento de su Consejería, pero lo harán entre personas de su confianza, y casi siempre personas militantes de su propio partido. Además de los cargos directivos, se renovarán también los jefes de gabinete, los asesores y demás cargos de confianza que modificarán el ecosistema de cada Dirección General en el que la especie funcionarial se adaptará entre expectante y perpleja a las nuevas pautas de los nuevos colonos de cada Consejería.  

No seré yo quien ponga en duda la valía de los cargos directivos nombrados a dedo. Entre ellos habrá de todo, como en todas las boticas. Pero de lo que se trata es de reflexionar sobre si es prudente este procedimiento de designación de los cargos directivos. Es decir, no se trata de aplaudir o denigrar a las personas que al consejero de turno le parezcan buenos colaboradores, sino de que haya un sistema de elección que sea justo, porque si el sistema de elección es bueno la probabilidad de que los cargos directivos sean profesionales competentes es mucho más alta.

Antes de seguir, conviene aclarar que hay cargos directivos, como por ejemplo los directores generales, en los que recae la responsabilidad en la gestión, la resolución en los procedimientos y la toma de decisiones en la actividad ordinaria de cada Consejería, y por lo tanto de estas personas depende en buena medida que la maquinaria administrativa funcione, y por ende, que se den buenos servicios a la ciudadanía.

Cada cuatro años, con las idas y venidas de los partidos políticos que ascienden y descienden del poder se produce un parón administrativo inadmisible que empieza antes del periodo de campaña electoral y culmina dos meses después de las elecciones tras el nombramiento de los nuevos cargos. Si hay cambio de poder político el parón es aún mayor, y lejos de producirse un tranquilo y racional traspaso de poderes y de asuntos pendientes, lo que se produce es un “volver a empezar” con un sinfín de expedientes que se escapan por un agujero negro como si en la Administración no hubiera pasado nada antes de la reocupación de los sillones por los nuevos políticos refulgentes de éxito.

Cuando hablamos de eficiencia en la Administración pública nos introducimos en vericuetos que van más allá de lo que quiere abordarse en este escrito, lo que nos induce a plantear la necesidad de hacer reformas de calado en su funcionamiento, entre ellas las que afectan a los procedimientos de selección del funcionariado, y al Estatuto de la Función Pública. Pero ello no obsta a que enjuiciemos que en buena medida la ineficiencia de nuestra Administración sea consecuencia en parte del fulgurante asalto a los puestos directivos que se produce cada cuatro años.

La propia OCDE lo ha descrito como un “sistema clientelar” que, en lugar de valorar el mérito y la capacidad, designa a los amigos políticos en función de la lealtad; y una asociación de funcionarios tan pulcra como FEDECA, que aglutina a 47 asociaciones profesionales de funcionarios, se ha posicionado claramente por la elección de los directivos públicos sobre la base del mérito, capacidad e idoneidad y hace votos para que se ponga fin al clientelismo político que anida en la Administración.

Volvamos a nuestra tierra. Recientemente se ha aprobado la nueva Ley de Cantabria 5/2018 de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, una ley que había permitido alguna expectativa de regeneración y racionalización de la Administración autonómica, pero que tras el insustancial debate parlamentario sigue dejando las cosas en su sitio. Lo más descorazonador que se percibe de las actas de la sesión en la que se aprueba esta ley (por unanimidad) es que a ningún partido político le ha interesado debatir sobre el procediendo de selección del personal directivo del Gobierno de Cantabria.

Por un momento llegué a creer que los cargos directivos iban a ser elegidos entre el funcionariado de los grupos A1 o A2, mediante un procedimiento público que hubiera permitido elegir a las personas con mayor capacidad y experiencia, con amplios conocimientos de los procedimientos y de las necesidades de los departamentos. Nada de eso. La esperanza se desvanece tras la enmienda presentada por el PP, sin ninguna oposición de los demás partidos, para dejar las cosas como estaban: la perpetuación del enchufismo político tal como se expresa en el artículo 69 de la nueva ley:  “los secretarios generales y directores generales serán nombrados libremente por el Gobierno atendiendo, a criterios de competencia profesional y experiencia, entre personas que reúnan los requisitos de solvencia académica, profesional, técnica o científica que en cada caso sean necesarios para el desarrollo de la función”.

En el caso de los directivos de los organismos autónomos dependientes del Gobierno de Cantabria, el procedimiento es el mismo: “serán nombrados libremente por el Gobierno”. La gran falacia que introduce el texto es la de “nombrar libremente” con los “criterios de competencia profesional y experiencia”, a sabiendas de que el dedo del consejero no conoce de concurso de méritos, ni tendrá en cuenta la capacidad y experiencia del personal directivo del propio funcionariado.

Lo triste de todo esto es que es sabido que esta forma de proceder es muy negativa para el buen funcionamiento de la Administración pública, golpeando su credibilidad, minorando la eficiencia en la gestión de los servicios, afectando a la propia autoestima del funcionariado y provocando la desmotivación y el absentismo de los profesionales públicos que a veces se ven ninguneados. Estamos hablando de muchos recursos públicos con un alto coste para la ciudadanía.

En esta situación cabría esperar una mayor predisposición y beligerancia por parte de los partidos políticos para cambiar esta situación y, sin embargo, a excepción de algunas declaraciones de coyuntura, y leves matices cargados de retórica, lo que observo es una aquiescencia con el sistema: unos veces lo usan unos, otras los otros, y todos satisfechos con este sistema clientelar e ineficiente de enchufismo político.

Cuando leo la ley de Patrimonio Cultural de Cantabria y dice que

“los poderes públicos garantizarán la protección, conservación, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Cultural de Cantabria”

…y sigo leyendo que

“la Consejería de Cultura y los Ayuntamientos, en su ámbito de acción, velarán por la pervivencia de todos los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria”

… quiero creer que esto es así, y que, pensando en el edificio del Miramar de Castro Urdiales, las administraciones públicas han velado por su protección, pervivencia y conservación. El actual delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, me devuelve a la realidad para recordarme que es cuestión de tiempo su demolición y lo justifica porque el edificio “una vez descartado el uso hotelero no ha tenido interés comercial”. Y tras este autorizado dictamen me revuelvo y llego a la conclusión de que los poderes públicos no han entendido cuáles son sus obligaciones en relación con el patrimonio cultural, y sin desmerecer que ha habido algún esfuerzo por intentar salvar el edificio, los ensayos no han ido en la dirección adecuada, y ha faltado la condición primordial, no tanto el “interés comercial” del edificio como el interés cultural y la necesaria sensibilidad para salvarlo.

En sentido estricto el antiguo balneario hotel Miramar no es patrimonio cultural. Si lo es, pero no lo es. Quiero decir que es un edificio muy relevante arquitectónicamente, de gran importancia histórica y cultural, un edificio representativo de la arquitectura moderna racionalista, y cuya importancia ha sido puesta en relieve por diferentes colectivos. Es un edificio que también está en la memoria, y en la nostalgia de unas cuantas generaciones de castreños y castreñas. Pero no es un edificio protegido. Ni es un BIC (Bien de Interés Cultural) ni está inventariado como Bien de Interés Local, ni siquiera está dentro del Catálogo de Protección del Plan General de Ordenación; y es esta la razón por la que va a ser demolido, y antes de que así sea quiero explicar mi punto de vista y protestar por la inevitable destrucción del Miramar.

En el año 93, cuando se abrió el periodo de información pública previo a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales presenté una veintena de alegaciones; en una de ellas solicitaba que el Miramar se incluyera en el Catálogo de Protección, junto con otros edificios relevantes de la arquitectura moderna, entre ellos el club náutico, el edificio de La Pesquera de Ricardo Lorenzo y varias viviendas unifamiliares…). La alegación fue parcialmente tenida en cuenta, pero el Miramar no fue incluido finalmente en el Catálogo de Protección del Plan General. Alguien consideró que no era merecedor de protección. En esa época el Miramar todavía presentaba una imagen atractiva, pero es cierto que este edificio ha tenido añadidos que al día de hoy desmerecen el diseño original. Por eso cuando los detractores de su mantenimiento dicen que ya no merece la pena por ser un edificio feo y vetusto hay que recordarles que en la propuesta del Colegio de Arquitectos a la Dirección General de Cultura para la protección del Miramar se plantea devolverle el aspecto original, recuperando su volumen, fisonomía, terrazas, color y materiales que hicieron de este edificio un referente en la arquitectura cántabra de postguerra. Además del Colegio de Arquitectos, el grupo Alceda para la protección del Patrimonio Cultural de Cantabria hizo votos y solicitó el indulto para el Miramar, y siguiendo su estela la Plataforma para Salvar el Miramar mostró su protesta y reunió unos cientos de personas en uno de los días más lluviosos del otoño de 2017. Así pues profesionales de la arquitectura, historiadores y amantes de la cultura y del patrimonio, y una parte de la ciudadanía han entendido la necesidad de salvar este edificio, sin que se haya sentido, yo al menos no lo he percibido así, un clamor por la salvación de este trozo de patrimonio cultural de los castreños.

¿Y qué ha hecho la administración por salvar el edificio del Miramar?

Sería injusto decir que no se ha hecho nada, pero lo cierto es que lo hecho no ha obtenido resultados favorables. La Dirección General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente) trasladó la responsabilidad al Ayuntamiento, a la vista de que el edificio, ya con sentencia de derribo, debiera cambiar el uso (no podría ser hotelero, residencial o habitacional, pero si admitir usos que presten servicios consustanciales con la naturaleza del dominio público). El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales aprueba por unanimidad en julio de 2015, a propuesta del PRC, el cambio de uso del edificio lo que implicaba la tramitación del modificado del PGOU, pero el mandato del pleno no se lleva a efecto. En su lugar, el equipo de gobierno se mete en un enredo absurdo, y el alcalde inicia un periplo para buscar posibles inversores que salvaran el edificio, sobre la base de que el Ayuntamiento no estaba en condiciones de asumir una inversión tan importante para rehabilitar el Miramar como equipamiento público. Esta iniciativa puede ser plausible, pero ¿por qué se abandona el mandato del pleno de hacer el modificado del PGOU?

Aquí me detengo. En mi opinión el modificado del PGOU era justamente la salvaguarda para evitar el derribo del Miramar, pero no solo cambiando los usos en concordancia con la ley de Costas, sino incluyendo el edificio en el Catálogo de Protección Arquitectónica del PGOU. Es la protección formal del edificio, lo que realmente puede impedir su derribo, y a partir de aquí darle el uso adecuado como equipamiento público (de acuerdo con la ley de Costas en dominio público solo son admisibles “actividades o instalaciones que no puedan tener otra ubicación”). El mandato que tienen las administraciones públicas es la protección del patrimonio, y este mandato no tiene que estar determinado por la viabilidad económica, o porque el edifico albergue un negocio rentable, o ninguna empresa haya mostrado su “interés comercial”, según la expresión utilizada por el Delegado de Gobierno. Eso es algo que puede suceder o no puede suceder, pero ni siquiera esta contingencia va a ser desvelada si no se salva el edificio de su demolición con la necesaria protección. Ni el Castillo Faro, ni la ermita Santa Ana son económicamente rentables; tampoco lo es el polideportivo Pachi Torre salvado in extremis para uso deportivo dentro del dominio público marítimo terrestre.

Pero también hay que ser comprensible con la postura de un Ayuntamiento como el de Castro, desarmado económicamente, y falto de las ayudas necesarias para vislumbrar un futuro para el Miramar como equipamiento público socialmente útil para el municipio. Si este edificio estuviera en Santander hoy no estaría amenazado de derribo. Estaría convenientemente protegido y sobre él ya se habrían definido los usos y cuantificada la financiación para rehabilitarlo con la participación de las tres administraciones (Costas, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento). En Cantabria la protección de patrimonio cultural es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Hay un patrimonio periférico que, como en el caso del Miramar, no interesa. La Dirección General de Cultura ha sido sorda e inoperante a pesar de la insistente solicitud del Ayuntamiento de Castro, del Colegio de Arquitectos, y otros colectivos y profesionales, para que se acuerde la protección del Miramar. Hay quien dice que esta institución no tiene la necesaria sensibilidad. Quizás lo correcto sea decir que es ignorante sobre el patrimonio que merece ser protegido. O quizás lo que hace la Dirección General de Cultura es escaquearse de una de sus principales competencias en materia de protección del patrimonio cultural:

“Asegurar su conservación, bien llevando a cabo las obras necesarias y adoptando las medidas oportunas en cada caso, bien facilitando a entidades públicas y personas físicas y jurídicas privadas las ayudas pertinentes para el cumplimiento de dichos fines”

La historia reciente de Castro Urdiales nos muestra auténticas aberraciones que han mutilado un paisaje urbano y rural excepcional por la riqueza de su patrimonio arquitectónico y arqueológico, desde el Paleolítico hasta nuestros días. Lo lamentable es que la pérdida del Miramar se produzca en un momento en el que yo creía que las administraciones iban a ser coherentes con las leyes que nos hemos dado para salvaguardar nuestro patrimonio cultural, y peor aún, que la desaparición se produzca por algo tan banal como lo que nos ha recordado el delegado del Gobierno: “que el Miramar no tiene interés comercial”.

Perdonen la frivolidad. Voy a hablar de banderas. Sé que hay temas mucho más acuciantes para una humanidad azotada por la aniquilación de los derechos humanos, la ausencia de paz, o los daños infringidos sobre nuestro planeta. Pero de eso se trata, de deshacer algunas de las frivolidades con las que nos salpica de vez en cuando una realidad aireada con banderas.

Hace unos días nos hemos enterado de la concesión de dos nuevas banderas azules a las playas de Cantabria: a la playa de Cuberris, en Bareyo, y a la llamada “playa de Ostende” (en realidad “playa de Urdiales”), en Castro Urdiales. El galardón reconoce los servicios y la calidad ambiental de ambos arenales, y se incorporan a lo que se considera un selecto club que da prestigio turístico al municipio que lleva la marca de la bandera, un emblema que en España otorga la fundación ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) que pertenece a la FEEE (Foundation for Environmental Education in Europe).

Por muy azul que sea esta bandera debe aclararse que desde el año 1999 la Unión Europea se ha desmarcado de este organismo y deja de financiarlo por discrepancias con los procedimientos en el otorgamiento de las banderas así como por la falta de rigor en sus concesiones. Desconozco cómo se financia la ADEAC en su totalidad, pero sé que una parte de sus fondos proviene de subvenciones de comunidades autónomas españolas. Así, la Xunta de Galicia subvencionó en el año 2017 con 40.000 euros a esta fundación que ese mismo año entregó 113 banderas azules a las playas de Galicia, y 18 banderas azules a sus puertos deportivos. Galicia es la comunidad autónoma española con mayor densidad de banderas azules.

Lo cierto es que la bandera azul se reconoce como marca de calidad para buena parte del mundo. Un emblema esencialmente turístico, no esperen encontrar entre estas playas las más bellas del mundo, o las de mayor calidad ambiental. Por ejemplo, municipios como Llanes, de los que nadie dudaría de la calidad y belleza de sus playas, se han desmarcado desde hace años en solicitar la bandera azul. Algunas asociaciones ecologistas han cuestionado la validez de las banderas azules, sobre todo, por el incumplimiento de los parámetros ambientales que se predican de este distintivo (la calidad de sus aguas, o el impacto de sus infraestructuras), y, por poner un ejemplo, EQUO Verdes de Rota se ha quejado de la concesión este mismo año de banderas azules en algunas playas de este municipio andaluz en la que se están produciendo vertidos de fecales, lo que implica la inexistente gestión ambiental en estas playas, y el incumplimiento de la calidad de las aguas en las zonas próximas a los efluentes de los vertidos.

No dudo de que buena parte de las banderas azules se correspondan con playas de calidad. Playas accesibles, con servicios, con la seguridad que se predica de las zonas de baño, playas limpias y bien señalizadas. Pero si los criterios ambientales deben pesar en la concesión de una bandera azul (así lo contempla la normativa), en el caso de la playa de Ostende la bandera azul es un sarcasmo, un ejemplo que pone en entredicho la propia institución de las banderas azules. Esta bandera ondea impulsada por aires de cinismo que me producen irritación.

La playa de Ostende es una playa artificial construida en 1986 (mientras se pensaba en la ley de Costas, que entró en vigor dos años después). Para ello se destruyó una de las ensenadas naturales más bellas del litoral cántabro formado por calas, pequeños arenales, pedregales, en los que los castreños hemos gozado bañándonos, pescando, y que era un criadero natural de todo tipo de especies que se dan en el sistema intermareal. La Dirección General de Costas de entonces con el beneplácito del Ayuntamiento, y sin apenas oposición popular (con la excepción de un grupo de vecinos y vecinas que lo intentaron todo en su discrepante soledad) decidió cargarse la ensenada echando 223.000 toneladas de arena de cantera, proveniente de las canteras de Santullán, es decir, mientras se destrozaba la Peña de Santullán. Una playa artificial que costó unos mil millones de pesetas.

En el año 2011, Ecologistas en Acción le puso Bandera Negra a la Playa de Ostende. En la memoria se decía: “Se trata de una playa artificial formada a partir de áridos procedentes de la cantera de Santullán. El aspecto lechoso del agua se debe al hidróxido de cal y carbonatos cálcicos que componen estos áridos, que se extienden centenares de metros mar adentro, y cuya intensidad aumenta en proporción al movimiento del mar. A esta playa desembocan dos arroyos, el de Campijo y el del Chorrillo, que aportan aguas residuales por efecto de un urbanismo que los ha convertido en cloacas”. Hoy es más o menos parecido: los días en los que la mar está en calma, el color del mar adquiere un azul turquesa caribeño, mientras que los días en los que hay mar de fondo (la mayoría del año) las aguas adquieren un color lechoso que identifica a este lugar.

Después de más de treinta años, sigo pensando que la playa de Ostende-Urdiales es una playa vertedero, y no nos beneficia para nada complacernos en un pseudopremio que no se corresponde para nada con lo que significa esta playa artificial: la destrucción de un lugar de altísima calidad ambiental. No, no es una bandera azul la que se merece esta playa, sino una de color azul oscuro casi negro, un color negro que nos recuerde que este espacio necesita no falsas distinciones sino una intervención para regenerar y recuperar los valores ambientales de la ensenada de Urdiales.

El arboricidio de la casa de la Garma se llevó por delante la vida de un hermoso árbol, un cedro del Himalaya centenario, y además un magnífico magnolio, dos palmeras y una yuca, todos de gran porte, dejando la parcela desnuda de arbolado, insolente, asolada. Más allá del estropicio, este hecho es ejemplo de la desprotección del arbolado urbano en Cantabria y en España. Naturalmente hay excepciones muy honrosas, como las de la comunidad autónoma de Madrid que ha sido capaz a de legislar para la protección de arbolado urbano; y ciudades que nos sirven de referencia, como Vitoria, que tiene una ordenanza ejemplar sobre protección del arbolado urbano. Otros ayuntamientos incorporan en la normativa urbanística de sus Planes Generales ordenanzas de protección de árboles singulares y arboledas, o catálogos de protección en los que se enumeran los árboles que por su singularidad merecen ser protegidos. (Permítaseme un paréntesis llegado a este punto. La protección del árbol singular es una redundancia. Todo árbol es singular, no solo aquel que por su excelencia merezca una posición en la pasarela del arbolado. Protesto por singularizar la protección del árbol y reivindico la protección de la generalidad de los árboles, del arbolado, del arbolado urbano).

En Cantabria tenemos demasiadas experiencias de maltrato del ecosistema urbano. Hace tres años Equo Cantabria denunció la corta de cientos de ejemplares en el ensanche de Laredo. Poco más tarde fueron los vecinos de Noja quienes denunciaron la corta de una veintena de enormes eucaliptus en esa villa. Hace un par de meses el colectivo Torrearboleda, de Torrelavega, denunció la corta de varios ejemplares de roble americano en el parque Manuel Barquín. Son casos conocidos y denunciados, pero los casos desconocidos y no denunciados son cientos. Con la impunidad que les da la inexistencia de regulación, propietarios dan matarile al arbolado urbano con la convicción de que nadie va a sancionar la corta de un árbol, o de varios árboles, porque son de su propiedad. El caso de Santander es también paradigma de ciudad arboricida tal como ha denunciado en el este último año ARCA en varias ocasiones: la corta de 47 árboles en la calle san Martín del Pino, o más recientemente, el arboricidio perpetrado en la avenida Victoria (en este caso so pretexto de limpieza y desbroce de la finca se han llevado por delante decenas de árboles adultos, todo un clásico de los arboricidios en fincas privadas).

Cuando se comete un acto de este tipo se dan dos circunstancias que colaboran en el fatídico resultado. Primero, hay voluntad de cargarse un árbol, pretensión muchas veces ligada a un falta de cultura sobre la importancia que tiene el árbol para la salud de las personas y para la calidad de vida de la ciudad, pesando más el absurdo utilitarismo que implica la corta de arbolado: ampliar espacio, evitar molestias, o hacer leña. La segunda circunstancia es la de una falta de regulación que deja con el culo al aire a las administraciones que prometen amar el medio urbano pero no son capaces de protegerlo convenientemente. Entre ambas circunstancias aparece también un inconveniente: la mala planificación en la plantación de árboles en espacios públicos y privados.

Se cumple ahora un año desde que Podemos Cantabria, con la inspiración de ARCA, tramitara en el parlamento de Cantabria una proposición de ley sobre fomento y protección del arbolado urbano para Cantabria. La proposición fue rechazada con los votos en contra de los partidos del gobierno (PSOE y PRC) y la abstención del resto (PP y C´s). Si recuperáramos el diario de sesiones podríamos alucinar sobre el escaso nivel cultural de nuestros parlamentarios, y su falta de preparación jurídica. Lo más repetido en aquella sesión era aquello de que esta ley podría invadir competencias municipales, lo cual es una idiotez. Nada que ver con los pronunciamientos de la carta de derechos del árbol en la ciudad (a la que, por cierto, está adherida la ciudad de Santander, aunque a veces sus responsables públicos se olviden de ello):

- La ciudad necesita el árbol como un elemento esencial para garantizar la vida.

- El desarrollo del árbol en la ciudad debe darse en toda su plenitud, aprovechando cuanto nos ofrece y en toda su potencialidad, si dispone del espacio y las condiciones que requiere.

- El sistema de arbolado de nuestras ciudades es un sistema básico, y como tal, debe ser valorado, planificado y gestionado.

- El árbol contribuye al enraizamiento de la cultura en el lugar y en la mejora de las condiciones de habitabilidad en el medio urbano, factores ambos determinantes de la calidad de vida en la ciudad.

(Declaración del Derecho al Árbol en la Ciudad. Carta de Barcelona. Congreso “El Árbol y la Ciudad”. Barcelona, 2 de Junio de 1995)

Valorar, planificar y gestionar el arbolado urbano. Lo pueden hacer los Ayuntamientos aprobando ordenanzas municipales en el ámbito de sus competencias: proteger los árboles de la ciudad, y fomentar el cuidado por parte de vecinos y propietarios. Es la senda seguida por ciudades como Vitoria, y sobre todo por unos cuantos municipios de Madrid (al auspicio de su ley autonómica) en los que se protege el arbolado público y el privado).

Ninguna de las ciudades de Cantabria tiene una ordenanza de protección de arbolado urbano y ya va siendo hora, como así lo ha reivindicado recientemente el colectivo de vecinos Torrearboleda (hermoso nombre). Hay que seguir el ejemplo. Así que hagan el favor los partidos con una mínima inquietud por la protección del medio ambiente: incorporen objetivos en sus programas, promuevan mociones en los plenos, y difundan por el mundo la necesidad de proteger los árboles, también los de las ciudades. Nos va la vida en ello.

El asunto de Vuelta Ostrera huele muy mal. Es un olor fétido, molesto, insalubre… que proviene de las sedes del Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno de Cantabria, cuyos responsables no han sido capaces de ventilar durante más de 20 años el tufo provocado por el sistema de depuración de aguas residuales en la cuenca del río Besaya que concentra parte de su mierda en la EDAR de Vuelta Ostrera. Hablo de “mierda” adrede, porque me gusta llamar a las cosas por su nombre, a pesar de que para la Real Academia Española los muchos significados que tiene esta expresión son malsonantes. Me referiré a algunos de ellos.

Denomina “mierda” la RAE al “excremento”, y también al “hecho o situación que repugna y que es susceptible de ser callado, tapado, ocultado”. Y como tal también puede ser descubierto, y sacado a la luz. En ese empeño se puso a trabajar la asociación ecologista ARCA dejando patente la ilegalidad de la construcción de la EDAR en la marisma de Cortiguera ante la ceguera irresponsable de los cargos de Medio Ambiente de la Consejería y del Ministerio con la colaboración necesaria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

¿Es posible entender que se haya autorizado la construcción de una EDAR en zona de marisma de dominio público? Solo la soberbia de aquellos políticos nos ha traído ahora este gravísimo problema. La sentencia del Tribunal Supremo declaró nula en el año 2005 la macrodepuradora de Vuelta Ostrera y la EDAR deberá ser demolida antes de que termine el año 2020. Me viene enseguida a la mente la siguiente acepción, la que significa “mandar a la mierda” a todos los que debieron tener algún tipo de condena y que siguen tan campantes, en sus puestos, aún y a pesar de que eran sabedores de que Vuelta Ostrera se estaba construyendo ilegalmente. Quizás si en su momento se hubieran pedido disculpas y se hubieran depurado (nunca mejor dicho) responsabilidades, el futuro de Vuelta Ostrera podría presentarse hoy más razonable.

Tal como ha sido concebido por el Ministerio de Medio Ambiente, la demolición de Vuelta Ostrera trae consigo la necesidad de construir una alternativa a la EDAR en otro lugar próximo a la desembocadura del Besaya, lo que significa que, tras la demolición de la actual depuradora en funcionamiento, y la consiguiente construcción de la infraestructura de la nueva EDAR, con nuevas estaciones de bombeo, nuevos colectores, y el posible emisario submarino para echar las aguas depuradas mar adentro, se gastarán cerca de 100 millones de euros.

El problema es de enorme gravedad, con consecuencias sociales, ambientales y económicas muy negativas. Sin embargo, el modelo de nuestros gobernantes es el de reproducir el mismo esquema que nos ha llevado a esta grave situación: construir una enorme depuradora y pasarle el marrón a los municipios de la desembocadura del río Besaya que, como es normal, nadie quiere ver ni oler.

Y es aquí donde al asunto alcanza caracteres de dilema universal: nadie quiere la mierda. Máxime cuando la inmundicia proviene de poblaciones, fábricas, establecimientos… que excrementan río arriba. En el debate surgido tras hacerse públicas las alternativas para la construcción de la nueva EDAR falta claridad y sobran falacias. Es falso que se esté planteando una alternativa a Vuelta Ostrera; en realidad no se está debatiendo nada, más allá de reproducir el modelo de Vuelta Ostrera, con las mismas dimensiones y los mismos procedimientos, concentrar la mierda, depurarla y echarla al mar. No, no es una alternativa. No al menos para los núcleos urbanos menores y las zonas urbanas más diseminadas que podrían tener sistemas de depuración ecológicamente más aceptables en la dirección de cumplir de forma ejemplar con la Directiva Marco del Agua.

En realidad, con las siete ubicaciones que se plantean para la neodepuradora de Vuelta Ostrera lo que se está haciendo no es elegir la mejor opción para depurar las aguas residuales, sino la menos mala. Entre ellas se plantean algunos lugares (como el de las canteras de Cuchía, en suelo protegido por el Plan de Ordenación del Litoral) que podrían ser tan cuestionados desde el punto de vista jurídico como la actual ubicación. Cualquiera de las opciones que se han puesto sobre la mesa parece disparatada, porque es irracional que la solución al problema de saneamiento pueda consistir en demoler una depuradora en zona de dominio público para construir otra de similares dimensiones a 300 o 1.300 metros más allá para seguir vertiendo las aguas depuradas a la ría o al mar. De hecho, como nadie quiere la mierda, lo que están haciendo los municipios es rechazar la opción que les toca más cerca, tal como han hecho los ayuntamientos de Suances, Miengo y Torrelavega.

Y es aquí donde aparece la acepción que expresa contrariedad e indignación, con las consiguientes ganas de “mandar a la mierda” a alguien. No me parece serio que el futuro de la calidad del río Besaya, de la ría de Requejada, de su desembocadura, y del mar que baña sus costas se esté dilucidando en esta especie de pito pito gorgorito que se traen entre las administraciones locales, autonómicas y estatales.

El futuro del saneamiento de la cuenca del Besaya, más allá de que a quien corresponda la competencia sobre sus aguas, interesa a todas las personas que viven en sus núcleos de población, y todas las administraciones y ciudadanía debieran involucrarse de una forma más responsable, colaborativa y buscando el interés común. Entiendo que no es tarea fácil, pero no es de recibo que en todo este tiempo, después de casi dos décadas sabiendo que Vuelta Ostrera es ilegal e inviable, ahora sigamos por el camino del desconcierto.

Para terminar esta escatológica epístola solo me queda la última de las acepciones que nos presta la Real Academia, y es la que se entona, en este teatro de la confusión, para desear a todos nuestros actores “¡mucha mierda!”.

Tiene razón el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, cuando dice que el Puerto Deportivo de San Vicente de la Barquera no es un macropuerto, no al menos si tenemos en cuenta su dimensión (272 amarres) con respecto al Puerto Deportivo de Laredo (857 amarres), o las del Puerto Deportivo de Castro Urdiales cuya obra quedó desierta en la licitación de sus 842 amarres proyectados. Pero no nos confundamos, la mayor o menor medida que damos a las cosas no depende solo de su tamaño, sino de la capacidad que tengamos para soportarlo. Y lo que no tiene ningún soporte es que el consejero nos quiera convencer de que “el puerto deportivo responde a una necesidad real de San Vicente”.

¿A qué viene la insistencia en que el puerto de San Vicente es una necesidad real? ¿Dónde está escrito el estudio de necesidades que nos aporte certeza sobre esta cuestión?

Esperaba encontrar la respuesta en la Memoria del nuevo Plan de Puertos de Cantabria, pero no, en este Plan no se desvela la demanda real a la altura de este puerto deportivo. Este estudio, el que justifica el Plan de Puertos, sí que es grande, acaso macro o supermacro. El Plan de Puertos de Cantabria tiene 2.520 páginas. De ellas hay solamente 21 páginas dedicadas a estudiar la demanda real de las instalaciones portuarias de Cantabria que en realidad no es un estudio riguroso sino más bien una traslación de indicadores y datos nacionales. El único dato que merece ser tenido en cuenta es el que señala que la demanda de embarcaciones deportivas en San Vicente aumenta a un ritmo de entre 5 y 10 embarcaciones de lista 7ª al año. Si esto es así difícilmente se puede sostener la dimensión de este puerto deportivo. Por lo tanto, la demanda real, o eso que se denomina “necesidad real” no puede justificar una actuación como la que se pretende, sino que más bien habría que optar por paulatinas ampliaciones de las instalaciones actuales para adaptarse a la escasa demanda de amarres en la ría de San Vicente, conclusión a la que, por otra parte, llega el mismo Plan de Puertos cuando dice que “se considera que es preferible desde el punto de vista ambiental la ampliación o remodelación de las instalaciones portuarias que la construcción de nuevas instalaciones”. Este Plan, en lo que se refiere a San Vicente, se desdice a sí mismo.

Se desdicen más cosas. El propio Plan de Puertos dice que “de manera general se han considerado como zonas no aptas para la implantación de nuevos puertos o instalaciones portuarias aquellas áreas de especial valor ambiental (rías o marismas)”. El propio Informe de Sostenibilidad califica la actuación del puerto de San Vicente como de “impacto crítico”, señalando además las zonas de la ría y marisma de San Vicente como zonas excluidas del Plan de Puertos, algo coherente con el hecho de que la ría de San Vicente se halla dentro del Parque Natural de Oyambre. Todos los estudios ambientales, e incluso la posición de la Dirección General de Medio Ambiente fueron al principio en esta dirección; sin embargo, el itinerario seguido con este proyecto y con el propio Plan de Puertos denotan una sumisión incomprensible de los valores ambientales a las “grandes actuaciones” (así denomina el propio Plan a los puertos deportivos de Suances y San Vicente) contraviniendo nuestra propia legislación ambiental. El impacto sobre los ecosistemas protegidos por la ley 4/1998 que declara el parque natural de Oyambre, y por la ley 4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, y por la ley de Costas (pues la zona donde se quiere construir el puerto deportivo se halla en zona de dominio público marítimo terrestre) va a ser mortal por efecto de un dragado de doscientos mil metros cúbicos de los fondos arenosos de la ría, además de las obras complementarias y la propia actividad que concierne a dicho puerto. A tenor de nuestra legislación ambiental esta es una actividad expresamente prohibida, y no cabría entender otra cosa puesto que si se declara la protección de parque natural es justamente para librarle de amenazas como las del puerto deportivo de San Vicente.

Especialmente incomprensible es la posición del patronato del Parque Natural de Oyambre presidido por el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, dando el visto bueno a esta actuación. La crónica enviada por esta Consejería el pasado mes de noviembre dice que “el único patrono que se ha pronunciado ‘negativamente’ sobre el proyecto ha sido el representante de las asociaciones conservacionistas, mientras que el resto de los patronos se han mostrado ‘favorables’ al puerto, estando todos de acuerdo en que un proyecto de esta naturaleza deben extremarse las cautelas ambientales”. Menos mal. Pero extremar las cautelas significa que el Puerto Deportivo no debe construirse en el espacio protegido e instar a la Dirección General de Puertos que estudie alternativas más acordes con la protección del espacio natural. El Patronato que debe velar por la protección del Parque y la preservación de sus ecosistemas le hace la ola a la Consejería del mismo partido, la de Obras Públicas: ¿hubiera sido pertinente que el patronato encargara un informe independiente sobre los daños ambientales que va a ocasionar el puerto deportivo y sobre el incumplimiento del propio Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque?

El mismo día en el que escribo estas líneas, leo la crónica que conmemora el día de los humedales en Cantabria y aplaudo que el consejero Oria que preside el Patronato, responsable de biodiversidad y de los espacios protegidos de nuestra región, haya estado presente el viernes 2 de febrero en San Vicente, junto con el alcalde de la villa, y otros miembros del mismo Patronato, y que le haya dicho a los niños escolares lo valioso que es sensibilizarse sobre los problemas del medio ambiente y lo importante que es la conservación y el uso sostenible de nuestros humedales (sic).

Cuando leo esto, y pienso en el Puerto Deportivo de San Vicente, me veo sumido entre el despotismo que impone lo excesivo y la hipocresía ambiental, la de aquellos que nos quieren hacer creer lo importante que es la conservación de nuestros espacios naturales a sabiendas de los efectos destructivos de proyectos que lo hacen imposible.

Confieso mi perplejidad.

Después de un año sigo sin entender cómo es posible que el Ayuntamiento de Castro Urdiales haya aprobado el Convenio Lolín. Un convenio urbanístico que consiste en la recalificación de suelo industrial que ocupa la fábrica de Anchoas de Castro Urdiales para implantar un centro comercial con un aumento de la edificabilidad de 2.479 metros cuadrados, y por el que el Ayuntamiento obtendrá la construcción de una pasarela ciclista y 1.000 metros cuadrados de espacio deportivo en una de las zonas del centro comercial.

Tanto la propiedad, Conservas Lolín, como el Ayuntamiento, gobernado por CastroVerde, han saludado esta operación como muy favorable para el “interés general”, habida cuenta de que ello va a significar también el traslado de una fábrica a la zona industrial y, en su lugar, a la entrada del casco urbano de Castro se instalará un nuevo centro comercial (dicen que será Mercadona) con la creación de 45 puestos de trabajo, ampliables a 90 con las tiendas que allí se instalen.

“Creación de puestos de trabajo”, “interés general”, algo que no podría faltar en la justificación de este convenio urbanístico que sale adelante gracias a la mayoría que suman CV y PRC en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, con la complaciente abstención del PSOE y del PP, y con alguna oposición (MAS Castro, EQUO, Podemos). El Convenio Lolín se perfila como un negocio empresarial que rediseña una parte muy importante de la ciudad de Castro Urdiales, en el que, desde mi punto de vista, se obtiene un altísimo aprovechamiento y beneficio económico para la parte privada en comparación con las escasas ventajas que quedan para la ciudad y, también desde mi percepción, este futuro centro comercial es contraproducente para el desarrollo de la ciudad. 

En ausencia de relato para dibujar el futuro de Castro Urdiales prevalece un lema que se extiende como un sonsonete: “Lo que es bueno para Lolín es bueno para Castro”. La frase, todo un proverbio por el contenido moral que contiene, es insistentemente repetida por Jesús Gutiérrez, promotor del Convenio Lolín, dueño de la Fábrica de Anchoas, hasta hace medio año portavoz del PRC en Castro Urdiales, y serio aspirante a ocupar la alcaldía de Castro Urdiales tras las próximas elecciones de 2019.

“Lo que es bueno para Lolín es bueno para Castro” más que un proverbio es una manera de entender la ciudad y el municipio de Castro Urdiales que se construye desde el pensamiento liberal que nos traslada a los tiempos del gran teórico de la economía de mercado capitalista Adam Smith: “Lo que es bueno para el capital es bueno para la sociedad”, proclamaba el economista británico convencido de que cuantos más beneficios obtenga el empresario se producirá un aumento de la riqueza y de la prosperidad de la colectividad. Por la misma razón, en Castro Urdiales deberíamos aceptar que el Convenio Lolín, bueno para Anchoas Lolín, bueno para Mercadona, va a repercutir favorablemente en las familias castreñas, lo que significará también un aumento de la riqueza y la prosperidad para Castro.

Decodifiquemos. “Lo que es bueno para Lolín es bueno para Castro” nos transmite una visión totalizadora de la sociedad que se traduce en que a Castro le irá bien siempre que a Lolín le vaya bien, lo que implica una ciudad que pende de la iniciativa de sus grandes promotores, una sociedad a la expectativa, que aplaude o asiente las iniciativas de sus grandes emprendedores, una sociedad, también, de electores. Porque “Lo que es bueno para Lolín…” es también un eslogan anticipado de la campaña que llevará a Jesús Gutiérrez a la Alcaldía con la mejor tarjeta de presentación posible, la del empresario de éxito que mejor sabe “lo que es bueno para Castro”.  

Mientras el proverbio se cumple, a mí se me ocurre que es necesario cambiar el pronóstico, pensando en que la ciudad se puede y se debe diseñar de otra forma, y acaso, invertir los términos, hacer viceversa y proclamar que “LO QUE ES BUENO PARA CASTRO, ES BUENO PARA LOLÍN”. Esto implica que hay que ocuparse en primer lugar de la ciudad, de sus necesidades, de la importancia que la zona de Brazomar puede significar para mejorar el hábitat urbano, de la recuperación del dominio público de la ría, de la posibilidad de generar equipamientos públicos que convivan con nuevos usos (comerciales, residenciales, hoteleros…); de solucionar los problemas de tráfico, favorecer la movilidad urbana, promover la restauración ambiental del entorno de la ría… Hacer viceversa quiere decir, sobre todo, otra forma de hacer el urbanismo más allá del negocio con un empresario, contar con el conjunto de empresarios de la zona, con la participación de expertos y del conjunto de la ciudadanía. Estoy convencido de que por este camino seríamos capaces de encontrar mejores soluciones que la que nos ofrece el Convenio Lolín para mejorar la calidad urbana de la ciudad y del municipio, algo bueno para Castro, y también para los empresarios de Brazomar, también para Lolín.

Pero por mucho que me encargue de hacer pronunciamientos para invertir las reglas de juego mucho me temo que mi perplejidad perdure. Lo más probable es que sigamos con esta perversa inercia de hacer en Castro Urdiales lo mismo que venimos haciendo en los últimos 20 o 30 años, consolidar que lo que es bueno para algunos no es bueno para Castro; este ha sido el designio fatal de la historia reciente de nuestro urbanismo. Así que el siguiente paso que nos asiste será la aprobación del modificado del Plan General nº 23, la recalificación, el centro comercial, y dar por bueno todo lo que nos digan que es bueno, y todos tan contentos.