Si hay algún ministerio especialmente sometido a observación por parte de la opinión pública este es sin duda el de Exteriores, pues las acciones del ministro se someten a análisis tanto de la opinión pública del Estado que le propone y mantiene como del conjunto de opinión pública, medios y organizaciones internacionales.

La cartera de exteriores en España está siendo especialmente sensible a este hecho debido a que existe un interés internacional en el proceso independentista catalán, donde los últimos dos ministros de Exteriores, Dastis y Borrell, se han visto obligados a actuar como bomberos para salvaguardar la imagen de la “Marca España”. Las reacciones de agentes, prensa y opinión pública internacional llegadas desde el exterior han perjudicado la imagen del Estado español por la reiterada y violenta negativa del anterior gobierno popular, con el apoyo del grupo socialista en el Congreso, a pactar con el Parlament y el Govern de la Generalitat un referéndum de autodeterminación en Catalunya en los términos que vienen prescribiendo el derecho internacional, la reciente experiencia de países de nuestro entorno como el Reino Unido y Canadá en relación a Escocia y Quebec, o la resolución de julio de 2010 de la Corte Internacional de Justicia en relación al proceso de independencia de Kosovo, pudiendo llegarse a la conclusión que un país que además ofrece los más variopintos escándalos de corrupción política e institucional no termina de ajustarse a los mínimos estándares democráticos.

A modo de ejemplo, la estrategia ideada por Dastis y continuada por Borrell de premiar desde los Premios de Periodismo Palacio de Viana del Ministerio de Exteriores con 12.000€ a aquel corresponsal que mejor hable de España no puede ser más que una incitación a que los medios de comunicación libres pongan en duda los estándares democráticos del Gobierno español, y consecuentemente ha venido a generar un efecto contrario desde la mordacidad y escrutinio de la prensa internacional sobre las acciones del Gobierno español, reforzando el convencimiento de que demasiadas cosas no funcionan en España, más si aparecen nuevos escenarios tan inquietantes como las amenazas de intervención de TV3 por parte de distintos agentes políticos españoles, las imputaciones y condena por delitos de blasfemia o a cantantes de hip-hop por el contenido de sus canciones, la situación de los presos y exiliados políticos, la rocambolesca criminalización de los CDR como “grupo terrorista” por parte de la Fiscalía del Estado, la investigación criminal iniciada en Bélgica por la justicia belga por el seguimiento realizado por la policía española y el CNI a Carles Puigdemont, o la negativa de la República Federal de Alemania a entregarle a las autoridades españolas, entre otras flagrantes muestras de inobservancia de los valores democráticos y pluralidad que requiere una sociedad integrada en la Unión Europea.

Borrell, que no ha querido pisar la manguera de Dastis en su estrategia internacional y diplomática de propaganda (ayer reconocía en el Congreso que “dedico la mayor parte de mi tiempo a revertir la propaganda independentista en las instituciones internacionales”), está teniendo una semana complicada en términos de alejar a las instituciones españolas de la crítica.

En primer lugar respecto a la crisis política catalana, se ha filtrado pedazos de una entrevista que ha concedido el ministro de Exteriores al programa de la BBC HARDtalk, que como su propio nombre indica no es una sesión de masaje y pedicura a los invitados. En dicha entrevista Borrell ha afirmado que Catalunya es una nación y ante su respuesta afirmativa se le repregunta por qué motivo no aplica entonces el Gobierno español el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por el Estado español en 1976 y facilita el referéndum de autodeterminación. Su respuesta es “porque ellos no quieren el derecho de autodeterminación, quieren la secesión”, en el más pueril y sonrojante acto de trilerismo semántico que puede hacer un político con responsabilidad ante las preguntas de un periodista preparado que está confrontando a un evasor con el muro de la realidad, en este caso la legalidad internacional y por tanto vigente en el ordenamiento jurídico español.

El disparo al pie de Borrell ha sido a ambos, pues la reacción de la derecha ha sido la misma en PP, C's, VOX, Democracia Nacional y Falange, pues le llaman traidor al unísono por decir que Catalunya es una nación, traicionando el espíritu que rige las manifestaciones unionistas en Catalunya donde generalmente coinciden los partidos mencionados y Borrell ha tenido un papel de protagonista, junto a otros sujetos que justificaban recientemente el asesinado de periodistas en México, como Vargas Llosa, habiendo mantenido en aquellos tiempos el ministro de Exteriores que “hay que desinfectar” la sociedad catalana y que “Catalunya está al borde del enfrentamiento civil”. Maravilloso bombero pirómano, el ministro, y además un tanto Jaimito pues la reacción de Josep Borrell ha sido volver a retorcer el significado de las palabras y ha venido a puntualizar posteriormente que Catalunya es una nación, sí, pero “cultural”, que el concepto “nación” que existe en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no lo deben ustedes leer y conocer, así como toda concepción de “nación” existente en el derecho internacional. No lo hagan o se darán cuenta como las gasta el Ministro de Exteriores del Reino de España, háganse el favor.

Venta de armas a Arabia Saudí

El segundo episodio donde Borrell ha mostrado esta misma semana que esto de los principios, legalidad y respeto a las instituciones internacionales de derecho público no termina de ir con su cargo de Ministro de Exteriores del Reino de España es en el gravísimo asunto de la venta de 400 bombas españolas a Arabia Saudí, país que viene usando indiscriminadamente su armamento militar sobre la población civil yemení desde el inicio de la guerra civil en Yemen en 2015, como vienen insistiendo expertos de la ONU en relación a los crímenes de guerra cometidos por las autoridades saudíes en dicho conflicto:

La coalición (de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos) ha impuesto severas restricciones navales y aéreas en Yemen, en diversos grados, desde marzo de 2015. Existen motivos razonables para creer que estas restricciones impuestas por la coalición constituyen una violación de la regla de proporcionalidad del derecho internacional humanitario.

Ante esta delicadísima y lamentable situación en que la población civil yemení está siendo masacrada por el ejército saudí con el apoyo logístico norteamericano y británico, Josep Borrell ha afirmado en una entrevista a Onda Cero, sin ambages, que el Gobierno español reactiva la venta de las armas a Arabia Saudí porque “no hemos encontrado ninguna razón para incumplir el contrato”, y que dicho armamento “es de precisión y no causa daños colaterales”.

Démosle a un irresponsable un ministerio y a un criminal de guerra unas bombas y tengamos claro que habrá muchísimos daños colaterales, muchos irreparables.

Es una lástima que el señor Borrell presuma de desconocer los informes de la ONU respecto el conflicto yemení, tal vez el mismo desconocimiento del delito de genocidio tipificado en el artículo 607 del Código Penal y que recoge la concepción iniciada por el Tribunal de Nuremberg que describe el tipo penal como aquellos actos que se perpetren con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso que consistan el lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, matanza de miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Llevamos meses hablando de la transparencia y meritocracia en los partidos políticos. La verdad es que cuando se puede ver a todo un expresidente del Parlamento Europeo actuar con este desprecio a los principios y normas internacionales, una tesis plagiada, un currículum (des)inflado como el de Rivera o un máster mágico como el de Casado son lo mínimo que podemos esperar del sistema político e institucional del Estado español.

El artículo 16 de la Constitución Española versa sobre la protección de la creencia y práctica religiosa. Por una parte, consagra el derecho a la libertad religiosa y de culto, y por otra el derecho de todo individuo a no ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, desarrollándose estos derechos a través del artículo 2 de la Ley Orgánica 7/1980 en el que se reconoce el derecho de toda persona a no ser objeto de coacción en alguno de estos derechos y supuestos siguientes y que pueden categorizarse como de libertad de creencia, de práctica y reunión religiosa:

Libertad de creencia:

-Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna.

-Cambiar de confesión o abandonarla.

-Manifestar libremente sus propias creencias religiosas, o su ausencia.

-Abstenerse de declarar sobre ellas, si se es compelido a ello.

Libertad de práctica:

-Practicar los actos de culto religioso.

-Recibir la asistencia religiosa consecuente con su propia confesión.

-Conmemorar las festividades religiosas.

-Celebrar sus ritos.

-Recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos.

-No verse obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa. contraria a sus convicciones personales.

Libertad de reunión religiosa

-Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos.

-Asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general.

 En el ámbito estrictamente penal los artículos 522 a 526 del Código Penal se encuentran tipificados el conjunto de  delitos denominados “contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos”, que tienen por objeto sancionar unos muy concretos ataques contra estos derechos consagrados en el artículo 16 de la Constitución y  artículo 2 de la LO 7/1980 que lo desarrolla, y en concreto:

-Ejecutar actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados.

-Impedir a un miembro de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profese o asistir a los mismos.

-Impedir, interrumpir o perturbar los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas.

-Violar los sepulcros, profanar un cadáver o alterar o dañar las urnas funerarias, lápidas o nichos.

-Hacer públicamente escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa o vejar públicamente a quien los profesan.

Este último supuesto, el tipificado en el artículo 525 del Código Penal por el que ha sido condenado el joven de Jaén como autor de un delito contra los sentimientos religiosos por subir a Instagram un fotomontaje del Cristo de la Amargura en el que substituía su propio rostro en lugar de la representación Jesús de Nazaret que la cofradía que pasea esta imagen en Semana Santa bajo el nombre de El Despojado, siendo condenado al pago de una multa de 480 euros, ha sido dictada en el mismo acto de vista, celebrado el 7 de febrero de 2017 dado que el propio acusado, que estaba al menos formalmente asesorado por un abogado colegiado, ha aceptado las pretensión de las acusaciones (la misma cofradía de la Hermandad de la Amargura de El Despojado y el Ministerio Fiscal), reconocido su culpabilidad y aceptado la condena en lo que técnicamente se denomina “condena en conformidad”.

La misteriosa conformidad del acusado

No me puedo permitir ni me gusta valorar el trabajo de los compañeros de profesión, mucho menos cuando únicamente tengo conocimiento de los casos por lo que leo en los medios, así que no lo voy a hacer y me limitaré a decir lo que yo hubiese hecho en el supuesto de haber llevado la defensa de ese muchacho: no pactar la conformidad de mi cliente, no aceptar la condena y no permitir que le quede unos antecedentes penales en su haber, el estigma social de quienes tienen una concepción muy limitada del ejercicio de la libertad de expresión, y una mezcla de rechazo y compresión para quienes entendemos que bajo ningún concepto debería haberse sometido a la condena.

En este último apartado debo decir que estoy en el 0,01% en el rechazo de su acción de aceptar la condena, no de su persona, pues albergo un 99,99% de comprensión por el desconcierto que habrá sufrido, pues verse imputado en un proceso penal no es de gusto de nadie y es un terreno en el que los sometidos a la Justicia penal deben dejarse llevar de un modo u otro por los consejos del letrado o letrada que le defiende.

También creo que no es justo afilar el cuchillo para criticar al Juez que le ha condenado, pues éste se ha visto obligado por ley a hacerlo y no ha tenido ocasión de entrar a conocer y substanciar el asunto concreto dado que las acusaciones y defensas entraron en su Sala con el pan ya cocinado: unos acusaban y el otro, el juzgado, aceptaba la autoría, culpabilidad y condena. El Tribunal Supremo ya indicó en su Sentencia de la Sala 2ª de 9 Julio de 1978 que “la conformidad crea por mandato legal un estado de hecho y de derecho vinculante para las partes intervinientes y para el propio tribunal”. Ahí poca cosa puede hacer el Juez más que controlar que el acuerdo respete formalmente la ley, y que por poner un ejemplo, no se condene a nadie con mayor castigo o medida que la prevista en la ley.

En estos casos en que concurre una conformidad la persona titular de un Juzgado Penal está atada respecto el fondo del asunto, y ahí hubiese sido maravilloso que de un modo u otro hubiese lanzado un guiño al letrado de la defensa para que no aceptase la condena y entrase a juicio “a pelearlo”, que mi experiencia cosas veredes amigo sancho que farán fablar las piedras… En cambio, sí debo indicar que el juez o jueza que llevó la instrucción del caso sí pudo, con independencia que lo hubiese solicitado o no la defensa del investigado, haber dictado un Auto de Sobreseimiento Libre por no existir la comisión del delito. No me cansaré de decir que todo el proceso penal, en sus distintas fases, tienen una importancia única, y es en esa fase inicial donde este tipo de acusaciones no prosperan, pues la casuística que llega a los Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales es escasísima.

En este ejercicio de tratar de explicar desde la lejanía de quien no ha llevado el caso de primera mano y reconociendo el riesgo de presuponer el papel del resto de intervinientes en el proceso, si debo indicar que me resulta tan descorazonador como esperado que Fiscalía pretendiese la condena del joven. Las motivaciones de Fiscalía para cada caso concreto son muy difíciles de adivinar, y en este caso desconozco cuales han sido y quienes han sido las fuentes de las motivaciones que han conducido a pedir formalmente la condena del muchacho. En cualquier caso no me resulta especialmente chocante que determinadas personas que representan el Ministerio Fiscal tengan una tendencia a una interpretación conservadora de la norma y la lengua castellana, pues en estos casos hay más de vocabulario que de jurídico, como veréis más adelante.

Ningún desengaño me llevo en la actuación de la acusación particular llevada a cabo por la cofradía de la Hermandad de la Amargura de El Despojado, quienes tienen el derecho a pretender penalmente lo que quieran, arriesgándose a que no sean aceptadas sus pretensiones e incluso llegar a ser  condenados con costas cuando su pretensión sea temeraria, pero en esta ocasión me temo que les ha sonado la flauta de encontrarse con un instructor que no ha archivado un caso que no debió prosperar más allá de la fase de instrucción, un Ministerio Fiscal que también sostiene acusación contra el criterio técnico generalizado, y una defensa que permite el allanamiento del cliente ante las acusaciones. Las personas que acusan de modo particular por una ofensa como la tratada en este artículo tienen todo el derecho a sentirse ofendidísimos por la acción del muchacho, pero también están en edad adulta para entender que la Justicia Penal no está pensada para atender este tipo de indignaciones, sean particulares o colectivas.

La mofa no es escarnio

Valoración técnica del delito de escarnio religioso tipificado en el artículo 525 del Código Penal: la mofa no es escarnio. Las conductas de escarnio relacionadas con la libertad religiosa o de culto sancionan las conductas en que de un modo público, por medio de palabra, escrito o por medio de cualquier documento, se realice escarnio, burla, desprecio relacionadas con la libertad religiosa tanto cuando el objeto del escarnio se dirija al contenido de una concreta confesión, como si va dirigida a las personas que la profesen o practiquen, como si se dirigen a quienes no profesen religión o creencia alguna.

Ahora bien, no todo acto de escarnio, burla o desprecio a un icono religioso es constitutivo de delito, y para ello recomiendo la lectura de la sentencia absolutoria dictada en el caso del Cristo cocinado de Javier Krahe por el Juzgado Penal nº8 de Madrid, sentencia 235/2012 de 8 de junio que viene a ser la más reciente e importante sobre esta materia, pues viene a recordar los criterios jurisprudenciales por los que se puede exigir la condena penal en virtud del artículo 525 del Código Penal. Dicha sentencia fue absolutoria al considerar que las conductas de Javier Krahe y de la responsable de emisión “Sobre la Cristofagia” constituyeron el legítimo ejercicio y difusión de una expresión artística que, con un componente burlesco, hizo una crítica del fenómeno religioso en nuestra sociedad.  A continuación les facilito unos extractos:

Definición de escarnio: Se define escarnio, también por la RAE, como “Burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar”. La definición hace por tanto referencia a una burla, pero no a cualquiera, sino sólo a aquella que se cualifica como “tenaz”; incluye además la definición lo que nosotros llamaríamos un elemento subjetivo, señalando que la acción ha de tener un propósito: el de afrentar, es decir, “causar afrenta, ofender, humillar, denostar”. Por tanto, la mera burla que no causa objetivamente afrenta, no se puede castigar penalmente.

Distinción de escarnio y mofa: Prosigue esta sentencia distinguiendo lo que es la burla tenaz con la provocación o mera sátira o crítica social: “La creación artística, y el Sr. Krahe es un creador reconocido, tiene en ocasiones una dosis de provocación. La sátira y el recurso a lo irreverente han sido en no pocas ocasiones un recurso artístico para hacer crítica social, mostrando la oposición del creador a determinados modelos. Esta sátira se ha dirigido en especial a las distintas manifestaciones del poder. La religión, especialmente por cuanto se refiere a la mayoritaria en España, la Iglesia como institución, han estado asociadas en la historia al poder y han sido por tanto también objeto de crítica legítima. No son infrecuentes en distintos ámbitos de la expresión, referencias críticas a símbolos o creencias religiosas. Si esto es así en la actualidad, lo fue especialmente en la época en la que el cortometraje en cuestión se elaboró.”. “El tipo incluye además un elemento subjetivo, puesto que quiere que el sujeto activo actúe ”para ofender“. Es decir, se quiere que la conducta de los acusados se hubiera realizado con la intención directa de ofender un sentimiento religioso colectivo.”.

(Antes de que alguien me lo diga en los comentarios a este artículo, que “el enjuiciado no es un artista, él no es un artista reconocido como Javier Krahe”, debo decirles que el arte no entiende mucho de ISO, y que cualquiera puede ser un artista en un momento dado).

En esta misma sentencia se narran supuestos similares ya tratados por los Tribunales y por los que no ha estimado la existencia del delito por no existir por parte del enjuiciado una verdadera intención de ofender a un sentimiento religioso colectivo:

-STS nº 668/93 de 25 de marzo (..)  que enjuició la emisión en un programa de televisión dedicado a la información musical, de un video grabado por un grupo, en el que aparecía la figura de un crucificado con la cabeza de un carnero. Se enjuició a la presentadora del programa y el TS casó la confirmó el sentido absolutorio de la sentencia argumentando que faltaba en su conducta la intención de ofender. Así: “el elemento intencional de la procesada no fue el antijurídico exigido en el precepto penal que se cita como infringido, cual es el ánimo de ofender los sentimientos religiosos de los cristianos, por lo que aun cuando hipotéticamente se admite la concurrencia del elemento objetivo o el soporte material de la ofensa, al no poder deducirse de los hechos que ha concurrido el elemento psicológico o la intención de ofender, al menos por parte de la procesada, en cuanto que la proyección del vídeo se hallaba enmarcada en la actuación de un grupo musical que intervenía en un programa realizado con la finalidad que se dice en la sentencia recurrida como era la de dar a conocer las tendencias musicales de vanguardia, ha de concluirse en el sentido de que los hechos narrados como probados en la sentencia dictada por el Tribunal a quo no pueden estimarse constitutivos del delito por el que la procesada fue acusada como se entendió, acertadamente, por el Tribunal de instancia, por lo que no procede la solicitud de casación de la misma y sí, en cambio, la desestimación del motivo” .

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla número 553/04 de 7 de junio absolvió al acusado que exhibió una imagen de la Virgen María junto a los genitales de un varón. Se concluyó que efectivamente se hizo escarnio de la Virgen pero que faltaba en el acusado la especifica intención de ofender. Así: “El proceder utilizado para realizar esa crítica nos parece tan burdo como simplista y carente de cualquier virtud intelectual apreciable, pero ni la fotografía ni el texto cuestiona directa o indirectamente ningún dogma, creencia, rito o ceremonia de la religión católica, sólo utiliza una conocida imagen para escandalizar y provocar una polémica que difícilmente conseguiría con el uso de una imagen no religiosa o, incluso, con poca devoción en la ciudad, cuestión que, al parecer, es lo que pretende resaltar el autor sin darse cuenta que las numerosas faltas de ortografía que contiene el texto bastaría para escandalizar a cualquier lector sin necesidad de ningún añadido más”.

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid número 367/05 de 21 de octubre “absolvió también al acusado que había exhibido en época de Semana Santa y en el recorrido de la procesión, una pancarta con la imagen de la Virgen María y de Jesús con la leyenda ”Adúltera con su bastardo“. En este caso se concluyó que la conducta ”no estaba dirigida a lesionar los sentimientos religiosos ajenos, sino a su deseo de expresar y exteriorizar opiniones discrepantes“.

 -Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid número 251/11 de 9 de junio, “archivó la querella presentada contra un intérprete que en una actuación humorística parodió al Papa y a la curia, puso en duda ciertos dogmas de la religión Católica y repartió preservativos. La Sala argumentó que ”los hechos que aparecen en el visionado, y en los que se pretende fundar dicho comportamiento delictivo, lo que ponen de relieve es un posicionamiento laico y, si se quiere, anticlerical del conferenciante sin que ello constituya realmente escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de la religión católica, ni vejación de quienes los profesan o practican, y tampoco apreciamos un dolo de ofender los sentimientos religiosos de tal confesión“.

Por último, no es sobrero recordar que el cristianismo dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que ante ese argumento es teleológicamente imposible sostener una condena de quien pretende suplantar o imitar a Jesús de Nazaret, emisario divino hecho hombre según los cristianos.

Dispone el artículo 117.1 de la Constitución que las personas que integran la magistratura se encuentran esencialmente sometidas al imperio de la ley en la administración de una justicia que emana del pueblo. Este sometimiento a la ley es el principio de legalidad, elemento nuclear del mapa legal que siempre debemos considerar y conocer en cualquier travesía jurídica que queramos emprender, pues en todo momento nos hallaremos a lomos de cualquiera de sus aristas o concepciones. En el ámbito estrictamente jurisdiccional penal, de todas las manifestaciones del principio de legalidad la más conocida de todas es la exigencia de que para que una persona sea condenada debe preexistir una lex praevia, stricta, scripta, et certa, rechazándose por tanto el arbitrio o simple voluntad del juzgador como modo de ejercer la administración de la Justicia.

El principio de legalidad es omnipresente en todo el ordenamiento penal, si bien la misma ley (como no puede ser de otro modo) admite que, en contraposición al principio de legalidad y para escenarios tasados, los poderes públicos practiquen el principio de oportunidad, que en materia jurisdiccional penal puede definirse como la facultad que se otorga a los representantes de los poderes públicos para que en determinados casos puedan dejar de ejercitar o promover la acción penal, solicitar un sobreseimiento, o una reducción de la pena, siendo operativo únicamente en los siguientes supuestos: 1. jurisdicción de menores, en la institución de la conformidad en los juicios penales (artículo 784.3 LECrim), 2. en la facultad que se otorga a los FFCCSE de no remitir un atestado cuando no exista sospecha de autor conocido (artículo 284,2 LECrim), 3. en delitos leves, cuando se faculta a Fiscalía para instar el sobreseimiento en determinados supuestos (963.1.1 LECrim), 4. ante la Corte Penal Internacional se permite al Ministerio Fiscal que no mantega la acusación cuando entienda que la investigación no redundaría en interés de la justicia, y 5. por último, en delitos fiscales el Tribunal Supremo ha admitido de un modo aun discutido en la jurisprudencia y doctrina que “no todas las actas por importes superiores a los límites del delito fiscal acaban ni deben acabar en los tribunales.” (STS 990/2013 de 30 diciembre). Fuera de estos casos impera el principio de legalidad, y en lo que respecta a la persecución de los investigados por delito los agentes de policía, fiscales y personas integrantes de la magistratura están obligadas a perseguir a los presuntos autores de los actos criminales, sin margen alguno para la ponderación de otros intereses o cuestiones no contempladas en la ley, existiendo además los delitos de omisión del deber de impedir o perseguir delitos o sus responsables del 407 y 408 CP.

Una causa muy controvertida: En el proceso judicial seguido contra los miembros del Gobierno de la Generalitat, Mesa del Parlament y líderes de Omnium Cultural y ANC sus defensas vienen sosteniendo la falta de competencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, siendo otros los juristas que han denunciado públicamente una calificación de los hechos muy combativa, o han mostrado su disconformidad hacia un enrevesado y discutible sustento fáctico y motivacional utilizado para resolver las solicitudes de prisión provisional de varios de los investigados, a quienes se les exige un inaudito constitucionalismo militante, se ha dictado prisión eludible bajo fianza a los miembros de la Mesa del Parlament por permitir un debate en una cámara parlamentaria, o se han despachado órdenes de prisión eludibles bajo fianza a Carme Forcadell o Santi Vila de un modo que se les obligó a pernoctar una noche en prisión.

Nos encontramos con una causa penal seguida contra un serie de cargos electos, de confianza o líderes de la sociedad civil, procedimiento excepcional y sin más antecedentes posibles que la consulta popular del 9N y las manifestaciones pacíficas de los 11S por un lado, o la insurgencia militar del 23F en el Congreso de los Diputados y calles de Valencia por otro. Estos dispares ingredientes ya hacen de por sí que los operadores jurídicos no sepamos dar una respuesta técnica a lo que viene sucediendo, más cuando el magistrado instructor del más alto Tribunal del Estado español parece estar mostrando una tendencia a acomodarse o incluso ampliar las tesis de unas acusaciones que parecen tener más intencionalidad y sustento político que jurídico.

En relación al tipo penal por el que son juzgados no es sobrero recordar que el 30 de octubre el Ministerio Fiscal instó de una querella por rebelión y sedición contra un conjunto de cargos políticos ya cesados de sus funciones tres días antes por la aplicación del Gobierno de Rajoy del 155 de la Constitución. Hasta la declaración de independencia del 27 de octubre, con todos los medios públicos de la Generalitat en su poder, los investigados no tuvieron intención de cometer acción alguna de “alzarse”, “actuar violentamente” o “instar tumultos” contra ninguna institución del Estado. Tampoco después de proclamar la independencia tuvieron ni intención ni capacidad alguna de actuar violentamente a través de las masas populares o los Mossos de Esquadra o agentes rurales, pues todos ellos aceptaron ipso facto el cese de su cargo a resultas de la aplicación del 155 ese mismo día 27, sin tratar en ningún caso de hacer uso de ninguna de sus anteriores potestades y facultades como autoridad pública que eran, por lo que tampoco se ha cumplido en los investigados que tuvieran la posibilidad de “estar dispuestos” a utilizar ningún tipo violencia tras esa declaración política de independencia del 27 de octubre en el Parlament. No existe, por tanto ninguno de los requisitos del tipo penal, quedando a años vista del mismo a la vista de la más reciente resolución que describía el tipo, el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 24 de marzo de 2014 que indica que “es presupuesto necesario del delito que con intención de declarar la independencia de parte del territorio nacional se produzca un alzamiento violento y público, esto es, mediante una actitud activa por la fuerza o estando dispuesto a su utilización y en forma pública, patente o exteriorizada.una actitud activa por la fuerza o estando dispuesto a su utilización y en forma pública, patente o exteriorizada.”.

En relación a quienes se marcharon a Bélgica se abrió un escenario internacional en materia de extradición, no resuelto y que de no enmendarse puede sentar un grave precedente en las relaciones internacionales de España con el resto de Estados de la Unión Europea. La opción del magistrado Llarena de retirar la solicitud de extradición a Bélgica en mitad de su sustanciación procesal por las autoridades belgas, y más recientemente, con objeto del coloquio de Puigdemont en la Universidad de Copenhage, no habiendo otorgado la solicitud de extradición a Dinamarca planteado por Fiscalía, suponen ambos hechos un auto-atentado al propio prestigio jurisdiccional español, además de un golpe al espacio judicial europeo consagrado por el principio de confianza y mutuo reconocimiento de las decisiones judiciales adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea, situándose voluntariamente España en una situación de “presunción de pretensión inaceptable” de sus propias resoluciones, las cuales decide no contrastar con el resto de percepciones y ordenamientos jurídicos, pues el mismo magistrado Llanera ha justificado que teme que estos países no concediesen la extradición o lo hiciesen parcialmente.

El principio de legalidad obliga a Llarena a seguir los cauces legales para traer a España a los detenidos, esto es, siguiendo la extradición, y no existe en la norma fundamento alguno para que el magistrado actúe en contradicción a ese mandato, optando por un principio de oportunidad no previsto en la norma y en consecuencia contraviniendo por partida doble el principio de legalidad: en primer lugar al no aplicar la norma, y en segundo al reconocer que no lo hace por unos criterios que vienen a suponer un quebranto de la reputación de la legalidad y los órganos jurisdiccionales españoles.

Todo ello nos conduce a concluir que no existe en la ley sustento alguno para que Puigdemont y el resto de conselleres y consellers que se encuentran entre Bélgica y Dinamarca estén en esta situación de limbo jurídico, desterrados sin destino al más puro estilo de Tom Hanks en “La Terminal”, condenados a vagar por los países europeos a los que España tenga judicialmente miedo.