El pasado 23 de julio Vox consiguió más del 36% de los votos en la zona militar de El Pardo, quedando a sólo medio punto del PP. En 2019 fue el partido más votado en esa sección, que fue donde consiguió los mejores resultados de todo Madrid. Posiblemente esto no sea ninguna noticia, ni que el ejército y la ideología conservadora estén, de algún modo, conectados. Un episodio reciente ocurrió a finales de 2020, cuando un grupo de oficiales retirados enviaron una carta al Rey denunciando al Gobierno “social-comunista.” Poco después se descubrió que varios ex-oficiales hablaban en un grupo de WhatsApp de fusilar a 26 millones de españoles, es decir, aquellos que apoyaban partidos de izquierda o independentistas.

Tampoco es algo único de España. Por ejemplo, en 2017, hubo un escándalo en Alemania tras descubrirse que varios militares de extrema derecha estaban planeando atacar a refugiados y políticos de izquierdas. A finales del año pasado, la policía alemana arrestó a decenas de personas de extrema derecha por presuntamente planear un golpe de Estado. Entre los detenidos, había varios militares retirados y en activo. En Francia, en 2021, un grupo de militares publicaron una carta denunciando lo que ellos consideraban como concesiones al islamismo por parte de Emmanuel Macron. La carta se hizo pública justo el día en el que se cumplía el 50 aniversario del Algiers putsch, un intento de golpe de Estado por parte de generales retirados que tuvo lugar en 1961.

A pesar de todo esto, no existía, que sepamos, ninguna investigación empírica que explore esta relación con datos cuantitativos. Y eso es justamente lo que hemos hecho, en un artículo científico que se publicará próximamente en la revista americana The Journal of Politics. En él, tratamos de responder a tres preguntas, centrándonos en España: ¿son los militares más proclives que la población civil a apoyar a la extrema derecha? ¿Contribuyen las bases militares a aumentar el voto a la extrema derecha en sus alrededores? ¿Y en qué países es más probable que observemos esta relación entre las fuerzas armadas y la ideología conservadora?

Para responder a la primera pregunta, juntamos un gran número de encuestas para poder comparar la intención de voto entre miembros de las fuerzas armadas (FFAA), que son un porcentaje bajo de la población, y el resto de población civil. En concreto, conseguimos reunir más de 140.000 entrevistados en todos los barómetros del CIS entre septiembre de 2018 y marzo de 2021. Lo que encontramos al analizar estos datos es que la intención de votar a Vox es mucho más probable entre individuos que forman parte de las FFAA que entre el resto de la población, incluso (o especialmente) cuando comparamos a militares de derechas con civiles también de derechas. El siguiente gráfico muestra cuánto más apoyo a Vox hay entre los militares respecto a los civiles, según se ubique ideológicamente cada encuestado. Por ejemplo, el apoyo a Vox es unos 20 puntos mayor entre los militares que se colocan en un 7 en la escala ideológica que entre los civiles que también se colocan en un 7:

Gráfico 1

Curiosamente, si nos fijamos en cómo ha cambiado el efecto de estar en el ejército en el voto a PP a Vox a través del tiempo, lo que observamos es que es justamente cuando Vox emerge como partido relevante a finales de 2018 que empezamos a ver este gap entre militares y civiles:

Gráfico 2

En la segunda parte nos preguntamos, en realidad, dos cosas. Primero, si en las secciones censales donde hay bases militares, y donde estadísticamente viven más militares, se vota más a Vox. Y segundo, miramos no sólo si los militares votan más a Vox, sino también si los individuos que viven cerca de bases militares también votan más a Vox, ya sea por el contacto en el día a día con militares, o por estar expuestos a símbolos nacionalistas (españoles) que también están muy presentes en el discurso de la extrema derecha española.

Para ello, recopilamos los resultados electorales de 2019 a nivel de sección censal y, a partir de información pública, codificamos dónde se encuentran las bases militares. Los resultados muestran que las secciones censales con bases militares, en promedio, apoyan más a Vox, pero también lo hacen las secciones censales que se encuentren geográficamente cerca a estas bases. No sólo eso, si no que también encontramos que este efecto de difusión ideológica parece tener lugar, especialmente, en barrios con renta más alta. Es decir, los barrios ricos con bases cerca son más proclives a votar a Vox que otros barrios ricos que no tienen bases cerca, pero lo mismo no ocurre entre barrios más humildes.

El gráfico de debajo muestra cómo cambia el voto a Vox según su cercanía a una base militar, mirando el efecto para un barrio rico (verde) y para un barrio más humilde (en azul). Para medir la cercanía, en el eje x, usamos el inverso del logaritmo de la distancia, una medida donde los valores más altos indican más cercanía:

Gráfico 3

En la última parte del artículo intentamos generalizar estos resultados a otros países. El siguiente gráfico muestra la diferencia en ideología entre militares y civiles en cada uno de estos países, donde los valores positivos (más a la derecha) significan que los militares son más de derechas, y las barras negras que la diferencia es estadísticamente significativa:

Lo primero que llama la atención es que España es el país donde la diferencia es mayor. Pero más allá de eso, nuestra lectura de estos resultados es que los militares son más de derechas en países en los que el ejército tiene una tradición histórica ligada al control interno y de la unidad nacional. Mientras que en algunos países, como Estados Unidos, hay una larga tradición de que el ejército no se involucre en asuntos de orden público dentro del país, en otros ha tenido un papel más importante en cosas como el control de intentos revolucionarios o de defensa de la unidad nacional, ya sea contra un enemigo interno o externo.

De hecho, un hilo conductor parece ser el nacionalismo y el papel del ejército en su defensa. Si nos fijamos en los países más arriba en la tabla, donde los militares son más de derechas relativo a la población civil, aparecen este tipo de amenazas a la soberanía nacional, ya sean desde dentro o desde fuera. Francia tuvo la guerra colonial (con su intento de golpe de estado) y el terrorismo corso, Grecia y Portugal tuvieron dictaduras militares en la que se tachaba a los comunistas de enemigo nacional, Finlandia ha vivido con una amenaza constante de invasión, los Países Bajos lucharon una guerra colonial y se podría decir que Noruega ha tenido una política militar definida por la amenaza de invasión (que también podría aplicar a Suiza).

La posición de España posiblemente se explica porque suma todos los puntos: el ejército ha tenido tradicionalmente un rol importante en el control interno y, sólo en los últimos 50 años, España ha tenido una dictadura basada en gran parte en la defensa de la unidad nacional, un conflicto violento con un grupo terrorista en Euskadi y un intento separatista.

Nuestro trabajo es un intento de explorar esta posible relación entre los militares y la extrema derecha, usando datos cuantitativos. Lo que encontramos no quiere decir que todos los militares sean de derechas, ni mucho menos, si no simplemente que el apoyo a la extrema derecha es, de media, mayor dentro de los cuarteles que fuera de ellos. En cualquier caso, dado la importancia de las relaciones cívico-militares en cualquier democracia y del hecho de que es un colectivo con acceso a armas y entrenamiento, no está de más investigar sobre estos temas.

El incremento de voto a partidos anti-establishment ha sido una constante en los últimos años, tal vez con mayor intensidad desde que en 2008 estallase la gran crisis económica (ver figura abajo). España dejó de ser la excepcionalidad ibérica cuando entre finales de 2015 y 2019 dos partidos populistas-radicales (Podemos y Vox) consiguieron representación parlamentaria. Desde entonces han sido varios los trabajos centrados en explorar las razones detrás del surgimiento e incremento en el apoyo a estas formaciones, entendiendo que, al detectarlas, se podría dar solución a lo que se percibe como una amenaza para la supervivencia de las democracias liberales. De este modo, parecería existir una creencia generalizada en que el apoyo a este tipo de partidos (populistas, nativistas, radicales) es una enfermedad que aqueja a nuestras democracias.

Figura 1. Apoyo a partidos anti-establishment por década, 1900-2020

Ahora bien, a nuestro juicio, y así lo expusimos recientemente en un artículo para el Journal of Democracy, la enfermedad real que salpica a las democracias actuales es la crisis de los partidos tradicionales. El aumento en el voto a las fuerzas populistas es tan solo un síntoma de esta grave enfermedad. La confusión entre síntoma y enfermedad no es cosa menor, pues puede tener implicaciones relevantes de cara a las soluciones que se propongan a fin de frenar la ola populista. Tradicionalmente, los remedios han ido desde (1) la prohibición legal de este tipo de fuerzas; y (2) la aceptación programática o incorporación al gobierno; hasta (3) la discriminación política, comúnmente denominada cordón sanitario. El primero falló estrepitosamente en Turquía o España, donde la prohibición de ciertos partidos terminó por dar alas a sus herederos (AKP y EH Bildu). Igualmente, la incorporación de fuerzas anti-establishment al gobierno italiano o belga tampoco tuvo éxito. Lejos de moderarlos, terminó por hacerlos más extremos. Finalmente, la aplicación de cordones sanitarios también es cuestionable debido a lo que podría llamarse “efecto boomerang”, como muestra el caso de los Demócratas Suecos. Hasta el punto que, marginados como opción de gobierno, y explotando su condición de “mártires” autoproclamados de la democracia, los partidos antisistema pueden incluso llegar a incrementar su atractivo electoral.

Así, y desafortunadamente, ninguna de estas soluciones ha sido lo suficientemente eficaz, especialmente porque se enfocan en los partidos populistas más que en las fuerzas tradicionales, que son las que verdaderamente han fallado como correa de transmisión de las demandas de los ciudadanos a las instituciones. Por ello, más allá de la prohibición, marginalización o incorporación de las fuerzas anti-establishment, lo que nosotros proponemos es una regeneración de los partidos políticos.

De este modo, si fuerzas como el Partido Republicano en los Estados Unidos quiere superar el Trumpismo, o si el partido Conservador del Reino Unido quiere finalmente superar la crisis creada con el Brexit, lo que deberían es aplicar los seis remedios que proponemos para superar esta crisis de representación.

En primer lugar, los partidos deben construir organizaciones sólidas e institucionalizadas que les permitan crear estructuras profesionales capaces de resolver conflictos internos, tomar decisiones adecuadas y mantener vínculos estrechos con sus votantes y simpatizantes. No hablamos de crear partidos de masas que se acomoden a las instituciones, sino de que los partidos vuelvan a ser entidades serias.

En segundo lugar, las fuerzas políticas deben ser receptivas, en el sentido de perseguir políticas que sean consistentes con sus promesas electorales. Esto les ayudará no solo a recuperar la confianza perdida por parte de los electores, sino también a recuperar su función tradicional de mediadores entre la sociedad y el Estado. En clara sintonía, una tercera medida exige que los partidos políticos sean responsables y eviten caer en la trampa populista de ofrecer “soluciones fáciles a situaciones difíciles”: la irresponsabilidad conduce a una mayor irresponsabilidad, y así sucesivamente.

La cuarta dosis para revitalizar a los partidos es, sin lugar a dudas, la transparencia. Dado que en muchos países (así lo ha sido en España) la corrupción ha permitido que los populismos surjan y semejen opciones viables, los partidos deben mantener limpias sus cuentas, haciendo saber a los votantes de dónde proviene su dinero y cómo se gasta.

En quinto lugar, es importante que los partidos políticos adopten una perspectiva a largo plazo. Los partidos no deben pensar solo en la próxima votación o en las próximas elecciones. Si hay algo que los votantes odian es el comportamiento volátil de los partidos políticos en función de dónde sople el viento. Pensar a largo plazo, además, suele comportar un mayor elemento de responsabilidad política y compromiso con las futuras generaciones.

Por último, los partidos deben comprender que el compromiso político es la esencia del juego democrático. Hasta el punto de que el sistema democrático tiene mejor reputación en aquellos países donde los partidos políticos han logrado llegar a acuerdos sobre una serie de temas fundamentales (por ejemplo, educación, sistema de pensiones, inmigración). Construir acuerdos y generar lazos entre partidos, además, allana las tensiones entre los votantes y atempera los recientemente elevados niveles de polarización política.

De este modo, será solo a través de auto-suministrarse las seis dosis, que los partidos consigan revitalizarse. En España, si queremos superar esta falta de colaboración entre Gobierno y oposición, aun bajo una grave crisis sanitaria y económica como la que vivimos actualmente, las fuerzas políticas harían bien en fortalecerse internamente, ser más responsables con las políticas que proponen y adoptan, ser más transparentes en sus cuentas, pensar en el largo plazo en las medidas que aprueban en el Congreso y, sobre todo, colaborar en mayor grado con sus oponentes políticos. De hacerlo, la democracia saldrá fortalecida.

Chavistas, etarras o separatistas son algunas de las lindezas que se han podido escuchar en el Congreso de los Diputados en los últimos días. Del otro lado, no son menos agudos los (des)calificativos: golpistas, parásitos o inmundicia son las palabras trendy en la Cámara de representación española. Ni la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica está sirviendo para allanar las tensiones entre Gobierno y oposición desde que el pasado 15 de marzo entrase en vigor el primer estado de alarma (hasta un total de seis) a causa del coronavirus. Más aún, dicha comisión sólo está sirviendo, por el momento, para avivar las proclamas de unos y otros y desviar la atención de lo que realmente importa: la España post-COVID o, lo que es lo mismo, la España que va a necesitar de las medidas que se aprueben en el Congreso para remontar esta grave crisis económica y social que se avecina.

Los discursos políticos son una buena muestra del latir de la sociedad. Estas altas dosis de polarización y crispación política que se exhiben a nivel de élite podrían reflejar, a su vez, las tensiones existentes entre los electorados de cada partido, la así llamada polarización afectiva. En esta senda caminan algunos hallazgos recientes de varios académicos (aquí y aquí) que apuntan:

a) un mayor grado de rechazo de electores de un partido determinado hacia otras opciones partidistas, generando más antipartidismo que identidad partidaria

b) una creciente distancia ideológica entre los electores según su preferencia por el modelo territorial (centralizado, status quo o mayor descentralización). Ambos ejes continúan vertebrando el espacio político español, pero, ahora, lo hacen de forma centrífuga, es decir, hacia los extremos del tablero político.

Lo que estamos viviendo en España a tenor de la crisis del coronavirus guarda pocas similitudes con los países de nuestro entorno. Ni en el Reino Unido, donde el primer ministro Boris Johnson optó inicialmente por la (fallida) inmunidad de grupo, ni en Italia, con un gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, y con el histriónico Salvini en la oposición, las tensiones Gobierno-oposición parecen ser, hasta hoy, tan elevadas como en España.

El discurso político ha inoculado un virus tan dañino como el de la COVID. Los partidos han rebosado dosis de moralidad erigiéndose, cada uno por su lado, como los únicos representantes reales del pueblo. Así lo demuestra, por un lado, la actitud del Gobierno que, sin un plan B alternativo a la aprobación de los consecutivos estados de alarma, se ha dedicado a reprobar a aquellas formaciones que no apoyasen sus medidas para contener la pandemia. Y, por otro, las tremendas acusaciones de Abascal, que ha llegado a afirmar que el Gobierno ha cometido una negligencia criminal, que ha dejado morir a los ancianos en las residencias o, incluso, que junto con sus cómplices, huestes y militantes ha llamado al odio y a los escraches.

Lo último ha sido revivir el famoso ¡Viva la Muerte! de Millán-Astray, fundador de la Legión y procurador de las Cortes Franquistas, ahora remasterizado por Abascal: “Viva el 8 de marzo, es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte”. El discurso de Vox, tercera fuerza en el Congreso con el 15% de los votos, que se ha caracterizado desde sus inicios por una lógica de confrontación entre la España muerta (separatistas y etarras) vs ellos, representantes de la España viva, ha terminado por fracturar a la sociedad española. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de febrero, muestra que casi un tercio de los electores considera a esta formación como el partido que más contribuye al enfrentamiento político.

Pero si el discurso de Vox ha sido moralista y antagonista, las fuerzas de gobierno no han sabido rebajar la tensión. La pandemia, por ahora, no ha “servido” para estrechar los lazos entre los ciudadanos y sus representantes, sino al contrario, pues ha ahondado en la hiriente división que desde 2019 palpita en la política española. Frente al consenso, ha imperado el enfrentamiento político.

Las consecuencias de esto pueden ser devastadoras: una deslegitimación de las instituciones políticas, una mayor desconfianza en los representantes públicos y, por lo general, un menor apoyo a la democracia de partidos como modelo de representación política.

La emergencia del nuevo sistema de partidos desde 2015 nos permite evaluar cómo el sistema electoral trata a los partidos en función de su nivel de apoyos

Pese a las críticas, nuestras reglas electorales no han supuesto un obstáculo para que los cambios sociales y políticos se hayan reflejado en el Parlamento

En varios posts publicados en este blog (aquí y aquí) y en algunas de sus contribuciones académicas y divulgativas (aquí y aquí), Alberto Penadés nos ha ido mostrando cómo se comporta el sistema electoral del Congreso de los Diputados con los distintos partidos que han concurrido a las elecciones generales. Aprovechando que el sistema electoral ha vuelto a desplegar sus efectos en las pasadas elecciones generales del 10N (las decimoquintas de la democracia), es un buen momento para comprobar cómo ha tratado el sistema electoral a los principales partidos de ámbito estatal y reflexionar sobre las propuestas de reforma electoral que se vienen planteando en los últimos tiempos.

El gráfico 1 muestra lo que en la literatura sobre sistemas electorales se conoce como “perfil de proporcionalidad” (proportionality profile). El eje horizontal del gráfico representa el porcentaje de votos que reciben los partidos: cuanto más a derecha se sitúe un partido, más votos habrá obtenido. Por su parte, el eje vertical representa la “tasa de ventaja”, es decir, el resultado de dividir el porcentaje de escaños que recibió un partido entre su porcentaje de votos: cuando un partido se situó por encima del 1 en la tasa de ventaja (ilustrada por la línea horizontal de color violeta), dicho partido fue sobrerrepresentado por el sistema electoral; mientras que, si se situó por debajo del 1, resultó infrarrepresentado por el sistema electoral.

Pues bien, el gráfico 1 ilustra cómo, entre 1977 y 2011, existieron dos grupos de partidos de ámbito estatal en función de cómo se comportaba el sistema electoral con ellos. De un lado, los partidos “pequeños”, que obtenían porcentajes de voto habitualmente inferiores al 10%, resultaban sistemáticamente penalizados por el sistema electoral. Sería el caso de partidos como PCE/IU, PSP, AP en un primer momento, CDS o UPyD. De otro lado, encontramos a los partidos “grandes”, que obtenían porcentajes superiores al 25%, y que resultaban sistemáticamente bonificados por el sistema electoral. Era el caso de UCD y PSOE en las primeras elecciones y, desde las elecciones de 1982, del PSOE y AP/PP.

Gráfico 1. Perfil de proporcionalidad: Porcentaje de voto y tasa de ventaja en la representación, 1977-2011.

Como se puede comprobar, durante todo ese tiempo no aparece ningún partido en una franja de voto comprendida, aproximadamente, entre el 10% y el 25% de los votos. En concreto, antes de las elecciones de 2015, ningún partido se había situado entre el 10,8% de los votos que obtuvo el PCE en 1979 y el 26% de los votos que obtuvo AP en 1986. Por lo demás, antes de las elecciones de 2015, y aunque no se sabía con seguridad porque ningún partido había estado allí, podíamos intuir que el umbral de rentabilidad del sistema electoral (el porcentaje a partir del cual un partido resultaba bonificado por el sistema) se situaba en torno al 20% de los votos.

Sin embargo, a partir de las elecciones de 2015 que inician el nuevo ciclo político en España, todos los grandes partidos que compiten en el ámbito nacional (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox) han obtenido resultados dentro de ese terreno electoral hasta entonces inexplorado, por lo que hemos podido conocer con mayor certeza cómo se comporta nuestro sistema electoral con partidos que se mueven dentro de esa franja de voto. También hemos precisado un poco más dónde se sitúa ese umbral de rentabilidad. Donde antes existía una explanada electoral cubierta de nieve virgen, nuestros partidos, ahora “medianos”, han empezado a dejar sus huellas en forma de resultados entre el 10% y el 25% de los votos.

El gráfico 2 trata de responder la siguiente pregunta: ¿dónde se encuentra ese umbral? Pues, en realidad, depende. Podemos, con cifras en torno al 21% tanto en las elecciones de 2015 y 2016, se ha quedado cerca de la representación equilibrada, aunque aún ha resultado ligeramente infrarrepresentado por el sistema electoral. En cambio, el PSOE, con un 22% de los votos en las elecciones de 2015 y 2016, recibió bonificaciones parlamentarias. Otro ejemplo sería el de Ciudadanos, que con cerca del 16% en las elecciones de abril de 2019 consiguió superar el umbral de rentabilidad y ser ligeramente beneficiado por el sistema electoral. Por no hablar del Partido Popular, que en las elecciones de abril de 2019, con algo menos del 17% de los votos, recibió una considerable prima electoral. Por último, Vox, con el 15,1% de los votos en estas últimas elecciones de noviembre de 2019, ha acariciado el umbral de la rentabilidad, aunque aún se ha situado ligeramente por debajo.

Gráfico 2. Perfil de proporcionalidad: Porcentaje de voto y tasa de ventaja en la representación, 2015-2019.

De modo que lo que podemos afirmar hasta el momento es que ningún partido con resultados por debajo del 15,5% se ha visto nunca favorecido por el sistema electoral. Pero algunos sí han llegado a superar el umbral de rentabilidad con cifras por encima del 15,5% y debajo del 17% (PP y Cs en abril de 2019, con el 16,7% y el 15,9% de los votos, respectivamente). Por tanto, el umbral de rentabilidad, en función de los partidos, se sitúa aproximadamente entre el 15% y algo más del 20% de los votos, por lo que podemos afirmar que el sistema electoral es algo más proporcional de lo que se pensaba hace unos años. Es decir, nuestro sistema electoral suele castigar a los partidos con menos del 20% de los votos (aunque existen excepciones); es cruel cuando el porcentaje es inferior al 15,5% (todos los partidos por debajo de ese porcentaje de votos se han visto perjudicados por el sistema electoral); y es un auténtico carnicero cuando los partidos descienden por debajo del 10%, tal y como ha comprobado Ciudadanos en estas últimas elecciones. 

¿Es necesaria la reforma de nuestro sistema electoral?

Desde tiempos inmemoriales hay quienes quieren reformar nuestro sistema electoral a toda costa. Para muchos, nuestro sistema electoral sería una de las principales instituciones responsables de los problemas de nuestro sistema político. Sin embargo, encontramos propuestas de reforma que apuntan en direcciones opuestas. De un lado, están el grupo de propuestas que cobraron especial fuerza al calor de las demandas de regeneración democrática del 15-M y que abogan por profundizar la proporcionalidad del sistema. De otro lado, el reciente panorama de bloqueo político al que asistimos desde las elecciones de 2015 ha originado un nuevo grupo de propuestas, que abogan al contrario por introducir elementos restrictivos o mayoritarios, como son las barreras electorales o los premios de mayoría.

A nuestro modo de ver, no son convenientes en estos momentos ni unas ni otras. La elevada fragmentación que padecemos desaconseja por completo el aumento de la proporcionalidad del sistema, pues ello podría incrementar -o cuando menos consolidar- la atomización del espectro parlamentario, lo que podría cronificar las dificultades en la formación de gobierno y los problemas de estabilidad de los ejecutivos. Tampoco conviene, a nuestro juicio, introducir elementos que aumenten la desproporcionalidad del sistema. Es más, ¿acaso no incorpora ya nuestro sistema “barreras” y “premios de mayoría”? Respecto a las barreras, ¿cómo podemos calificar si no a los elevados umbrales efectivos que poseen la mayor parte de las circunscripciones, en las que los partidos deben rebasar el 10% de los votos para tener opciones de obtener algún escaño? Y con relación a los “premios de mayoría”, ¿cómo debemos considerar la bonificación sistemática que reciben los dos primeros partidos, y en especial el partido más votado, si no como una prima sutil que concede el sistema electoral y que facilita la construcción de mayorías parlamentarias? Algo que, por cierto, nuestro sistema electoral hace de forma mucho menos burda que los premios de mayoría que se han ensayado en países como Grecia o Italia.

Existe margen para la mejora de nuestro sistema electoral, sin duda. En nuestra opinión, conviene enmendar aspectos como la desigualdad del voto entre ciudadanos de distintas provincias; introducir mecanismos de voto preferencial que resten poder a las cúpulas de los partidos y caminen hacia la personalización de nuestras reglas electorales; o, en otro orden de cosas, suprimir el mecanismo del voto rogado que ha deprimido de forma absolutamente lamentable la participación del colectivo de españoles residentes en el extranjero.

Sin embargo, en estos momentos, los pilares centrales del sistema electoral conviene que sean mantenidos. Quienes enfatizan el funcionamiento defectuoso de nuestro sistema electoral exageran sus vicios e ignoran sus virtudes. La crítica fundamental a nuestro sistema electoral apunta a la abultada desproporcionalidad de sus resultados. Pero ni es equiparable a la desproporcionalidad que exhiben los sistemas mayoritarios ni, como se puede comprobar en el gráfico 3 que muestra la evolución de la desproporcionalidad agregada, es tan acusada hoy en día como lo era al inicio de la democracia.

Gráfico 3. Desproporcionalidad agregada del sistema electoral

Entre sus virtudes, el sistema electoral ha propiciado mayorías parlamentarias sólidas (hasta en cuatro ocasiones ha 'manufacturado' mayorías parlamentarias), lo que a su vez ha contribuido a la formación de gobiernos estables y duraderos. Y ello, sin merma de la correspondiente representación de partidos de ámbito no estatal (nacionalistas y regionalistas) cuya fuerza electoral se encuentra concentrada en determinados territorios. También ha permitido que se haya producido la alternancia hasta en cinco ocasiones, la primera de ellas en 1982, lo que sin duda ha favorecido la consolidación de nuestra democracia. Además, nuestro sistema electoral ha posibilitado la evolución de nuestro sistema de partidos: desde un pluralismo moderado en las dos primeras elecciones, pasando por un sistema de partido predominante en la década de los ochenta, más de dos décadas de bipartidismo imperfecto y, más recientemente, está dando lugar a otro formato multipartidista, que podríamos calificar de 'bipolarismo fragmentado' o 'bibloquismo polarizado'. Dicho de otro modo, nuestras reglas electorales no han supuesto un obstáculo para que los cambios sociales y políticos se hayan reflejado en el parlamento.

En suma: “if it ain't broke, don't fix it”.

En mayo de 2018 la Lega (antes conocida como Liga Norte) y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) alcanzaron un acuerdo para formar gobierno en Italia. Dicho acuerdo parecía canalizar un sentimiento extendido por buena parte de los italianos contrario a las fuerzas del establishment. De hecho, el apoyo que habían recibido ambos partidos, en suma, llegaba al 50 por ciento de los votos.

Aunque el denominado gobierno giallo-verde no representa el primer experimento de coalición populista en la historia de la Segunda República italiana -de hecho, todos los gobiernos liderados por Silvio Berlusconi fueron apoyados por dos fuerzas populistas: la Liga Norte y Forza Italia-, no es menos cierto que la coalición M5S-Lega, puede considerarse una coalición excepcional por, al menos, dos razones. Primero, porque ambos partidos difieren completamente en términos ideológicos (excluyendo el componente populista que sí comparten) y, segundo, porque mientras que la mayoría parlamentaria que apoyaba los gobiernos Berlusconi no estaba formada exclusivamente por partidos populistas, el Gobierno Conte I significaría, stricto sensu, la primera coalición puramente populista.

Sin embargo, la excepcionalidad de esta coalición tuvo un corto recorrido. Pasado apenas un año, en agosto de 2019, el Gobierno terminó por romperse. Matteo Salvini había impulsado una moción de censura que respondía a un claro cálculo electoral. Por un lado, las encuestas le deparaban una subida en votos que lo colocaba en los primeros puestos de salida y, por el otro, los buenos resultados cosechados en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, en la que había sido primera fuerza, alentaban al líder de la Lega a romper el acuerdo con M5S.

Tras la denominada crisis del mojito, la primera gran coalición populista europea (con la excepción de la colación entre Syriza e Independientes Griegos en Grecia), tocó a su fin. Todo hacía prever que nuevas elecciones serían convocadas y que la Lega, antes un partido de derechas y regionalista del norte, ahora una formación populista de la derecha radical con un discurso nacionalista y contrario a la inmigración, sería capaz de alcanzar una mayoría de votos gracias a un discurso contra el Sur y la “Roma ladrona”. Nada más lejos de la realidad, el candidato de consenso de M5S y la Lega, Giussepe Conte, quién dimitió del Gobierno a mediados de agosto, volvería a ser elegido presidente, esta vez por el M5S y el Partido Democrático (PD) (la fuerza tradicional socialdemócrata) solo unos días más tarde de su dimisión.

La coalición de PD y M5S suponía, sin duda, una rara avis. Ambos habían protagonizado un enfrentamiento férreo desde que, en 2010, surgiese la formación populista, por aquel entonces, liderada a nivel nacional por el cómico Beppe Grillo. De hecho, el M5S había visto en el PD su claro adversario político, de ellos pretendía (y así fue en 2013) absorber a los votantes más descontentos con los socialdemócratas – aunque también es cierto que, gracias a un discurso más allá de la lógica izquierda-derecha, fue capaz de canalizar el voto de ex simpatizantes de la Lega y Fuerza Italia. Un claro ejemplo de esta confrontación entre M5S y PD ha sido el prolongado conflicto por la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV), que conectará Turín con Lyon, y que ha llevado a notables choques en el Senado entre los partidarios de seguir con el gasto de este proyecto (PD entre otros) y los opositores (M5S).

En fin, pese a que un gobierno PD-M5S era algo difícil de prever, lo cierto es que, en pocos días, fue capaz de configurarse y, tras la veraniega crisis de gobierno, echar a andar en poco tiempo. Sin embargo, a nadie se le escapa que esta coalición ad hoc podría tener igual recorrido que su antecesora. De hecho, las razones de voto a ambos partidos son bien distintas, siendo sus electores muy diferentes.

Figura 1. Factores explicativos del voto a M5S y PD, elecciones generales 2018

Fuente: ITANES 2018

Así, con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de hasta qué punto podemos esperar que el nuevo gobierno traiga, al menos, más estabilidad que el saliente, la Figura 1 muestra las probabilidades de voto a ambos partidos en las elecciones italianas de 2018 en función de una serie de variables. Si ambos partidos compartiesen una base electoral similar, o con diferencias de matiz, podría facilitar a los partidos (idealmente correa de transmisión a las instituciones de las demandas de sus votantes) el mantener su apoyo a la coalición de gobierno.

La interpretación de la figura es sencilla. Para saber qué factores (sociales y demográficos, económicos o políticos) afectan al voto a cada partido, y en que dirección, debemos fijarnos en la relación de cada punto (los que representan al M5S, más oscuros, y los del PD, más claros) con el valor 0, señalado con una línea vertical discontinua de color rojo. Cuando los puntos de cada factor están a la derecha de la línea vertical señalada por el 0, el efecto sobre la probabilidad de votar a M5S o PD es positivo; y su efecto es negativo, por el contrario, si se sitúa a la izquierda. Si toca la línea roja, no tiene efecto. 

De este modo, aunque en términos de edad, estudios, valoración de la economía, ideología (los más de izquierdas mostraron mayor propensión a votar al PD), o confianza en el Parlamento hay diferencias entre ambos partidos, el elemento que podría suponer mayor discrepancia es el de la inmigración. Mientras que aquellos que consideran que los inmigrantes suponen un elemento negativo para la economía italiana, exhibieron una mayor propensión a votar al M5S, los votantes del PD destacan por ubicarse justo en la posición contraria. Aunque algún trabajo reciente haya señalado que en términos de actitudes ante la inmigración los programas políticos de M5S y Lega difieren notablemente, los recientes datos de ITANES apuntan a que sus bases electorales tienen percepciones similares sobre lo positivo y negativo de la inmigración para Italia. La nueva coalición parece por tanto más dividida sobre la inmigración que la coalición saliente. Si el debate político gira en torno a esta cuestión, o a la Unión Europea, podría ser que PD y M5S tuvieran que enfrentarse a potenciales divisiones en el Gobierno.  

La pregunta del millón está relacionada con las posibilidades que tiene esta coalición de sobrevivir en el tiempo. En este sentido, al menos, dos son las condiciones que deben darse: En primer lugar, la coalición depende en parte del equilibrio de poder interno del PD que, después de la salida de Matteo Renzi del partido, continúa estando profundamente fragmentado. En segundo lugar, el futuro de la coalición dependerá del hecho de que la extrema volatilidad ideológica del liderazgo del M5S sea apoyada por sus electores, es decir, que el clamor de las calles no levante su silencio para denunciar una coalición tan inverosímil o más que la primera.

Es cierto que han existido diferencias entre el peso de los partidos nacionales y los autonómicos en las distintas comunidades, pero no eran excesivas ni conocieron cambios llamativos de una elección a otra. Los sistemas de partidos de las Españas electorales se dividían así en tres tipos de comunidades. En el primero, el mapa autonómico estaba dominado por los dos principales partidos nacionales y por IU, bien que alguno de ellos disfrutara de una mayor fuerza relativa que sus correligionarios en las elecciones generales; estos subsistemas de partidos se han dado principalmente en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Madrid. En el segundo tipo, los partidos nacionales han estado acompañados por otros relevantes en mayor o menor grado en el ámbito autonómico, y de naturaleza regionalista o nacionalista; serían los casos de Andalucía, Aragón, o Galicia. Y el tercer tipo estaría constituido por los modelos excéntricos con sistemas de partidos propios, tanto en términos de sus integrantes como de sus pautas de competición, que a su vez han interaccionado con el sistema de partidos nacional; sus casos característicos serían los de Cataluña, Canarias, País Vasco o Navarra.

Las elecciones autonómicas de 2015 y 2019 han modificado este mapa de forma considerable. A falta de comprobar su eventual consolidación, parece evidente que los cambios electorales son más frecuentes y que los sistemas o subsistemas de partidos han incrementado sus niveles de fragmentación y volatilidad y, por lo tanto, de complejidad e incertidumbre. En esta entrada queremos recoger los datos comparados de ambas dimensiones.

El punto de partida

Como es sabido, las elecciones generales de 2011 produjeron resultados de los que los anticipos de la Gran Recesión sufridos entonces fueron en parte responsables. Supusieron un vuelco electoral considerable entre los dos principales partidos: el PSOE perdió muchos escaños y el PP ganó algunos más. Pero, en conjunto, ambos mantuvieron el grueso de su representación en el Congreso de los Diputados. Como muestra el Gráfico 1, la llegada de Podemos y en menor medida de Ciudadanos resultó espectacular. El índice de volatilidad electoral agregada (que expresa en porcentajes los cambios producidos en el apoyo a los partidos en dos elecciones sucesivas) fue del 35,4 por ciento entre las elecciones de 2011 y 2015, y del 22,7 por ciento entre las de 2016 y 2019. Entre 2015 y 2019, la competición bipolar entre PSOE y PP y las reglas hasta entonces habituales para la formación de gobiernos se han modificado (de gobiernos de mayoría o en minoría monocolor, pero con apoyo externo de solo un partido, a gobiernos débiles y que dependen de otras formaciones) de forma que por el momento parece definitiva por la aparición de los nuevos partidos nacionales (Podemos, Ciudadanos y, ahora, Vox). La fragmentación partidista ha aumentado notablemente. Según el índice del número efectivo de partidos parlamentarios (que pondera el número de partidos que se presentan para el Congreso por su peso en escaños), fue de 2,6 en 2011, 4,1 en 2015 y 4,9 en 2019. La traslación de ambas dimensiones al ámbito autonómico ha reforzado la creciente interacción que está produciéndose entre el nivel nacional del Congreso y el territorial de los Parlamentos autonómicos.

Mayores niveles de volatilidad

La Tabla 1 recoge los niveles de volatilidad media en las 17 comunidades autónomas entre 2007 y 2019. Entre 2007 y 2011, la volatilidad media fue de 14,5 por ciento. Solo tres comunidades superaron el 20 por ciento, mientras que las catorce restantes quedaron por debajo (seis, entre 10 y 20, y ocho, por debajo del 10 por ciento).

Pero, en 2015, la entrada de Podemos y Ciudadanos conllevó un incremento considerable. La volatilidad media entre 2011 y 2015 fue del 24 por ciento, casi diez puntos más que en el período anterior. Cinco comunidades alcanzaron niveles superiores a 30, y otras siete superiores al 20 por ciento, mientras que solo cinco quedaron por debajo de este nivel. En fin, durante el periodo 2015-2019 la volatilidad quedó en un nivel intermedio, el 19,3 por ciento, y las diferencias entre comunidades se estrecharon. Ninguna tuvo niveles menores del 10 por ciento y ninguna quedó por encima del 30 por ciento.

Por su parte, el Gráfico 2 detalla los niveles de volatilidad de las comunidades, ordenadas de mayor a menor, también para las cuatro elecciones autonómicas celebradas entre 2007-2019. En el primer período (2007-2011), 14 comunidades exhibieron en mayor medida pautas de estabilidad que de cambio; las excepciones fueron Asturias (por encima de 40 por ciento, debido a la irrupción de Foro Asturias, la escisión del PP liderada por Francisco Álvarez-Cascos), País Vasco y Navarra (que se movieron entre el 20 y el 30 por ciento).

En las elecciones autonómicas de 2015 y 2016, la volatilidad subió en todas las comunidades excepto en Galicia, Andalucía y Asturias. Solo Galicia quedó debajo del 10 por ciento (anticipó en 2012 [volatilidad del 15,6 por ciento] los cambios que se avecinaban en el resto de comunidades autónomas en 2015, debido a la fuerte irrupción de Alternativa Galega de Esquerdas, una escisión del BNG en coalición con IU y asesorada por la élite de Podemos) y, pese a descender, Asturias repitió como la más volátil, esta vez con un 37 por ciento. Entre 2015 y 2019, el máximo se quedó 11 puntos porcentuales por debajo del período anterior; lo marcó Murcia, con 25,7 por ciento, seguida de cerca por Aragón, con 25,2, y Madrid, con 24 por ciento. El mínimo correspondió a Cataluña, con 10,8 por ciento. En el otro extremo, la volatilidad bajó en todas las comunidades, con la excepción de Cantabria (+6,3 puntos) y Extremadura (+0,3). En todo caso, los actuales niveles de volatilidad (todos ellos de dos dígitos) son muy superiores a los que se observaron en las elecciones de 2007-2011; de hecho, es superior en todas las comunidades menos en Asturias y en Navarra. De esta forma, los niveles de volatilidad registrados de forma consecutiva en los dos últimos ciclos autonómicos (2011-2015 y 2015-2019) han supuesto cambios electorales considerables en los sistemas de partidos autonómicos.

Mayores niveles de fragmentación

El Gráfico 3 ordena de mayor a menor el índice de fragmentación parlamentaria de las comunidades en las elecciones de 2019. Los niveles más elevados se encuentran en Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana, seguidas de Cataluña, Andalucía, Canarias, Navarra y Asturias. En los Parlamentos de buena parte de ellas lograron entrar más partidos que en 2015, mientras que se redujeron en Aragón, Canarias y La Rioja. En todas las comunidades, la fragmentación ha aumentado con respecto a la de las elecciones de 2007, y solo se ha reducido, en relación con las de 2011, en Navarra y en Cataluña.

Las dos caras de la moneda

El crecimiento de la volatilidad electoral y de la fragmentación partidista plantean retos importantes a los Parlamentos autonómicos de las legislaturas que están a punto de comenzar. En realidad, los estudios comparados sobre ambos fenómenos los abordan en términos contradictorios. Por lo que hace a la volatilidad electoral, es positivo que muchos electores cambien su voto de una elección a otra, puesto que supone el premio de los votantes a los partidos que han protagonizado una gestión positiva desde las elecciones anteriores, o por el contrario significa el castigo a gobiernos incompetentes o corruptos; en suma, implica el ejercicio de la rendición electoral de cuentas, uno de los principios fundamentales de los sistemas democráticos. Pero tasas excesivamente elevadas de volatilidad, y si además son crónicas, pueden provocar entradas y/o salidas recurrentes de partidos de las instituciones políticas, lo que reflejaría una institucionalización débil de los sistemas de partidos y tendría consecuencias negativas en los rendimientos del sistema político.

La fragmentación partidista, por su parte, suele tener menos defensores. Aunque aumenta las posibilidades representativas de los votantes, los sistemas de partidos excesivamente fragmentados están asociados con legislaturas complejas que incrementan los riesgos para cualquiera de las dimensiones relativas a la gobernabilidad, desde la formación de gobiernos a la adopción de decisiones, pasando por la difícil supervivencia de gobiernos de coalición con múltiples partidos. Cuando además la polarización se suma a la fragmentación, las llamadas líneas rojas se añaden a los vetos recíprocos. Los escenarios más frecuentes suelen incluir inestabilidad gubernamental, dificultades para la formación de gobiernos de coalición, escasa actividad legislativa, presupuestos prorrogados y adelantos electorales.

Con todo, la legislatura autonómica precedente, la de 2015-2019, ha sufrido solo algunos episodios puntuales respecto al impacto de Parlamentos fragmentados en la acción de los gobiernos autonómicos. Entre ellos, la ruptura del gobierno de coalición entre Coalición Canaria y PSOE en diciembre de 2016, que se saldó con la salida del gobierno canario de los socialistas; la entrada en el gobierno de Castilla-La Mancha de Podemos en agosto de 2017, lo que le permitió ensayar con el PSOE su primer gobierno de coalición a nivel regional; y los cambios en la Presidencia de la Comunidad de Madrid (Ángel Garrido por Cristina Cifuentes) y en la Región de Murcia (Fernando López Miras por Pedro Antonio Sánchez), debidos a las dimisiones de sus presidentes ante la amenaza de sendas mociones de censura presentadas por la oposición por sus presuntas actividades de corrupción política.

Pero, en la legislatura 2019-2023, a los actores ya conocidos se ha sumado uno nuevo, Vox, que promete no hacer tan fácil la estabilidad de los Gobiernos a los que incluso dice apoyar. Véase si no el ejemplo de Andalucía, donde, por ahora, ya han optado por anunciar su bloqueo a los presupuestos si los socios del Gobierno, PP y Cs, se empeñan en desconocer sus demandas. En fin, parece que el mal llamado bipartidismo, ahora sí, también a nivel autonómico ha llegado a su fin.

¿Hay sorpaso de las confluencias a la marca de Pablo Iglesias? Y, en todo caso, ¿qué centros de poder han conseguido mantener las de Unidas Podemos?

¿Ha conseguido Ciudadanos alguna Comunidad o Ayuntamiento importante o se consumen sus ansias de liderar la derecha como si de los puros de Rajoy se tratara?

¿Se confirma el pinchazo de Vox en las generales?

Lo de ayer va a tardar 20 años en repetirse: un superdomingo electoral con elecciones europeas, autonómicas y locales concurrentes. Es como una batalla simultánea por todos los tronos (menos King's Landing, que Sánchez conquistó el 28A) o todas las copas (menos la Champions). Ayer se repartió gran parte del poder político: un poder que definirá quién decide sobre las licencias de construcción, la gestión de los residuos, el tráfico o del comercio en más de ocho mil ayuntamientos; políticas de educación y sanidad, que concretarán el dibujo del Estado del bienestar en doce autonomías (y dos ciudades autónomas); y poder para trazar las directivas sobre telecomunicaciones, televisión, medio ambiente, tráfico o igualdad, desde las lejanas pero influyentes oficinas de la Unión Europea. Se define, también, el peso específico de las estructuras de los partidos, ya que se escoge a más de 8 mil alcaldes y más de 67 mil concejales.

Entre esta marea de poder y cargos repartidos, trataremos de esbozar cuáles han sido los resultados más trascendentes: ¿hay sorpaso de las confluencias a la marca de Pablo Iglesias? Y, en todo caso, ¿qué centros de poder han conseguido mantener las de Unidas Podemos? Pasando a la derecha, ¿ha conseguido Ciudadanos alguna Comunidad Autónoma o algún ayuntamiento importante, o se consumen sus ansias de liderar la derecha como si de los puros de Rajoy se tratara?, ¿se confirma el pinchazo de Vox en las generales? Lo analizaremos empezando por la izquierda y terminando con la derecha.

Primero, la nueva izquierda pierde muchos de los tronos que había conquistado la temporada anterior. Y las plazas más importantes en las que se impone están, muchas de ellas, vinculadas a marcas distintas a las de Podemos. En 2015, una de las novedades fueron los denominados ayuntamientos del cambio: A Coruña, Barcelona, Cádiz, Ferrol, Madrid, Santiago de Compostela, Valencia y Zaragoza, entre otros. Pierde todos menos Cádiz (donde sube con fuerza y consigue una mayoría absoluta) y Valencia. Podemos, en tanto que tal, no logra mantener ninguna. Las victorias han correspondido a Adelante Andalucía en Cádiz y a Compromís en Valencia; y la situación en la capital catalana es más complicada, porque depende de los pactos, pero ERC ha superado en votos a Barcelona en Comú.

Segundo, y relacionado con lo anterior, las confluencias se imponen sobre Podemos. Más Madrid saca muy buenos resultados tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, aunque no conseguirá gobernar. Manuela Carmena es primera fuerza en el Ayuntamiento y Madrid en Pie (marca de IU para estas elecciones, que recibió el respaldo de Iglesias en el último momento), no obtiene representación. Y Errejón, el enemigo a las puertas, supera con creces a la candidata de Podemos en la Comunidad, que ha quedado incluso por detrás de Vox. Asimismo, Zaragoza en Común se impone sobre Podemos.

Tercero, Sánchez acumula casi todos los jokers de la baraja.jokers El Partido Socialista acumula un enorme poder regional y local. Mantiene las cinco comunidades que tenía (Aragón, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura) y le arrebata La Rioja al PP. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, que se le venía resistiendo por más de veinte años, se le ha escapado por la mínima, al igual que Murcia, que ha estado a punto de recuperar después de 30 años. Sus resultados en Barcelona también han sido excelentes.

Cuarto, era el momento clave para Ciudadanos, que se relamía ante la perspectiva de darle una estocada final a los populares. En las generales, había superado al PP en Málaga, Zaragoza y Alicante y Valencia; y se había quedado a las puertas en Madrid ciudad, pero le había superado en la Comunidad. De repetirse estos resultados, el golpe moral al PP prometía ser sonado. Sin embargo, todo se ha quedado en aguas de borrajas. Ciudadanos no consigue conquistar ninguna plaza relevante y, además, no es capaz de superar al PP ni en Europa, ni en Alicante, ni en Málaga, ni en Zaragoza, ni en Valencia, ni en Madrid ciudad ni en la Comunidad de Madrid, que era donde albergaba mayores esperanzas. Una serie de níes demasiado larga. El más doloroso es su amarga subida en las Europeas, que multiplica por nueve la distancia que le separaba del PP en las generales. Es verdad que incrementa de manera importante su poder, pero queda sin duda alguna a la estela del PP, y que podría tratar de obtener alguna plaza importante a cambio de su apoyo al PP en otras. Las negociaciones van a ser muy duras. Como nota interesante, uno de los lugares en los que más sube es Aragón, una de las pocas plazas en las que el pacto con el PSOE está abierto. ¿Casualidad?

Quinto, el PP logra mantener el tipo. En 2015, tenía en su poder Castilla y León, La Rioja, Madrid y Murcia, además de Ceuta y Melilla, y han conseguido retener todas las Comunidades Autónomas (a excepción de La Rioja) y las dos ciudades autónomas. Además, si al principio del escrutinio, parecía que iba a ser barrido de Barcelona, menos de un mes después de haberlo sido en el País Vasco en las elecciones generales (en Cataluña obtuvo un único escaño, y por la mínima), al final ha logrado salvar el tipo, con dos concejales. También es llamativo su desplome en la ciudad de Sevilla y en algunos ayuntamientos gallegos. Pese a todo, Pablo Casado ha conseguido salvar los muebles. Algunos se esperaban que mañana en Génova empezasen a buscar sustituto en la dirección del partido. Sin embargo, sobre todo tras las victorias simbólicas en Ayuntamiento y Comunidad de Madrid (con dos apuestas personales), Casado se ha fortalecido. Sin embargo, no es menos cierto que, en las próximas semanas, se abrirá, sin duda, una época marcada por cálculos complicados en Génova, ya que el PP va a tener serias dificultades para colocar a muchos de sus fieles.

Sexto, el efecto Vox se desdibujaefecto Vox, pero los de Abascal consiguen entrar en muchas instituciones clave. Vox entra con en el Parlamento Europeo con tres diputados (de nuevo, menos de lo que se esperaba), así como en 7 parlamentos autonómicos (Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Madrid y Murcia) y muchos ayuntamientos. Merece la pena destacar su resultado en la Comunidad de Murcia (4 escaños), un feudo tradicional del PP.

Y séptimo, ¿y qué hay de Barcelona? Pues, a juzgar por los resultados, no hay rastro de su supuesto papel como capital honorífica de una Tabarnia políticamente muy diferente del resto de Catalunya. Empate técnico entre ERC y Barcelona en Comú, ambas, fuerzas favorables a la realización de una consulta en Catalunya sobre su futuro político. Y, además, con victoria en votos de los independentistas. Como tercera fuerza, el PSC, y el experimento Ciudadanos-Valls se tiene que conformar con el cuarto lugar, un resultado muy discreto para un ex primer ministro y para un partido que había tocado el cielo en las autonómicas catalanas, pero que ya se había desinflado en su feudo en las generales. JxCat se queda con 5 (la mitad de escaños que ERC) y el PP logra mantenerse en el consistorio de la segunda ciudad de España con dos concejales.

La victoria de Sánchez. La debacle del PP. La ausencia de un líder claro en la derecha. La amarga entrada de la extrema derecha en el Congreso. La irrelevancia de Vox en la mitad de las provincias. La hegemonía del PSOE en la izquierda. La victoria de Podemos sobre sus confluencias díscolas. El sorpasso de ERC a JxCat. La fragmentación está para quedarse. La moderación del votante español

La victoria de Sánchez. Sánchez es un hueso duro de roer, que tiene la mala costumbre de ganar sus batallas. Es como un David Cameron, pero con éxito en sus apuestas. Nos atreveríamos a decir que ha sacrificado a la Reina (Andalucía) para dar el jaque mate y, de paso, quitarles muchas fichas al PP, a Vox y a Podemos para la próxima partida. El adelanto electoral en Andalucía y la salida de Susana Díaz de la Junta a manos de la coalición de derechas pudo ser un blessing in disguise, en la medida en la que sirvieron para movilizar (y coordinar) a los votantes de izquierda para evitar un gobierno en el que participara Vox. Los microdatos nos dirán si esta interpretación es acertada. Lo que sí sabemos es que el PSOE ha subido de 90 a 123 escaños, sumando 33, o un 37%.

La debacle del PP. El PP ha perdido el 52% de sus escaños, pasando de 137 a 66 y dejándose 71 en el camino. Se queda sólo con un 16,7% de los sufragios. No hay recurso posible al dicho según el cual “mal de muchos, consuelo de tontos”: la comparación con su tradicional competidor, el PSOE, es igualmente dramática: los 66 escaños del PP representan algo menos del 54% de los 123 que ha conseguido el PSOE. De la competición con Ciudadanos (Cs) y Vox hablamos más adelante, pero cabe anticipar que ni siquiera en las circunscripciones pequeñas (por el sesgo conservador del sistema electoral, sus tradicionales bastiones) ha obtenido un resultado remarcable: si nos centramos en el bloque de la derecha (en el que también incluimos a Cs, Navarra Suma y Vox), el PP cae del 94 al 64 por ciento. Y como guinda del pastel, el PP ha sido barrido del País Vasco y, casi, de Cataluña.

La ausencia de un líder claro en la derecha. Teniendo en cuenta la caída del PP, la importante subida de Cs, de 32 a 57 escaños (15,9% en 2019), sitúa a ambos partidos muy cerca, tanto en términos de escaños (14% de distancia) como de voto (aquí, la diferencia es menor de un punto porcentual o, en términos relativos, del 4,8%). Por si fuera poco, Cs ha demostrado que también es un candidato viable en feudos tradicionales del PP, como Madrid o Castilla y León. De hecho, en las circunscripciones pequeñas (la mayoría de las cuales son equiparables a la llamada España vacía), que se le resistieron tanto en 2015 como en 2016, ha pasado de 2 escaños a 19, lo que significa un 38,8% de los escaños de la derecha en este espacio ideológico. En resumen, Cs no ha conseguido el ansiado sorpasso al PP (hace tiempo que la mayoría de analistas lo descartaban) pero los resultados apenas sirven para dirimir quién es el segundo actor más importante de este bloque.

La amarga entrada de la extrema derecha en el Congreso. Vox ha pasado de expectativa a realidad. Si lo comparamos con otro partido de la derecha radical europea, Alternativa por Alemania, por ejemplo, mientras que Vox ha pasado del 0,2 por ciento de los votos en 2016 a un 10,3 por ciento en 2019, AfD pasaba del 4,7 por ciento en 2013 al 12,6 por ciento de 2017. En sintonía con los partidos populistas de la derecha radical, Vox ha irrumpido en el Parlamento español. Aunque las encuestas llegaban a concederle hasta más de 50 escaños, su subida se ha quedado en unos notables 24 asientos que condicionarán la dinámica parlamentaria. A todas luces, Vox, valiéndose de un discurso nativista, favorable a la centralización política del estado, anti-inmigración y tremendamente conservador en los valores sociales, ha irrumpido en el escenario electoral fraccionando a la derecha.

La irrelevancia de Vox en la mitad de las provincias. Ahora bien, entre los cinco partidos que competían por escaños con ciertas posibilidades de éxito en las 26 provincias con 5 escaños o menos, Vox es el que se ha llevado la peor parte. Sólo ha conseguido uno en Valladolid y otro en Ciudad Real, ambas con cinco escaños en liza. Los resultados han validado, así, el pronóstico de Ignacio Lago y Marina Costa Lobos de que los de Abascal perderían sus votos en todas las provincias de menos de cinco escaños. En términos relativos, solo ha conseguido un 4,1% de los escaños de la derecha. Esto significa que Vox no es un candidato viable en la mitad de las provincias, al menos, por ahora.

La hegemonía del PSOE en la izquierda. Tal y como algunos analistas auguraban, Unidas Podemos (UP) ha sido el gran perdedor en las provincias que reparten de 2 a 5 escaños (aunque no el único: a Vox le ha ido aún peor). Ha pasado de 13 a 4 (un 8,5% del total de escaños de la izquierda en estas provincias, si en este grupo también incluimos los 42 del PSOE y el del Partido Regionalista de Cantabria). El PSOE queda, entonces, con un 89,4% del voto de este bloque en las circunscripciones pequeñas (subiendo desde un 69%), y queda en una posición inapelablemente hegemónica.

La victoria de Podemos sobre sus confluencias díscolas. Aunque UP ha sido uno de los grandes perdedores de la velada (se dejan 29 escaños de 2016 a 2019), no está de más recalcar que sus confluencias gallega y valenciana han salido igual de mal parados. En Galicia, la coalición Podemos-En Marea-ANOVA-EU consiguió 5 escaños en 2016. La no revalidación de esta amalgama de partidos y la decisión de En Marea de competir por separado han contribuido a que Podemos se haya quedado con 2 escaños, mientras que En Marea, con cerca de 18.000 votos, se ha quedado fuera del Parlamento. Igual fortuna ha corrido Compromís en la Comunidad Valenciana. Si, en 2016, en coalición con Podemos, sumaban 9 escaños, ahora, por separado, la formación morada se queda con 5 mientras que los regionalistas valencianos suman solo 1. Una estrategia, a todas luces, muy mal diseñada.

El sorpasso de ERC a JxCat. Si PSOE y Cs se creían los grandes vencedores de la jornada electoral, eso es porque no han tenido en cuenta el resultado de ERC. Los nacionalistas catalanes han sumado 6 escaños en estas elecciones (el mejor resultado de su historia) y se han consolidado como primera fuerza en Cataluña (seguidos del PSOE, que ha pasado de 7 a 12 asientos de 2016 a 2019). El gran batacazo se lo ha pegado JxCat, otrora CDC, que, de ser el partido ganador en 2016 con 12 escaños, pasa a ser tercera fuerza en Cataluña, quedándose con 7. Parece que la estrategia Rufián ha tenido peso y su notable presencia en los medios ha catapultado a ERC hasta la primera posición.

La fragmentación está para quedarse. En 2015, el dato más relevante era que los niveles de fragmentación partidista, sobre todo si los comparábamos con los que se dieron desde los años 90 y hasta 2011, habían marcado un récord. El mal llamado bipartidismo había tocado a su fin y cuatro formaciones se repartían el porcentaje de votos (y el número de escaños) de una forma muy homogénea. En 2019, esta atomización partidista ha aumentado medio punto más. Ahora, un partido destaca, el PSOE, y cuatro siguen su estela: PP, Cs, UP y Vox. La fragmentación, por supuesto, ha venido para quedarse, pero también, y, sobre todo, para generar (al fin) necesarios gobiernos de coalición.

La moderación del votante español. Y, por último, una consideración general. Mientras que en buena parte de los países de nuestro entorno la emergencia de nuevas formaciones extremas ha polarizado al electorado, en España los votantes han reaccionado, y masivamente (la participación electoral ha subido más de 9 puntos porcentuales), apostando por la moderación ideológica de la mano del PSOE y Ciudadanos. La nueva estrategia de la crispación protagonizada por el PP y alentada por Vox ha tenido una consecuencia clara: el peor resultado en la historia de los populares.

La carta abierta de Manuela Carmena e Íñigo Errejón plantea interrogantes relativos a la competición política en la izquierda sobre los que merece la pena reflexionar

Más allá de su dimensión más personal esta carta ha sido interpretada por algunos analistas como el pistoletazo de salida de una nueva opción política en la izquierda

La carta abierta de Manuela Carmena e Íñigo Errejón plantea una situación extremadamente interesante y también una serie de interrogantes relativos a la competición política en la izquierda sobre los que merece la pena reflexionar.

En los últimos cinco años, el sistema de partidos español ha experimentado un grado de volatilidad parecido solamente al que tuvo lugar entre las elecciones generales de 1979 y las de 1982, que constituyeron un verdadero terremoto electoral y supusieron la liquidación de la entonces gobernante UCD. Esta volatilidad ha venido de la mano de un fraccionamiento progresivo del sistema de partidos, con la aparición sucesiva de nuevos contendientes en la izquierda (Podemos desde las elecciones europeas de 2014), la derecha (Ciudadanos desde las generales de 2015) y de nuevo en la derecha (Vox en las andaluzas de diciembre de 2018, con una clara proyección nacional). Ahora, una nueva brecha se abre en la izquierda con el reto que, indudablemente, le está presentando Ahora Madrid a Podemos.

Tras treinta años de bipartidismo imperfecto (1982-2011), la posibilidad de una competición con tres grandes contendientes en cada bloque (PP, Ciudadanos y Vox en la derecha; y PSOE, Podemos y Ahora Madrid más otras confluencias en la izquierda) habría parecido ciencia ficción un tiempo atrás, pero ¿quién habría predicho que Cataluña sería objeto de la aplicación del artículo 155 o que Pedro Sánchez acabaría siendo presidente del gobierno? La política española muta a gran velocidad, y quizá resultaría interesante contar con casas de apuestas sobre desarrollos políticos, pero esa es otra historia que quizá merezca ser contada en otra ocasión.

Volvamos a la carta de Carmena y Errejón y a lo que supone para la competición electoral en la izquierda. Más allá de su dimensión más personal, de la relación entre líderes como Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, esta carta ha sido interpretada por algunos analistas como el pistoletazo de salida de una nueva opción política en la izquierda, que definiría tres bloques u opciones posibles en este campo ideológico: el PSOE (socialistas o socialdemócratas tradicionales), el Podemos post-Vista Alegre 2 (marxistas o comunistas, de la mano de IU) y Ahora Madrid (asimilables, en cierta manera, a los verdes de distintos países europeos, de la mano de Compromís, En Marea y otras confluencias). Así, por ejemplo, se podría decir, con las debidas salvaguardas, que el PSOE es al SPD lo que Unidos Podemos es a Die Linke y Ahora Madrid a die Grünen, si hiciésemos la comparación con Alemania.

La siguiente figura muestra, según el recuerdo de voto en las elecciones generales de 2016, dónde se ubican los electores de Unidos Podemos, PSOE, Ciudadanos y PP en función de las diez categorías ideológicas que el CIS presenta como opciones de respuesta. Así, los votantes del PP se autodefinen mayoritariamente como conservadores, los del PSOE como socialistas, los de Unidos Podemos entre progresistas, socialdemócratas y socialistas y los electores de Ciudadanos como conservadores, liberales y progresistas. De esta forma, y aunque las bases electorales de los partidos hayan podido cambiar mucho desde que se celebraron las elecciones, parecería, tal y como apunta la Figura 1, que hay espacio para que un partido entre en las dimensiones de ecologista y feminista, puesto que hasta ahora no parecen pertenecer a ninguna de las cuatro formaciones principales.

Figura 1. Votantes e ideología en las elecciones generales de 2016

Así, y dado que los partidos verdes no han tenido tradicionalmente mucho recorrido en España, cabría anticipar que la apuesta de Ahora Madrid podría ser flor de un día, con escasos visos de éxitos perdurables a nivel nacional en nuestro país. No obstante, esta interpretación podría ser precipitada. Es importante aclarar que el presunto paralelismo de Ahora Madrid (y otras confluencias) con los verdes no tiene tanto que ver con su defensa de temas relacionados con el medio ambiente o el cambio climático, sino con su carácter más transversal y en todo caso menos escorado a la izquierda que su hasta ahora socio Unidos Podemos. Como explica Luis Cornago en un artículo reciente, los verdes “se nutren a menudo de un electorado con un nivel educativo alto, urbano y valores marcadamente cosmopolitas, que se manifiesta en posiciones favorables a la inmigración y la integración europea”. A buen seguro, una parte importante del electorado de izquierdas en Madrid (pero también en Barcelona y Valencia) encaja bien con este perfil, y podría sentirse atraído por opciones como Ahora Madrid, En Comú Podem o Compromís.

¿Hay, entonces, espacio para un partido de estas características en España? Por una parte, la observación de la evolución del voto en varios países vecinos sugiere que sí. Como apuntan José Rama y Carlos Fernández Esquer, estamos ante un resurgir de los partidos verdes en distintos países, entre los que cabe mencionar Alemania, Luxemburgo y Bélgica. Por otra parte, como argumenta de nuevo Carlos Fernández Esquer, esta vez acompañado de José Ramón Montero, en algunas circunscripciones no hay espacio para tantos partidos. En efecto, tomando datos de 2016, en las elecciones generales había dos circunscripciones de un escaño (Ceuta y Melilla), una de dos (Soria), ocho de tres; diez de cuatro, y siete de cinco: en total, 28 circunscripciones en las que, simplemente, es imposible que seis partidos puedan obtener representación. Es decir, en la mayoría de estas 28 circunscripciones, no hay espacio para tres partidos de izquierdas. A medio plazo, ello implicará inevitablemente una de las siguientes opciones: o bien la integración de perspectivas diversas dentro de alguna de ellas, o bien la absorción de unas por parte de otras, o bien la eliminación electoral de alguna de ellas (una cuarta posibilidad sería la especialización territorial de distintos partidos). En otras palabras, así como los votantes, en función del tipo de elección y según nuestro distrito electoral, podemos optar por maximizar nuestro voto (hacemos voto estratégico), los partidos deberán hacer lo mismo y coordinarse electoralmente en aras de que los votantes no desperdicien su voto.

Todo esto nos llevaría a nuestra consideración final. Las elecciones municipales, autonómicas y europeas pueden servir para definir cuáles de las opciones serán percibidas por los electores como más relevantes. Por ello, el órdago de Carmena y Errejón va mucho más allá de Madrid: su eventual victoria allí puede alterar de forma significativa el mapa electoral para las generales. Por el momento, y a falta de que los ciudadanos se expresen, ya han recibido dos espaldarazos iniciales: el apoyo de En Marea, y la ruptura de IU con Podemos en Madrid.

Cuando el apoyo a la independencia aumentó exponencialmente entre 2010 y 2012 lo hizo extendiéndose por todas las categorías de edad

Las imágenes de policías nacionales golpeando a ciudadanos y cerrando “colegios electorales” pudieron tener un mayor impacto entre los jóvenes que mantienen algún tipo de identificación con España que muestran una mayor propensión a cambiar sus preferencias a favor de la independencia

La “desconexión” de Cataluña del resto de España en el último lustro no puede entenderse sólo como una ruptura identitaria

Entre los debates que ha suscitado el proceso secesionista catalán en el último año, cabe mencionar el presunto apoyo que éste consigue entre los jóvenes. Algunas de las contribuciones más recientes se han hecho sobre el supuesto uso de las aulas catalanas como espacio de adoctrinamiento en favor del independentismo. El tema ha sido abordado ampliamente ya que se trata de una cuestión que puede condicionar el futuro de la relación de Catalunya con el resto de España. Aunque el sondeo más reciente del CEO señala un importante descenso del independentismo, en los dos últimos años el apoyo y el rechazo a la independencia en Catalunya se ha dividido en dos mitades casi iguales. Así, si los más independentistas son efectivamente los jóvenes, el reemplazo generacional podría inclinar la balanza a favor del secesionismo en pocas décadas. No se trata, por tanto, de una cuestión menor.

Si el papel adoctrinador de la escuela catalana es un factor relevante, el apoyo a la independencia debería ser mayor entre los grupos de edad educados en una escuela catalana descentralizada que entre los grupos de edad que fueron educados en sistemas educativos anteriores, tal y como ha argumentado Lluís Orriols en contribuciones anteriores a este blog. Lo interesante, según los datos que mostramos en la Tabla 1, es que el argumento puede sostenerse moderadamente para el período anterior al auge abrupto más reciente del independentismo. En 2005 el apoyo a la independencia era algo mayor entre los dos grupos más jóvenes – educados en la escuela catalana descentralizada – que entre los educados en sistemas anteriores. Sin embargo, el argumento pierde fuerza una vez que la legitimidad del modelo autonómico entra en crisis en Catalunya en 2010 y el conflicto se agudiza en 2012: en esos años el apoyo al independentismo crece proporcionalmente más entre los grupos de más edad (con la salvedad de los mayores de 64 años que permanecen más impermeables). Así, la relación entre edad e independentismo se debilita. En definitiva, el estallido soberanista en Catalunya desde 2012 no se explica por el cambio entre los más jóvenes supuestamente “adoctrinados” en el secesionismo (ver Tabla 1).

Ahora bien, para esta contribución hemos querido ir un paso más allá. Por ello, analizamos si la edad puede ser un factor relevante cuando examinamos su efecto en los ciudadanos catalanes con distintos sentimientos de identificación nacional. Dos han sido las sorpresas con las que nos hemos encontrado:

Sorpresa 1: los catalanes con algún tipo de identificación con España se han inclinado por fórmulas de organización territorial que se alejan del compromiso con España

Esto es importante ya que mientras que las preferencias (por la independencia) pueden cambiar rápidamente, las identificaciones (con España y/o Catalunya) lo hacen más lentamente. Un indicio: el 24 por ciento de los catalanes en octubre de 2017 se sentía más catalán que español aunque este grupo mostraba una elevada propensión a apoyar la independencia. La Figura 1 describe la relación entre sentimiento nacional del entrevistado y el apoyo a la independencia de Catalunya a lo largo del tiempo y para distintos grupos sociales. Su interpretación es muy sencilla. Debemos fijarnos en la relación de los puntos que corresponden a cada uno de los colectivos (edad, género, etc.) con la línea vertical que se extiende desde el punto 0 del Eje X. Cuando el punto que representa a cada factor y la pequeña línea horizontal que, en algunos casos, acompaña a dicho punto están a la derecha de la línea vertical que señala el 0, el efecto de ese factor es positivo (por ejemplo, haber nacido en Catalunya para los datos de 2005 y 2010). Por el contrario, si se sitúa a la izquierda, su efecto es negativo (por ejemplo, la edad en 2005). En caso de que el punto o su línea horizontal corten o se solapen con la línea vertical el efecto de estos factores sobre la independencia de Catalunya es despreciable (por ejemplo, la edad en 2012, 2015 y 2017).

Los resultados parecen consistentes en todos los años: tomando como referencia a quienes tienen más identificación con España (se sienten sólo españoles, más españoles que catalanes o tan españoles como catalanes), quienes tienen una identidad más catalana que española y solo se identifican como catalanes son más propensos a apoyar la independencia. Sin embargo, y aquí está lo relevante, los que se sienten más catalanes pero también se identifican con España se inclinan más por la independencia conforme pasa el tiempo (el punto correspondiente a los que se identifican como más catalanes que españoles se desplaza a la derecha desde 2005 hasta 2017).

Sorpresa 2: El mayor incremento en el independentismo se produjo entre los catalanes más jóvenes que aún tenían alguna identificación con España

Mientras que en 2005, 2010, 2012 y 2015 el apoyo a la independencia fue aumentando por igual entre distintos grupos de edad, los datos de la encuesta del CEO de 2017 (realizada justo después del 1 de Octubre), muestran que el independentismo había crecido más entre los jóvenes que se sentían más catalanes que españoles que entre los mayores con la misma identidad. ¿Cómo podemos interpretar este hallazgo? Sin duda el efecto parece deberse al contexto extraordinario en el que se llevó a cabo esta encuesta: las imágenes de policías nacionales golpeando a ciudadanos y cerrando “colegios electorales” pudieron tener un mayor impacto entre los jóvenes que mantienen algún tipo de identificación con España. Estos fueron quienes más cambiaron sus preferencias. Y lo hicieron de una forma más drástica que los de mayor edad con su misma tendencia identitaria. El efecto puede ser también resultado de las movilizaciones que en Catalunya tuvieron lugar inmediatamente antes y después del 1 de Octubre, en las que participaron activamente los estudiantes universitarios y de secundaria y en las que, conforme a algunos de los llamamientos a la movilización, lo que parecía estar en juego era la democracia misma y no la independencia de Catalunya del resto de España.

Los resultados del sondeo más reciente del CEO que se publicaron el pasado viernes reflejan un descenso importante del independentismo y, es muy posible, que los efectos que observamos en este post no se mantengan en el nuevo contexto. En todo caso, lo que este post subraya es que 1) cuando el apoyo a la independencia aumentó exponencialmente entre 2010 y 2012 lo hizo extendiéndose por todas las categorías de edad y 2) el análisis combinado por grupos de identificación nacional y edad muestran que la “desconexión” de Catalunya del resto de España en el último lustro no se explica sólo como una ruptura identitaria. En ciertos contextos y para determinados grupos las preferencias territoriales no acompañan a sus sentimientos nacionales y apuntan más bien a un proceso de desafección política.