Hace unos días, este periódico daba una noticia que no está de más contextualizar. Desde octubre de 2023, un grupo de lo que empezó siendo 67 y ahora son casi 150 mujeres groenlandesas, actualmente entre 70 y 80 años, han presentado reclamaciones de indemnización por importe de 300.000 coronas danesas cada una (alrededor de unos 40.200 euros) al Estado danés. A todas ellas les fueron implantados dispositivos intrauterinos sin su consentimiento. Se trata de una forma de violencia reproductiva sistemática y con rasgos coloniales pues, aunque el dominio colonial danés de Groenlandia terminó oficialmente en 1953, Groenlandia -que a fecha de hoy todavía no es completamente independiente de Dinamarca-, solo obtuvo el control de su propio sistema de salud en 1992. Las violencias reproductivas fueron parte de una campaña danesa que empezó en los años sesenta y que tuvo como finalidad el control de la natalidad de las mujeres indígenas.

En realidad, parece que estamos solo al inicio de lo que puede ser un movimiento de más amplio calado de lucha contra este tipo de injusticia histórica. En 2022, la emisora danesa DR informó que entre 1966 y 1970 se colocaron nada menos que 4.500 dispositivos intrauterinos en mujeres y niñas de hasta 13 años sin que mediara de forma inequívoca su consentimiento. Y no se trata, dicho sea de paso, de la única forma de opresión colonial danesa objeto de disputa que está viendo la luz recientemente. En 2022 el gobierno danés se disculpó públicamente ante las víctimas por su política de separar por la fuerza a los niños groenlandeses de sus familias para “educarlos” y “socializarlos” debidamente en Dinamarca.

De momento, el Gobierno danés ha respondido a las últimas reclamaciones de las mujeres groenlandesas remitiéndose a una investigación independiente en curso para mapear y analizar el alcance de estos casos en el período que va de 1960 a 1991. La investigación se inició en 2022 y se espera que sus conclusiones se hagan públicas el año que viene.

En todo caso, las violencias reproductivas que experimentaron las mujeres groenlandesas deben verse como parte de un legado más amplio de control eugenésico de la población, racista y sexista, que se cebó no sólo en las mujeres de ciertas etnias, sino también en muchas mujeres marginadas y en mujeres que se consideraban “desviadas”, “irresponsables”, “inmorales” o, sencillamente, demasiado “costosas” para la sociedad.

Este tipo de leyes y prácticas de control han existido en muchos países, incluidos todos los países nórdicos (en particular Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia; hay datos limitados sobre Islandia). Ejemplos paradigmáticos son, por ejemplo, las antiguas leyes de esterilización, que se adoptaron a partir de mediados de los años 1930 y fueron enmendadas o abolidas solo en los años 1970. Leyes dirigidas especialmente a mujeres pobres, de clase trabajadora, pertenecientes a colectivos marginados y minorías étnicas, o, simplemente a aquellas que, de forma genérica, respondían al apelativo de “débiles mentales”, una referencia que incluía a mujeres con discapacidad, pero también a madres con sobrecarga o a mujeres consideradas demasiado “promiscuas.” En todo caso, nótese, siempre eran las mujeres las destinatarias, ya que se las consideraba más responsables que los hombres de la maternidad y la crianza de los hijos.

En 1999, después de una investigación de las prácticas históricas de esterilización involuntaria en Suecia, el Estado sueco emitió una disculpa pública a las víctimas y estableció un plan de compensación para facilitar su acceso a una indemnización. La ley de compensación detallaba las situaciones en las que había que entender que las esterilizaciones no se habían realizado voluntariamente: por ejemplo, si la persona en cuestión no había firmado su formulario de esterilización, si era menor de edad o carecía de capacidad jurídica, si estaba internada en alguna institución, si el la esterilización fue motivada por un diagnóstico de enfermedad mental, deficiencia mental o epilepsia, si la esterilización había sido la consecuencia de un requisito que la exigiera para casarse, acceder a un aborto o recibir prestaciones sociales, o si se podía considerar que la persona en cuestión había aceptado la esterilización bajo coerción o a resultas de una negligencia.

Según la ley sueca, las víctimas pueden solicitar una indemnización por escrito y como el estado ya contaba con registros centralizados, basta con que un comité de compensaciones revise los expedientes médicos de las solicitantes para evaluar si se dan las condiciones que exige la ley. Con ello se trata de establecer un procedimiento que facilite el acceso a la indemnización de las víctimas y evite la victimización secundaria y la (re)traumatización que probablemente acompañarían a procesos dirimidos ante tribunales de justicia. La suma de la indemnización se fijó en un importe ligeramente superior a la suma media de indemnización que se reconoce a las víctimas de violación.

¿Cuál será el resultado de las demandas que ahora presentan las mujeres groenlandesas ante los tribunales? ¿Y cuál será el resultado de la investigación danesa en curso? Si el Estado danés opta por reparar a las víctimas, ¿lo hará sólo para las víctimas que están acudiendo a los tribunales, o establecerá un programa administrativo de reparaciones para todas las víctimas de las que tenga constancia? Lo sabremos en los próximos años, pero una lección que aprender del precedente sueco es que si el Estado danés quiere verdaderamente reconciliarse con su pasado de opresión colonial tal vez sea prudente que opte por un mecanismo que garantice a las víctimas el fácil acceso a las medidas de reparación que acabe por contemplar. 

El pueblo irlandés se pronunció este finde semana y lo hizo de forma rotunda, como el propio primer ministro, Leo Varadkar, no ha tenido más remedio que reconocer, asumiendo en primera persona la derrota del sí en sendos referéndums. Eran dos las propuestas de reforma constitucional que planteaba el Gobierno. La conocida como la “reforma de la familia” y la “reforma del cuidado.” La primera enmienda fue rechazada por un 67% del voto; la segunda cayó derrotada de forma aun más contundente: un 74%. 

Con respecto a la reforma de la familia, de lo que se trataba era de conservar la protección legal que la Constitución Irlandesa prevé para la familia –aunque con una noción de familia vinculada de forma explícita a la del matrimonio–, pero tratando de modernizar el concepto de familia de forma que pudieran quedar incluidas también las basadas en “otras relaciones estables” (“marriage or other durable relationships”), como las formadas por parejas hecho, las familias monoparentales o las familias extensas. 

A su vez, con la reforma de la cláusula del cuidado se trataba de dejar atrás un texto que se explica sólo teniendo en cuenta que la Constitución irlandesa data de 1937 y que fue redactada bajo la influencia de la moral y la jerarquía católicas. El controvertido precepto (artículo 41.2) de la carta magna irlandesa –probablemente una de las expresiones constitucionales más explícitas que quedan en el mundo occidental del antiguo modelo de familia de sustento masculino y cuidado femenino– establece que “el Estado reconoce que, mediante su vida dentro del hogar, la mujer brinda al Estado un apoyo sin el cual el bien común no puede realizarse” y, por lo tanto, “se esforzará por garantizar que las madres no se vean obligadas por necesidad económica a trabajar en detrimento de sus deberes en el hogar”. El nuevo precepto hubiera reemplazado “mujer” por “miembros de una familia” y reconocido que el “Estado debe esforzarse por apoyar” (strive to support) esa provisión de cuidados. 

Tomadas en su conjunto, está claro que lo que se trataba era de culminar la transición de Irlanda hacia un modelo de Estado liberal y secular sustituyendo el orden de género sobre el que el antiguo texto se asienta por uno más igualitario capaz de reconocer que las relaciones de cuidado no son el patrimonio exclusivo de las familias matrimoniales y, sobre todo, que las mujeres no tienen “deberes naturales” que las confinen al hogar y a los cuidados en detrimento de otras dimensiones de su desarrollo personal y ciudadano en la esfera pública. En este sentido hubiera sido la culminación del camino ya emprendido con otros dos referéndums en el país que contaron una participación ciudadana mucho mayor y que resultaron exitosos: el del año 2015, que abrió las puertas al matrimonio del mismo sexo y el del año 2018 que hizo lo propio con el aborto. No por nada se escogió el 8 de marzo como fecha de celebración. 

¿Qué ha pasado entonces? ¿A qué se debe el bajo grado de participación y, sobre todo, el abrumador fracaso? ¿Y qué lecciones cabe derivar para otros países que contemplen la necesidad de reformar sus textos constitucionales en clave igualitaria? No parece que haya aún un diagnóstico compartido, pero sí al menos algunas primeras lecciones que podemos extraer. Por lo que hace a la enmienda de la familia, parece que es la sensación de inseguridad jurídica a la que la reforma podría abocar lo que ha primado en su rechazo. Frente a la claridad de lo que es un matrimonio, la incertidumbre de la que es “una relación estable” ha incomodado a una ciudadanía a la que inquietaban las posibles repercusiones que la reforma pudiera tener en relaciones jurídicas en temas como la herencia, el derecho de inmigración o la materia fiscal. Recordatorio este de la centralidad que ha ocupado y sigue ocupando la institución matrimonial en nuestros ordenamientos jurídicos y de la necesidad, pero también de la dificultad, de avanzar en la senda de disolver tal centralidad. Al menos, sin antes emprender un proceso de pedagogía ciudadana que explique de qué forma exacta y a qué efectos la institución secular va a ser reemplazada para dar adecuado reconocimiento a las formas plurales de familias y de cuidados en los que actualmente descansa efectivamente la interdependencia humana. 

Por lo que hace a la reforma del cuidado parece que, en este caso, la propuesta del Gobierno se quedó claramente corta. Una convención ciudadana había debatido con anterioridad la conveniencia de reformar el artículo 41.2 y, mientras que hubo claro consenso acerca de la necesidad de abandonar el trasnochado precepto, lo hubo menos acerca de la conveniencia de simplemente eliminarlo. ¿Por qué no aprovechar la reforma para reconocer la centralidad de los cuidados en nuestros Estados y economías al mismo tiempo que se daba con una formulación que, superando estereotipos de género, conminara al Estado a asumir el coste real de la reproducción social, en vez de descargar la responsabilidad sobre la mitad femenina de la ciudadanía? Y si de esto último se trataba, parece que la nueva fórmula sometida a consulta resultó insuficiente. No bastaba con reemplazar mujer por familia, buscando una neutralidad de género. Era necesario “desfamaliarizar” el cuidado en términos mucho más contundentes. Y exactamente eso es lo que, entre otros, los colectivos feministas y los de defensa de las personas con diversidad funcional le han recordado con su no al Taoiseach irlandés. Es decir, que de meterse, hay que hacerlo bien, y hacerlo bien requiere, hoy en día, ir mucho más allá que dar con fórmulas neutras o vagas para reemplazar los explícitos y denostados esquemas patriarcales. Toca abordar la dimensión estructural de la economía de los cuidado. 

Con 780 votos a favor y 72 en contra ya es una realidad. Francia se convierte en el primer país en el mundo en constitucionalizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El 4 de marzo de 2024 será recordado como un hito en la historia constitucional de las mujeres en Francia y en el resto del mundo. No lo ignoraban los miembros las dos cámaras del Parlamento francés reunidas en Congreso (sesión conjunta extraordinaria), en el palacio de Versalles, para una reforma constitucional que requería un consenso de al menos tres quintos que se ha visto ampliamente superado. El nuevo artículo 34 de la Constitución francesa prevé que “La ley determina las condiciones en las cuales se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”

El discurso emotivo del primer ministro, Gabriel Attal, para una ocasión que también él sabía histórica fue interrumpido durante y seguido después de largas ovaciones en el hemiciclo. Un discurso que no ahorró palabras a la hora de recordar con una viveza inusual el sufrimiento que en la vida y en los cuerpos de las mujeres ha supuesto el aborto clandestino en el país. Un discurso que ha sido también un homenaje a las muchas mujeres que han librado, tanto en el pasado como el presente, la lucha por la autonomía reproductiva de las mujeres. Mujeres como Simone Veil cuyos familiares estaban presentes y cuyo nombre porta la actual ley francesa en la materia que, desde 1975 y con sucesivas reformas, reconoce hoy a las mujeres el aborto libre y gratuito en las 14 primeras semanas de embarazo; mujeres como Gisèle Halimi, abogada feminista, a cuya memoria Macron vinculó la iniciativa de reforma; o como Sarah Durocher, icónica activista con más de 20 años de lucha por los derechos sexuales y reproductivos en Francia que siguió el debate desde las gradas más altas del hemiciclo siendo también destinataria de una de las ovaciones. Un discurso que el joven primer ministro supo también hábilmente vincular a la lucha histórica de las mujeres en Francia por su plena ciudadanía e igualdad de derechos, con nombres como los de la revolucionaria Olympe de Gouges, quien cometió la osadía de creer que la revolución y la tabla de derechos que le seguiría serían también para las mujeres. O Simone de Beauvoir a quien citó para recordar que, en momentos de involución democrática, los derechos de las mujeres son el canario de la mina: los primeros en tambalearse. 

Y es que eso es exactamente lo que está sucediendo, recordó Attal. Lo que está sucediendo en países como EEUU donde la sentencia Dobbs de la Corte Suprema de junio de 2022 se llevó por delante a Roe v Wade -sentencia de 1973 que reconoció el derecho fundamental al aborto- y los 50 años de jurisprudencia que le siguieron. O en países como Polonia y Hungría donde también las mujeres han visto recortada su libertad reproductiva de la mano de gobiernos de extrema derecha ondeando la bandera de la nación y la familia tradicional. En este contexto que nos recuerda que, cuando se trata de los derechos de las mujeres, no es posible bajar la guardia, la reforma constitucional se pretende como un blindaje o una garantía de no regresión y un antídoto contra el discurso de los nostálgicos que miran al pasado olvidando las lágrimas y la sangre que supuso para las mujeres carecer de este derecho. 

Como en todo hay letra chica. Algunas de mis colegas francesas ven la gesta de Macron como un lavado de cara de un gobierno nada progresista en muchos sentidos. Y para los que estamos en el gremio del derecho constitucional no se nos escapa que en realidad la interrupción voluntaria del embarazo no se ha fundamentalizado como un derecho subjetivo. Ni que el artículo, inserto en la sección que se refiere a las competencias del poder legislativo, ni siquiera conmina a este a reconocer el derecho de las mujeres a abortar en determinadas condiciones. Sino tan solo a especificar las condiciones bajo las cuales las mujeres han de poder disfrutar de una “libertad garantizada” para interrumpir voluntariamente su embarazo. Es lo que se pudo lograr en términos de consenso después de que un Senado conservador rebajara la pretensión de garantizar el derecho que había aprobado la Asamblea Nacional. 

No se sabe bien qué implicaciones, más allá del juego de palabras, puede tener en realidad la diferencia, en un país donde el aborto ya está reconocido legalmente con cobertura pública y donde tampoco hay un movimiento político importante que abandere la necesidad de recortarlo pues en Francia el consenso en la materia es amplio. De llegar a haberlo, corresponderá al Consejo Constitucional decidir qué ampara esa prerrogativa legislativa que obliga (no solo permite) a reconocer una libertad que se quiere garantizada. Pero hoy no es el día para entrar en esas disquisiciones que tal vez solo lleguen a tener un alcance teórico. Porque lo realmente importante es el valor simbólico de haber introducido en la Constitución el mensaje de que, sin la posibilidad de decidir, no solo sobre sus cuerpos sino, de forma más amplia, sobre su destino, cualquier proclamación de la libertad y de la igualdad entre los ciudadanos de ambos sexos resulta una ficción para las mujeres. Y también, como tampoco olvidó recalcar Attal en su discurso, que la reforma ha sido aprobada por un Congreso presidido por una mujer, con el mayor número de representantes femeninos que ha tenido el país en su parlamento y bajo un gobierno paritario en una Francia en la que “el feminismo es universalismo”.

¿De verdad está en juego? ¿O será este uno de tantos temas en los que, como el matrimonio homosexual, la izquierda es la que aporta avances en el campo de los derechos que luego la derecha, cuando llega al poder, no se atreve a tocar o a alterar de forma fundamental porque, de hacerlo, sabe que se deja atrás a la mayoría social que se le vuelve en contra, además de generar divisiones internas en el propio partido? 

Por lo que hace al aborto, el PP debiera desde luego haber aprendido la lección pues un intento de dar seriamente marcha atrás en la materia ya se cobró la cabeza de su entonces ministro Gallardón. Y, de hecho, parece que lo que está planteando ahora son modificaciones relativamente menores, aunque no intrascendentes, al actual marco legal, como es, nos dicen, garantizar de forma efectiva el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran intervenir en el procedimiento. O revertir nuevamente la edad legal para abortar, de forma que, en vez de a los 16 -la edad de consentimiento de la generalidad de tratamientos médicos-, las mujeres menores de 18 tengan que contar con la autorización de los progenitores o, en su ausencia, probablemente, de un juez.

¿Y Vox? Vox es otra cosa. Y lo es porque, a pesar de su rancio españolismo en las formas, comparte agenda con todo un movimiento reaccionario de carácter no español sino transnacional. Un movimiento que ha hecho de combatir lo que identifican como “ideología de género” uno de sus principales campos en la batalla cultural. A modo de copia/pega, vemos a un populismo de ultraderecha tras otro cebarse con lo mismo: los derechos reproductivos de la mujer, sí, pero también los derechos de los colectivos LGTBI, la educación sexo-afectiva, en igualdad o con perspectiva de género, y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia machista, que, para quien no lo tenga claro, no es más que ese plus estadístico de probabilidad y de realidad de violencia que se lleva cada mujer, solo por el hecho de nacer mujer, frente al varón.

Y aun así, afortunadamente, contamos con la reciente sentencia de un Tribunal Constitucional con legitimidad subsanada y de mayoría progresista. Se trata de la sentencia 44/2023 del 9 de mayo pasado que dirime la constitucionalidad de la LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo -cuando además ya se había aprobado su reforma por la LO 1/2023, recurrida por Vox, que la modifica en sentido de una mayor liberalización que la sentencia claramente ampara también-. Pues bien, esta sentencia de mayo que confirma la constitucionalidad de la actual ley ha marcado además los límites dentro de los cuales se tendrá que mover el futuro legislador, sea este de izquierda o de derechas.

La sentencia, recordemos, responde al recurso que frente a varios de sus preceptos plantearon en su día 60 diputados del PP, que básicamente pretendían que España continuara dentro de la arquitectura constitucional que marcó la Sentencia 53/1985. En esta no se trataba de enjuiciar un sistema de plazos como es el actual -que permite a cada mujer hasta la semana decimocuarta del embarazo decidir si quiere o no continuar con su embarazo, plazo que luego se amplía cuando median causas terapéuticas o embriopáticas-, sino el sistema de indicaciones (éticas, terapéuticas y embriopáticas) que la ley enjuiciada introducía en nuestro represivo sistema para eximir de castigo penal a la mujer que abortara solo en esos supuestos, sin reconocer vía alguna al aborto libre y en conciencia. En aquella sentencia, en un ejercicio de lo que nuestro malogrado magistrado Tomás y Valiente tildaba de “jurisprudencia de valores”, nuestro Tribunal de varones (¡solo una mujer frente a once varones!) borraba prácticamente a la mujer como sujeto de derechos, ignorando la transcendental importancia que tiene para ella la maternidad libremente escogida. Y anteponía le necesidad de proteger al nasciturus a pesar de que no le reconociera, por no ser persona, la titularidad del derecho a la vida del art. 15 de nuestra Constitución. Con todo, esa vida humana en evolución constituiría un bien jurídico que habría que proteger. Los supuestos de exención de responsabilidad penal se salvaron, con matices, en la STC 53/1985, porque todos suponían una carga o riesgo adicional para la madre, pero del deber de maternidad de toda embarazada se naturalizaba sin más, entre líneas.

Aunque a diferencia de lo que sugiere el valiente voto particular de la magistrada Balaguer, el voto de la mayoría en la sentencia de mayo, si bien no da al traste con el precedente de forma total (cosa que, de forma razonada, le es permitido al Tribunal Constitucional) y sigue defendiendo la obligación constitucional de protección gradual del nasciturus -que describe no como cuerpo de la mujer, sino como “alojado” en él-, sí se aparta radicalmente de él en el sentido de que, ahora sí, reconoce de forma plena la subjetividad jurídica de la mujer en el ámbito reproductivo, como punto de partida, y su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Nuestro tribunal, ni más ni menos, reconoce el derecho fundamental de toda mujer a interrumpir un embarazo no deseado en la etapa temprana del mismo. Y aunque su razonamiento no parte de lo que hubiera debido ser el natural punto de partida -que querer relaciones sexuales no es lo mismo que querer ser madre, y que la biología de la mujer la castiga a ella cuando, con negligencia o sin ella, esas relaciones conducen a un embarazo no deseado-, la sentencia tampoco parte, como hacía el precedente, de la consideración aislada de la vida prenatal como bien jurídico, sino que reconoce que “el embarazo y su continuación o interrupción afectan en primer término al cuerpo de la mujer embarazada, a su proyecto de vida, y forma de estar en el mundo y de establecer todo tipo de relaciones en él (personales, laborales, educativas, culturales y de ocio”).

Por ello, en base al respeto de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de la mujer (artículo 10.1 CE) y de su derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15), la sentencia reconoce que la mujer no puede ser instrumentalizada, que su autonomía en la definición de su proyecto vital debe ser respetada, así como su intimidad en decisiones tan personales, y que no se puede, en definitiva, obligar a una mujer a acarrear con las consecuencias físicas y riesgos psicológicos de un embarazo y parto, por no hablar de los de un aborto clandestino. Y reconoce también nuestro tribunal que, de una lectura del principio de igualdad del artículo 14 a la luz del mandato de igualdad real o material del artículo 9.2 se deriva, una vez que se tiene en cuenta el impacto diferencial de la regulación del aborto sobre las mujeres, el deber que tienen los poderes públicos de garantizar su efectiva vigencia, en términos de acceso real a la prestación, extremo, este último que ha quedado reforzado por la condena y obligación de indemnización por vía de amparo al Servicio Murciano de Salud, por derivar a una mujer a un centro sanitario privado de Madrid para poder allí interrumpir su embarazo. Es decir, no estamos pues hablando únicamente de una libertad en sentido negativo, sino de un derecho prestacional que tiene que ser atendido con eficacia.

¿Y dónde queda el nasciturus? El nasciturus, en esto hay unanimidad entre los magistrados de la sentencia de mayo (cinco de los cuales dictan votos particulares), sigue sin ser sujeto de derechos (solo las personas lo son), pero para la mayoría sigue representando un valor, el de la vida humana como devenir, que merece protección gradual sobre todo en atención al hecho de que en algún momento de su desarrollo es capaz (desde luego más en teoría que en la realidad) de vida independiente fuera del seno materno. Y ese valor de respeto a la vida humana en formación obliga a no trivializar el aborto. Pero como prohibirlo penalmente en la etapa temprana del embarazo ni sirve -las mujeres desde tiempos inmemoriales han hecho prevalecer su derecho natural a decidir sobre sus cuerpos-, ni es respetuoso con su autonomía y libre desarrollo de la personalidad, habría que entender que en esa temprana etapa las medidas de promoción de una sexualidad libre y segura y de planificación familiar, así como las medidas de apoyo a la maternidad, serían la mejor forma de crear las condiciones para que las mujeres no se vieran ante el siempre desagradable trance de tener que abortar. Aún no he conocido a una sola que lo haya disfrutado.

Siendo así, parece que el sistema de plazos no es, dentro de nuestro ordenamiento constitucional, una opción del legislador, sino la única que podría, en realidad, representar el necesario equilibrio y ponderación entre todos los derechos y bienes constitucionales en juego. Y que, contrariamente a lo que pretendieron los votos particulares del sector conservador, el umbral mínimo de protección debida al nasciturus no lo marcan medidas que traten de disuadir, y mucho menos coaccionar, a la mujer, pues tales exigencias serían contrarias a sus derechos fundamentales. Con ello, se auguran malas perspectivas constitucionales a un Vox que quiera devolvernos al sistema de indicaciones o incluso a un PP y un Vox que, de la mano, pretendan someter a la mujer a cualquier forma de coacción que merme sus derechos de autonomía reproductiva. Y como de derechos estamos hablando, nos recuerda nuestro alto tribunal, cualquier derecho a la objeción de conciencia que se reconozca deberá, en tanto que excepción al deber legal necesario para dar satisfacción a un derecho igualmente legal, interpretarse de forma muy restrictiva porque lo contrario sería poner en riesgo la garantía del derecho. 

En este marco es en el que tendrá que moverse una derecha que quiera limitar el derecho al aborto de las mujeres. Esto, o esperar, a tener nuevamente una mayoría conservadora en el TC para resucitar el esquema mental de la madre sin escrúpulos, amenaza existencial frente a ese tercero vulnerable que en ella está alojado y al que hay que proteger a toda costa de sus letales intenciones, esquema que trashuma en el voto de la magistrada Espejel (ya ven, la presencia de mujeres no es garantía de feminismo). Malas madres que se rebelan contra su deber natural de desear por encima de todo, en cualquier momento y a costa de cualquier cosa, ser madre. Malas madres.

No es infrecuente acusar a los hombres de izquierda, y yo desde luego lo he hecho a menudo, de hipocresía. Esa hipocresía que hace que se les llene la boca de valores como la igualdad y la solidaridad y que, sin embargo, traicionan cuando, en la esfera pública, no priorizan debidamente -o incluso, llegado el momento, directamente traicionan- la agenda de la igualdad de género. Y sobre todo, esa hipocresía que hace que, en la esfera privada, sigan reproduciendo esquemas y roles de género que son de todo menos igualitarios o solidarios.

La lectura reciente de Of Boys and Men: Why the Modern Male is Struggling, why it Matters and What to do About it, de Richard V. Reeves (Swift Press, 2022) ha sembrado en mí la duda acerca de si tal vez no sea esa falta de solidaridad y compromiso con la igualdad la única causa por la que la izquierda pueda estar perdiendo parte del voto masculino como expresión de un “si la izquierda se centra demasiado en la agenda feminista en vez de la lucha de clases, la abandonamos”. La duda de si, también desde el feminismo y el progresismo, hombres y mujeres debemos plantearnos de forma más compleja la crisis del hombre moderno.

El hombre moderno está en crisis, nos dice Rees, que centra su libro en datos de EEUU -aunque algunos se refieren también al Reino Unido y a Europa- y en los hombres que se declaran heterosexuales y cisgénero, que, según los datos que cita el autor, siguen representando aproximadamente el 95% de la totalidad. La diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que consiguen hoy un diploma universitario (100 mujeres por cada 74 hombres) representa una diferencia mayor que la que en los años setenta se daba en sentido inverso. Aunque la diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue perjudicando a estas últimas, el nivel de ingreso de la mayoría de los hombres es más bajo ahora de lo que era en los años setenta, mientras que el de ellas, sin ser aún igual, no ha dejado de crecer. Uno de cada cinco padres no vive con sus hijos. Tres de cada cuatro muertes por suicidio o sobredosis son de hombres. Estos son solo algunos de los datos.

En términos de causas profundas, explica Rees que, mientras que el rol de la mujer se ha ampliado y ahora incluye el de ganadora de sustento familiar que compagina con el de cuidadora, el de los padres no se ha expandido en igual medida. Tanto a nivel cultural como de políticas, seguimos anclados en un modelo obsoleto de paternidad que ya no acompaña a la realidad económica de la independencia de la mujer. Ello se traduce en que los hombres están dejando de poder cumplir sus roles tradicionales sin poder desarrollar otros.

Por otro lado, el feminismo ha puesto demasiado énfasis en superar la falacia naturalista según la cual todo lo natural es bueno y es la naturaleza, más que la sociedad o la cultura, lo que determina los roles de género. Este exceso de énfasis está impidiendo que se dé un debido reconocimiento de las diferencias que sí existen entre los sexos y que no están determinadas por la cultura sino por la biología y la evolución. Entre ellas, la mayor proclividad del hombre a la agresividad vinculada a los niveles de testosterona, su menor aversión al riesgo o su mayor proclividad sexual, rasgos estos dos últimos que el autor vincula a la mayor competitividad procreativa entre los machos en todas las especies. Al final, nos recuerda el autor, el comportamiento humano es el resultado de una combinación entre lo determinado por la naturaleza y nuestros instintos moldeados por la biología, la cultura y nuestra agencia individual. Todo cuenta.

El núcleo del libro, y lo que me ha dejado pensativa, es la denuncia de la situación de impasse político ante la crisis de la masculinidad. Según Rees, el sector progresista se niega a aceptar que pueda haber desigualdades de género que afecten y perjudiquen a ambos sexos, y no solo a las mujeres, y suele atribuir demasiado fácilmente todos los problemas que afectan al sexo masculino a la llamada masculinidad tóxica. Los conservadores parecen más sensibles a los problemas que afectan de forma especial a niños y hombres pero solo para justificar la necesidad de volver la mirada atrás y recuperar obsoletos roles de género. La izquierda les dice a los hombres “sé más como tu hermana” mientras que la derecha les dice “sé más como tu padre”, y al final ninguno de estos consejos sirve realmente porque lo que hace falta es una visión positiva de la masculinidad (que vaya más allá de la solidaridad con el feminismo) pero que sea compatible con la igualdad de género.

En concreto, según este autor, la izquierda vendría cometiendo cuatro errores. Primero, la tendencia a patologizar los rasgos naturales de la identidad masculina, recurriendo fácilmente a la etiqueta de masculinidad tóxica. El segundo, el diagnóstico individualista: mientras que el sector progresista ve los problemas que atañen a las mujeres como problemas de naturaleza estructural, los que afectan a los hombres se suelen ver más como el resultado de fracasos individuales. El tercer error sería negar todo rasgo biológico propio de cada sexo desde el axioma de que todas las diferencias sexuales tienen que ser exclusivamente el resultado de procesos de socialización, por miedo a caer en el esencialismo. Por último, defender que la desigualdad de género solo puede ir en un sentido es decir, que solo puede perjudicar a las mujeres.

Necesitamos urgentemente que la izquierda desarrolle políticas que aborden también los problemas de ellos y una agenda de la masculinidad en positivo. Es preocupante que el término masculinidad se use cada vez más de forma exclusivamente negativa, como masculinidad tóxica. Y la tarea es urgente porque los estudios nos dicen que la identidad de género importa. El 43% de los hombres dicen que su sexo es extremadamente importante para su identidad y el 46% afirma que es muy importante o bastante importante que los otros los perciban como masculinos. El problema además es que, como efectivamente hay problemas reales que competen a muchos niños y hombres y están necesitados de solución, si el sector progresista los ignora, la derecha encuentra ahí su nicho de actuación.

Sabemos, en efecto, que gran parte del sector conservador y casi por definición la extrema derecha airea los agravios de los hombres, tanto los que tienen fundamento como los que no, con fines políticos y que lo hacen para generar rabia y descontento, esas emociones, que no razones, que engordan sus filas. Sabemos también, nos dice Rees, que lo que no hacen estos sectores es aportar soluciones adecuadas. Porque si la izquierda comete errores, la derecha desde luego también. Errores como otorgarle una importancia esta vez excesiva al factor biológico a la hora de explicar las diferencias entre ambos sexos. Y sobre todo el error de volver la mirada hacia el pasado en vez de hacia el futuro a la hora de plantear soluciones, apelando para ello al constructo de la familia tradicional y a teorías conspiranoicas que ocultan la realidad de que detrás de la crisis de masculinidad hay cambios estructurales en la economía y en la cultura, y no una intención deliberada de someter al hombre o un ánimo de revanchismo.

La incapacidad de superar este impasse político a la hora de abordar seriamente la cuestión, hace que muchos hombres perdidos acaben encontrando refugio en la manosfera donde los debates sobre algunos de los problemas reales que afectan a niños y hombres, como los relacionados con ciertas dinámicas escolares, el sobrediagnóstico de hiperactividad y déficit de atención en los niños o las tasas de suicidio, conviven con corrientes de pensamientos y propuestas netamente misóginas. Y en este mar de confusión y desorientación se ceban populismos anti-género en el mundo entero al son de dinámicas centrífugas de guerras culturales. Cuanto más la derecha se va a un extremo, más la izquierda se va al otro. Cuanto más la izquierda desecha la relevancia de la biología, más insiste la derecha en ella. Cuanto más se centra la izquierda en reducir el diagnóstico a la masculinidad patológica, más se ceba la derecha en patologizar el feminismo. Que no haya dudas. No se trata de plantear falsas equidistancias. En términos estructurales las mujeres siguen estando mayormente discriminadas y estadísticamente sufren las violaciones más graves y frecuentes de derechos humanos. Pero no encontrar ningún espacio para articular los problemas que afectan de forma específica a los varones les perjudica y aliena y tampoco ayuda a las mujeres que con ellos se relacionan, solo a quienes para manipular se nutren de su frustración. Plantearlo como un juego de suma cero no parece ser la solución. 

Hace unos días anunció su retirada la primera ministra neozelandesa, la señora Jacinda Ardern, quien no se presentará para la reelección en las próximas elecciones de octubre. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, reflexiono y se me antoja, en medio de mis conversaciones con mujeres indígenas líderes del pueblo Wiwa y Arhuaco, que el adiós de Ardern contiene todos los elementos que explican por qué ha sido una líder excepcional y por qué el mundo entero le debe las gracias.

“Ya no tengo suficiente energía para desarrollar el cargo como es debido”, así de simple y ahí va todo. Es así como anuncia su partida haciendo referencia al cansancio asociado al ejercicio responsable del poder. El deseo de priorizar su vida personal y cuidar a quienes la han sostenido hasta ahora. Nada más y nada menos. Una retirada sin escándalos, sin corrupción, sin pérdida de confianza por parte del pueblo que gobierna o de su partido político, más allá del natural desgaste político después de años en el cargo. ¡Qué refrescante adiós! Ardern se va pero pasará a la historia del país, no sólo por su inusual condición de joven primera ministra y madre primeriza, sino por su buen gobierno, su buen manejo de la pandemia y su buena gestión durante los atentados terroristas de Christchurch y la erupción del volcán Whakaari.

Parte de lo que hace que su mensaje, pronunciado desde el corazón, y sus emocionadas palabras calen hondo es que rezuman coherencia con la forma que ha tenido de gobernar. Sin cultivar la ficción de la escisión entre la esfera pública y la esfera privada. Es la misma Ardern que se llevó a su hija recién nacida a la Asamblea General de la ONU; la misma que en chándal se conectaba en redes sociales, después de acostarla, para hablar con sus conciudadanos durante la pandemia. Con todo, su mensaje a muchos nos produce también una cierta tristeza, no solo por la pérdida de una buena gobernante, sino porque sospechamos que detrás de la decisión se esconde la dificultad de afrontar los prejuicios de género que sabemos que ha sufrido y, sobre todo, de compatibilizar la responsabilidad del cuidado (propio y ajeno) con el ejercicio del liderazgo político. La dificultad en este mundo de esferas separadas que obliga a las mujeres a vivir en esa esquizofrenia que produce el tener que demostrar permanentemente que sí se puede ser a la vez mujer, madre y autoridad en un espacio público construido sobre la ficción de la autonomía en vez de sobre la realidad de la interdependencia. Se ve que se puede, con mucha dificultad, y solo por un tiempo. Nada nuevo bajo el sol: la resistencia al liderazgo femenino, los estereotipos de género y los problemas de conciliación familiar están en la base de la infrarrepresentación de las mujeres en el poder (Through the Labyrinth: The Truth About How Women Become Leaders de Alice Eagly y Linda Carli, Harvard University Press, 2007).

Si la ciudadanía neozelandesa y mundial tienen motivos para agradecerle su gestión, las mujeres y masculinidades no hegemónicas tenemos que agradecerle además su ejemplar forma de liderazgo. Porque invita a una reflexión profunda acerca de cómo concebimos la función de líder y valoramos las habilidades y disposiciones necesarias. Su testimonio nos habla de espíritu de servicio público, de dedicación intensa y capacidad de renuncia, desde la empatía, la humildad, la escucha, el reconocimiento del esfuerzo colectivo y aportando no solo conocimientos técnicos sino experiencias vitales que hayan permitido desarrollar nuestra capacidad para conectar con el otro entre las que la primera ministra cuenta con la de haber trabajado en un comedor comunitario. Empatía es rebajar el sueldo propio y del equipo de gobierno cuando el país atraviesa dificultades económicas. Empatía es cubrirse la cabeza con un hiyab y abrazar en público a los familiares de las víctimas de un atendado islamófobo. Sobre todo, cuando estos gestos, lejos de ser meras formas, vienen acompañados de una agenda política que prioriza el cuidado en todas sus formas. Desde la sostenibilidad ambiental, los derechos de los menores y de las mujeres, al control de armas y la promoción de la paz. 

La utopía está servida: ¿y si todos los gobernantes del mundo, hombres y mujeres, tuvieran una forma de entender el liderazgo político similar a la de Ardern en vez de ser, muchos de ellos, personas con un alto grado de asertividad, pero también, según nos dice la ciencia, de narcisismo y de psicopatía, pues es este el perfil que muchas veces identificamos como persona carismática y escogemos para liderar? (Chamorro Premuzic, Why do so many incompentent men become leaders?, Harvard Business Review Press, 2019)? ¿Tendríamos entonces personas menos adictas a un poder concebido en clave de conquista, estatus y recursos para seguir acumulando más?  ¿Se buscarían formas de que el servicio público y la responsabilidad en el cuidado fuesen más compatibles? Y, en último término, ¿veríamos a más líderes retirarse de su cargo con la candidez y la humildad que supone el reconocer, no una derrota, no una incapacidad, sino simplemente el natural agotamiento humano, la posibilidad de que otras personas menos exhaustas puedan cumplir mejor con la responsabilidad que implica gobernar? 

No, Señora Digneri Angélica Izquierdo, Cabilda de Aty Kwakumuke. No me extraña lo que me cuenta. No me extraña que, para serlo, Vd. haya tenido que consultar primero y contar con el apoyo de su familia; que haya tenido que superar esa cultura que le dice que cuando las gallinas cantan hay que cortarles la cabeza para recordarles que no son gallos; que haya tenido que exhibir su linaje y sus saberes, por ser hija de mamo (líder espiritual), para ganarse el respeto de los otros líderes varones; que haya tenido que alegar la extraordinaria fuerza de las madres solas cuando al convertirse en una los hombres de la comunidad le decían que no podía sostenerse una silla sin todas sus pata. Ni que desde su buen gobierno, y en diálogo con toda la comunidad, sienta que está ganándose el respeto por lo que ha supuesto crear una Casa de Gobierno que funde justicia ordinaria y justicia propia para abordar, desde el deseo de armonía comunitaria, mejores formas de responder a la violencia, en diálogo con la madre tierra y priorizando las necesidades de los más vulnerables. Déjeme, Señora Cabilda, que le cuente más de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y ojalá que ella también tenga un día el privilegio que he tenido yo de conocerla y que Vd. también le pueda contar. 

Cuando en su día tuve la ocasión de entrevistar a la icónica jueza Ginsburg, no pude resistirme a la pregunta: ¿qué diferencia podía hacer a fin de cuenta que hubiera mujeres entre los nueve magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Me ahorré la pregunta de cuál sería, a su juicio, el número ideal, porque sabía que en otras ocasiones la había respondido en tono provocador: “¡Nueve!”, había dicho la jueza, entiendo que con la intención de asombrar y de al mismo tiempo provocar reflexión en torno al asombro. ¿Por qué durante tanto tiempo -la Corte empezó a funcionar en 1790- no hubo ni una sola mujer (la primera, la jueza O'Connor, sería nombrada por Reagan en 1981) sin que se hubiera puesto por ello su legitimidad en juego?

En su respuesta, llena de anécdotas, la menuda jueza se refería a varias razones y anécdotas. Desde lo frágil y pequeña que se sentía, sola entre ocho varones grandullones, después de que la única otra jueza en la Corte, la citada O'Connor, se retirara y antes de que se unieran las juezas Kagan y Sotomayor, hasta la satisfacción que le producía que los niños y niñas que visitaban la Corte se pudieran ver “reflejados” en ella. Desde la importancia que el acceso de las mujeres tuvo para adecuar reglas tan triviales como las pertinentes al uso de los baños públicos hasta las reglas de etiqueta del tribunal (nótese, aún hoy Sotomayor sigue en cruzada personal contra el “manterrupting” que experimenta tratando que sus compañeros varones dejen de interrumpir a las mujeres en la Corte cuando hablan).

La jueza se refería también a cómo, en algunos casos, su experiencia de vida, como mujer y como abogada feminista litigante, había contribuido de forma innegable a su forma de entender los hechos y las normas en juego, logrando a veces convencer a sus colegas varones para que adoptasen una perspectiva distinta.

Mientras escribo estas líneas acaba de anunciarse que se ha dirimido quién habrá de ocupar la presidencia del Tribunal Constitucional español. La disputa estaba entre dos magistrados del sector progresista, el magistrado Conde-Pumpido, que ha sido finalmente elegido, y la magistrada Balaguer. De haber logrado la presidencia Balaguer, el Tribunal Constitucional español habría logrado su segunda mujer presidenta (la primera, María Emilia Casas Baamonde, ocupó el cargo de 2004 al 2011; la primera magistrada del Tribunal fue nombrada para el primer mandato en 1981, pero el segundo nombramiento femenino no ocurrió sino hasta 1998 y hasta la fecha éste nunca ha tenido más de tres mujeres). Habría sido por tanto la primera vez que la presidencia femenina coincidiera con una composición casi plenamente paritaria del Tribunal (con cinco magistradas frente a siete varones) y la primera vez que la persona a cargo de la presidencia priorizara de forma tan articulada la relevancia de la perspectiva de género a la hora de interpretar la Constitución, tanto en su vida académica precedente como en su labor judicial, como puede comprobar cualquiera que lea algunos de sus votos disidentes en los últimos años. Balaguer no solo no ocultaba este hecho, sino que precisamente insistió en él para no renunciar a la candidatura frente a quienes la exhortaban a que lo hiciera en aras de la unidad del ala progresista por ser ella la candidata que contaba con los apoyos de los magistrados del ala conservadora, ala que aludía a su carácter conciliador y empático en su defensa.

En todo caso, el relato se presta bien a una lectura de género. Vaya por delante que no he tenido el gusto de conocer personalmente a ninguno de los candidatos en contienda. Pero no deja de resultar significativo que el ala progresista le pidiera que se apartase a quien precisamente preconizaba como elemento central de su mandato la importancia de priorizar el principio de la igualdad y la perspectiva de género en vertiente sustantiva en la hermenéutica constitucional. Quienes sepan de la lucha por la conquista del sufragio femenino no se sorprenderán de ver que las mujeres no siempre se unen para priorizar su causa, o a la izquierda pidiendo a la mujer que se sacrifique por una causa mayor y, por otro lado, a la derecha apoyando a la mujer por razones estratégicas, aduciendo además razones relativas a su supuesto talante, que ignoro si sean ciertas o no en el caso concreto. Lo que sí se sabe es que los estudios de psicología social y de la empresa avalan el mejor liderazgo de las mujeres por su mayor capacidad de escucha, empatía y trabajo en equipo. 

En todo caso, lo cierto es que, como nos recordaba la jueza Ginsburg, tanto la composición cuasi-paritaria del Tribunal Español como su presidencia femenina y feminista importan. E importan más allá de que la justicia se pretenda con los ojos vendados. Importan, si es que los estudios de liderazgo están en lo cierto, y Balaguer prometía un Tribunal más transparente y dialogante con la sociedad y los medios de comunicación. Importan, si es que queremos que el Tribunal no solo actúe de forma correcta sino que disfrute de esa legitimidad social que flaquea cuando su composición es demasiado homogénea, no solo, pero también, en términos de género. E importan, porque la justicia que dicte el Tribunal sería presumiblemente algo distinta, y, en la medida en que la presidencia importe (voto de calidad, rol de asignación de las ponencias…), podría contribuir a marcar esa diferencia. 

Mi alumnado de primero de constitucional se resiste a la idea cuando de entrada le hago la pregunta que le hice a la jueza Ginsburg. Luchan por entender cómo puede importar el género si la justicia debe ser imparcial. Es solo cuando avanzamos en el curso y se familiarizan con algunas de las sentencias, por citar solo algunas históricas, que ha dictado el tribunal, cuando ven de forma práctica que sí hace diferencia. Sentencias dictadas por tribunales de varones (con una o ninguna mujer entre los 12), como la STC 53/1982 sobre el aborto, en la que la posición jurídico-constitucional de la mujer embarazada apenas merece reflexión en el voto de la mayoría. O la 126/1997 de los títulos nobiliarios, en la que el Tribunal Constitucional le corrige la plana al Tribunal Supremo para afirmar que el orden de prelación que favorece al varón en la sucesión a los títulos nobiliarios no discrimina contra la mujer (¡el remedio vendría años después de mano de legislador!). O aun aquella (la STC 117/1994) en la que el Tribunal deniega el amparo a Ana Obregón (a fin de cuenta se trata solo “de burdas alabanzas a tus cualidades físicas”, mujer, ¿qué pretendes? ¡Si ya se ha visto lo que se tenía que ver!…) cuando ésta pretende revocar el consentimiento para que no se publiquen en la revista Play Boy imágenes acompañadas de comentarios que la recurrente considera degradantes, siendo que su consentimiento inicial para la publicación de las imágenes se había limitado a una revista de carácter bien distinto.

Sus señorías: importa porque los hechos son siempre interpretables, también cuando deben ser subsumidos en normas jurídicas que, por lo demás, y más aún las de naturaleza constitucional, contienen conceptos vagos o indeterminados. Importa, porque los derechos non son absolutos y, además, pueden entrar en colisión entre sí, de modo que para decidir si pueden ser legítimamente limitados o cuál debe prevalecer hay que emitir juicios acerca de la importancia relativa de cada uno de los intereses públicos en liza. Importa porque existen distintas teorías acerca de la interpretación constitucional, y unas ponen mayor énfasis en una interpretación evolutiva y teleológica que se hace eco de los avances en materias de igualdad que reclama la sociedad en su conjunto.

Importa porque desafortunadamente hubo padres, y no madres, de la Constitución Española mayoritaria o exclusivamente (según si por tales entendemos los ponentes que redactaron el texto o todos los que ocuparon escaños en unas Cortes constituyentes en las que mujeres representaron el 5,5% de los miembros del Congreso de los Diputados y el 2,5% del Senado). Y en este sentido, es solo a través de la reforma constitucional (eternamente postergada pese a su urgente necesidad, véase Itziar Gómez Fernández,

Una Constituyente feminista: ¿Cómo reformar la Constitución con Perspectiva de Género?) y de la interpretación constitucional como cabe sumar las voces de “madres constituyentes”. Importa, en fin, porque hay ya mucha ciencia que avala que esos mismos rasgos que hacen que las mujeres ejerzan su liderazgo de forma distinta determinan que, con frecuencia, también juzguen de manera ligeramente distinta, haciendo menos uso de la abstracción y el formalismo, contextualizando mejor la problemática y siendo más sensible a los riesgos de interpretaciones hegemónicas que repliquen los patrones de dominación que se esconden en el derecho y en la sociedad, legado del sistema patriarcal y sus ancestrales privilegios.

La suerte está echada y no ha salido elegida Balaguer. Aun así hizo bien en resistir y dar la batalla porque sin dar la lucha nunca llegará el momento de la mujer en el poder, ni el de la priorización de la equidad de género en la labor interpretativa. Por supuesto, nada impide que bajo una presidencia de Conde-Pumpido se avance en este sentido, y seguramente la elección de Montalbán a la vicepresidencia sea un guiño en esa dirección. Pero que a nadie se le escape que se ha perdido una ocasión única: se alinearon los astros y a nuestro histórico “tribunal de varones” se le prestó la ocasión de plantearse de forma más radical su modus operandi.Esa ocasión se ha perdido. Pero más que nunca el punto de mira está puesto en que, con presidente, o presidenta, el Alto Tribunal lo haga de forma decidida.

Pasan los días y las semanas desde que finalizara mi estancia como profesora invitada de la Universidad de Nueva York y regresara a Sevilla y por ello me he encontrado con frecuencia resumiendo a amigos y compañeros cómo ha sido la experiencia y cómo me he encontrado allí. En los meses pasados he tenido la ocasión de compartir con mis lectoras algunos de los episodios de esta fascinante aventura, pero me doy cuenta de que al final lo que queda, lo que penetra, son esas sensaciones del ambiente, esas que acabaron haciéndose parte de la cotidianidad y que, como el aire que respiras, vas normalizando y solo cuando cambias de aire cobran su verdadera dimensión.

Si tuviera que destacar una de las sensaciones que se incluyen dentro de esta categoría, me quedaría, desafortunadamente, con la sensación de inseguridad. Por supuesto parte de esa sensación no se debe a las circunstancias específicas de la ciudad. La pandemia, los estragos del cambio climático y la volatilidad del sistema económico y político hacen que la inseguridad se haya tornado en una condición casi ontológica del ser en las democracias avanzadas. Pero a eso, desde luego, habría que añadirle el made in New York.

No exagero si digo que prácticamente todas las semanas ahí estaba el correo en la bandeja de entrada “NYU safety alert” y luego la descripción del incidente en el campus, en pleno barrio del Village, por lo general algún tipo de robo, magreo o empujón, y del individuo agresor: “male presenting, dark complexioned, 5'8”, 170 pounds, wearing a navy hoodie and dark washed jeans“ decía uno de los mensajes enviados a la comunidad universitaria en cifrado, eso sí, siempre políticamente correcto. Y así, hasta el siguiente correo anunciando un nuevo incidente que tardaría en llegar solo unos días, me sorprendía a mí misma buscando entre los viandantes con los que me cruzaba a alguno que encajara en el perfil descrito, y esquivando el lugar preciso de los hechos.

¿Prejuicios raciales? ¿Aporofobia? ¿Yo que he hecho de mi profesión el ayudar a combatirlos? ¿Pero cómo ignorar los correos electrónicos y las noticias de la prensa?

Esquivar de forma permanente es también lo que hacía en mis largos paseos por Manhattan, esos paseos acompañados de ese otro elemento que también se hizo parte del aire que respiraba: el omnipresente olor a marihuana cuyo consumo fue legalizado el año pasado. Esquivar una y otra vez a esas personas, tiradas por la calle, sin techo, a veces con sus pertenencias apiladas en alguna esquina; a esas personas reclinadas en los vagones del metro, adormiladas, o con la mirada perdida, ocupando varios asientos, o entregadas a impenetrables soliloquios a veces apenas un murmullo, a veces en tono estridente y mesiánico. A esas personas que con mucha frecuencia, aunque no siempre, eran “male presenting, dark complexioned”. Me mortificaba hacerlo, verme cambiando una y otra vez de acera o del lado del vagón. ¿Prejuicios raciales? ¿Aporofobia? ¿Yo que he hecho de mi profesión el ayudar a combatirlos? ¿Pero cómo ignorar los correos electrónicos y las noticias de la prensa? ¿Cómo ignorar la posibilidad de que precisamente fueran personas justamente así las que de buenas a primera se decidieran a arrojar a alguien sobre las vías, como, durante mi estancia allí, sucedió en más de una ocasión, o sacaran una pistola y se pusieran a disparar a bocajarro, como también ocurrió?

Durante todos estos meses he seguido con atención el problema de las personas sin techo en la ciudad y los problemas de escasez de vivienda pública, desempleo, enfermedad mental e inseguridad de los refugios para las personas sin techo que los hacen poco deseables, problemas que se encuentran en la raíz del problema. Estos no han hecho sino agravarse con una pandemia que ha mermado de sobremanera el número de camas disponibles en hospitales públicos que durante meses han visto entrar por una puerta y salir por otra y a distancia de pocos días a las mismas personas con los mismos problemas crónicos de salud mental tras una intervención de emergencia, un mero apaño para estabilizarlos.

Pienso que con demasiada frecuencia las políticas de limpiado de zonas mediante la creación de lugares en los que se concentran geográficamente las realidades que no queremos ver sirven para eximirnos de la invitación a la toma de conciencia social

Durante estos meses he contemplado también la creciente frustración del alcalde de la ciudad, Eric Adams, ante el incesante aumento de la violencia criminal. El que antes de ser elegido alcalde fuera durante dos décadas oficial de policía, y el que durante su campaña electoral prometiera abordar la crisis de seguridad de la ciudad, adoptando un concepto amplio y profundo de seguridad, es decir, invirtiendo en educación, en empleo y en salud. No parece haber faltado del todo a su promesa, y en su desempeño del cargo Adams está apostando por medidas para abordar la escasez de vivienda, de empleo y de servicios de salud mental. Y, sin embargo, también ha recurrido a aumentar el presupuesto y el control policial, lo que no ha quedado exento de críticas por sus reverberaciones con las polémicas políticas de seguridad a través de medidas de justicia penal adoptadas en los 90.  Políticas para “limpiar” la ciudad y el metro y así impedir lo que ya es una realidad palpable: el hecho de que cada vez sean menos las personas que acuden a ciertas zonas o usan el transporte público y cada vez más las que se refugian en el teletrabajo, mermando así la economía del pequeño comercio nutrida hasta hace bien poco de miles empleados y estudiantes.

Por lo que a mí respecta, no logro resolver los dilemas que las distintas opciones encierran. Por un lado, constato que no es agradable vivir en permanente sensación de alarma, cuando la realidad de la pobreza y la marginalidad visibles se asocian a la posibilidad de riesgo y me cuesta por ello condenar sin más a quienes vi manifestándose en su barrio de Chinatown para evitar que en él se construyera uno de los tres nuevos centros de refugio proyectados para la ciudad por miedo a que aumentara la criminalidad o a que se espantara el flujo de personas y turistas.

Por otro lado, pienso que con demasiada frecuencia las políticas de limpiado de zonas mediante la creación de lugares a los que se traslada y en los que se concentran geográficamente las realidades que no queremos ver sirven para eximirnos de esa llamada de atención e invitación a la toma de conciencia social que de otra forma supone el convivir visiblemente y en interacción diaria con la pobreza, la exclusión social y la marginalidad que genera el sistema de forma estructural. Pero lo que más miedo me da es la posibilidad, ligada al propio instinto de supervivencia, de que nos acabemos acostumbrando y normalizando esa realidad, como si de una parte inevitable del escenario se tratara, y de que por ello, al final, esa realidad sea incapaz de despertar nuestra conciencia moral.

Pasear con los bolsillos llenos de billetes de un dólar y obligarme al contacto visual fue mi táctica de supervivencia moral, mi forma de obligarme a ver, en vez de apartar la mirada, y de atender a quienes buscaban interacción a través de la mendicidad, pero ni aun así logré superar el instinto de esquivar a quienes ya ni eso buscaban y yacían inermes, evadidos, silenciados o enredados en indescifrables monólogos por las esquinas de los bloques de apartamentos y los vagones del metro.

Por mucho que ya en diciembre de 2021 la audiencia del caso me permitiera vaticinar los peores presagios, y por mucho que el filtraje del borrador de la sentencia confirmara los tristes augurios y me condujera, como a miles de ciudadanas, a tomar las calles de la Gran Manzana, la sentencia Dobbs contra Jackson Women´s Health Organization que anula el derecho al aborto en EEUU me ha sentado como una patada en el estómago.

Ya de regreso a Sevilla, deambulo por la ciudad, parque de María Luisa en vez de Quinta Avenida, y se me pone un nudo en la garganta al pasar por la puerta del Rectorado y recordar cómo en 1992 un entusiasmado Javier Pérez Royo, por entonces rector de la Universidad de Sevilla, me prestó siendo yo aún estudiante un libro que acababa de leer y que narraba la historia del caso Roe v. Wade (1973), el precedente que reconoció el derecho a abortar y que acaba de ser anulado. Para explicar la dimensión sísmica de lo ocurrido basta con tener presente que Roe v. Wade es, sin lugar a duda, una de las sentencias más famosas de toda la historia del constitucionalismo americano. Una de las pocas que, junto a Brown v. Board of Education (1954) que abolió la segregación racial, prácticamente todo ciudadano y ciudadana americana es capaz de identificar. En definitiva, un elemento esencial de la cultura constitucional popular.

Pues bien, Roe v Wade ha muerto, a manos de la Corte que, sin duda, será recordada como la Corte de Trump por el hecho de que el mandatario lograra nombrar, tramposamente, a nada menos que a tres jueces conservadores de los seis que ahora tienen la mayoría. No he podido unirme al cortejo de las miles de mujeres volcadas en las múltiples manifestaciones, ni al de los miles de ciudadanos que, en el mítico desfile neoyorquino del Orgullo, lamentaban, solo un par de días después, el ataque a la autonomía reproductiva de las mujeres al tiempo que expresaban su preocupación, a mi juicio fundada, de que el salto al vacío que propicie la nueva Corte se lleve también por delante otros derechos sexuales y reproductivos.

Más allá de gestos de carácter simbólico, lo cierto es que Biden y los demócratas carecen de una mayoría suficiente que les permita aprobar una ley federal que permita otorgar a nivel legislativo y nacional lo que se acaba de perder a nivel constitucional

En Estados Unidos, los efectos inmediatos no se harán esperar y no harán sino reforzar de forma nítida la polarización y división del país. Más allá de gestos de carácter simbólico, lo cierto es que Biden y los demócratas carecen de una mayoría suficiente que les permita aprobar una ley federal que permita otorgar a nivel legislativo y nacional lo que se acaba de perder a nivel constitucional. De ahí que la ciudadanía estará a lo que decidan las mayorías políticas de cada Estado. Se espera que la mitad de ellos prohíban o restrinjan sobremanera el derecho al aborto (de hecho 13 ya tienen leyes aprobadas en ese sentido, leyes que estaban únicamente a la espera de la muerte de Roe v. Wade para entrar en vigor) mientras que en los Estados demócratas el acceso al procedimiento no se vea prácticamente afectado pues las leyes estatales suplirán el derogado derecho constitucional. En términos reales, estamos hablando de que pagarán con sus vidas, con su salud, con sus proyectos de vida truncados, las que siempre pagan cuando las soluciones pasan por el acceso a la información, a la educación, a los servicios de salud o por desplazamientos costosos, en caso de que todo lo demás falle. Estamos hablando de la población de mujeres negras, de las indígenas, inmigrantes, jóvenes y, en general, de las ciudadanas con menos recursos.

En el resto del mundo también habrá consecuencias. En España, solo dos días después, miles de personas se manifestaban en contra de la ley del aborto en la plaza de Colón de Madrid, en el acto final de la concentración organizada por varios colectivos ultracatólicos. El mensaje era claro: la muerte del derecho al aborto en un país como EEUU, donde llevaba casi 50 años constitucionalmente consagrado, solo podía quería decir una cosa: que a la hora de atacar los derechos de las mujeres ninguna causa está total y definitivamente perdida. Basta insistir. Esperar. Montar inteligentes estrategias. Recaudar fondos para desarrollarlas. Y entrar a matar en el momento oportuno. Tal vez por eso mismo, en otras áreas geográficas la reacción haya sido justamente la contraria. La prensa recoge en estos días cómo Macron pero también Melenchon plantean en Francia la necesidad de constitucionalizar en derecho al aborto para protegerlo de posibles mayorías parlamentarias contrarias al mismo.

A medio y largo plazo las repercusiones pueden ser mucho más amplias. Y ello por la técnica interpretativa y el razonamiento que sigue la Corte Suprema estadounidense en Dobbs, el llamado originalism (teoría de la interpretación que conmina a interpretar los preceptos constitucionales a la luz del significado que quisieron darle sus creadores o, en todo caso, que pueda derivarse del contexto del momento histórico de su adopción). Un originalismo que se contrapone a las teorías que defienden la necesidad de interpretar la Constitución como un organismo vivo o siguiendo un criterio teleológico, es decir, adaptando los principios y normas que contiene y los valores que los inspiran a las exigencias de cada momento, en función de los avances sociales.

El problema es también que el juez se retrotrae a un momento histórico como contexto interpretativo relevante en el que las mujeres carecían del derecho al sufragio, a la propiedad, y podían ser impunemente violadas dentro del matrimonio

Si decantarse por una u otra forma de interpretación constitucional puede tener consecuencias en todos los sistemas constitucionales. En EEUU, con un texto constitucional de fines del XVIII, las consecuencias pueden ser catastróficas para ciertos segmentos de la población. En Dobbs por ejemplo, el juez Alito encargado del voto de la mayoría, a la hora de desechar la lectura de la decimocuarta enmienda ratificada en 1868 para lidiar con los efectos de la abolición de la esclavitud en la que se había asentado Roe v. Wade (al afirmar que el concepto de libertad al que la enmienda se refiere debía abarcar implícitamente el derecho a la intimidad y, como expresión del mismo, el derecho a abortar hasta el momento de viabilidad del feto), se refiere al hecho de que la decimocuarta enmienda fue adoptada en un momento en el que una campaña en contra del aborto recorría todo el país y muchas leyes estatales de hecho lo prohibían. De ahí, argumenta Alito, que no quepa siquiera argumentar que tal derecho al aborto, aunque no explicitado, pueda entenderse avalado por “la historia y las tradiciones” del país, que es el estándar que propone para decidir qué derechos no explicitados han de incorporarse al acervo constitucional. El problema es que, como afirma la profesora de Yale Reva Siegel, en The Washington Post, las leyes de las que habla Alito eran leyes que respondían al deseo de imponerle a las mujeres obligaciones de maternidad, entre otras, para proteger el carácter etno-religioso de la nación. El problema es también que el juez se retrotrae a un momento histórico como contexto interpretativo relevante en el que las mujeres carecían del derecho al sufragio, a la propiedad, y podían ser impunemente violadas dentro del matrimonio. La pregunta está servida: ¿por qué ha de ser determinante, a la hora de interpretar hoy el alcance de un precepto constitucional, un orden y una concepción del mundo que simplemente negaba el derecho a la igual ciudadanía de las mujeres tal y como marcaba un contexto jurídico conformado por normas que solo los varones blancos tenían el privilegio de definir?

Lo que vale para las mujeres vale para muchos otros ciudadanos, minorías raciales o sexuales, que tampoco contaron con el estatus de igual ciudadanía en el momento fundacional de adopción del texto constitucional o de sus diversas enmiendas. Es cierto que, de entre los jueces conservadores, solo uno, el juez Clarence Thomas, tiene la osadía de llevar el argumento a sus últimas consecuencias en su voto concurrente. Los demás tratan de contener las reacciones afirmando que la sentencia se limita al derecho al aborto. Pero si cae Roe, porque fue mal precedente y porque la decimocuarta enmienda no podía interpretarse como se hizo para reconocer el derecho al aborto, ¿por qué no habrían de caer otros derechos que también ha reconocido la Corte Suprema a lo largo de su andadura como implícitamente asentados en los principios de igualdad y de libertad a los que la enmienda se refiere, como son el derecho a tener relaciones con personas del mismo sexo, a usar anticonceptivos o a contraer matrimonio con personas de distinta raza o igual sexo? A fin de cuentas ninguno de estos derechos estaban en la mente del legislador de 1868 ni pueden reclamarse como inherentes a la “historia y tradiciones” del país. El voto particular de los tres jueces del sector progresista (Breyer, Sotomayor y Kagan) advierte de lo que está por venir. No se engañen, señoras y señores, no será la autonomía reproductiva de las mujeres lo único que se inmole en el altar de la familia tradicional americana en el que reza la mayoría conservadora de la Corte. ¡Agárrense, que vienen curvas!

El martes 16 de este mes de mayo, el Empire State se vistió de morado. Por lo que se ve, lo hace una vez al año, por estas fechas, para celebrar la graduación de los egresados de la Universidad de Nueva York aunque, por culpa de la pandemia, llevaba desde mayo del 2019 sin hacerlo. En realidad, todo el Village se viste de morado, el color de NYU. Y así llevo días contemplando a estudiantes ataviados con sus birretes y túnicas fotografiándose en Washington Square Park o frente a los múltiples edificios propiedad de esta opulenta universidad, muchos de ellos del brazo de familiares venidos desde cualquier parte del mundo solo para la ocasión y con un claro predominio, entre los extranjeros, de estudiantes asiáticos.

De las 34 ceremonias de graduación organizadas en 11 lugares distintos de la ciudad, y con la colaboración de un ejército de 450 voluntarios para celebrar este rito de paso de 54.000 estudiantes (juntando, eso sí, las promociones de 2020, 21 y 22), la que trascendió a la prensa española fue la ceremonia del miércoles 17 de mayo. No me extraña. Era la graduación más masiva por ser la de los estudiantes de college, y tenía lugar en el Yankee Stadium. Además, se le concedía un doctorado honoris causa, entre otros, a Taylor Swift, en palabras de Andrew Hamilton, el presidente de NYU, por su talento, su arte, su lucha contra la discriminación y su labor en defensa de todas las artes.

¡Usen el Derecho! Para garantizar las sanciones, para proteger a los refugiados, para perseguir los crímenes de guerra, transformar instituciones internacionales obsoletas…

“¡Hay que ver cómo son estos yankees!” fue el comentario de mi pareja que encontré al despertar en el whatsapp en reacción a lo que en prensa había leído sobre lo de la ceremonia de graduación y lo de Taylor Swift. Y lo clavó. Porque realmente, en esta ceremonia, se sintetizan bien algunos de los mejores y de los peores elementos de su cultura y de su sistema educativo. De ahí la ambivalencia, mezcla de fascinación y horror, con la que lo viví todo.

No fue esa ceremonia, sin embargo, a la que asistí yo, sino a una oficiada por el decano de la Escuela de Derecho, Trevor Morrison, nada menos que en el Hulu Theater del Madison Square Garden, al día siguiente. Perderme, no quería perdérmelo, así que allí estaba yo en el cortejo de profesores, con mi toga y mi birrete, todos descendiendo ceremoniosamente tras la banda de gaiteros por el pasillo central de ese enorme teatro, bajo los focos y ante la mirada respetuosa de cientos y cientos de personas, entre estudiantes de Derecho y familiares, con paso sereno y sobrio. Y ahí estaba yo también, sobre el escenario emocionándome con las distintas alocuciones. La del decano Morrison, aleccionando al estudiantado a que, en algún momento de su recorrido profesional, se dedicara al sector público y pusiera sus conocimientos adquiridos al servicio del bien general. La del invitado para dar el discurso de honor, el profesor Adam Bodnar, antiguo defensor del pueblo polaco y conocido defensor de derechos humanos, instruyéndonos sobre las múltiples formas en las que los conocimientos jurídicos resultan sumamente útiles en el contexto de las varias crisis que nos rodean: la climática, la de la amenaza a los derechos de las minorías, la de la invasión de Ucrania. ¡Usen el Derecho! Para garantizar las sanciones, para proteger a los refugiados, para perseguir los crímenes de guerra, transformar instituciones internacionales obsoletas… Una oda a la responsabilidad, a la solidaridad, y a la valentía.

Hay cosas que se transmiten por el estómago, y el corazón, y la piel, y no solo por la mente, y eso pasa por emocionar y por inspirar. Y porque la educación siempre y necesariamente lo es en valores y no solo en contenidos

Siempre me han gustado los rituales y las ceremonias. Su dimensión espiritual. Su invitación a trascender. Y pienso que en estos tiempos de postverdad y de campañas de desinformación, en los que cuentan más el número de likes y seguidores que las horas de estudio o las publicaciones, los rituales académicos -algunos de viejísima data- tal vez tengan más sentido que nunca. El estudio, el conocimiento, el esfuerzo, la reflexión pausada, el espíritu crítico, todo lo que debe fomentar la mejor academia merece ser ritualmente celebrado, y, la verdad, “los yankees” lo saben hacer mejor que nadie.

Porque hay cosas que se transmiten por el estómago, y el corazón, y la piel, y no solo por la mente, y eso pasa por emocionar y por inspirar. Y porque la educación siempre y necesariamente lo es en valores y no solo en contenidos. Así que felicito al Presidente Hamilton por incluir, además de académicas y líderes de transformación social, a la señora Swift entre los premiados, pues, en un lenguaje cercano y directo habló de cosas y transmitió mensajes que también se llevarán los egresados de NYU como parte de su periplo formativo. La importancia de encontrar una pasión y perseguirla con entusiasmo, el saber aprender de los errores, el valor de la perseverancia y el esfuerzo, la necesidad de saber convivir con el pánico y a la vez la enorme excitación inherentes a la libertad del ser humano, la importancia de saber respirar y también la de aprender a desprenderse de cosas.

Cada año de estudios le cuesta a esos alumnos de Derecho unos 110.000 dólares con alojamiento; (...); que el salario del presidente Hamilton es de unos dos millones de dólares año; que muchos estudiantes se endeudan para poder acceder a los estudios

Y sin embargo, mientras -acabados ya los discursos asistía yo en el Teatro del Madison Square Garden al desfile de los cientos de estudiantes que, de dos en dos accedían al escenario, al oír sus nombres, para que los profesores, por turno, les fuésemos colocando el pañolón que completaba su atuendo- no podía dejar de contemplar, tal vez presa a ratos del tedio, el desfile de sandalias de muchas de las estudiantes. Sandalias de muchos cientos de dólares: Jimmy Choo, Bottega Veneta, Valentino…. Y entretenida en lo que por un momento se convirtió en un mini-desfile de moda, no podía dejar de pensar en algunos de los hechos y de las cifras que durante mi estancia aquí he aprendido: que cada año de estudios le cuesta a esos alumnos de Derecho unos 110.000 dólares si se incluye alojamiento; que en su mandato de nueve años el decano Morrison ha batido récord en su campaña de recaudación de fondos consiguiendo más de 540 millones de dólares del sector privado y antiguos alumnos para la Escuela de Derecho; que el salario del presidente Hamilton es de unos dos millones de dólares al año; que muchos estudiantes se endeudan por años para poder acceder a estos estudios, de forma que, al concluir, no pueden en realidad permitirse lo de dedicarse a sectores poco lucrativos sino que tienen, por el contrario, que buscar la oferta más ventajosa, siempre en el sector privado, para ir poco a poco saldando deudas; y hasta que se ha estado popularizando en los últimos años la moda de buscar, app mediante, a “sugar daddies” o “sugar mommas”, como estrategia de financiación de los estudios, es decir, una forma de prostitución.

El que en el contexto universitario este despliegue de opulencia, que es también la ceremonia de graduación de las universidades de élite de este país, se pueda dar sin rubor y acompañado de discursos que apelan a lo más noble del sentimiento humano, como la justicia y al valor del esfuerzo individual y la perseverancia, es solo el reflejo de la profunda convicción de que existe una igualdad de oportunidades como punto de partida, y que, cualquiera, también una Taylor Swift, sin padrinos, ni pedigrí puede llegar a donde se lo proponga. The American Dream. ¡Qué pena que las cifras y los hechos que acabo de mencionar parezcan hablar de otra cosa, y que también lo hagan las personas sin techo del Village que pasan sus días (y muchos también sus noches) en Washington Square y sus calles aledañas, a solo unos metros del lujoso ático en el que habita la familia Hamilton, sin que aparentemente les importe ni mucho ni poco que en esos días el barrio se vista de morado. 

En estos meses neoyorquinos en los que el bicho tiene alterados los patrones de socialización de la ciudad, ya de por sí complicados, me he aficionado a las audionovelas. Y fue así cómo venía yo el lunes descendiendo por la quinta avenida, desde la maravillosa sede de la biblioteca pública de Nueva York en la 42, escuchando A room of one´s own de Virginia Woolf, justo después de haberme detenido a contemplar el bastón que usó la escritora y que apareció flotando el día de su suicidio, en 1941, en el río Ouse, y algunos trozos del manuscrito de su famosa novela Mrs Dalloway, entre la colección de objetos, auténticos tesoros, que la biblioteca exhibe estos meses en su exposición Treasures.

En su ensayo publicado en 1929, que funde las conferencias que la autora dictara en sendas universidades británicas y que reflexionan sobre la mujer y la escritura, Woolf deplora, con una modernidad que a mí me resultaba hiriente, las dificultades que habían tenido, a lo largo de la historia, las personas de mi sexo para explorar sus talentos literarios y para encontrar en la literatura un registro de voz propio. Dificultades asociadas a la falta de recursos y autonomía económica; a la falta de un espacio de intimidad desde el que escribir; a la escasa posibilidad de acumular experiencias vitales que luego plasmar en papel; a la imposibilidad de retratarse, sino a través de la mirada del hombre; a la ausencia de modelos femeninos que emular, y por supuesto, a la imposibilidad de librarse de la maternidad normativa que desde siempre ha obligado a la mujer a entenderse a sí misma por encima de todo como esposa y madre, impidiéndole decidir si éste, u otro, debía ser su destino principal, o incluso, de cómo, a qué ritmo, y en qué dosis compaginar los distintos destinos que para si tuviera. Deplora también la autora, y esto me dejó bastante inquieta, el que el odio y la rabia de la mujer por la injusticia en sus carnes, privara, a muchas de las pocas que se habían atrevido a pesar de todo a vincular sus destinos a la pluma, de una voz serena, sin prejuicio, y sobre todo de una paleta amplia de temáticas que permitiera a su obra trascender su propio drama personal y abarcar la rica gama del conocimiento y de la psique humana.

Con estos pensamientos andaba yo cuando me acosté el lunes solo para despertar el martes con un número inusual de whatsapps en mi móvil. Europa va por delante, así que amanecer a la ristra de mensajes (comentaba el otro día con un compatriota con quien comparto barrio aquí) no es inusual. Pero esa mañana… Lina, Dorothy, Stefano… y muchos más… ¡no era normal! Eran mensajes de preocupación de quienes saben a qué dedico mis investigaciones académicas y en cierto sentido, mi vida; mensajes de quienes dedican la suya a la misma o similar empresa. La prensa ya se había hecho eco y Europa hablaba de ello. Se había filtrado a través del periódico Politico el borrador de la sentencia que, de la pluma del juez Alito, habría de apuntillar el precedente Roe v Wade, esa sentencia que casi cincuenta años atrás, en 1973, reconociera que el derecho a la intimidad abarca la libertad de las mujeres de decidir antes del momento de viabilidad del feto, si quieren o no, ser madres o prefieren interrumpir su embarazo.

“¿Tendremos que hacer algo, no?”, me decía Stephanie en uno de los mensajes refiriéndose, supongo, a escribir algo al respecto. “¡Por supuesto!”, respondía yo. “Yo de momento buscar un lugar para ir a gritar a la calle, preferiblemente en compañía”. Yo llevaba tiempo escribiendo, también en las páginas de este periódico, acerca del asunto, vaticinando lo peor. Aquel era el día de gritar, no de escribir. Y la convocatoria, según supe poco después, sería a las 5 de la tarde en Foley Square, en el bajo Manhattan.

Hacia allí me dirigí y allí grité a mis anchas pues, para mi sorpresa, en medio de la multitud, un grupo de manifestantes ocurrentes (una disfrazada de vagina dirigía la operación) habían decidido ubicar un “puesto principal de gritos” para que, quienes quisieran, pudieran aliviar sus pulmones ante las imágenes de los cinco jueces que parecen haber dictado la sentencia de muerte de Roe, ante pancartas que mostraban sus cabezas en enorme tamaño. Cinco jueces, cuatro hombres y solo una mujer, tres de ellos nombrados por Trump, sin escatimar trampas; dos de ellos con alegaciones serias o demostrado historial de abuso sexual… cuatro hombres que nunca se verían en la tesitura de un embarazo no deseado estaban a punto de darle un manotazo fatal a la que, junto a Brown vs. Board of Education (la sentencia que abolió la segregación racial) tal vez sea la más famosa de la historia de la Corte Suprema y de condicionar con ello el destino de millones de mujeres en el país. Desde luego, razones había para gritar.

Hay quienes piensan justo lo contrario: que la filtración servirá fundamentalmente para amortiguar el golpe final de forma que cuando llegue la esperada sentencia, en unas semanas, la ciudadanía la asuma con mayor resignación

De momento, gran parte del nerviosismo político reflejado en prensa parece deberse a la filtración en sí, pues constituye un hecho inédito en la historia de la Corte. Hay quienes opinan que la filtración busca un clamor popular que fuerce una postura más moderada que la que se expresa en el texto filtrado y haga que el presidente del Tribunal, el juez Robertson, también conservador pero de tendencia más moderada, logre convencer a alguno de los cinco colegas para que, sin necesidad de dar al traste con el precedente, se logre una argumentación que, con todo, salve, la constitucionalidad de la ley cuestionada: la Ley de Mississipi que limita el derecho a abortar a las primeras 15 semanas de embarazo, salvo por motivos médicos (¡y sin excepción referida al embarazo producto de una violación!), rebajando pues el plazo de las 23 semanas en que aproximadamente se ubica la viabilidad del feto fuera del seno materno. Hay quienes piensan justo lo contrario: que para dar muestra de independencia y de fortaleza la postura conservadora no tendrá ahora más remedio que unirse en torno a las tesis que ya han visto la luz del día y que, en realidad, la filtración servirá fundamentalmente para amortiguar el golpe final de forma que cuando llegue la esperada sentencia, en unas semanas, la ciudadanía la asuma con mayor resignación. El presidente de la Corte desde luego sabe que, sea como fuere, un incidente así aumenta el desprestigio de una institución que ya está en sus mínimos de popularidad y promete una investigación a fondo para desvelar al infractor.

De caer Roe, cada Estado se vería libre para regular en la materia; se calcula que 25 Estados anularían totalmente o endurecerían seriamente la posibilidad de abortar

Pero nuestros gritos en Foley Square, en Manhattan, el martes por la tarde, así como los de las muchas manifestaciones que se dieron en otras partes del país ese día, iban sobre todo a la sustancia. Y yo diría que las pancartas, las proclamas, los cánticos y los discursos que allí dieron activistas y miembros de la administración local iban en dos direcciones. Por un lado, estaba el temor de lo que efectivamente puede significar la sentencia. De caer Roe, cada Estado se vería libre para regular en la materia; se calcula que 25 Estados anularían totalmente o endurecerían seriamente la posibilidad de abortar; y se agravaría el escenario ya actual, en virtud del cual el peso de las restricciones cae de forma indefectible sobre la población más vulnerable, la población pobre, las inmigrantes ilegales, las adolescentes, las negras que son quienes tienen más dificultad para trasladarse a los pocos centros que quedan abiertos en los Estados conservadores y que tendrían que recorrer distancias aún mayores, una vez cerrados estos, hasta llegar a los Estados contiguos para poder abortar. Por eso, algunas de las pancartas rezaban “El aborto es un tema de justicia social” o “La justicia reproductiva es una guerra de clases” y muchas voces desde el estrado de los discursos animaban a la ciudad y al Estado demócrata de Nueva York a solidarizarse con las hermanas del sur y del centro del país, ofreciendo un puerto seguro a quienes lo necesitaran y animando a donar y a alimentar las filas de voluntariado entre los asistentes.

Sin embargo, muchas de las pancartas y voces no parecían tan destinadas a los efectos prácticos de la posible sentencia, tal vez porque la medicación antiabortiva que ahora existe pero no existía en los tiempos de Roe, abre la vía de un tráfico ilegal pero difícilmente controlable a las mujeres que desde cualquier lugar de la geografía quieran abortar de forma segura en sus casas, haciendo de las perchas de las que se valían sus madres y abuelas en abortos caseros clandestinos y peligrosos, y que algunos manifestantes recordaban en sus pancartas con expresiones de rechazo y gotas de sangre, un símbolo de difícil réplica en el presente. Tal vez porque la realidad del país ya se caracteriza por una enorme disparidad regional en términos de acceso al aborto gracias a leyes que no lo han anulado pero que progresivamente lo han ido haciendo de más difícil acceso.

Muchas de las pancartas y de los gritos se referían al registro simbólico y aludían a la autonomía y a la libertad de las mujeres. “Mi cuerpo, mi decisión”; “Soy una persona, no un útero”; “Saca tus manos de mi cuerpo”; “Saca tu rosario de mis ovarios”; “Si hubiera querido un hijo del gobierno, me hubiera follado a un senador”; “¡Respeta la decisión de las mujeres!, ¿qué tan jodidamente complicado es eso de entender?”; “La decisión más difícil que tiene que tomar una mujer no te corresponde a ”ti“; ”Desear sexo no es desear un embarazo; desear un embarazo no es igual a desear llevarlo a cabo bajo cualquier circunstancia“… pero también ”Yo tendré menos derechos que mi madre“; ”Yo sobreviví un aborto ilegal en Birmingham, Alabama, en 1969“; ”Solo la lucha ha servido para conquistar los derechos de la mujer“; ”Mujeres, ¡alzaos!“; ”¡Para atrás, nunca!“. Y leyendo y gritando algunas de las leyendas al coro de las masas, se me figuraba que en algún lado andaba, sobrevolando la escena, el espíritu de Virginia Wolf contemplándonos y deplorando que, al cabo de tanto tiempo, el hombre aún siga empeñado en marcarle su destino a la mujer y que la mujer siga, una y otra vez, teniendo que dar las mismas batallas, sin poder descansar jamás sobre el manto mullido de las conquistas tejidas con sangre por sus antecesoras para poder ampliar la paleta de sus inquietudes a todos los rincones del saber, del arte y de la ciencia. Ahí estaba yo, gritando en vez de avanzar en mis investigaciones. Porque lo segundo, ese día, me parecía un lujo que, o podía esperar, o era irrelevante; lo primero, una necesidad vital.

Pensé que tal vez exageraba. Pero no. Solo hacía falta atar cabos. La profesora invitada de la Escuela de Derecho de Fordham, Julie Suk, que había aceptado amablemente aquel día mi invitación a presentar su próximo libro en el curso sobre Género y Derecho Constitucional que imparto este semestre en la Universidad de Nueva York, no volvería a casa en metro. Después de la clase y de nuestro almuerzo en uno de los restaurantitos del Village regresaría en taxi. Tenía miedo. De infectarse sí (son tiempos de pandemia) pero también de ser agredida. Lleva meses, me confesó, sin usar transporte público. Teme por ella. Teme por sus hijos.

Curiosamente, el libro del que nos habló After Misogyny: Law and Feminism in the Twenty First Century, abordará, según nos explicó en clase, los límites de la concepción formal de la igualdad; esa que cree que por tener ahora un sistema jurídico donde las discriminaciones abiertas y directas contra las mujeres han sido borradas, el patriarcado es un problema del pasado. Esa que exige especial intención para apreciar discriminación, sin hacerse eco de la evidencia de que no hace falta intención específica para simplemente permitir que las estructuras que condonan la explotación del trabajo reproductivo y de cuidados de las mujeres sigan perfectamente en pie, subordinándolas, sometiéndolas, dominándolas, colectivamente.

Ya no basta con levantar el dedo acusatorio frente a los que odian a las mujeres, o a los pretenden que las mujeres sigan estando jurídicamente subordinadas a los hombres. Pues ni lo uno ni lo otro permite visibilizar la responsabilidad de los muchos, que son todos, que siguen beneficiándose de forma parasítica de la explotación del trabajo de las mujeres, no reconocido ni remunerado, más allá de cualquier ánimo o intención individual. Este, avanzaba Suk, era el nuevo rostro de la misoginia en las democracias liberales avanzadas.

Durante el almuerzo la profesora Suk había compartido conmigo su determinación de abandonar Nueva York. El clima, decía, se había vuelto insufriblemente hostil

Bastó, sin embargo, el almuerzo que siguió a su clase para recordarme que la violencia y la misoginia de viejo corte -es decir, de los que odian- (y no solo de los que se aprovechan parasíticamente, de determinados grupos o colectivos, a los que esencializan con manidos estereotipos) sigue también viva, sin que el derecho haya logrado vencer la impunidad con la que a menudo se perpetra. Durante el almuerzo la profesora Suk había compartido conmigo su determinación de abandonar Nueva York. El clima, decía, se había vuelto insufriblemente hostil para quienes, como ella, emigrada a EEUU desde Corea del Sur en su tierna infancia junto a su hermana y sus padres, la población identifica de forma genérica como “asiática”.

Leo esta semana que van a procesar a un hombre al que la policía arrestó en Manhattan el mes pasado después de que en un solo día, y en solo tres horas, acosara y embistiera a puñetazos y codazos a siete mujeres asiáticas, entre los 19 y los 57 años de edad, sin más razón aparente, siendo el último de los ataques el ocurrido justamente en mi vecindario, entre la octava y Broadway, junto a la Universidad de Nueva York.

No se trata de incidentes aislados. Se van sumando y crean el clima de hostilidad y nutren el terror de las potenciales víctimas. Al mismo tiempo en Nueva York (en donde residen alrededor de 1,2 millones de personas de origen asiático, lo que equivale al 14% de la población y la ciudad en la que más ha aumentado la violencia contra esta población), crece el descontento porque este tipo de conducta sea raramente tildada de delito de odio, aunque en las leyes aparezcan las oportunas tipificaciones, en parte por la dificultad de probar el ánimo racial (no ayuda, desde luego, que a diferencia de lo que sucede con la esvástica nazi, el odio contra la comunidad asiática no haya hasta ahora desarrollado una simbología específica). Pero para la población que vive bajo sus amenazas, el fenómeno tiene un perfil racial neto aunque el derecho no cuente con instrumentos adecuados para reflejarlo.

Desde luego, Trump, lo del "virus chino" como el enemigo de la humanidad, el chistecito del "Kung Flu", ese que tan bien te encajaba en la agenda de "America first" te lo podrías haber ahorrado

En febrero del 2021 un hombre fue apuñalado por la espalda por un extraño en el barrio chino de la ciudad. Ya entonces el incidente se interpretó como un ejemplo más de la violencia racial que, desde los inicios de la pandemia, no ha dejado de aumentar (la plataforma Stop Asian American Pacific Islander -AAPI- Hate da la cifra de 2.800 actos de violencia y odio contra asio-americanos desde el inicio de la pandemia). Muchos líderes de la comunidad asio-americana de la ciudad pusieron entonces el grito en el cielo porque el incidente fuera tipificado como intento de asesinato pero no como delito de odio. Una frustración que se elevaría a nivel nacional cuando solo un mes después, en marzo del 2021, Robert Aaron Long, un hombre blanco, asesinó a tiros a seis mujeres de origen asiático en una cadena de spas en Atlanta suscitando debates en torno al tipo de estereotipos no solo racistas sino también sexistas (¿mujeres débiles, promiscuas, sometidas?) que estaría incitando este tipo de ataques.

Al decantarse por la opción del taxi, probablemente mi profesora invitada también tuviera en su subconsciente la muerte mucho más reciente de Michelle Go, empujada a las vías del metro en la zona de Time Square, en enero de este año, muestra de que el odio y la vulnerabilidad no se limitan a mujeres asociadas a determinadas profesiones. Desde luego, Trump, lo del “virus chino” como el enemigo de la humanidad, el chistecito del “Kung Flu”, ese que tan bien te encajaba en la agenda de “America first” te lo podrías haber ahorrado.

Veremos en qué queda la cosa cuando a fines de junio se aprueben las esperadas directivas con nuevos estándares destinados a tribunales de justicia, policía y fiscales en su labor de persecución de los delitos de odio

En todo caso, el debate está servido porque frente a quienes defienden la necesidad de que se rebajen los estándares de evidencia y se persigan más los delitos de odio racial, y se aumenten las penas y las medidas de control policial, se alzan las voces de quienes entienden que seguramente al final este tipo de políticas acabe cebándose de forma desproporcionada en otras comunidades, como la latina o la negra, que tienen menos posibilidades de defensa y más posibilidades de ser tildadas de violentas que la comunidad blanca, con lo que se aumentarían las tensiones raciales entre distintas comunidades.

Veremos en qué queda la cosa cuando a fines de junio se aprueben las esperadas directivas con nuevos estándares destinados a tribunales de justicia, policía y fiscales en su labor de persecución de los delitos de odio. Nada que ignore las causas que subyacen al bajo grado de denuncia de tales delitos logrará atajar el problema de raíz. Entre estas figuran los obstáculos de tipo lingüístico a la hora de denunciar, el miedo a que la denuncia acabe en un control sobre la legalidad del estatus migratorio del denunciante, el miedo a la represalia o, simplemente, el convencimiento de que meter en la cárcel a alguien de tu vecindario no resuelve un problema que más bien debiera abordarse desde programas educativos y enfoques comunitarios de tipo restaurativo que verdaderamente prioricen las necesidades de las víctimas y reflejen las dimensiones estructurales y colectivas de los prejuicios raciales. Rara vez estas causas profundas son las que se abordan desde el derecho punitivo que con frecuencia acaba convirtiéndose en un acto expresivo de valor meramente simbólico que, en el mejor de los casos, calma conciencias y, en el peor, alimenta el cinismo. Mientras, quienes se lo pueden permitir, siguen prefiriendo el taxi.

De ser confirmada después de superar el trámite de esta semana ante el comité judicial del senado, la jueza Ketanji Brown Jackson, en estos momentos jueza federal de apelación en Washington DC, se convertirá en la primera mujer negra del Tribunal Supremo de los EEUU- ¡La primera en sus 232 años de vida! Ese tribunal, que poco a poco ha ido incorporando algunas de las formas de diversidad del país: con Louis Brandeis, el primer juez judío nombrado en 1918; Thurgood Marhsall, el primer juez negro, y uno de los dos únicos que ha tenido la corte hasta ahora, en 1967; O'Connor, la primera mujer de las solo cinco hasta la fecha, en 1981 y Sonia Sotomayor, la primera hispana, en 2009. Con el nombramiento ahora de una jueza negra (y digo “negra”, porque la expresión “de color” parece sugerir que los blancos somos incoloros) Biden estaría dando cumplimiento a su promesa electoral. No se trata además de un gesto aislado: la presidencia de Biden será también recordada por ser la que por vez primera ha conducido a una mujer negra a la vicepresidencia del país y por las muchas juristas negras a las que ha llevado a los tribunales de apelación federales del país (la mitad de sus 16 nombramientos hasta la fecha).

La historia que desea que el pueblo americano lea en su nombramiento la resumía la propia Jackson en su breve discurso ante el senado el primer día de las audiencias a inicios de esta semana: la de una niña que, bendecida por la gracia de Dios, y afortunada por haber nacido en la gran nación que son los EEUU, tuvo la suerte de criarse en una familia y con unos padres que habrían podido ya disfrutar de los frutos del movimiento de derechos civiles de los años 60 y 70 para convertirse en esa clase media negra trampolín -ambos fueron los primeros en recibir formación universitaria en sus respectivas familias para ocupar cargos docentes y de gestión en la enseñanza pública- que permitiría a su hija aspirar al sueño americano: llegar hasta donde su talento y su tesón la condujeran. (Y no le habría de faltar ni lo uno ni lo otro a una Jackson quien, después de educarse en un instituto público, accedió a la prestigiosa y elitista Universidad de Harvard, donde se formaron también muchos de los actuales jueces de la Corte, para iniciar, tras graduarse, un largo y exitoso recorrido profesional que incluyó el ejercicio de la abogacía en un bufete y su experiencia como jueza de distrito y federal -ambas experiencias que comparte con algunos de los actuales miembros de la Corte- pero también como abogada de oficio, experiencia que sin embargo no han tenido ninguno de los otros jueces).

Madre de dos hijas presentes en el momento de su discurso (y ante las que se disculpó por no haber sabido siempre compaginar bien carrera y maternidad, ¡la eterna culpa de las madres profesionales!), y esposa de un cirujano al que declaró su amor públicamente mientras este, visiblemente emocionado, hacía esfuerzos por contener las lágrimas (¡llore, hombre, que los hombres también lloran!), la jueza apelaba sin duda al patriotismo de su audiencia al mencionar también a su hermano policía que, tras el atentado de las torres gemelas, se alistó como voluntario en el ejército americano.

Las futuras generaciones ya están ahí y se encuentran en el escaso 2% que se estima que representan de entre todos los juristas del país las juristas negras

¿Lo que prometía aportar al desempeño de su cargo?: neutralidad, independencia, respeto al precedente y compromiso con la transparencia en una visión de la ley -tomada prestada del juez Breyer al que citó literalmente, al que reemplazaría en la Corte y para el que sirvió como letrada en los albores de su carrera- como instrumento para alcanzar la convivencia armoniosa de personas diversas y con intereses diversos. Y en todo esto, ella no representaría más que la continuación de los esfuerzos de otras mujeres que la precedieron e inspiraron, rompiendo barreras, franqueando puertas. En particular, Jackson reconocía que su principal fuente de inspiración había sido Constance Baker Motley, la primera jueza negra llevada por el presidente Johnson a un tribunal federal del país, después de una larga carrera de litigio en defensa de los derechos de los afroamericanos. También Jackson esperaba servir de inspiración para las futuras generaciones.

Esas futuras generaciones ya están ahí y se encuentran en el escaso 2% que se estima que representan de entre todos los juristas del país las juristas negras; y, más aún, en las 30.000 seguidoras de la cuenta de Instagram “Black Girls Do Law” en la que las estudiantes negras buscan apoyo online para sortear los obstáculos que encuentran en el camino. Una de esas estudiantes sigue mi curso este año en la Universidad de Nueva York. Solo una en mi clase y no muchas en el resto de la facultad de derecho, a pesar de que, como muchas de las universidades del país, la Universidad de Nueva York actúa de forma proactiva para atraer a minorías y colectivos discriminados aunque, para hacerlo, y por imperativo constitucional, tenga, como el resto de universidades, que justificarlo en nombre de la diversidad de perspectivas que aportan a la experiencia educativa de todos, más que a razones de justicia y a la necesidad de medidas correctoras que permitan, en este caso, superar los efectos de un pasado como el de la esclavitud y la segregación racial, y de un presente en el que, como recuerda el vigoroso movimiento de  “Black Lives Matter” la discriminación racial estructural sigue estando al orden del día e impidiendo que la población negra compita en igualdad de condiciones.

Mi alumna afroamericana está embarazada. Tal vez también por eso le afectara de forma especial el vídeo que decidí mostrar en clase hace unos días, cuando, para abordar el concepto de discriminación interseccional, me valí de un Ted Talk de la creadora del término, la profesora Kimberleé Crenshaw. Si lo que había leído recientemente acerca de la importancia de que el docente toque las emociones y no solo las mentes del alumnado si queremos que recuerden nuestras enseñanzas era cierto, ese vídeo, me dije, lo garantizaría. En él, para ejemplificar su teoría de la llamada discriminación interseccional -una teoría que explica cómo el derecho antidiscriminatorio articulado en torno a la prohibición de la discriminación en base a ciertos factores, como la raza o el sexo, acaba siendo insuficiente para captar las formas específicas de discriminación de quienes se ven afectados por ambos factores a la vez- Crenshaw invitaba al público a levantarse al inicio de la charla y le conminaba a que se fuera sentando a medida que dejara de reconocer a quienes correspondían una serie de nombres que ella se disponía a pronunciar en voz alta. El público permanecía mayormente de pie tras pronunciar los primeros nombres, pero pronto empezaba a tomar asiento, quedando, al final del ejercicio, solo dos o tres personas alzadas. Los primeros nombres, revelaría al concluir el experimento, eran los de hombres negros fallecidos en los últimos años, víctimas de brutalidad policial. Los segundos, los que casi nadie lograba identificar, eran los de mujeres negras víctimas del mismo tipo de violencia. La pregunta del millón era por qué el ciudadano o la ciudadana media podía reconocer muchos de los nombres de varón pero casi ninguno de los de las mujeres. El vídeo concluía poniendo rostro a muchas de esas mujeres, explicando las condiciones en las que habían sido asesinadas, e invitando al público a pronunciar sus nombres en voz alta, mientras aparecían en una gran pantalla junto a sus imágenes, como forma, ahora sí, de aprender a reconocerlas. Yo invité a mis alumnos a hacer lo propio y me sumé al ejercicio. Una de las mujeres asesinadas lo había sido de un disparo en un coche en el que también iba su hija pequeña a pocos metros de la Casa Blanca y fue eso, según nos dijo, lo que más afectó a mi alumna. Ni siquiera la maternidad le granjearía inmunidad.

La pregunta que yo formulaba aquel día en clase, aprovechando el anuncio del nombramiento de la jueza Jackson por parte de Biden, era qué diferencia podría hacer, más allá de inspirar a las futuras generaciones y de aumentar la legitimidad social de un tribunal cada vez más diverso, el nombramiento de la primera mujer negra a la Corte Suprema de los EEUU. Y la verdad es que las intuiciones de mi alumnado parecen haberse confirmado incluso antes de que la jueza haya tomado posesión, cosa que se espera que suceda si la mayoría demócrata en el senado (para esta ratificación no hace falta mayoría cualificada) actúa sin sorpresas o incluso si algunos de los republicanos vuelven a apoyarla como ya hicieran en algunas de las confirmaciones previas por las que ha pasado de forma reciente.

La jueza Jackson se encontrará con frecuencia en la minoría, firmando votos disidentes en compañía de las otras dos juezas que nombró Obama, Kagan y Sotomayor. Para que parte de la población del país no pierda fe en la justicia ni en la institución

Nadie se engaña ni puede pedirle peras al olmo: la composición de la Corte, una vez reemplazado el juez Bryer por una Jackson ambos de nombramiento demócrata, no se verá alterada: seis conservadores, frente a tres demócratas significa que, en términos numéricos, seguiremos teniendo durante décadas una corte con la composición más escorada hacia posicionamientos conservadores que haya tenido la Corte Suprema en el último siglo. La jueza Jackson, con toda seguridad, se encontrará con frecuencia en la minoría, firmando votos disidentes en compañía de las otras dos juezas que nombró Obama, la jueza Kagan y Sotomayor. Para que parte de la población del país no pierda fe en la justicia ni en la institución, para que, tal vez, alguno de sus compañeros, con el paso del tiempo, maticen sus posturas, y con la esperanza, quién sabe, de que algunos de esos votos minoritarios de hoy sean reivindicados en un futuro próximo y se conviertan en la visión mayoritaria de un tribunal que sepa apartarse de su doctrina, como ha sucedido en otras ocasiones en el pasado.

Y sin embargo pocos de mis alumnos y alumnas parecían dudar de que la experiencia de vida de Jackson tendría un impacto en su forma de administrar justicia. Y de que, en esa experiencia de vida, su condición de mujer negra serían factores relevantes. Por supuesto no los únicos. Estos días no he podido dejar de pensar que mis alumnos llevaban razón. Lo he hecho mientras escuchaba las intervenciones de muchos de los senadores republicanos. En alusión a su experiencia como abogada de oficio en general, y, en particular, en alusión a una sentencia (que supuestamente habría carecido de la severidad necesaria) y que pronunció en un asunto de consumo de pornografía infantil por un adolescente de 18 años, homosexual, en el seno de una familia religiosa, estos senadores parecían sugerir una predisposición de la jueza a ser demasiado “blanda con los criminales,” tal vez ensayando ya el cántico de guerra de “ley y orden” que el partido ensalzará en las elecciones venideras.

La jueza se defendía alegando que hizo lo que estimó oportuno en atención a las circunstancias específicas del caso y que, al hacerlo, no se apartó de lo que otros jueces habían dictaminado en casos similares. Ignoro los particulares del asunto. Pero, así, de entrada, no me parece implausible que una mujer como Jackson, madre de dos hijas de edades no muy diferentes a la del acusado, con conexiones familiares con las fuerzas de seguridad y el mundo del derecho, pero también sobrina de alguien que acabó en la cárcel con una sentencia a cadena perpetua por tráfico de cocaína, con la experiencia profesional de defender a personas indigentes, y con la preocupación que acompaña a todo ciudadano negro de EEUU por la forma en que el país abusa, y además de forma selectiva, de la privación de libertad, como muestran sus desorbitadas tasas de encarcelamiento y la sobre-representación de la población carcelaria negra y pobre, se lo hubiera pensado bien antes de imponer una condena excesivamente larga de privación de libertad a un joven que declaraba su arrepentimiento y del que no se conocía ningún otro comportamiento delictivo o antisocial, así este no fuera negro. Solo que a mi vista, como seguramente a la de mis alumnos, eso la haría mejor, no peor jueza, y a un tribunal que incluya mujeres con estas experiencias de vida y profesionales, más y no menos ecuánime.      

El Capitolio estaba expectante mientras un congreso vestido de los colores de Ucrania, reproducidos en banderines, pines y prendas de vestir, recibía al presidente y a su gabinete en un ambiente especialmente emotivo. Por primera vez desde la irrupción de la pandemia, escaseaban las mascarillas y, entre abrazos y apretones de mano, rostros descubiertos y sonrientes celebraban de forma visible la sensación de una vuelta a la normalidad post-covid. 

Una vuelta a la normalidad solo relativa. Se trataba del primer discurso del estado de la Unión, y el presidente dedicó casi una tercera parte del mismo a la nueva excepcionalidad: la invasión rusa de Ucrania. Como hiciera en su discurso de investidura, Biden habló desde el corazón. Y pasó de la rabia severa, en la primera parte de su discurso, a la súplica benévola en la segunda. En su estilo directo y a veces campechano, cercano siempre, y con un verbo no siempre fluido, su elocución provocó repetidas ovaciones que, de forma más bien insólita en los tiempos que corren, hermanaron a demócratas y republicanos, en un rechazo rotundo a la agresión bélica, una expresión de admiración hacia la valentía del pueblo ucranio, y un desprecio absoluto a la figura de Putin y a su camarilla de oligarcas. Sentada junto a la primera dama, la embajadora de Ucrania en EEUU, con los ojos empañados de lágrimas, recibía el aplauso de sus señorías que por momentos no parecía tener fin. La decisión de cerrar el espacio aéreo a los rusos, perseguir a los oligarcas y sus bienes de lujo, y liberar crudo para mitigar la previsible crisis energética fueron las medidas concretas que el presidente avanzó en un tono desafiante que sin duda encontrarían reconfortante quienes durante este año han venido acusando al presidente de ser demasiado mayor para el cargo que desempeña.

“La libertad vencerá sobre la tiranía” … “Putin nunca logrará conquistar los corazones del pueblo ucranio,” afirmaba Biden. Pero él debía tratar de seguir conquistando el de sus ciudadanos, que, pese a la recuperación de la economía y de los puestos de trabajo, le castigan con un índice de impopularidad que ronda el 40%, en gran parte a causa de la creciente inflación. Para hacerlo, hizo un repaso sobre lo que considera algunas de sus más notables victorias hasta la fecha como el plan de medidas de estímulo adoptado para combatir los efectos económicos de la pandemia o su ley de infraestructuras que, prometió, se desarrollaría con empresas y productos enteramente nacionales y que habrían de conducir al país a una década de inversiones en retos ambientales, internet de alta velocidad, autopistas y puentes, todo lo necesario para modernizar al país y seguir compitiendo con China en el terreno económico.

Biden aprovechó también para recordar lo mucho que estaba aún pendiente en su agenda, saludando y agradeciendo de forma explícita a algunos de sus invitados en el hemiciclo como forma de ponerle rostro humano a algunos de los problemas más acuciantes. Defender el sistema electoral; rebajar los costes de los medicamentos, la energía, el cuidado infantil y el de pacientes de larga duración; reforzar el sistema de universidades públicas y a los sindicatos; aumentar los recursos y la formación destinados a las fuerzas del orden; aumentar los controles del uso de armas; abordar los problemas asociados al control de fronteras y al flujo de personas (como los del tráfico de estupefacientes y de seres humanos); defender la la salud reproductiva y la vida libre de violencia de las mujeres y los derechos de los colectivos LGBTI; combatir la epidemia de opioides por la que atraviesa el país; abordar los déficits en salud mental incluidos los provocados en los jóvenes por las malas prácticas de las redes sociales así como, en alusión directa a su difunto hijo, mejorar la atención a los veteranos de guerra y promover la investigación y el tratamiento del cáncer. 

Para lograr muchas de estas medidas, y para seguir combatiendo la pandemia, Biden necesita el apoyo de ambas cámaras. Y al reclamarlo de forma explícita trató de apelar a un sentido común, en un tono a medio camino entre la súplica y el entusiasmo posibilista que se pretende contagiar. “El estado de la Unión está fuerte porque Vds. los americanos, son fuertes.” En su tono, la profunda convicción de que las causas que proponía (y que decía poder defender, en su mayor parte, sin que las familias con ingresos menores a 400.000 dólares anuales pagaran ni un solo dólar adicional en impuestos), eran casi de sentido común, y que sólo el miedo, la falta de confianza, la falta de fe en las posibilidades de lo colectivo y de la unidad nacional, mucho más que la disparidad de ideológicas, estarían saboteando. Cuestión, como la de resistir la agresión de Rusia, casi de sentido común, cuando lo que se defienden son los valores de la libertad, la democracia y las exigencias más básicas de una justicia expresada en mínimos de decencia. Aunque por todo ello haya que pagar un precio.

Conservo su foto de pelón de apenas un año, sentado en su cochecito en Washington Square Park y con una pegatina de Run Against Bush, pegada en un body verde de mangas cortas, a punto de unirnos, su padre y yo, a la manifestación que, rumbo arriba y por la quinta avenida, se movilizaría (en vano, como sabemos) en contra de la reelección de George W. Bush. Ese George W. Bush que ya por entonces había cometido algunos de los más graves atropellos de su mandato como fue la invasión de Iraq en búsqueda de las supuestas armas de destrucción masiva. De esas aguas, estos lodos. Tal vez por eso, aquel sábado, mientras hacía el camino inverso descendiendo por la quinta, del brazo de ese mismo hijo -ahora de 18 años, e instalado desde los 16 en Nueva York con su padre-, yo sintiera tanta nostalgia. La nostalgia de verlo a él “tan mayor” pero también la de pensar que hasta ese Bush contra el que entonces nos manifestábamos y que entonces nos parecía la máxima expresión de incompetencia política, ahora nos resulta una figura prácticamente inofensiva en comparación con el tipo de personajes, presidentes incluidos, que mueven los hilos en el partido republicano desde que este se escorara bajo los influjos de su ala más radical y del Tea Party movement, a partir de 2009.

Supongo que el tema de la conversación me ayudó a recuperar el recuerdo de ese momento político en particular, pues hablamos de política. Habíamos estado por la mañana patinando en el Wallman Rink de Central Park. Mis habilidades habían mermado desde que, años atrás, me lanzara a ese mismo hielo musical con fondo de rascacielos (¿otro motivo de nostalgia?) y la cosa había acabado con un importante porrazo de una caída. Al finalizar, el brazo me dolía pero era consciente de que recluirnos en casa era acabar pantalleando en vez de conversando. Además, a pesar de los bajo cero, era uno de esos días soleados de este duro invierno en los que los restos de nieve en las calles reflejan una luz entre mágica y cegadora. Así que opté por sobornarlo: regresaríamos a casa paseando. Entre la 59, a la salida del parque, y la tienda más cercana de Krispy Kremes y, por ende, de los donuts más asquerosamente deliciosos de la ciudad, unas 26 calles, y entre los donuts y nuestro apartamento en el Village unas 36 más. Total, de Central Park hasta el Village andando, una hora larga de conversación maternofilial bajo cero. 

Desde que llegué a la ciudad a inicios de año y, por tanto, cumpliéndose un año desde el asalto al Capitolio, los medios no hablan de otra cosa y proliferan artículos de opinión acerca de la crisis de la democracia americana

Una hora larga que dio para mucho porque el tema a debate que escogimos fue el estado de la democracia en EEUU, no solo porque el ejercicio temprano de su derecho a la manifestación parece haber infundido en mi hijo un interés por la cosa pública que afortunadamente lo sigue acompañando, sino porque ese era el tema de la redacción que tenía que escribir para su instituto esa semana. Lo cierto es que tampoco me sorprendió que lo planteara. Desde que llegué a la ciudad a inicios de año y, por tanto, cumpliéndose un año desde el asalto al Capitolio, los medios no hablan de otra cosa y proliferan artículos de opinión acerca de la crisis de la democracia americana o incluso la posibilidad de una nueva guerra civil.

Tal vez lo que sí me sorprendiera un poco más fue la capacidad de mi hijo de ir desengranando con la misma velocidad y precisión con la que se comía los donuts (bueno, yo ayudé con el que tiene relleno de mermelada de frambuesa) las múltiples caras de la crisis por la que pasa la democracia en este país. Es complicado no interrumpir en exceso, sobre todo cuando además de madre eres constitucionalista, para aclarar, profundizar, o matizar. Pero en esta opté por la escucha y demoré mis comentarios hasta que él hubo acabado su diagnóstico global. Me alegré de haberlo hecho, no solo porque me permitió constatar el grado de conciencia que tiene un adolescente en este país (o al menos los que, como él, se crían en contextos educativos privilegiados) acerca del momento crítico por el que atraviesa la democracia, sino también porque me ayudó a reafirmar mi impresión de que, más allá de lo estridente y a la vez aterrador que nos pudiera resultar el episodio del asalto al Capitolio, el problema de la democracia americana tiene raíces profundas y es la suma de una cantidad de elementos que solo cuando se juntan, como las teselas de un mosaico, permiten atisbar el verdadero rostro de la bestia. 

Escuchándolo, resultaba fácil entender que una parte central de la imagen resultante se debe al sistema electoral americano, en estos momentos blanco de ataque de los conservadores (más del 40% de los votantes republicanos siguen convencidos de que Biden robó unas elecciones que según alegan fueron fraudulentas). Son, efectivamente muchos los Estados de mayoría republicana que están emprendiendo iniciativas para restringir el derecho al voto y ampliar sus poderes de control del recuento electoral con la clara intención de politizar le proceso. Se pretende, por ejemplo, limitar la posibilidad del voto anticipado o por correo (que en las últimas elecciones claramente favoreció la participación beneficiando al partido demócrata y a muchos sectores vulnerables de la población). Y aunque los demócratas están tratando de aprobar legislación federal que frene a nivel nacional este tipo de intentos, no han sido aún capaces de lograr superar la barrera de un senado donde las fuerzas están distribuidas al 50% entre los dos partidos y este tipo de legislación exigiría el apoyo del 60% de los senadores. A esto se une la ingeniería electoral del “gerrymandering” técnica que, en pocas palabras, consiste en, partiendo del dato de las zonas que concentran una mayoría poblacional demócrata o republicana dentro de cada Estado, trazar las líneas de demarcación de los distritos electorales de forma que los votos del partido que se quiera perdedor queden diluidos, cosa que facilita un sistema electoral de tipo bipartidista y mayoritario y que, por poner un ejemplo, condujo a que en Pennsylvania, en las elecciones de 2012, los republicanos ganaran solo el 49% de los votos pero acabaran consiguiendo 13 de los 18 escaños para el congreso. Y aunque es cierto que ambos partidos han abusado de la técnica cuando se han encontrado con mayorías estatales en el momento en el que se abre la oportunidad de adaptar el censo electoral -cada diez años-, el republicano lo ha hecho mucho más que el demócrata en la última década, simplemente porque ha contado con mayorías que lo hacían posible en un número mucho mayor de Estados. Añadamos a la mezcla la cuestión de la financiación de los partidos y las campañas electorales que no descansa en un sistema de financiación pública y en el que no hay límites legales a lo que puede aportar el sector privado por lo que las grandes fortunas y lobbies de los sectores empresariales más potentes acaban edulcorando de sobremanera el principio básico de la democracia: una persona, un voto, haciendo del sistema uno que, al final, acaba pareciéndose más al de una plutocracia.

Mi hijo sabía también que la composición del Tribunal Supremo también jugaba algún rol, pero fui yo quien le ayudó a tomar conciencia de hasta qué punto, especialmente en estos momentos. En un país, como EEUU, donde el Tribunal Supremo está pensado como institución contra-mayoritaria que permite poner freno a lo que las mayorías políticas de cada momento decidan cuando de lo que se trata es de proteger a las minorías y sus derechos fundamentales, se podría esperar mejor defensa de los valores igualitarios en los que se asienta la democracia. Pero lo cierto es que la jurisprudencia de este tribunal (que cuenta en la actualidad con 6 miembros nombrados por presidentes republicanos y 3 por presidentes demócratas, pero ya desde hace unos años con mayoría conservadora) no ha sido proclive en los últimos años a limitar las competencias de los Estados, ni las libertades de los empresarios para priorizar la igualdad política de la ciudadanía americana. Si tenemos en cuenta que 3 de los 6 republicanos fueron designados por Trump (nunca otro presidente en la historia del país logró nombrar a más jueces en un menor lapso de tiempo) y que este los escogió deliberadamente jóvenes y le añadimos el dato de que los jueces del Tribunal Supremo no tienen edad de jubilación obligatoria, no es difícil imaginar un escenario en el que dicho Tribunal favorezca (en las próximas décadas!) la visión de un Estado poco intervencionista y que dé amplio margen de actuación a los poderes privados, en una concepción estrecha y formalista de la igualdad. Que una de sus juezas del ala progresista, la jueza Sotomayor, comentara ayer en una conferencia inaugural en la Universidad de Nueva York que una de sus mayores esperanzas para que esto no sea así reside en la capacidad que tenemos todas las personas de cambiar de opinión a lo largo de nuestra vida y de cuestionarnos en lo más profundo nos da la medida real del reto que tenemos por delante sobre todo porque mientras ella lo decía yo imaginaba la posibilidad de que cada uno de los jueces de la mayoría conservadora albergara la misma idea con respecto a las convicciones de los jueces progresistas.

Una sociedad en la que la brecha racial se suma a la social, y en la que ambas tienen el rostro de las incontables personas sin techo que vamos dejando atrás, calle tras calle, en nuestro largo paseo

Con todo, en su relato, mi hijo no se limitaba a señalar, con un lenguaje que yo le ayudaría a hacer más técnico, estas peculiaridades y riesgos de manipulación del sistema electoral americano o a deplorar la actual composición del Tribunal Supremo y el riesgo de su politización. Parte del malestar de la democracia americana, afirmaba con toda la razón, estaba en el grado de polarización de la sociedad. Una sociedad, decía con acierto, en la que los opositores se convierten en enemigos y en la que las partes del país de un color político han dejado de compartir un lenguaje con el que razonar con las partes del país del otro color político. Una sociedad en la que la posibilidad de llegar a acuerdos bipartidistas se encuentra en uno de sus mínimos históricos resultando, las más de las veces, en un bloqueo legislativo estéril. Una sociedad en la que, como muchas otras sociedades, las redes sociales se han convertido ya en el principal medio de información y, sobre todo, también de desinformación de una ciudadanía que ya no se habla más que con sus semejantes, y cuando lo hace, lo hace más a través de las emociones que de las razones. En la que las redes y los medios de comunicación en general luchan por captar los disputados segundos de atención del usuario y saben que la mejor estrategia para hacerlo es precisamente fomentando lo extremo, lo radical, lo polémico, lo escandaloso. Una sociedad dividida también por cuestiones identitarias, en la que una parte exige rectificación y reparación por una cantidad de deudas históricas aún por saldar, como atestigua la fuerza del movimiento Black Lives Matter, y otra se siente cada vez más amenazada no solo por la pérdida de poder adquisitivo sino por una merma en términos de representación poblacional que amenaza con convertirla en minoría en un futuro próximo. Una sociedad en la que la brecha racial se suma a la social, y en la que ambas tienen el rostro de las incontables personas sin techo que vamos dejando atrás, calle tras calle, en nuestro largo paseo. 

Todo debiera haber sido mucho más fácil esta vez y en muchos sentidos lo fue. Entonces, en el 2006, el año que cerró mi periplo académico estadounidense anterior, -uno vinculado a un matrimonio que luego resultaría fallido y que ya entonces hacía aguas- yo estaba aún en mis treinta y pico, era madre primeriza de un niño de dos años que me costaba criar sin familia ni tejido social en esta ciudad de edificios imponentes y almas solitarias y, sobre todo, tenía mucha menos experiencia docente y vital y muchas menos publicaciones y conocimientos que avalaran mis saberes ante mi ávido estudiantado. Ayer, la mujer que recibió a los 22 alumnos inscritos en el curso de Género y Derecho Constitucional Comparado (que me ha invitado a dictar en el cuatrimestre de primavera la escuela de derecho de la Universidad de Nueva York en el marco de su programa de profesorado global) era una mujer mucho más segura y por lo tanto más libre, tanto en lo personal como en lo profesional. Suelen ir de la mano. En lo personal: en mi cincuentena, divorciada de un marido que se quedó a vivir en Nueva York negándose, a la hora de la verdad, a cumplir su parte del pacto de alternancia en la localización geográfica del núcleo familiar y, sobre todo, una mujer con dos hijos bastante criados ya y en sabático no solo académico de mi cátedra en Sevilla sino de maternidad (concepto que he acuñado para referirme al hecho de que, por primera vez, y durante unos meses, seré yo la progenitora de solo fines de semanas y vacaciones). Pero sobre todo, en lo profesional: una académica con mucha más experiencia a mis espaldas, dentro y fuera de España, y una larga lista de publicaciones y estudios que incluyen una monografía, recién salida del horno y en fase de imprenta, sobre la que basaré el curso.

Parte de la ventaja de la edad biológica y de la era digital es que le permite a una, en la sesión introductoria de un curso como la que se planteó ayer, omitir la auto presentación y más bien empezar preguntando al alumnado qué es lo que saben ya de una y, sobre todo, y esto es lo más interesante, cómo creen que lo que saben de mi persona y recorrido vital y académico puede afectar el enfoque sobre la materia que vamos a abordar en el curso. Entre otras cosas, el ejercicio sirve para afrontar de manera directa una de las premisas epistemológicas centrales de mis cursos: que la neta distinción entre el sujeto y el objeto de estudio no es más que teórica. Que el sujeto, su experiencia vital, su realidad corpórea, su bagaje cultural, su identidad, su educación y sus referentes tienen necesariamente un impacto tanto sobre su elección del objeto como del método de estudio. 

¿Qué más le puede pedir a la vida una docente que quiere enseñar derecho comparado que el propio alumnado represente un conjunto tan amplio de tradiciones culturales y jurídicas como para abastecer los ejemplos de cada una de las clases?

En esta ocasión el ejercicio resultó especialmente gratificante y tuvo sus anécdotas. Más allá de lo aprendido por la breve reseña biográfica que ofrece la Universidad para permitir al alumnado navegar en el mar de ofertas donde solo algunos cursos son obligatorios y hay un sinfín de optativas, algunos me reconocieron por alguna intervención registrada en youtube. Otros me habían escuchado en alguna conferencia en sus universidades de origen, como la estudiante turca que levantó la mano para decirme que ella estaba allí, entre el público, en diciembre del 2014, cuando en medio de una conferencia en la Facultad de Derecho de Koç en Estambul, me atreví a criticar al presidente Erdogan por, días antes, haber conminado a las mujeres turcas a demostrar su compromiso ciudadano aumentando su número de hijos como forma de contribuir a atajar el problema de la natalidad en Turquía. Pero lo que resultó realmente gratificante para un curso como el mío fue observar la diversidad del alumnado, una diversidad que se nutre de la propia diversidad poblacional de EEUU pero también de los extranjeros que vienen a cursar estudios aquí atraídos por la excelencia de las universidades de élite de este país, en su mayoría, cierto es, privadas. Y así, ayer, en la clase, entre otros, había una surcoreana, dos chinas, una mexicana, dos turcos, una americana de ascendencia rumana, dos australianas, un alemán, un indio, y entre los estadounidenses, una estudiante afroamericana. ¿Qué más le puede pedir a la vida una docente que quiere enseñar derecho comparado que el propio alumnado represente un conjunto tan amplio de tradiciones culturales y jurídicas como para abastecer los ejemplos de cada una de las clases?

Y sin embargo mentiría si no reconociera que, a pesar de todo, sentí una dificultad o, cuanto menos, un reto que no experimenté en 2006 ni en los años anteriores en mi docencia sobre género y multiculturalismo en Princeton, Columbia o en la misma Universidad de Nueva York. Por supuesto, tanto en aquel momento como en el actual, he sabido siempre que puedo contar con una certeza: el curso es optativo por lo que es poco probable que se inscriban estudiantes con ánimo de sabotaje, estudiantes que, por ejemplo, cuestionen la naturaleza científica de los estudios de género. Esa certeza no es baladí porque en EEUU, como en otros muchos países, los estudios de género y, sobre todo los de raza, se han convertido en blanco de ataque y en materia partidista. Solo el año pasado se aprobaron ocho leyes en Estados de mayoría republicana que tratan de regular la forma en que los profesores pueden abordar temas como el racismo o el sexismo en las escuelas. Se trata de legislación que, en cierto sentido, responde a la llamada de conciencia del movimiento de Black Lives Matter, en auge desde el asesinato de George Floyd y que, de forma general, trata de desincentivar que a la hora de discutir conceptos como los de poder y opresión, trata de desincentivar que los docentes se refieran a categorías de género y raciales. La acusación principal que se vierte contra este tipo de oferta curricular es que resulta divisiva para la ciudadanía y que se presta al puro adoctrinamiento ideológico. Puro adoctrinamiento cuando de lo que en realidad se trata es de crear un ambiente inclusivo en el aula y de poner de manifiesto la falsa neutralidad de los contenidos curriculares tradicionales, incorporando contenidos que hagan más justicia a la importancia de hechos y contribuciones que, por afectar o provenir de colectivos discriminados hasta el momento, no han pasado el corte de lo que se considera digno de estudio y de reflexión colectiva.

Profesoras de otras universidades de élite de EEUU me han confesado que han dejado de impartir derecho antidiscriminatorio por miedo a la reacción del estudiantado "progre", más que a la crítica conservadora a la que ya estaban acostumbradas

En todo caso, cualquiera que haya visto la serie The Chair de Netflix sospechará con razón que el motivo de mi inquietud en este caso era otro. La serie cuenta las desventuras de una directora de departamento de origen asiático en un departamento de inglés de una universidad de Nueva Inglaterra. La protagonista se encuentra atrapada en medio de dos batallas. En una, trata de luchar por que una joven profesora afroamericana consiga la titularidad a pesar de la escasa colaboración que muestran algunos de los miembros más vetustos (y blancos) del departamento. En la otra, sin embargo, trata de evitar un procedimiento disciplinario de graves consecuencias iniciado a instancia de los alumnos contra un profesor de edad media y blanco que es filmado haciendo el saludo nazi en una clase sobre el fascismo (en una imagen que luego se descontextualiza y hace viral). Mi temor efectivamente conectaba con la segunda batalla, con la posibilidad de crítica interna, sobre todo, si es formulada en tono agresivo. Es decir, mi temor provenía de que parte del alumnado estimara que mis contenidos o mis métodos, por cuanto fueran bien intencionados, pudieran ser insuficientemente inclusivos o no responder debidamente a las exigencias de un enfoque feminista interseccional; de que cualquiera de mis afirmaciones, al referirme a la categoría sexo-género pudiera estimarse como una generalización ofensiva o, peor aún, como una contribución a la consolidación de viejos estereotipos; de que mi discurso se viera solo como el de “una mujer blanca de clase privilegiada”. Y mi temor no se nutría únicamente de la cómica y por momentos hiperbólica serie de Netflix, sino de mis conversaciones con colegas americanas, profesoras de otras universidades de élite del país, que me han confesado que han dejado en los últimos tiempos de impartir derecho antidiscriminatorio por miedo a la reacción del estudiantado “progre”, más que a la crítica conservadora a la que ya estaban acostumbradas y, sobre todo, que les dolía mucho menos.

Por eso tuve cuidado de dejar primero que me descubrieran ellos a mí comentando mi punto de partida, en todos los sentidos, antes de invitarles a que se presentaran ellos e hicieran lo propio. Una vez que habíamos mencionado mi recorrido vital, mi identidad nacional y de género, mi condición de mujer blanca de clase media y mi experiencia de maternidad en solitario, ¿qué podían y querían ellos compartir con el resto de la clase acerca de quiénes eran, qué era importante para cada una en términos de identidad, con qué formación y experiencias acudían y qué esperaban sacar del curso? Uno a uno, fui pidiendo que me corrigieran hasta aprender a pronunciar bien sus nombres; una a una fui tratando de reconocer la importancia de lo que cada una podía contribuir a través de sus tradiciones jurídicas mencionando, así fuera de pasada, debates constitucionales relevantes en muchos de sus países de procedencia; con franqueza le reconocí a la alumna con diversidad funcional y a la alumna afroamericana que ni el tema de la diversidad funcional ni el de la opresión racial en EEUU iban a ocupar un lugar tan central en el curso como tal vez ellas esperaran.

El afán de respeto, el deseo de no ofender, no puede silenciarnos a los que, en principio, dedicamos esfuerzos y energías a explorar los entresijos de las distintas formas de opresión

Después de esta deliberada apertura, al concluir la clase, fue cuando de forma más explícita sinteticé mi posición teórica. El afán de respeto, el deseo de no ofender, no puede silenciarnos a los que, en principio, dedicamos esfuerzos y energías a explorar los entresijos de las distintas formas de opresión. Nos debemos respeto en las formas de expresión, sí, pero también una presunción de buena fe que se alimente de humildad. La humildad de saber que nadie tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de todo el mundo y mucho menos de todo el mundo a la vez; que todo somos parciales y tenemos sesgos y a lo máximo a lo que podemos aspirar es a tomar conciencia de ellos para ir remediándolos; que nadie puede hablar desde la perfecta imparcialidad y neutralidad, y que pretender hacerlo a través del recurso a la abstracción universalista con frecuencia sirve más para disfrazar verdades parciales que para dar con la verdad total; más para silenciar, que para animar un coro de voces. Y que, por lo tanto, la búsqueda de ese ideal dialógico deliberativo y plural debe servir para mantener la agenda siempre abierta, el reto siempre vivo, la actitud siempre receptiva, así sea para ir avanzando hacia algo que sabemos que nunca podremos lograr del todo y cuya búsqueda, no por ello, deja de tener sentido. El silencio no es opción nunca, pero sobre todo cuando el enemigo externo está fuerte y unido y las alianzas de resistencia resultan más necesarias que nunca. No sé si logré convencerlos, pero si lo hice, a mi entender, esta será la lección más importante que saque de todo lo poco o mucho que logre enseñarles en estos meses.

A mediados de los setenta, se enfrentan los intentos de liberalización del aborto y las fuerzas reaccionarias que tratan de contenerlos y, por primera vez en la historia, el conflicto se residencia en sede constitucional, tanto en EEUU como en varios países de Europa. Austria, Francia, Italia y Alemania se alternan como escenario de la contienda constitucional en un breve lapso de tiempo. Sin embargo, a diferencia de en Estados Unidos, en Europa las primeras sentencias son producto de una disputa constitucional que inician, no quienes intentan acelerar, por vía constitucional, el reconocimiento de la autonomía reproductiva de la mujer sino, por regla general, quienes intentan frenar la tendencia liberalizadora y mantener el modelo dominante que en aquel entonces era la criminalización del aborto, con solo algunas excepciones, en el mejor de los casos. Es cierto que en algunos países, como Austria o Francia, los Tribunales Constitucionales no se prestaron a otorgarle rango constitucional al nonato, y por ende, a interferir con los avances legislativos. A fin de cuentas, sus textos constitucionales no mencionaban nada al respecto siendo así que las primeras menciones constitucionales sobre la necesaria protección de la vida humana desde la concepción en países de profunda tradición católica no aparecen hasta los años ochenta (por ejemplo, Irlanda, reforma constitucional de 1983, Filipinas, Constitución de 1987). No obstante, hubo países, como Alemania, referente europeo en dogmática constitucional, en que los Tribunales Constitucionales suplieron con creativas interpretaciones el silencio constituyente.

La arquitectura constitucional del precedente alemán dibujaba a las embarazadas que contemplaban abortar como madres egoístas y a sus fetos como seres indefensos a los que era legítimo proteger por medios bien punitivos (la amenaza de sanción penal)

En concreto, una histórica sentencia de 1975 del Tribunal Constitucional Federal de Alemania fue la responsable de tumbar una ley que, apartándose del sistema de indicaciones, despenalizaba el aborto durante las primeras doce semanas de embarazo tras ofrecer asesoramiento a la mujer acerca de la asistencia pública y privada disponible, en caso de que decidiera continuar con su embarazo. Un maridaje entre el derecho a la vida y el principio de dignidad fue lo que permitió al tribunal alemán elevar la vida humana a la categoría de valor supremo del ordenamiento. Vergonzosamente postergada en esta arquitectura constitucional quedaba la mujer embarazada a quien apenas hacía referencia el alto tribunal de varones en su sentencia. Ciertamente -reconocía el tribunal- la autonomía de las mujeres podía verse afectada por el embarazo, el parto y la crianza de los hijos pero cualquier limitación en ese sentido palidecía frente al daño que se causaba al feto abortado razón por la cual su protección debía considerarse una prioridad durante todo el embarazo sin que una solución temporal o un análisis de proporcionalidad permitiera dar con soluciones intermedias. En definitiva, decía el tribunal teutón, que las embarazadas no debían dejarse llevar por la búsqueda de la comodidad o del hedonismo sino atender el deber constitucional de llevar su embarazo a término sin poder rechazar lo que el Tribunal llamaba “los deberes maternos naturales y los sacrificios inherentes”. Solo en circunstancias verdaderamente excepcionales cabía exonerar a la mujer embarazada de su deber natural de maternidad, circunstancias como las que se reflejan típicamente en las excepciones de un modelo de indicaciones, es decir para proteger la vida o la salud de la mujer, en caso de que el feto tuvieran graves malformaciones, cuando el embarazo fuese consecuencia de una violación o, incluso, cuando la mujer claramente careciese de medios por sus circunstancias socio-económicas.

¡Pero, ojo! Aún en estas circunstancias de necesidad y por tanto de exoneración de responsabilidad penal, que no de licitud abortiva, era imperativo que el sistema jurídico condenase el aborto como un ilícito y por ello antes de abortar se esperaba que las mujeres pasaran por un procedimiento de asesoramiento de tipo disuasorio que les recordara su deber y las animara a continuar con su embarazo. En definitiva, la arquitectura constitucional del precedente alemán dibujaba a las embarazadas que contemplaban abortar como madres egoístas y a sus fetos como seres indefensos a los que era legítimo y hasta necesario proteger por medios bien punitivos (la amenaza de sanción penal) o, en todo caso, disuasivos (asesoramiento disuasorio). Para acatar la sentencia Alemania se quedó pues anclada en el modelo de indicaciones, aunque ligeramente ampliado por el supuesto social. Y al final nadie quedó satisfecho. Los antiabortistas vieron con disgusto el elevado número de abortos que, con cobertura pública, se seguían realizando por la indicación social. Las activistas consideraron que la regulación seguía siendo demasiado onerosa, ineficaz e innecesariamente restrictiva de la decisión de las mujeres en la etapa temprana del embarazo.

Si para el resto del mundo, el caso Roe contra Wade de la Corte Suprema de EEUU, resuelto solo dos años antes, había ofrecido la posibilidad interpretativa de anclar la autonomía reproductiva de las mujeres en la constitución, la decisión alemana de 1975 ejemplificaba la manera de anclar constitucionalmente la protección constitucional del concebido. No obstante, de la misma manera que en 1992 el Tribunal Supremo de EEUU ajustó su doctrina con Planned Parenthood vs Casey en sentido restrictivo, sobre la misma fecha, en 1993, el Tribunal Constitucional Federal tuvo ocasión de perfeccionar la suya con una nueva sentencia que, sin alterar las bases conceptuales de su precedente, acababa otorgando mayor importancia a la autonomía de la mujer. En realidad, no quedaban muchas alternativas plausibles. El contexto era el de la reunificación del país y se partía de la realidad de que en Alemania Oriental (a diferencia de Alemania Occidental) las mujeres sí podían abortar libremente en la primera etapa del embarazo. Era hora de volver a intentar el salto hacia la solución de plazos y lo que ahora proponía el legislador era despenalizar el aborto en las primeras doce semanas, después de un proceso de asesoramiento (no explícitamente disuasorio) y, eso sí, tras un período de reflexión de tres días. En cambio, y en concordancia con la tradición constitucional europea del Estado social, tan distinto al modelo liberal estadounidense, la nueva legislación planteaba políticas públicas para prevenir embarazos no deseados y mejorar el entorno social de las mujeres y familias con hijos incluyendo un voluminoso paquete de medidas educativas, de control de la natalidad y de asistencia estatal en materia de planificación familiar.

Con el tiempo, el sistema de plazos que permite abortar a la mujer en ejercicio de su libre autonomía se ha ido convirtiendo en la norma general en Europa

Una vez más, la ley fue impugnada. En su sentencia, el alto tribunal no se oponía al abandono de medios represivos y avalaba la adopción de un modelo de plazos, sobre todo ante la evidencia, ya ampliamente constatada, de que prohibir el aborto a lo único a lo que conducía era a abortos inseguros, no a un descenso del número de abortos. Sin embargo, el Tribunal no se mostraba proclive a abandonar el mecanismo de la disuasión y en ese extremo enmendaba la plana al legislador. Las medidas preventivas y asistenciales de la maternidad eran ciertamente bienvenidas y necesarias, porque la protección del derecho a la vida debía interpretarse a la luz del deber de amparar a la familia y la maternidad que también consagraba el texto constitucional alemán sin que la responsabilidad de proteger la vida pueda recaer enteramente sobre las mujeres, condicionando de forma indebida su desarrollo personal o profesional. Pero tales medidas, por necesarias que fueran, no constituían suficiente protección constitucional del feto. Se imponía, cuanto menos, un procedimiento de asesoramiento previo a la mujer que de forma explícita tratara de convencerla de que no abandonase sus deberes naturales de maternidad y que además permitiera contrarrestar el peso que en su decisión hubiera podido tener la influencia de quienes, como marido o familiares, las hubieran podido desanimar y apartar de la opción de la maternidad. De mujer egoísta o caprichosa en busca de su comodidad la nueva sentencia del tribunal alemán parecía abrazar la imagen de la mujer deseosa de maternidad pero vulnerable y condicionada por los demás.

El impacto de las decisiones alemanas sobre el aborto en otros países del entorno fue ciertamente notable, sobre todo en los que compartían tradición católica y de justicia constitucional. Y aunque al final la construcción doctrinal adoptada permitió la adopción de un sistema que combinaba la solución periódica con un procedimiento de asesoramiento disuasivo y medidas asistenciales, en varios países que no contemplaban aún el sistema de plazos sirvió para validar el sistema de indicaciones. Así, a mediados de la década de 1980, nos encontramos con que los tribunales constitucionales, tanto de Portugal (sentencias del 84 y 85) como de España (sentencia 53/85 de 1985), usaron versiones de esta doctrina para defender el sistema de causales legalmente introducido que, como el de nuestra la Ley Orgánica de reforma del art. 417 bis del Código Penal, exoneraba de responsabilidad penal en los supuestos de los entonces conocidos como abortos éticos, eugenésicos y médicos, frente a las fuerzas conservadoras que insistían en la criminalización incondicional. En su construcción, ambos tribunales partieron, como lo hiciera el alemán y a diferencia del estadounidense, de la tutela debida al nasciturus y no a la mujer, y aunque no lo consideraron titular de derechos en sentido estricto, sí estimaron que encarnaba un valor constitucional digno de protección constitucional. En cualquier caso importa resaltar que los tribunales en aquel momento se limitaron a afirmar la validez de las excepciones al castigo penal como regla general pero no que este sistema, el de indicaciones, fuese el único constitucionalmente válido.

De hecho, con el tiempo, el sistema de plazos que permite abortar a la mujer en ejercicio de su libre autonomía se ha ido convirtiendo en la norma general en Europa. También en nuestro país donde desde 2010 está en vigor la LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que permite que la mujer decida libremente en las 14 primeras semanas. Sin embargo, como era de esperar, en aquellos países que bebieron de forma temprana de la doctrina alemana no ha dejado de suscitarse la duda de si, en esas primeras semanas de embarazo en las que se otorga a la mujer la decisión de si continuar o no con el mismo, se dejaba en situación de total desprotección la vida del nasciturus y se incurría por ello en clamorosa inconstitucionalidad. Portugal ya ha respondido a la pregunta y en España puede que lo haga en los próximos meses.

Ni el feto es persona titular de derechos ni la Constitución española, recordaba Tomás y Valiente, incluía la vida como valor y mucho menos como valor supremo del ordenamiento jurídico en un orden constitucional que sí incluía la libertad o la igualdad

 Al hacerlo, es poco probable que nuestro Tribunal valide el actual sistema periódico apartándose totalmente de su jurisprudencia anterior. Hacerlo requeriría reconocer abiertamente que aquella jurisprudencia fue errónea y reconocer tal vez que llevaba razón el  magistrado Tomás y Valiente en su voto particular cuando criticaba el actuar de sus compañeros que tildaba de jurisprudencia de valores. Ni el feto es persona titular de derechos ni la Constitución española, recordaba Tomás y Valiente, incluía la vida como valor y mucho menos como valor supremo del ordenamiento jurídico en un orden constitucional que sí incluía otros que, como la libertad y la igualdad (artículo 1.1CE) guardaban clara conexión con la autonomía reproductiva de la mujer que la sentencia postergaba. Pero también parece poco probable que nuestro Tribunal quiera conducir a España a una posición de excepcionalidad dentro del contexto europeo forzando el retorno a un sistema de causales que ponga el énfasis en el castigo penal. Recordemos que ni siquiera el tribunal alemán lo hizo en 1993 cuando articuló el umbral mínimo de protección debida al feto en un sistema que combinara prevención, asistencia y disuasión. Pensemos también en que si a pesar de sus amplias mayorías y de dos legislaturas del Partido Popular no se ha modificado, en esencia, la legislación española, debe ser porque hacerlo no responde al sentido general de la ciudanía en su conjunto, y no solo de un sector de la misma. Lo más probable pues es que el Tribunal tenga que hilar fino si no quiere arriesgar la mera ulterior de su legitimidad social. Y al hacerlo puede querer volver su mirada hacia al vecino luso que ya se vio en la misma encrucijada: ¿Cómo compatibilizar un sistema de plazos que contempla la ley con la protección debida a la vida concebida y no nacida?

En Portugal en el 2010, el Tribunal Constitucional validó la ley cuestionada que, siguiendo el sistema de plazos permitía a la mujer abortar libremente en las 10 primeras semanas de embarazo. Al hacerlo, el voto de la mayoría desechaba la tesis del tribunal alemán en función de la cual el umbral mínimo de protección incluía el intento de disuasión, es decir obligar a la mujer a pasar por un procedimiento de asesoramiento cuyo objetivo central fuese el de disuadirla de su intención abortiva, obligación que la ley portuguesa no contemplaba. Al igual que la ley portuguesa, la ley española sobre la que habrá de recaer pronta sentencia, descansa en un sistema de tipo preventivo y asistencial, pues lo que prevé es un sistema de asesoramiento no disuasorio que, entre otras, informe a la mujer de “las ayudas pública disponibles para las mujeres embarazadas, la cobertura sanitaria durante el embarazo y parto” (artículo 17, 2.a) y de “los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad; las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas; los beneficios fiscales y demás información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimientoy lo a la maternidad” (artículo 17, 2.b), dejando que sea esta quien, en el plazo de 3 días, tome libremente la decisión. Comparte por ello la filosofía de base en virtud de la cual es necesaria una ponderación entre la protección objetiva debida al nasciturus y los derechos de las mujeres y de que, en la etapa temprana del embarazo, la forma de tutela constitucional de la vida humana concebida más compatible con los derechos y libertades de la mujer no es la que trata de minimizar las posibilidades de que se aborten todos y cada uno de los fetos concebidos sino la que trata de evitar tanto la trivialización social del aborto (como método anticonceptivo) como la que impide que, por falta de medidas, las mujeres que de otras formas la considerarían, desechen la opción de la maternidad. Es decir, la que se expresa a través de una adecuada educación sexual que logre minimizar el número de embarazos no deseados, ponga recursos y políticas que hagan de la reproducción algo accesible y le otorgue a la mujer la información necesaria sobre recursos existentes para que, como mujer adulta y ser autónomo, pueda tomar una decisión verdaderamente libre. Lo que tal vez tenga que decidir nuestro tribunal es si, como estimó su homólogo portugués, esa forma de entender el respeto que merece toda vida humana desde el momento de su concepción es suficiente, o si, por el contrario, debe el Estado empeñarse en evitar (disuadiendo ya que prohibiendo parece no funcionar) a cada mujer embarazada que esté considerando la opción de abortar.

La pregunta que seguramente tanto Vds. como yo nos estemos haciendo a estas alturas es si está bien que todas estas cuestiones las decidan un pequeño grupo de jueces que en muchos países, como el nuestro, siguen además siendo mayoritariamente varones

El voto de la mayoría del Tribunal portugués entendió que un procedimiento de asesoramiento de tipo disuasorio no solo no era necesario sino que era contrario a la autonomía de la mujer y hasta una forma de insulto que la infantilizaba y colocaba en una situación de vulnerabilidad emocional y psicológica. A esto podríamos añadir que aunque, como vemos, la tradición europea, a diferencia de la estadounidense, ha venido poniendo el énfasis en que no sea solo la mujer sino el Estado en su conjunto el que ponga los medios para que las mujeres contemplen la opción de la maternidad sin sacrificar el resto de sus derechos y libertades, esto, a fecha de hoy, no deja de ser una quimera que las estadísticas de umbrales de pobreza de las familias monomarentales o de discriminación laboral por embarazo, por mencionar solo dos, desmienten. Sería por ello obsceno cualquier intento no ya coercitivo sino disuasorio que se pretendiera en este contexto.

En todo caso, lo que este breve repaso de los debates y las arquitecturas constitucionales sobre el aborto a ambos lados del charco nos indica es que en este ámbito del derecho la dogmática jurisprudencial ha sido más decisiva que los parcos textos constitucionales y que la hermenéutica constitucional ha sido a menudo moldeada por consideraciones relacionadas con el valor de la vida humana, la comprensión de la relación entre la mujer embarazada y el feto que es su cuerpo, el papel de la maternidad en la vida de una mujer y el entendimiento acerca de sobre quién han de recaer los costos de la reproducción humana y en qué medida deben ser asumido colectivamente.

La pregunta que seguramente tanto Vds. como yo nos estemos haciendo a estas alturas es si está bien que todas estas cuestiones las decidan un pequeño grupo de jueces que en muchos países, como el nuestro, siguen además siendo mayoritariamente varones.

En Estados Unidos, las disputas de los años 70 en torno a la liberalización del aborto condujeron a reformas legislativas en los distintos Estados pero la evolución a distintas velocidades a nivel estatal se vio fuertemente condicionadas por Roe contra Wade, el caso histórico que en 1973 llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos a afirmar por primera vez la autonomía reproductiva de la mujer embarazada como merecedora de tutela constitucional, deduciéndola de un texto constitucional que nada decía sobre la materia. La sentencia anulaba una ley de Texas que tipificaba el aborto como delito siempre que no fuera necesario para salvar la vida de la madre. La interpretación novedosa la Corte Suprema amparaba el derecho al aborto en el derecho a la intimidad, un derecho que tampoco recogía de forma explícita la constitución estadounidense pero que unos años antes, en 1965, la Corte había entendido como implícitamente reconocido y del que se había valido para anular una ley que criminalizaba el uso de métodos anticonceptivos dentro del matrimonio (caso Griswold contra Connecticut).

En el imaginario público, no solo de EEUU sino del mundo entero, Roe v. Wade se convirtió en la primera articulación del derecho constitucional a abortar de las mujeres. La sentencia afirmaba el derecho a interrumpir el embarazo sin ningún tipo de injerencia estatal durante el primer trimestre, permitiendo a los poderes públicos regular el aborto a fin de proteger la salud y la vida de la mujer embarazada después del primer trimestre, y limitarlo o incluso prohibirlo después del punto de viabilidad fetal (entendido como el momento a partir del cual el feto tendría posibilidades de subsistencia fuera del seno materno y cifrado comúnmente en torno a la semana 24 de embarazo). Dos décadas después de Roe, en 1992, en Planned Parenthood contra Casey, la Corte salvaba el núcleo duro de lo decidido en Roe (es decir, el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo antes del momento de viabilidad fetal), pero se apartaba del rígido esquema trimestral en una sentencia que narrativamente reafirmaba la autonomía reproductiva de las mujeres reconociendo, al mismo tiempo, la posible validez de limitaciones en aras tanto de la salud de la mujer como de la vida del feto, siempre que tales limitaciones no obstaculizaran indebidamente la decisión autónoma de la embarazada. Como cabe imaginar, en adelante, la batalla se libraría en torno a la definición de lo que cabe calificar de “obstáculo o carga indebida” (undue burden), una definición que pasaría a dar bastante juego legislativo y batalla constitucional.

Si bien en la historia del constitucionalismo Roe y Casey encarnan intentos exitosos de introducir la agenda de los derechos reproductivos en un marco constitucional que, como el estadounidense y como el de muchos países del mundo, la omite por completo, fueron muchos los que criticaron los límites de su arquitectura constitucional y, en concreto, su capacidad de generar una agenda más amplia de justicia reproductiva, en sintonía con las demandas del movimiento de mujeres de la época que ponía énfasis no solo en el derecho a abortar sin injerencia, sino en la importancia de la prestación del servicio y de la asistencia a la maternidad. A fin de cuentas, conceptualizar el aborto como cuestión de autonomía reproductiva vinculada al derecho a la intimidad personal eximía al Estado de crear las condiciones de acceso para las mujeres con menos recursos entre las que las mujeres negras se encontraban además sobre representadas. Ciertamente era poco probable que la agenda conservadora de la Nueva Derecha en los ochenta condujera a un reconocimiento más amplio de la necesidad de distribuir socialmente los costes de la reproducción humana. Y si quedaban dudas al respecto, estas se despejaron en 1980 fecha en la que la Corte Suprema de los Estados Unidos validó, como opción constitucionalmente legítima (caso Harris contra McRae), prohibir la financiación del aborto con fondos federales. Las políticas estatales en los Estados progresistas y la beneficiencia en los más conservadores podrían suplir las carencias hasta cierto punto, pero el derecho constitucional al aborto reconocido en Roe, como garantía de mínimos, no equivalía en realidad sino un privilegio de las mujeres más acomodadas. 

A pesar de su limitado alcance la carga simbólica de Roe era incuestionable. Por ello, su rechazo acabaría convirtiéndose en auténtica señal de identidad del partido republicano, igualada solo por la del derecho a portar armas y el empeño en el desmantelamiento del Estado del bienestar. Y si, en los años setenta y principios de los ochenta, muchos de los detractores concentraron sus energías en la aprobación de una reforma constitucional que sancionara de forma explícita el valor de la vida humana desde su concepción (reforma que nunca vio la luz), desde principios del nuevo siglo una estrategia más incremental fue ganando fuerza. Se trataba de ir erosionando gradualmente el derecho por medio de una regulación cada vez más restrictiva cuya narrativa central dejaría además de ser exclusivamente la protección del feto para referirse a la necesidad de tutelar a las mujeres y protegerlas frente a los supuestos daños que les acarrearía la decisión de abortar y frente a “la codicia” de los proveedores de los servicios. Se trataba, en definitiva, de vaciar el derecho al aborto sin necesidad de que el Tribunal Supremo lo revocase abiertamente.

La tendencia hacia el endurecimiento de las restricciones al aborto se aceleró drásticamente a raíz de las elecciones de 2010 que llevaron al poder al Tea Party y a muchos candidatos conservadores cuya prioridad era acabar con el aborto. Solo en 2011, los Estados conservadores aprobaron más leyes restrictivas en materia de aborto que en cualquier otro año de la historia de Estados Unidos. Detrás de este frenesí legislativo anti-aborto se encontraba con frecuencia la mano de Americans United for Life (AUL), un influyente grupo pro-vida, fundado en 1971 en reacción a la liberalización de las leyes de aborto a nivel estatal que en la actualidad está también implicado en luchas antiabortistas en el resto del mundo. Entre sus tácticas más usuales se encuentra la redacción de leyes prototipo que, bajo la excusa de proteger a las mujeres, regulan la actividad de los proveedores de aborto imponiéndoles cargas mucho más severas que las enfrentan los proveedores de servicios de atención médica de riesgo comparable. Este tipo de regulación cada vez más frecuente en Estados conservadores ha forzado el cierre de muchas clínicas que han dejado se ser económicamente viables y obliga a las mujeres que a fecha de hoy siguen teniendo un derecho constitucional a hacerlo bien a renunciar al mismo, bien a desplazarse hasta lugares muy lejanos para poder hacerlo con la natural consecuencia de que muchas no lo hacen. En la actualidad hay estudios que demuestran que cerrar una clínica cercana y obligar a las mujeres a desplazarse 400 kilómetros o más para acceder a otra rebaja en un 40% la posibilidad de que esta acabe abortando.  

Hasta ahora, la Corte Suprema había validado algunas de estas restricciones pero siempre protegiendo el núcleo del precedente de Roe y Casey: la libertad de abortar hasta el momento de viabilidad del feto. Es el reciente giro conservador de la misma —tras el nombramiento de Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett por Trump— el que le ha dado a AUL y a otros actores pro-vida la esperanza de que se aparte una vez por todas de su precedente. De ahí el renovado ímpetu legislativo en muchos Estados conservadores, como Misisipi o Texas, Estados que no han dudado en aprobar leyes que saben claramente inconstitucionales a fecha de hoy, pero que buscan servir de ocasión para que Tribunal Supremo se aparte de su doctrina. Si la de Misisipi, de la que probablemente depende el futuro de la última clínica abortiva del Estado, prohíbe la mayoría de los abortos después de las quince semanas de embarazo (sin atender al plazo marcado por la viabilidad del feto ni introducir excepciones para el supuesto de que el embarazo sea producto de una violación), la de Texas va más allá y pone el umbral en el momento en el que la actividad cardíaca es médicamente detectable, lo que viene a ser a las seis semanas de embarazo, es decir, mucho antes de muchas mujeres se den cuenta de que están embarazadas. 

Después de la audiencia del pasado 1 de diciembre en torno a la ley de Misisipi en el caso Hobbs Dobbs contra Jackson Women´s Health Organization (audiencia que permite, por regla general, anticipar el posicionamiento de los distintos jueces de la Corte) los periódicos del mundo entero se llenaron de titulares augurando el desmoronamiento de Roe en junio del 2022 cuando la Corte dicte finalmente sentencia. El debate desde entonces se ha centrado en predecir si la Corte “desconstitucionalizará” el derecho a abortar (alegando que Roe fue un mal precedente por sacárselo de la chistera) permitiendo así que los Estados más conservadores prohíban por completo o limiten de forma extraordinariamente severa el plazo para abortar (lo que podría suceder hasta en 22 Estados en los que a fecha de hoy se calcula que se realizan el 33% de los abortos) o si mantendrá el derecho pero sacrificando el estándar de la viabilidad del feto permitiendo que los Estados limiten los plazos con respecto a las 23 semanas que marca el umbral de la viabilidad con lo que los efectos (teniendo en cuenta que en realidad solo el 4% de los abortos se realizan en la actualidad más allá de las 15 primeras semanas) serían bastante menores. Las consecuencias, en cualquier caso, se harán sentir una vez más, en las vidas de las mujeres con menos recursos, puesto que las que cuentan con mayores recursos podrán siempre desplazarse para abortar en las pocas clínicas que sobrevivan o en las de Estados colindantes con legislaciones más permisivas, por lejos que estén. 

Para aquellas que tienen menos recursos (hay estudios que muestran que la mitad de las mujeres que abortaron en 2014 estaban por debajo del umbral de pobreza y que un cuarto más estaba cerca del mismo, siendo la mitad de ellas madres solas) quedará, como siempre, la vía del aborto clandestino en condiciones insalubres que tantas vidas de mujeres se ha cobrado a lo largo de la historia de humanidad y a la que únicamente la posibilidad, cada vez más real, de obtener píldoras abortivas que se consiguen en la red, le resta algo de dramatismo. Sin embargo, lo que nos dicen las cifras es que muchas de esas mujeres (hay estudios que calculan que hasta el 50%) acabarán sencillamente renunciando a la posibilidad de abortar lo cual demuestra que abortar no es solo una opción que dependa del acceso a condiciones que lo hagan médicamente posible sino de contextos de interpretación que doten de significado a la acción misma. Por ello es previsible que, más allá de los obstáculos que plantea la distancia (en términos de costes asociados al desplazamiento o a tener que desatender las obligaciones laborales o de cuidados) o el acceso a la medicación necesaria, muchas mujeres renuncien a abortar en aquellos Estados en los que abortar pase de ser un derecho constitucional (por limitado que fuera en la realidad) a ser un delito. Se trata, a fin de cuenta, de los mismos Estados en los que las tasas de seguro médico entre la población son bajas, las necesidades anticonceptivas de las mujeres sin recursos están mal satisfechas y los servicios de planificación familiar y los programas de educación sexual han venido cada vez más poniendo el énfasis en la abstinencia como único método anticonceptivo estigmatizando, de esta forma, las relaciones sexuales fuera del matrimonio o no reproductivas. Si por un momento nos detenemos a pensar que precisamente todo lo contrario es lo que haría falta para reducir de forma significativa el número de abortos (no hay mejor forma de hacerlo que reduciendo el número de embarazos no deseados) no tardaremos en entender que lo que está en juego en la guerra antiabortiva no es solo la obsesión de corte más o menos religiosa por salvar fetos sino el empeño por mantener un orden de género patriarcal que insiste en la maternidad como forma de realización única o primordial de la mujer. La mujer que quiera desafiarlo pero que, en un contexto así, sienta que al hacerlo está evadiendo la ley, en vez de ejercitando un derecho fundamental, debe contar no solo con los medios materiales sino con recursos psicológicos que le impidan internalizar el oprobio social que expresa la letra de la ley. Como es previsible que muchas de ellas carezcan de tales recursos por múltiples razones, lo que saldrá reforzado es el orden patriarcal represor y como son muchos los puntos de la geografía en los que su sombra atisba lo que suceda en EEUU y con Roe nos afecta a todas. 

Empiezo con este una breve serie de artículos y lo hago con el corazón encogido. Encogido como lo deben tener muchas de las mujeres -se calcula unos 40 millones entre los 15 y los 40 años de edad fértil- que en Estados Unidos vislumbran hoy como una posibilidad real perder o ver drásticamente alterado un derecho constitucional del que llevan disfrutando ellas y sus conciudadanas durante casi cinco décadas. Todo dependerá de si en los próximos meses al menos cinco de los nueve jueces que actualmente componen el Tribunal Supremo de los EEUU (7 varones, 3 mujeres, 3 de ellos nombrados por Trump) así lo deciden al resolver el caso Dobbs contra Jackson Women´s Health Organization cuya audiencia tuvo lugar la semana pasada.

La congoja lo es también porque sospecho que el asunto puede trascender del ámbito estadounidense y afectar el debate constitucional en otros muchos países que, como el nuestro, también tienen juicios pendientes en la materia o los tendrán pronto, y también acabarán confiando la definición de los límites de la autonomía reproductiva de sus ciudadanas a un puñado de magistrados constitucionales, la mayoría de ellos, varones. Dado el potencial alcance de un debate constitucional que, como vemos, en muchos países puede suplantar la voluntad del legislador y consideraciones de oportunidad política, me parece oportuna la labor de pedagogía ciudadana en una materia, por lo demás, compleja. Compleja, porque lo cierto y verdad, y de esto hay que partir, es que los varones que a lo largo de la historia del constitucionalismo y a lo ancho del planeta se han encargado mayoritaria, cuando no exclusivamente, de redactar constituciones no han tenido que plantearse nunca qué conllevaría para ellos tener que vivir, sin desearlo, un embarazo, parto o maternidad; maternidad no deseada que, en términos de obligaciones de cuidado y crianza, todos sabemos que nunca ha sido estadísticamente equivalente a la paternidad no deseada. Tal vez por eso mismo los “padres del constitucionalismo” no hayan estimado que la libertad reproductiva mereciera anclaje constitucional firme y sigamos hoy avanzando entre tinieblas.

De hecho, la vulnerabilidad de Roe v. Wade, el precedente que en EEUU reconociera en 1973 a las ciudadanas americanas un derecho constitucional a abortar libremente hasta el momento de viabilidad del feto (cifrado en torno a la semana 24 del embarazo) y que, a pesar de ser sin duda una de las sentencias más conocidas de la historia constitucional de EEUU tiene ahora visos de sucumbir bajo la nueva doctrina que siente el tribunal en Dobbs contra Jackson (que decidirá sobre la constitucionalidad de una ley de Misisipi que prohíbe prácticamente todos los abortos más allá de las primeras 15 semanas de embarazo), reside precisamente en que se trata de un derecho jurisprudencialmente construido. Se partía de una Constitución que, como la americana de 1787, está aún vigente, y que, como la mayoría de las constituciones del mundo aún hoy, no reconocen tal derecho, ni de forma explícita, ni de forma genérica al abrigo de alguna fórmula más amplia como pudiera ser una que reconociera la autonomía reproductiva de la mujer.

Poner Roe contra Wade en su contexto histórico para facilitar la comprensión de su alcance entonces -y del significado que tendría su abolición ahora- nos remonta a la década de 1960 que, de la mano de los países nórdicos, marcó la tendencia liberalizadora en materia de aborto tanto en Europa como en América del Norte, tendencia que encontró expresión en debates y reformas legislativas. La inmensa mayoría de los países que a la sazón introdujeron reformas legales lo hicieron para reconocer o ampliar el sistema de excepciones penales, es decir, las condiciones bajo las cuales el aborto, hasta entonces mayormente criminalizado, debía considerarse legal, o cuanto menos, no punible. Fue así cómo empezaron a hacerse sentir en el mundo del derecho consideraciones como la necesidad de proteger la vida o la salud de la mujer embarazada en todo caso; la de permitir que esta interrumpiera la gestación de un feto con graves malformaciones; o la de no obligar a una mujer a continuar con un embarazo resultado de una violación o a afrontar una maternidad sin disponer de los medios suficientes para atender a las necesidades básicas de su crianza. Esta vía de la prohibición en principio, salvo contadas excepciones, normalizaba el deber de la mujer embarazada de seguir adelante con su embarazo, reconociendo, no obstante, que bajo circunstancias excepcionales, este deber debía ceder frente a otros derechos e intereses de la mujer gestante.

Las feministas de la época de los 70n abogaban por un cambio categórico y por la derogación total de la prohibición penal, apoyándose en la noción de la autonomía y la libertad individual, retando así normas y prejuicios en torno a la maternidad

La progresiva liberalización del aborto (tema unificador del movimiento feminista en Europa occidental y Norteamérica a principios de la década de 1970) venía acompañada de importantes cambios en la opinión pública y en la prensa. Entre los factores determinantes cabe destacar el gran número de abortos ilegales y su alta tasa de mortandad asociada, con una incidencia especialmente acusada entre las mujeres pobres que no podían viajar al extranjero para abortar en países donde el procedimiento era legal sino que tenían que hacerlo a través de una red clandestina de médicos. Otros problemas parecían apuntar en la misma dirección. Entre ellos, los problemas de salud de las mujeres que habían estado expuestas a drogas o enfermedades potencialmente dañinas para el feto (como la talidomida o el sarampión), la inquietud por la superpoblación en la tierra y las inquietudes profesionales de médicos que contemplaban con preocupación la aplicación errática de la legislación penal en materia de aborto.

En este contexto, mientras que en varios sectores se avanzaba la necesidad de proceder de manera incremental (agregando excepciones a la norma general de la penalización del aborto), las feministas de la época abogaban por un cambio categórico y por la derogación total de la prohibición penal, apoyándose en la noción de la autonomía y la libertad individual, retando así normas y prejuicios en torno a la maternidad. Lo articulaba con claridad Betty Friedan, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres, en la Primera Conferencia Nacional sobre el Aborto en febrero de 1969:

“No hay libertad, no hay igualdad, no hay plena dignidad humana y personalidad posible para las mujeres hasta que hagamos valer y exijamos el control sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestro propio proceso reproductivo […] Las mujeres son las que […] por tanto deben decidir, y lo que estamos haciendo, me parece, es darnos cuenta de que hay ciertos derechos que nunca han sido definidos como derechos, que son fundamentales para la igualdad de las mujeres, y que no estaban definidos en la Constitución de este ni ningún otro país, cuando la Constitución fue redactada solo por hombres. El derecho de la mujer a controlar su proceso reproductivo debe establecerse como un derecho civil humano básico y valioso que el Estado no puede negar ni coartar […] La verdadera revolución sexual es la salida de la mujer de la pasividad, de la cosificación [...] hacia la autodeterminación plena, a la dignidad plena...”

Muchas fueron las feministas de la época en Europa y América del Norte que compartieron las tesis de Friedan y en distintos puntos de la geografía decidieron poner en marcha una estrategia de “me too”, para romper con la hipocresía imperante y reconocer a través de los medios de comunicación que ellas también habían abortado. Esta estrategia llevó a 343 mujeres en Francia a firmar un manifiesto escrito por Simone de Beauvoir en Le Nouvel Observateur en abril de 1971. Dos meses después, Aktion 218, una organización de mujeres de Alemania occidental (que lleva el nombre de la Sección del Código Penal que penalizaba el aborto), publicaba historias de aborto y los nombres de 374 mujeres alemanas que habían abortado en Der Stern. El 4 de agosto de 1971 fue el momento en el que las italianas que orquestaron su propia campaña de autoincriminación en Liberazione Notizie mientras que en Estados Unidos una publicación en la edición de primavera de 1972 de la revista Ms emulaba la acción de protesta.

Las demandas feministas en materia de justicia reproductiva incluyeron desde el principio también mejor protección para las mujeres que deseaban tener hijos

Aunque muchas de las que daban la cara tenían las espaldas cubiertas y eran mujeres de alto perfil, lo cierto es que tanto en Europa como en los Estados Unidos preocupaba el impacto de clase y racial de la criminalización del aborto. En los Estados Unidos, Frances Beal, una destacada feminista afroamericana, hacía llamamiento a la necesidad de ampliar la discusión sobre los daños reproductivos al referirse al “doble peligro” de las mujeres de las comunidades negras y puertorriqueñas, recordando cómo las mujeres de color, además de ser expuestas a abortos inseguros, sufrían la presiones del movimiento eugenésico que amparaba la práctica de ofrecer prestaciones sociales a cambio de aceptar la esterilización. En todo caso conviene recordar que, aunque el debate sobre el aborto dominó gran parte del escenario, las demandas feministas en materia de justicia reproductiva incluyeron desde el principio también mejor protección para las mujeres que deseaban tener hijos. La estabilidad en el empleo de las mujeres embarazadas o la asistencia estatal en las tareas de cuidado ocupaban un lugar central entre los reclamos feministas de la época.

A medida que el movimiento en pos de la liberalización del aborto ganó fuerza, tanto en Europa como América del Norte, la resistencia empezó a articular estrategias de contra-movilización. En todas partes fue el sector católico conservador el que encabezó la lucha, gradualmente desplazando la argumentación teológica por un lenguaje moderno de los derechos humanos que serviría para defender el derecho a la vida del feto (descrito, en general, en calidad de “ser humano inocente”). Desde estos sectores religiosos no se dudó en invocar el nazismo en Alemania occidental y el tejido moral de la nación en Estados Unidos, para vincular el debate del aborto a la noción abstracta de la dignidad humana y al Estado de derecho. Y fue en este contexto altamente polarizado en el que en varios países en los que el consenso político parecía de difícil alcance se solicitó por primera vez a varios cortes y tribunales constitucionales del mundo que intervinieran, principalmente, para frenar los intentos de liberalización. Es así como nacen las primeras sentencias que abordan el aborto en términos constitucionales tanto en América del Norte y en Europa. Como veremos, la arquitectura constitucional de partida no sería, sin embargo, la misma en ambos lados del Atlántico. 

El título del libro (Why do so many incompentent men become leaders? (and how to fix it), Harvard Business Review Press, 2019) ciertamente me llamó la atención, como también lo hizo el hecho de que la autoría no proviniese de un nombre más o menos conocido del campo de los estudios feministas y de género sino de un autor, varón, Tomás Chamorro-Premuzic, quien por lo que luego indagué, resultó ser una autoridad internacional en perfiles psicológicos, gestión de talento y desarrollo de liderazgo, profesor de psicología empresarial en University College London y de la Columbia University. Su tesis principal, que quiero compartir hoy con mis lectores, también me sorprendió.

Acostumbrada a mis lecturas sobre liderazgo de mujeres, esperaba que el énfasis estuviera en los obstáculos que las mujeres encontramos a la hora de ascender y de romper techos de cristal en todos los ámbitos profesionales y en todas las esferas de poder. En realidad tenía aún en mente la lectura reciente de otro libro algo ya más antiguo (Through the Labyrinth: The Truth About How Women Become Leaders de Alice Eagly y Linda Carli, Harvard University Press, 2007) en el que las autoras explican cómo la resistencia al liderazgo femenino, los estereotipos de género y los problemas de conciliación familiar están en la base de la infrarrepresentación de las mujeres, antes de proponer toda una panoplia de medidas para abordar lo que, apartándose de la metáfora del techo de cristal (que sugiere un único y gran obstáculo solo al final del recorrido) ellas describen como el laberinto en el que nos encontramos las mujeres. Un laberinto de muros que se cruzan y que van minando las posibilidades de llegar a una meta final que muchas veces ni siquiera se logra vislumbrar con claridad. Medidas, proponían las autoras, como la necesidad de cambiar los sistemas de evaluación poniendo el énfasis en el trabajo por objetivos y no por tiempos; la transparencia en los criterios de evaluación; el uso de métodos transparentes y abiertos de contratación y ascenso; la necesidad de mentoras; garantizar que haya siempre una masa crítica de mujeres en niveles ejecutivos; dar oportunidades de trabajos exigentes a mujeres con buenas capacidades aunque sin tanta experiencia para que precisamente la puedan desarrollar, y, por supuesto, una política de recursos humanos que sea respetuosa con las exigencias familiares y contemple fórmulas flexibles y adaptativas de trabajo.

Los rasgos de personalidad que hacen que seleccionemos a determinadas personas para desempeñar roles de mando son los mismos que permiten predecir que no van a desempeñarse bien cuando los ejerzan como jefes

Pero no es ahí donde Chamorro-Premuzic nos quiere llevar. Su pregunta, en definitiva, no es por qué no están presentes en los roles de liderazgo más de las muchas mujeres competentes que podrían estarlo, sino por qué están presentes tantos hombres que no lo son, como demuestra el hecho de que, de acuerdo con datos que también nos proporciona, el 75% de las personas abandonen sus empleos por culpa de sus jefes, o de que, según encuestas recientes, el 65% de los americanos preferirían un cambio de jefe a una subida de salario. Su tesis central: los rasgos de personalidad que hacen que seleccionemos a determinadas personas para desempeñar roles de mando son los mismos que permiten predecir que no van a desempeñarse bien cuando los ejerzan como jefes. ¿Y de qué rasgos y perfiles se trata? Pues se trataría de personas que tienen un altísimo grado de confianza en sí mismos, de ensimismamiento, de narcisismo y, también, con frecuencia, su dosis de psicopatía. Este es precisamente el perfil que muchas veces identificamos como persona carismática y escogemos para desempeñar puestos directivos. Y también el de las personas que luego desempeñan mal como jefes.

Por supuesto estos rasgos no son exclusivos de los varones. El libro cita por ejemplo experimentos que demuestran que todas las personas tenemos un grado de confianza en nuestras habilidades y capacidades que excede la realidad y que solo el 10% de las personas no se equivoca cuando se les pide que adivinen su cociente intelectual y luego se contrasta la respuesta con la que se obtiene a través de tests de medición. Pero sí hay sesgo de género porque sí se trata de rasgos que tienen más hombres que mujeres y que por lo tanto han servido para conformar estereotipos de género de forma que las mujeres, o los tienen en alguna menor medida, o los tienen que domar si quieren ser exitosas. En otras palabras, el varón puede mostrar sin tapujo alguno su seguridad en sí mismo (aunque sea objetivamente desproporcionada) y ello se percibirá como reflejo de su nivel de competencia, aunque no sea cierto. La mujer que aspira a cargos de mando tiene que ser segura pero además demostrar mucho más su nivel real de competencia y su empatía y generosidad para con los demás, porque de otra forma será castigada por la osadía de su seguridad o rechazada por su insuficiente feminidad o su excesiva masculinización.

Con demasiada frecuencia quienes deciden lanzarse a conquistar cargos de poder parecen entender que de lo que se trata es de lograr un premio, un reconocimiento, una oportunidad para seguir ascendiendo y consolidando estatus

El problema no es solo que esto conduzca a que haya menos mujeres líderes, sino a que los hombres que hay no logran desempeñar bien sus funciones. Tomemos el perfil narcisista. En apariencia personas con complejo de superioridad, en la realidad, personas con una autoestima alta pero frágil, necesitadas de refuerzo constante y altamente egocéntricas. Las escogemos porque venden bien sus ideas y porque se estudian a sí mismos al detalle para saber cómo gustar. Pero en realidad los narcisistas no son buenos líderes porque tienen muchas más probabilidades de incurrir en conductas impropias en el trabajo (fraude, acoso…), porque aunque puedan ser visionarios no logran ejecutar luego los grandes planes, porque no responden bien a la crítica y porque tienen poca capacidad de autocontrol.

El problema de base entonces parece residir en que la sociedad, las empresas y todas las organizaciones e instituciones necesitan una reflexión mucho más profunda de en qué consiste el liderazgo y para qué debe servir la clase dirigente. Con demasiada frecuencia quienes deciden lanzarse a conquistar cargos de poder parecen entender que de lo que se trata es de lograr un premio, un reconocimiento, una oportunidad para seguir ascendiendo y consolidando estatus en vez de verse a sí mismos como un recurso al servicio de la empresa, de la sociedad o de la organización, que solo se justifica si efectivamente beneficia al colectivo, cosa que difícilmente podrá hacer si no sabe gestionar bien el equipo humano que trabaja a su servicio y mejorar en el camino. 

Es para esta gestión adecuada para lo que haría falta primar a personas, no solo con conocimiento y experiencia en un campo, que también, ni con conexiones y contactos que pueden ciertamente ser útiles, sino también a personas con alto grado de inteligencia emocional, que sean capaces de desempeñar un liderazgo transformador que sería el que permitiría hacer de una visión un plan de acción concreto y ejecutable. Personas que sirvan de modelo e inspiración; que tengan la capacidad de delegar, de reforzar, de estimular y de formar a quienes trabajan en el equipo. Personas con alto grado de empatía y autocontrol que les permitan navegar los obstáculos que inevitablemente surgen de la interacción humana, sin agresividad, con resiliencia y efectividad. Personas capaces de cuestionarse a sí mismas y de recibir la crítica como oportunidad de crecimiento. Y ahora sí, preguntémonos: ¿cuántos tenemos un jefe así? ¿Y cómo cambiaría nuestro desempeño y nuestra calidad de vida de tenerlo?