La Residencia de Primera Acogida del barrio madrileño de Hortaleza ha vuelto a ser noticia. Esta mañana, una granada ha sido lanzada al interior del edificio sin causar daños físicos, un acto que apunta a un gesto relacionado con los recientes discursos de odio manifestados contra quienes allí habitan.

El racismo que la infancia migrante (ni menores, ni menores extranjeros no acompañados, ni su acrónimo MENAS, que viene a ser lo mismo) viene padeciendo en los últimos tiempos, especialmente desde los altavoces ultraderechistas de Vox, tiene causas estructurales que no debemos ignorar y que están relacionadas con el propio sistema de protección a la infancia. Un sistema de protección opaco en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y que, por tanto, no sólo les afecta a ellos sino a toda la sociedad. Por eso, se hace más que necesario entrar con luz y taquígrafos y desmantelar el negocio que esconde, exigiendo la evaluación independiente de una política pública que ha dado muestras sostenidas de su fracaso.

Lo primero es aclarar que, como parte de este sistema de protección, la Residencia de Primera Acogida de Hortaleza no sólo acoge a chavales migrantes, sino a otras niñas y niños que se encuentran en diversas situaciones de vulnerabilidad por tener a sus padres o tutores en situaciones de enfermedad, de privación de libertad o cualquier otro motivo que impide ejercer sus responsabilidades. Un centro, como otros muchos, cuyas insuficientes instalaciones y el escaso personal profesional contratado provoca hacinamiento por sobreocupación, condiciones laborales deficientes, con altas tasas de rotación y ratios profesionales que impiden una adecuada atención, falta de abogados e intérpretes, retrasos en la escolarización, falta de programas de transición a la edad adulta, modelos de intervención obsoletos y homogéneos para etapas de edad diferentes y situaciones diversas. Un elemento éste último, especialmente importante en los casos de los chavales migrantes, dado que vienen de trayectorias muy diferentes: guerras, hambrunas, trata, desertización, desplazamientos forzados, y un largo etcétera que no es sino la consecuencia de un modelo global de extractivismo humano.

A todos estos síntomas que se condensan en el centro hortalino, obviados desde hace tiempo por la administración regional madrileña, hay que sumar el hecho de que siendo un centro de derivación, se ha convertido en un centro de estancia permanente. Consecuencia: se está expulsando a los chavales a situaciones de riesgo que van desde la preferencia por estar en la calle, hasta la búsqueda de vías rápidas -y en ocasiones ilegales-, para conseguir los mínimos materiales que todo chaval necesita y anhela para vivir la vida con dignidad.

El oscurantismo y hermetismo del sistema de protección data, al menos, desde que esta competencia fue descentralizada. Aún teniendo un marco legal que ha ido poco a poco mejorando, la falta de presupuesto y la deriva imparable de privatización de todo lo público ha hecho que la mayoría de estos centros de titularidad pública, estén gestionados -salvo excepciones-, por empresas privadas que reciben miles de euros al mes por cada interno. Las cifras bailan en función de la situación de cada chico/a –que necesite o no tratamientos o cuidados especiales- y de la región. Pero, pese a la falta de claridad existente, el coste mensual de un chaval interno oscila entre los 4.000 a los 9.000 euros lo cual no se corresponde necesariamente con instalaciones suficientes y adecuadas ni con personal suficiente con condiciones laborales acordes a sus función que no es poca cosa. Una lógica empresarial equiparable a la que subyace en la educación y la sanidad.

Otro de los factores que esconde este sistema es la discriminación tutelar. El hermetismo que rodea a estos centros, similar al oscurantismo de los CIE, justificado en la necesidad de salvaguardar la intimidad de los chicos y chicas menores de edad, juega a veces en contra del mismo interés superior (principio básico y norma de actuación preferencial recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño (NNUU, 1989) que las instituciones están obligadas a proteger, escudándose en este principio legal para que nadie pregunte ni se conozca la realidad cotidiana de la gestión.

Además, la ausencia de la figura del llamado Defensor del Menor, institución dependiente de forma directa de la Asamblea de Madrid y decapitada por el PP en 2012, no ayuda a esclarecer toda esta situación que forma parte de este sustrato de prejuicios contra una chavalada que, por causas ajenas a su voluntad, pasa su adolescencia entre las paredes de un Estado que ha hecho de su situación un negocio rentable e intocable. Prejuicios que se multiplican cuando el color de piel no es blanco o sus formas de entender la vida no se corresponden con lo que esta sociedad, aún con gran raigambre nacional-catolicista, acepta. Se convierten así, en el objetivo perfecto de quienes, cuan intrusos políticos, han vuelto para ensuciar nuestros barrios de racismo, machismo y violencia.

Los partidos políticos en todas las democracias utilizan a menudo la imagen de la infancia con fines electoralistas. La historia de la comunicación política está plagada de ejemplos en los que, a través de cuatro grandes estrategias, se usa y abusa de la infancia como “producto político”: a) apelando a la propia infancia del candidato/a; b) acudiendo a la idílica imagen de la familia nuclear; c) besando y/o abrazando niños anónimos en mítines y otros eventos públicos; d) recurriendo a anuncios con niños actores. La señora Bachelet en Chile; Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, llamando a la inversión del FMI; el Partido de los Verdes en Inglaterra; el SPD de Alemania; o Hilary Clinton velando por el sueño de los inocentes mientras todos duermen, pueden servir de muestra de las estrategias mencionadas anteriormente. La lista de ejemplos podría ser enorme.

Pero hoy, sábado 5 de enero de 2019, el Partido Popular ha traspasado varias líneas rojas en la víspera de la noche de Reyes Magos, una de las más mágicas para los niños y niñas.

Utilizar a niños/as con fines políticos es común, y en la mayor parte de las ocasiones reprochable, pero convertirlos en sujetos políticos de odio es completamente inaceptable. No solo porque ellos (en la mayor parte de las ocasiones) no son conocedores del uso que se puede hacer de sus palabras e imágenes, sino porque pueden ser objeto de reacciones de otras personas que pongan en riesgo su buen nombre e incluso su seguridad.

En su cuenta oficial de Twitter, el Partido Popular colgaba un video donde un niño (que ya se ha hecho tristemente famoso) en su carta a los Reyes Magos dejaba entrever que su deseo era que estos se llevaran al presidente del Gobierno como ya se habían llevado (al otro mundo, se entiende) a otros muchos cantantes o actores favoritos suyos. Paradójicamente, unos minutos antes, el presidente del mismo partido, Pablo Casado, publicaba este tweet apelando a que se dejara en paz a los niños: “Una vez más el secesionismo trata de intoxicarlo todo, hasta los espacios de ilusión, sonrisas, tradición y fantasía de un día como hoy en el que los más pequeños deberían ser los grandes protagonistas. Dejen en paz a los niños, dejen de adoctrinarles”. Una hora después, con Twitter ya totalmente incendiado, el PP ha retirado el tweet: “Borramos y pedimos disculpas por el tweet anterior. No era nuestra intención ofender ni desear mal a nadie. Ha sido un error. Felices Reyes Magos a todos”. Llama la atención que hayan escogido precisamente la noche de Reyes Magos, utilizando la imagen de un niño y sin proteger su rostro.

Convertir a un niño/a en “protagonista” de un video de partido posee múltiples implicaciones, legales y éticas, que parecen ignorarse y que pueden tener consecuencias en su porvenir. Su presencia además se vuelve paradójica por no ser, las niñas, niños y adolescentes, votantes activos, pero, con ellos, se busca (en muchas ocasiones) incrementar el voto. Hay una comunicación política, que no busca solo transmitir el mensaje de contenido político, sino conectar con “las emociones” para que lleguen al “corazón” de la ciudadanía: apelando a lo visceral, lo sensible, lo afectivo, lo emotivo versus lo racional. Y, en ese relato, las niñas y niños son un recurso frecuente.

La conjunción entre la infancia y la clase política suele ser muy espinosa; las niñas y niños, habitualmente, son los grandes ausentes y los grandes olvidados del debate. En la histórica campaña para las elecciones presidenciales de EEUU de 1964 (entre el demócrata Lyndon Johnson y el conservador Barry Goldwater) se emitió un video titulado “Peace, Little Girl”, hoy ampliamente conocido en el ámbito de la comunicación política como Daisy Girl. En él, una pequeña niña deshojaba una margarita contando de cero a diez hasta que una bomba atómica explotaba en uno de sus ojos. El anuncio no mencionaba al oponente, pero el mensaje era que un voto por Goldwater significaba que Daisy Girl moriría, junto con todos los demás. “Estas son las apuestas”, decía el presidente Johnson. “Para crear un mundo en el que todos los hijos de Dios puedan vivir o para ir a la oscuridad. Debemos amarnos unos a otros o morir”.

Daisy Girl, 50 años después, se sigue considerando el anuncio del ataque político más famoso de la historia y el puñetazo explosivo más barato de las campañas electorales: se emitió una sola vez, la noche del 7 de septiembre de 1964. Ver a una niña explotar en una nube explosiva despertó los temores más profundos sobre la era nuclear. En numerosos artículos, Monique Luiz, la actriz del video, ya de adulta, contaba las implicaciones que este anuncio había tenido en su vida (hay numerosos artículos en la red y una entrevista detallada en la Revista Life). Monique explica que sus padres ni conocían el contenido real del video final; ¡de hecho eran votantes de Goldwater!

Hay un hecho sociológicamente notorio: la presencia de la imagen infantil como reclamo y recurso electoral (o como descalificación del oponente) en la contienda política se ha vuelto cada vez más frecuente. Quienes hacen uso de ello lo consideran un factor de valor añadido para enriquecer simbólicamente “el producto anunciado” (candidatos/as, programas electorales o partidos) y supone una compleja conjunción donde el marco de derechos, el Interés Superior de la Infancia y los códigos deontológicos deben marcar los principios de las actuaciones.

Soy una firme partidaria de la necesidad de abordar un proceso de regeneración y rejuvenecimiento de la política, donde las voces de las niñas y niños puedan escucharse, pero no de esta forma. La pregunta clave es: ¿cómo incorporar a una buena parte de la ciudadanía a la construcción de esta expandiendo sus derechos y promoviendo de una forma más gradual y formal el ejercicio de sus derechos civiles y políticos sin caer en un indeseable marketing político? En las contiendas políticas, numerosos políticos usan de forma cotidiana el término “infantil” (que pertenece o es relativo a la infancia) como sinónimo (insulto) para descalificar actitudes irresponsables, inmaduras o inadecuadas de sus adversarios (no se salva ni uno, lo usan personas de todos los partidos).

Estas no son formas de hacer oposición y mucho menos utilizando a las niñas y niños en la Noche de Reyes Magos para ello. Y esta noche, yo deseo, de todo corazón, que el niño protagonista del video no tenga consecuencias en su vida por este desafortunado episodio. Deseo que tenga una feliz y tranquila noche de Reyes, pero mucho me temo que no va a ser así. Carbón en la noche de Reyes para Pablo Casado y el Partido Popular.

Pese a las cifras sobre menores de edad desaparecidos en España (2.273 búsquedas activas en 2017, un 37,5% de las 6.053 registradas totales en el último año) la desaparición de Gabriel el pasado 27 de febrero ha generado una respuesta ciudadana especialmente llamativa y una cobertura de los medios propia de un asunto de Estado.

Desde el inicio, la madre y el padre de Gabriel han demostrado una entereza admirable, haciendo llamados a la solidaridad colectiva, a la justicia y a no alentar mensajes de venganza, incluyendo la reacción de rechazo ante la provocación de un tuit viral de uno de los representantes de VOX reclamando la pena capital. Tal y como señala Manuel Jabois, “hay algo casi matemático que es la distancia entre los mensajes de duelo y los mensajes de venganza. Cuanto menor es esa distancia, más adherida se siente la gente, porque estás dirigiéndote a personas conmocionadas”.

El llamado por parte de sus padres para encontrar a “nuestro pescaíto”, generó una inusitada oleada de mensajes y dibujos en redes sociales (#TodosSomosGabriel, #NoEstáisSolos), calles, comercios y colegios, convirtiéndose la búsqueda en una tarea colectiva que iba mucho más allá de las labores de los cuerpos y fuerzas de seguridad habituales. En la búsqueda se implicaron cerca de 1.200 personas que peinaron la zona durante 12 angustiosos días y cerca de 8.000 personas, entre las que se contaban numerosas familias con niños y niñas, se concentran en Almería inundando la plaza de peces de todos los colores. Incluso una iniciativa ciudadana en Change.org que ya ha recogido más de 12.000 firmantes, está pidiendo que el Acuario de Sevilla pase a llamarse: Pescaíto Gabriel Cruz, una clara voluntad ciudadana de homenajear y mantener el recuerdo de Gabriel.

Finalmente, la triste noticia de su asesinato congregó a más de 4.000 personas de todas las edades que acudieron a la capilla ardiente instalada en la Diputación Provincial de Almería, lo que implica que más de 1200 personas por hora dieron su último adiós al pequeño Gabriel.

¿Cuáles son los motivos que explican esta masiva respuesta, considerando que, casi sin excepción, asistimos a diario a noticias relacionadas con una violencia hacia niños y niñas que compromete sus vidas?

La infancia se hace noticia de forma habitualmente sensacionalista, sin que su tratamiento permita arraigar la idea de que es un bien cada vez más escaso, que el bienestar de niños y niñas debe entenderse como una responsabilidad colectiva pues forman parte cotidiana de la estructura social y, sobre todo, que es obligación de todos y todas que sus vidas se desarrollen garantizando todos sus derechos, como sujetos políticos que son.

Mientras esto no se convierta en un verdadero desafío colectivo en forma de política pública, muchas de las muertes violentas de las niñas y niños seguirán quedando en el silencio y en el olvido, y el dolor de esas pérdidas seguirá considerándose un acto exclusivo del ámbito privado. Es, por ello, un buen momento para reiterar que nuestro país necesita de forma urgente una ley integral contra toda forma de violencia sobre la infancia. Junto con la pobreza infantil y la situación de desigualdad, es uno de los principales retos en materia de derechos de infancia, y la mayoría de las organizaciones del sector vienen señalando la necesidad de esta ley desde hace ya varios años. El pasado mes de enero, el actual gobierno se comprometió ante Naciones Unidas a ello, pero aún queda un muy largo proceso hasta que esta pueda ver la luz y que tenga impactos positivos en las vidas de la infancia.

La pérdida de un niño, primero desaparecido y posteriormente hallado sin vida, es un episodio para el que la mayor parte de las personas no estamos preparadas emocionalmente. Si bien lo habitual es gestionar el drama entre la familia y sus allegados, sus padres apostaron por socializar su búsqueda y el duelo posterior de forma colectiva y pública. Así, Gabriel entró en nuestras casas, en todas nuestras “vidas digitales” y un mar de dibujos, especialmente infantiles, inundaron nuestras esperanzas de que apareciera con vida.

En medio del más doloroso episodio de sus vidas, han apelado a la justicia, la humanidad y la serenidad, con frases como “que lo que quede de este caso sean las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente” y “no quiero que esto quede en la rabia” pero, sobre todo, rechazando las voces de quienes siguen reclamando una venganza más basada en el racismo y la xenofobia que en la crueldad del hecho en sí.

Como en la magistral película del cineasta y sociólogo armenio Atom Egoyan, El dulce porvenir, que narra cómo cambia bruscamente la vida de un pueblo cuando un autobús escolar tiene un fatal accidente con la pérdida de la mayoría de los niños de la comunidad, Gabriel y sus padres han conseguido movilizar a una gran parte de la población almeriense y española como si de un flautista de Hamelín se trataran.