Esta es una historia que no ha terminado todavía: el cuarto acto aún está pendiente de escribirse, y nunca debería comenzar, pues incluye la celebración de un juicio injusto y las posibles consecuencias del mismo: la condena a tres jóvenes inocentes.

En esta historia se ha intentado representar un guion escrito en los despachos del poder desde hace muchos años, pero el guion original ha tenido que ser modificado constantemente por la irrupción de un actor inesperado, el pueblo organizado de la ciudad de Murcia que ha luchado por sus derechos. Es difícil resumir una historia que dura muchos años en unas pocas líneas, pero aquí va un intento:

Acto primero

Desde que se construyó la primera vía férrea hasta la estación del Carmen en la ciudad de Murcia, los barrios del Sur quedaron separados por una barrera que impedía su desarrollo y la conexión fluida con el resto de la ciudad. Apenas unos pocos pasos a nivel a lo largo de más de tres kilómetros permitían la comunicación entre ambas partes. Desde hace décadas los vecinos y vecinas de estos barrios venían protestando en los pasos a nivel; una protesta tenaz, pero que no impidió a los gestores de infraestructuras del ministerio, con la complicidad de políticos municipales y regionales, y para beneficio de las grandes constructoras, diseñar la llegada del AVE a Murcia, a la misma estación de siempre y por la superficie. El AVE se vendía como la llegada de la modernidad a Murcia, cuando en realidad supone un derroche innecesario e insostenible ambiental y económicamente que, además, va a destruir el ferrocarril convencional (que tiene mucha mayor utilidad social). Pero esto no fue lo que generó rechazo en la población. La llegada del AVE en superficie supondría que la barrera que dividía a la ciudad de Murcia desde hace décadas se haría impermeable: ya no habría pasos a nivel. Apenas unas pasarelas que deben pasar a gran altura sobre la catenaria por normativas de seguridad del AVE. Esto rompería definitivamente la ciudad y aislaría para siempre los barrios del Sur. Poca gente creyó que la llegada en superficie sería provisional ¿quién lo iba a soterrar después?

La reivindicación para el soterramiento de las vías, concretada en la consigna 'AVE soterrado' fue creciendo en intensidad, reuniendo apoyos que desbordaron los barrios afectados y pronto incorporaron a buena parte de la ciudadanía de Murcia y de toda la Región. Incluso tuvo eco a nivel nacional, sobre todo cuando las concentraciones de los jueves en las vías se fueron tornando en actos masivos y las manifestaciones llegaron al centro de la ciudad congregando a decenas de miles de personas. Sin embargo, las actuaciones previstas en el guion original, redactado en los despachos del poder donde confluyen intereses políticos y económicos siguieron adelante sin ninguna modificación. Apenas se hizo algún intento para adornar el discurso, las oficinas de prensa y los tertulianos y opinólogos de los medios de comunicación se empeñaron a fondo en convencer a la población de que se estaba haciendo lo mejor para ellos. El AVE de este primer acto seguía avanzando en superficie.

Acto segundo

El acto segundo empieza con los acontecimientos del día 14 de septiembre de 2017. Las movilizaciones han llegado a un punto álgido, la población no se traga el cuento de llegada del AVE en superficie para soterrarlo después y sigue incansable con unas protestas que han sido siempre pacíficas e imaginativas. Desde la delegación de gobierno se toma una decisión: hay que reprimir duramente el movimiento. Ya no basta con la campaña de desinformación constante y anuncios grandilocuentes (acrecentados en vísperas electorales). Para ello se cuenta con el personaje adecuado, el delegado del gobierno, Sr. Bernabé, que con apoyo del gobierno central (PP) decide traer policías antidisturbios desde varias comunidades autónomas y actúa convencido de que con una brutal represión policial se entrará en una espiral violenta que generará rechazo en la población volviendo las protestas a los tiempos de la “baja intensidad”, perfectamente tolerable para los planes establecidos. Sin embargo, se equivocan, las protestas crecen aún más y en la noche del 3 de octubre de 2017 se derriban las vallas que se han levantado para cerrar el paso a nivel y se quema el cableado de unas máquinas allí aparcadas. No se identifica a nadie en el lugar. No hay detenidos.

Las protestas continúan. El Gobierno central cambia con una moción de censura y el AVE todavía no ha llegado en superficie. No hay rédito electoral al alcance de la mano. En julio de 2018 se anuncia que el AVE llegará soterrado. ¡Es una gran victoria del movimiento popular! Aquí podría acabar esta historia. Pero no, el poder no acepta que le tuerzan el brazo, y ya desde el año anterior había ido tramando su venganza: alguien va a pagar, hay que dar un escarmiento, no se puede aceptar un precedente como este.

Acto tercero

La historia no ha acabado. A comienzos de 2018 se había acusado a tres jóvenes a los que se les piden penas de ocho años de cárcel y más de 130.000 euros de multa por los acontecimientos de la noche del 3 de octubre de 2017. No hay pruebas concluyentes, las acusaciones las anuncian en rueda de prensa el propio delegado del gobierno Sr. Bernabé y el jefe superior de policía Sr. Durán (algo sin precedentes incluso en casos mucho más graves). No se ha hecho una investigación sobre el despliegue policial y la violencia ejercida en la represión, como pedían varias organizaciones de derechos humanos y colectivos anti-represión de la Región de Murcia. No, lo que se hace es acusar a tres jóvenes, elegidos a dedo de entre las miles de personas que esa noche estuvieron allí. Y sin que se conozca ninguna prueba concluyente que permita incriminarles a ellos. La preocupación de los jóvenes y sus familias es máxima, pues aunque se avanza ya de forma clara hacia la victoria del movimiento popular, inicialmente esta acusación tan injusta no genera ni la preocupación social ni el movimiento de solidaridad que cabría esperarse. El juicio se acabará fijando para cuatro años después. Es una situación complicada, pues tras el anuncio de que el AVE llegaría soterrado, en la mayoría de la población murciana, bien por desconocimiento o bien por que se quiere marcar distancias respecto a los hechos de aquella noche, se ha instalado el convencimiento de que ya se ha terminado esta lucha, de que ya se consiguió el soterramiento.

Comienza entonces un camino largo y difícil, en el que por un lado se intentará mantener viva una llama de protesta, retomando las concentraciones de los jueves en las vías y la campaña en redes sociales y algunos medios de comunicación. Y por otro lado, se contacta con todos los agentes sociales, empezando por la propia plataforma pro-soterramiento, asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos. Muchos de ellos fueron muy activos en las movilizaciones de 2017 y tras confirmarse el soterramiento, ya consideraban concluida esa etapa. Pero se les traslada un mensaje claro: esta historia no ha acabado hasta que no sean absueltos los Jóvenes de las Vías.

El esfuerzo tenaz e incansable de las familias y amigos de los jóvenes, apoyados inicialmente en un pequeño grupo de organizaciones, ha permitido diseñar una campaña exitosa, aunada en torno a la Asociación por la Absolución de los Jóvenes de las Vías, que ha ido ganando impulso y ha impedido que se olvide este drama que sigue ocurriendo en la ciudad de Murcia. Ha sido un largo camino lleno de angustia y preocupación para los jóvenes, sus familiares y amigos y para todas las personas que comparten la indignación por una acusación injusta que puede acarrear penas tan desorbitadas. Gracias a este esfuerzo, se llega ahora al juicio con un nuevo y gran impulso del movimiento popular, lo que ha permitido volver a aglutinar a numerosas organizaciones, aunadas ahora en el grito ¡Absolución Jóvenes de las Vías!

Acto cuarto

El juicio empieza la semana que viene. Nunca debería celebrarse. Esperemos que la causa sea sobrevenida nada más empezar. O que la fiscalía retire las acusaciones. Y si, lamentablemente, se llega a celebrar el juicio, esperemos que impere la razón y se absuelva a los jóvenes por falta de pruebas. Ya hay muchos precedentes judiciales en los que no basta la palabra acusatoria de un agente policial, es necesario sostener con pruebas inequívocas la acusación contra unas personas concretas por unos hechos concretos.

Este cuarto acto está por escribir, y nos afecta a todos y todas. No sólo a los jóvenes acusados. Lo que ha provocado llegar hasta aquí es un entramado de intereses políticos y económicos que se encuentran protegidos de la protesta popular gracias a una legislación represiva como la Ley Mordaza. Los desmanes del poder muchas veces pasan desapercibidos, pero otras veces no, y la gente se indigna y protesta. Y si la protesta, además, resulta victoriosa y consigue cambiar los planes del poder, entonces esto no se perdona y se ejerce la venganza.

Lo que se quiere hacer con estos jóvenes no es aplicar justicia, sino ejecutar una venganza. Una venganza sobre el movimiento popular, una venganza sobre todas las personas que han participado en esta lucha exitosa. No podemos permitir tan enorme injusticia. Por ello, hoy más que nunca, hay que seguir gritando ¡Absolución Jóvenes de las Vías!

Hay gran agitación en los pasillos del poder porque se ha anunciado que va a llegar mucho dinero de fondos europeos para repartir en este país. Mejor todavía, estos fondos se supone que irán orientados a una transición ecológica que garantizará la sostenibilidad de un nuevo sistema productivo. Y para que todo sea muy moderno, además hay que invertir en digitalización y nuevas tecnologías. La comisión europea dice que hay que dedicar un 37% de los 142,000 millones de euros para la transición ecológica, y un 20% para la digitalización. Esto es mucho, mucho dinero, que se supone que empezará a llegar en pocos meses. Pero cuidado, pues la avaricia rompe el saco.

Los conceptos de “sostenibilidad” y “digitalización” admiten muchas definiciones y ahora todo el mundo se ha apuntado a esas etiquetas. Lo verde y lo tecnológico vende mucho. Por ejemplo, tenemos “agricultura sostenible de precisión” que nadie sabe bien qué quiere decir, salvo al parecer los de la Fundación Ingenio (puede que tampoco lo sepan, pero da igual, pues basta con vender bien el invento dentro de un bonito paquete sin que se sepa bien lo que lleva dentro). O el “hidrógeno verde” donde no se dice claramente de dónde le viene la etiqueta “verde”, pues la gran mayoría del hidrógeno se produce hoy en día a partir del gas natural (metano) o de otros hidrocarburos, emitiendo en su producción gran cantidad de dióxido de carbono (CO₂, principal agente del calentamiento global) o monóxido de carbono (CO, altamente tóxico). De ello saben mucho Gas Natural (“Naturgy”), Petronor o Repsol que ahora se apuntan al “hidrógeno verde”. Los fondos europeos son una gran oportunidad para realmente transformar nuestro modelo productivo y prepararlo para afrontar los retos del futuro, pero también pueden servir para apuntalar un modelo obsoleto y seguir beneficiando a los grandes grupos empresariales de siempre. Es necesario añadir una definición adicional a los objetivos que se pretenden alcanzar con los fondos europeos: la “democratización” de la economía. Solo mediante esta democratización se pondrá a las personas en el centro del modelo productivo. Y cuando son las personas y no los grandes grupos empresariales los que deciden sobre la economía, el resultado es más eficiente y más sostenible. Las personas saben cuidar bien de sus territorios para garantizar el futuro a las nuevas generaciones: esa es la verdadera sostenibilidad.

Hay una receta sencilla que permite incluir el concepto de democratización en los criterios de gasto de los fondos europeos: evitar lo “macro” y cuidar la pequeña escala. Acercar la economía a las personas que habitan cada territorio para que ellas tomen las decisiones que les afectan ahora y que les condicionarán el futuro. Esta receta se puede aplicar a tres grandes áreas en las que está amenazada la sostenibilidad de la Región de Murcia.

La agricultura está fuertemente arraigada en la identidad cultural de nuestra región, pero en las últimas décadas se ha transformado en una actividad industrial muy alejada del concepto de agricultura sostenible con pequeñas y medianas explotaciones familiares de secano o huerta de regadío. La macroindustria agraria ha destruido la posibilidad de sobrevivir de las pequeñas explotaciones familiares, y muchos agricultores han vendido o arrendado sus tierras a unas pocas empresas; el agua ya no es un recurso sino un arma arrojadiza en manos de unos pocos y se ha transformado en un bien de mercado que se compra y se vende de forma poco transparente beneficiando casi siempre a los mismos grupos de interés. Se han detectado por satélite más de 20,000 hectáreas de nuevos regadíos ilegales en la Región de Murcia (9,000 de ellos ya reconocidos por la propia confederación hidrográfica del Segura). Esta nueva demanda ha arrebatado el agua a quien la usaba tradicionalmente y el gran beneficiario ha sido la macroindustria agraria. Un ejemplo claro es lo que se ha producido en el Campo de Cartagena, donde el exceso de regadío, la explotación de pozos y desalobradoras ilegales, junto al uso intensivo de fertilizantes ha provocado la llegada de nitratos al Mar Menor y su casi irreversible estado de destrucción ambiental.

Las ganadería está sufriendo un proceso de transformación similar: las pequeñas explotaciones ganaderas (sobre todo de porcino) ya no pueden competir con las macrogranjas y quedan sometidas a una presión económica insoportable que les obliga a vender o a quedar subcontratadas en el fondo de una cadena de suministro que sólo beneficia a los grandes grupos. Las macrogranjas de cerdos creadas o que se anuncian en el noroeste y el altiplano de la Región de Murcia son una enorme amenaza ambiental. Ya se están contaminando los acuíferos, que podrían acabar siendo un Mar Menor subterráneo de difícil solución. Las macrogranjas intensivas no son una actividad ganadera sostenible para el territorio: son centros industriales de producción de carne que deberían estar en un polígono industrial regulado frente a la contaminación por residuos, olores y ruidos. Y quien piense que esto no es así, que se lo pregunte a quien tiene una macrogranja cerca de su pueblo.

La energía es otro sector en transformación. En nuestro país vamos con retraso, como siempre. Pero esto no era así hace diez años, cuando empezamos a desarrollar las energías renovables a pequeña escala y surgieron huertos solares en la Región de Murcia, o algunas personas empezaron a instalar sistemas en sus casas. Estábamos a la par que Alemania, a la cabeza del mundo en una nueva tecnología, algo inédito en nuestra historia. Pero esto amenazaba el oligopolio eléctrico de unas pocas empresas (Endesa, Iberdrola) que empezaron a demonizar a las renovables, y en particular a la energía solar fotovoltaica. Convencieron a un ministro para que pusiera el impuesto al Sol y aplicara la ley de forma retroactiva (una barbaridad jurídica), lo que envió a la ruina a miles de familias que habían invertido en esas tecnologías y paró en seco su desarrollo. Estas multinacionales del oligopolio español necesitaban tiempo para prepararse, pues se habían quedado atrás y necesitaban expulsar del mercado a muchas pequeñas y medianas empresas que habían apostado por las renovables. Una vez despejado el territorio y bien agarrados los permisos de conexión a red, estas mismas empresas son ahora promotoras de enormes macroplantas fotovoltaicas que ocuparán miles de hectáreas de suelo y amenazan a la biodiversidad. Es energía renovable, sí, pero ¿a qué precio? ¿cuáles son sus impactos?

Por suerte, todavía no es tarde, y los fondos europeos son una oportunidad para realizar una transformación productiva hacia la sostenibilidad económica y ambiental. Pero hay que añadir a lo sostenible y a lo digital el concepto de lo democrático. Y para ello, evitar lo macro: no a la macroindustria agraria, no a las macrogranjas porcinas, no a las macroplantas fotovoltaicas. Sí a la agricultura y ganadería de pequeñas explotaciones familiares o de pequeñas empresas, sí al uso sostenible del agua y al cuidado de los acuíferos, sí a la fotovoltaica, pero integrada en edificios, en polígonos industriales o incluso compatibles con explotaciones agrarias con las que comparten el terreno en el nuevo concepto de “agrivoltaica” que representa el futuro en el sector. Hay que decir no al dominio agropecuario y energético de unos pocos y democratizar la economía por el simple procedimiento de que cada persona, o cada cooperativa, o cada pequeña y mediana empresa pueda producir y consumir sus propios productos y su propia energía a escala local y regional. Estas soluciones alternativas son económicamente eficientes. Los procesos productivos pueden ser sostenibles si se gestionan a más pequeña escala, si los dueños son las personas o pequeñas y medianas empresas. Y estos grupos de personas y empresas pueden asociarse en red para hacer valer sus intereses frente a los poderosos de siempre y abrirse el paso hacia la exportación de productos de calidad con un verdadero sello sostenible. Pero necesitan el apoyo de un marco regulatorio adecuado y unas condiciones para el acceso a los fondos europeos que incluyan, además de la sostenibilidad y la digitalización, el concepto de democratización. Y eso se consigue diciendo no a lo macro. O en otras palabras: recordando que la avaricia rompe el saco.

Hace ya varias semanas que se insiste en la necesidad de unos nuevos “Pactos de la Moncloa” para abordar la grave situación social y económica en la que nos encontramos debido a la crisis del coronavirus. Sin embargo, el tipo de pacto que se requiere ahora tiene un carácter muy diferente al de los “Pactos de la Moncloa”. Tras el sondeo inicial, ya se ha rebajado su posible alcance y se ha trasladado su negociación a una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Es una decisión acertada. No se trata ahora de realizar un cambio de Gobierno y menos aún un cambio de régimen aprovechando la situación de la crisis del coronavirus.

Los “Pactos de la Moncloa” se negociaron en este país al final de una dictadura que había empezado con una guerra civil interminable. La dictadura franquista duró cuarenta años y aplicó un confinamiento político durante el que los derechos de reunión y de manifestación estuvieron prohibidos, y solamente se podía ejercer la libertad de expresión en el ámbito de la casa de cada cual. No había prensa libre, no había redes sociales (obviamente), y muchos teléfonos estaban “pinchados”. La dictadura no acabó con la muerte del dictador, foco principal de aquella epidemia, pues el virus del franquismo estaba bastante instalado en la sociedad y no se había desarrollado todavía la “inmunidad de grupo”. Lamentablemente, siempre puede haber rebrotes de ese tipo de enfermedad y no estaremos nunca totalmente inmunizados contra el fascismo en cualquiera de sus formas mutantes. Esas eran las condiciones en 1977 cuando se firmaron los “Pactos de la Moncloa”, se había iniciado la “desescalada” de la dictadura pero todas sus estructuras seguían en pie, incluidos ejército, fuerzas de seguridad y aparato judicial, a lo que se añadió una crisis económica internacional muy grave. Con los “Pactos de la Moncloa” se inició un camino constituyente cuyo resultado final fue la Constitución del 78. No sólo se cambió de gobierno, también se cambió de régimen. Nada que ver con lo esperable de una comisión parlamentaria que habrá de conducirnos a unos “nuevos pactos”, tengan el nombre que tengan.

Estos “nuevos pactos” serán mucho más modestos y de alcance más limitado que aquellos “Pactos de la Moncloa”, aunque tampoco van a ser fáciles de conseguir puesto que deben abordar simultáneamente la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Además, existe la tentación de que la oposición, lejos de querer llegar a ningún acuerdo, utilice esa comisión parlamentaria para profundizar en su labor de desgaste al gobierno con el objetivo de cambiarlo cuanto antes.

Hay una cuestión que es un buen termómetro para saber hasta dónde los partidos políticos y los agentes sociales estarán dispuestos a pactar algo. Es de ejecución rápida y de coste cero. Es por tanto perfecta para medir la posibilidad de alcanzar pactos futuros de más calado que contengan reformas estructurales para consolidar y ampliar nuestro estado de bienestar. Se trata de la cuestión de las cárceles. Una frase que se atribuye a Fiódor Dostoyevski dice así: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”. Según datos del Consejo de Europa, ahora hay en España 58,983 presos (un 92% hombres), de los cuales 9,264 (el 16%) son personas en prisión preventiva a la espera de juicio. Estos números se mantienen estables en los últimos años y en porcentaje de población son 125 por cada 100,000 habitantes (más alta que los países de nuestro entorno: Alemania tiene 76, Italia 99 y Francia 104). Además, el cumplimiento medio de penas es más largo, en gran medida debido al endurecimiento del código penal en su última reforma. Hay 1,466 reclusos con 65 años o más. Las cárceles son consideradas zonas de alto riesgo de contagio de coronavirus e Instituciones Penitenciarias ha ido restringiendo visitas y actividades en las cárceles. ¿Cuál es la situación actual en las cárceles durante la crisis del coronavirus? ¿Cuántos casos se han detectado en las cárceles? ¿Cómo se ha resuelto el problema del hacinamiento en patios o comedores? ¿Se han trasladado presos enfermos a los hospitales? No hay datos públicos. Las visitas familiares se han suspendido completamente desde la declaración del periodo de alarma. Se han reducido significativamente las visitas a través de locutorio con cristal. Desde numerosas organizaciones de derechos humanos se ha solicitado información al respecto y se han tramitado iniciativas en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. No hay respuestas hasta la fecha, y eso que casi todos los días hay representantes del Ministerio del Interior en las ruedas de prensa del Gobierno. Igualmente, respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), que son auténticas cárceles donde se ha encerrado a personas simplemente por cometer una falta administrativa, ha sido solamente la presión de las organizaciones sociales lo que ha permitido que se hayan ido vaciado poco a poco durante esta crisis del coronavirus. Los CIEs deben cerrarse ya de forma definitiva para no ser abiertos nunca más.

En las cárceles, hay medidas que reducirían el riesgo de contagio de la población reclusa durante el confinamiento, durante el periodo de “desescalada”, o durante un eventual empeoramiento del brote en otoño. Todas son de coste cero y aplicables de inmediato. Estas medidas son: reducir la aplicación de la prisión preventiva al mínimo imprescindible ya que al ser una medida cautelar debería aplicarse solamente a casos extremos y revisar la condición de los actuales presos preventivos (esta es una decisión de jueces y tribunales, pero las fiscalías no deberían oponerse a su concesión), facilitar un acceso más flexible al tercer grado y aplicarlo sin tener que regresar a la cárcel a pernoctar, aplicación del tercer grado a los presos mayores de 70 años, excarcelación de los enfermos graves o con enfermedades crónicas para continuar su reclusión en hospitales o arresto domiciliario, excarcelación de presas embarazadas y cumplimiento de su condena en arresto domiciliario. Todas estas medidas son herramientas jurídicas y administrativas que ya existen, pero sin embargo se aplican muy restrictivamente y una aplicación más flexible depende de los jueces de vigilancia penitenciaria que valoran cada caso. En el contexto del coronavirus, el poder judicial debería aceptar una actuación encaminada a facilitar estas medidas y la fiscalía no oponerse durante su tramitación.

Hay una última medida que no requiere la intervención de juez alguno, sino una decisión ejecutiva de la administración penitenciaria: el cese inmediato de la dispersión de 236 presos y presas vascas, el 80% a más de 400 km de sus hogares, debido a la política de dispersión aplicada por los gobiernos del PSOE y el PP desde hace más de veinte años. Esta dispersión supone un castigo injusto añadido a las familias y amigos de estos presos, que recorren de media 1,300 km por visita cada fin de semana, un total de 65,000 km al año por preso visitado, incluyendo los riesgos de la carretera, que ya han provocado 16 muertes de familiares y amigos. Ahora estas visitas están suspendidas debido al estado de alarma, pero cuando empiece el desconfinamiento, y suponiendo que se autoricen de nuevo ¿se podrán realizar los viajes?, ¿se podrá pernoctar en casas de amigos o en hoteles? Es muy dudoso que se puedan realizar las visitas en un periodo de desescalada y mucho menos si hay un nuevo brote en otoño. Toda esta situación, contraviene la Regla 59 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que dice “En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social”. Por ello, la mejor manera de resolver esta situación y dejar de castigar injustamente a los familiares es acometer de forma urgente el “Cese de la Dispersión”, y aprovechar este momento del coronavirus como la oportunidad para hacerlo ahora.

Este conjunto de acciones en las cárceles, de gran impacto humano, de coste económico cero, y que puede implementarse de un día para otro, será la prueba que permitirá medir si hay alguna posibilidad de alcanzar pactos de ámbito parlamentario para abordar esta enorme crisis social y económica. De hecho, para llevarlas a cabo no hace falta ni siquiera esperar a que se alcance ningún pacto, pues basta que el gobierno tome una decisión y la ejecute (el Cese de la Dispersión no necesita ni siquiera de trámites judiciales; para las otras medidas penales sí, y sería muy deseable que el poder judicial, a través de la flexibilidad en las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria contribuyeran a su aplicación). Si la oposición apoya estas decisiones una vez que se lleven a la práctica, sería la demostración de que sí hay voluntad política para luego poder avanzar con lo más complicado: alcanzar unos “nuevos pactos” para la verdadera reforma estructural que necesita este país, cuyo enorme coste económico está todavía por evaluar.

La llegada del coronavirus ha generado ya a nuestro país un enorme impacto y nuestra capacidad de reacción está condicionada por grandes debilidades estructurales: somos vulnerables ante el riesgo. Los efectos de la crisis, ya sean inmediatos o a largo plazo, serán diferentes dependiendo de cómo reaccionemos ahora y cómo seamos capaces de gestionar los recursos disponibles. Pero partimos de una situación precaria debido a los recortes y privatizaciones derivados de la anterior crisis económica del 2008.

El lunes 30 de marzo, con más de 85.000 enfermos y 7.300 muertes por coronavirus en España, estamos confinados y en estado de shock colectivo. El impacto de la pandemia genera espanto y asombro ante la magnitud de lo que está pasando. Las debilidades con las que afrontamos la crisis generan preocupación, pero también indignación, pues son el resultado de los recortes sociales que se han hecho en las últimas décadas. Existe una ventana de oportunidad que nos podría permitir salir de esta crisis con un nuevo paradigma económico basado en la defensa de los servicios públicos. Pero esta oportunidad no durará mucho y, por ello, hay que actuar rápido y construir una nueva correlación de fuerzas que genere esperanza y sirva para defender cambios estructurales que posibiliten salir de esta nueva crisis con recetas opuestas a las del 2008.

Sanidad pública

Todos los días a las ocho, aplaudimos al personal sanitario. Es un gesto de agradecimiento y ánimo para aquellos que con su trabajo van a conseguir que superemos esta crisis. Y hacen su trabajo en condiciones muy difíciles, con falta de material para atender a los enfermos y para protegerse ellos mismos del contagio: ya son más de 10.000 sanitarios contagiados en España, el mayor porcentaje a nivel mundial respecto al número de enfermos. El origen de nuestras debilidades ante el impacto del coronavirus está, en gran medida, en los enormes recortes al sistema público de salud que se han realizado, aplicando políticas neoliberales desde hace décadas cuyo resultado es que tenemos el menor número de personal médico, auxiliares de enfermería y camas de hospital por habitante de toda Europa. En España, en 2018 se invirtieron 1.600 euros en gasto público en sanidad por persona, en Francia, 3200, y en Alemania, 3.800; y eso que se recuperó algo desde 2015, pues los recortes de la crisis de 2008 lo habían dejado en 1.400. Tenemos 3 camas de hospital por cada 1.000 habitantes (bajando desde las 4.6 que había 1990), en Francia tienen 6.5 y en Alemania, 8 (han bajado desde 10 y 10.3 respectivamente en 1990).

Nunca estuvimos en la media europea, y aunque los recortes se vienen aplicando desde los años 90 y se intensificaron en 2008 golpeando a todos los sistemas sanitarios europeos, en España nos golpearon aún más y aumentaron las diferencias respecto a nuestro entorno. Cuando hayamos superado la crisis del coronavirus gracias al esfuerzo y la entrega incondicional del personal sanitario, debemos recordar el origen de nuestras debilidades y luchar para superarlas.

Habrá que conseguir un gran consenso entre todos los partidos en defensa de la sanidad, pues es obligatorio aumentar el gasto del Estado en salud pública, acercarlo al de Alemania o Francia (9% de su PIB) e incluso ir más allá. Ahora estamos en el 6,24% de nuestro PIB dedicado a gasto público en salud. Necesitamos un aumento de 35.000 millones de euros para acercarnos a los países de nuestro entorno. Esto supone algo más de un tercio de los avales que se han prometido para las empresas, que son 100.000 millones. Por tanto, es un objetivo realizable si hay voluntad política para ello, pero habrá que actuar rápido, pues si pasan un par de años, nos olvidaremos de esta crisis sanitaria y desaparecerá el consenso. Solo ante el asombro provocado por el impacto del coronavirus se abre una ventana de oportunidad para recuperar el apoyo a la sanidad pública; pronto se cerrará esa ventana y nos vendrán con las recetas neoliberales de las últimas décadas: más sanidad privada y más recorte del gasto público.

Economía y empleo

Nadie discute que la máxima prioridad es salvar vidas, es decir, afrontar y minimizar el impacto del coronavirus en nuestra salud colectiva. Pero esa prioridad está en competencia con el intento de minimizar el impacto de la pandemia en la economía. Ésta ha sido la discusión hasta ahora. Se ha mantenido la actividad económica en todos los sectores, salvo en algunos considerados de “alto riesgo” (hostelería, educación, ocio, turismo), que se han cerrado por decreto. Se ha intentado proteger el empleo con la figura de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (los ERTE), que obligan a volver a contratar a los trabajadores afectados una vez finalizada la crisis. Pero dado que la epidemia sigue evolucionando negativamente, el Gobierno ha decretado el cierre de toda actividad económica no esencial para combatir el coronavirus y el impacto económico será todavía mayor. Esperemos que esa medida vaya acompañada de medidas efectivas para proteger a los trabajadores.

Y de nuevo el impacto provocará efectos que dependen de nuestra debilidad económica actual, sobre todo en el empleo: la reforma laboral ejecutada durante la crisis de 2008 ha provocado que ya se haya podido despedir ya a un millón de empleados temporales, como denuncian los sindicatos.

El pasado 27 de marzo, el Gobierno decretó por fin la prohibición del despido por causas objetivas (algo similar a lo que ya había hecho Italia), aunque esta prohibición no es retroactiva. Los ERTE, cuyo coste lo paga mayoritariamente el estado, son la herramienta que se ha propuesto para salvar el empleo. Pero es la precariedad laboral previamente existente la que ha permitido que se esté destruyendo tanto empleo ahora. Solamente las empresas que hayan mantenido el empleo y aplicado los ERTE de manera no fraudulenta deberían ser las beneficiarias de todos los mecanismos financieros que el Gobierno ha creado: 100.000 millones de avales públicos y otras medidas para garantizar flujo de caja en los próximos meses. Ese colchón lo suministra el Estado. Es al Estado a quien se acude para los rescates en tiempo de crisis, y esto habrá que compensarlo con una fiscalidad empresarial en línea de la media europea: de nuevo hay una ventana de oportunidad para hacerlo ahora, y será obligado para el próximo presupuesto de 2021 (el de 2020 probablemente ya ni se plantee, manteniéndose todavía la prórroga del último presupuesto del tándem Rajoy-Montoro).

Europa fracasa una vez más

Tanto para el impacto sanitario como para el económico, Europa ha sido de nuevo incapaz de generar una acción colectiva verdaderamente solidaria. El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, lo resumió bien. Tal y como se indica en eldiario.es, Costa señaló la actitud “repugnante” del gobierno holandés y no ocultó su irritación ante declaraciones “repulsivas”, “sin sentido” y “totalmente inaceptables” con respecto a la crisis del coronavirus hechas por el ministro de Economía holandés, negando la ayuda a los países que más la necesitan.

Lo mismo podría decirse ante la negativa alemana a crear un instrumento financiero colectivo a nivel europeo: emisión de bonos mancomunados para afrontar juntos la crisis económica. O de la negativa a enviar material sanitario a Italia cuando allí estaba comenzando el brote de coronavirus. Una vez más, se aplica el “sálvese quien pueda”; es un nuevo fracaso del intento de construir una Europa que vaya más allá de cada uno de los estados que la componen. Otro fracaso más, y tras el Brexit ya no habrá muchas más oportunidades, pues los pueblos de Europa están hartos de la falta de solidaridad cuando llega una crisis como la que ahora enfrentamos.

Cuando hayamos superado la emergencia sanitaria del coronavirus, nos quedará la crisis económica. Ojalá en ese momento recordemos lo que nos parecía tan evidente cuando estábamos todavía impactados por la magnitud de lo acontecido: sólo recuperando nuestros servicios públicos y construyendo una economía al servicio de las personas en una Europa solidaria será posible alcanzar un futuro mejor.

El pasado viernes 5 de abril se dio un paso importante para regular la producción de energía renovable en régimen de autoconsumo. Ha sido un camino largo hasta que el gobierno, a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica, ha recogido en el RD 244/2019 las demandas de los colectivos ecologistas, asociaciones de productores de energías renovables, empresas comercializadoras de electricidad renovable y asociaciones de usuarios afectados por los recortes retroactivos que se habían venido aplicando al sector. Solamente esta presión desde la sociedad organizada, y el empuje de las necesarias alianzas políticas del gobierno en el Congreso (Podemos y los grupos nacionalistas catalán y vasco) junto a la proximidad de las elecciones generales ha hecho posible este impulso a una política avanzada en la cuestión de la generación eléctrica en España, hasta ahora oligopolio de cinco grandes empresas eléctricas.

En el decreto se regula la producción de energía renovable en régimen de autoconsumo, tanto en instalaciones individuales como colectivas, limitadas a una potencia de 100kW. Se reconoce la posibilidad de verter a la red la energía producida y no autoconsumida de forma instantánea y que esta energía vertida sea utilizada en un balance neto para generar un ahorro en la electricidad que se consume de la red. No se podrá obtener remuneración si se inyecta a la red más energía de la que se consume desde la red, y ese “exceso” se pierde en el balance neto, siendo un mes la unidad temporal para realizar este cálculo. Es decir, que no se pueden guardar excedentes de un mes para otro. La energía autoconsumida estará exenta de pagar peajes, no así la vertida a la red eléctrica, que deberá pagarlos (como facturación de potencia y de energía) al igual que cualquier otra fuente de energía eléctrica inyectada a la red (por ejemplo, grandes centrales eléctricas). Se creará un registro de instalaciones que dependerá de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y se simplifican los trámites necesarios para poder construir las instalaciones. Es de esperar que la gran mayoría de las futuras instalaciones renovables sean de energía solar fotovoltaica.

El camino para llegar hasta la aprobación de esta normativa ha sido largo y tortuoso, y contiene numerosas lecciones políticas. Este RD llega con casi cuatro años de retraso. En octubre de 2015 en la Asamblea Regional de Murcia, el grupo parlamentario de Podemos propuso una iniciativa legislativa ante el Congreso para regular el autoconsumo eléctrico renovable incluyendo el balance neto que fue aprobada por mayoría absoluta en la cámara regional y por tanto se registró en el Congreso de los Diputados a finales de 2015. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy, mediante un escrito de la Secretaría de Estado de Energía se opuso a su tramitación alegando que la inyección en la red de electricidad renovable, especialmente fotovoltaica, supondría la bajada del precio de la electricidad y por tanto la reducción de ingresos del Estado debido a una menor recaudación en concepto de IVA. Este argumento falaz no consideró el enorme ahorro para el Estado en su propia factura de la luz, despreciaba el ahorro que podrían obtener los ciudadanos, y no sumaba los beneficios de la actividad económica que generaría el crecimiento de muchas pequeñas y medianas empresas que pondrían en peligro el oligopolio de las cinco grandes compañías eléctricas.

Lamentablemente, una mayoría en la mesa del congreso ostentada por la suma de PP y Ciudadanos (regalada por el PSOE al inicio de la legislatura) bloqueó la tramitación de la ley utilizando ese informe que es preceptivo, pero no vinculante. Se perdieron tres años durante los cuales ha estado en vigor el impuesto al Sol, no se ha resuelto la inseguridad jurídica y apenas se ha instalado ninguna potencia fotovoltaica en España. Solamente tras la moción de censura y la constitución del ministerio de Transición Ecológica el nuevo gobierno retiró el veto y pudo desbloquearse la tramitación: el pasado 9 de octubre de 2018, se aprobaba por la inmensa mayoría del Congreso (todo fueron votos a favor, salvo el PNV que se abstuvo) el inicio de la tramitación de la ley propuesta por la Asamblea Regional de Murcia. El mismo día se convalidó un nuevo RDL, el 15/2018 del Gobierno, que eliminó el impuesto al Sol, inició el camino hacia el autoconsumo eléctrico (pero sin incluir el balance neto) y estableció los primeros pasos para combatir la pobreza energética. Sin embargo, la tramitación de la ley volvió a ser bloqueada mediante una técnica muy utilizada por el PP: extender los periodos de enmiendas de forma indefinida y sin justificación; de nuevo la mesa del congreso bloqueaba la iniciativa legislativa regional. Y así llegamos al final de la legislatura, en la que decaen todos los proyectos de Ley todavía en tramitación. Es por ello muy bienvenido este RD que ahora ha aprobado el gobierno: no solo desbloquea la regulación del autoconsumo de electricidad renovable, sino que incluye el balance neto, principal demanda de los colectivos sociales, y elimina definitivamente el impuesto al Sol al derogar el RD 900/2015 del gobierno de Rajoy.

Aun así, se deberán hacer mejoras en el futuro sobre lo ahora regulado. El límite de 100kW de potencia para el autoconsumo es muy bajo, sobre todo para el autoconsumo compartido ya que la propiedad colectiva de las instalaciones en comunidades de vecinos, asociaciones de pequeñas empresas en polígonos industriales, universidades, ayuntamientos, etc… pronto deberá ampliarse hasta al menos 1MW de potencia instalada en régimen de autoconsumo con balance neto.

Igualmente, se mantiene un registro y gestión todavía muy centralizados, por lo que deberían crearse mecanismos para aumentar la participación de las Comunidades Autónomas y los municipios en las políticas de fomento de las energías renovables, sobre todo para hacer de los ayuntamientos los motores a nivel local de estas nuevas tecnologías renovables, que serán principalmente de energía solar fotovoltaica, con proyectos demostradores como podrían ser el alumbrado o el transporte urbano público totalmente eléctrico y sostenible utilizando energía solar fotovoltaica en régimen de balance neto.

Pero, sobre todo, lo que queda por hacer es resarcir a los afectados por la escandalosa aplicación retroactiva de leyes y decretos que atacaron al sector de las energías renovables desde 2011 y especialmente durante las gestiones de los ministros Miguel de Sebastián (PSOE) y José Manuel Soria (PP). El estado español ya ha perdido varios juicios en tribunales internacionales de arbitraje y está obligado a indemnizar a grandes empresas con varios miles de millones de euros por esta aplicación retroactiva. Los pequeños inversores y usuarios, decenas de miles de familias que confiaron en normativas publicadas en el BOE no tienen acceso a estos tribunales internacionales y no han podido ser indemnizados. Algunos han tenido que malvender sus instalaciones a fondos buitre que se han aprovechado de su difícil situación financiera para quedarse con sus instalaciones fotovoltaicas a precio de saldo. Pero la mayoría ha podido aguantar renegociando sus créditos. Estas familias merecen que se les indemnice por los daños causados. Y ahora, que con el nuevo RD se empieza a aclarar el panorama jurídico, se merecen sobre todo el reconocimiento por ser los pioneros en nuestro país de lo que pronto va a ser una de las principales fuentes de generación eléctrica a nivel mundial: las energías renovables y sobre todo la energía solar fotovoltaica, que por sus características técnicas puede estar realmente en manos de los ciudadanos, que serán capaces de generar su propia electricidad dando lugar a una verdadera democratización del acceso a la energía.

fracking

es un atentado contra el medio ambiente: consiste en fracturar la roca en el subsuelo profundo mediante la inyección de agua a presión que contiene diversos productos químicos

fracking

utilizará enormes cantidades de agua y podría contaminar los acuíferos en caso de darse una fractura en las tuberías, lo cual es altamente probable dada la sismicidad de la zona.

El fracking es una técnica para extraer hidrocarburos, sobre todo gas natural y algunas formas de petróleo no convencional, que ya empezó a utilizarse en Estados Unidos en el siglo XIX y tras abandonarse en el siglo XX debido a que el petróleo ligero de Oriente Medio es mucho más barato y de mejor calidad, está volviendo a utilizarse de nuevo por motivos estrictamente políticos.

El problema del fracking es doble: es una técnica enormemente contaminante y además no resulta rentable si el petróleo no alcanza muy altos precios, en general, por encima de los 80 dólares por barril, por lo que actualmente se estaría alimentando una nueva burbuja especulativa en Estados Unidos.

De hecho, el acuerdo nuclear con Irán ha sido roto, entre otras cosas, para impedirle exportar petróleo reforzando así las opciones del fracking estadounidense, pues el petróleo iraní en el mercado abarataba su precio y le daba un mayor control de dicho mercado a empresas francesas y rusas. Y si, además, tenemos en cuenta la amenaza del cambio climático, resulta claro que debemos reducir nuestra dependencia del petróleo y del gas, ya sean convencionales o provenientes del fracking, y sustituirlos por energías renovables, lo que sí nos daría una verdadera independencia energética.

El fracking es un atentado contra el medio ambiente: consiste en fracturar la roca en el subsuelo profundo mediante la inyección de agua a presión que contiene diversos productos químicos. La alta presión y las reacciones químicas que se producen liberan gas y petróleo de la roca fracturada y se extrae hacia el exterior mediante la misma agua inyectada que retorna totalmente contaminada. El gas o petróleo se embotella y el agua se embalsa y queda inutilizada para cualquier otro uso debido a la presencia de hasta doscientas sustancias tóxicas, algunas de ellas cancerígenas, como el benceno o el tolueno, que se han empleado durante el proceso.

Además, hay que tener en cuenta que los pozos de fracking, tras alcanzar más de 3km de profundidad, extienden sus tuberías en horizontal, alcanzando diámetros de hasta 10km y afectando a enormes extensiones del subsuelo, lo que incluye tanto a los acuíferos superficiales (que deben ser atravesados por las tuberías del pozo) como los profundos, que se verían afectados por la extensión horizontal y enfrentarían graves riesgos de ser contaminados.

En la Región de Murcia hay propuestas varias explotaciones de fracking que abarcarían buena parte del noroeste, desde Cieza hasta Moratalla, pasando por Bullas, Cehegín, Calasparra y otros muchos municipios, para extenderse también hacia el altiplano.

El fracking utilizará enormes cantidades de agua y podría contaminar los acuíferos en caso de darse una fractura en las tuberías, lo cual es altamente probable dada la sismicidad de la zona. Y además, la propia inyección de agua a presión en el subsuelo profundo podría activar pequeños terremotos o incluso alguno grande debido a la cadena de fallas activas que llegan hasta Lorca.

La liberación de residuos tóxicos, tanto en el agua como en la atmósfera, pone en riesgo la salud pública de los más de 200,000 habitantes de las zonas afectadas, pero potencialmente a los más de dos millones de personas de la cuenca del Segura si hubiera un vertido desde las balsas de contención. Sería un desastre ambiental sin precedentes.

Por todo ello, la Asamblea Regional de Murcia aprobó en octubre de 2015 una moción que declara la “Región de Murcia libre de fracking” e insta al Gobierno regional a paralizar los trámites de los permisos de explotación que se habían solicitado. Nadie ha recurrido al tribunal constitucional dicha Moción (9L/MOCP-0036). Sin embargo, las mociones, aunque estén aprobadas por mayoría absoluta de la Asamblea, nunca las cumple el Gobierno regional si no le interesa. Hay un gran déficit democrático y por tanto, el fracking hay que prohibirlo mediante una ley: a ver si así cumplen.

Y esa ley ya está en marcha en el Congreso de los Diputados, registrada por PODEMOS desde marzo de 2017 (22/000081). Lamentablemente, la mayoría en la Mesa del Congreso, que es ostentada por la suma de PP más Ciudadanos gracias al regalo que les hizo el PSOE al comienzo de la legislatura, bloquea su debate. Ha habido sentencias del Tribunal Constitucional en casos similares que obligan al parlamento a retomar los debates bloqueados. Esperemos que suceda lo mismo con la ley anti-fracking del congreso y que avance su tramitación. Ya llevamos más de un año de retraso.

También se ha registrado la semana pasada en la Asamblea regional un nuevo proyecto de ley de carácter regulatorio que sustituye al proyecto que prohibía el fracking y que no llegó a debatirse por las amenazas del PP de recurrir dicha ley al tribunal constitucional.

Esperemos que no sea necesario llegar a aprobar ninguna ley regulatoria regional puesto que si el PSOE, y también si Ciudadanos y el PP, cuyos diputados regionales se envolvieron teatralmente el jueves pasado en una pancarta que decía “No al fracking” cumplieran su palabra, se debería aprobar en los próximos meses la ley en el Congreso de los Diputados para prohibirlo a nivel estatal.

Aprobar ahora una ley regulatoria a nivel regional puede verse como una estrategia para ganar tiempo, pero tiene muchos riesgos: el Tribunal Constitucional la suavizaría hasta hacer posible el fracking en la Región de Murcia. Si no se prohíbe, tendremos fracking. Y si no queremos fracking, hay que decirlo muy claro: no es no.

"Bruselas: allí está ahora mismo, ejerciendo de vicepresidente del Parlamento Europeo, el jefe de todos los imputados en el caso de la Desaladora de Escombreras: Ramón Luis Valcárcel"

Hay un rastro que va recorriendo estos tres lugares: Cartagena, Guatemala, Bruselas. Este rastro supone un ejemplo, entre tantos otros, donde el expolio de los recursos públicos y comunitarios se ejerce con total impunidad por parte de empresas multinacionales que van repitiendo un modus operandi con variedades locales recorridas por un denominador común: la corrupción.

Cartagena: ACS, la empresa de Florentino Pérez, a través del grupo Cobra, construyó la Desaladora de Escombreras por un coste de 111 millones de euros, y se aseguró la firma de contratos que son asumidos por la administración regional para acabar cobrando 540 millones por la infraestructura y otros 100 en concepto de mantenimiento durante 25 años.

ACS ni siquiera tuvo que invertir un solo euro, pues el coste inicial fue cubierto por un préstamo de Banesto y otros ocho bancos que también fue avalado por el gobierno regional. En suma, un pelotazo de más de 500 millones pagados con dinero público.

Hay nueve ex altos cargos del gobierno regional del PP imputados por corrupción en una investigación llevada a cabo por la fiscalía. Un reciente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desvelado contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y todo ello con la complicidad de varias consejerías del gobierno de Ramón Luis Valcárcel.

Un gran negocio privado y sin riesgos a costa de las arcas públicas. Da igual si la desaladora funciona o no, da igual si hay demanda para el agua desalada al precio al que se produce: el gobierno regional paga y sigue pagando haya agua o no la haya. Este es el tipo de contratos que se firmaron y en los que ACS se ha especializado.

Guatemala: el mismo grupo Cobra, de ACS, se ha aliado con una empresa local llamada Corporación Multi-Inversiones (CMI), fundada por personas vinculadas al gobierno guatemalteco de la época del presidente Serrano Elías (golpista) y que hunden sus raíces en las dictaduras genocidas de Lucas-García, Rios-Montt y Mejía-Víctores.

Esta alianza ACS-CMI está realizando un macroproyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Cahabón, en Alta Verapaz, uno de los ríos más importantes de Guatemala. El proyecto, llamado RENACE, carece de estudio de impacto ambiental y ya ha destruido miles de hectáreas de bosque tropical, ha desviado parte del río, ha contaminado sus aguas, y lo que es peor, está destruyendo un territorio considerado sagrado por las comunidades mayas que lo habitan (en esta zona más del 90% de la población es maya).

El nombre del proyecto no tiene nada que ver con un “renacimiento” tras los duros años de dictadura y guerra, el nombre responde a las siglas Recursos Naturales y Celulosa, S.A. y se vincula a la necesidad de suministrar energía eléctrica a los grandes proyectos mineros o de empresas papeleras que están destruyendo el bosque tropical.

La población del departamento de Alta Verapaz, uno de los más pobres de Guatemala, carece de acceso a la energía eléctrica (más de un 80% sin electrificar), esta misma población está luchando por la defensa de su territorio frente al expolio de estas multinacionales, y están pagando por ello con su vida.

Según un reciente estudio de UDEFEGUA, organización que proporciona servicios a defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala, en 2017 se registraron un total de 483 agresiones contra personas defensoras, incluyendo 53 asesinatos. Ninguno de ellos se ha investigado, la impunidad es absoluta. Al contrario: se criminaliza la protesta social y a los defensores de derechos humanos, a los que se acusa de atentar contra el orden público.

Bruselas: allí está ahora mismo, ejerciendo de vicepresidente del Parlamento Europeo, el jefe de todos los imputados en el caso de la Desaladora de Escombreras: Ramón Luis Valcárcel.

Hace dos años vino a declarar a una comisión de investigación de la Asamblea Regional sobre este caso: defendió las actuaciones presuntamente delictivas de su equipo de gobierno, le pareció adecuado un beneficio neto de más de 500 millones de euros en una operación privada sin riesgos y que ha generado un enorme agujero en los presupuestos regionales año tras año. Da la impresión de que la próxima vez que venga a Murcia a hablar de la Desaladora lo hará ante un tribunal, no sabemos si en calidad de testigo o en calidad de imputado.

Este mismo Parlamento Europeo acaba de aprobar, a iniciativa de varios eurodiputados entre los que está la eurodiputada por Cartagena, Lola Sánchez, un comunicado sobre Guatemala, condenando los recientes asesinatos y donde se dice, entre otras cosas, “como diputadas y diputados reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la lucha contra la impunidad y la corrupción como elementos centrales para mejorar la situación de las personas defensoras de derechos humanos y, consecuentemente, la situación general de los derechos humanos en el país”.

En Bruselas vemos las dos caras de las instituciones europeas: refugio de los cómplices del saqueo de las instituciones públicas, pero también lugar desde donde se denuncian estas complicidades. No todos los políticos son lo mismo. Esperemos que el Parlamento Europeo esté a la altura y conceda el próximo premio Sajárov a Iván Velásquez, jurista colombiano y presidente de la “Comisión contra la Impunidad en Guatemala” de la ONU (CICIG), tal y como están solicitando numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Bruselas, Guatemala, Cartagena: en este mundo globalizado, la explotación y el saqueo recorren todo el planeta y es fácil encontrar los corruptos hilos conductores que forman una tela de araña de la que es difícil escapar. Frente a esto, también encontramos ejemplos de lucha que nos unen en la resistencia, tejiendo en este caso redes fraternales de solidaridad internacional.

(Antonio Urbina ha sido diputado de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, y participó en la comisión de investigación sobre la Desaladora de Escombreras que allí estuvo funcionando durante 2015 y 2016.)

“La Sal” es el nombre del caso en el que se investiga la trama de corrupción relacionada con la Desaladora de Escombreras de Cartagena. En el caso “La Sal”, la juez titular del juzgado de instrucción número cinco de Murcia, María del Mar Azuar, acaba de imputar al exconsejero Antonio Cerdá, mano derecha del entonces presidente Ramon Luis Valcárcel, y a otros once ex altos cargos de la administración regional y de empresas privadas.

Alrededor de la Desaladora de Escombreras se han urdido dos grandes mentiras, desenmascaradas por una comisión de investigación que durante más de un año estuvo trabajando en la Asamblea Regional de Murcia y cuyas conclusiones fueron trasladadas a la fiscalía, la cual apreció la presunta comisión de hasta seis delitos: fraude, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos y oficiales, fraude de subvenciones, delitos societarios e insolvencias punibles.

La primera gran mentira es que el agua que la desaladora produciría se iba a destinar a la agricultura de la Región de Murcia, el famoso “Agua para Todos”. Falso: el Ente Público del Agua (EPA), creado con el objetivo de burlar la Ley de Aguas, prometió agua de la desaladora para los futuros desarrollos urbanísticos del boom del ladrillo, en total hasta 48 hectómetros cúbicos anuales para 26 ayuntamientos, más del doble de la capacidad nominal de la desaladora (22Hm3), capacidad que nunca ha alcanzado durante su funcionamiento. En un contexto de sequía y déficit hídrico en la Región de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura no garantizaba agua para las nuevas urbanizaciones, lo cual es obligatorio por ley. El EPA se saltaba este trámite legal y permitía a los ayuntamientos y al gobierno regional autorizar las nuevas urbanizaciones. No habría nunca agua para la agricultura, era agua para el ladrillo.

La segunda gran mentira fue prometer que la iniciativa privada iba a construir y explotar la desaladora sin que ésta costara ni un solo euro de dinero público. Hay claros indicios de que incluso antes de la construcción de la desaladora ya se estableció una trama corrupta de políticos y de empresarios para que al final todo se pagara con dinero público, garantizando suculentos beneficios a las empresas privadas. El resultado es que a pesar de que la Comunidad Autónoma ya pagó más de 100 millones de euros, más de lo que costó la desaladora, se sigue pagando todos los años dinero al grupo Cobra, propiedad de la constructora ACS, que fue quien construyó y tiene el contrato de mantenimiento de la desaladora. Si no se pone remedio, la CARM acabará pagando más de 600 millones de euros al grupo ACS por una desaladora que costó menos de 100. Es urgente anular esos contratos abusivos que se asumieron por parte del gobierno regional presidido por Valcárcel burlando el control de los servicios jurídicos y de la intervención general de la CARM.

Este tipo de actuación no es nueva: el grupo ACS ya tiene experiencia en estas tramas (la plataforma gasística Castor, por ejemplo). En la Región de Murcia tenemos el caso similar del aeropuerto de Corvera, supuesto negocio privado que ha acabado costando más de 180 millones de dinero público y beneficiando a otra gran constructora, en este caso SACYR. Esto sigue pasando porque se ha instalado una cultura de la impunidad: hasta ahora ni los políticos presuntamente implicados en el saqueo del dinero público, ni los empresarios beneficiados por este saqueo son llevados a juicio.

Quizá el caso “La Sal” sea el primero en el que se lleva al banquillo de los acusados a una gran trama público-privada de corrupción en la Región de Murcia. Ya hay doce imputados, exconsejeros del gobierno regional y empresarios privados de muy alto nivel. Ninguno de ellos actuaba por libre, siempre rendían cuentas y esperaban la confirmación de sus respectivos “jefes”. En este caso “jefes” de una gran trama corrupta público-privada que va mas allá del ámbito regional, que llega hasta Madrid y llega incluso hasta Bruselas.