Sentada en una piedra de una antigua fortaleza española, Natividad Llanquileo recuerda sus primeros pasos en el activismo, cuando ocupaba con su familia terrenos que antiguamente pertenecían a su pueblo, hoy en manos de empresas forestales. Tiene 34 años y es abogada en la Fundación CIDSUR (Centro de Investigación y Defensa SUR). En su Cañete natal, parte de la Araucanía –al sur del país– y antiguo territorio mapuche, sigue ligada al activismo.

“Si el pueblo mapuche sigue existiendo hoy en día es porque hemos hecho las cosas a nuestra manera, tomando nuestras decisiones, no impuestas”, espeta con convicción.

A 25 años de la aprobación de la ley que regula todo lo que afecta a los pueblos originarios del país, se había presentado un nuevo proyecto para sustituirla, el Plan Impulso Araucanía del conservador Sebastián Piñera, presidente de Chile. Se trata de la nueva estrategia gubernamental para la región de la Araucanía y el pueblo mapuche cuyo objetivo, dicen, es encontrar una solución para el conflicto entre el Estado y las comunidades indígenas mapuches por el control del territorio que les fue arrebatado a finales del siglo XIX y continúa hasta hoy. 

Sin embargo, el futuro del plan está en el aire tras la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca, que ha encendido la mecha de las protestas por todo el país. Catrillanca fue alcanzado por una bala mientras conducía un tractor por un camino rural de la Araucanía el pasado 14 de noviembre. Los carabineros [la Policía chilena] dispararon al vehículo y el denominado 'Comando Jungla', resultado de las políticas de militarización de la zona con más población mapuche, se cobraba una nueva víctima dentro de la llamada “pacificación” de la Araucanía. 

La Policía asegura que se produjo en medio de una persecución en la que estaban intercambiando disparos con los presuntos ladrones de unos automóviles y negó tener grabaciones del momento, pero el Gobierno acabó reconociendo que uno de los agentes había destruido las imágenes, claves para esclarecer lo ocurrido.  

El Gobierno de Michelle Bachelet apostó por la creación de una Policía con más recursos militares, para lo que envió al 'Comando Jungla' a entrenarse a Colombia y lo dejó listo para que su sucesor en la presidencia lo implantase en la Araucanía. Ahora Piñera, a través de su plan de desarrollo para la región sureña, llama a una pacificación que queda cuestionada. Parlamentarios y dirigentes de la región han criticado al Ejecutivo y advierten de que el futuro del plan está en riesgo tras la muerte de Catrillanca.

Las dudas sobre el plan

El proyecto destaca la intención de establecer la paz en la región, reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución y potenciar el uso productivo de las tierras y aguas en territorio mapuche a través de monocultivos y arriendos. Las medidas, según el Gobierno, habían sido pactadas con infinidad de dirigentes mapuches, pero las voces dentro de estas comunidades nunca han sido únicas. Dos días después del anuncio, el pasado septiembre, ya había una marcha convocada en Temuco, capital de la región, bajo el lema 'No al Plan Impulso Araucanía', en la que participaron los sectores mapuches críticos con el proyecto.

Las medidas para la “pacificación” defendidas por las autoridades han sido uno de los principales aspectos que han sembrado dudas desde el anuncio del plan. Llanquileo defiende que la presencia policial en la zona, como la desplegada con el 'Comando Jungla', acostumbra a ser sinónimo de más represión y de menos capacidad para la negociación de la comunidad indígena. “El Estado chileno nunca se ha querido hacer responsable de las atrocidades cometidas contra el pueblo mapuche”, sostiene. “Los policías que actúan en la zona se ven con más impunidad para reprimir a la población”, agrega. 

La primera de las propuestas del presidente Piñera fue la creación de un Consejo para la Paz, integrado por diferentes actores, tanto civiles como políticos, para “asegurar la paz y restablecer el Estado en la región”, según palabras del presidente en el discurso de presentación.

Mientras, en los tribunales, siguen las batallas judiciales entre el Estado y dirigentes mapuches acusados de terrorismo.  La zona, desde finales de los años noventa, ha vivido episodios como la quema de camiones que el Estado ha considerado como actos terroristas y son juzgados bajo la Ley Antiterrorista, aprobada por Augusto Pinochet en 1984. En 2014, Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación de la ley antiterrorista sin las debidas garantías procesales a algunos de los dirigentes que promovían acciones de recuperación del territorio. 

La Araucanía es una zona rural con pequeños pueblos que la recorren. Es el bastión que los españoles nunca pudieron colonizar, vencidos por los míticos guerreros mapuches Lautaro y Caupolicán. Pero hace más de cien años, los chilenos sí que rebasaron esa frontera. Ahora, y según la última encuesta del Ministerio de Desarrollo Social, un 31,7% de la población de la zona se identifica como mapuche. El total nacional, según la misma fuente, es del 9%.

La región es una de las más empobrecidas del país. Los hogares ingresan 110.000 pesos chilenos menos al mes que en el total nacional, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, una situación provocada por años de desinversiones, aislamiento e inacción de los diferentes gobiernos desde la recuperación de la democracia. El pueblo mapuche y los demás habitantes de la Araucanía sienten que el Estado chileno tiene una deuda histórica con ellos.

El plan también pretende promocionar la cultura, la lengua o la medicina mapuche a través de una mayor representación a nivel nacional. Por esta razón, se quiere establecer una Ley de Cuotas para que los pueblos indígenas tengan un número mínimo de representación dentro de los partidos políticos, una de las demandas históricas de muchas comunidades mapuches. La forma en que se va a desarrollar este acuerdo aún no se conoce, así como la posibilidad de impulsar la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, una promesa de los diferentes gobiernos en democracia que había quedado olvidado en un cajón.

Además, el Gobierno prevé encontrar un nuevo encaje constitucional para el pueblo mapuche. “Lo que nosotros pedimos es la creación de una Asamblea Constituyente que sea capaz de redactar una nueva Constitución desde una visión plurinacional”. Lo dice Adolfo Millabur, alcalde de la comuna de Tirúa, en la costa de la región del Bío-Bío, y vicepresidente de la Asociación de Municipios Con Alcaldes Mapuches. La organización ha abanderado la reivindicación plurinacional como solución. Su idea es que si se reconoce su nación, automáticamente se reconocen los derechos del control de su territorio.

La ecuación, sin embargo, se antoja complicada, sobre todo por la propuesta de desarrollo económico del Gobierno para la región. Piñera y su ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, han anunciado una inversión de 24 millones de dólares hasta 2026, 16 de los cuales son de inversiones privadas. La intención de la administración es, en palabras del presidente, “conseguir una mayor productividad agrícola en las tierras y la flexibilización de las propiedades de tierra”.

Por primera vez, los territorios mapuches podrían ser arrendados, puesto que hasta ahora eran tierras mayoritariamente comunales y de uso colectivo, tanto por agricultura como por su valor ancestral y estaban protegidos, algo que perderían en caso de aplicarse la reforma. Con la invasión por parte del Estado de Chile a la zona mapuche a finales del siglo XIX, los habitantes se quedaron solo con el 2% de su territorio. Desde entonces, el retorno de las tierras y la soberanía sobre ellas ha sido el principal conflicto entre el Estado y las comunidades mapuches. 

“Alinearse en favor del arrendamiento que propone Piñera significa perder para siempre el valor de nuestro territorio, trocearlo y despojarnos de él”, sostiene Llanquileo. Como recuerda, “para los mapuches el territorio es mucho más que productividad y progreso. Su progreso nos mata. El territorio, si no está en nuestras manos y si se cultivan elementos que no son naturales de aquí, pierde su valor social, espiritual y, a la postre, económico”. Si se aplican las políticas del gobierno conservador del presidente Piñera, defienden que lo más probable es que el valor no económico de las tierras se pierda para siempre.

Por su parte, Francisco Huenchumilla, exalcalde de Temuco e intendente del último gobierno de Michelle Bachelet para la región, ve con buenos ojos el nuevo encaje que se quiere dar al pueblo mapuche. “La situación siempre se había valorado como una cuestión de pobreza y seguridad nacional, pero no, es un conflicto político que solo a través del diálogo se va a resolver”, defiende el actual senador, cuya vida política ha estado dedicada en gran medida a tender puentes entre el Estado y estas comunidades indígenas.

Históricamente, también con el Gobierno de Salvador Allende, “los mapuches han sido vistos como parte del proletariado o del campesinado chileno, pero sin atender su condición de pueblo y nación diferente a las demás”, añade el senador. El plan, a su parecer, es “un buen síntoma” que indica que la cultura política del país está cambiando, aunque siente cierto recelo de que se impulse desde una posición conservadora. 

A falta del debate entre las diferentes organizaciones políticas, es la iniciativa más completa presentada hasta el momento, aunque su viabilidad está por ver y las dudas sobre su puesta en marcha aumentan tras la muerte de Catrillanca. Por su parte, y como ha sido históricamente, el pueblo mapuche lo discute desde voces distintas. La incógnita es si todas ellas serán escuchadas del mismo modo, si aquellos que el Gobierno considera “terroristas” estarán sentados en la misma mesa de negociación, o si las empresas privadas, dueñas del territorio araucano, serán las que lleven el desarrollo del proyecto. 

Una verja de hierro con una pequeña puerta separa la calle del edificio. La primera clínica dedicada íntegramente a personas LGTBI de Uganda se encuentra a las afueras de Kampala, a unos 20 minutos en moto del mercado principal. En una sala repleta de sillas, un chico pregunta qué tipo de medidas higiénicas debe tomar antes de practicar sexo. Enfrente, una doctora le contesta señalando unas palabras apuntadas en la pizarra. Es un tema del que ya se ha hablado, el chico ha llegado tarde.

La reunión la organiza Ice Breakers Uganda de forma periódica y, otra vez, ha sido un éxito de convocatoria. En un sitio tranquilo dentro de la ruidosa capital, la organización prepara espacios donde la comunidad LGTBI pueda intercambiar conocimientos, experiencias y reciba atención médica.

Solo están atendiendo y dando información a sus pacientes, pero su actividad se realiza de forma semiclandestina al encontrarse bajo un limbo legal, en un país en el que la homosexualidad está duramente penada. La actual normativa puede condenar hasta con 14 años de prisión a las personas homosexuales. 

Muchos de los asistentes son portadores del VIH u otras enfermedades infecciosas. El acceso a la salud en Uganda es frágil, ya que el precio de los medicamentos y los honorarios del personal sanitario son las grandes barreras. Pero una persona homosexual que contrae el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual tiene otro obstáculo: la homofobia institucional. Desde 2009, la ofensiva legislativa para recortar al máximo los derechos del colectivo LGTBI ha sido continua.

Ahora bien, si el Estado crea problemas de desigualdad, hay quien se junta para solucionarlos.

Brian Masinde, activista de la organización, afirma que “algunos médicos se niegan a atender a personas homosexuales. Los asocian con la enfermedad del VIH y provoca un aumento de su vulnerabilidad”. Masinde inició su vida de activista hace ya diez años, justo cuando cumplió la mayoría de edad.

Desde un principio se vinculó a los aspectos relacionados a la salud, primero como participante y ahora como encargado de la comunicación. Su década de experiencia en la organización Ice Breakers Uganda le permite decir que “la situación es mucho mejor ahora que unos años atrás, pero tenemos que seguir trabajando y recaudando fondos para dar soluciones”.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2017 había en Uganda 1.400.000 de personas con VIH, un 5,5% de la población, y cada año se contabilizan unas 50.000 infecciones nuevas. Los niveles alcanzados a principios del milenio eran aún superiores y el gobierno de Yoweri Museveni, junto a sectores de la Iglesia, empezó una campaña para culpar a gays, lesbianas y transexuales de la rápida propagación de la enfermedad.

Grace, que no quiere dar su apellido, es la jefa de comunicación de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la organización que aglutina más colectivos dentro la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI. Afirma que “perseguir a la comunidad da votos y es bueno para la carrera de los políticos, por eso siempre nos utilizan como cortina de humo”.

Una clínica única

En el tranquilo patio, lejos del ruido de las motos y camionetas, se alzan dos sencillos edificios. Uno es la sala de reuniones, el otro una clínica equipada con recepción, laboratorio de análisis y consulta. La IBU Clinic se inauguró en 2012 en Kampala, y mientras los usuarios pasan de uno en uno, Masinde comenta que “la prevención y la educación sexual son bases de nuestras vidas de las que no hablan en ninguna escuela, y menos en el caso de las personas homosexuales. Aquí, con la experiencia de todos y la ayuda de profesionales, damos indicaciones o situaciones en las que nos podemos encontrar.”

“Para nosotros es una actividad solidaria. Como médicos vemos con total incredulidad que se tenga que realizar casi a escondidas”, dice el doctor Mike, quien no quiere dar su nombre real. Muchos colegas saben lo que hacemos y, evidentemente nos apoyan, pero aún tienen miedo de dar un paso más por lo que dirán sus superiores“.

Los participantes son jóvenes que no pasan de los 30 años. Todos ellos, antes de las revisiones médicas, repasan con un voluntario de la asociación actitudes y acciones básicas a la hora de tener sexo sin riesgo. Sentados y abarrotando la sala se van sucediendo los temas: higiene, uso del preservativo, pastillas para prevenir el VIH, etc. Cuestiones básicas, pero la marginalidad con la que ciertos sectores han tratado al colectivo homosexual provoca que todos sus derechos se devalúen.

Pero esa supuesta vulnerabilidad les hace crecer en su autogestión. En las reuniones el aprendizaje es colectivo y rompen el miedo, y el hielo, para hablar sobre sexualidad. “Aquí puedo ser como soy, vestirme como quiero, sentirme libre”, comenta Paul, que no quiere dar su verdadero nombre.

“Fuera de las reuniones entre nosotros es mucho más difícil tener este tipo de conversaciones, para ellos es una forma también de desahogarse y comportarse de forma normal, sin tener que forzar ninguna situación”, según Brian Masinde. “Imagínate cómo ha cambiado su vida, de ir entre cuatro o cinco veces a hacer presión para que te atienda un médico, a que tengan una visita privada y gratuita”.

Los intentos del Gobierno de aumentar la represión

En este contexto, el Gobierno ugandés pretende aumentar aún más las penas contra la población LGTBI. En 2009, se introdujo a debate en el parlamento una nueva ley para el colectivo LGTBI, la conocida como Ley Antihomosexual. En esos años la epidemia del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual se habían agudizado. El gobierno del Movimiento de Resistencia Nacional (MRN), liderado por Yoweri Museveni y sectores de la iglesia evangélica, culpó de la crisis de salud a aquellos que mantenían relaciones con personas del mismo sexo. Con esa premisa quiso endurecer el castigo para todos ellos: en los casos más extremos la condena podía ser la pena de muerte.

El debate legislativo coincidió con un recrudecimiento de la persecución a activistas por los derechos humanos y ONG. Ya en 2014, Museveni firmó el proyecto que se convirtió en ley, que después fue revisada de forma que las condenas no eran tan brutales. Pero por sorpresa de muchos, el Tribunal Constitucional la declaró nula, hecho que provocó una nueva revisión de la ley y el inicio de un nuevo debate que llega hasta hoy día.

La singularidad del lugar y su labor solidaria hacen que Ice Breakers, junto con otras organizaciones del colectivo LGTBI en Uganda, vean un futuro en positivo. Proyectos como el Queer Kampala Film Festival, publicaciones digitales como Kuchu Times, la revista Bombastic o asociaciones como SMUG están consolidando el movimiento.

Aun así, no hay que olvidar que su labor llega a una pequeña parte de la población, que la heterogénea Uganda vive en su mayoría desconociendo estos proyectos. Con las redes sociales su papel se va filtrando cada vez más, pero el altavoz oficial del Gobierno los sigue estigmatizando. Porque como dice Brian Masinde, “nosotros hacemos el trabajo que tendría que hacer el estado, sin ser el estado, y es un trabajo muy largo y duro”.