Kahramanmaraş tenia un millón 150 mil habitantes, pero muchos se marcharon de la ciudad en autobuses cuando el terremoto del 6 de febrero la golpeó. La provincia de Hatay tenia un millón 600 mil habitantes, hoy los camiones de mudanza hacen cola para salir de su capital, Antioquía. Nurdagi tenia 41.322 habitantes, ahora 25.000 se han desplazado a campos de acogida temporales.

En las calles de Antioquía, poco más de dos semanas después del seísmo, solo quedan militares, bomberos y equipos de rescate, que todavía siguen intentando sacar a algún superviviente de los escombros. Los familiares hacen guardia enfrente de las ruinas con la esperanza de que los suyos aún sigan vivos. Pero ahora ya solo aparecen más bolsas negras.

Las carreteras están llenas de pequeños convoyes formados por una camioneta con montacargas, un camión de mudanzas y un coche con los propietarios de las pertenencias que les sigue de cerca. Es un patrón que se repite desde hace días. Al menos 865.000 personas ya se encuentran desplazadas en los campos de emergencia y otros tantos miles, imposibles de calcular, se han marchado de las regiones afectadas. Por si quedaba alguna duda sobre la decisión, el pasado lunes una réplica del terremoto, de magnitud 6.4, terminó por convencer a la mayoría de que lo mejor era marcharse.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan promete, apurado por unas elecciones inminentes, que las ciudades volverán a ser lo que eran dentro de un año. Y a pesar de que parece imposible retomar la normalidad en tan poco tiempo, un voluntario de AFAD, la entidad gubernamental encargada de gestionar la emergencia, afirma: “Yo odio a Erdogan, pero si él dice un año, será un año”.

Obligados a volver a empezar

En las zonas más golpeadas por el terremoto, según el censo oficial, residían 13,5 millones de personas. Miles de habitantes de estas aéreas se han quedado sin hogar; 61.700 edificios y 263.800 apartamentos están gravemente dañados, pero es un número destinado a aumentar en los próximos días.

Fouad Omar, a pesar de los daños sufridos por su casa, ha decidido subir al piso junto con su familia para recoger sus pertenencias. Su edificio se ha mantenido en pie, pero hay grietas en las paredes. Aunque el gobierno recomienda no entrar en las viviendas que tienen daños estructurales, muchas familias, como la de Omar, volvieron después de los temblores a hacer las maletas: “Salimos de casa con los pies descalzos, con pijama, no teníamos nada”. Se cree que las víctimas de la réplica del pasado lunes, seis hasta el momento, eran personas que estaban vaciando sus casas. “Los sirios vivimos en el exilio, ya nos fuimos cuando comenzó la guerra, y ahora a empezar de nuevo otra vez”, explica Omar, que nació en Alepo. Estudió cirugía en Francia, donde está pensando en empezar su nueva vida.

Su hijo se enfrenta al segundo éxodo que le ha tocado vivir en sus 16 años de vida. “Es el destino”, dice, mientras recoge las cosas más importantes de su habitación. Su madre deshace el armario de sus hermanas y dobla las sábanas y toallas para meterlas en la maleta. La cocina es un desastre, todo cayó al suelo. “Dios nos ha dado una segunda oportunidad”, dice Omar con una gran sonrisa, aunque reconoce que lleva días sin poder dormir debido al estrés postraumático del terremoto. Por ahora, se irán a casa de unos familiares cerca de la costa. Como ellos, centenares de familias cargan sus coches y abandonan la ciudad de Hatay.

En las afueras de la ciudad, en uno de los barrios humildes donde las casas tienen jardín con gallinas y los bloques son bajos, algunos han decidido quedarse. Sezer Daglioglu ha pagado 60.000 liras turcas, 2.980 euros, para que le traigan desde Estambul una caseta prefabricada y ponerla en su jardín. “La hemos comprado con nuestros ahorros. El estado no nos la ha dado. Hemos tenido que traerla nosotros mismos porque ya no tenemos casa”, dice mientras la instala delante de su antigua casa, derruida por el terremoto. Desde su jardín se puede ver gran parte de la ciudad, que, al llegar la noche, se convierte en una ciudad fantasma, tomada por militares y policías.

En la autopista, convoyes de camiones llegan a las ciudades cargados con casetas de obra que se convertirán en las casas provisionales a las afueras de las ciudades. Habrá un aire acondicionado por familia en cada caseta. Los baños serán compartidos mientras se reconstruyen las ciudades. En otras ciudades afectadas, el patrón se repite: convoyes de mudanza que se van, convoyes de casetas que entran. A las afueras de la ciudad de Nurdagi, se espera poder alojar al menos a 25.000 vecinos en estos contenedores de emergencia.

“Lo que antes me hubiera costado 2.000 liras (100 euros) ahora me cuesta 7.500 (400 euros) liras”, dice Mustafa Deveer, mientras observa cómo un equipo de mudanzas vacía el piso de su madre. Cuesta 372 euros vaciar los pisos de edificios que ya no son habitables. Mustafa y su familia habían vivido en Nurdagi durante más de 20 años después de dejar la vida en el campo, donde cuidaban del ganado. Habían decidido que su futuro estaría allí. 

El edificio donde vivía su madre tendrá que ser derribado. Este bloque de pisos recibió amnistía del gobierno hace unos años. Se construyó en 2015, pero nunca se hizo una revisión oficial de su estado. Durante el proceso de construcción, el alcalde de Nurdagi dio los permisos necesarios hasta en tres ocasiones para que el proceso siguiera adelante. Su familia pudo salir de la vivienda a tiempo, pero sufrieron heridas. “Irán a la cárcel. Todos a la cárcel”, dice refiriéndose al constructor, mientras observa cómo la plataforma eléctrica del camión de mudanzas baja el sofá lila aterciopelado de su madre. En las calles paralelas, hay decenas de montacargas para vaciar los edificios.  

Es complicado imaginar que todos esos muebles que hoy bajan puedan volver a llenar los apartamentos de estas ciudades, cuando se escuchan historias como la de Müzeyyen Arslan, dueña de un pequeño restaurante. “El edificio de enfrente a mi casa, un bloque de cuatro plantas, colapsó por completo, todas las familias han muerto”, cuenta. “¿Y en España? ¿Hay terremotos?”, pregunta mientras le dice a su marido que tal vez deberían de marcharse todos allí.

Es viernes y la calle principal de Erzin funciona como siempre: todos los comercios están abiertos. Si no fuera porque se ha caído el minarete de la mezquita, parecería que aquí no ha habido terremoto, pero esta ciudad de 42.000 habitantes estaba a solo 80 kilómetros del epicentro del temblor que sacudió Turquía y la vecina Siria el pasado 6 de febrero.

El alcalde de la ciudad se ha marchado, explica el teniente del regidor durante la entrada en el ayuntamiento. En el parque Atatürk, las únicas 23 personas que aún no han podido volver a sus casas después del terremoto también saben que el alcalde se ha marchado. Están enfadadas porque piensan que las declaraciones que él hizo a los medios, en las que afirmaba que Erzin no ha sufrido daños o que la ciudad no se declarará zona catastrófica, les afectará directamente a la hora de pedir ayudas.

“Quedará claro que una de las principales razones de la destrucción y muerte es la corrupción enmascarada y las leyes con excepción de mi propia ciudad”, ha dicho Okkes, el alcalde de Erzin.

Sin embargo, no solo esa es la razón principal, también la localización y que Erzin estuviera construido sobre roca y no sedimentos podría explicar, según algunas fuentes, por qué esta ciudad es un oasis en medio de la catástrofe. Sirin Kocakaya, el dueño del restaurante Ozdil Tantuni, en el centro de la ciudad, dice que fue Dios, pero a la pregunta de por qué Dios olvidó al resto de ciudades responde que la razón es que la falla está al otro lado de la montaña.

“La cadena montañosa nos ha protegido”

Turquía es una de las regiones del mundo más activas a nivel sismológico desde hace años. En las últimas décadas, después del terremoto de 1999 que sacudió la parte noroeste del país, el Gobierno aprobó varias leyes que obligan a los constructores a diseñar edificios con materiales de alta calidad y resistentes a los terremotos.

A estas alturas de la catástrofe, queda claro que si se hubiera respetado la legislación, el número de muertos hubiera sido mucho menor. “Ves este trozo de hormigón, tiene piedras lisas que llegan a los cinco o seis centímetros”, explica Pitu, de Bomberos Sin Fronteras, durante uno de los rescates en la ciudad de Karhamanmaras. “¿Véis esta línea de aquí? Es acero liso, cuando debería ser rugoso”, dice mientras sujeta la muestra de hormigón.

Recientemente, las críticas han llegado al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan por las amnistías que permitieron a los constructores pagar una suma de dinero concreta para que se perdonaran las infracciones de construcción sin tener que adaptar los edificios a la legislación. Estas amnistías permitieron recaudar al Gobierno turco una gran cantidad de beneficios, pero ahora se ha convertido en uno de los principales motivos del gran número de muertos por el derrumbamiento de edificios.

“Si Erzin estuviera en Gaziantep, estaría todo derrumbado. Nos hemos salvado porque la falla no está por debajo y la cadena montañosa nos ha protegido del terremoto”, dice el teniente de alcalde. A pesar de que la ciudad vive protegida por esta cadena montañosa que la separa de ciudades vecinas como Osmaniye o Iskenderun, donde decenas de edificios han colapsado durante el terremoto, el segundo del alcalde señala que “el 50% de la responsabilidad es de las montañas y el otro 50% es del alcalde”.

A pesar de que en esta zona también se han decretado amnistías para varios edificios por parte del Gobierno, la historia sismológica de la región ha llevado a los diferentes gobiernos de la ciudad a no permitir la construcción de edificios de más de cuatro o cinco plantas. Esto ha prevenido que haya habido algún derrumbamiento y que tan solo unos pocos edificios hayan sufrido daños estructurales. En esta ciudad no ha habido ninguna víctima mortal.

El único edificio destruido: una mezquita

Hace 10 días que Latife Yozcu, vecina de Erzin y madre de cuatro hijos, duerme en la tienda del Ayuntamiento junto con otras familias del pueblo. Aunque agradece poder estar aquí a salvo con su familia, lamenta que en la tienda no haya espacio para todos. “Tenía parientes en Antakya y en Iskenderum, un hermano, pero ya no me queda nadie. He perdido a 30 familiares”.

Ahora, está esperando que alguno de los 10.000 peritos que están recorriendo la zona afectada por el terremoto examine su casa y así poder tener un documento donde se acrediten los daños que ha sufrido. Como ella, las tres familias con quienes comparte refugio estos días toman el sol delante de la tienda de campaña. Esperan algún movimiento por parte del Ayuntamiento, especialmente de su alcalde.

Isaan Yaprak, Tarik Karpiaplu y Merve Usanmar venden estufas enfrente del único edificio que se ha derrumbado parcialmente, la mezquita construida en 1973. Están esperando a que sea derribada para poder reconstruirla. A pesar de estar justo enfrente, su tienda no sufrió ningún daño, pero sí notaron el terremoto y salieron corriendo a la calle.

Ellos también creen que la montaña los protegió del temblor. Isaan añade: “También, porque construimos nuestros propios edificios, y no se los dimos a ningún gran constructor. Al igual que la mayoría de nuestros vecinos, confiamos en pequeños constructores locales”.

En la frontera de Turquía y Siria, la muerte se ha convertido en un pasajero más de los taxis y ambulancias que transitan la zona. Bolsas negras para cadáveres, apiladas unas sobre otras, contienen los cuerpos de aquellos refugiados sirios que no lograron sobrevivir al devastador terremoto que sacudió la región el 6 de febrero. Allí, en la parte turca del paso fronterizo de Bab Al-Hawa, la vida y la muerte se entrelazan. Entre familiares y amigos, los cuerpos son transferidos de un vehículo a otro, cargándolos en la parte trasera de una camioneta destartalada.

400 metros. Esa es la distancia que separa Turquía de Siria en este puesto de control. 400 metros es la distancia que recorre durante todo el día la única camioneta que transporta las bolsas negras de un país al otro.

Tras el terremoto, el presidente sirio, Bashar al-Asad, abrió dos pasos fronterizos más, Bab al-Salaam y Al-Rae (situados en territorio controlado por fuerzas rebeldes), para permitir la entrada de ayuda humanitaria, pero a cuentagotas, durante los próximos tres meses. En Bab al-Hawa, puerta de entrada a las zonas rebeldes del noroeste del país, los civiles sirios también pueden cruzar la frontera, tanto para llevar a sus familiares fallecidos de vuelta a Siria como para regresar a su país.

En las regiones afectadas por el terremoto en el sur de Turquía vivían alrededor de dos millones de refugiados sirios. “Debido a esta situación de precariedad, algunas de las casas construidas en los barrios más humildes están hechas con materiales de muy mala calidad. Muchas de estas familias ya vivían en condiciones de vulnerabilidad antes de que ocurrieran los terremotos”, explica Lucía Villamayor, coordinadora del equipo de emergencias de Acción contra el Hambre para el terremoto de Turquía.

Garip lleva 10 años en Turquía. “Hasta que Al-Asad no muera, yo no vuelvo”, dice. Este miércoles por la noche, llegó a la frontera acompañando el cuerpo de su primo fallecido durante el terremoto. Lo transportaban en la parte trasera de un coche que los traía desde Karanmanmarash, una de las ciudades más afectadas por el temblor, a tres horas en coche. Después de cruzar la frontera, lo recogió uno de los cinco vehículos que esperan en Siria. Un coche por cada cadáver que transportaría en esa ronda la camioneta destartalada que, durante todo el día, se dedica a cruzar los 400 metros del puesto de control.

Para poder pasar el cadáver, Garip tuvo que acompañarlo no solo para despedirse de él, sino también para presentar los permisos especiales que permiten la repatriación de los cuerpos. El fallecido irá a la ciudad de Idlib, donde su familia lo recogerá para poder enterrarlo. Como Garip, decenas de sirios cada día acompañan los cuerpos de sus familiares con los permisos correspondientes para poder ser enterrados en casa.

Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre el 3% y el 6% de la población turca es de origen sirio, lo que equivale a unos 3,5 millones de personas, aunque muchas de ellas no están registradas oficialmente. Desde que comenzó la guerra en Siria, Turquía se ha convertido en el principal destino de refugio y huida para los sirios.

Pero a través de esta frontera no solo pasan los muertos. “Vamos a intentar pasar por esta puerta y luego buscar un coche, si lo encontramos. Pero el verdadero problema es este cruce”, comenta Ramis (nombre ficticio para proteger su identidad). Hace solo un año que llegó a Turquía y ha obtenido un permiso de protección temporal que le permite acceder a la sanidad, educación pública y al mercado laboral. Junto con sus dos amigos, Ramis, de 37 años, lleva esperando un día entero para intentar cruzar la frontera y llegar a Idlib, donde se encuentran su esposa y sus cuatro hijos. “En Idlib, mi ciudad, solo hay escombros y la gente duerme en la calle”, cuenta. Ramis se pregunta por qué solo permiten libremente el paso de los muertos y se cuestiona qué deben hacer los vivos.

Sin embargo, Turquía ha dado un permiso de tres meses para cruzar a Siria, el cual afecta a los refugiados que llegaron al país hace años y que ya han conseguido la ciudadanía. Pese a que la inflación superó el 80% en noviembre del año pasado, muchos de ellos retornarán cuando se acabe el plazo, tal como acontece con Ali. Este, de 30 años, es ingeniero y su casa colapsó durante el terremoto en Karanmanmarash. “Estaba durmiendo cuando la tierra tembló y tuve que salir corriendo a la calle. Fue como si se tratara del día del juicio final”, relata. Si bien su familia está a salvo, muchos de sus amigos han muerto en la guerra o por el terremoto. Por ello retorna, para darles el último adiós.

Aunque el mundo ha volcado su atención en Turquía, la ayuda humanitaria llega con cuentagotas a Siria debido al aislamiento del régimen de al-Assad. “Se trata de un entorno altamente politizado y esto ha retrasado la llegada de la ayuda en comparación con otras zonas”, dice Jean-Raphael Poitou, responsable de Incidencia para Oriente Medio de Acción contra el Hambre. “Estamos trabajando a nivel local para coordinarnos con las autoridades sirias, así como con las Naciones Unidas, para poder acceder directamente a las víctimas, y a nivel internacional, para asegurarnos de que las sanciones no obstaculicen la llegada de la ayuda humanitaria en tiempo y forma”, añade.

Al menos 1.795 sirios de las 10 provincias turcas más afectadas por los terremotos de la semana pasada han regresado a Siria a través del cruce de Bab al-Hawa, según el portavoz del punto fronterizo.

Lo que parecía impensable ha ocurrido: Siria se ha convertido en la mejor opción para muchos refugiados que huyeron de la guerra, como Imam, Emel y Fathma. Imam ha vivido en Turquía durante más de ocho años y dos de sus cuatro hijos son de nacionalidad turca. Durante el terremoto, su casa se derrumbó y solo pudieron salir con la ropa puesta. Esta noche dormirán a las puertas de la frontera turco-siria para poder cruzar mañana. Allí estarán por un tiempo con su familia mientras resuelven los trámites para reunirse con su esposo en Alemania, donde reside desde hace tiempo: “Todos mis vecinos del barrio han muerto, no queda nadie con vida. Si todavía tuviera a alguien en Turquía, no me iría a Siria, pero ya no tengo ni casa”.

La camioneta, esa misma que ya ha cruzado los cuatrocientos metros varias veces, se detiene por un instante. En ese momento, una ambulancia llega sin hacer ruido desde Gaziantep, transportando cuatro cuerpos más que reposan en su interior. Ramis se ha ido hacía Karamanmarash y un nuevo grupo de hombres se agolpa en la parte trasera de la camioneta destartalada que transportará las bolsas negras a Siria, su país, en apenas unos minutos.

Los vivos tendrán que esperar hasta mañana. Esta noche el paso estará cerrado para ellos y la mayoría de los más de 50 sirios que esperan tendrán que dormir al raso, aunque las temperaturas no superarán el grado esta noche. Imam dormirá con sus cuatro hijos, junto a los de Emmel y los de Fathma, pero todavía no. A pesar de que son las once de la noche, siguen corriendo por la entrada de la frontera como si estuvieran en un campo de fútbol.

No saben si algún día volverán, pero eso ya lo pensaron cuando salieron de Siria. Por el momento, están a pocas horas de volver a su tierra natal.

Desde hacía semanas, Karam y Pita veían en los telediarios cómo cientos de refugiados estaban cruzando la frontera entre Bielorrusia y Polonia. El primero había escapado de Siria a Líbano varios años atrás. Desde allí, cogió un avión que lo llevaría a Minsk. Sabía que Pita saldría desde Damasco en los mismos días. Decidieron reencontrarse en la capital bielorrusa para emprender juntos su viaje hacía Europa.

Cuando a finales de octubre Karam y Pita llegaron a la zona fronteriza cerca de Kúznica, Polonia, se encontraron con 1.000 migrantes más atrapados en los escasos metros que separan la frontera bielorrusa de la polaca. Se había montado un campo improvisado entre las dos vallas que separan los dos países. El mismo lugar donde, según el Gobierno bielorruso, ya no queda nadie.

Bielorrusia anunció este jueves que los campamentos de migrantes construidos apresuradamente en su frontera con Polonia habían sido despejados, en una señal de que Minsk busca ahora desactivar la crisis política desatada con su país vecino y la Unión Europea.

Las noches que Karim y Pita pasaron en esa tierra de nadie, el termómetro llegó a marcar menos nueve grados. Los sirios ni siquiera tenían una tienda donde refugiarse. Allí permanecieron hasta que, según cuentan, los militares bielorrusos “cortaron” la verja de la frontera polaca.

Empezaron a empujarles para que cruzasen al otro lado: “Fueron los militares bielorrusos. Habían cortado la alambrada de la frontera polaca, y nos pegaron para que cruzásemos a Polonia”, explica Karam días después a elDiario.es. A uno de sus compañeros, cuenta, le rompieron las costillas.

En cuanto entró al bosque junto a varios compañeros, el grupo de migrantes se agarraron las manos con fuerza y caminaron a oscuras entre la vegetación. A los pocos kilómetros tuvieron que parar, mientras el resto del grupo continuaba. Su amigo, con las costillas rotas por los golpes que les habían ocasionado los militares bielorrusos, no podía seguir. Dejaron de caminar, sacaron una lona negra y la utilizaron como techo. Se juntaron mucho uno al otro para intentar mantener el calor. No querían hacer fuegos para no ser vistos por los militares polacos, se tumbaron y esperaron.

Así los encontraron, el pasado 2 de noviembre, un grupo de activistas que llevan meses ayudando a los migrantes que cruzan la frontera. Estaban empapados y doloridos.

Más de 200 voluntarios, entre jóvenes polacos y gente local, llevan desde agosto repartiendo mantas, comida y acogiendo a gente en sus casas. Por la noche, algunas casas desperdigadas por la zona próxima a la frontera encienden una bombilla verde para que los migrantes puedan verlas desde el bosque y sepan que allí podrán ser acogidos.

La mayoría de los voluntarios estaban allí antes del aumento de la llegada de migrantes a la zona –debido a la crisis entre Bielorrusia y Polonia–, con el objetivo de proteger la reserva natural de Bialowieza. Cuando llegaron los refugiados, ya estaban tejidas las redes de solidaridad.

Cuarto intento

Era la cuarta vez que Karam trataba de cruzar la frontera. En los tres intentos anteriores, habían sido devueltos a Bielorrusia. Para llegar hasta Bielorrusia, Karam había pagado 3.000 euros por el visado y el billete, al igual que Pita. Llegó directo desde Beirut a Minsk.

Una vez en Minsk, estos jóvenes sirios cogieron un taxi que los llevó a la frontera. Pagaron 100 euros cada uno por el viaje en taxi. Hacía solo mes y medio que el Gobierno polaco había aprobado una ley que permite a los guardias expulsar de forma inmediata a aquellos que cruzan la frontera de forma irregular.

“Acciones de rescate”

Desde entonces, el trabajo de los activistas se había vuelto aún más complicado en la zona fronteriza. Para ayudar a las personas atrapadas entre ambas fronteras, los activistas acuden a parlamentarios como Anita Sowinska, diputada del partido de la oposición Nueva Izquierda.

“Anita, necesitamos que vegas con nosotros al bosque, hemos encontrado a cuatro sirios que llevan allí escondidos varios días y uno de ellos tiene las costillas rotas. Es la tercera vez que lo intentan”, le dijo una de las activistas en un grupo de Signal con el que se organizan.

Eran Karam, Pita y sus amigos. Estaban bloqueados en medio del frondoso bosque de la reserva natural de Bialowieza. Durante los dos días y medio que la diputada había estado por esa zona, había tenido que participar en cinco “acciones”, como llaman los activistas a la búsqueda y ayuda a los refugiados escondidos en los bosques. Cada una de esas operaciones se activan cuando un migrante ha conseguido contactar con los teléfonos de los activistas para pedir ayuda. Entonces, envían su ubicación y se organiza la búsqueda.

Adentrarse en el frondoso bosque supone caminar durante horas intentando llegar a la ubicación exacta. De noche es aún más complicado. Ninguna luz ilumina la zona. La mayoría de migrantes se esconden debajo de árboles caídos o en zonas donde no puedan ser vistos y, aterrados, no se atreven a salir hasta que descartan que quien ha venido es un grupo de militares, sino voluntarios que quieren ayudarles. El bosque está plagado de zonas empantanadas.

“Cuando me llamaron, quedamos con las activistas. Tenían un coche súper antiguo y no tenían nada de dinero, pero ellas aún siguen ayudando a la gente. Son héroes”, dice la parlamentaria polaca a elDiario.es. Tras aparcar el vehículo y caminar 1,5 kilómetros por el bosque, la diputada vislumbró la gran lona negra bajo la que se resguardaban Karam, Pita y varios compañeros.

El encuentro

Cuando llegó, los migrantes presentaban síntomas de hipotermia, describe la parlamentaria. Las voluntarias les dieron mantas, agua y comida. Llevaban días sin comer. Y entonces empezaron a ver las posibilidades de sacarlos de allí. Avisaron a los medios para intentar hacer la máxima presión y evitar la devolución de los potenciales refugiados. Cuando les explicaron que tendrían que llamar a la Policía, a Karam se le cambió la cara.

“¿A la Policía? No, no, nos hará volver”, rogaba el sirio.

Anita Sowinska les pidió que confiaran en ella. Los sirios accedieron, arreglaron los papeles para que la parlamentaria pudiera actuar como su representante y esperaron a que llegara la Policía. Después de esperar durante tres horas, los agentes irrumpieron en la zona y pudieron empezar los trámites para solicitar asilo en Polonia.

“Anita fue nuestro ángel”, dice Karam, que ya está junto a Pita y sus amigos en un centro de refugiados. Sowinska volverá en unos días a la frontera para intentar seguir ayudando desde su posición de parlamentaria. La diputada dice estar asustada.

“Tengo miedo de que el conflicto siga escalando. Al Gobierno le interesa y cree que le está dando más votos y poder. Desde mi posición política tengo que hacer todo lo posible para desescalar el conflicto. No deberíamos de jugar el juego de Bielorrusia. Tengo miedo del primer disparo porque entonces Lukashenko habrá ganado”.

El pasado 3 de febrero, sobre las 5:30 horas de la mañana, un hombre de origen argelino fue atropellado a escasos 200 metros del campo donde vivía, en el fronterizo pueblo de Velika Kladusa, en Bosnia-Herzegovina. Se llamaba Hammid, tenía 34 años y era una de las miles de personas que tratan de llegar a otros países europeos desde Bosnia, convertida desde el año pasado en la principal puerta de entrada a la UE desde los Balcanes.

El campo de Miral, situado a las afueras de Velika Kladusa, donde vívia Hammid, está por encima de su capacidad. Con plazas para 700 personas, ya viven más de 900 en él. Las quejas por parte de los migrantes alojados son constantes, desde la comida hasta la falta de protección en las peleas que se producen dentro del mismo.

Ubicado a escasos kilómetros del pueblo, la única vía de acceso es una carretera nacional sin arcén y sin iluminación, un patrón que se repite en muchos otros campos en toda Europa. En 2018, 43 migrantes fallecieron en las carreteras europeas, la principal causa de muerte de estas personas una vez en el continente, según los datos recopilados por el proyecto Missing Migrants.

Hammid es el segundo migrante que ha muerto por esta causa en lo que va de año en Europa. Había llegado a Velika Kladusa a principios de enero con Yacine, su compañero de viaje durante los últimos tres meses. Hacía solo un mes, todo apuntaba a que alcanzaría Bélgica, donde quería vivir, pero la mañana del 10 de enero fueron detenidos en el intento por la Policía eslovena.

Llevaban varios días caminando a escondidas por las montañas croatas y al fin estaban enfrente del río Sava. Cruzaron la frontera natural que separa Croacia de Eslovenia en un kayak robado, pero los agentes les esperaban en la otra orilla. Tras cogerles los datos y ponerles una multa de 500 euros por entrar al país de manera irregular, los entregaron a la Policía croata, que deshizo los 60 kilómetros que separan Eslovenia de Velika en tan solo unas horas, transportándolos en coche.

Numerosas ONG de derechos humanos han documentado en los últimos meses casos de personas devueltas por las autoridades de Croacia, Estado miembro de la Unión Europea, a Bosnia sin darles la posibilidad de buscar protección internacional, algo que, insisten, contraviene la legislación internacional. En agosto del año pasado, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) registró los casos de 2.500 refugiados y migrantes presuntamente rechazados por Croacia, en los que más de 1.500 denunciaron que se les negó el acceso a los procedimientos de asilo. También recibió cientos de denuncias de violencia y robo durante estas expulsiones.

Diez intentos para poder continuar hasta la UE

Así, con un camino de vuelta a Bosnia tras varias semanas atravesando Europa, terminaba para Hammid el sueño de llegar a Bélgica, adonde deseaba llevarse a su hija de cinco años, Gigi. Divorciado, empezó la ruta de los Balcanes con el objetivo de buscar un futuro mejor para ella. En 2018, se registró un aumento del número de personas que, generalmente desde Grecia y Bulgaria, intentaron cruzar Bosnia-Herzegovina para continuar su viaje hacia la UE. La valla construida en Hungría en la frontera con Serbia hace tres años y la constante presión policial croata han obligado a la mayoría de migrantes a pasar por Bosnia si quieren entrar en la UE.

El año pasado se contabilizaron más de 24.067 entradas al país, en comparación con 755 llegadas en 2017, según datos de la Comisión Europea. A medida que estas llegadas crecían, empeoraban las condiciones en los lugares donde más migrantes se congregaban junto a la frontera con Croacia, a menudo en asentamientos informales y edificaciones abandonadas, como denunció el pasado agosto Médicos Sin Fronteras.

Uno de ellos es el pueblo fronterizo de Velika Kladusa, donde Hammid pasó sus últimos días con vida. El lugar del accidente está situado tras una curva con poca visibilidad en la única carretera que conecta la localidad con el campo de Miral, administrado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Cientos de migrantes la utilizan a diario para ir a al pueblo. La provincia de Una Sana, donde se encuentra el campo, tiene una proporción de casi un migrante en ruta por cada 72 habitantes mientras, al otro lado de la frontera, Croacia continúa endureciendo su control migratorio.

A pesar de no existir una estructura física que separe los dos países, las constantes devoluciones, la mayoría de ellas con uso de la violencia, incrementa la dificultad de continuar hasta Eslovenia o Italia. Aproximadamente, cada migrante debe intentarlo al menos diez veces. Pero cada una puede ser peor que la anterior, ya que las historias de la violencia empleada por la Policía croata pasan desde puñetazos al uso de bates de béisbol, la constante rotura de sus teléfonos móviles o quitarles las botas y hacerles volver andando por las montañas en medio del invierno los casi tres kilómetros que separan la frontera croata de Velika Kladusa. Por esta razón, y por las duras condiciones climáticas, los migrantes esperan las ventanas de buen tiempo para empezar su marcha.

Carencias en la atención médica

Los servicios públicos en este pequeño pueblo están completamente saturados. Es la única explicación encontrada hasta el momento de por qué ninguna ambulancia fue a socorrer a Hammid, aún con vida después del accidente. Según los amigos del argelino, este seguía respirando después de ser atropellado. Corrieron a la gasolinera más cercana para que estos llamarán a la Policía, que tardó una hora en acudir al lugar de los hechos. Tras llegar, metieron a Hammid en la parte de atrás del furgón policial, junto con sus cuatro amigos. Minutos después de ingresar en el hospital, Hammid falleció. Yacine sigue preguntándose por qué ninguna ambulancia llegó a auxiliar a su amigo.

“Las personas encargadas de la seguridad en el campo de Miral fueron informadas del accidente por los dos amigos de Hammid. La OIM entiende que estos llamaron a la Policía y que la ambulancia no pudo llegar porque estaba asistiendo a otra persona”, afirma Drazan Rozic, coordinador de las operaciones de emergencia de la OIM en Bosnia. Sin embargo, a cinco minutos del accidente, en el hospital de Velika Kladusa, había cinco ambulancias más. Es por ello que muchos no entienden por qué los agentes terminaron transportando a Hammid en el furgón policial.

E.Bilic, uno de los agentes de seguridad del campo, explica que todos los periódicos los han culpado a ellos de la muerte del hombre. Los migrantes los responsabilizan por no haber llamado a la Policía. Él se exculpa alegando que el problema no son ellos. “El problema es la OIM y las nefastas condiciones de los campos”, asevera. En su último informe en el que analiza los patrones de los movimientos migratorios, Acnur hacía énfasis en que las condiciones de acogida de quienes llegan a Bosnia siguen siendo precarias.

La asistencia médica para las 900 personas en el campo de Miral la proveé la ONG Danish Refugee Council, que trabaja seis días a la semana durante cuatro horas al día. A la hora del accidente, su turno aún no había empezado. Seis vecinos bosnios, sentados en una mesa del Hotel Napoleón en Velika, hablan también sobre las dificultades para encontrar a los médicos en el pueblo fuera de su horario de consulta. “Si es de noche, habrá que llamar al menos diez veces para que se despierte el médico de guardia”, explica la camarera del hotel.

En el centro de atención primaria, donde falleció finalmente Hammid, trabaja Arijana Causevic, coordinadora médica para migraciones de Velika Kladusa. Cuenta que cuando ella llegó esa mañana, el hombre de 29 años que conducía el coche que atropelló a Hammid estaba llorando. Asegura que en circunstancias normales habría llegado la ambulancia, pero esa mañana fue la Policía quien lo llevó al hospital.

“La situación actual no es normal, no se siguen los procedimientos habituales, estamos improvisando constantemente. Velika es un pueblo muy pequeño y estamos por encima del máximo de nuestras capacidades”, explica. “Europa ya ha fastidiado suficiente la situación. Nosotros estamos ya exhaustos de la guerra que acabó en 1995. Aún no nos habíamos recuperado y esto que está pasando ahora, no tenemos fuerzas para sobrellevarlo”, agrega Causevic.

La coordinadora acaba llegar de una reunión en Bihac, el otro cuello de botella de la ruta de los Balcanes, donde más de 4000 migrantes viven en condiciones precarias en los campos de la OIM. “Tenemos soluciones para casi todos los problemas, pero no veo una salida a este. Está gente seguirá viniendo y yéndose, y otros vendrán y se marcharán, no hay una salida. Bosnia no es la solución, la solución está en otro sitio. Nosotros somos tan solo víctimas colaterales”, sentencia.

Las luces de la patrullera turca parecían aproximarse. Los refugiados sirios Alaa Aldin y Bushra Aldin las observaban una vez más desde la inestable barca en la que intentaban llegar a la isla griega de Lesbos junto a decenas de refugiados. Conocían el significado de aquellos destellos, sabían lo que vendría después. Alaa tomó su móvil y comenzó a grabar: los guardacostas turcos se acercan entre gritos, golpean la embarcación y acaban arrastrándola para devolverla a Turquía, multiplicando el nerviosismo de sus ocupantes en una maniobra visiblemente peligrosa.

Es la otra cara del acuerdo de la UE-Turquía. La que no se ve. Las imágenes, grabadas por el sirio Alaa Aldin en enero de 2018, conforman la primera prueba gráfica publicada de forma íntegra en un medio español que demuestra las peligrosas prácticas de los guardacostas turcos, financiadas desde 2016 por la Unión Europea para frenar el flujo de migrantes hacia las islas griegas.

Habían partido de una playa cercana de Ayvalik (Turquía) con el objetivo de alcanzar el sur de la isla de Lesbos. En altamar, los agentes turcos detectaron su embarcación y se dirigieron hacia ellos. “En cuanto nos abordaron, nos empezaron a pegar con las porras. Querían amarrar nuestra barca a la suya mientras uno de ellos intentaba romper el motor con un palo”, relata Alaa. El vídeo documenta la persecución de la embarcación, en la que también viajaban niños y al menos una mujer embarazada, durante más de cinco minutos hasta que, finalmente, fueron capturados y transferidos al buque turco del Sahil Güvenlik Komutanlığı para llevarles de vuelta a las costas turcas.

“Empezaron a pegar a los hombres y a nosotras nos impedían acercarnos a ellos. Pusimos a los niños a un lado porque gritaban y lloraban por sus padres. Yo estaba aterrorizada por mi marido. Lo cogieron, lo rodearon entre varios hombres y le empezaron a pegar en el estómago”, describe Bushra Aldin, quien se encontraba embarazada en el intento de entrada.

Los guardacostas turcos frenaron su avance y la embarcación fue devuelta a Turquía. Los golpes, denuncia el matrimonio, continuaron de camino al país euroasiático. Según el joven que capturó las imágenes, tras llegar a puerto, todos los ocupantes de la embarcación interceptada fueron trasladados a la comisaría de Ayvalik, donde permanecieron encerrados durante un día.

Una vez liberados, Bushra y Alaa ya se preguntaban cuándo sería la siguiente oportunidad para alcanzar Europa. La pareja logró llegar a Lesbos tras once intentos. Alaa llevaba su móvil consigo y quería mostrar al mundo el coste del plan con el que la Unión Europea ha conseguido bajar el número de llegadas irregulares a Grecia.

En marzo de 2016, los Estados miembros pactaron la aportación de 6.000 millones de euros al Gobierno euroasiático con el objetivo de frenar las llegadas de refugiados a las costas griegas, tras haber alcanzado el millón de personas el año anterior. El encargo consistía en reforzar el control fronterizo ejercido por las autoridades turcas y permitir la devolución de los solicitantes de asilo arribados a las islas, bajo la consideración de Turquía como “país seguro”.

El Estado euroasiático cumplió con la reducción de entradas irregulares comprometida, pero el vídeo de Alaa documenta las arriesgadas prácticas empleadas por los guardacostas turcos para formalizar la meta europea. El precio del acuerdo UE-Turquía.

Desde Ankara, tanto el Ministerio de Interior como la comandancia de los guardacostas han evitado hacer ningún tipo de declaración respecto a las imágenes. La Comisión Europea tampoco ha respondido por el momento a las preguntas de eldiario.es.

Refugiados y ONG llevan años denunciando los abusos

Las imágenes se suman a los testimonios de decenas de migrantes que, desde la aplicación del acuerdo UE-Turquía, aseguran haber sido detectados por parte de los guardacostas turcos. Muchos demandantes de asilo que deambulan por el centro de detención de Moria relatan historias similares a la experimentada por Alaa y Bushra.

Uno de ellos es Kassim Hussein Al-Ali, un padre iraquí de familia numerosa. El hombre sostiene haber sido detenido en nueve de sus diez intentos de alcanzar Lesbos. “En todos ellos nos amenazaron con malas palabras, nos pegaron o nos pincharon la barca. A los hombres nos tratan como animales una vez nos encierran, solo dan de comer a las mujeres y a los niños”, asegura.

Los intentos no cesan, a pesar de la reducción de las entradas tras el acuerdo de la UE. Más de 440 embarcaciones de refugiados han tratado de alcanzar las costas griegas en 2018. Un total de 206 lo ha conseguido. Según los últimos datos del Ministerio del Interior heleno, 9.375 personas han desembarcado en las islas, mientras que 10.029 han sido interceptadas por la gendarmería o los guardacostas turcos en su intento de alcanzar las islas.

Las últimas estadísticas sobre migración irregular publicadas por la Turkish Coast Guard Command revelan que, en lo que va de año, un total de 241 botes han sido retenidos en su travesía a Europa. De estos, 163 fueron transferidos en altamar a los buques de salvamento para ser devueltos a Turquía –los denominados pushbacks– y otras 78 barcas fueron detenidas en tierra por la policía cuando se disponían a partir.

Las ONG que trabajan en las islas también llevan años alertando de los abusos provenientes de las embarcaciones de Turquía a través del testimonio de los refugiados rescatados. Algunas de ellas, como Refugee Rescue y Lighthouse Relief, aseguran haber sido testigos de estos.

Alrededor de las tres de la madrugada del pasado 10 de noviembre, recuerdan, los guardacostas turcos “entraron de manera ilegal” en aguas griegas para “cortar el paso a un dingui [bote pequeño] con 37 personas a bordo”.

En una carta remitida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, las ONG a cargo del rescate y la vigilancia de la costa norte de Lesbos, señalaron que uno de los oficiales empezó a “disparar” cerca del bote ante la incapacidad de detenerlo. “Dejen de disparar”, alertaron por megafonía los guardacostas griegos. Acababan de llegar a la escena. Nada más verlos, 17 migrantes saltaron al agua y nadaron desesperados hacia la embarcación helena, indican.

Mientras la lancha de rescate de Refugee Rescue recibía órdenes de transportarlos al puerto de Skala Sikamineas, al norte de la isla, los turcos procedían a deportar al resto. Los 17, con claros síntomas de hipotermia, quedaron separados de sus familias tras la intervención.

“Estamos muy preocupados por las constantes denuncias de aquellos que llegan a la costa norte de Lesbos, con respecto a las violentas interceptaciones por parte de los guardacostas turcos”, indica Hannah Wallace, jefa de comunicación de Lighthouse Relief y firmante del documento.

“Muchas de las personas que desembarcan en la isla dicen que han intentado cruzar desde Turquía más de una vez y describen cómo las autoridades turcas les pegan, les disparan y les intentan volcar la barca para evitar que alcancen las aguas griegas”, prosigue Wallace.

Gerard Canals, coordinador de operaciones de Proactiva Open Arms, recuerda sus operaciones en Turquía antes del tratado firmado con la UE. Según apunta, hasta entonces prácticamente no veían intervenir a los guardacostas turcos. Si lo hacían, dice, era para dificultar la huida. “Escuchamos todo tipo de historias durante los rescates en el Egeo. Que les disparaban con mangueras de agua a presión, les intentaban hundir el barco o les pegaban con el cinturón”, añade.

Después del acuerdo del 20 de marzo de 2016, el coordinador de la ONG catalana apreció que las órdenes de los guardacostas turcos habían cambiado: “Incluso tuvimos que cambiar el uso de la radio, porque cada vez que reportábamos un dingui iban a por él para devolverlo a Turquía”.

Un nuevo proyecto valorado en 20 millones de euros

El embajador Christian Berger, presidente de la Delegación de la UE en Turquía, celebraba el pasado junio en el puerto de la ciudad de Antalya, al suroeste del país, la entrega de los dos primeros buques turcos de salvamento marítimo pagados con fondos europeos. Dos unidades personalizadas del modelo SAR 1906, diseñadas por el astillero holandés Damen Shipyard Group, de las seis que figuran en el contrato a plazos finalizado en diciembre del 2017.

El proyecto en soporte a la comandancia turca, financiado por la UE y ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), está valorado en 20 millones de euros. En él se incluyen formación sobre leyes internacionales, entrevistas psicotécnicas, protección y asistencia de migrantes y trata de personas. Además, contempla partidas para el impacto psicológico que enfrentan los oficiales en sus operaciones diarias de búsqueda y rescate en el mar.

“Los esfuerzos por parte de los guardacostas turcos han sido cruciales para salvar vidas humanas en el Egeo y el Mediterráneo. La Unión Europea está orgullosa de contribuir con estos dos primeros buques de búsqueda y rescate de última generación. Este proyecto es un ejemplo de lo que la UE y Turquía pueden lograr cuando trabajan juntas”, sentenció Berger.