Desde hace ya meses, la ensayista y pensadora Naomi Klein nos advierte de que la crisis en la que casi todos los países del mundo han quedado sumidos tras la pandemia mundial de la COVID-19 se está convirtiendo en la excusa perfecta para la construcción de (en sus palabras) “una distopía de alta tecnología”. Klein observa que Silicon Valley ya tenía toda clase de planes antes del coronavirus en que imaginaba sustituir muchas, demasiadas, de nuestras experiencias corporales insertando tecnología en medio del proceso; y nos llama a resistir contra el Screen New Deal. Pues de nuevo las élites utilizan el dolor social y la confusión para llevar a término de manera antidemocrática su particular proyecto de mundo. Si en los setenta el alzamiento de las dictaduras militares latinoamericanas se convirtió en el pistoletazo de salida de un neoliberalismo que posteriormente ha infectado al planeta con su lógica desquiciada, hoy las grandes multinacionales del capitalismo tecnológico, con la inestimable cooperación de gobiernos de todo el globo, nos pretenden hacer creer que nuestra única alternativa es abrazar el proyecto de digitalización total del mundo. TINA (There Is No Alternative), el lema de Margaret Thatcher, actualizado.

En el Estado de Nueva York el CEO de Google Eric Schmidt encabeza ya una comisión para imaginar una nueva normalidad que, desde su punto de vista, tendrá que ser la de un Screen New Deal que permita a Estados Unidos imponerse en el conflicto geopolítico que le está enfrentando a China en ámbitos como el control de la infraestructura 5G. La lógica, pese a que ahora se escude en la necesidad de luchar contra la crisis sanitaria, es clara: lejos de denunciar lo que Marta Peirano no ha dudado en calificar como la primera tecnodicatura del mundo, debemos emularla –forzando al máximo lo socialmente aceptado– para no quedar atrás en los beneficios que se derivan de la nueva economía del dato del capitalismo digital. La IV Revolución Industrial, y su proyecto estrella, el Internet de las Cosas, aspira a que no pueda existir interacción social que no venga mediada por una interfaz digital conectada y, por tanto, se convierta en fuente de cada vez más datos sobre todo lo que hacemos. Estos datos seguirán alimentando algoritmos de inteligencia artificial que, como demuestran escándalos como el de Cambridge Analytica o la crítica al solucionismo tecnológico de Morozov, están adquiriendo un poder creciente sobre nuestra vida personal y política.

En Europa, esta doctrina del shock digital está tomando sobre todo forma en los planes de recuperación frente a la crisis de la covid-19, y en particular en el fondo Next Generation EU mediante el que la Unión Europea planea poner 750.000 millones de euros a disposición de sus estados miembros. Pese a que éste se ha presentado como una oportunidad única para poner en marcha un Nuevo Pacto Verde Europeo, de facto actuará como un acelerador del proceso de digitalización total de la economía, las instituciones y las relaciones en Europa. Su naturaleza de plan estratégico integrado obligará a todo Estado que quiera acceder a los fondos que ofrece a abrazar una economía digital en la que se apueste por “las tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los datos y la infraestructura de computación en nube, las redes 5G y 6G, los superordenadores y los ordenadores cuánticos, y las tecnologías de cadena de bloques”.

En el hecho de que en el plan convivan la apuesta por la digitalización con la voluntad de una transformación ecológica del territorio europeo parte de una convicción falsa: que la informatización del mundo puede ser herramienta y catalizador de una transición ecológica en el continente. La realidad es que, por el contrario, digitalización y transición ecosocial son proyectos de naturaleza antagónica bajo las relaciones socioeconómicas realmente existentes. Por un lado, porque la extensión de internet y las TIC está suponiendo un aumento exponencial del consumo de energía y materiales críticos, especialmente minerales escasos como las tierras raras o el coltán. Internet no es una nube inmaterial, y la economía digital no está desacoplada de los impactos ecológicos. El acceso a la Red de Redes solo es posible gracias a la existencia de un entramado de servidores (ordenadores conectados las 24 horas del día y sujetos a exigentes demandas de refrigeración, concentrados en pocos lugares del mundo y en su mayoría propiedad de las grandes empresas tecnológicas) que se extiende cada vez más, a la par que todos nuestros dispositivos necesitan utilizar materiales y energías para construirse, distribuirse y eventualmente desecharse. La fase digital del capitalismo industrial está suponiendo una impresionante profundización del extractivismo, un aumento de las emisiones de efecto invernadero –si Internet fuera un país sería el sexto más emisor del mundo y consumiría tanta energía como Rusia– y una destrucción ecológica ampliada.

Al fin y al cabo, una de sus virtudes más celebradas de la digitalización del capitalismo es su capacidad para acelerar el crecimiento. Desde la automatización de los intercambios financieros, hoy en gran medida en manos de las inteligencias artificiales, hasta el tipo de consumo compulsivo característico de los portales digitales, la Cuarta Revolución Industrial parece ser el único modo de mantener a flote unas dinámicas de acumulación que llevan décadas funcionando a trompicones. Más allá de que el crecimiento que este proceso abandera esté suponiendo un deterioro de las condiciones laborales y vitales de millones de personas que cada vez más se ven sujetos a la precarización extrema de nuevos modelos de negocio como Deliveroo o Uber, no debemos olvidar que la idea de un desacoplamiento entre crecimiento e impacto ecológico es ilusoria. Para descarbonizar necesitamos desdigitalizar y descomputadorizar, como argumenta Ben Tarnoff en un artículo muy sólido.

Hoy, cuando la confluencia de una crisis climática cada vez más acelerada, una pérdida masiva de biodiversidad y un agotamiento cada vez más rápido de combustibles fósiles y minerales escasos dibuja un claro escenario de colapso ecosocial, lo que hace falta es frenar, parar y repensar casi todo. No necesitamos un crecimiento supuestamente “verde” e “inteligente”, sino decrecer con criterios de justicia, igualdad, autonomía y auténtica sustentabilidad. Y la crisis actual, en vez de estar aprovechándose para desarrollar ese proceso de reflexión colectiva, está suponiendo la excusa perfecta para dar carta blanca (todavía más si cabe) a desregulaciones masivas que, de nuevo, no dudarán en seguir ampliando la destrucción ecológica si con ello pueden mantener a flote algunos años más la suicida trampa del crecimiento capitalista.

Lo alarmante es que esta huida hacia adelante tecnológica, cuyo símbolo y piedra angular es el 5G, no solo promete generar efectos sociales y políticos del todo indeseables, sino que se lleva a cabo desoyendo las advertencias de cientos de científicos y médicos que, uniéndose a organismos como la Agencia Europea de Medio Ambiente, están solicitando la aplicación del principio de precaución ante el despliegue del 5G, alertando de sus riesgos tanto para la salud humana como para la vida en general. Pese a que una arrolladora maquinaria de propaganda sigue insistiendo en que las radiaciones no ionizantes no pueden generar efectos biológicos, la investigación científica ha desmentido esto hace tiempo. A lo largo de los últimos veinte años, se ha vuelto extremadamente fuerte la evidencia de que los CEM (Campos Electro-Magnéticos) débiles puede modificar los procesos biológicos en todo el rango de frecuencias, desde ondas estáticas a milimétricas, advierten Frank Barnes y Ben Greenebaum. En un artículo titulado “Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact”, publicado en The Lancet en diciembre de 2018, científicos del grupo de investigación australiano ORSAA constatan que, de 2266 estudios sobre CEM, no menos del 68% encontró “significativos efectos biológicos o efectos para la salud”.

Lejos de atender estas advertencias, de las que sin embargo aseguradoras de todo el mundo toman buena nota negándose ya a dar cobertura al despliegue actual de esta tecnología inalámbrica, nuestras sociedades e instituciones se desentienden de las mismas gritando fuerte ¡fake news! y asocian con mala fe la oposición al 5G con otras reivindicaciones “magufas” (antivacunas por ejemplo) para desacreditarlas. Y no se presta atención al enorme asunto de la “captura” de los cuerpos reguladores por parte de los vested interests (atiéndase al reciente informe de dos eurodiputados, Klaus Buchner y Michèle Rivasi, desde Bruselas).

Especialmente preocupante en ese sentido son las conclusiones del Consejo de la Unión Europea celebrado el 9 de junio de 2020. En el artículo 36 de las mismas, y amparándose en la necesidad (que compartimos) de acabar con las teorías que vinculan la extensión del 5G con la pandemia de la Covid-19, tachan de a priori como falsa cualquier posición que defienda que dichas “redes suponen una amenaza para la salud”. Con ello no sólo desoyen la evidencia científica, sino que dan vía libre a la profundización de prácticas de censura sobre los grupos opositores al 5G que plataformas como Facebook o Youtube llevan ya desplegando desde hace meses.

Por ello, creemos que hoy resulta más importante que nunca sumarse a las plataformas y movimientos sociales que, apelando al principio de precaución, dicen no a la extensión del 5G y al mundo sin contacto de la Cuarta Revolución Industrial. La paralización de esta tecnología, y el desmantelamiento parcial de otras ya instaladas (algoritmos de inteligencia artificial, tecnologías inalámbricas, etc.) es crucial si queremos hacer en serio un balance de costes y beneficios y, quizá más importante aún, contar con el tiempo suficiente para poder decidir de manera democrática el rumbo de nuestras sociedades. El proyecto de digitalización del mundo tiene como meta alcanzar hasta el último rincón del suelo y el cielo, que no tardará en verse inundado por miles de satélites privados que garanticen la instalación del nuevo Internet de las Cosas. Sin embargo, ¿no es acaso una locura jugarnos todo a la carta de unas tecnologías con requerimientos de energía y materiales que exceden lo que el planeta Tierra da de sí? ¿No estaremos fragilizando aún más nuestras posibilidades de reorientar nuestras sociedades en una senda ecológicamente consciente y que ponga la vida en el centro si abrazamos de manera acrítica la instalación de un mundo sin contacto?

La normalidad se ha quebrado. De un modo brusco y para muchas personas inesperado, nos vemos obligados y obligadas a permanecer en casa. El Estado ha tomado el control de algunas empresas y las camas de hospital se extienden a hoteles y recintos feriales. Militares y policías regulan nuestros movimientos. Los actos más cotidianos quedan proscritos en lo que algunas personas, como el presidente Macron, ya han bautizado como un “estado de guerra”. Menos transportes en coche, espacios públicos vacíos, consumo bajo mínimos –sólo las tiendas de alimentación y farmacias permanecen abiertas–, etc. Nos esperan al menos otros quince días más de excepción (y probablemente bastantes semanas o meses más), en los que lo único que sobrevivirá de nuestra vida cotidiana será el uso de internet. Estos días son, y serán, también de angustia por nuestros seres queridos más frágiles y vulnerables. Y no solamente por quienes son susceptibles de enfermar y morir, sino también por quienes durante y tras esta crisis se encontrarán sin empleo, sin casa o en unas casas donde el confinamiento deviene en hacinamiento, con dificultades para llegar a fin de mes, con más precariedad aún de la que ya tenían y/o incapaces de cubrir las tareas de cuidados que tenían impuestas, que además son más imprescindibles que nunca. Una vez más, la crisis recae sobre todo en la población que peor estaba.

Por obra y gracia de un microbio, un ser minúsculo (ni siquiera un ser vivo propiamente) como el coronavirus SARS-cov-2, hemos hecho lo que no fuimos capaces de hacer a lo largo de estos decenios últimos. Momento de parar, nos decía el artista César Manrique en 1985. Parar en seco, remachaba el novelista y poeta William Ospina en 2017, pues “un planeta que durante milenios ha sido el escenario más propicio para la vida podría transfigurarse ante nuestros ojos en una morada inhóspita”. Hemos parado en seco, pero no lo hemos hecho como defendemos desde el ecologismo, con justicia social y democracia, sino generando situaciones que, si no actuamos con la misma contundencia que necesitamos contra la pandemia, pueden ser devastadoras para enormes sectores de la población. Quizá podamos aprovechar esta pausa forzada para una reflexión que transcienda lo inmediato.

Más allá de la valoración que podamos realizar sobre el papel que los medios de comunicación han jugado en crear este estado de excepción sobre los peligros de sacar el ejército a la calle y hacerlos responsables de la gestión civil, sobre las consecuencias del repliegue en hogar es sin tener a veces suficientemente en cuenta las relaciones que se dan dentro de ellos o de la regulación de la vida cotidiana a golpe de decreto-ley, el coronavirus dejará tras de sí una enseñanza para toda una generación: la “normalidad” no es algo inamovible, puede cambiar a peor… pero también a mejor.

En un Estado sobredesarrollado y desigual como el nuestro y tras dos generaciones sin guerras y sin grandes convulsiones más allá de la crisis de 2008, sentimos por primera vez en toda su extensión la fragilidad de un orden global que, vivido desde dentro, habíamos percibido como prácticamente invulnerable (que no justo, sostenible, razonable o deseable).

Debemos además ser conscientes de que, lejos de tratarse de un episodio excepcional, esta pandemia será la primera de muchas de las grandes convulsiones y crisis que están por llegar. Como exponen con claridad algunos artículos como el de Nafeez Ahmed o voces desde China, en la base de esta pandemia se encuentra la extensión incontrolada y exponencial del modo de vida capitalista industrial a todo el mundo. Los masivos cambios en los usos del suelo, entre los que destacan la deforestación y la urbanización, han supuesto la fragmentación de hábitats y la creación de espacios favorables para la propagación de los vectores transmisores de enfermedades, en particular mosquitos. Las enfermedades transmitidas de animales a seres humanos, como el coronavirus, están íntimamente ligadas a la deforestación masiva, la alteración de ecosistemas, la masificación de la ganadería industrial, y, en general, una destrucción ecológica de tipo sistémico.

Pero no es únicamente que los vectores biológicos aumenten, sino que el enorme nivel de interconexión de nuestras sociedades las hace especialmente vulnerables a este tipo de fenómenos. Muchas de las rutas de propagación del virus han coincidido precisamente con las rutas de transporte aéreo facilitadas por el turismo y la actividad mercantil. En los últimos días hemos sido quizá más conscientes que nunca de hasta qué punto las cosas que consumimos proceden de lugares lejanos, sobre todo de China. La globalización neoliberal, con su dependencia del transporte a larga distancia, hace que apenas existan lugares a salvo de un fallo sistémico con efectos a su vez globales. Hemos entrado en la era de lo imprevisible y la inseguridad continua. Sobre todo si tenemos en mente el peso determinante de la economía financiera sobre el resto de la economía y, por lo tanto, sobre la vida social en todo el mundo. Es muy probable que esta pandemia haya disparado el inicio de una nueva recesión que ya venía fraguándose y que, como en 2008, haga tambalearse al mundo.

La extensión del capitalismo industrial no sólo devasta el territorio, sino que transforma el clima. Tras casi dos años de movilizaciones masivas y mundiales por el clima, 2020 sigue trayéndonos pésimas noticias. Las temperaturas no dejan de aumentar, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera sigue creciendo y los efectos de la crisis climática se agravan. Pese a la dificultad de obtener datos en la situación actual, se calcula que el coronavirus ha matado ya a más de 15.000 personas en todo el mundo. Una cifra que no deja de aumentar y que esconde el verdadero drama social de las muertes de miles de personas que ni siquiera pueden dar el último adiós a sus seres queridos. La frustración es aún mayor si se tiene en cuenta que algunas de ellas podrían haber sido evitadas de contar con unos servicios sanitarios públicos fuertemente debilitados por las políticas neoliberales.

Sin embargo, en los últimos 19 años, el clima extremo generado por el cambio climático, ya ha causado 500.000 muertes. Y la previsión es que entre 2030 y 2050 se producirán 250.000 muertes adicionales al año solo por la incidencia del cambio climático en la malnutrición, la malaria, así como las muertes por diarreas y olas de calor. Sería un error pensar que esas cifras hablan de otros lejanos. Muchas de esas personas, como hoy, podrían ser nuestros seres queridos. O incluso nosotras y nosotros mismos. Uno de los fenómenos que precisamente se está viendo ampliado y reforzado por la emergencia climática son las pandemias. Todos los fallecimientos que tengan detrás causas humanas son inaceptables, independientemente de su número. Todos causan dolor. Pero a la hora de actuar no podemos dejar de lado a los que ya están afectando a más personas.

Y la crisis climática no es nuestro único problema. Para no entrar en crisis, el capitalismo requiere de un crecimiento económico exponencial sostenido. Un crecimiento que es absolutamente dependiente del petróleo, pero también del carbón, el gas natural, el uranio, el litio, el coltán, las tierras raras... Ahora bien, todos estos recursos son finitos. Muchos de ellos ya están dando síntomas claros de entrar en una fase de declive en su disponibilidad. Además, estos recursos, tras ser extraídos y utilizados, desgarran cada día más la delicada e imprescindible trama de la vida. Nuestra situación es muy difícil: la crisis capitalistas conllevan un enorme sufrimiento social y exacerban la desigualdad, pero el funcionamiento normal y “saludable” del sistema es sociocida y ecocida.

Necesitamos valorar los impactos para la vida (desde luego también la humana) de ese ecocidio. Un planeta donde la temperatura aumentara “sólo” 3 o 4 grados sobre la temperatura pre-industrial, sería un planeta con unos ecosistemas totalmente devastados. Donde el frágil equilibrio de la vida, tan arduamente trenzado durante milenios, no se podría mantener. Sería una distorsión equivalente a la de un meteorito catastrófico como el que presumiblemente terminó con los dinosaurios. En un planeta así, los seres humanos tendríamos grandes problemas para sostener la producción agrícola y obtener suficiente agua potable. No podríamos vivir. La cuestión no estaría sólo en preservar nuestro orden social, sino nuestra propia existencia.

Durante mucho tiempo se habló de que los efectos de la degradación ecológica no eran globalmente palpables. Pero hoy vemos que son altamente destructivos para muchas de las especies animales y vegetales que pueblan el planeta y para el conjunto de sus habitantes. El coronavirus es prueba de ello, pero también la borrasca Gloria o el descenso de los recursos hídricos disponibles en nuestro Estado en un 20% en los últimos 25 años. Además, la mezcla entre crisis sistémica y orden socioeconómico desigual impulsa que estos impactos recaigan sobre las poblaciones más empobrecidas del planeta. Una muestra son las diferentes guerras por los recursos que azotan África, Asia o América Latina, lugares en los que los impactos de nuevas epidemias, del cambio climático y otros problemas sanitarios y ambientales se llevan ya la vida de decenas de miles de personas cada año. El precio de nuestra “normalidad” es un “estado de guerra” permanente contra la naturaleza y contra las clases populares de todo el mundo.

Hay quienes piensan que es imposible pensar en la transformación profunda de la actual dinámica política, económica y social. ¿Cómo poner en cuestión el dogma del crecimiento? ¿Cómo impulsar transformaciones en nuestros modos de vida, en nuestra forma de consumir, producir, disfrutar o desplazarnos? Sin embargo, hoy vemos que la mayoría de la población entiende que su responsabilidad, más allá de las medidas imprescindibles que deben desplegar los Estados e instituciones internacionales, es precisamente transformar de raíz su vida cotidiana. Y asumimos ese esfuerzo precisamente para proteger a quienes son más débiles y vulnerables, para proteger la vida y la salud. No deja de ser paradójico que la población infantil y juvenil, que tiene poco riesgo en esta pandemia, esté encerrada en sus casas en solidaridad con la población adulta, mientras que esa población adulta no muestra el mismo comportamiento solidario legando un planeta devastado a quienes ahora empiezan su andadura en él.

Estamos viviendo días en los que la solidaridad se extiende. La centralidad de la atención y el cuidado a las personas más frágiles nos hace más conscientes de nuestra propia fragilidad y de que sin cuidados la vida humana no puede existir. Cuidados que tienen que ser colectivos y repartirse entre todas las personas. Vecinos y vecinas tratan de apoyarse mutuamente para sufrir en la menor medida posible los impactos económicos de esta pandemia. Cooperativas y grupos de consumo siguen funcionando para garantizar el suministro de alimentos y la supervivencia de aquellas personas comprometidas con una producción que a la vez garantiza el sostenimiento de la naturaleza. La patente fragilidad de los sistemas en los que descansan nuestros actos más cotidianos hace que conceptos como resiliencia, soberanía energética y alimentaria o relocalización productiva adquieran una nueva actualidad. Además, la fuerza de la situación actual está haciendo que, con fallas e imperfecciones, lo público se acerque a lo común. La situación está forzando a muchos Estados a poner parte de sus recursos, todavía una parte insuficiente, al servicio de quienes sufren y sufrirán los peores golpes de la crisis económica y sistémica que está en ciernes. Hoy, muchas personas se están comprometiendo con la justicia social para hacer que, de verdad, más allá de un eslogan, nadie se quede atrás, y de ese modo garantizar que los cuidados no se cubran a base de la explotación injusta de las mujeres.

Una vez pase una pandemia, que puede ser larga y difícil, las medidas económicas, ecológicas, sanitarias y sociales destinadas al bien común deberán seguir ampliándose y sosteniéndose, todo lo cual requerirá sin duda de una defensa y acción contundente. Las oligarquías empresariales y políticas tendrán que ser forzadas a poner al servicio del común sus recursos. Habrá que cerrar con contundencia la puerta de una reinauguración del austericidio o de salidas xenófobas y neofascistas, opciones que muchos sectores sociales no dudarán en presentar como las alternativas a seguir.

Pero esta centralidad de la vida, la salud y los cuidados, este compromiso con el entorno ecológico, la justicia social y con la defensa de las personas más vulnerables, no puede convertirse en un argumento que legitime la idea de que la salida a la previsible crisis económica sea la vuelta a la “normalidad”. La normalidad de unos Estados del bienestar petrodependientes, sostenidos de manera insostenible por la desigualdad sistémica Norte-Sur. La normalidad de unos Estados oligárquicos, de un planeta hostigado, de unas vidas alienadas y dependientes del mercado. Esa normalidad nos conduce al abismo. Necesitamos, por tanto, crear una nueva “normalidad”, un nuevo modo de vivir que se preocupe por la gente, por sus hijos e hijas, por su futuro –en todas las partes del planeta, no solo en los estrechos márgenes de nuestro territorio–, a la vez que por el conjunto de la vida. Que se preocupe de una biosfera (Gaia) que nos acoge. Estamos conectados a una red vital compleja y hermosa. Una Gaia que genera las condiciones necesarias para que la misma vida florezca. Verla como enemiga separada de nosotros es vernos a nosotros mismos como enemigos. Necesitamos un modo de vida que asuma en toda su profundidad que, más allá de nuestras múltiples limitaciones, como seres y como sociedades, somos (y seremos) seres interdependientes y ecodependientes. Esto no es un deseo lanzado al aíre, sino que se apoya en múltiples iniciativas que ya están en marcha y que abarcan cada vez a más sectores y a más porcentaje de la población.

Es urgente cambiar de dirección cuanto antes para evitar que la nueva normalidad de las décadas por venir sean situaciones mucho peores que las actuales. Al fin y al cabo, hoy estamos dentro de casa pero seguimos teniendo agua, energía, alimentos… ¿Qué ocurriría ante una crisis de acceso al petróleo, ese líquido negro, que sustenta casi toda la economía? ¿O al gas natural? ¿Qué efectos tendría un cambio climático desbocado que pusiera en riesgo la agricultura y la ganadería a nivel mundial? Un decrecimiento material radical (pero selectivo para los más necesitados del mundo que nada o poco tienen) es un horizonte que no podremos evitar en el futuro cercano. Por eso, el debate más importante se refiere a cómo hacer que su aplicación refuerce la lucha por la justicia social y la construcción de sociedades realmente democráticas. Quizá deberíamos ver en esta cuarentena impuesta, además de las dificultades cotidianas y el enorme sufrimiento social que está conllevando, la ocasión –quizás única- para realizar una reflexión radical: es el momento de parar, de parar en seco, y de reorientar la deriva que nos lleva hacia un colapso catastrófico para las mayorías sociales. Tenemos la fuerza de valorar de nuevo lo común. Tenemos la fuerza de nuestra empatía hacia el dolor y las necesidades de los desamparados, débiles y frágiles. El coronavirus pasará y después de él la crisis será probablemente permanente. Será entonces cuando resulte más importante que nunca apelar a la cooperación pese a la competencia, apelar a la generosidad y solidaridad pese al egoísmo, apelar al amor pese a los odios y rabias sin control. Hemos parado. Ahora hay que cambiar de dirección hacia sociedades realmente sostenibles, justas y democráticas.

Texto elaborado por: Adrián Almazán, Joseba Azkarraga Etxagibel, Joan Benach, Eva Botella, Óscar Carpintero, Manuel Casal Lodeiro, Carlos de Castro, Xoán Doldán, Luís González Reyes, Giorgos Kallis, Alberto Matarán, Margarita Mediavilla, Amaia Pérez Orozco, Jorge Riechmann, Carmen Velayos.

El colapso era, entre otras cosas, esto. No solamente escasez de energía –reflejada, por ejemplo, en la inestabilidad del precio del petróleo–, desestabilización climática –con mayor incidencia de fenómenos climáticos extremos como el Gloria–, erosión del suelo fértil, dificultades de acceso al agua dulce o pérdida de biodiversidad. Como nos recuerda Ahmed Nafeez, era bien sabido que la intensificación de la globalización de la industria combinada con los cambios de uso de suelo masivos y las transformaciones climáticas podían generar pandemias globales fruto del trasvase de enfermedades animales entre sí y de éstos a los humanos. Es decir, el coronavirus es sólo uno de los probables casos de pandemia global que se vendrán a sumar las perspectivas de colapso en este siglo XXI. Desastres que, lejos de ser naturales, se convertirán en manifestaciones de la capacidad social de respuesta a un estado de emergencia que ha llegado para quedarse.

La primera prueba de fuego no ha arrojado respuestas muy esperanzadoras. En China hemos visto cómo la dinámica autoritaria de un gobierno sin máscaras no solamente se ha extendido, sino que ha ganado una legitimidad sin precedentes. Las draconianas medidas de aislamiento, seguimiento, intervención estatal y control de la población han supuesto una definitiva vuelta de tuerca al régimen de control cibernético. Una nueva cultura represiva que lleva décadas incubándose y que eclosionó en la represión de las movilizaciones en Hong Kong. Este autorismo, sin embargo, se presenta en los medios de comunicación como paradigma de la efectividad, como única respuesta eficiente ante escenarios de emergencia. Un elogio que viene de la mano de una crítica implícita a la Unión Europea por su “desorganización”, su falta de “coordinación”, la “suavidad” de sus medidas y la lentitud de sus procedimientos de toma de decisiones. Tanto es así, que Italia no ha tardado en tomar nota de las medidas chinas para trasladarlas a su propio territorio. El Estado Español, como estamos viendo, no tardará en seguir la misma senda. Para dar confianza y demostrar que la “democracia” también puede ser efectiva, ¿qué mejor que erosionarla?

Todo parece indicar que para gran parte de la población la moraleja de esta emergencia planetaria es la ineficiencia de una democracia inerme. La deseabilidad de centros de decisión centralizados, jeraquizados y capaces de imponer autoritariamente patrones de comportamiento social e individual. Los límites de la democracia liberal no dibujan la posibilidad de una organización política autónoma. La emergencia no se convierte en caldo de cultivo de una apuesta por la democracia directa. Lo que el miedo, parcialmente creado desde los medios de comunicación, impone es el deseo de una vuelta de tuerca a nuestra dependencia ya casi total del mercado y el Estado. Deseo que, como se constataba en el discurso de ayer de Pedro Sánchez, el Estado no desaprovecha al presentarse como único ente protector y como aglutinador legítimo de los sentires de la mayoría de la población.

Pese a ello, no dejan de existir experiencias que apuntan en otras direcciones. Por ejemplo, mi propia experiencia personal. En el pequeño pueblo de la sierra madrileña en el que vivo desde hace casi un año, estos días han venido atrevesados por la solidaridad. Varias parejas sin hijos ni personas a su cargo se ofrecían voluntarias para participar en los cuidados de los dependientes. Los productores de nuestro grupo de consumo nos escribían tranquilizadores. Ya que los huertos y animales no entienden de emergencia vírica, la semana próxima nuestra cesta de productos agroecológicos llegará, como siempre, al local de nuestra cooperativa. Hasta mi vecino Luis, que lleva ya casi un mes trabajando en su huerta de verano, recogía ayer de manera apresurada los restos de su huerta de invierno para ofrecerlos a quien lo necesitara.

Una segunda herencia que nos dejarán estos días extraños es la estupefacción. No puede resultar más que paradójico comparar las medidas que se despliegan ante la emergencia vírica y la (falta de) respuesta ante una emergencia climática ya oficialmente declarada. Lejos de ponderar la gravedad de una desestabilización climática que sin duda arrojaría tasas de mortalidad infinitamente mayores que las del coronavirus (relativamente moderadas, aunque especialmente elevadas en población frágil), nuestra sociedades siguen dejando que el cortoplacismo guíe su curso de acción. Cortoplacismo que una dinámica política basada cada vez más en las imposiciones mediáticas y las políticas de imagen, y cada vez menos en la reflexión sosegada y la planificación democrática a medio y largo plazo, no deja de alimentar.

La lucha contundente, con todos los medios, sin cuartel contra el coronavirus la impone más su omnipresencia mediática y el riesgo de erosión personal del ejecutivo –baja jugada por una derecha que instrumentaliza la emergencia de manera partidista– que un riesgo social real. ¿Cómo si no entender la abismal diferencia de acción frente a la pandemia y frente al ecocidio? Parece ser que la lucha ecológica todavía no da los votos suficientes para convertirla en prioridad de Estado.

Pero, ¿los dará algún día? Al fin y al cabo, lo que abre un abismo entre el coronavirus y la crisis ecosocial es la temporalidad. Mientras que la lucha contra el colapso implicaría una reformulación permanente de nuestro modo de vida, nuestro modo de producción, nuestro transporte, nuestra alimentación, etc.; el coronavirus se interpreta como una amenaza puntual, situada, finita. Sin embargo, como señalaba bien Santiago Alba Rico, un sistema económico en permanente riesgo y que se dirigía ya hacia un colapso durante este año 2020 no va a ser capaz de recuperarse de esta crisis, que de nuevo saca a relucir la interdependencia y fragilidad del orden económico neoliberal.

Durante los últimos días muchos señalaban que la bajada de exportaciones chinas de la última semana se demostraba imposible de compensar con una industria local depauperada por la deslocalización productiva. Durante ya más de cuatro décadas hemos construido una economía en la que el sostenimiento de nuestra vida se encuentra íntimamente ligado a las producciones externas y, sobre todo, a la posibilidad de un transporte y una logística siempre engrasados, infalibles. Las escaseces de suministro en alimentos o vestido no son más que un preludio de lo que vendrá cuando el precio de los combustibles fósiles se dispare respondiendo a un declive que, desde hace ya más de diez años, se ha demostrado imparable. Por tanto, la excepcionalidad que supondrá el escenario post-coronavirus se convertirá en nueva normalidad, como ya lo hizo la excepcionalidad del mundo post-crisis 2008.

Por tanto, la pregunta inevitable es: ¿entenderemos realmente este breve escenario de colapso como una advertencia? ¿O lo tomaremos como una excusa para reforzar la incuestionabilidad de lo existente, para alimentar la xenofobia, para dinamitar los ya debilitados lazos sociales que son condición indispensable para una respuesta justa y democrática a la inevitable escasez futura? ¿Cuál será la nueva respuesta a una crisis que ya se anuncia y que promete ser al menos tan devastadora como fue la del 2008?

Cada vez parece más difícil negar la evidencia de que atravesamos una crisis climática sin parangón en la historia de nuestra especie. Desde los movimientos sociales, pasando por los medios de comunicación e incluso los órganos de gobierno, todos coinciden en la necesidad de atender a una emergencia climática que ha venido para quedarse a no ser que tomemos medidas contundentes. Sin embargo, estas declaraciones de emergencia tienen al menos dos puntos flacos.

El primero, no entender con la profundidad necesaria que lo nuestro es una crisis climática, sí, pero es mucho más. Lo nuestro es una crisis de civilización: crisis energética (los combustibles fósiles han entrado en un declive lento pero imparable), una crisis de Gaia (la destrucción del tejido de la vida avanza un ritmo desmesurado, poniendo en tela de juicio la estabilidad ecosistémica), una crisis de desigualdad (la brecha entre los más ricos y los más pobres no deja de crecer), una crisis de imaginación (parece imposible pensar más allá del dogma y la letanía del desarrollo económico y la industrialización), una crisis política (nuestras instituciones han demostrado su déficit de democracia, su naturaleza oligárquica), etc.

El segundo gran problema es la alarmante ausencia de respuestas concretas ante esa supuesta emergencia. En un reciente trabajo de Ecologistas en Acción, el informe “Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030”, se advierte que para alcanzar las reducciones recomendadas por la ONU para no superar el límite ya inseguro de los 1,5° (para España, y atendiendo a criterios de justicia ecológica, en torno una reducción del 68% en 2030 y una descarbonización total en 2050) es imprescindible realizar transformaciones drásticas en todos y cada uno de los sectores productivos de nuestro país. Desde el transporte, pasando por la construcción y acabando con el turismo. Todo tiene que cambiar en la senda de los horizontes de decrecimiento que gran parte del movimiento ecologista lleva décadas defendiendo.

Y uno de los sectores más sensibles, y cuyas transformaciones son más urgentes, es precisamente el agrícola y ganadero. En el mismo informe anterior se puede observar que el sector de la alimentación (ganadería, agricultura, pesca, etc.) es el cuarto más emisor de toda nuestra economía (eso haciendo lo que nadie hace, contabiliza las emisiones asociadas a las labores de cuidados, sin ellas subiría hasta el tercer puesto). La sobremaquinización de la agricultura o el abuso de pesticidas y fertilizantes químicos ha convertido una actividad que de manera natural debería ser una fuente de energía (un proceso de metabolización de la energía solar para obtener alimento) en un sumidero, dependiente por tanto del suministro barato de combustibles fósiles y de las actuales cadenas de transporte. Y es que, si a las emisiones asociadas de forma directa a la producción de alimentos se le añaden aquellas necesarias para su transporte, distribución y desecho, la conclusión no admite réplica: comer hoy implica poner en jaque la estabilidad climática de nuestro planeta.

Pero la agricultura y la ganaderías industriales no son únicamente insostenibles por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Si atendemos a las advertencias del equipo de Rockström en Estocolmo, la sociedad capitalista industrial actual está sobrepasando a un ritmo exponencial muchos de los límites naturales de nuestro planeta. El climático, sin duda, pero en mucha mayor medida el límite de reposición natural de nuestros suelos, ligado a los ciclos del fósforo y del nitrógeno. De hecho, la única extralimitación mayor que esta es la asociada a la pérdida de biodiversidad, cuya magnitud y gravedad supera las escalas de medición.

El nacimiento de la agricultura de monocultivo y la ganadería industriales rompió la simbiosis entre agricultura y ganadería extensiva que durante siglos había garantizado la reposición de la fertilidad de los suelos sin necesidad de concurrencia de insumos exteriores. La producción industrial de alimentos lleva casi un siglo poniendo al límite a unos suelos que, para mantenerse fértiles ante las nuevas exigencias productivas, primero tuvieron que recurrir al guano, y después a los fertilizantes de síntesis. Todo ello mientras la ganadería industrial o la deficiente gestión de los residuos de nuestra sociedad convertía lo que podría haber sido abono en tóxicos. Sólo hace falta ver al nivel de contaminación de las aguas generado por los purines de las macrogranjas de cerdos que inundan nuestro territorio en una dinámica extractivista que aprovecha el vaciamiento de nuestros pueblos para extraer beneficios.

Así, la ganadería y agricultura industriales devastan nuestro territorio ya que al saturar los suelos de químicos contaminan las aguas y aceleran su erosión y desertificación (de media se calcula que España pierde tres toneladas de suelo fértil por hectárea al año). Suelos tan saturados de químicos que son ya incapaces de regenerarse de manera espontánea . Pero la industrialización del campo no nos ha conducido sólo hacia la insostenibilidad, sino que ha producido un auténtico maremoto socio-económico, un genocidio antropológico implacable.

La mal llamada modernización del mundo rural, en España y en el resto del mundo, tuvo como condición de posibilidad la culminación de los procesos de disolución comunitaria y mercantilización de la producción de alimentos que llevaban en marcha desde hacía al menos un siglo. La tradicional agricultura de subsistencia, dirigida al sostenimiento de la vida y no a la producción de beneficios, desapareció al expropiarse los bienes comunes que la sustentaban y generarse monopolios que hicieron de la producción de alimentos uno de los sectores capitalistas más rentables del mundo entero. Y con ella, desapareció todo un mundo, el campesino, que hasta entonces había supuesto un otro epistemológico, simbólico, económico e imaginario. Un tipo antropológico bien distinto al del hombre moderno.

La particularidad del proceso de mercantilización de la agricultura y la ganadería es que su automatización se ha encontrado con muchas dificultades históricas. La resistencia de los propios campesinos ante la destrucción de su modo de vida se unió a la dificultad intrínseca de mecanizar procesos que, por naturaleza, constituían un ejemplo muy acabado de simbiosis con las dinámicas de la vida. Quizá uno de los legados más exquisitos y hermosos de aquél Neolítico del que Mumford nos hablaba en “El pentágono del poder”. Ese proceso de co-evolución de las sociedades humanas y el resto de Gaia que permitieron la constitución de las sociedades campesinas e indígenas.

Y con el tractor llegaron los créditos bancarios, el salario, la especialización productiva. Y una vez disuelta la comunidad y en pos del acrentamiento de las ganancias, llegó la burocracia: impuestos, medición, concentración parcelaria… Hoy el campo se enfrenta cada vez más a la constitución de monopolios que convierten a los agricultores en simples empleados o arrendatarios de grandes multinacionales que suministran las semillas, los insumos químicos y que amenazan cada día más a cada agricultor con su pronta sustitución por un robot que automatizará sus tareas. Todo ello mientras el Estado informatiza y monitoriza cada uno de sus movimientos en pos de la trazabilidad, la higiene y la eficiencia.

Los paisajes históricos se erosionan para adaptarlos al ritmo de las nuevas máquinas, los olivares centenarios se arrancan de raíz para dejar paso a las espalderas robotizadas, los agricultores renuevan una y otra vez hipotecas que, para poder mantener su competitividad en el mercado mundial de los alimentos (acoplado inevitablemente al de los combustibles fósiles), invierten en modernizar compulsivamente sus explotaciones, que ya más que granjas o campos de cultivo se han convertido en verdaderas fábricas de alimentos.

Y es precisamente ese modelo el que no se pone en cuestión en las recientes movilizaciones de los trabajadores fabriles del campo que se han sucedido esta última semana. Cuando organizaciones como la UPA, Asaja y COAG centran sus reivindicaciones en los bajos precios en origen y en las agresivas ofertas de los supermercados, callan frente a la insostenibilidad e indeseabilidad de un modelo industrial que les ha convertido en esclavos de las imposiciones del Estado y de las grandes multinacionales agrícolas. Cuando el ministro de agricultura, Luis Planas, declara que que ni la Constitución ni la UE le permiten intervenir y regular las normas de competencia, deja claro que la agricultura es una pieza más dentro del macabro juego del mercado.

Y mientras tanto, el discurso sobre la España Vaciada no entiende que el mundo rural hoy no necesita reindustrializarse, como defendía la ministra Ribera en sus recientes visitas a Zamora y León en sendos actos sobre la despoblación. Nuestro mundo rural nunca ha estado tan industrializado como hoy. Tampoco es de recibo centrar el debate en la supuesta incidencia de la subida del salario mínimo en el empleo agrario, que pese a ni siquiera encontrarse entre las reivindicaciones de la UPA ha supuesto el centro del intento de capitalización de este conflicto por parte de la extrema derecha de Vox.

Hacer las paces con Gaia hoy, y evitar en el camino la desestabilización total de nuestro sistema climático, pasa por reconstruir un metabolismo rural. Una economía verdaderamente circular tendrá que emular los modos de producción campesinos, su sabiduría a la hora de cerrar los ciclos y subsistir perdurablemente haciendo uso de los recursos cercanos. Eso, entre otras muchas cosas, implica volver a apostar por una producción de alimentos necesariamente agroecológica y desindustrializada. Una producción de alimentos que llene nuestros pueblos de cooperativas dedicadas a la agricultura de policultivo y a la ganadería extensivo. Una reconstrucción de nuestro territorio que lo defienda ante el extractivismo, que lo proteja de toda dinámica industrializadora, y además permita reconstruir vidas autónomas en lo político, lo individual y lo material desde las que resistir a las sombras que los convulsos tiempos de colapso ecosistémico arrojan ya hoy.

La candidatura de Granada como sede del acelerador de partículas IFMIF-DONES, con el apoyo prácticamente unánime de la comunidad científica, empresarial e institucional, ha puesto de actualidad en el contexto español la apuesta por la fusión nuclear como fuente energética de futuro.

Resulta llamativo observar cómo un proyecto de una envergadura y complejidad tal no ha generado prácticamente debate, oscilando las reacciones entre el apoyo entusiasta y la indiferencia. Algo en cualquier caso comprensible en una provincia como Granada, con una tasa de paro superior al 25 %; cualquier iniciativa que prometa inversiones millonarias y puestos de trabajo será recibida sin cuestionamiento ni análisis.

Además, la propia complejidad técnica del proyecto lo sustrae del debate público. ¿Cómo posicionarse críticamente ante procedimientos que son comprendidos en profundidad a duras penas por una decena de especialistas en todo el mundo? ¿Cómo valorar los riesgos o la prioridad de dispositivos de tamaña complejidad? Como en tantas otras realidades técnicas contemporáneas, se abre un abismo entre aquello que como sociedades podemos construir y lo que como individuos podemos comprender y valorar políticamente.

No menos importante para entender la falta de reacción es el consenso que se ha instalado, incluso en parte del movimiento ecologista, en torno a las bondades de la fusión. Ésta se presenta como una fuente energética limpia e inagotable que, a diferencia de la desprestigiada energía nuclear de fisión de los reactores actualmente en marcha, no generaría residuos radioactivos. Es más, tampoco se enfrentaría a problemas de abastecimiento al utilizar como combustible un isótopo de hidrógeno presente en el agua de mar: el deuterio. Sin necesidad de entrar en todos los detalles de su complejidad técnica, un acercamiento al proceso de fusión nuclear permite poner en cuestión ambas ideas.

El proceso de fusión nuclear

La reacción de fusión consiste en la unión de dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio. Ésta da lugar a un núcleo de Helio y a la vez emite una gran cantidad de energía. La idea sería aprovecharla para calentar agua, impulsando así una turbina que generaría electricidad.

La simple producción de esta reacción, muy similar a la que se da continuamente en el Sol, requiere unas condiciones muy particulares, que se complican aun más si se pretende controlar todo el proceso y aprovecharlo con fines energéticos. En concreto necesita una enorme cantidad de calor para vencer la repulsión electromagnética de los distintos átomos, además del uso de materiales que soporten las enormes temperaturas generadas.

La fusión nuclear, eterna promesa de la sociedad industrial, sigue estando lejos ser una fuente de energía estable, rentable y segura. En su camino se interponen una serie de obstáculos técnicos que proyectos internacionales como el ITER, en construcción en el sur de Francia, o el IFMIF-Dones pretenden solventar mediante la investigación de diferentes partes del proceso. El objetivo concreto de este último sería poner a prueba materiales capaces de resistir el lanzamiento de neutrones de alta energía sobre un flujo de litio en estado líquido a elevadas temperaturas, proceso vital para la reacción de fusión.

En caso de que los resultados fueran satisfactorios, y en un periodo mínimo de varias décadas, los proyectos convergerían permitiendo la construcción un prototipo que permitiera evaluar el proceso completo. Solo en caso de que éste resultara también operativo se procedería a un uso comercial.

Aunque ha requerido arduas negociaciones, este conjunto de proyectos cuentan hoy con el apoyo de la Unión Europea, EEUU, Japón, Rusia, China, Corea del Sur e India. La cooperación de los diferentes bloques dominantes, tanto hegemónicos como emergentes, en el impulso de la fusión se remonta a los últimos años de la guerra fría. Ya en 1985 Ronald Reagan y Mijail Gorbachov acordaron en Ginebra potenciar esta fuente energética apoyando la construcción del reactor ITER.

La cara oscura de la fusión nuclear

Uno de los argumentos clave de los defensores de la fusión nuclear es que no genera residuos radioactivos. Si bien es cierto que los elementos derivados de la reacción no contienen carga radioactiva, uno de los isótopos utilizados en la misma, el tritio, sí es radioactivo, y los materiales de revestimiento estructural deben ser tratados como desechos radioactivos. De hecho se estima que el desmantelamiento definitivo del reactor ITER, una vez agotada su vida activa, generará de 30.000 a 40.000 toneladas de residuos radioactivos.

En cuanto al carácter inagotable de esta fuente energética, se trata de un espejismo. En el caso de una hipotética explotación comercial de la fusión nuclear, un mineral finito como el litio pasaría a ser el recurso estratégico, y por tanto factor limitante para su desarrollo. A partir de éste se obtiene el tritio, imprescindible en la reacción. Además, como se señalaba antes uno de los dos componentes fundamentales del futuro reactor IFMIF-DONES sería una pared de litio líquido.

Es esperable que en las próximas décadas la demanda de litio se dispare debido a su papel fundamental en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, lo que ya de por sí supondrá una presión enorme sobre las reservas existentes. Según la investigadora Alicia Valero el pico del litio (el momento a partir del cual su extracción sería cada vez más costosa y difícil) se alcanzará a mediados de este siglo. Es decir, incluso en el caso de que el proceso de fusión terminara por demostrarse viable, su desarrollo comercial comenzaría en un escenario de declive de la disponibilidad de uno de sus elementos clave.

Por otra parte, las enormes dimensiones de los proyectos asociados a la fusión (reactor experimental ITER, el IFMIF-DONES, JETs, el PROTO y el futuro reactor DEMO...), ponen en entredicho su propia condición de fuente de energía. Sin una contabilidad rigurosa de la energía asociada a las varias décadas de desarrollo de éstos no es posible descartar a priori que la fusión terminara por convertirse en un sumidero energético.

A todo ello se suman las terribles condiciones de centralización y gestión asociadas a un complejo tecnocientífico de producción nuclear de este tipo. Al igual que sucede con la energía de fisión, no parece posible separar realidades como los reactores nucleares de sociedades basadas en estados centralizados y que descansen sobre instituciones de producción, difusión y control del conocimiento de igual modo especializadas y jerárquicas.

Los plazos infinitos

Los plazos que manejan los proyectos de energía de fusión entran en contradicción con las urgencias impuestas por el cambio climático y el agotamiento de los recursos energéticos actuales. Mientras que las subidas de temperatura previstas en caso de mantenerse el nivel actual de emisiones de carbono han comenzado a hacerse patentes y el pico de los combustibles fósiles ya se ha superado, la explotación comercial de la fusión nuclear se nos promete para finales de este siglo.

Pero si es importante hablar de los diferentes proyectos encaminados a la obtención de energía de fusión nuclear es además por su función ideológica. Como señalaba el fallecido Antonio Estevan, la fusión nuclear es un “mito útil para la supervivencia del modelo”. La utopía de la fusión ofrece la imagen de que es posible una solución al agotamiento de los recursos fósiles y al cambio climático sin tener que transformar los actuales patrones de transporte, consumo, construcción… simplemente cambiando una fuente de energía por otra e intensificando la electrificación como vector energético (de forma similar, dicho sea de paso, a los discursos que defienden la implementación de fuentes renovables manteniendo la actual demanda energética).

Es un esquema de pensamiento similar al de la geoingeniería en el terreno del cambio climático, o los cultivos transgénicos frente a la desnutrición: megaproyectos tecnológicos de enorme complejidad y consecuencias inciertas planteados como solución a problemas sociales y políticos derivados de las propias dinámicas del desarrollo industrial y capitalista.