Hay dictámenes que iluminan y otros que, con solemnidad, oscurecen lo evidente. El reciente del Consejo de Estado sobre el registro de jornada pertenece a esta segunda categoría: no por lo que dice, sino por lo que decide no ver.

El registro horario no es una ocurrencia ni una excentricidad. Nació en 2019 para responder a una realidad inquietante: millones de horas extraordinarias sin pagar ni cotizar. Su propia exposición de motivos lo advertía con claridad: sin registro, las personas trabajadoras quedan indefensas y se facilitan jornadas por encima de los límites legales, con impacto en el salario, la conciliación y las cotizaciones.

No es un problema técnico, sino de derechos. Siete años después seguimos discutiendo si puede desarrollarse reglamentariamente mientras millones de personas ven vulnerados sus derechos por el descontrol de la jornada laboral. Resulta difícil no sorprenderse cuando, en nuestro ordenamiento jurídico, las jornadas especiales se regulan por real decreto desde 1995, pero el registro —ya establecido por ley— parece resistirse a ese mismo desarrollo. Como si ordenar el tiempo de trabajo fuera aceptable, pero controlarlo efectivamente resultara sospechoso.

La paradoja es evidente. El Consejo de Estado nació en 1526, bajo Carlos V. Cinco siglos después, en plena era de algoritmos e inteligencia artificial, parece que pasar del papel al registro digital exige poco menos que una reforma constitucional. Menos mal que su criterio no es vinculante, porque la recomendación, al mismo tiempo que pone barreras a los avances tecnológicos , nos devuelve al siglo XVI

Y ello pese a que el propio dictamen reconoce lo esencial: el descontrol de la jornada es un problema grave que afecta a la salud, la conciliación y la competencia leal. Es decir, admite el diagnóstico, pero rechaza el tratamiento. Además, desplaza el debate hacia lo caricaturesco: la protección de datos. De pronto, el problema no es trabajar gratis, sino registrar ese trabajo. No se protege a quien lo sufre, sino —parece— a quien lo impone.

El resultado es inquietante: la protección de datos como escudo de la opacidad. Llevado al extremo, obligaría a replantear incluso la actuación de Hacienda: ¿también las facturas o los registros contables deberían quedar fuera de control en nombre de la intimidad? El absurdo es evidente. Porque aquí no se trata de datos: se trata de derechos.

Los datos son tozudos. Cada semana se realizan millones de horas extraordinarias en España, muchas sin retribuir. Solo en 2025, 2,49 millones de horas semanales no se pagaron, afectando a 441.000 personas y generando más de 3.200 millones de euros anuales no abonados, según datos de la EPA. Traducido: A cientos de miles de personas trabajadores les roban más de cinco horas de su vida cada semana.

Quizá no sea urgente. Depende de dónde se mire. No lo es desde la cómoda distancia de un dictamen que pide “sosiego y reflexión”, pero sí para quien encadena jornadas ilegales, no puede conciliar o ve evaporarse su salario en horas invisibles.

Por eso se visualiza en este dictamen una cierta alineación con quienes llevan años resistiéndose a cumplir la ley. No se cuestiona un exceso regulatorio, sino que el control sea eficaz: que el registro sea, como exige el Derecho europeo, objetivo, fiable y accesible. Y eso, en la práctica, significa que no pueda manipularse.

Discutir si el registro debe ser digital, los plazos o las cargas para las pymes es legítimo. Pero no puede servir de coartada para sostener un sistema que aún permite prolongaciones de jornada no registradas ni pagadas. Entonces ya no hablamos de técnica jurídica, sino de normalizar una ilegalidad.

Además, el dictamen trata con ligereza una cuestión clave: la salud laboral. Controlar el tiempo de trabajo no es solo salario, es prevención. Jornadas excesivas y descansos insuficientes impactan directamente en la salud, algo que el propio Consejo de Estado reconoce.

Negar la urgencia es negar la evidencia. Puede no serlo desde un despacho que reclama “sosiego”, pero sí para quienes acumulan cada semana horas no pagadas. La pregunta es sencilla: ¿cuántas más hacen falta para que sea urgente?

El Gobierno debe decidir. Puede dejarse arrastrar por un dictamen no vinculante que debilita la reforma o garantizar que la ley se cumple y la competencia es leal.

Eso exige aprobar el real decreto, con los ajustes técnicos necesarios, pero sin tocar su esencia: un registro objetivo, fiable, accesible y no manipulable que proteja las horas trabajadas, la retribución y la salud.

Si al Consejo de Estado no le parece urgente, es legítimo. No responde ante los ciudadanos.

El Gobierno, sí.

El siglo en el que vivimos registra una nueva ola de cambios tecnológicos basados en la digitalización, y que han cobrado especial intensidad a partir de los desarrollos de la Inteligencia Artificial. Toda transformación tecnológica ha tenido históricamente impactos sobre el empleo, a menudo conflictivos, si bien esta actual tiene al menos dos singularidades: la velocidad de los cambios y la multidimensionalidad de los efectos.

No es casualidad que el acuerdo del diálogo social que más presión externa recibió en la pasada legislatura fuera la llamada Ley Rider. En ella pactábamos con CEOE y el Gobierno la presunción de laboralidad de las personas que trabajan en la economía de plataforma y se dedican al reparto y, muy relevante, el acceso de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT) a la información sobre los algoritmos que se utilizan para la gestión de las plantillas. Un ejercicio de transparencia que permitiera conocer cómo se determinan los sistemas de puntuación, asignación de pedidos, o toma de decisiones sobre ascensos y despidos, por citar algunos ejemplos.

Esta norma era cualitativamente muy importante, y de hecho situaba a España en la vanguardia europea sobre cómo proceder a regular el enorme impacto disruptivo que la gestión algorítmica del trabajo puede tener, y de hecho ya tiene. Porque esta es una cuestión que hay que dejar clara. Los desarrollos de la computación, la IA, y el big data han impulsado el uso empresarial de algoritmos complejos que implantan sistemas automatizados de toma de decisiones sobre la organización del trabajo. De momento, de manera parcial y asimétrica, pero es de esperar que cada vez con mayor penetración en distintos tipos de empresas, en espacios regulares de trabajo. Y no solo en las grandes empresas, o en las plataformas digitales laborales. Toda transformación de esta dimensión plantea riesgos, oportunidades, y retos.

En el plano laboral, estamos hablando de decisiones sobre cómo se contrata, se despide, o se promociona; de cómo se asignan tareas y ritmos de trabajo; de sistemas de control, supervisión y vigilancia; de evaluación de clientes sobre el desempeño laboral y la reputación digital de una persona trabajadora. Todo mediante una permanente recopilación de datos de las personas trabajadoras, el procesamiento de estos, y finalmente la toma de decisiones sobre la organización del trabajo en función de la producción de resultados por parte del algoritmo. En primer lugar, cabe cuestionar la patrimonialización del dato y su recopilación por parte del mundo empresarial. Se asume que la gestión algorítmica se basa en el valor del dato, pero ¿ese dato no es patrimonio de la persona trabajadora? No se puede asumir la apropiación unilateral y desvalorizada del dato por parte de la empresa, y los derechos de intervención sindical en lo que tienen que ver con la información y participación, deben disputar el valor del dato en beneficio de las personas trabajadoras.

En segundo lugar, determinar los parámetros sobre los que van a actuar los algoritmos no es una cuestión neutra ni técnica. Primero, porque el uso de los datos presenta riesgos significativos respecto a la privacidad y la intimidad de las personas, y es necesaria una protección legal de un derecho fundamental que, a su vez, debe trasladarse a la negociación colectiva.

Segundo, porque los sistemas de inteligencia artificial pueden evaluar los rendimientos de las personas a través de unas variables, ponderadas bajo determinados criterios, y con resultados automatizables. Y aquí aparece un riesgo clave. Es decir, que la recopilación de datos sobre los trabajadores, su procesamiento y la producción de resultados tras ese procesamiento, conlleve la decisión automática sobre condiciones y organización del trabajo. Si se construyen herramientas utilizando datos de calidad y evitando sesgos, se pueden inducir incluso decisiones más transparentes y justas, menos discrecionales. Pero en sentido contrario, es más que probable que las variables se ponderen en función de estrategias empresariales para la optimización de recursos, aumentos de la productividad, o evaluación de rendimientos. Y esta es una cuestión fundamental. En nuestra opinión, la tecnología no puede tomar decisiones con efectos legales que “pasen por encima” de los derechos y las regulaciones laborales o que refuercen de manera opaca desigualdades o discriminaciones, directas o indirectas.

Por ilustrar con un ejemplo, una empresa puede querer vincular las decisiones sobre incentivos salariales, promociones, o sanciones, en función de variables como pudieran ser el cumplimiento de objetivos fijados, la asistencia diaria al puesto de trabajo, o la evaluación de los clientes. Las decisiones del algoritmo no pueden tener efectos legales automáticos (despidos, promociones, salarios), y deben ser revisadas porque pueden obedecer a razones que en modo alguno pueden tener consecuencias negativas para la persona trabajadora. Siguiendo con el ejemplo, si la no asistencia durante un tiempo al puesto de trabajo se debe a una baja por enfermedad, se estaría discriminando a la persona que ha enfermado.

Las desigualdades de género también pueden verse reforzadas si los criterios y algoritmos utilizados por la IA son fijados para reforzar el premio a la disponibilidad constante (incluso fuera del ámbito laboral), sabiendo que esto refuerza sesgos de género por la pervivencia de la feminización de los cuidados domésticos, y, por tanto, la menor disponibilidad de tiempo que tienen las mujeres, o el mayor uso de los derechos de conciliación a los que se siguen acogiendo. Automatizar decisiones de datos de bajas por reglas dolorosas, con la frialdad del dato, conllevaría unas discriminaciones de género que no pueden ni contemplarse.

En definitiva, el riesgo de aumentar el desequilibrio de poder en las relaciones de trabajo, la mayor opacidad en la toma de decisiones amparándose en la supuesta neutralidad del “gran hermano” digital, el reforzamiento de sesgos y discriminaciones, o los riesgos para la salud y la seguridad producto de la intensificación automatizada de los ritmos de trabajo, deben combatirse.

Para ello se necesita regulación, y se necesita reforzar la capacidad autónoma de los trabajadores para abordar estos contenidos en la negociación colectiva, para lo que hay que fortalecer a las RLPT. La formación y el conocimiento sobre estas materias no es un tema secundario, y apelan directamente a reforzar desde los sindicatos, pero también desde los poderes públicos, estos procesos de aprendizaje, para que las personas que ostentan una responsabilidad democrática y un mandato legal y constitucional puedan ejercerlo de manera efectiva, y no desde el voluntarismo. España tiene una disonancia entre las responsabilidades a las que emplaza a la representación sindical de la clase trabajadora y las herramientas que pone a su disposición para poder ejercerlas.

Es necesario adecuar las leyes de protección de datos a las realidades laborales, de la misma forma que toda norma contra la discriminación y en favor de la igualdad efectiva vinculada a cualquier factor de desigualdad tiene que contemplar su aplicabilidad en el ámbito laboral y productivo, a la luz de la nueva realidad tecnológica. Si no, estas normas pueden quedarse como un brindis al sol. Porque aquí subyace una cuestión clave. Las causas protegidas suponen una elección moral, y finalmente política, sobre cómo organizar una sociedad que en algunos casos, ha costado siglos implantar. Desvincular esta opción moral del ámbito de decisión de la Inteligencia Artificial, por atribuirla una supuesta neutralidad o inocuidad en su aplicación, es una marcha atrás en la extensión de derechos laborales, una verdadera distopía tecnológica.

La obsesión anti-regulatoria que jalona las ideologías más asalvajadas del postneoliberalismo son extremadamente peligrosas, y pueden dejar sin efecto buena parte de toda la legislación laboral y social, amparándose en el fetiche digital. La norma tampoco lo va a poder todo, y es necesario que enmarque, impulse y empodere a las partes que luego están llamadas a su concreción en la negociación colectiva. Nos referimos a disponer de los conocimientos, las herramientas, los derechos y deberes de información y consulta en todos los procesos de transformación digital y en la implementación de estos métodos, con especial atención a sus potenciales impactos sobre el empleo y las condiciones de trabajo.

Una participación inexistente o limitada de la clase trabajadora en la transformación digital puede conllevar posiciones reactivas, a las que no debiera aspirar un empresariado medianamente moderno. Por el contrario, una gobernanza proactiva y sindicalizada sobre los cambios tecnológicos en las empresas es fundamental ante unos procesos que no son reversibles y con efectos multidimensionales en el ámbito laboral y en la propia configuración social.

Junio es un mes en el que habitualmente el desempleo baja en España. Una estructura económica con un relevante peso del turismo ligado al verano es la razón de la habitual creación de empleo en esta época. Es el conocido efecto de la estacionalidad. Pero desde hace tiempo la evolución del empleo en España trasciende de los sesgos estacionales.

Para comprobar esta afirmación basta con remitirse a los datos interanuales. De junio de 2024 a junio de 2025 hay 461.409 personas ocupadas más. Un incremento del 2,2%, habiendo sobrepasado durante algunos días del mes los 21.900.000 cotizantes a la Seguridad Social. Volvemos a batir el récord de personas trabajando.

En ese mismo periodo hay 155.104 personas menos registradas en las oficinas del SEPE demandando un empleo. En total son algo más de 2.400.000 las que componen esa lista. Es el menor número en 17 años, pero es un porcentaje de desempleo registrado (ocurre lo mismo con los datos de la EPA) alto respecto a otros países.

En España la generación de empleo es muy superior a la disminución del desempleo. Se da un incremento de la población activa y de la población ocupada. Una buena noticia en términos de país, pero que cada vez más empieza a mostrar una posibilidad aparentemente paradójica que venimos señalando de un tiempo a esta parte.

Si dejamos por un momento de lado la inestabilidad de la situación geoestratégica mundial, y los riesgos de guerra comercial (con sus posibles efectos sobre la inflación o sobre la ralentización económica global), es bastante probable que los datos de empleo en España sigan siendo positivos en los próximos años. Dependerá de algunas variables que por supuesto pueden torcerse, donde el negacionismo y el atrasismo político no son lo menos relevante. Pero si somos capaces de aprovechar el despliegue de las energías renovables como un factor de abaratamiento de costes energéticos y para la atracción de inversión productiva, podemos asistir a un proceso de reindustrialización inédito. Un proceso, además, en el que el factor comparativo de nuestra economía no sea, por una vez, los bajos costes laborales sino un suministro fiable y competitivo de energía barata en una transición parcial hacia la electrificación de la actividad.

Según estimaciones de analistas internacionales esta opción es factible. Hace poco la OCDE recomendaba trasladar a España industria con uso intensivo de energía en sectores como el siderúrgico, el metalúrgico, el vidrio, la química básica, el papel o la cerámica. La Cámara de Comercio de EEUU en España apuntaba a la posibilidad de que nuestro país doblara el peso del PIB industrial en nuestra economía, en el plazo de una década. Aunque este escenario pueda parecer optimista, aunque no se cumpliera en esas proyecciones, una evolución en este sentido de nuestro tejido productivo nos conduciría en un corto período de tiempo hacia esa situación de pleno empleo apuntada.

La aparente paradoja a la que me refería sería la posible compatibilidad de ese pleno empleo con la persistencia de un desempleo friccional alto respecto a otros países, y de carácter persistente. El paro friccional es aquel que se produce por el desajuste entre oferta y demanda de trabajo, de manera que habiendo personas en desempleo no se incorporan a puestos de trabajo existentes. Se suele relacionar con causas puntuales (falta de información, ubicación del puesto de trabajo, etc.) que se sincronizan en un lapso breve de tiempo.

Sin embargo, el riesgo en España es que ese paro friccional se cronifique y haya un relevante número de puestos de trabajo que no se cubran en un país que consolide unas tasas de paro muy bajas (en relación con nuestras cifras históricas de desempleo), pero más altas que las que se considerarían aceptables en otros países europeos.

En torno a esas “vacantes laborales” se va a establecer una fuerte pugna ideológica y narrativa, que de alguna manera ya está en la palestra. Habrá una primera formulación defendiendo que, si hay puestos de trabajo que existen y no se cubren pese a tener dos millones de desempleados (por poner una cantidad a modo de ejemplo), es porque hay desincentivos a trabajar. La existencia de supuestas “paguitas” por citar el más recurrente. Desde este marco conceptual, se tratará de cuestionar el incipiente e insuficiente sistema de protección de rentas de nuestro país. Ingreso Mínimo Vital y prestaciones o subsidios de desempleo se señalarán como onerosas prestaciones que provocan que la gente “no quiera trabajar”. También se tratará de utilizar los flujos migratorios, desarraigados y explotados, para favorecer una competencia salarial a la baja, fomentando un conflicto inter-clase.

Es necesario levantar desde ya una narrativa ideológica alternativa. Porque en efecto, existen cuellos de botella que dificultan la sincronía entre oferta y demanda de empleo en nuestro país. Pero no son las paguitas ni los escasos recursos para contrarrestar la pobreza o la pobreza severa. Son más bien la ausencia de políticas públicas suficientes para garantizar un acceso asequible a la vivienda, así como la falta de una red de cuidados de carácter público.

España es un país de gran extensión. Entre A Coruña y Girona, o entre A Coruña y Almería hay más distancia que entre París y Berlín. Es una decisión económicamente racional no emprender un desplazamiento de varios cientos de kilómetros para trabajar por un salario que se va a dedicar en buena medida a sufragar el precio abusivo de un alquiler, y además perder todo el círculo de cuidados familiares o relacionales. Cada vez más va a haber actividades, estacionales o no, que tengan problemas para encontrar trabajadores porque el contexto de trabajo es el que de verdad desincentiva la actividad, incluso aunque hablemos de salarios medios, no particularmente bajos.

España necesita impulsar políticas públicas que palíen en el corto plazo y resuelvan en el medio plazo estos cuellos de botella. Una estrategia interinstitucional de país para garantizar el acceso asequible a la vivienda. Si hoy redujéramos un 30% el coste de alquileres o hipotecas a tipo mixto o variable, que lastran la economía de 6,3 millones de hogares, se liberaría una renta disponible de 25 mil millones en cinco años, que generaría casi medio millón de empleos adicionales.

De igual manera una estrategia de cuidados que refuerce una red pública para proteger situaciones de dependencia es indispensable. Por reforzar los derechos de ciudadanía y porque generaría externalidades positivas para la economía productiva, del mismo modo que es impensable entender el desarrollo de las siete últimas décadas en las economías avanzadas, sin el papel jugado por los sistemas públicos de sanidad, educación o infraestructuras de otro tipo, socializando esfuerzos que en modo alguno hubieran podido internalizar las empresas. En contra de lo que se suele afirmar las empresas no son las que generan empleo. El empleo se genera en las empresas (puede parecer igual, pero no es lo mismo), cuando concurren múltiples causas. Una demanda solvente para adquirir bienes y servicios que generan la actividad. Unas infraestructuras, físicas o digitales, como condición de posibilidad para la existencia de proyectos empresariales rentables. Una red de servicios que cubren contingencias, como la salud o la formación, sin las que no hay desarrollo económico viable, etc.

Y por último es clave una política integral sobre la emigración para promover condiciones de humanidad y seguridad en el proceso migratorio, así como garantizar igualdad en derechos laborales, sociales y civiles, para las personas que van a venir a nuestro país, y sin cuyo concurso será imposible cerrar la relación negativa que entre la tasa de natalidad y la de reposición poblacional, lleva teniendo España desde finales de los ochenta.

Transformación energética, pleno empleo, acceso a la vivienda, red pública de cuidados, política migratoria, constituyen todo un reto para nuestro país y un programa social de transformación más necesario que nunca en términos de civilización y ciudadanía, de clase, y también de desarrollo económico.

Escribió Silvio Rodríguez en su Fábula de los tres hermanos aquello de que “ojo que no mira más allá, no ayuda al pie”, para referirse al hermano mayor que solo miraba el paso siguiente que iba a dar, perdiendo cualquier perspectiva del entorno. Digo esto por la sorpresa que en algunos ámbitos ha creado que los sindicatos hayamos centrado buena parte de nuestro mensaje previo a este Primero de Mayo en señalar los riesgos que la irrupción de las nuevas extremas derechas acarrea para la clase trabajadora. 

Pensar que hoy en día existe una nítida línea divisoria entre lo global y lo local, entre lo de allí y lo de aquí, es no comprender (o no querer comprender) el momento que vivimos. Este Primero de Mayo debe ser un clamor reivindicando una respuesta europea fuerte ante el desafío civilizatorio que pone encima de la mesa la Administración Trump.

Estamos ante mucho más que una disputa arancelaria y comercial. Es cierto que una guerra arancelaria no conviene a nadie, pero si alguien la lanza (y más si ese alguien es la primera potencia económica del mundo) no queda más remedio que asumir el desafío y responder. Para los sectores afectados puede tener consecuencias económicas y en el empleo, y por tanto hay que exigir medidas económicas que compensen esta situación y protección de esos empleos. También es cierto que si esta pugna arancelaria escala, hay un riesgo de recesión económica y de crecimiento de la inflación. No son temas nada menores, pero la cuestión va más allá.

Mediante el chantaje de encarecer las exportaciones que los países hacen a EEUU, se quiere condicionar la soberanía política de la UE, cuestionar nuestro sistema fiscal y por tanto nuestro modelo social, así como nuestra capacidad regulatoria en materias tan sensibles como la seguridad alimentaria. Las extremas derechas europeas, y singularmente la española, simpatizan con esta idea porque supone romper la espina dorsal del modelo social propio de los Estados democráticos y sociales de derecho. Una vía para cabalgar hacia modelos autoritarios en lo político, conservadores o reaccionarios en lo moral, y ultraliberales en lo económico.

Pero la ofensiva trumpista ha servido también para consolidar una idea. Necesitamos reforzar nuestra autonomía estratégica. Reducir la dependencia de los actores globales que se están disputando la hegemonía mundial, en los elementos críticos para la economía y, a la vez, diversificar las relaciones comerciales y económicas desde una posición de fuerza.

Esta idea ya se había abierto paso antes. Cuando en la pandemia comprobamos nuestras limitaciones para contar con productos sanitarios básicos, que había que buscar entre un mar de piratas, intermediarios y sinvergüenzas; cuando tras la pandemia y la recuperación del comercio mundial, la escasez de suministros, semiconductores, etc., provocó la primera escalada de precios; cuando tras la invasión rusa de Ucrania, las posteriores represalias económicas y la voladura de los gaseoductos del Nord Stream 2, comprobamos lo temerario que es la enorme dependencia que tenemos de las energías fósiles que proceden de zonas inestables del mundo.

Hoy vivimos un momento de época en el que la defensa de los derechos de la clase trabajadora pasa por fortalecer políticas de autonomía energética, desplegando las renovables que a España le pueden facilitar un proceso de reindustrialización que nos lleve al pleno empleo; políticas industriales donde los Estados no pueden limitarse al papel de subsidiantes de empresas privadas, sino que tienen que ser actores económicos que condicionen las decisiones de inversión privada en relaciones de reciprocidad entre lo público y lo privado. El poder público debe tomar posiciones en los sectores estratégicos, pese a lo que proteste el fracasado catecismo neoliberal.

Hoy no hay manera de concurrir en esta pugna global desde los espacios de confort de los Estados nación. O se fortalece la posición política de la Unión Europea, o estamos condenados a ser palmeros de la pugna entre EEUU y China. Esto lo saben bien quienes pretenden fragmentar Europa, desde fuera pero también desde dentro con apelaciones a los viejos nacionalismos vinculados a los Estados-nación.

Pero también decía Silvio Rodríguez que el segundo hermano solo iba atento al horizonte, y “no podía ver la piedra, el hoyo que vencía a su pie”. Y claro, se estampaba en el suelo.

Por eso en este Primero de Mayo también situamos la necesidad de recuperar una fuerte agenda social y laboral propia. Los buenos datos comparados en crecimiento económico, o el récord absoluto en empleo, no deben ocultar otra realidad. La de millones de personas que trabajan en condiciones de incertidumbre, la precariedad, o salarios que apenas dan para cubrir el coste de la vida.

Subir el SMI y reducir la brecha salarial, reducir la temporalidad a la mitad, intervenir el mercado laboral con recursos públicos para evitar la millonaria destrucción de empleos, recuperar equilibrios en la negociación colectiva, han sido políticas acertadas. Y además han servido para romper mantras neoliberales. Lejos de la hecatombe que muchos pronosticaban, hoy el empleo crece, la productividad por hora trabajada aumenta, la retribución media de los asalariados gana peso en el conjunto de la economía, y el saldo exterior de España se comporta bien. Lo que decían que era imposible es posible, y supone la base del crecimiento económico de nuestro país.

¿Pero de qué le sirve esto a quien ha visto su sueldo lastrado por el incremento de los precios en productos básicos? ¿A quién haya sufrido el encarecimiento de su hipoteca o sea incapaz de encontrar un alquiler asequible?

Los datos de empleo de España no pueden dar pie a la autocomplacencia sino a la exigencia. Rotos los dogmas neoliberales, hay que avanzar en un modelo laboral más justo. Reducir la jornada legal de trabajo dando respuesta parlamentaria al acuerdo que hemos acordado con el Gobierno, o cambiar el régimen de despido, son prioridades sindicales.

Las mayorías sociales buscan seguridad y certezas. Hoy los precios de la vivienda drenan las rentas salariales, impiden la emancipación de jóvenes, lastran las posibilidades laborales. Es necesaria una ofensiva institucional para reducir los precios de acceso a un bien básico como es poder tener un lugar donde vivir. Para ello se requiere contar con un gran parque de vivienda a precio accesible, fundamentalmente en régimen de alquiler. Movilizar vivienda vacía; limitar en determinados supuestos las rentas del alquiler ofreciendo también programas de seguridad en el pago o el estado del inmueble a los propietarios; restringir el uso mercantil de la vivienda en los pisos turísticos y otras prácticas inflacionistas; promover la construcción de vivienda sostenible y con precios de acceso acorde a los salarios; establecer palancas financieras como el Fondo de Inversión para la Vivienda Asequible que propuso CCOO que financie 50 mil viviendas al año.

Este Primero de Mayo tenemos que proteger lo conquistado para ganar futuro. “Ojo en camino y ojo en porvenir” que concluía la canción de Silvio, para defender y profundizar en los derechos laborales y sociales, reivindicar la dignidad de la clase trabajadora como motor del mundo, o la igualdad como sentido mismo del papel del Estado y del derecho. La convivencia y la paz ante quienes quieren volver al mundo cavernario, al canibalismo social y a la regresión de la democracia.

Vivimos una época paradójica. La sucesión de crisis diversas y situaciones inéditas y traumáticas en los últimos quince años tiene pocos precedentes. La crisis financiera global fue abordada desde las políticas de austeridad que deterioraron la vida material de millones de personas y las expectativas vitales de muchos más millones. En cambio, la pandemia, la guerra y la inflación fueron respondidas bajo parámetros distintos, más intervencionistas en lo económico, más destinados a proteger rentas, y con la creación de fondos sufragados con deuda mutualizada en la UE para impulsar la actividad y promover las grandes transiciones estratégicas. Los resultados fueron mejores en términos comparados. España es un caso paradigmático en este terreno si atendemos a la recuperación del empleo y la economía, como están poniendo de manifiesto las correcciones sobre evolución del PIB del Instituto Nacional de Estadística.

Sin embargo, cuando la lógica indicaría que las políticas de redistribución, de progresividad fiscal, de intervención pública en la economía, de refuerzo del papel protector de los servicios públicos y la fiscalidad suficiente para ello debieran salir fortalecidos en el imaginario colectivo, la paradoja está en que la amenaza reaccionaria de la extrema derecha aparece como un riesgo civilizatorio más real que nunca. En Europa y fuera de Europa.

En mi opinión, y a grandes rasgos, esta paradoja se basa en que las crisis y mutaciones aceleradas en estos años han incrementado exponencialmente la sensación de inseguridad e incertidumbre entre las mayorías sociales. Y la actual pugna política de fondo pivota sobre qué propuestas de organización social ofrecen mejor cobijo a las personas expuestas a esa falta de certidumbres. La opción reaccionaria, con sus apelaciones a las viejas certezas y jerarquías, por más indeseables que sean, demuestra tener una oferta que seduce o puede llegar a seducir a amplias capas del electorado. El neofascismo se nutre de viejas pulsiones autoritarias, racistas, machistas, homófobas y clasistas, el idílico falso “mundo perdido”, tamizadas por las esencias de la propuesta antropológica del neoliberalismo y su apelación al individuo tirano, narciso y pretenciosamente autosuficiente.

La pugna política de fondo tiene un campo de batalla clave en quién y cómo sitúa los marcos de referencia sobre los que se dirimen las respuestas a “los problemas”. Lo que llaman batalla cultural sería en buena medida, la tensión entre quién decide desde qué ángulo se arroja luz al escenario, y por tanto configura el sentido de la obra.

Lo estamos comprobando en España al abordar las dos principales controversias sociopolíticas del momento. Las migraciones y la financiación autonómica.

El marco de la migración básicamente concebida como una cuestión problemática, relacionada ante todo con la (pérdida de) seguridad, es un marco perdedor para la democracia y para cualquier idea progresista. La visión agonística del proceso migratorio, además, es un sinsentido en España.

Según el Banco de España, hasta el año 2053 va a ser necesario el concurso de 24,6 millones de personas migrantes. Según la ministra Elma Saiz, citando a la Comisión Europea, la Airef, o el FMI, España necesitará unos 250.000 trabajadores migrantes al año –al año, repito–, durante los próximos 25 años. Y no, como se suele decir, para sostener el estado de bienestar. Para sostener el país.

España está en la frontera sur del mayor foso de desigualdad del mundo, que son los 14 kilómetros que separan Gibraltar de África, además de la ubicación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, más la situación de las Islas Canarias en el itinerario de la ruta atlántica. Es puro ensoñamiento pensar que no va a haber flujos migratorios ante esa realidad. España es una de las puertas de entrada (y no siempre el destino final) hacia el resto de Europa para las personas migrantes.

Pero es más. España y la UE hemos ligado nuestra suerte a la emigración. Lo hicimos desde el momento en que, por la razón que sea y hay varias, decidimos tener menos hijos. O por decirlo con más precisión, por tener una tasa de natalidad por debajo de la tasa de fecundidad de reemplazo. En 2023, en España han venido al mundo 1,19 hijos por mujer. La citada tasa de reemplazo requeriría de 2,1 hijo por mujer. Esto lleva siendo así, en mayor o menor grado, desde los años ochenta. En 2023 han nacido 322 mil personas. Han fallecido 434 mil. Dicho de forma clara. Los millones de niños que no han nacido en España y en Europa en las últimas décadas, plantean el siguiente dilema: o emigración o parálisis y deterioro social. No es creíble pensar que un continente, el europeo, que presenta los mejores estándares de bienestar del mundo, esté condenado al envejecimiento sin reemplazo poblacional.

No es emigración sí o no. Es emigración cómo. Y aquí hay que apostar por las formas reguladas y garantistas de gestionar los flujos migratorios. Hablamos de personas no de inputs económicos, y por tanto hay que abordar el cómo vienen, cómo se regulariza sus situaciones, y cómo se proveen de las necesidades humanas ligadas al empleo, la vivienda, o los derechos sociales, que no dejan de ser los retos del conjunto de la población. Las situaciones de irregularidad son caldo de cultivo a la explotación, la exclusión, la vulnerabilidad, el dumping salarial y la competencia desleal entre empresas. Debemos evitar que las bolsas de irregularidad se reproduzcan periódicamente, provocando procesos de regularización extraordinaria como única vía de solución. Para ello es necesario reforzar los procesos de contratación en origen, migración circular y la mejora de los recursos y procedimientos de arraigo de las personas que vienen a nuestro país (además de, por supuesto, los que tienen derecho a la protección internacional –asilo–). Es necesaria una dotación suficiente de recursos humanos y materiales para la gestión de la migración, de manera que se eviten retrasos que impidan o dilaten en el tiempo los procesos de regularización, lo que incrementa la vulnerabilidad y sufrimiento de las personas que la padecen.

Pero, más allá de todo esto, me interesa recalcar que hay que enfrentarse al marco conceptual que la extrema derecha y en buena parte la derecha, quieren situar, excitando expectativas y temores a un eventual e incierto futuro. Según ese imaginario, la emigración sería básicamente un problema de orden público y que hay que abordar exclusivamente desde políticas punitivas y policiales. Que un miembro del PP utilice una expresión con reminiscencias nazis como “deportaciones masivas” expresa gráficamente el grado de degeneración de la conversación pública que implica esta deriva. Los problemas de integración o segmentación social que pueden provocar movimientos masivos de población cuando no son convenientemente abordados, requieren respuestas más complejas que las securitarias (no hay política de seguridad más eficaz que la que evita la pobreza y la exclusión social, y de forma singular el empleo con derechos), pero requieren respuestas. Ante todo, hay que evitar que estas situaciones contaminen y problematicen el conjunto de la cuestión migratoria, que en general en nuestro país está bien integrada y metabolizada.

Salvando las distancias, lo que ocurre con la financiación autonómica tiene bastante que ver con lo citado. El agravio comparativo es el otro gran combustible que alimenta el motor reaccionario. Y conviene que el pacto que promovió la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat no sea percibido como un agravio a cambio de una permanencia en el poder del actual gobierno. Para ello, una vez más, hay que cambiar el foco de luz sobre el escenario.

El debate sobre la financiación autonómica es un debate multilateral y afecta a todas las comunidades autónomas y al gobierno, que debe liderarlo. Además, es un debate que tiene que pivotar sobre la capacidad que decidimos otorgar a las administraciones subestatales (autonómicas en este caso) para hacer frente a las competencias que tienen atribuidas, desde la propia autonomía fiscal, mediante un proceso de cesión de tributos, y bajo el principio de la corresponsabilidad fiscal.

Esa capacidad tiene que ser compatible con que la Administración General del Estado mantenga palancas fiscales de suficiente volumen como para hacer políticas de redistribución de renta, cohesión territorial, e inversión pública, con visión de país. De un país plural y diverso, pero también desigual y en el que denominamos comunidad autónoma a realidades que poco tienen que ver unas con otras (por tamaño, población, composición de tejido productivo, etc.).

Para abordar este debate sin esperar la solución bíblica de la multiplicación de los panes y los peces, hay que garantizar el tamaño de la “tarta a repartir”. No es posible derivar más capacidad fiscal a las CCAA, garantizando la equiparación de derechos en el acceso a servicios públicos sin provocar diferencias, si no se incrementa la suficiencia fiscal de España. Conflicto vertical y no horizontal.

Y por último hay que poner encima de la mesa si la capacidad fiscal de las CCAA es absoluta, o está limitada porque decidimos que no puede haber dumping fiscal entre ellas. Es decir, que como se pide desde el movimiento sindical en el marco de la UE o incluso en el mundial, establecemos unas reglas de armonización fiscal para hacer compatibles los principios del autogobierno con evitar que se compita por rebajar más los impuestos al capital o a las rentas altas, para “robárselos” al vecino de al lado, al tiempo que se intenta compensar la disminución irresponsable de recursos fiscales, con demandas de aumento de financiación estatal.

Si el debate se establece en la pugna de agravios, perderá la izquierda. Si el debate se establece desde al multilateralidad (que no excluye espacios asimétricos o de bilateralidad porque no se trata de que todos los sistemas de financiación sean idénticos, sino que toda la ciudadanía viva donde viva pueda acceder equitativamente a los bienes comunes), y se enmarca en los principios de corresponsabilidad fiscal (relación entre las competencias de gasto y las herramientas de ingreso), la suficiencia de recursos, la solidaridad redistributiva, y la no competencia fiscal a la baja entre territorios, la cosa cambia.

La primera prueba de lo que cambia la cosa, la tenemos en las declaraciones de Ayuso instando a las comunidades gobernadas por el PP a “no dejarse sobornar por Sánchez”. Traducido al castellano está pidiendo a sus compañeros de partido que accedan a estrangular económicamente a sus CCAA con tal de sostener una estrategia de liderazgo en el mensaje de oposición que es la que le conviene a ella.

Porque abordar el debate sobre la renovación del modelo de financiación autonómica tienen un entremés necesario en cómo se aborda el actual nivel de endeudamiento de las CCAA. Si partimos de que el endeudamiento de las CCAA es consecuencia en buena parte de su infrafinanciación tras la crisis fiscal de hace una década, añadiendo el incremento de gasto post-pandémico, parece evidente que un proceso de quita o condonación de la deuda autonómica con el Estado, está más que justificado e interesa a todas las CCAA, también a las del PP. Con una notable excepción: Madrid, que pese a su pertenencia al ámbito de régimen común, de facto, se constituye en una comunidad singular más, junto a las ya previstas en la Constitución, que comparte niveles de renta y capacidad estratégica de planificación fiscal, como consecuencia de su extensión, población y renta media, directamente influida por el efecto capitalidad. La situación de ventaja en su base fiscal que otorga el efecto capitalidad le permitió prescindir de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica, y a la vez mantener una política fiscal agresiva de rebajas de impuestos a las rentas altas e improductivas, contraria a los intereses de otros territorios, que mayoritariamente hoy gobierna el PP.

Disputar la perspectiva desde la que se abordan estos debates será una de las grandes batallas en este curso político. Cuestión de vital importancia porque cuando la conversación pública cabalga entre los miedos y los agravios, la solución nunca es cómo acomodamos mejor la nave en la que navegamos, sino que surge la pugna de los náufragos en el bote salvavidas. Del último contra el penúltimo. Y ahí no gana la democracia, ni la civilización.

El V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ha sido suscrito por las organizaciones más representativas del mundo del trabajo, CCOO y UGT, y las organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME.

Este acuerdo consiste en una serie de compromisos mutuos que las partes nos comprometemos a llevar y acordar en las mesas de negociación de los convenios colectivos. En este año 2023 son más de 1.300 los convenios a renovar. Cuando este acuerdo general cristalice en la firma de todos o buena parte de los mismos, se habrá dado un gran paso en la recuperación salarial que la clase trabajadora española, y por extensión el propio país, necesita.

El acuerdo salarial es el que ha copado los titulares, pero el AENC es más que un acuerdo salarial. Es lógico que después de vivir el periodo de inflación que aún atravesamos, todo pivote en torno a la cuestión de los sueldos. El año 2022 supuso el mayor incremento de precios vivido en las últimas décadas y conllevó un importante empobrecimiento de buena parte de las personas trabajadoras de nuestro país. Tocaba subir salarios y este acuerdo debe ser un punto de inflexión en este aspecto.

El acuerdo es muy relevante. Conlleva el compromiso de trasladar a los convenios subidas de los sueldos del 4% para este año, y de un 3% para cada uno de los dos años siguientes. Además incorpora una cláusula de revisión salarial ligada a la evolución de la inflación de hasta un punto por año. Este aspecto, el de las cláusulas de revisión ligadas a la evolución de los precios, era tajantemente rechazado por las organizaciones empresariales, pero finalmente se ha incorporado a los acuerdos. Respecto al año 2022, no ha habido posibilidad de concretar una cifra acordada, por lo que habrá que resolver en los convenios las subidas salariales sin que haya renuncia alguna de los sindicatos en ese terreno.

Si estos compromisos se plasman literalmente en los convenios colectivos, supondrían una subida de los salarios desde ahora mismo hasta el año 2025 (es decir, en el plazo de 20 meses) de entre el 10,3% y el 13,6%, en función de la evolución de la inflación.

Pero decíamos que el AENC va bastante más allá de las referencias salariales. Cabe indicar que es un importante aval al proceso de reformas legislativas emprendidas en los últimos años, empezando por la reforma laboral. Se mandata a los negociadores de convenios a fijar los criterios que concretan las múltiples materias que las reformas derivan a la negociación colectiva. 

Quiero destacar la importancia de avanzar en el proceso de estabilización de la contratación. Para CCOO el resultado hasta ahora obtenido tras la reforma laboral debe y puede reforzarse con la incorporación a los convenios colectivos de compromisos sobre el empleo estable y los mecanismos que sustituyan el viejo recurso al despido por alternativas en la adecuación del tiempo de trabajo (ERTE o mecanismos RED). 

Las cifras son contundentes. En el año que va desde el último trimestre del año 2021 al último del año 2022, con un récord sin precedentes de cotizantes a la Seguridad Social, hay 1,6 millones de personas trabajadoras más con un contrato indefinido, y 1,2 menos con un contrato temporal. De esos contratos indefinidos, el 75% responden a contratos indefinidos ordinarios y únicamente un 25% se explican por la sustitución de trabajos con contrato temporal por trabajos con contratos fijos-discontinuos. Pero es que esto último, lejos de ser inocuo o mucho menos un maquillaje estadístico, es una buena noticia para la clase trabajadora empleada en sectores marcados por la estacionalidad. La permanencia media de las personas con un contrato fijo-discontinuo en una empresa multiplica por tres la que tienen las personas con contrato temporal. De 22 meses a casi 60.

Por si estos datos facilitados por el Banco de España fueran poco, el porcentaje de ingresos destinados al consumo de una persona con un contrato temporal es del 72,1%, mientras que quienes cuentan con un contrato indefinido dedican al consumo el 81% de cada euro que perciben. El proceso de conversión de contratación temporal en indefinida es una de las explicaciones del mejor comportamiento de la economía española respecto a las previsiones existentes. La negociación colectiva tiene que profundizar en esta línea que otorga seguridades, garantías y certezas a las personas trabajadoras.

Este AENC debe desatascar la negociación colectiva. Es fundamental para promover un mejor reparto de la riqueza que se produce y reducir desigualdades. Distintos acuerdos con sello sindical e impulsados por CCOO han protegido rentas de más de 10 millones de pensionistas, más de 2,3 millones de perceptoras/es del SMI, y en una u otra medida los empleados públicos, además de una parte de la clase trabajadora más organizada cuyos incrementos salariales se situaron en 2022 en torno al 5%. Ahora toca mejorar los salarios de millones de personas, hogares y familias que han visto mermada su capacidad de compra por efecto de la inflación y que en no pocos casos tiene serios problemas para llegar a fin de mes y afrontar el incremento del coste de la cesta de la compra o el de las hipotecas.

El otro gran valor que creemos que tiene este AENC será el impulso a la modernización de los contenidos de los convenios colectivos en un momento de fuertes transformaciones productivas, y que por tanto afectan seriamente a las relaciones y derechos laborales. 

España tiene una magnífica oportunidad de afrontar la transición digital y energética, sin estar en la periferia de los cambios por venir. Y ello requiere de un impulso a las cualificaciones y competencias requeridas para los nuevos puestos de trabajo facilitando transiciones justas. La negociación colectiva es un ámbito imprescindible para afrontar estos cambios y que no nos pasen por encima a las personas trabajadoras. Un convenio colectivo en el siglo XXI no se puede limitar a negociar salarios, jornadas, permisos y las cuestiones clásicas del trabajo en la empresa clásica. Debe abordar los riesgos y oportunidades de la digitalización aplicada a los procesos de producción o distribución de bienes y servicios, al gobierno del tiempo de trabajo y su distribución. Los algoritmos y la inteligencia artificial o el uso de los datos, son cualquier cosa menos neutra. El poder organizado de la clase trabajadora debe tratar de intervenir y condicionar todas estas cuestiones, que en otro caso serán utilizadas de forma unilateral por el empresariado en función de sus intereses. El AENC pretende también situar estas cuestiones en las agendas negociadoras de los convenios colectivos.

Más allá de todas estos contenidos, el AENC cierra el círculo de una forma concertada y distinta de afrontar la secuencia de crisis que hemos sufrido tras la irrupción dramática de la pandemia en marzo de 2020. Hemos pasado de procesos de devaluación interna, destrucción de una parte del tejido productivo, deterioro de los servicios públicos y minimización del papel del Estado, a un sostenimiento de millones de rentas, salvaguarda del empleo, potencial impulso a la modernización y transformación del tejido productivo, y un renaciente protagonismo de lo público que debe recuperar el papel de las políticas sectoriales y del desarrollo industrial. No es ya España, es la Unión Europea la que se enfrenta a un momento crucial.

Para acometer todos estos procesos, la negociación colectiva y la acción sindical son una instancia fundamental. Las brechas de desigualdad y empobrecimiento que siguen existiendo de forma dramática en nuestra sociedad deben ser corregidas. Y eso no depende en exclusiva de los salarios (también es necesaria la fiscalidad, el desarrollo de un Estado protector de nuevas necesidades sociales como los cuidados, además de la sanidad, la educación, la vejez, etc.), pero sí depende en gran parte de los salarios. Y este AENC puede y debe suponer un punto de inflexión en la recuperación salarial.

Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios. Es difícil hacer una síntesis más clara de las prioridades sindicales en este 1º de Mayo

Debemos contextualizar correctamente lo sucedido en el último año y medio para hacer un diagnóstico correcto y prescribir las medidas idóneas para el interés general de España. En opinión de CCOO, estas medidas pasan por no empobrecer a la clase trabajadora, luchar contra la desigualdad, promover el crecimiento del empleo y favorecer la transformación de nuestro modelo económico aprovechando las oportunidades que los fondos de recuperación europeos nos ofrecen. 

A pesar de que España ha conseguido reducir de forma importante la inflación tras la aplicación de la llamada “excepción ibérica” y sus efectos sobre la contención de precios energéticos, muchos de los productos básicos para los hogares siguen en niveles disparatados. A la vez, una buena parte de las personas trabajadoras de nuestro país sufren una importante merma de sus salarios reales, porque los sueldos suben de media bastante menos que la inflación. 

La inflación es una termita que erosiona el poder de compra de los salarios de una forma silenciosa pero constante. Por ello, corregir esta situación es la gran prioridad sindical para este año 2023. Baste este dato: la media de bases de cotización en el régimen general de la Seguridad Social ha sido en 2022 un 15,5% superior a la que había en enero de 2018. Un dato que en otro contexto económico hubiera sido una garantía de incremento del poder de compra de los salarios, en este momento queda muy limitado por el efecto de los precios, que recordemos que solo en 2022 aumentaron de media por encima del 8% y en tasa interanual el 5,7%.

Hay que entender las características de este proceso inflacionista. España, como otros países, sufre una inflación de costes provocada en un primer momento por los efectos de la reactivación económica tras la pandemia y sobre todo de la invasión rusa de Ucrania. Precios energéticos, de materias primas y de alimentos, que impactaron en todos los agentes económicos, incrementando costes de una forma intensa y rápida. Ante este desafío global, las empresas españolas reaccionaron imputando estos incrementos de costes a los precios al consumo. No de forma simétrica, claro. Son sobre todo los agentes económicos con mayor poder de mercado y con capacidad para determinar precios al resto de actores sociales (empresariales, consumidores, etc.), los que han provocado ese crecimiento de los precios. Y lo han hecho además para salvaguardar sus márgenes empresariales, como ponen de manifiesto los datos de la Agencia Tributaria, y como también apuntan instancias tan poco sospechosas como el Banco Central Europeo. En definitiva, se puede afirmar que el incremento de los costes se ha trasladado a las y los consumidores para salvar los beneficios empresariales. 

Ante este escenario, los sindicatos queremos cerrar el círculo de distribución de rentas a través de la negociación colectiva, tras una secuencia de acuerdos y éxitos importantes. Hoy en España, y en un contexto de alta inflación, más de 10 millones de pensionistas, más de dos millones de perceptores del salario mínimo, tres millones de empleadas y empleados públicos, y la parte más organizada de la clase trabajadora, han visto protegidos sus ingresos reales. Los datos de convenios registrados en 2022 nos dicen que 2.734.119 personas (el 30% de las que tenían su convenio renovado y vigente) han tenido incrementos salariales prácticamente del 5%.

Por su parte el Gobierno planteó la necesidad de avanzar en un pacto de rentas hace algo más de un año. Aunque creemos que el Gobierno no supo liderar ese pacto, realmente la imposibilidad de avanzar por esa vía fue responsabilidad principalmente de las organizaciones empresariales. Durante la pandemia la distribución de los costes de la crisis se repartió de forma más equitativa que nunca y los resultados fueron los mejores en términos de empleo. En cambio tras la invasión de Ucrania se trataba de repartir el impacto del aumento de costes entre excedente empresarial, salarios y recursos públicos. Y CEOE se borró de la ecuación en un ejercicio de irresponsabilidad con su país que hoy queremos volver a denunciar. 

Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que el Gobierno ha ido tomando medidas en su competencia que han amortiguado una parte del impacto de la inflación —en nuestra opinión, de forma insuficiente y a veces poco eficaz, como demuestra el escaso efecto de la bajada del IVA— se antoja como una prioridad un acuerdo salarial que permita recuperar el poder de compra de millones de hogares en España. No hacerlo así puede abocar —así lo vamos a intentar desde los sindicatos— a un escenario de creciente conflictividad laboral que trataremos que tome contundencia recurriendo a la movilización y la huelga. 

Asimismo, hemos solicitado al Gobierno que facilite un indicador público para conocer los beneficios de las empresas de cada uno de los convenios colectivos sectoriales que se negocian. En caso de no llegar a un acuerdo salarial de carácter general, instaremos al Gobierno a actuar desde la política fiscal para transferir el exceso de beneficios empresariales a la población más necesitada en este contexto de inflación. 

En opinión del sindicato, CEOE debiera hacer la lectura sobre el escenario que se puede abrir en un contexto de incertidumbre política en pleno ciclo electoral, con el despliegue de los recursos europeos y por tanto decisiones estratégicas de inversión privada y pública. ¿De verdad quiere afrontar una negociación colectiva con más de mil convenios a negociar con una clase trabajadora que tenga pérdidas de poder adquisitivo acumulado de más del 10%? Si este año no hay AENC, el instrumento se puede dar por enterrado. Ahora y en el futuro. Dar por amortizada la legislatura a la espera de un cambio de ciclo político y situarse en los márgenes de la negociación, esperando como un Don Tancredo que todo pase, no ha sido lo más acertado para sus intereses en pensiones o en el salario mínimo interprofesional.

En los próximos años España tiene por delante un reto decisivo, puesto que por primera vez puede afrontar un momento de transiciones acumuladas —digital y energética— en una posición no estrictamente periférica. Sería una irresponsabilidad afrontar ese escenario con un marco de diálogo social empantanado e impracticable por la avaricia de los peores proyectos empresariales, en un país donde se incrementen las desigualdades y se siga apostando por los bajos salarios como fórmula de competitividad y ganancia perversa de productividad. CEOE sabrá dónde quiere ir, si bien instamos una vez más a la organización empresarial a retomar una negociación posible para llegar a un acuerdo salarial que evite ese escenario.

Hay que tener presente que una parte muy sustancial del país sufre el rigor de los precios, la falta de empleo, el encarecimiento de las hipotecas, la imposibilidad de hacer frente al coste de un alquiler. Esa España que ve reducido su nivel de vida en los últimos tiempos tiene motivos para movilizarse. Por los salarios. Por la contención de los precios. Por la distribución de los beneficios empresariales. Os esperamos este 1º de Mayo en más de 70 manifestaciones por toda España.

“El aumento de los precios de la energía tiene un efecto sobre la cesta de la compra de los hogares que se encarece y se suele denominar efecto de primera ronda. A éste le pueden seguir efectos indirectos que incrementan la inflación, como que las empresas no energéticas trasladen a precios finales el alza de sus mayores costes energéticos o que los trabajadores exijan mayores aumentos salariales para mantener su poder de compra. Esos efectos indirectos del alza de los precios de las energías sobre el índice general de precios son denominados efectos de segunda ronda. La tasa de inflación general refleja los efectos de primera y segunda ronda, mientras que la tasa de inflación subyacente es un indicador útil de los de segunda, al eliminar los efectos directos del aumento del precio de la energía y de los alimentos no elaborados”.

De esta forma pedagógica se expresaba Ben Bernanke, entonces presidente de la Reserva Federal de EEUU, hace más de una década. Desde esta premisa de un hombre no precisamente de izquierdas, podemos analizar la actual inflación que sufre nuestro país, y su relación con los salarios y los excedentes empresariales.

Empiezo por la conclusión. La inflación actual que sufre España no tiene nada que ver con los salarios. Son precisamente las y los trabajadores que vivimos de nuestros salario quienes la sufrimos. Tienen que ver con la imputación de los incrementos de “costes de la guerra” a los precios finales con los que las empresas tratan de salvar sus márgenes y beneficios. Esta dinámica debe corregirse mejorando salarios a costa de beneficios empresariales y no de precios. En otro caso, nuestro país será más pobre, más desigual y corre riesgo de instalarse en un escenario de crecimiento débil e inflación alta. Para enfrentar esta situación la negociación colectiva, el salario mínimo interprofesional, el control de precios y la política fiscal deben emplearse hasta donde haga falta.

España, como el resto de países de nuestro entorno, padece una inflación sin precedente en las últimas décadas. En este momento la inflación general se sitúa en un escandaloso 10,4% interanual. La subyacente en un altísimo 6,4%.

Este último dato nos da una pista muy relevante. Y es que las empresas están repercutiendo una buena parte de los costes que sufren a precios al consumo. Esos costes tienen que ver con los precios energéticos, de las materias primas y de los alimentos, todos estos factores relacionados con la guerra en Ucrania y las medidas sancionadoras que se han adoptado. Otros factores como los problemas en las cadenas de suministro, los precios de los microchips o los precios de los portes y los contenedores, también han tenido efectos inflacionistas (sin ir más lejos en la inflación previa a la guerra), pero ahora tienen una menor relevancia respecto a las consecuencias del conflicto bélico.

Siendo esto así, ¿por qué tanto énfasis en la alerta sobre los efectos inflacionarios de los salarios, cuando estos nada tienen que ver con el actual alza de precios? Como siempre, no es difícil intuir que quien plantea la prioridad de las preguntas, está queriendo manejar la narrativa y el orden de importancia de las respuestas.

El año 2021 concluyó con una pérdida de poder adquisitivo de los salarios negociados del 1,3%, producto del fuerte repunte de precios de los últimos cuatro meses del año. En lo que vamos de 2022 el poder adquisitivo de los trabajadores/as cubiertos por la negociación colectiva ha caído un 6,7%, y además hay una parte importante de convenios colectivos cuya renovación está bloqueada. 

El riesgo en España no es que los salarios impulsen una espiral inflacionista. El riesgo en España es que una devaluación salarial deprima la demanda interna, incremente la desigualdad y la pobreza, agrave la situación económica, y a la vez las empresas mantengan amplios márgenes y beneficios, así como los repartos de dividendos sin bajar precios. En definitiva que se consolide una situación de inflación y crecimiento bajo. 

Si alguien requiere de algún dato al respecto, aquí va alguno. Los salarios pactados en convenio colectivo suben al 2,56% (muchos vienen acordados desde antes del incremento de precios de otoño de 2021) mientras la inflación supera los dos dígitos desde hace algunos meses.

En estos últimos años se ha producido un fuerte aumento de los márgenes de beneficio empresarial por unidad producida. Sobre todo en algunas ramas de actividad. Ese margen es lo que gana una empresa una vez descontados sus costes (energéticos, materias primas, salarios, etc.) por unidad producida (un litro de gasolina, una moto, un billete de viaje o un metro cúbico de gas).

Pues bien, las empresas en nuestro país acumulan importantes reservas desde 2016, año que su nivel de endeudamiento se situó por debajo del europeo. Desde entonces y hasta 2021 las empresas no financieras acumularon 211.000 millones en reservas, derivadas a la economía financiera, y por tanto sin repercutir en una mejora de la economía real.

Los sectores energéticos han incrementado sus márgenes de beneficio por unidad producida en un 60% en el último año (46,5% en la Eurozona). También han visto ampliamente mejorados sus márgenes los sectores financieros y los manufactureros (estos últimos el 7,4% frente al 1,3% de la Eurozona según datos de Eurostat). A nadie se le escapa el incremento de precios en los sectores de la hostelería hasta el 45,4% en el último año según el IPC.

Es primordial evitar la espiral de precios, pero también el hundimiento del poder de compra de los hogares. Por eso la posición sindical en la mesa de negociación salarial pasaba por incrementos asumibles al inicio de cada uno de los años 2022-23-24, eso si acompañados de una clausula de revisión salarial. Esta clausula operaría al final de cada uno de los años en un porcentaje, y al final de 2024 en otro porcentaje. De esta manera conseguíamos incrementos salariales paulatinos que evitasen incidir en una inflación de segunda ronda, y mantener el poder de compra de los salarios a lo largo del ciclo económico, teniendo en cuenta que en los próximos años es previsible que baje la inflación. Para que esta idea prospere tiene que haber una contención de los beneficios y del reparto de dividendos. La negativa de CEOE es lo que ha motivado la estrategia de endurecimiento de la negociación colectiva (incremento del 20% de las huelgas), y la próxima convocatoria de movilización sindical.

El diálogo social tripartito y bipartito, ha dado importantes réditos a nuestro país. Lo ocurrido en los últimos dos años es prueba palpable de ello. Pero para que el diálogo social dé resultado es necesaria la corresponsabilidad. Esa que brilló con luz propia en la pandemia, pero que ahora brilla por su ausencia ante la actitud patronal. Desde CCOO emplazamos a CEOE y CEPYME a recuperar una negociación fructífera que derive criterios sobre incrementos salariales a los cientos de convenios por negociar en nuestro país. También al Gobierno, a que utilice todas las herramientas a su disposición en materia fiscal y materia de precios, para garantizar un reparto equitativo de los costes de la inflación. La clase trabajadora no puede volver a ser la pagana de una crisis de precios que ni remotamente ha provocado.

No se trata de recopilar con profusión datos para atestiguar que España tiene un problema de bajos salarios. Los salarios medios (unos 26.800 euros anuales) o los salarios más frecuentes en nuestro país (por debajo de los 19.000) dan cuenta de ello.

Es verdad que estos resultados medios tienen oscilaciones en función del sector y del tipo de empresa en la que se trabaja, y que existen variaciones territoriales, que habría que poner en relación también con los distintos costes de la vida que se dan a lo largo y ancho de un territorio grande como el nuestro, en términos comparados dentro de la UE. Pero es indiscutible que en un país de salarios bajos, los efectos de una inflación disparatada como la que actualmente sufrimos justifican la insatisfacción de millones de personas trabajadoras con unos ingresos que apenas sirven para cubrir las necesidades vitales básicas. Este problema salarial, a grandes rasgos, viene derivado de diferentes cuestiones.

La primera es la composición de nuestro tejido productivo, con un paulatino deterioro de sectores que históricamente contaban con mejores remuneraciones, por un lado, y el excesivo peso de otros sectores cuya productividad se fundamenta en un ajuste de costes donde el salarial es determinante para la rentabilidad empresarial (de un tejido de empresas de escasa dimensión, no lo olvidemos, en comparación con un país como Alemania).

Esta dinámica no es ajena al proceso de descentralización productiva entendido como un método empresarial para deshacerse de responsabilidades y costes. Es decir, trabajar en lo que se denomina un sector de servicios de bajo valor añadido y con bajos salarios es compatible con que esa actividad laboral esté inmersa en una cadena de valor que proporciona beneficios y rentabilidades altas a las empresas, solo que a veces la externalización de la actividad es una forma de “apretar las tuercas” de unas empresas a otras, y de estas a la clase trabajadora.

Recientemente hemos conocido la voluntad de empresas de reparto como Glovo o Uber Eats de declararse en rebeldía contra la legalidad vigente. No hace tanto el alcalde de Madrid se amparaba en la subcontratación de la actividad de la limpieza viaria de la capital para eximirse de cualquier responsabilidad sobre la muerte de trabajadores por golpes de calor (dicho sea de paso, apenas unas semanas antes del súbito interés instalado en el PP por las temperaturas laborales, tras el decreto de ahorro energético…).  

La segunda razón que explica los bajos salarios es la alta tasa de paro que sufre históricamente España. Un lastre para las reivindicaciones salariales, pues las empresas cuentan con la posibilidad de sustituir trabajadores con mejores salarios por otros con menores retribuciones con demasiada facilidad, y porque el riesgo del desempleo es un disciplinante reivindicativo importante.

En tercer lugar, la apuesta competitiva del modelo económico español en el proceso de integración europeo, y luego de integración económica mundial, fue la de los bajos salarios y la precarización de la contratación, en un mal entendido concepto de flexibilidad externa. Nuestros desequilibrios productivos, con menor presencia de la deseable de sectores transformadores y exportadores, han generado una excesiva dependencia de sectores volátiles –ligados a burbujas de sobreendeudamiento– y sectores económicos más especializados en modificar precios y en capturar rentas que en transformar bienes y servicios generando valor añadido.

La cuarta variable sería la dispar densidad sindical que existe en función de empresas y sectores. Cualquiera de los problemas anteriormente citados cuenta con diferencias sustanciales en las condiciones salariales dependiendo del grado de organización de las y los trabajadores. Esta variable se suele obviar en todos los análisis y, sin embargo, es tan decisiva como el resto. En situaciones productivas similares, la distribución de los salarios es más favorable para la clase trabajadora allí donde aparece sindicalmente organizada.

Desde esta situación descrita muy grosso modo, no es extraño que fenómenos como la “gran dimisión” que recientemente se daba en EEUU (millones de personas trabajadoras renuncian a sus puestos de trabajo por la insatisfacción con sus sueldos y demás condiciones de trabajo) no hayan tenido reflejo en España, y que cuando se dan situaciones puntuales en las que surgen dificultades para encontrar “mano de obra” (el campo o la hostelería), se genere una alarma empresarial con amplio eco mediático. Casi siempre para poner el foco donde no se debe, porque la dificultad de encontrar quien cubra esos puestos tiene que ver con las condiciones que se ofertan, particularmente con los bajos salarios, las jornadas interminables y la nula expectativa vital sobre la continuidad de tales empleos.

Pero estos ejemplos son limitados. En España existe un deseo de parte significativa de las personas trabajadoras de cambiar de puesto de trabajo para obtener mejores salarios, pero eso no quiere decir que tal deseo se suela materializar con facilidad. Creo haberle escuchado decir –con acierto– al presidente del CES, Antón Costas, que las malas empresas no pueden generar buenas condiciones laborales (o algo similar, si yerro en la cita pido disculpas por adelantado). Yo enfatizaría que las malas condiciones de trabajo y de salario son un incentivo a las malas empresas y retroalimentan un círculo vicioso que lastra la calidad del empleo, pero también la productividad positiva (la productividad es como el colesterol, la hay buena y mala en función de en qué se base) y las condiciones de competencia leal entre las propias empresas.

Por todo ello España debe modificar el sistema de incentivos económicos. En parte lo hemos hecho a través de una reforma laboral que debiera cambiar el patrón de contratación en España, convirtiendo la estabilidad en el contrato en la norma, incluso ligada a la actividad estacional; también parcialmente a través de una mejor regulación de la subcontratación, aunque solo en sus aspectos más extremos, como fue eliminar la prevalencia salarial del convenio de empresa –auténtica invitación a la competencia desleal–; de forma iniciática respecto a la economía de plataforma, que reconoce la presunción de la laboralidad de los riders pero que tiene que extenderse al conjunto de actividades, pues el fetiche digital de la plataforma como “razón” para cuestionar el trabajo dependiente es un caballo de Troya para el propio derecho laboral.

Estabilizar la contratación e internalizar responsabilidades en las cadenas de valor, después de las décadas de orgía des-regulacionista, se antoja como necesario para promover una subida de los salarios e impulsar los mejores proyectos empresariales.

Además, la subida del SMI y el desarrollo de rentas de garantía de ingresos deben servir para aquello que por desgracia no sirven, aunque determinado empresariado se queje de ello: para desincentivar trabajar en cualquier condición, bajo cualquier salario. No se trata de fomentar una sociedad que “viva de paguitas” (como cínicamente suelen decir los que viven de pagazas —de ellos/as, familiares, conocidos y saludados…—), sino de una sociedad en que la actividad económica no se base en la necesidad extrema de amplias capas de la población, sino de proyectos productivos que se rentabilicen en base a mejores formas de trabajo, estabilidad en sus plantillas, inversión, investigación y desarrollo aplicados, formación permanente, etc.

15 de marzo de 1977: militantes de unas aún clandestinas Comisiones Obreras de la fábrica de Uralita de Sevilla desafían la represión de una moribunda dictadura con una rueda de prensa en la que denuncian los efectos letales del amianto con el que trabajan a diario. 14 de diciembre de 2001: el Boletín Oficial del Estado publica la Orden Ministerial que prohíbe en España el uso de cualquier variedad de amianto que se hace efectiva a partir de junio de 2002.

Entre ambas fechas media un cuarto de siglo en el que los diferentes gobiernos de nuestro país, al igual que venían haciendo los gobiernos franquistas, permitieron que la población laboral y la población en general se vieran expuestas a un cancerígeno agresivo aun a sabiendas del coste en salud y vidas que suponía. Y todo ello para garantizar las ganancias de unas empresas que lucraron comerciando con este asesino silencioso.

2 de mayo de 2022: en un Juzgado de lo Social de Ciudad Real se celebra el juicio contra la antigua Uralita por el fallecimiento por mesotelioma pleural de uno de los extrabajadores de su factoría de Alcázar de San Juan. La única causa posible del mesotelioma que le mató son las fibras de amianto que inhaló mientras trabajaba. Sin embargo, el abogado de CCOO que presta sus servicios a la familia tiene dudas de la posibilidad de cobrar una posible indemnización porque la empresa sucesora de Uralita es una sociedad en liquidación tras un concurso de acreedores.

Soy vasco, de Bizkaia, un territorio con alta presencia industrial en el que el amianto formaba parte del paisaje. Y todavía sigue haciéndolo. En mis años como secretario de CCOO de Euskadi tuve contacto directo con decenas de víctimas del amianto a las que el sindicato daba asesoría y cobertura legal en sus reclamaciones. Viví en primera persona el calvario al que se ven sometidas en un peregrinaje de solicitudes administrativas, litigios y recursos judiciales interpuestos por las empresas, las Mutuas e incluso el propio Instituto Nacional de Seguridad Social. A la lógica incertidumbre se le une un retraso de años que supone que la sentencia firme y la indemnización suela llegar tras la muerte de la persona afectada. Y eso cuando todavía existe la empresa donde se produjo la exposición o se puede establecer la sucesión de empresas. Cuando la empresa ya no existe, cuando la exposición tiene un origen ambiental, o en los casos de las mujeres que lavaban la ropa de trabajo de sus maridos y terminaron enfermando, el resarcimiento por los daños está seriamente comprometido.

Para evitar esta injusticia social, Francia creó hace dos décadas un fondo de compensación a las víctimas del amianto, un organismo público que indemniza a las personas enfermas y a las familias de las fallecidas, y que se financia por aportaciones en los presupuestos del Estado, por fondos de Seguridad Social y por las indemnizaciones obtenidas a través de la subrogación del derecho a litigar a favor del Fondo. A su imagen y semejanza se crearon fondos de compensación en Bélgica y Países Bajos. El Parlamento Vasco (con votos de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos) aprobó una proposición de Ley para su creación, que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Los sindicatos y las asociaciones de víctimas del amianto creíamos que estábamos cerca de que saliera adelante un Fondo que veníamos reclamando desde hace muchos años. Pero en la recta final de su tramitación nos hemos encontrado con unas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que vulneran el espíritu de la proposición de Ley del Parlamento Vasco. Ubican el fondo en el IMSERSO, en lugar del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y, sobre todo, impiden la financiación con fondos de Seguridad Social. De salir aprobado el Fondo con un modelo insuficiente de financiación como el que se propone en las enmiendas, nos veríamos abocados a un instrumento inoperante que no podría cumplir con el objetivo de resarcir al conjunto de las víctimas.

Las víctimas del amianto ya han padecido demasiadas injusticias y el terreno que hasta ahora han ido ganando en el ámbito judicial lo ha sido por su movilización y su lucha en los tribunales. Estas conquistas, fruto de una lucha de años, sufrirían un enorme retroceso de prosperar las enmiendas citadas. El Estado y la sociedad en su conjunto tenemos contraída una deuda con unos compatriotas que jamás deberían haber enfermado. Ha llegado la hora de saldarla. No podemos fallarles y mucho menos el actual Gobierno.

Se ha generado una enorme polémica en torno a la negociación de la reforma laboral. La materia es de suma importancia y son muchos los intereses económicos relacionados con el modo en que se regulan las relaciones laborales. No olvidemos que la última gran reforma laboral facilitó una intensa devaluación salarial que se concretó en una pérdida de capacidad de compra de los sueldos (sobre todo los más bajos), mientras se recuperaban los beneficios empresariales así como los dividendos a los accionistas y bonistas de las empresas. La reforma laboral fue una causa del incremento de la desigualdad o del fenómeno del “trabajador pobre” que sufre nuestro país.

Sería bueno bajar los decibelios de la polémica cuanto antes y centrarse en las cosas sustanciales: la necesidad de modificar la reforma laboral de 2012 y sustituirla por una legislación laboral más equilibrada, justa y eficaz, que además debe ser parte central del contrato social para el siglo XXI que necesita España.

CCOO tiene el máximo interés en que las posiciones de las partes negociadoras en los marcos de diálogo social sean coherentes y fiables. Desde este punto de vista, que la posición del Gobierno sea colegiada dentro del mismo (que no lo olvidemos, es de coalición por primera vez desde la II República) no solo es deseable, sino que es decisiva para la buena marcha de las negociaciones y la hipótesis de un acuerdo. Y no me refiero en exclusiva a cuestiones laborales, sino a otras como las pensiones o la formación profesional.

Los éxitos que el marco del diálogo social ha acumulado en la gestión de la pandemia le hacen merecedor de la confianza para continuar por la senda de negociación que veníamos impulsando entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales. El diálogo social ha sido el contrapunto a la polarización política y valdría la pena ser cuidadosos y respetuosos con lo que ha funcionado y ha contribuido a salvaguardar más de tres millones de puestos de trabajo en la peor crisis económica conocida en tiempos de paz.

De igual manera, CCOO no tienen ningún problema en reafirmar que sería deseable que la superación de la reforma laboral del PP fuera producto de un acuerdo tripartito. Las reformas pactadas son más estables y duran más en el tiempo. Eso sí, sin olvidar que tal cosa no ocurrió en aquel año 2012 donde en pleno éxtasis de las políticas de austeridad, el Gobierno Rajoy impulsó unilateralmente una reforma muy lesiva para los derechos de la clase trabajadora.

Pero una cosa es preferir el acuerdo tripartito y otra bien distinta otorgar derecho de veto a CEOE. Es más, incidir en que la reforma tiene que salir "sí o sí" con acuerdo tripartito es poner piedras en el camino del tal acuerdo, pues si las organizaciones empresariales se sienten con capacidad de bloqueo, bloquearán. A fin de cuentas la reforma Báñez otorgó un enorme poder al empresariado (para contratar precario, despedir con libertad y modificar a la baja las condiciones de trabajo), poder del que tienen muy poco interés en desprenderse.

Pero más allá de estas consideraciones aquí lo relevante es bajar de las musas al teatro y concretar exactamente de qué hablamos. Para CCOO la negociación de la reforma laboral entraría en una grave crisis si de pronto se cuestionasen las propuestas "de parte" que en este caso el Gobierno ha llevado a la mesa. Es la tercera vez que negociamos esta reforma. La primera siendo ministra Magdalena Valerio, la segunda ocupando la cartera Yolanda Díaz (antes de la pandemia), y la tercera en estos últimos meses.

La negociación en materias de negociación colectiva están muy avanzadas. Hay que evitar que los convenios de empresa en nuestro país puedan reducir los salarios de los convenios sectoriales. Esto es un foco de empobrecimiento, precarización del empleo y competencia desleal entre empresas del que este Gobierno no se puede hacer corresponsable.

La reforma laboral no es una abstracción. Son los salarios de las camareras de piso, (o de la logística, o de la ayuda domiciliaria) obligadas -para acceder a un salario escaso- a cargas de trabajo que hacen que un porcentaje altísimo de ellas estén automedicadas. Como estas, existen otras medidas (ultraactividad, subcontratación…) que ya tuvimos muy ultimadas en las anteriores negociaciones y que CCOO no va a admitir que sean revisadas porque entonces también nuestro sindicato revisaría las suyas en esta y otras mesas de negociación abiertas. Más allá del ruido, tenemos confianza en que esta opción no se produzca y las negociaciones puedan seguir su marcha.

En materia de contratación la negociación está menos madura. Y hay márgenes para abordar cómo reducir drásticamente las tasas de temporalidad que sufrimos (las más altas de Europa) y a la vez buscar una fórmula alternativa a los despidos, donde la experiencia de los ERTE nos han enseñado que a través de adaptaciones temporales de jornada (con el posible apoyo de recursos públicos) se pueden evitar que las empresas resuelvan los cambios de ciclo a través de extinciones de contratos. Europeizar en este sentido el modelo laboral español sería una gran noticia para mejorar las condiciones de trabajo y vida de millones de personas, y a la vez, mejorar las pautas con las que las empresas mejoran su productividad.

En el marco de la canalización de los fondos de recuperación europeos para España, de la traída y llevada transición ecológica, o en el proceso de aplicación de nuevas tecnologías digitales a las formas de producir bienes y servicios, sobra un marco laboral pensado para la devaluación interna de nuestro país; un modelo laboral de “usar y tirar” dominado por la temporalidad, la rotación laboral y los bajos salarios.

Así lo entiende la Comisión Europea que, lejos de la condicionalidad de la anterior crisis, ha aceptado el componente sobre mercado laboral que envió el Gobierno de España, y que nos presentó un amplio equipo ministerial liderado por la vicepresidenta primera Nadia Calviño. En tal componente remitido a Bruselas no hay ningún elemento contradictorio con lo que estamos negociando en materia laboral.

Además de estas valoraciones conviene hacer un llamamiento a la calma y al tino político. Nuestro país atraviesa un momento sumamente delicado con incertidumbres económicas globales, encarecimiento de los precios energéticos y problemas en las cadenas de suministros internacionales, en el que la estabilidad política es necesaria. Descartado cualquier escenario de colaboración de una oposición de derecha y de extrema derecha que aboga abiertamente por el final de la legislatura y parece seguir cuestionando la legitimidad del Gobierno, hay que ser prudentes y continuar con la agenda social que requiere España.

Desde CCOO, siempre previa puesta en común y desde la unidad de acción con la UGT, iremos escalando un proceso de movilización ante la posibilidad de que las reformas pendientes se bloqueen. Pero confiamos en que el sentido de la responsabilidad que debe imperar en el Gobierno propicie lo que llevamos años persiguiendo desde las dos huelgas generales que le hicimos a la vigente reforma laboral.

Hace unas semanas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentaba las líneas generales de su propuesta para reformar el sistema de cotización de los trabajadores y trabajadoras autónomas, en un momento en que –inmersos ya en la segunda ola de la Covid-19 y en una grave crisis económica– quizás más consciente es el conjunto de la sociedad de la importancia de contar con un Estado del Bienestar fuerte. Y es que, todavía, muchos trabajadores y trabajadoras autónomas por cuenta propia permanecen en los márgenes de la protección social y los derechos laborales, con merma de protección social pública en todos los casos y un tratamiento injusto para este colectivo y para el conjunto de la Seguridad Social. Por eso, no se entendería que el Gobierno se quedara a medias en este avance y, como prevé Escrivá, dejase fuera de la reforma a los llamados autónomos societarios y a los colaboradores, creando autónomos de primera y de segunda.

El sistema actual de cotización de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social se basa en las llamadas “bases de cotización” que permiten, a partir de una base mínima fijada, elegir voluntariamente cuánto pagan a la Seguridad Social. Esto significa que quien ingresa unos rendimientos netos superiores a los 60.000 euros puede elegir pagar la misma que quien difícilmente llega a unos ingresos equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De hecho, en la práctica, según los datos de Seguridad Social, el 85% de los autónomos aporta al sistema por la base mínima, y sólo un 14% paga cuotas superiores.

Es una anomalía en Europa que ha producido, por un lado, que quienes lo están pasando mal tengan que asumir, en cualquier circunstancia, una cuota mínima mensual cercana a los 300 euros; y que los que ganan más simplemente no aporten lo suficiente. No solo es injusto, sino que además ha determinado que la protección sea precaria e insuficiente, como consecuencia de este sistema de cotización: los autónomos cobran pensiones de media un 41% inferiores a las de los asalariados, su acceso a las bajas por incapacidad temporal o permisos de maternidad y paternidad, es muy difícil por la pérdida de renta que significa en muchos casos y, finalmente soportan una prestación fallida por cese de actividad (salvo de forma transitoria durante la actual pandemia en que, por primera vez, han podido ser incluidos en el esfuerzo colectivo de la sociedad española para preservar y salvar empleos, si bien muchos han cobrado, también aquí, prestaciones extraordinarias de baja cuantía porque éstas se calculan de acuerdo a la base cotizada).

Por no hablar de la atracción que supone para muchas empresas un modelo de ejercicio de la actividad que no genera obligaciones ni laborales ni sociales, lo que favorece la proliferación del falso trabajo autónomo.

La reforma que prevé el Gobierno sale al encuentro, en su espíritu, de una reivindicación histórica de CCOO, UATAE y de los trabajadores autónomos –la de la justicia y solidaridad contributivas– y de lo acordado en la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, donde de manera recurrente –la última vez, en las Recomendaciones recientemente aprobadas– se ha venido incluyendo la recomendación de caminar hacia la convergencia entre los diferentes regímenes de la Seguridad Social y a la actualización de las bases y los períodos de cotización. Se trata además de un compromiso programático de investidura del actual gobierno de coalición y es coincidente con las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

Las organizaciones a quienes representamos ya planteamos en 2018 una propuesta en términos similares en la que lo más importante es que cada persona cotice al menos por sus ingresos reales, sean estos inferiores o superiores a la base mínima actual de cotización, con fórmulas que garanticen a la Seguridad Social los ingresos equivalentes a la existencia de la base mínima de cotización, mejorando en el agregado sus ingresos totales, evitando comportamientos estratégicos y configurando una Seguridad Social con una cotización más justa y el resultado de un sistema más solvente para afrontar una mejora de las coberturas sociales de todas las personas con trabajo autónomo.

Es precisamente esta misma lógica la que nos lleva a la sorpresa ante la intención del ministro Escrivá de dejar fuera de la reforma a los llamados autónomos societarios –que desarrollan su actividad como socios de empresas mercantiles– y los denominados colaboradores –familiares directos de otra persona autónoma titular con la que trabajan–. Entre estos últimos, hay muchas y muchos de los autónomos con menores ingresos, que deberían poder beneficiarse también de una cuota más reducida, y, en cambio, entre los societarios, se concentran muchos de quienes tienen altos rendimientos netos, y por tanto, deberían contribuir en mayor medida.

No hay ninguna explicación técnica –Hacienda tiene, lógicamente, los datos de los ingresos declarados de todos los trabajadores autónomos– que impida incluirlos en la reforma, y sin embargo esta intención supone romper con los principios de igualdad, contributividad y solidaridad que deben regir la Seguridad Social. Con esta inexplicable excepción, en fin, se apuntala la injusta situación actual, se discrimina a determinados autónomos por su condición y se camina en la dirección opuesta a la de la convergencia de los regímenes de la Seguridad Social, puesto que los autónomos pasarán de hecho de tener un sistema a tener dos.

El Gobierno se ha comprometido a negociar, con organizaciones sindicales y empresariales sobre el conjunto del sistema de Seguridad Social, en el marco del desarrollo normalizado del Pacto de Toledo, así como con las organizaciones de autónomos, para que el nuevo sistema esté en condiciones de empezar a implementarse en enero de 2021, con un calendario de aplicación progresiva que debería acabar suponiendo dilaciones innecesarias.

UATAE y CCOO esperamos que las expectativas creadas no se frustren por un empeño en mantener al margen de la justicia contributiva, en términos fiscales y de Seguridad Social, a ningún autónomo, respondiendo a presiones inaceptables. No dejemos a medias ni aplacemos para mañana lo que debería ser una realidad desde hace mucho tiempo. El momento es ahora.

Ralentización y riesgo de recesión

Es conocido que las disputas arancelarias y comerciales entre EEUU y China, más las incertidumbres relacionadas con los efectos del Brexit, están ralentizando el comercio mundial. Las exportaciones vienen cayendo en el conjunto de países del G-20 desde el primer trimestre del año, incluso en términos nominales (sin descontar la variación de precios). Ni más ni menos que un 3% al final del segundo trimestre de 2019.

Este impacto afecta de forma más acusada en un primer momento a las economías más orientadas a la exportación. En Europa, la alemana –las exportaciones representan un 47,4% de su PIB– o la holandesa –un 84%– están entrando en recesión técnica este trimestre. Si lo mismo sucediese en Italia –por razones distintas– y esta situación se prolongase, acabaría afectando al conjunto de la zona euro, también a España, con un riesgo de que la actual ralentización se convierta en recesión, sobre todo si no se toman las políticas económicas adecuadas.

Por ello, las “recetas” a aplicar ante esta hipótesis deben ser sustancialmente distintas a las que se emplearon para enfrentar la crisis a partir de 2010, y cuyos efectos en términos de desigualdad social y retraso en el crecimiento económico aún estamos padeciendo.

Poco que ver con la situación de 2010

La situación económica de España tiene poco que ver con aquella que llevó al volantazo de Rodríguez Zapatero en 2010, –“cueste lo que cueste, y me cueste lo que me cueste”– cuando inauguró el lustro del austericidio promovido desde los poderes centrales europeos.

España sufría entonces profundos desequilibrios que agravaron los efectos de la crisis financiera y la recesión internacional. Nuestro país tenía un déficit exterior que llegó a situarse en el 9,4% del PIB, compensado con un enorme proceso de endeudamiento en gran parte ligado a la burbuja de precios inmobiliarios, lo que desequilibró nuestra estructura productiva, afectando a entidades financieras, familias y empresas no financieras. El nivel de endeudamiento de todos los sectores privados de nuestra economía era altísimo y financiaba una demanda interna y unos ingresos fiscales que se sostenían sobre pies de barro.

Pese a tener unos niveles de deuda pública bajísimos –en 2007 un 35,8% del PIB– y un superávit en las cuentas públicas del 1,9%, el deterioro de la burbuja fue de tal calibre y la debilidad de nuestro sistema fiscal tan patente, que pasamos a un déficit público del 11,3% en apenas dos años y un incremento constante de la deuda pública hasta el entorno del 100% del PIB en la actualidad.

Transferencia de renta y medidas estructurales

Ante esta situación, se promovió una devaluación interna que supuso una ingente transferencia de recursos a las empresas y a las entidades financieras. Hoy el sector privado en España ha reducido su nivel de endeudamiento consolidado en 579 mil millones de euros –del 204% al 134% del PIB–.

El resto de desequilibrios también han sido reconducidos con un déficit público algo por encima del 2% y un saldo exterior mucho más positivo, incluso en este momento de ralentización del comercio mundial.

Pero todo este proceso de ajuste se ha hecho consolidando una serie de medidas y reformas que están provocando una desigualdad estructural en nuestro país. La precarización del empleo, con las tasas de temporalidad más altas de Europa, o la gran dificultad que estamos teniendo para incrementar los salarios, son consecuencia de unas políticas laborales y fiscales al servicio de la devaluación interna del periodo 2010-14.

Corregir el austericidio

Hoy este paquete de reformas –laboral, pensiones, desempleo– debe ser corregido por justicia social y eficacia económica, ya que las consecuencias de operar con las mismas en un periodo en el que no necesitamos devaluación, sino que nuestra demanda interna compense la ralentización global, son evidentes. No es que lo diga CCOO. Es que el propio Gobierno en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, prevé que la demanda interna aportará el 71% del crecimiento de España en 2019, y ¡ojo! el 90% del crecimiento previsto para el año 2020.

Esa demanda interna se sostiene en gran medida con salarios, pensiones y protección por desempleo. No olvidemos que en nuestro país la principal fuente de ingresos del 87% de la población depende de estas rentas.

Es necesario reiterar que las reformas del austericidio siguen plenamente vigentes y que han dificultado la distribución del crecimiento económico. Mientras nuestro país recuperaba en el inicio de 2017 el nivel de producción previo a la crisis, y las empresas aumentaron sus márgenes un 10% desde 2008 (las manufactureras un 22%), la masa salarial no ha empezado a incrementarse de una forma notable hasta el último trimestre de 2018.

Mientras a las empresas no financieras, después de pagar a proveedores, nóminas, impuestos, dividendos e invertir, les sobraban en el año 2018 cerca de 27 mil millones de euros –destinados a la economía financiera–, los salarios, particularmente los más bajos, seguían en un vía crucis enfrentado con dificultades desde la negociación colectiva y el alza del SMI hasta los 900 euros mensuales.

Hay que canalizar estos excedentes a la economía real y, para ello, insistimos de forma particular, es necesaria la corrección de las reformas laborales concebidas como “un instrumento al servicio de una concreta política económica y social del Gobierno”, como afirma la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la constitucionalidad de tan regresiva norma. También necesitamos un tratamiento distinto del Impuesto de Sociedades, cuyo tipo efectivo ha pasado del 22,7% de principios de siglo a poco más del 10,5% de los beneficios empresariales en la actualidad.

Pero la corrección de las reformas de la austeridad –laboral, pensiones, desempleo– y las medidas fiscales que nos homologuen con el entorno europeo –recaudamos 7,4% de PIB menos, lo que equivaldría a más de 70 mil millones de euros adicionales al año–, deben ir acompañadas de una política económica europea de otro tenor.

Europa debe formar parte de la solución

Las políticas de expansión monetaria, que se adoptaron con retraso en Europa (lo que explica en parte que saliéramos con retraso de la crisis respecto a Estados Unidos), son necesarias pero no suficientes. Se requiere de políticas fiscales, presupuestarias y de rentas, de dimensión comunitaria, y específicamente en los países con más márgenes para hacerlo.

La Confederación Europea de Sindicatos impulsó en 2013 un Plan para la inversión, el crecimiento sostenible y el empleo de calidad, que recomendaba una inversión del 2% del PIB durante cada uno de los diez años posteriores, a canalizar a través del Banco Europeo de Inversiones, con el objetivo de generar 11 millones de empleos, y que debieran impulsar políticas públicas en un momento en el que la digitalización o la descarbonización de la economía europea exigen recursos para promover transiciones justas.

Y países como Alemania, con un enorme superávit exterior del 7,4% de su PI, –producto en gran parte de la existencia de la Unión Económica y Monetaria–, un superávit público del 1,7%, una deuda pública por debajo del 60% del PIB y cuya inversión pública neta fue solo del 5,4% del conjunto de la UE-28 –cuando su economía representa el 21%–, tienen que desarrollar una política mucho más expansiva que traccione el conjunto de la zona euro.

Sería desastrosa una segunda vuelta de políticas de ajuste en pleno proceso de transición productiva –digitalización, economía verde– con consecuencias en la transformación del empleo; sin haber superado en términos sociales las secuelas de la anterior crisis; en medio de un proceso de neoproteccionismo con derivas nacionalistas; y con un cuestionamiento de los sistemas de representación y mediación democrático en Europa. Podría tener efectos letales sobre la legitimación del proyecto europeo, y ofrecería una nueva ventana de oportunidad a las opciones reaccionarias y xenófobas.

Es tarea sindical, desde luego de CCOO y diría que del conjunto de fuerzas progresistas, reforzar la idea de que la distribución de la renta es necesaria desde la lógica de la eficacia económica, además del elemento dorsal de la reconstrucción de un contrato social que evite las diversas derivas reaccionarias que nos amenazan.

La oportunidad de lograr un Gobierno con un programa progresista tras las elecciones del 28-A se ha malogrado. Veremos si temporalmente o nos vemos abocados a un escenario que, por ridículo, parece irreal: una nueva llamada a las urnas.

Sobrarán análisis que sitúen responsables, busquen culpables de esta situación. No es la intención de esta reflexión. Sin duda los hay y merecen el reproche de la ciudadanía y particularmente de la ciudadanía progresista de España, que se movilizó masivamente para impedir el ascenso al poder de unas derechas contaminadas en sus discursos por la irrupción ultra de Vox.

Hoy es esa ciudadanía la que mira perpleja la incapacidad de los líderes de las fuerzas progresistas de ponerse de acuerdo sobre una opción programática, una fórmula de Gobierno y un juego de mayorías parlamentarias para llevarla adelante. No conviene emplear demasiado tiempo en llorar por la leche derramada. Pero sí al menos hacer un par de observaciones. Se debe cambiar la cultura política según la cual negociar es un juego de tacticismo permanente con el objetivo de hacer insostenible la posición del “adversario”, de manera que tenga que optar por darme la razón en las posiciones de máximos. Negociar es llegar a consensos que conllevan dejarse “pelos en la gatera”. No pelillos. A veces jirones de piel. Para asumir ese coste hay que tener clara la voluntad previa de que el acuerdo es preferible al desacuerdo. No de forma retórica. De forma real.

Segundo, la dictadura de los relatos, la inmediatez y la pérdida de perspectiva entre lo importante y lo menos importante, no necesariamente accesorio. El pasado martes, el Presidente del Frente Amplio de Uruguay me decía que toda la Europa progresista miraba a España. El país en el que una crisis de consecuencias sociales dramáticas, no había provocado una oleada reaccionaria, sino el 15-M; el país en el que unas elecciones generales habían abierto una opción de Gobierno con un acuerdo en las izquierdas, en el contexto de los repliegues de Salvini, Trump, Lepen, Orban y otras opciones reaccionarias, o de la supuesta asepsia tecnocrática post-partido de Macron.

Hoy ante la trascendente y sensata opción que la ciudadanía española había otorgado a la política con mayúsculas, sería imposible explicar a nadie cabal que un juego de filtraciones, de disputa de espacios de gobierno a conquistar o a vetar, que las inconcreciones programáticas o que la tentación de hacer pagar al otro el “pato” del descuerdo, nos haya llevado a esta situación.

CCOO defendió desde la misma noche electoral un acuerdo político que debía tener dos objetivos. El primero, poner en marcha una batería de medidas para afrontar la desigualdad y la precariedad laboral –y por tanto vital– que afecta a muchos millones de personas en nuestro país. Para ello era imprescindible corregir y derogar reformas efectuadas en el “periodo especial del austericidio”, que había roto algunos de los equilibrios que determinan la distribución de riqueza en nuestro país. Hablábamos de reforma laboral, de pensiones, fiscalidad y de desempleo fundamentalmente. Para ello el pacto de izquierdas era condición sine qua non.

En segundo lugar España debía adoptar una agenda reformista de amplío perímetro para enfrentar los cambios que en la economía y la sociedad, están mutando ya nuestra forma de vivir, producir, distribuir, aprender, etc. Una agenda reformista que no se puede hacer solo desde la izquierda, pero que si echaba a andar desde parámetros progresistas, podía ser más inclusiva, más democrática, más social.

Y reivindicábamos el papel de CCOO, de los sindicatos, de los agentes sociales, de la sociedad civil, ante un reto que requiere de sofisticación regulatoria y a la vez de recomposición de las legitimidades de representación y deliberación democrática.

Esta visión de las cosas sigue vigente. Emplazamos, exigimos a los partidos en general, pero al PSOE y al Grupo Confederal de Unidas Podemos en particular, altura de miras. Testar bien lo que está en juego. Los términos de reconstrucción de un contrato social en España, en medio de la complejísima agenda reformista que aborde las transiciones de empleo, medioambientales, formativas, de protección social. Y en un endiablado contexto internacional que reconfigura las relaciones geopolíticas mundiales, con efectos en el comercio, en la propia configuración de la Unión Europea, y de la correlación de fuerzas en nuestro entorno, hoy escorado no ya a la derecha clásica, sino a nuevas expresiones antipolíticas.

Fijen un plan de acción, un programa compartido, realizable y ambicioso. Establezcan pautas relacionales en un Gobierno y entre partidos. Háganlo y no defrauden. No es cuestión de trasladar una visión agonística, pero solo el tiempo dará perspectiva para evaluar las consecuencias en caso contrario.

Este Primero de Mayo se celebra bajo los efectos de la resaca de los resultados electorales del 28 de abril, y los pronunciamientos al respecto. De todos esos pronunciamientos cabe poner en valor el más importante: el de la ciudadanía española. El rechazo explícito a la radicalización extrema de las derechas y el fortalecimiento de las propuestas políticas progresistas.

La crisis económica y las políticas de austeridad prescritas como recetas para recomponer los márgenes empresariales, han provocado un incremento de la desigualdad en España. Desigualdad vinculada a una precarización de buena parte del empleo creado. Hoy solo el 46% de la población activa trabaja por cuenta ajena, con jornada completa y con contrato indefinido. La tasa de paro es la segunda más alta de la UE, la de temporalidad la primera y la rotación en la contratación (la temporal, pero ojo, también la indefinida) se ha disparado.

La precariedad laboral es hoy componente esencial de la incertidumbre vital que sufren millones de españolas y españoles, y que probablemente se ha convertido en una categoría política, aún no bien estudiada. Los sistemas de protección social, particularmente las prestaciones de desempleo, han dado una respuesta insuficiente a nuevas tipologías de paro de larga duración. El desarrollo muy parcial de las políticas de atención a la dependencia agrava los sesgos de género y de brecha salarial. El gran estabilizador social que es el sistema de pensiones se está viendo sometido a un temerario cuestionamiento sobre su viabilidad futura.

La estrategia de polarización de la derecha tiene que ver con el intento de dar cobijo referencial reaccionario a esa ciudadanía y a una parte muy importante de la clase trabajadora, atomizada, individualizada y sin excesivos referentes colectivos racionales. Han fracasado esta vez, quizás por el clasismo latente de nuestro particular tripartito, pero no está escrito que la operación vaya a ser siempre errática.

Por eso España necesita recomponer los nexos de un contrato social. La mayoría progresista puede impulsar políticas de izquierda para revertir los efectos de las reformas pensadas para la devaluación interna del país. Hablamos de reforma laboral, de pensiones, o medidas fiscales para reducir nuestra brecha fiscal con Europa. El nivel de corresponsabilidad fiscal respecto a la UE es castrador para las políticas sociales y de desarrollo económico (8 puntos menos de recaudación en porcentaje de PIB).

Pero también hablamos de políticas estratégicas sobre como afrontar los retos (algunos disruptivos) que tenemos, vinculados a la globalización económica y nuestro papel subalterno en la distribución de las cadenas de valor internacionales; el gobierno de las transiciones de empleo, ecológicas o productivas, con un impacto potencial sobre el empleo enorme y un riesgo de desarraigo de territorios; la adecuación de nuestros servicios públicos y políticas de empleo, en esa visión transicional, donde el trabajador no puede verse como un náufrago en un mar mutante sino arropado en un proceso de orientación permanente.

Hay debates estratégicos de país sobre las políticas industriales, formativas, energéticas… que trascienden de una legislatura y de un acuerdo de Gobierno y que deben abordarse sin sectarismos, desde parámetros progresistas construidos sobre lealtades mutuas y responsabilidades públicas. Construcción de hegemonía, en definitiva.

Desde CCOO este Primero de Mayo instamos a las fuerzas políticas progresistas a asumir la profundidad del reto. Desde la corresponsabilidad, porque no demandamos “desde fuera”. El diálogo y la concertación social debieran ser determinantes para esta tarea, y la CEOE también debe comprometerse a ello.

La necesaria mejora de la protección social del trabajo autónomo está directamente relacionada con transformar un sistema de protección que establece una base de cotización mínima, incluso en periodos sin ingresos, a cambio de que quien los tiene sobrados pueda planificar eligiendo su contribución a la Seguridad Social, con el resultado de que casi 9 de cada 10 personas cotizan al Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) por la base mínima, pese a que una buena parte tiene ingresos superiores. 

El RETA es una parte muy relevante de la Seguridad Social: hoy se integran en él 3,2 millones, de los 18,9 millones de cotizantes totales. Abordarlo de manera parcial y separada del conjunto es una decisión tan relevante como errónea. Requiere una visión global, para mejorar aportaciones y prestaciones, de forma coherente en el conjunto de la Seguridad Social. Esa es la apuesta que comparten CCOO y UATAE y que ambas organizaciones trasladamos al conjunto de la sociedad y, muy especialmente al Gobierno de España. 

Actualmente el RETA es un régimen deficitario, insolidario, y con una deficiente relación de contributividad entre lo aportado y recibido, que da lugar a prestaciones más bajas y a lagunas de protección evidentes (desempleo, incapacidad...). 

Una persona que ingresa más de 40.000€ al mes puede elegir voluntariamente cotizar lo mismo que otra cuyos ingresos apenas le alcanzan para pagar su cuota mensual. Mantener el actual sistema de cotización es prolongar esa situación que es perjudicial, además de injusta, para las personas con menos ingresos y para el conjunto de cotizantes y pensionistas. Es un sistema que favorece especialmente a los autónomos con más renta. Por tanto, el debate que debe plantearse es el siguiente: ¿vamos a transformar el sistema de cotización a uno por ingresos reales, sí, o no? 

La unión de autónomos UATAE y CCOO decimos sí. Y no solo. Pensamos que es la mejor forma de completar y mejorar los derechos del colectivo de autónomos. 

Con la actual información que nos ofrece la Agencia Tributaria, sin duda con un amplio margen de mejora para determinar los ingresos reales procedentes de actividades económicas, ya podemos concretar que hay cientos de miles de autónomos que se ven obligados a cotizar por una base mínima superior a la del conjunto del sistema, para compensar el derecho a hacer lo mismo de más de 1 millón de autónomos cuyas rentas superan los 30.000€ mensuales. 

El resultado, en un sistema contributivo, es el acceso a pensiones más bajas para quien desarrolla su actividad en un trabajo autónomo, con pensiones medias muy inferiores a las de trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena. Lo que no deja de ser paradójico. 

La cotización por ingresos reales contribuiría a corregir el actual déficit financiero del Régimen Especial y del conjunto de la Seguridad Social, mejorando notablemente la protección social actual y futura del colectivo, configurando una Seguridad Social del Siglo XXI para todos. 

Actualmente, los autónomos que enferman deben seguir trabajando porque no tienen ninguna prestación, y las cifras indican que solo 2.000 personas que cesaron su actividad el año pasado recibieron la prestación por cese de actividad, el “paro” de los autónomos. Esta realidad, que pasa desapercibida para los que se oponen a esta reforma, debe ser también corregida y gestionada desde los servicios públicos de empleo. 

El “sistema de mínimos” en que se ha convertido el Régimen Especial solo interesa, una vez más, a aquellos autónomos que puedan permitirse seguros privados o que tienen una cantidad ingente de dinero acumulado cuando finalizan o disminuyen su actividad.

La cotización por ingresos reales no solo es solvente técnicamente, sino necesaria socialmente. El régimen actual de autónomos es un sistema de mínimos que precariza, que atrae el fraude de los falsos autónomos, que puede agravarse si se concretan algunas de las medidas anunciadas recientemente, y que no se corresponde con el Estado de Bienestar que necesitamos y defendemos. 

Es necesario recuperar el camino marcado en el Pacto de Toledo, con amplio consenso político y acuerdo en el marco de Diálogo Social para homologar el régimen de autónomos con el Régimen General. 

Por tanto, el compromiso de la reforma sobre el sistema de cotización de los autónomos no debe quedar eclipsado bajo otros debates, secundarios y de escaso recorrido. Se trata de decidir a qué le damos prioridad; se trata de definir una hoja de ruta progresista y social en materia de empleo o dar “carpetazo” al problema como se lleva haciendo hasta ahora; de si mejoramos las condiciones del colectivo o continuamos posponiendo una reforma, tan urgente como necesaria, en el marco de actuaciones de calado que son posibles y necesita nuestro Sistema de Seguridad Social.

Algo se ha torcido en la Unión Europea. Cuatro ejemplos dan testimonio de esta disfunción. ¿Cómo justificar que se haya permitido el desarrollo de cientos de miles de empresas ficticias, cuando el objetivo de dichas empresas “fantasma” no es otro que el evadir impuestos y normas laborales? ¿Cómo explicar que las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia autorizaran la restricción de derechos fundamentales de las/os trabajadoras/es para apoyar estrategias empresariales cuyo único objetivo era eludir la protección de los empleados y las empleadas? ¿Cómo es posible que revelaciones recurrentes como las realizadas por los Papeles   de   Panamá y los Papeles del Paraíso queden sin consecuencias, mostrando la incapacidad de la UE para evitar la elusión fiscal por parte de personas adineradas y de las grandes empresas? Finalmente, ¿cómo podemos aceptar que, a pesar de grandes escándalos como el colapso de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh, muchas empresas sigan haciendo la vista gorda ante proveedores que ignoran los derechos sociales, ambientales y humanos más básicos? 

La Comisión Europea ha promovido la teoría de la “primacía accionarial”, mientras la economía real y las/os trabajadoras/es eran olvidados en el proceso. Como resultado, los beneficios empresariales vienen creciendo a expensas de los salarios desde los años noventa. Esto no tiene sentido. Las/os trabajadoras/es son parte integrante y central de las empresas: los accionistas aportan capital, pero las/os trabajadoras/es contribuyen con su tiempo, habilidades y vida. Por eso, es hora de revisar la situación de las/os más de 140 millones de empleadas/os que trabajan en empresas en la UE. Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán dentro de un año, y deseamos marcar el paso de cara al próximo debate. 

Estamos firmemente convencidas/os de que es vital que las siguientes cinco reformas se lleven a cabo: 

Las reformas mencionadas no son exhaustivas, pero muestran la dirección que deberían tomar las nuevas medidas: las/os trabajadoras/es de la UE no deben quedar fuera de la construcción de la UE por más tiempo. Estas vitales reformas -que sientan las bases de nuevos derechos, y obligaciones para las empresas- proporcionan una impronta para un nuevo modelo europeo a la vez capaz de aunar a Estados cuyos derechos están demasiado fragmentados, y de distinguirnos de los modelos anglosajones y del capitalismo asiático. 

Este nuevo modelo europeo se basa en el legado de un humanismo que ha de convertirse en una fuerza en la globalización. 

¡Ha llegado la hora del cambio!