Aún recuerdo el debate electoral de las elecciones generales de diciembre de 2015. Carlos Rojas, el diputado por el Partido Popular decía que el AVE llegaría en semanas. Cuenten cuántas semanas van desde entonces al 25 de junio de 2019, fecha de llegada del AVE a Granada.

Las obras del AVE comenzaron en marzo de 2004, ¡15 años de trabajos! La alta velocidad más lenta de la historia, con déficits estructurales que no permitirán que alcance la velocidad que debería en importantes tramos. Cualquiera diría que parece una obra salomónica sazonada con sobrecostes y multitud de falsas promesas. Hoy nos alegramos, traemos el AVE a Granada y digo traemos, porque gracias a la moción de censura de junio en la que echamos a Rajoy al grito de “Sí se puede”, la ineptitud, dejadez y maltrato del PP, que condenó a Granada a un aislamiento ferroviario prolongado por más de tres años, llegaba a su fin. Sin duda, el espacio del cambio que se generó en esa primavera, ha posibilitado que hoy Granada tenga una alegría.

La satisfacción no puede nublar la inconformidad, porque para Granada lo queremos todo. Necesitamos empuje en la buena dirección; la entrada del AVE debe ser soterrada a la menor brevedad para asegurar que nuestra ciudad no se parta en trocitos y tengamos una ciudad sana, sin cicatrices. Nuestra provincia tiene un reto pendiente, la vertebración ferroviaria es una apuesta de futuro, sostenible, que apunta al modelo de desarrollo que queremos, asegurando que Granada prospere social y económicamente. Son objetivos claros e irrenunciables que nuestra tierra forme parte del Corredor Mediterráneo, la conexión del Puerto de Motril a través del ferrocarril, la recuperación de la línea Guadix-Baza-Lorca y la restitución del Tren Hotel a Barcelona. Trabajé en este sentido en el Congreso, con el apoyo del espacio del cambio, con varias proposiciones no de ley aprobadas que marcaban la línea de la reconexión, la llegada soterrada de la alta velocidad, la conexión con el levante a través del Corredor Mediterráneo y la vuelta de la línea nocturna Granada-Barcelona. Fueron, además, numerosas las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que el estudio de viabilidad de la línea Guadix-Baza-Lorca fuese posible.

Es un día para celebrar en Granada, sin olvidar los desastrosos antecedentes y sus protagonistas, pero ante todo, la fiesta no puede durar porque no hay espacio para el descanso. Una sonrisa, sí, pero la sonrisa de quien sabe que debe moderar el festejo porque el trabajo solo acaba de empezar. Granada no puede aguardar a que se pase la resaca, nuestra provincia ya no puede esperar a mañana, debemos abrir paso al futuro, el de una provincia mejor donde nadie quede atrás, feminista, social, con los cuidados en el centro, eficaz y que teja lazos, conectada en todos los ámbitos, también el ferroviario. Granada debe formar parte fundamental del proyecto de país moderno que queremos. Es el tiempo de quienes no se conforman.

Ana Terrón, diputada por Granada en el Congreso de los Diputados en la XI y XII Legislatura.

Echamos a Rajoy al grito de “sí se puede” poniendo fin a un gobierno enfermo de corrupción, que a golpe de ajustes y recortes había martirizado durante demasiados años a la gente. Ahora el cambio debe seguir abriéndose paso. Alcanzar el país que queremos implica unos presupuestos que pongan en el centro el cuidado de las personas, capaces de atajar las múltiples desigualdades existentes y de dar respuesta a los anhelos de la gente. Pese a no ser perfecto, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno, sin duda fruto del acuerdo con Unidos Podemos, va en la dirección correcta. Queda mucho camino por recorrer, pero podríamos decir que es el primer proyecto de presupuestos que sigue la estala de las demandas del 15M al situar la cuestión social como epicentro de las políticas económicas.

Es innegable que este proyecto conlleva una respuesta a la plurinacionalidad que la realidad exige, a la par que pretende dar un fuerte impulso a nuestro estado del bienestar. Cerca de la mitad de los presupuestos están destinados a las pensiones; la inversión en dependencia aumenta un 59%; se respalda la recuperación de los subsidios de desempleo para las personas mayores de 52 años; las infraestructuras crecen un 40%; la inversión en educación aumenta un 65,4%, con un aumento destacado de las becas, lo que, junto al incremento en I+D+i, subraya la apuesta por el nuevo modelo productivo sostenible que nuestro país necesita. Además, tiene un importante simbolismo el hecho de que las partidas para la Memoria Histórica, que Rajoy había reducido a 0 euros, se incrementen en 15 millones.

Como no podía ser de otra manera tras el 8M, la propuesta sienta una base para un país feminista. Este proyecto busca ampliar a ocho semanas los permisos de paternidad para facilitar un reparto equitativo de las tareas de cuidados en las familias. Asumiendo la necesidad de aún más recursos y de importantes medidas complementarias, es un avance elevar a 220 millones de euros el presupuesto para cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La propuesta prevé un record de ingresos y apuesta por lo que a todas luces puede ser considerado como justo; serán los más privilegiados, las grandes empresas y las rentas de más de 11.700 euros al mes, quienes solidariamente harán una mayor contribución. Además, la introducción de nuevas medidas como la llamada tasa Google o el históricamente reivindicado impuesto sobre transacciones financieras, pretenden reducir el fraude fiscal y los flujos especulativos.

El actual Ejecutivo depende del Congreso de los Diputados, un hecho que brinda una oportunidad para ser ambiciosos e ir más allá de esta propuesta presupuestaria. Tenemos un importante trabajo parlamentario por delante para incorporar más medidas del acuerdo con Unidos Podemos que aseguren una España de presente y futuro.

El ciclo de cambio que abrió el 15M puede ser reversible. Los enemigos de una España plural, moderna y avanzada acechan con su proyecto de involución. El bloque aznarista y reaccionario que representan PP, Vox y Cs es hoy una amenaza real. Frente al miedo, la esperanza y la ilusión que se abrió paso tras la moción de censura de junio y que ha de seguir vigente. El anhelo de una España que pone las instituciones al servicio de la gente, que mira y cuida a quienes la viven y la construyen puede ser una certidumbre. Los Presupuestos Generales de 2019 podrán ser el ancla que asegure la irreversibilidad del cambio, por eso es tan importante que todas las fuerzas comprometidas con los valores democráticos y sociales se sumen para alcanzar el país que queremos. No dejemos escapar la oportunidad.

La crisis del régimen del 78 podría haber mutado, pero sigue vigente. El ciclo político que abrió el 15M y que permitió echar al PP de la Moncloa seguirá abierto si quienes lo abrimos, el pueblo, no permitimos que se cierre. En 2011 se gestó un afecto común, que es motivo de orgullo internacional para nuestro país. Frente al “no se puede” y al “no hay alternativa” que pregonaba el régimen, aquel 15 de mayo el pueblo salió a la calle por un país mejor, más democrático, justo y fraternal. Las élites y su sistema envejecieron, quedaron obsoletas, incapaces de responder a las demandas y anhelos de la gente, una caducidad que sigue su curso como demuestra la abismal caída de los partidos tradicionales en Andalucía.

Los resultados electorales en Andalucía constatan lo que ya sabíamos: alcanzar el país que queremos no iba a ser fácil. Los privilegiados siempre se aferran a todo con tal de salvaguardar sus privilegios. Hoy esa élite celebra que en Andalucía no pueda reproducirse una posibilidad de cambio como la que surgió en el Congreso cuando se echó a Rajoy. Eso sí, para ello han tenido que lepenizarse y recurrir al odio, a la hostilidad y a la intolerancia. Al régimen ya no le basta con Ciudadanos, Vox es la última herramienta de la oligarquía para mantener sus privilegios.

Es momento de pensar y de hacerse las preguntas adecuadas. La incógnita no se podrá resolver con diques ni trincheras, no es momento de repliegues, hay que crecer. Es decir, no se trata de cómo pararles, ni de armar un catenaccio defensivo, sino de cómo volver a jugar bien, de volver al tiqui-taca –siguiendo con el símil futbolístico: la clave es cómo volver a ilusionar para ganar.

Debemos desarrollar un proyecto social que sume y responda a las preocupaciones de la gente, que acoja las esperanzas compartidas y que permita dibujar un país mejor para todos y todas. Salgamos de la línea defensiva. Hablemos a nuestros vecinos, amigos y familiares, que al igual que nosotros, quieren un futuro mejor, un sistema sanitario público de excelente calidad si enferman, la mejor formación para que sus hijos e hijas puedan acceder a un mercado laboral digno que contribuya a un sistema de protección que no deje a nadie atrás.   

La democracia, la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad son nuestra insignia, los valores que nos unen y de los que nos enorgullecemos como país. El 8 de marzo puso sobre la mesa que el feminismo se presenta como el movimiento transversal capaz de apelar a las mayorías afectadas por la desigualdad creciente consecuencia de las políticas reaccionarias de las élites. Fueron precisamente esos valores los que, en la moción de censura de junio, permitieron abrir un horizonte de esperanza para una España más justa, en la que quepamos todos, que cuente con robustas políticas sociales emancipadoras que terminen con la desigualdad.

La clave para ilusionar pasa por recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente, los resultados en Cádiz lo demuestran. Garantizar ciudades limpias y sostenibles donde podamos disfrutar de nuestro entorno con una oferta cultural accesible a todas las personas, como en Madrid o Barcelona, es la prueba de que se puede gobernar de otra manera. Este es el mejor antídoto contra el bolsonarismo español de Vox. A nivel estatal, aprobar los presupuestos generales acordados es imprescindible. Son necesarias medidas como subir el SMI, acabar con las listas de espera en dependencia y fomentar una política fiscal que permita bajar los impuestos a quienes menos tienen, mientras que las grandes fortunas realizan ese esfuerzo solidario para una España mejor. Debemos seguir marcando rumbo al Gobierno para que anteponga el interés de todos y todas al de unos pocos.

Nuestros valores comunes son la bandera que nos une como país, esos que definen nuestra sonrisa y esperanza para vencer al miedo. Ante la falsa supremacía identitaria y excluyente de odio hacia el diferente que pregonan algunos, este pueblo siempre responde con valentía, decencia y futuro.  Que el régimen no nos devuelva a los ejes, a los discursos y a los espacios en los que se siente cómodo y vencedor. Esto siempre fue de lo mismo: del pueblo frente a la oligarquía.

De África no solo parten migrantes, según las Naciones Unidas, también lo hacen 50.000 millones de dólares anuales en forma de flujos financieros ilícitos, casi un tercio del presupuesto anual de la Unión Europea. Si atendemos a esta cifra podría decirse que a cada persona migrante que huye de África le corresponden alrededor de 260 mil dólares de esos recursos que África ha dejado de recaudar y que se podrían haber invertido en políticas sociales y de bienestar. 

Los flujos financieros ilícitos son dinero negro, es decir, recursos que proceden del fraude fiscal. Según las Naciones Unidas, la mayoría de estos flujos provienen de la corrupción, de la evasión de impuestos de compañías multinacionales o del crimen organizado como el narcotráfico, la trata de personas o el terrorismo. El fraude fiscal mina las capacidades de desarrollo de los países, implica recursos que los Estados dejan de recaudar y que podrían haberse utilizado para financiar políticas públicas para la gente. Como señala un informe de la OCDE de este mismo año, los flujos financieros ilícitos lastran el crecimiento económico, la gobernanza democrática y el estado de derecho de los países; la debilidad de estos tres elementos es, a su vez, un importante factor que empuja a las personas a migrar. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2017 llegaron a Europa cerca de 186 mil personas migrantes a través de rutas mediterráneas. Estas personas arriesgaron sus vidas para llegar a Europa huyendo de la pobreza, la violaciones de derechos humanos  y la falta de oportunidades económicas. Todas estas causas se podrían mitigar desde Estados democráticos y de bienestar sólidos. Es precisamente esto lo que convierte en inadmisible que desde los países ricos se mire hacia otro lado ante los 50.000 millones de dólares que se fugan anualmente de África hacia países ricos. Sin duda, no estamos ante una crisis de número de migrantes, sino ante una crisis de coherencia, solidaridad y redistribución. 

A través de impuestos las personas migrantes devuelven a los países receptores más de lo que reciben, lo han demostrado investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.  También sabemos que las remesas que se envían de vuelta a casa suponen tres veces más que la ayuda oficial al desarrollo a nivel global. Tanto es así que, como señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la migración es positiva para los países de origen, de tránsito y de destino. No es la migración per se, sino la causas raíz que fuerzan a la gente a migrar contra su voluntad lo que debe combatirse. La debilidad de Estado que produce el expolio de los flujos financieros ilícitos es una de estas causas. En este sentido, se precisa combatir el fraude fiscal de manera integral y coherente a nivel global. 

Quienes desde su posición de poder han participado o facilitado estos flujos de dinero en B, o incluso obviado su responsabilidad a la hora de atajarlos, son cómplices del empobrecimiento de África y, en consecuencia, de que miles de personas se vean forzadas a abandonar sus hogares. Los imprescindibles esfuerzos políticos y legislativos que se han promovido para fomentar la transparencia de las acciones de nuestras multinacionales, como la Directiva Europea sobre obligaciones para la publicación de la información financiera de las empresas desglosada por países, o la Directiva contra el blanqueo de capitales, son sistemáticamente saboteados por aquellos mismos que, aduciendo al falso efecto llamada provocado por las acciones humanitarias de rescate en el Mediterráneo, solo buscan su rédito político en base al discurso del miedo y la xenofobia. Sorprende y no sorprende que sean los mismos que han recortado en servicios públicos en España y han forzado a miles de nuestros jóvenes a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras. Mientras lo hacían financiaban sus partidos en B, otorgaban amnistías fiscales a sus amiguetes defraudadores y utilizaban lo que es de todos para su beneficio particular privatizando lo público y otorgando contratos a las empresas de sus colegas llevándose la mordida a Suiza. Son más amigos del fraude fiscal que de los derechos humanos.

En un contexto de crecientes retos globales donde las desigualdades y la pobreza van en aumento, donde la sostenibilidad del planeta está en juego y donde millones de personas se ven forzadas a migrar, es de sentido común que la política de cooperación al desarrollo sea coherente y eficaz. Lamentablemente, los términos que mejor describen la actual política de cooperación española son recortes y privatización. El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) es el instrumento de la cooperación española que abandera esta deriva.

Se podría esperar que, bajo las actuales constricciones presupuestarias, se estuviese trabajando arduamente para maximizar la eficacia de cada céntimo de ayuda al desarrollo, pero no es así. FONPRODE, uno de los instrumentos más considerables de la política de cooperación de este gobierno lo ejemplifica, un instrumento financiero que utiliza subvenciones públicas provenientes de partidas de ayuda oficial al desarrollo (AOD) para apalancar o atraer inversión privada. Sin embargo, despierta serias preocupaciones.

Camuflado bajo los objetivos de erradicación de la pobreza, reducción de las desigualdades, promoción de la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, FONPRODE realiza operaciones de deuda y de capital, como créditos blandos o concesionales Estado-Estado, créditos a instituciones financieras internacionales como al Banco Mundial o participaciones en fondos de inversión, FONPRODE es el instrumento de cooperación reembolsable que imita los programas de blending de la Comisión Europea de combinación de subvenciones públicas con financiación privada. FONPRODE usa la AOD como salvaguarda al riesgo intrínseco de toda inversión privada, lo que en última instancia puede derivar en la indignante paradoja de privatización de beneficios y socialización de perdidas.

Existe una fuerte contradicción entre el funcionamiento de FONPRODE y los principios internacionales de eficacia de la ayuda al desarrollo, puesto que las inversiones de FONPRODE brindan una nula capacidad de apropiación a los países receptores y obvian sus estrategias nacionales de desarrollo. Los Estados que reciben esta modalidad de ayuda juegan un rol nulo en la planificación y el desarrollo de los proyectos, puesto que no eligen, en qué sectores, ni en cuales de sus territorios sería óptima su implementación.

No solo la eficacia de FONPRODE como instrumento para alcanzar los objetivos de la política de cooperación al desarrollo está en entredicho, también lo está su capacidad de generar recursos adicionales para el desarrollo sostenible. En primer lugar, resulta demasiado complejo comprobar que su acción supone un verdadero valor añadido, dado que es imposible asegurar que la inversión privada no se realizaría sin el apoyo público; y en segundo lugar, su impacto en los objetivos de desarrollo muchas veces se basa, algo sobre lo que ya alerta el informe del Consejo de Cooperación al Desarrollo, en juicios equivocados, por ejemplo: ciertas actividades de FONPRODE afirman que presentan un “comportamiento neutral” desde la perspectiva de la promoción de la igualdad de género simplemente por no alterar el predominio masculino en el empleo generado, por el contrario esto potencia la desigualdad pre-existente.

Por si todos esto fuese poco para estar preocupados con el uso que hace FONPRODE de la ayuda al desarrollo, en 2016 un informe del Tribunal de Cuentas alerta de la participación de este instrumento en fondos de inversión que operan en paraísos fiscales. Lejos de haberse corregido, este riesgo sigue existiendo hoy dada la escasa transparencia y falta de información de sus actividades, algo que el propio informe de 2018 del Consejo de Cooperación Española sobre la actividad del instrumento denuncia.

Ademas, el Gobierno de España utiliza este polémico instrumento para la promoción de la empresa española a expensas de partidas que deberían ir destinadas a la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Desde 2014 la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES), controlada por el Ministerio de Economía y que, como afirma en su propia web, tiene por objetivo internacionalizar la empresa española, juega un rol importante en FONPRODE. En COFIDES participan entre otros el ICO, el Banco Santander o el BBVA. Este uso de la AOD donde sus objetivos se pervierten supone un fraude a los contribuyentes, que en su amplísima mayoría respaldan la política de cooperación y son conscientes de su importancia para un orden justo.

La financiación al sector privado no es algo nuevo. Desde hace décadas los gobiernos donantes y las instituciones multilaterales de desarrollo conceden subvenciones y préstamos a empresas privadas que operan en países en desarrollo. La propia Agenda 2030 de las NNUU reconoce que el sector privado puede jugar un rol en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero solo un sector privado regulado, responsable y que atienda a los principios internacionales de eficacia del desarrollo puede desempeñar ese rol, todo lo demás es un acto de fe.

El próximo día 16 de mayo el Congreso de los Diputados evaluará el informe de actividad de FONPRODE correspondiente al año 2016. Es un buen momento para que el Gobierno empiece a reconocer sus errores. Debe asegurase la coordinación y coherencia de los distintos instrumentos para la cooperación al desarrollo, evaluarse su impacto, garantizar su alineamiento con los principios internacionales de eficacia y desterrar cualquier uso espurio de las ya muy mermadas partidas presupuestarias para la ayuda al desarrollo, que desde 2009 se han recortado en más de un 70%. Urge una visión estratégica y coherente en nuestra política de cooperación al desarrollo, no solo para cumplir con nuestros compromisos internacionales en la materia, como la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, sino, especialmente, para hacer frente a los crecientes y muy preocupantes retos a los que se enfrenta el planeta. Esa es la Marca España que este país se merece.