La Junta de Gobierno que preside el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), tiene la responsabilidad legal de “excluir de la clasificación” del concurso de basuras de la ciudad a Valoriza (filial de la multinacional Sacyr), la empresa ganadora según la Mesa de Contratación, por oferta temeraria atendiendo a las conclusiones del informe de tres técnicos municipales.

Así se concluye tras el análisis detallado que ha realizado Mírame TV Canarias y Tenerife Ahora-Canarias Ahora, del dictamen con el que responde al alcalde la Junta Consultiva de Contratación Pública (adscrita a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, cuya titular es Rosa Dávila, también de CC) en su “informe 4/2018 sobre la exclusión de la licitación de un licitador cuya oferta es anormalmente baja” o desproporcionada, lo que antes se llamaba baja temeraria.

El informe de ese órgano consultivo autonómico recuerda al alcalde que el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) sí considera que, como el pliego de condiciones que ha regido el nuevo concurso público del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Santa Cruz utiliza una “pluralidad de criterios de adjudicación”, el incumplimiento de otros “parámetros objetivos” distintos del precio también deben considerados para calificar “una oferta anormalmente baja” (oferta temeraria). Cabe recordar que el pliego de condiciones de este concurso establece que las empresas licitadoras no pueden superar en sus ofertas un cumplimiento mayor del 50% de “los parámetros objetivos de calidad” sin justificar debidamente ese incremento, y Valoriza (Sacyr) ofreció el 80%, un incremento que los técnicos municipales consideraron en un informe oficial una “oferta anormal o desproporcionada”, ya que “el aseguramiento de la calidad no puede ser cumplido”.

Esa literalidad que utilizan los técnicos municipales no está resuelta, y si se analiza con detalle el informe del Gobierno canario se advierte de que “la nueva LCSP (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)” establece en el apartado sexto del artículo 149.6 que, “si el órgano de contratación” (en este caso, la Junta de Gobierno presidida por Bermúdez y conformada por los concejales de CC y PP) “estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación”. El subrayado es original del informe citado, que aclara que esta nueva legislación “regula la cuestión en unos términos más claros si bien con la misma conclusión”.

La coincidencia de terminología entre el informe técnico municipal y el informe jurídico regional no es baladí, ya que, para que la Junta de Gobierno (compuesta por CC y PP y presidida por el alcalde, el que solicita el informe) pueda estimar si la oferta puede o no puede ser cumplida, debe considerar (según este mismo artículo) “la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado cuatro”, según transcribe de la ley el informe del Gobierno canario. Precisamente ese apartado cuatro establece que “en el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente” y “se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente” la oferta temeraria cuando dicha justificación “sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico”.

El propio presidente de la Mesa de Contratación, el concejal santacrucero de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC), tuvo que reconocer que el punto de vista técnico (del servicio correspondiente al que se refiere la nueva ley de contratación pública a la que alude el Gobierno de Canarias en su informe) es que “no se creen” que la respuesta de Valoriza-Sacyr explique satisfactoriamente la oferta temeraria.

En las mismas declaraciones, que fueron realizadas en Radio Club Tenerife, el concejal aseguró que la decisión de la Mesa de Contratación que preside, la de proponer a Valoriza como la ganadora del concurso, “está amparada” por este informe del Gobierno de Canarias, pero, en el acta de la reunión de la Mesa de Contratación, solo se limitan a transcribir las dos conclusiones de este informe:

1) “Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a lo establecido en los pliegos, los cuales han de establecer los parámetros objetivos que permitan identificar los supuestos en los que la oferta se presuma anormal o desproporcionada, referidos a la oferta considerada en su conjunto, por lo que una proposición presentada por un operador económico puede determinarse que es anormalmente baja por un criterio de adjudicación diferente del importe”.

y 2) “Corresponde a los órganos de contratación la aceptación o rechazo de la oferta que no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, siendo función de la Mesa de Contratación efectuar la correspondiente propuesta debidamente fundamentada de aceptación o exclusión”.

Las dos conclusiones aplicadas a este caso vienen a suponer, según el acta de la Mesa, que la oferta de Valoriza es anormal y desproporcionada porque no cumple con el parámetro objetivo de calidad establecido en los pliegos (conclusión primera), y que la Mesa puede proponer a Valoriza como ganadora del concurso (si la propuesta estuviera debidamente fundamentada), pero corresponde a la Junta de Gobierno presidida por el alcalde y conformada por los concejales de CC y PP “la aceptación o el rechazo de la oferta que no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales (conclusión segunda)”.

Sin embargo, esa acta obvia el resto del informe (documento que tampoco está incluido en el procedimiento que se encuentra en el perfil del contratante municipal), un dictamen que, según la Ley de Contratos del Sector Público, establece que el punto de vista de los técnicos municipales deberá ser tenido en cuenta por la Junta de Gobierno para estimar si la oferta puede o no ser cumplida.

Si la Junta de Gobierno presidida por Bermúdez y conformada por CC y PP asumiera que la oferta temeraria no puede ser cumplida, tal y como asegura el informe técnico municipal, este órgano de contratación “excluirá de la clasificación” a Valoriza, tal y como es el subrayado del informe atendiendo a la Ley de Contratos. La Junta de Gobierno se volvió a reunir este lunes y tampoco incluyó en su orden del día la propuesta de la Mesa de Contratación.

Otra advertencia que hace el informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública al alcalde es que, si bien considera oportuno emitir su informe “sobre aspectos generales”, “no puede sustituir ni suplir las funciones consultivas que tienen asignadas otros órganos consultivos en sus respectivos ámbitos de competencia”. Una clara referencia al Consejo Consultivo de Canarias, al que, como otros ayuntamientos, suele acudir el capitalino para resolver cuestiones concretas y no “generales” incluidas en adjudicaciones públicas. Pero no lo ha hecho en este caso.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha formulado denuncia por “la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal cometido en el término municipal de El Rosario” en la isla de Tenerife.

Tras las diligencias de investigación realizadas, la Fiscalía considera, según publica Mírame TV Canarias, que en la zona de baño que incluye la piscina municipal de Tabaiba, la playa de El Moro (Tabaiba I) y la adyacente playa Nudista (Tabaiba II), se están “produciendo una serie de vertidos procedentes de evacuación de aguas domésticas con elevados valores de amonio, fósforo, nitrógeno, sólidos en suspensión, DQO [demanda química de oxígeno], carbono orgánico y con unos valores de ecotoxicidad de las muestras elevado”.

En un “extenso informe” del Seprona de la Guardia Civil (en el que constan las actas y lugares de toma de muestras, el número de precintos de todas, las coordinadas y un amplio reportaje fotográfico que incluye los vertidos), se informó a la Fiscalía de que se enviaron las muestras a la delegación canaria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTyCF), que, a su vez, las remitió al Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente del Instituto en Madrid.

El informe toxicológico concluyó que “las muestras pertenecientes al pozo de saneamiento del edificio Marlisa I y las correspondientes a la entrada y salida del Marlisa II, son compatibles con aguas residuales de origen urbano no depuradas o deficientemente depuradas con unos elevados valores en amonio, fósforo, nitrógeno, sólidos en suspensión, DQO y carbono orgánico”.

El valor de ecotoxicidad de las muestras “es elevado, sobre todo en la del Marlisa I”. También “son compatibles con aguas residuales urbanas no depuradas o deficientemente depuradas” las muestras recogidas en la costa en las que “también destacan los elevados valores” de los mismos parámetros.

Décadas de vertidos

Décadas de vertidosLa fiscal de Medioambiente y Urbanismo, instructora de la causa, es María Francisca Sánchez, que se inhibió en el juicio del caso Varadero por su amistad con la condenada Ana Lupe Mora, exteniente de alcalde en el Ayuntamiento de El Rosario por el PSOE (junto al también condenado el exalcalde Macario Benítez) y fundadora del partido Vecinos por el Rosario, con dos concejalas actualmente en la oposición. 

Sánchez reconoce en su denuncia que “desde fecha no determinada” se llevan produciendo los vertidos pero circunscribe los hechos denunciados, “en concreto, a los años 2017 y 2018”. Sin embargo, la fiscal también reconoce que existió una denuncia en 2012 que provocaron unas diligencias previas que finalmente fueron archivadas. Las mismas denunciantes presentaron un nuevo escrito a finales del pasado año, al que adjuntaron este vídeo como prueba, lo que provocó que la propia fiscal jefa, Carmen Almendral, decidiera reabrir la causa pidiéndole a la fiscal instructora mediante decreto que investigara los hechos.

Las mismas denunciantes presentaron un nuevo escrito a finales del pasado año, al que adjuntaron el vídeo publicado más abajo como prueba, lo que provocó que la propia fiscal jefa, Carmen Almendral, decidiera reabrir la causa pidiéndole a la fiscal instructora mediante decreto que investigara los hechos.

Pero la denuncia de 2012, la que provocó la apertura de unas diligencias previas que posteriormente fueron archivadas, coincidió con uno de los cierre de la zona de baño por parte de Sanidad “al haberse detectado contaminación fecal muy elevada en la misma como consecuencia de la existencia cercana a una zona de vertido” . Un año después, el Ayuntamiento reconoció que un nuevo cierre fue “debido a la existencia de vertidos” que entonces fueron criticados por IR-Verdes, hoy en el Gobierno.

En 2014 y “como consecuencia de un vertido persistente de aguas residuales urbanas”, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias remarcó que seguía prohibido el baño en la zona tras una serie de inspecciones sanitarias. Doce años antes, la prensa publicaba que “el nuevo emisario de Tabaiba no acaba con los vertidos de aguas fecales procedentes de algunas urbanizaciones del frente litoral”. Explicaba la extinta La Gaceta de Canarias “que siguen sin conectarse”, lo que “imposibilita a la administración declarar la zona apta para el baño”, pese a las denuncias de los vecinos que se quejaban entonces de que llevaban años sufriendo este problema.

Precisamente, entre las diligencias previas que pide la Fiscalía al juzgado al que le toque por sorteo investigar la causa, se incluye “que se oficie a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con el fin de que informen sobre el resultado de los valores” de las muestras “de los vertidos realizados de tierra a mar” que hayan recogido en esta zona de baño “y, en su caso, sobre la ecotoxicidad para las personas y medio marino”.

Cabe recordar que el artículo 325 del Código Penal en el que se apoya la Fiscalía en su denuncia prevé penas superiores “si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas”. A diferencia de los otros oficios que solicita al juzgado, la fiscal decide aclarar en su denuncia que Salud Pública deberá remitir estos expedientes “íntegros, literales” y certificados.

La Fiscalía también pide que el Ayuntamiento de El Rosario que remita “las actuaciones realizadas en los últimos años sobre la existencia de vertidos perjudiciales para la salud que haya motivado el cierre” de la zona de baño de Tabaiba.

Además de algunos de los bandos realizados por el anterior Gobierno ya citados, el actual regidor municipal también tuvo que cerrar la zona de baño ante el decreto de Salud Pública, aunque fueron reabiertas una semana después; todas, excepto la playa Nudista, “la misma en la que desde 2012 se reconocen vertidos de aguas residuales urbanas” y que permanece, oficialmente, cerrada desde el episodio de 2014.

María Francisca Sánchez también pide que se oficie a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias “con el fin de que informen si consta autorización para los vertidos al Ayuntamiento de El Rosario y, en su caso que tipo de autorización”. Además de las actuaciones para evitar los vertidos, lo mismo pide la fiscal para que solicite al Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife: autorización de vertidos, si existiese, ya sea “municipal o particular”.

Al Ayuntamiento la fiscal también le solicita que informe al Juzgado sobre su “sistema de recogida de aguas domésticas, pretratamiento y saneamiento en el barrio de Tabaiba” así como sobre si existe EBAR [Estación de Bombeo de Aguas Residuales] o EDAR [Estación Depuradora de Aguas Residuales] en Tabaiba.

El Ayuntamiento responsabiliza al anterior gobierno

El Ayuntamiento responsabiliza al anterior gobiernoPrecisamente la EBAR es uno de los aspectos a los que se refiere el comunicado de prensa que ha remitido el Ayuntamiento de El Rosario a los medios de comunicación que se han puesto en contacto con su gabinete de prensa para interesarse la valoración de la denuncia de Fiscalía que señala principalmente la responsabilidad del Consistorio rosariero, aunque también la del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Desde el Ayuntamiento se asegura que desde que se formó el nuevo gobierno (IR-Verdes-SSP y ediles PSOE) en 2015, se trabaja para “solucionar este problema heredado” del anterior Gobierno “como tantos otros”.

Sin embargo, en el comunicado se señalan acciones de dos años después, en colaboración con el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife, los anuncios de, exposición pública de del proyecto de la EBAR (marzo de 2017), la licitación del contrato (septiembre de 2017) y formalización del contrato con la empresa adjudicataria (mayo de 2018). El Ayuntamiento asegura en su comunicado que la EBAR “contempla la conducción de aguas residuales de los edificios situados en la ladera este de Tabaiba, como es el caso del edificio Marlisa” y que “a día de hoy, el expediente continúa su tramitación administrativa, concretamente se ha realizado valoración económica de venta de los terrenos privados por los que deben cruzar las tuberías de conexión hacia la nueva EBAR”.

Para el Ayuntamiento, que los denunciantes presentaran su escrito en septiembre de 2017, “mucho después” [cinco meses desde la exposición pública de un proyecto que no se está construyendo un año y cinco meses después] de que el Ayuntamiento de El Rosario y el Consejo Insular de Aguas “comenzaran a trabajar conjuntamente en el proyecto de la EBAR cuyo objetivo es solucionar esta situación enquistada hace décadas” exime de responsabilidad al actual gobierno. Aun así, la denuncia de la Fiscalía, de este mes de julio recuerda que hay una denuncia previa de 2012.

El Ayuntamiento también asegura en su comunicado que “nunca se ha podido verificar la procedencia exacta de los vertidos” pero lo cierto es que la denuncia de la Fiscalía relata que fue el propio Ayuntamiento, a través del Servicio municipal de Aguas y siguiendo el mandato de la fiscal instructora (después de un intento fallido en noviembre de 2017 al no poder entrar en los edificios), el que puso en conocimiento de Fiscalía que había solicitado la toma de muestras en los edificios Marlisa I y II. El informe del Instituto de Toxicología verifica que las muestras recogidas en los edificios y en las zonas de baño son coincidentes en los parámetros.

El Ayuntamiento también señala en su comunicado que “en toda la urbanización de Tabaiba, desde su construcción en los años 70, la eliminación de las aguas negras domésticas, se llevaba a cabo a través de fosas sépticas y pozos absorbentes que no cumplían las exigencias sanitarias mínimas”. Precisamente la arquitecta técnica municipal emitió un informe a Fiscalía en noviembre de 2017, que también recoge la denuncia de la fiscal instructora, en el que asegura que el proyecto de construcción del Marlisa I (1983) tenía un sistema de saneamiento de fosa séptica y pozo absorbente mientras que el Marlisa II (2006) por una EDAR (con autorización del Consejo Insular de Aguas) y un pozo absorbente.

Cabe recordar que los dos edificios señalados por la Fiscalía tras la investigación realizada, están fuera de ordenación después de que los dejara en servidumbre de protección el deslinde de costas aprobado en 2008, por lo que las obras en los edificios requieren el permiso del Gobierno de Canarias y del Estado para llevarse a cabo. El nuevo deslinde en la zona (que llegó con 20 años de retraso ya que era obligado realizarlo desde que la Ley de Costas de 1988 sustituyó a la de 1969) fue criticado por los representantes legales de los vecinos de Cho Vito, Bajo La Cuesta y por la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas estatal ya que lo consideraron como una muestra de doble rasero. Pese a que los edificios perdieron valor al quedar en servidumbre de protección, lo que dificulta su remodelación, no quedaron en dominio público pese a que se tuvo que crear en el acantilado un paseo para asegurar la servidumbre de paso de seis metros.

El sendero llega hasta Radazul, donde se comió terreno al mar frente a los edificios de primera línea para esquivar la Ley de Costas, como reconoció en una reunión con los afectados en 2009 el entonces viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido (entonces en CC y ahora en NC). Pulido destacó ese 3 de abril de 2009 que, gracias al relleno que hoy forma parte de una zona de baño, el nuevo deslinde que también se aplicó en Tabaiba, libraba a los edificios de Radazul de ocupar la servidumbre de paso.

De hecho, la ejecución de la obra de ese sendero se hizo, según el Ayuntamiento, en un terreno privado y sin permiso lo que, según fuentes municipales, dificulta la instalación de las tuberías de la EBAR ya que el propietario es también dueño de los terrenos por los que tiene que pasar la conducción . Por otro lado, llama la atención que la fiscal instructora del caso también ha pedido que el Ayuntamiento de El Rosario informe sobre “el sistema de recogida de aguas pluviales” teniendo en cuenta que la zona ha sufrido graves consecuencias por las riadas y que IR-Verdes, hoy en la alcaldía, denunció la falta de esta red estando en la oposición .

Los denunciantes

Los denunciantesEl Ayuntamiento de El Rosario responde, en su nota, “al comunicado del colectivo denominado Plataforma El Rosario”. Dicha Plataforma, en su comunicado asegura que fue la que presentó la denuncia pero lo cierto es que no lo hizo esta persona jurídica sino cinco personas físicas: Josefina García Palmas (secretaria general de Podemos en El Rosario), Conchi Moreno García (miembro del Consejo Autonómico de Podemos Canarias) y Cecilia Tamayo Montoya, Maria Guadalupe Barroso Hernández y Joaquina Alves Portelihna que, como el presidente de la asociación, Antonio Delgado Arbelo, son miembros del Círculo de Podemos de El Rosario , uno de los círculos de la organización críticos con la dirección y con el acuerdo con Sí Se Puede, que forma gobierno con IR-Verdes y tres de los ediles del PSOE.

El Ayuntamiento de Adeje ha ordenado este viernes el cese temporal de la actividad del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado en la playa de Troya, según han confirmado a mirametv.com fuentes municipales. La decisión se produce tras la apertura de un expediente después de que el establecimiento retomara su actividad el pasado 17 de junio sin haber concluido las obras de ampliación que lleva a cabo en la instalación, que también han sido denunciadas por la Fiscalía por presuntos delitos urbanísticos.

El precinto tiene lugar mediante un decreto emitido tras una inspección realizada por técnicos municipales a principios de julio, a raíz de varias denuncias presentadas por los vecinos del entorno, en la que se constató que las obras de ampliación acometidas por el establecimiento se desvían del proyecto autorizado por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Adeje.

Los técnicos de la Concejalía de Urbanismo también han comprobado que los trabajos de ampliación han afectado a la instalación, por lo que se han modificado las condiciones iniciales por las que se concedió la licencia de actividad del local, en la que se han basado los propietarios para reabrir sus puertas desde mediados de junio.

Fuentes oficiales han confirmado que se ha requerido a los dueños del Monkey Beach Club para que “presenten la solicitud para llevar a cabo las modificaciones oportunas y ajustarse a la licencia inicial o, en su defecto, volver a desarrollar el trámite para obtener un nuevo permiso municipal”.

Los dueños del establecimiento presentaron hace unos meses un modificado del proyecto de ampliación original, pero el documento aún no ha sido autorizado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno autonómico, por lo que tampoco cuenta con licencia del Ayuntamiento.  

La actuación del Ayuntamiento se produce unas semanas después de que la Fiscalía presentase una denuncia por las obras de ampliación del Monkey Beach Club, al detectar presuntos delitos urbanísticos tras seis meses de investigación previa en los que se encargaron varios informes al Seprona de la Guardia Civil y a la Policía Local de Adeje. El Ministerio Público también requirió documentación a las administraciones implicadas antes de llevar los hechos ante la Justicia.

Aunque la licencia de las obras de ampliación está amparada en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM) de Costa Adeje, la Fiscalía quiere aclarar si la construcción actual es legal o si vulnera la normativa vigente, especialmente la Ley de Costas. Un asunto complejo que requiere de una investigación más profunda, lo que ha motivado la denuncia de la acusación pública para que se abra un procedimiento penal que pueda aclarar las dudas planteadas durante las diligencias preliminares de investigación.

El Monkey Beach Club acomete en la actualidad un proyecto para ampliar la construcción original en dos nuevas alturas. Los vecinos que denunciaron consideran que, aunque los trabajos puedan estar amparados en el Plan de Modernización, las obras incumplen la Ley de Costas, que es una normativa a la que no puede contradecir un instrumento de ordenación como el PMM.

El grueso de la investigación se centra en conocer si las obras de ampliación cumplen con la Ley de Costas. En principio, están amparadas en el PMM, que revisa las limitaciones fijadas en el Plan General de Ordenación (PGO) y permite el aumento de dos plantas en la construcción y un incremento de la edificabilidad de más de 600 metros cuadrados. El documento, que aprobó el Gobierno de Canarias justo antes de finalizar la legislatura en mayo de 2015, está recurrido judicialmente en el Contencioso-Administrativo.

Uno de los argumentos que generan dudas legales en el PMM es su aprobación sin contar, precisamente, con el informe preceptivo y vinculante de la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife. El órgano estatal elaboró un primer dictamen el 20 de mayo de 2015, que se presentó fuera de plazo, en el que realizó una serie de observaciones al texto y pidió su devolución, una vez corregido, para emitir las conclusiones definitivas. El Gobierno de Canarias obvió el trámite y dio luz verde al Plan de Modernización de Costa Adeje dos días después.

El Monkey Beach Club, una de las principales atracciones de ocio del sur de Tenerife por sus populares fiestas a pie de playa, es propiedad de los hermanos Cabrera Losada, hijos del expresidente de la patronal hotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel), José Fernando Cabrera. La edificación original data de 1975 y se levantó sin las autorizaciones necesarias, a pesar de que invadía el dominio público y sus servidumbres, tal y como confirmó la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife en un informe emitido en marzo.

Además del proyecto de ampliación, los propietarios del establecimiento presentaron otro proyecto paralelo para reformar la zona de las terrazas y mejorar los accesos a la playa, que fue autorizado por Costas el 1 de marzo de 2017.

Costas

El pasado 6 de julio, justo el mismo día en que la Fiscalía presentaba la denuncia por la ampliación del Monkey Beach Club, el jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre de la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife, Juan Antonio Troya, certificó que el establecimiento había concluido con las obras de mejora de una de las terrazas y de los accesos a la playa. El técnico concluye que los trabajos realizados se corresponden con el proyecto autorizado por el órgano estatal en marzo de 2017.

Este hecho es importante porque una de las cuestiones que están en tela de juicio radica en conocer si el establecimiento invade el dominio público, algo que ratificó la propia Costas en un informe elaborado a petición de la Delegación del Gobierno. En el documento, el propio Troya admite que el Monkey Beach Club se construyó en 1975 sin contar con los permisos obligatorios para las edificaciones que ocupan la zona demanial y sus servidumbres.

En el dictamen del técnico se afirmaba que la ejecución del proyecto presentado por los propietarios del local de ocio conllevaba el derribo de la terraza que sobrepasaba las zonas de servidumbre, por lo que la certificación de Costas del pasado 6 de julio vendría a avalar que el Monkey Beach Club ya no invade dominio público. Al menos, administrativamente, ya que los vecinos que denunciaron las obras todavía mantienen dudas de que los trabajos ejecutados hayan demolido toda la edificación afectada.

El principal problema para conocer si el establecimiento ha cumplido con su obligación de dejar libre la zona de dominio público radica en que no existe un acta de replanteo previa al inicio de las obras, lo que hubiera permitido delimitar las zonas de servidumbre y la línea demanial. A pesar de que este trámite fue fijado por el Gobierno de Canarias como “condición particular” para autorizar las obras de ampliación del Monkey Beach Club, nunca se llevó a cabo. Esta será otra de las cuestiones que tendrán que resolverse en la instrucción judicial abierta a raíz de la denuncia de la Fiscalía.

El Ayuntamiento de Adeje ha abierto un expediente para investigar si la reapertura del Monkey Beach Club, que retomó su actividad el pasado 17 de junio, se ajusta a parámetros legales. A preguntas de mirametv.com, fuentes oficiales han confirmado este viernes que técnicos municipales “han cursado recientemente” una inspección al establecimiento para comprobar si la obra de ampliación que se ejecuta, y que supone la construcción de dos nuevas alturas, “mantiene incidencia sobre la licencia de apertura que tiene actualmente vigente” el local de ocio.

Según el Ayuntamiento de Adeje, la actuación responde a “denuncias presentadas por la actividad que viene realizando” el Monkey Beach Club. El objetivo del expediente, que se produce en paralelo a la investigación abierta por la Fiscalía por la situación urbanística de la instalación, es averiguar si el establecimiento puede estar abierto al público con la licencia que tenía antes de comenzar las obras de ampliación de la construcción original.

En el pleno celebrado el 29 de junio, la concejala de Urbanismo, Ermitas Moreira, en respuesta a una pregunta del portavoz de Coalición Canaria, Óliver Tacoronte, reconoció que el establecimiento no ha tramitado una nueva licencia para retomar su actividad.

Tanto Moreira como el alcalde del municipio tinerfeño, José Miguel Rodríguez Fraga, ambos del PSOE, explicaron que las obras de ampliación están amparadas en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM) de Costa Adeje, aprobado por el Gobierno de Canarias en 2015 y recurrido judicialmente. La concejala fue más allá y admitió que, “cuando acabe la obra, ellos tendrán que pedir su correspondiente licencia de apertura, que llevará otro trámite completamente diferente”.

Este trámite aún no se ha producido porque las obras siguen en ejecución, lo que no fue impedimento para que el Monkey Beach Club abriera sus puertas el pasado 17 de junio, con la celebración de una fiesta que fue promocionada por todo lo alto en las redes sociales del establecimiento. Desde entonces, el local ha mantenido su actividad y este fin de semana ha anunciado un nuevo evento.

¿Puede reanudar su actividad el establecimiento sin haber finalizado las obras y sin haber tramitado una nueva licencia de actividad? Fuentes jurídicas consultadas coinciden en que después de realizar una ampliación como la acometida por el Monkey Beach Club, que supone un aumento de dos plantas sobre la construcción original, es necesario volver a llevar a cabo todo el procedimiento previo para obtener un nuevo permiso, sin que antes de concluir los trabajos se pueda abrir el negocio. Una argumentación similar a la que mantuvo en el pleno la concejala de Urbanismo.

El Ayuntamiento de Adeje, en la respuesta trasladada a mirametv.com, explica que se encuentra a la espera de “las conclusiones del informe” de los técnicos que inspeccionaron las instalaciones para “la adopción de las medidas que legalmente corresponda adoptar en garantía de los usuarios y vecinos”.

La actuación del Consistorio tinerfeño se produce en medio de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, a raíz de una denuncia de la Comunidad de Vecinos Galaxia, por las obras de ampliación del Monkey Beach Club.

La propia Demarcación de Costas reconoció en un reciente informe que parte de la terraza del establecimiento invade el dominio público marítimo terrestre, por lo que tiene que ser derribada. Durante el pleno del pasado 29 de mayo, el alcalde de Adeje insistió en que las obras están amparadas por el PMM. “Nosotros hemos actuado correctamente”, explicó.

La empresa promotora de las obras de ampliación, Nuevo Servicio y Turismo JCC, SL, es propiedad de los hermanos Cabrera Losada, dueños del Monkey Beach Club. El gerente, Javier Cabrera Losada, es vocal en materia de Ocio del Consejo Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Adeje.

En abril de 2011, el Consistorio tinerfeño precintó el Monkey Beach Club durante cinco días, en plena Semana Santa, por una denuncia vecinal al carecer el establecimiento de licencia para organizar fiestas musicales.

Cáritas ha indemnizado a la activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Inma Évora con 4.000 euros después de despedirla de forma improcedente, según reconoce el acuerdo alcanzado el pasado martes durante el juicio que se celebró en la sala del Juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife, tras la demanda presentada por Évora contra la organización de la Iglesia católica.

Este párrafo que acaba de leer y que, en principio, parece que es la noticia (al menos formalmente ya que responde al ‘qué’, ‘quién’, ‘cómo’, ‘cuándo’, ‘dónde’ y ‘por qué’) está incompleto si se tiene en cuenta que no explica por qué en el juicio declararon un consejero y una directora insular del Cabildo de Tenerife. Y es que Inma Évora fue despedida de forma improcedente de un proyecto (Base 25) enteramente financiado con dinero público (medio millón de euros aproximadamente) procedente de subvenciones a dedo otorgadas a Cáritas por el Cabildo de Tenerife y que forman parte de una larga lista de ayudas directas cuyo gasto ha crecido el 775% desde que Carlos Alonso (CC) llegó a la presidencia de la Corporación.

Pero en este caso no fue el presidente, sino el vicepresidente Aurelio Abreu (PSOE) quien tomó “la decisión política” de otorgarle a dedo el proyecto a Cáritas o al menos eso es lo que declaró, bajo juramento y con advertencia de dos años de cárcel si mentía, el consejero del Cabildo de Tenerife Julio Concepción (Podemos).

Concepción también aseguró tener pruebas de que Abreu le reconoció que fue Inma Évora la que propuso, en el marco del Consejo Insular de la Vivienda (en el que la activista, junto a Abreu y Concepción, también era miembro como antigua portavoz de la PAH) la creación de un proyecto para atender a personas afectadas por los desahucios y que ese proyecto se le entregó “por una decisión política de Aurelio Abreu”, insistió el consejero.

Concepción declaró que, como miembro de la oposición, le aclaró al vicepresidente que no estaba de acuerdo con la decisión, a lo que Abreu le respondió con un “tengo una buena noticia para ti”. Según su declaración, esa noticia era que, aunque la gestión del proyecto se entregara a Cáritas mediante subvenciones a dedo, Évora sería la encargada de llevarlo a buen puerto ya que Cáritas la contrataría.

También declaró la mano derecha de Abreu en el área de Vivienda del Cabildo, la directora insular Marta Arocha (PSOE), pero a diferencia de Concepción (que declaró como uno de los testigos de Évora propuesto por la abogada del sindicato CNT Cristina Vilela) el cargo público del Gobierno insular declaró a favor de Cáritas.

A preguntas del abogado de la organización de la Iglesia católica, Rogelio Zamora, que intentaba demostrar una competencia desleal por parte de Inma Évora, lo que reconoció Arocha es que la activista ya le había advertido que Cáritas estaba dejando sin atención a familias monomarentales (formadas por mujeres e hijos) y mujeres víctimas de violencia machista, precisamente dos de los perfiles a los que se refirió Évora durante la acampada que hizo junto a la PAH a las puertas del Cabildo como acto de protesta y en la que denunció públicamente que su despido se debía a que se oponía a dejar sin atención a personas por razones ideológicas de la organización de la Iglesia católica.

El abogado de Cáritas intentó demostrar la competencia desleal al preguntarle a Arocha si era cierto que Évora le propuso otro proyecto para atender a mujeres víctimas de violencia machista y familias monomarentales, a lo que la directora insular respondió “sí”. Pero, al ser preguntada por la abogada de Évora si la activista lo hizo para mejorar la atención a las personas afectadas por desahucios, Arocha no sólo respondió con un insistente “no sé”, sino que la directora insular de Vivienda también reconoció que el proyecto de Cáritas no atendía a esos perfiles que le proponía Évora por lo que no podría existir esa competencia desleal.

Más información en Mírame TV.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio en la obra de ampliación del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado al pie de la playa de Troya, en el municipio tinerfeño de Adeje, tras la denuncia presentada por la comunidad de propietarios del complejo Residencial Galaxia. 

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com, el Ministerio Público solicitó en diciembre información sobre el expediente al Ayuntamiento de Adeje y a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, además de requerir un informe acerca de las obras a la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife y al Seprona de la Guardia Civil. Fuentes de la Fiscalía han confirmado que las diligencias para averiguar si existen indicios de delito en la ampliación del Monkey Beach Club siguen abiertas.

La postura de la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife es clave en el conflicto. En un reciente informe firmado por Juan Antonio Troya, jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre, elaborado a petición de la Delegación del Gobierno tras una reclamación de los vecinos afectados, se reconoce que “la edificación ocupa el dominio público marítimo terrestre y sus servidumbres, sin constar a este servicio los permisos exigibles por la legislación a Costas aplicable en el momento de su construcción”. 

A pesar de admitir que la construcción existente antes de las obras se levantó sin los permisos necesarios, el funcionario concluye en su informe que las obras de ampliación “cuentan con las requeridas autorizaciones tanto en la servidumbre de tránsito y protección, como en el dominio público marítimo terrestre, y se han otorgado de acuerdo a la Ley de Costas y al planeamiento aprobado”.

El informe del jefe de Servicio de Costas admite que parte de la construcción original, en concreto la terraza del local de ocio, ocupa el dominio público, lo que obliga a su demolición. Para salvar este escollo, el funcionario se basa en un proyecto presentado por los dueños del negocio en marzo de de 2017, que recibió el visto bueno de la Demarcación. Este plantea acometer un derribo que, un año y tres meses después, aún no se ha llevado a cabo.

Las obras de ampliación, que se ejecutaron según otro proyecto aprobado en enero de 2017 por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, finalizaron hace escasos días y la terraza aún sigue en pie. A esto se suma que nunca se llegó a elaborar el acta de replanteo obligatoria al inicio de los trabajos, lo que hubiera permitido delimitar qué cantidad exacta de la construcción invade el dominio público. Pero las dudas sobre la legalidad de la actuación también se extienden a las servidumbres de tránsito y protección.

El informe, que reconoce que la ocupación de la servidumbre de tránsito es “contraria a Ley de Costas”, alude a la Disposición Transitoria Cuarta de la norma, que “permite obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes”.

El jefe de Servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre afirma que el proyecto presentado en marzo de 2017 por los propietarios del Monkey Beach Club, que todavía no se ha ejecutado, contempla “el acondicionamiento de las terrazas y escaleras que se mantienen en la servidumbre de tránsito para facilitar la accesibilidad y mejorar la seguridad”. 

Los denunciantes insisten en que no se respeta la obligación de mantener libre el paso por la servidumbre de tránsito, tal y como establece la Ley de Costas. En la actualidad, para atravesar el local de ocio hay que bajar a la arena de la playa, es decir, al dominio público marítimo terrestre, o desviarse por la vía superior, ya que la servidumbre está bloqueada por la construcción. 

La obra que se ha ejecutado corresponde a la ampliación de la edificación que ocupa la servidumbre de protección, sobre la que se han levantado dos nuevas alturas. Tal y como adelantó mirametv.com en diciembre de 2017, durante la ejecución de los trabajos se invadieron tanto la servidumbre de tránsito como el dominio público marítimo terrestre. 

El informe de Costas avala las obras según la autorización concedida por el Ejecutivo autonómico. Juan Antonio Troya argumenta que la Ley de Costas no prohíbe de forma expresa los usos de bar, restaurante o cafetería; por lo que las limitaciones urbanísticas de aplicación “serían las que establezca el planeamiento”. 

Plan de Modernización

Plan de ModernizaciónDesde mayo de 2017, el planeamiento vigente en la zona donde se ubica el Monkey Beach Club se regula a través del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Costa Adeje. La norma, que aprobó el Gobierno de Canarias días antes de finalizar la legislatura anterior, se encuentra recurrida judicialmente en el Contencioso-Administrativo. 

El PMM de Costa Adeje revisa en este ámbito las limitaciones establecidas por el Plan General de Ordenación (PGO) de 2004 y aumenta de una a tres plantas la altura máxima de la parcela que ocupa el local de ocio. Una modificación que le ha venido como anillo al dedo a los propietarios del Monkey Beach Club, aunque de anularse el documento en la Justicia se abriría la puerta al posible derribo de la parte construida. 

Uno de los motivos por los que ha sido recurrido el PMM está directamente relacionado con la actuación de Costas. El documento se aprobó sin el informe preceptivo y vinculante del órgano estatal. La Demarcación elaboró un primer dictamen el 20 de mayo de 2015, que se presentó fuera de plazo, en el que realizó una serie de observaciones al texto y pidió su devolución, una vez corregido, para emitir el informe definitivo. El Gobierno de Canarias obvió el trámite y dio luz verde al Plan de Costa Adeje dos días después, el 22 de mayo.

El informe de Costas también concluye que “se deberían solicitar los informes jurídicos que pudieran proceder sobre la aprobación del PMM de Adeje, por no constar su aprobación definitiva por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar”.

La empresa promotora de las obras de ampliación, Nuevo Servicio y Turismo JCC, SL, es de los hermanos Cabrera Losada, propietarios del Monkey Beach Club. El gerente, Javier Cabrera Losada, es vocal en materia de Ocio del Consejo Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Adeje. 

El PMM de Costa Adeje fue elaborado por Gesplan, la empresa del Gobierno de Canarias que se encarga de tramitar los planeamientos en municipios donde no se tiene la capacidad técnica para ello. El que era gerente de Gesplan cuando se tramitó el documento, Rafael Castellano, fue reconocido en un acto del Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST) por su participación en la elaboración del Plan. El FAST está presidido por el expresidente de la patronal hotelera en la provincia tinerfeña José Fernando Cabrera, padre de los dueños del Monkey Beach Club, que se han visto beneficiados por la nueva normativa urbanística que ha permitido las obras de ampliación del local de ocio.

Primogénito del dictador Miguel Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, icono de la Guerra Civil y la dictadura franquista al grito de “José Antonio, ¡Presente!” ... y, ahora, vecino de Antigua, Fuerteventura. La calle José Antonio es perpendicular a la que, hasta 2014, era la calle General Franco. La antigua calle General Franco, a su vez, es perpendicular a la calle Plaza Cruz de los Caídos (hoy sólo calle de la Cruz). Pese a estos evidentes recuerdos de la dictadura franquista en el callejero de Antigua, el Consistorio asegura que “la calle José Antonio recibe ese nombre en homenaje a un vecino y no a Primo de Rivera”.

Esta afirmación la ha hecho a través del secretario general del Cabildo de Fuerteventura, que actúa como secretario general del Ayuntamiento en funciones, en un escrito remitido a la Asociación Memorialista Ranz-Orosas (AMRO) con fecha de salida de 15 de marzo de este año en respuesta a la solicitud de cambio de nombre en cumplimiento del artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica. En ese escrito, se instaba “a las administraciones públicas a tomar las medidas oportunas para la retirada, en el ámbito de sus competencias, de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Una ley que el Ayuntamiento se comprometió a cumplir en un acuerdo plenario de 29 de julio de 2009, eso sí, con las abstenciones de CC (en la que estaba integrado el partido APA, fundado por el actual alcalde Juan José Cazorla), de la Plataforma Popular en Defensa de Antigua (PPDA) y del PP, el partido del entonces alcalde Gustavo Berriel, (hoy primer teniente de alcalde) que también se abstuvo pese a que “lo que se contempla en la moción es por Ley y hay que cumplirlo”, dijo entonces la socialista América Soto.

Otra ley, la de Función Pública, aclara que la Secretaría debe dar “fe pública” y el “asesoramiento legal preceptivo”, es decir, que Miguel Ángel Rodríguez, el secretario del Cabildo de Fuerteventura, en esos momentos como secretario en acumulación de funciones del Ayuntamiento de Antigua, certifica como veraz que “la calle José Antonio recibe ese nombre en homenaje a un vecino y no a Primo de Rivera” pero lo hace sin poder aportar ningún documento que lo demuestre.

El escrito firmado de su puño y letra es, según Miguel Ángel Rodríguez, “reflejo de lo que manifiesta la Corporación, pero no tengo ni idea yo, evidentemente, doy fe de lo que dice el pleno, no tengo obligación de verificarlo, no voy a desconfiar de si lo que dicen es cierto y no tengo motivo para pensar que no digan la verdad”. El encargado, según la Ley, de dar fe pública y del asesoramiento legal preceptivo a los concejales, tras insistirle sobre si está seguro de que es el pleno el que toma la decisión, aseguró que “no hay duda ninguna, es un acuerdo de pleno, eso sí que me lo sé de memoria”. Sin embargo, no fue el pleno sino “la Junta de Gobierno local (APA-PP) de 8 de marzo la que adoptó el acuerdo por unanimidad de los presentes”. Rodríguez emplazó a este periódico al Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Antigua, encargado del callejero municipal, desde el que se asegura que el nombre de la calle se debe “a un antiguo alcalde que estuvo gobernando en el Ayuntamiento y se llamaba José Antonio”. Preguntada la responsable del Servicio por el apellido del supuesto alcalde que no aparece en la calle y por el documento que lo prueba, solicitó al periodista que repitiera su llamada al día siguiente para realizar las comprobaciones.

Después de realizar esas comprobaciones, el personal técnico del Ayuntamiento confirma que “la calle se puso por José Antonio Primo de Rivera y hemos solicitado a la concejalía de Obras y Servicios que añada el cambio de nombre de la calle José Antonio a la propuesta que se ha elaborado para cambiar el nombre de la calle General Moscardó”. El exalcalde Juan Évora Suárez mantiene que la calle es en honor a José Antonio Primo de Rivera y que se puso con Francisco Berriel Jordán de alcalde, el abuelo del hoy primer teniente de alcalde Gustavo Berriel, que se abstuvo de votar a favor de la Ley de Memoria Histórica en el pleno de 2009.

El actual alcalde, Juan José Cazorla (APA), dice no tener “ni idea” de a quién homenajea esa calle y se comprometió a buscar la respuesta sin que la haya dado todavía.

El abogado experto en Memoria Histórica Eduardo Ranz, jurista de la asociación estatal que registró la reclamación el pasado 22 de febrero, califica la respuesta del Ayuntamiento de Antigua de “bastante impresentable, una falta de respeto a los habitantes del municipio y un mal uso del dinero público”. Ranz, que se encuentra muy ocupado con las exhumaciones en el Valle de Los Caídos o con la búsqueda de los restos de Federico García Lorca descarta “por el momento” iniciar acciones legales contra el Ayuntamiento de Antigua como sí ha hecho contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (CC-PP) por negarse a retirar su monumento a Franco.

Pero el consistorio no destaca por su originalidad. El senador del grupo Compromís Carles Mulet lleva tiempo denunciando “el misterioso caso de las calles dedicadas a un tal ‘José Antonio’ del cual nadie sabe el apellido” y enfrentándose a los alcaldes que se niegan a cambiar el nombre a esta calle poniendo todo tipo de excusas: Si ahora se sabe que en Antigua, la “calle José Antonio” está dedicada, según el Ayuntamiento, a “un vecino” sin más; en Tíjola (Almería) homenajea “al gasolinero del pueblo”; en Alpujarra de la Sierra (Granada), “al médico del pueblo” y en Manzaneque (Toledo), “a un agricultor del pueblo”. Estos son sólo unos pocos ejemplos de las respuestas a los escritos que ha mandado Mulet desde el Senado y que le ha llevado a presentar en Fiscalía al menos dos denuncias contra los alcaldes de Pajares de La Laguna (Salamanca) y Río Negro del Puente (Zamora) por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación e injurias y calumnias en el primer caso ya que la carta de respuesta está plagada de insultos. El senador ya consiguió con otra denuncia que la Fiscalía abriera diligencias contra el alcalde de La Serratella (Catellón) por un posible delito de desobediencia.

Se da la circunstancia de que, entre las solicitudes de Mulet (basadas en el trabajo periodístico de Jesús Escudero en El Confidencial), también se encuentran las realizadas al Ayuntamiento de Antigua, y requiere al Ayuntamiento copia de los expedientes para el cambio de denominación. José Antonio puede haber muchos, pero General Moscardó sólo uno: el cabecilla en Toledo del Golpe de Estado de 1936 y general de las tropas franquistas en el asedio de Madrid, las batallas de Guadalajara y Coruña y la toma de Cataluña. Durante la dictadura fue jefe de la Casa Militar de Franco y jefe de las milicias de FET y de las JONS entre otros cargos de relevancia. Es por eso que el Ayuntamiento de Antigua se comprometió a “elevar al próximo pleno” una propuesta de cambio de denominación de la calle en honor al General Moscardó que hay en el municipio, pero en ninguno de los dos plenos que desde entonces se han celebrado en el Ayuntamiento se ha elevado esa propuesta. Mulet también preguntó por esta calle, incluida en la respuesta de Antigua, en la que el primer teniente de alcalde reconoce que su gobierno no ha cambiado la nomenclatura por lo que ante “la carta remitida por este Ayuntamiento” en la que “se reconoce incumplir con la Ley de Memoria Histórica”, el senador “solicita copia de los expedientes o acuerdos adoptados al respecto por el Ayuntamiento para cumplir con la legislación, con posterioridad al anterior requerimiento del Senado”. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento, a esta segunda solicitud, presentada hace casi seis meses, aún no ha respondido. Mulet lamenta que la Ley no incluya un procedimiento sancionador ni plazo para cumplirla por lo que espera que en la propuesta de reforma que ha prometido el PSOE se incluyan estos términos incluidos en la proposición de Ley de Compromís que fue rechazada en el Senado con los votos en contra del PP y la abstención del PSOE y Ciudadanos.

Por otra parte, el nombre no se ha cambiado pero las placas de la calle han desaparecido. A no ser que resulte la propuesta del Servicio de Estadística municipal para cambiar el nombre de la calle José Antonio (después de comprobar, a solicitud de Diario de Fuerteventura, que está en honor a Primo de Rivera), Antigua seguirá homenajeando con una calle a uno de los iconos “de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura” un símbolo de la “exaltación personal y colectiva” de la que habla el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.

A pesar de la euforia con la que ahora ha acogido el incremento del descuento de residente al 75%, el Gobierno de Canarias alertó hace tan sólo ocho meses que esta medida podría provocar una subida del precio de los billetes.

El Informe sobre Medidas para el abaratamiento del precio del transporte aéreo Canarias-PenínsulaInforme sobre Medidas para el abaratamiento del precio del transporte aéreo Canarias-Península se presentó en septiembre del año pasado y no es que se escondiera, precisamente… Rueda de prensa, comunicados, una amplia difusión en medios de comunicación y medios de propaganda, presentaciones a los empresarios.

El informe fue encargado por el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, a Germán Blanco, “un experto” que casi todos se olvidaron de presentar: tesorero del Cluster Canario del Transporte y la Logística, el lobby que cuatro meses antes había conseguido retomar el Salón Atlántico de la Logística y el Transporte (SALT) tras dos años de parón “gracias a la implicación directa del vicepresidente”.

Rodríguez no quiso dar paso “al autor” del informe en la rueda de prensa sin adelantar él mismo la conclusión: Tras estudiar los pros y contras del incremento del descuento por residente al 75% o de solicitar a la UE que declaración de los vuelos con la Península de Obligación Servicio Público (OSP), como ya son los interinsulares, “la opción más eficiente para lograr el objetivo final, que repercuta directamente en el ciudadano ese descuento, que repercuta directamente en el ciudadano el abaratamiento del coste del billete, que directamente el ciudadano vea que no va a la compañía sino va a su propio bolsillo ese descuento es la bonificación de tasas aéreas”, aseguró el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes. Ese fue el titular elegido, acompañado de que el billete Canarias-Península podría abaratarse así hasta un 64% en las tarifas más baratas y un 12% en las más caras. Aclara el informe que las tasas representan de media un 23% del coste del billete. Frente a eso está un, supuestamente seguro e invariable, incremento del 25% en descuento por residente pero… Ahí está la trampa. Según el informe, pese a que, entre 2004 y 2007, la bonificación subió un 52%, los pasajeros sólo pagaron un 36% menos. El informe concluye que es complicado “evitar que parte de esta subida en la subvención se vea compensada por un incremento de tarifas”, a diferencia de las tasas aéreas, donde, como figuran separadas en el coste del billete, lo complicado es que las compañías puedan colar una subida de precios. En la rueda de prensa, el autor del informe añadió que “se intuye que un 20% del coste de la bonificación se destina a cubrir un posible incremento de los precios”. Aunque el incremento en la subvención sea una cifra cerrada, del 50% al 75%, el informe advierte de que “es difícil determinar en cuánto se reducirá el precio de los billetes”.

Pero lo publicado hace ocho meses es difícil de recordar por un electorado si, en vez de ir a la hemeroteca, los medios de comunicación se prestan a reproducir tal y como les llega, la propaganda de los dos partidos nacionalistas canarios presentes en el Congreso de los Diputados y que no sólo ya están en campaña electoral, sino que tienen que justificar, una vez más, el apoyo a los otros Presupuestos Generales del Estado marcadamente antisociales del Partido Popular y que afectan negativamente a muchas más personas, también en Canarias, a quienes supuestamente beneficia el 75% del descuento por residente.

A todos los periódicos en papel canarios no les ha resultado tan difícil como al informe del Gobierno de Canarias determinar en cuánto se reducirá el precio de los billetes y aseguran sin tapujos que los vuelos costarán “la mitad y para siempre” atreviéndose incluso a aseverar que los vuelos de ida y vuelta a la península costarán 30 euros. Sólo hay que volver un poco más para atrás a esa hemeroteca para encontrar titulares similares cuando Nueva Canarias y Coalición Canaria también votaron a favor de los anteriores presupuestos antisociales del Partido Popular, entre otras cosas, a cambio de un descuento por residente del 75% en los vuelos interinsulares. Tras la reunión del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Pablo Rodríguez, con las compañías aéreas, se publicó que los billetes interinsulares iban a costar cinco euros por trayecto.

Hoy, el billete más barato que se puede encontrar cuesta como mínimo el doble y llega a costar hasta cuatro veces más, precios que además están, en su mayoría, por encima de los últimos precios de mercado aprobados por el Ministerio de Fomento. Por ejemplo, el precio de mercado aprobado por Aviación Civil de un vuelo entre Tenerife Norte y Gran Canaria ha sido en los últimos años de 59 euros, lo que quiere decir que, tras aplicarle 75% de descuento por residente, debería quedarse por debajo de los 15 euros, pero la mayoría de los billetes que se pueden encontrar están por encima de esa cantidad.

Es llamativo que el autor del informe del Gobierno de Canarias, el tesorero de uno de los lobbys canarios del transporte, del que son socias empresas como Naviera Armas o la propia Binter, aclara que, de aplicar el modelo de los vuelos interinsulares a la península, “la Obligación de Servicio Público [OSP] no es sinónimo de un descenso del precio”, ya que “se pierde el atractivo de la ruta y las compañías pueden desistir en su realización”. Además, añadió Blanco en la presentación, que “establecer un precio máximo intervenido fuera del libre mercado puede no verse reflejado en un descuento del coste final”. El mes pasado, la Comisión Europea coincidió con las conclusiones del informe del Gobierno de Canarias que ponían en duda que se pudiera aplicar la OSP en el corredor Canarias-Península porque “existe el riesgo de que la ruta deje de ser atractiva” para seis compañías que ya “garantizan la frecuencia y calidad del servicio”.

Y, todo eso, sin olvidar el fraude

Hace poco más un año, el pasado 24 de marzo de 2017, el director general de Aviación Civil del Ministerio de Fomento pospuso, mediante una resolución, la entrada en vigor de un decreto de 2014 para luchar contra el fraude de las compañías aéreas obligando a las compañías a justificar “por escrito” los precios de mercado como una “comprobación previa” que estaría “vinculada a la aprobación del contrato” por el que las compañías con Obligación de Servicio Público reciben, directamente del Estado, los millones de euros correspondientes al porcentaje de billetes subvencionados por el descuento por residente. Es decir, hasta ahora, y todavía, esas comprobaciones que han sido pospuestas mediante esta resolución, no se siguen sin hacer. La justificación que esgrime el director general de Aviación Civil para posponer esta medida es que los gobiernos balear y canario no han querido argumentando que podría suponer “un perjuicio económico”, especialmente y según la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, Yasmina García, a “aquellos sectores más vulnerables” como los que “frecuentemente efectúan viajes en grupo, tales como escolares, equipos deportivos, grupos culturales o jubilados, se vean afectados por el fraude de las compañías”, que utilizan estos viajes en grupos para declarar costes superiores. Pero lo cierto es que Aviación Civil reconoce que “no dispone del resultado de análisis conjunto del sistema de subvenciones con los gobiernos” de Canarias y Baleares, además de que los supuestos “problemas técnicos y de implementación puestos nuevamente de manifiesto por las compañías aéreas” obligan a posponer esta medida de control.

Sólo dos semanas después de esta resolución, llegó la condena firme a Globalia (AirEuropa) que consignó más de 30 millones de euros en los juzgados por fraude en subvenciones. Se sumaban a los 7,5 millones de euros de condena a Islas Airways en 2015 que confirmó el Tribunal Supremo el pasado mes de abril además de que la Fiscalía solicita una pena de cuatro años de cárcel contra su dueño, el presidente del CD Tenerife Miguel Concepción, por estafa agravada.

Puestos de manifiesto los problemas para controlar el fraude en la reducción del coste de los billetes mediante la OSP y el sistema de Subvenciones, el informe del Gobierno canario apostaba por subvencionar al 100% las tasas aéreas, una apuesta que medios de comunicación atribuyeron directamente la presidente del Gobierno Fernando Clavijo. Sin embargo, ocho meses después, Clavijo valoró el 75% éxito conjunto de CC y NC en la negociación con el PP para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Una contradicción que se ha visto reflejada, ya no en ocho meses, sino en apenas dos días, pues el presidente canario pasó de decir un martes en sede parlamentaria que “la mayor competencia hace que bajen las plazas y corremos el riesgo de que esos descuentos suban los precios artificialmente y generen un problema no a los canarios, sino a los turistas peninsulares que quieren venir y se les encarece el precio”, tal y como concluyó el informe encargado por el Gobierno canario, a decir un jueves que “es necesario propiciar que el aumento del descuento de los billetes aéreos con la Península para los residentes canarios hasta el 75% que permita rebajar las tarifas también para los no residentes gracias al incremento de la competencia y de las conexiones que puede generar”.

El tiempo dirá si el descuento por residente del 75% es un bluf (según la RAE, “montaje propagandístico destinado a crear un prestigio que posteriormente se revela falso”) destinado a sostener en campaña electoral la foto que demuestra que CC y NC han vuelto a ayudar, otro año más, al Gobierno del PP a aprobar otros presupuestos antisociales que afectan directamente (y tal y como diría la directora general de Transportes del Gobierno canario) “a los sectores más vulnerables” que suman muchas más personas de las que puedan verse supuestamente beneficiadas por el nuevo descuento por residente.