La excepcionalidad de lo que estamos viviendo no debe hacernos perder la perspectiva. Esta pandemia tenía precedentes (Ébola, gripe aviar, SIDA…) y expertas en salud llevan años avisando del peligro que suponen las mutaciones víricas y de otros organismos en un mundo globalizado. Los graves desequilibrios ecológicos, sociales, económicos, bioquímicos, psíquicos y políticos que hace décadas asedian nuestro hábitat hacen de esta crisis algo no tan sorprendente e imprevisible.

La situación económica post-corona va a ser difícil, eso lo sabemos todas. Sin embargo, hay quienes llevados por los brotes de solidaridad y buenos sentimientos que esta crisis ha generado, ven indicios de un cambio de paradigma. La idea de que un trauma social pueda ser un punto de inflexión y cambiar el rumbo del capitalismo es recurrente, y se ha dado en crisis anteriores. Desafortunadamente lo que los análisis de Naomi Klein nos han enseñado respecto a cómo el capitalismo encaja este tipo de desastres es justo lo contrario. Lo más plausible sería que la crisis actual sirva para dar aún una vuelta de tuerca más a la disciplina productivista y por lo tanto, a la desigualdad, la vigilancia y el refinamiento de la explotación patriarcapitalista.

Es precisamente por este plausible efecto que las lecturas ingenuas del post-corona me parecen preocupantes, tanto las lecturas 'místico-ecologistas' que confían en un despertar de las conciencias y en el poder de la naturaleza, como otras lecturas menos místicas pero igualmente conformistas. La lectura populista-igualitaria dice “Estamos todos juntos en esta crisis. Unidas vamos a superarla, y de aquí surgirá una solidaridad social reactivada, una sociedad más cooperativa que en el futuro, y mediante la recuperación de lo público, nos conducirá hacia un capitalismo más humano”.

La idea de que “Estamos todos juntos para superar esta crisis” es descaradamente falsa: Unas pasan el confinamiento en casa con jardín, y otras en habitáculos de 30 m2; unos mueren hacinados en residencias, y otros son atendidos en pisos blindados; unos tienen los medios telemáticos para que sus hijas e hijos sigan el curso, y otros no; unas viven con la amenaza de la miseria que se les echa encima y otras tienen seguridad de por vida. El uso enfático de la palabra 'todos' en la lucha contra el coronavirus crea la necesaria ilusión de unidad para combatirlo, pero lo cierto es que esta crisis no nos hace más iguales sino todo lo contrario, las diferencias se han agudizado.

Y si en esta crisis no somos iguales en el eje de clase, tampoco lo somos en los ejes de sexo y de edad. Muchas de las profesiones que están hoy en primera línea frente al virus son oficios muy feminizados: enfermeras, cajeras de supermercado, cuidadoras en residencias, limpiadoras de hospitales y edificios abiertos al público... La crisis del coronavirus supone una desesperada demanda de cuidados dentro y fuera de los hogares; y cuidar aún es mayoritariamente cosa de mujeres. Ojala esta brutal puesta en evidencia del carácter vital de los cuidados sirviera para darles un mayor reconocimiento político, pero nada invita a pensar que vaya a ser así. La realidad es que la desesperada demanda de cuidados por parte del sistema lo que de momento está produciendo es que se pisoteen los derechos de las trabajadoras en Sanidad. La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio madrileño de Salud ha emitido el pasado 12 de marzo una resolución en la que establece regímenes excepcionales para las excedencias, licencias y permisos parentales durante la crisis del coronavirus, de manera que “las Gerencias, con carácter general, denegarán la concesión de cualquier permiso o licencia, así como cualquier tipo de excedencia... cuando las circunstancias concretas que concurran en el centro imposibiliten el mantenimiento de la asistencia sanitaria a la población con los recursos humanos disponibles”.

La resolución solo garantiza que se respeten las primeras 6 semanas obligatorias del permiso materno. Una vez más, como es propio de un sistema patriarcal, son los derechos de las madres y las criaturas los primeros que se consideran revocables. La necesidad de atención y cuidados de las criaturas en sus primeros meses de vida no es menor que las de muchos de los enfermos que el sistema sanitario atiende, pero la Comunidad de Madrid ha considerado que la salud física y psíquica de bebés y madres no es algo que deba proteger. Hay que calibrar bien lo que se está imponiendo a madres y criaturas con esta resolución, porque una separación temprana y forzada puede ser muy perniciosa para ambas en términos de salud, eso que la Constitución dice que debemos proteger en toda la ciudadanía. En cuanto al confinamiento dentro de la caja negra que son las familias, en muchas ocasiones es un caldo de cultivo para violencias y abusos, y quienes más van a sufrir en este tipo de situaciones son niñas y niños. En España, la infancia es la única que de verdad no puede salir de casa en esta crisis. En la mayoría de países europeos donde hay confinamiento, incluidas nuestras vecinas Portugal y Francia, está permitido que los menores den un corto paseo. En España, todos los adultos que quieren, salen: a sacar al perro, al estanco, a comprar (por cierto, hay más varones de lo habitual en el supermercado) o a llevar la compra a su madre.

Como dice Nancy Fraser, la interpretación de las necesidades es una operación profundamente política. En la actual crisis se han tenido en cuenta las necesidades de los perros. También el derecho del señor de 70 años para ir al estanco a comprar sus puros o su tabaco, este es un derecho que no ha sido cuestionado por mucho que su salida sea de alto riesgo, ya que puede acabar en unos colapsados servicios de cuidados intensivos. Ni las fuerzas de seguridad ni los vecinos le van a interpelar en la calle. Sin embargo, en España, una madre que vaya al supermercado con su hija se arriesga a ser insultada e incluso agredida por la Gestapo vecinal, como le ocurrió a una madre de La Coruña a quien le que tiraron huevos desde los balcones. Cuesta entender por qué no existe una prohibición de salida para los mayores, que son quienes tienen el mayor riesgo (el 87% de los muertos tiene más de 70 años) asignando al ejercito la tarea de garantizar su abastecimiento en su domicilios.

Después de Semana Santa miles de personas han vuelto a su trabajo: cogen el metro, pasan 8 horas en contacto con otras... La economía sufriría demasiado si continúa el parón. El gobierno reparte mascarillas en el metro. En el cálculo de riesgos y necesidades de esta crisis, las necesidades de los menores han sido las más rápidamente descartadas por los gestores españoles encargados de interpretar qué necesidades merece la pena atender y cuáles no: las criaturas ni votan, ni producen. En los paritorios de muchos hospitales muy rápidamente se han clausurado los protocolos de atención obstétrica respetuosa de un plumazo, en ocasiones forzando la separación postparto de la criatura y la madre; y el Ministerio de Sanidad ha publicado unas recomendaciones con el revelador título de Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con el COVID 19 en las que no se ha contado con la participación de los colectivos de mujeres como pacientes.

Nos gusta creer en ese 'todos', en la unidad y la solidaridad. El 'todos' como revulsivo del miedo siempre ha sido una muy útil herramienta populista en manos de los políticos. Pero en un país como España con uno de los índices de desigualdad más altos de Europa ese 'todos' carece de significado. Haríamos bien en plantearnos el reto de hacer que sí lo tuviera; porque cuanta más gente haya para la que este virus y los que vengan en el futuro sean el menor de sus problemas, mayor será el riesgo y la inestabilidad (esta vez sí) para todas y todos.

En la lucha contrarreloj contra la desigualdad, parece que el gobierno va a aprobar una muy necesaria renta de emergencia transitoria. Después será necesario mejorar las rentas mínimas vitales, ampliando su presupuesto y dándoles una mayor homogeneidad a nivel estatal. Pero más allá de los parches de urgencia, cuando esto termine tendremos que ser muy cuidadosos con el diseño de las políticas de protección social, porque de ello dependerá la sociedad del futuro en gran medida. En el río revuelto del coronavirus los defensores de una Renta Básica Universal para adultos han vuelto a reavivar la demanda de esta medida como ultrasolución. Hay muchas maneras posibles de plantear una renta básica universal. Y la renta básica para adultos no es en absoluto la mejor política redistributiva posible. Una vez más se trata de una interpretación androcéntrica de las necesidades, supone olvidar de nuevo a la infancia y la dimensión reproductiva, y por lo tanto, reforzar la patriarcal precarización de la crianza, algo que analizo en Maternidad, Igualdad y Fraternidad con más profundidad. La Renta Básica Universal que España necesita es la renta universal para menores, una medida existente en la mayoría de los países europeos desde hace décadas y que sería el modo más eficaz de luchar contra la pobreza infantil y la desigualdad, como ya han señalado numerosas entidades que han estudiado la cuestión.

Construir solidaridad social es un trabajo lento, esforzado y silencioso que se hace en tiempos de 'normalidad', cuando la vida discurre por sus cauces habituales. Para que las cosas cambien y nuestra vida en sociedad y en el planeta sea sostenible y digna para todas, no basta con arrebatos de fraternidad. Es preciso actuar políticamente. Es preciso reflexionar sobre las graves disfunciones que nos han traído hasta aquí: la privatización, precarización y el estrangulamiento de la sanidad pública; la globalización desenfrenada que nos obliga a traer algo tan básico y urgente como mascarillas desde China; la desigualdad rampante; el modelo económico basado en el consumo desbocado; el androcentrismo en las políticas;… todas ellas son dinámicas que arrastramos desde hace décadas. Como ciudadanas con la responsabilidad de reconducir las políticas y a los políticos hacia otro lugar, debemos asumir el trabajo de denuncia de todos los desequilibrios que nos asolan; eso es lo único que podrá encaminarnos hacia otro horizonte, difícilmente podremos evitar nuevas pandemias, ni la desaceleración económica, pero al menos sí podríamos evitar que todo ello nos aboque a escenarios futuros peores.

El pacto Sánchez-Iglesias sanciona e impulsa la implementación de los permisos iguales e intransferibles en España con la ampliación de los permisos paternos que a día de hoy son ya de 8 semanas. Aunque se habla de “incremento” y “mejora” de los permisos parentales, el hecho es que el único permiso que se ha incrementado es el paterno. Los datos del Ministerio de Trabajo nos dicen que ya hay más hombres que cobran prestación por paternidad (140.716 en 2019), que mujeres por maternidad (124.867 en 2019). Es más, las prestaciones por maternidad han disminuido un 2% respecto a 2018, mientras que las de paternidad han aumentado un 10,23%.

El hecho político consumado es que los permisos iguales e intransferibles son una medida que asigna nuevos derechos y canaliza gasto público a los padres y no a las madres. Pone en valor la paternidad y deja a las madres a la merced de las coacciones del mercado laboral; en vez de mitigar, agrava la invisibilidad, la precariedad y la banalización de la maternidad en el capitalismo tardío.

Muchas mujeres nos preguntamos ¿verdaderamente es esta la medida de conciliación que este país necesitaba? A las feministas, la natalidad no nos preocupa desde planteamientos nacionalistas y economicistas --hoy la mayoría de las mujeres no traemos criaturas al mundo para sostener pensiones y hacer funcionar la rueda del capital-- pero sí nos importa todo aquello que condiciona y coacciona las decisiones de las mujeres, como lo hacen las estructuras socioeconómicas que degradan la vivencia de sus maternidades deseadas.

España dedica a la protección social de maternidad y crianza la mitad de la media de la UE 28 (2,4% del PIB en la UE 28 y 1,3% en España en 2016, últimos datos completos en Eurostat). Si desglosamos este gasto en Infancia/Familia según los diferentes tipos de intervención social que hay (beneficios fiscales, servicios y prestaciones monetarias) vemos que España dedica a la función Infancia/Familia en transferencias monetarias ¡solo la tercera parte de la media de la UE 28! Las transferencias monetarias (por ejemplo las prestaciones universales por hije a cargo) son prestaciones fundamentales cuando hablamos de verdadera igualdad y de lucha contra la pobreza. Son un tipo de beneficio que contribuye a la redistribución de las rentas el doble que los impuestos1: si se recorta en transferencias sociales aumenta la desigualdad. Pues bien, España, en transferencias sociales para la infancia, es el país que menos invierte de toda la UE 28.

Con este panorama no puede sorprender que siempre estemos a la cabeza de Europa en tasas de pobreza infantil, ni que España sea de los pocos países europeos que carece de una prestación universal de ayuda a la crianza; pero lo que resulta desesperante es que cuando por fin en nuestro país se aprueba destinar una partida del presupuesto para Infancia/Familia a transferencias monetarias ¿a quién van destinadas? A los padres. La ampliación de la remuneración de los permisos paternos es además una prestación que solo reciben los y las asalariadas, en un país donde los índices de paro e inactividad son muy altos y donde al menos un 30% de las criaturas nacen de madres sin empleo.

Los permisos iguales e intransferibles no solo no contribuyen a la igualdad, sino que perseveran y acrecientan algo que es un rasgo típico de la protección social en España: su carácter familiarista, antiredistributivo y regresivo.

Siguiendo las lógicas familiaristas, la protección social siempre va a preferir canalizar recursos hacia los asalariados y los mayores, y también privilegiará la asignación de prestaciones de acuerdo con criterios que refuercen los lazos familiares entre adultos (matrimoniales y familia extensa); pero evitará sistemáticamente destinar beneficios a la infancia, y a la maternidad como algo propio de las mujeres. La vulnerabilidad socioeconómica derivada de la crianza se rechaza en los sistemas familiaristas como criterio suficiente para la asignación de beneficios sociales; algo que en los países nórdicos es precisamente uno de los pilares de sus sistemas de bienestar.

Para entender cómo opera este reparto antiredistributivo y familiarista de los recursos sociales, pondré un ejemplo de los muchos posibles: el Estado español destina a la protección de la infancia y la crianza el 1,3% del PIB y a la protección de “Supervivientes”, es decir a pensiones de viudedad, el 2,3% del PIB (Eurostat, datos para 2016). Las pensiones de viudedad son un derecho derivado típicamente familiarista, y son pensiones no sujetas a comprobación de rentas, por lo que no son un beneficio redistributivo; eso no impide que el Estado español destine a viudos y viudas casi el doble de presupuesto de lo que destina al bienestar de toda la infancia del país. En la lógica familiarista, el bienestar de las criaturas no es algo que atañe al Estado: no se piensa en términos de corresponsabilidad del Estado en la crianza, sino que la crianza se considera un asunto privado que se resuelve en el interior de las familias (asumiendo que son siempre biparentales y que tienen dos empleos formales). La maternidad como algo que afecta a las mujeres de manera diferencial no existe. El Estado vela únicamente por la igualdad laboral, y según la visión neoliberal de la redistribución, las gentes encontraran los recursos que necesitan en el mercado.

Esta lógica modela un sistema en el que madres y criaturas tienen siempre un riesgo de pobreza muy superior al resto de la población, y esto podemos verlo en los datos que analizan la pobreza en el estado español. Al analizar el riesgo de pobreza por tipo de hogar hay una constante a lo largo de los años: los hogares donde sí hay menores tienen siempre más probabilidades de estar por encima de la media en riesgo de pobreza, y los hogares donde no hay menores van a estar por debajo. En España la presencia de menores en el hogar es un factor determinante de la pobreza.

El sistema familiarista, que es patriarcal, está orientado hacia un objetivo primordial: preservar el rol fundamental de la familia y su cohesión. Para ello nada mejor que la precarización de la infancia, la crianza y la maternidad. Si la crianza es económicamente imposible fuera del marco de una familia biparental matrimonial, e incluso, sin el apoyo de la familia extensa, la reproducción del sistema familiarista esta asegurada. La precarización de la crianza garantiza que la sociedad va a recrear continuamente el sistema en un círculo (¿solidario o vicioso?) que se retroalimenta: Ausencia de prestaciones del Estado para la crianza – Precariedad de madres y criaturas -- Necesidad de la Familia como fuente de recursos – Refuerzo de las cohesiones familiaristas (familia nuclear matrimonial y extensa) -- Estímulo y legitimación para la inhibición del Estado en la protección de la crianza.

Familiarismo y capitalismo coinciden en su visión de la maternidad y la crianza, y los permisos iguales e intransferibles son un buen ejemplo de esta sinergia: por un lado, la maternidad es abordada como una anomalía, una disrupción en el mercado, y así, se respeta el dogma capitalista que establece que solo a través del mercado se pueden canalizar derechos y recursos. Al mismo tiempo, esta negativa a destinar recursos a la maternidad y a las criaturas se pliega al criterio familiarista y patriarcal que considera que la crianza es un asunto familiar privado y expropiado a las mujeres, y al reproducir la inhibición del Estado en la protección de las criaturas, se satisfacen además las exigencias neoliberales de austeridad en la protección social, especialmente si ese gasto que no va destinado directamente a los “trabajadores”.

Los permisos iguales e intransferibles has sido diseñados respetando criterios familiaristas y capitalistas. Por eso, cuando oigo a personas bienintencionadas decir que el permiso materno efectivamente debe ser ampliado, pero que es bueno que los papás tengan 4 meses intransferibles, me preocupa la falta de realismo político. En un contexto socioeconómico que restringe el gasto social en general, y en un país donde las lógicas familiaristas están perfectamente incorporadas en la gestión del gasto social y en las mentes de políticos y ciudadanía, es muy muy improbable, por no decir inconcebible, que tras el esfuerzo presupuestario realizado para otorgar 4 meses intransferibles a los padres, vaya a existir la posibilidad de ampliar los permisos de las madres en los próximos años, al menos con un nivel de remuneración aceptable. Hasta lograr el apoyo y el reconocimiento social de la maternidad necesario para poder optar a cuidar de nuestras criaturas durante al menos un año, las madres seguiremos luchando.

El periodo de enmiendas para la proposición de ley de los Permisos Iguales e Intransferibles (PII) se prolonga una y otra vez. Es comprensible. Los PII han sido diseñados para acabar ni más ni menos que con el machismo en el empleo,  y para ello toman la crianza temprana de los bebés -la fase más vulnerable de la vida de los seres humanos- como herramienta para la reeducación social. Resulta realmente sorprendente que esta propuesta experimental haya logrado formar parte del discurso de lo políticamente correcto y que la ciudadanía la haya aceptado como requisito necesario para lograr la igualdad. El Parlamento, además, parece dispuesto a aprobar tan osada propuesta sin estudios de opinión ni informes de personas expertas.

Para las mujeres que integramos la plataforma PETRA una ley que otorga nuevos derechos y privilegios a los padres y no atiende las demandas históricas de las madres no es una ley feminista. Pensar en los permisos parentales en términos de igualdad asumiendo que el derecho de madres y padres vienen del mismo lugar es un error. Este es un derecho que se deriva del nacimiento de una criatura del vientre de una mujer, y por lo tanto, no emanan del mismo lugar el derecho del padre y el de la madre. La maternidad biológica funda automáticamente maternidad social en todos los sistemas normativos y legales del mundo, es un derecho universal e incontestable, y la exterogestación y la lactancia son por definición intransferibles. Sin embargo, el derecho del padre a cuidar de su bebé menor de un año no emana de la biología, es puramente cultural y social, y de hecho, tal y como se plantea en la proposición de ley se trata de un derecho muy innovador: es ingeniería social. Por eso, la base para defender este derecho en los padres es mucho más frágil y cuestionable que en las madres. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional y el voto en contra de una mujer no significa nada. Todas conocemos ejemplos de sentencias crueles y misóginas hacia las madres redactadas tanto por jueces como por juezas.

La mayoría de las madres desean cuidar de su criatura más allá de las 16 semanas; y la ciencia nos dice que lo que el bebé necesita en su primer año de vida es contacto continuado con su madre. Curiosamente la habitual fuerza probatoria de la ciencia se queda en suspenso en este punto: al parecer, cuando la ciencia habla de madres y bebés se infecta del descrédito y la sospecha sistemática con que una cultura misógina contempla a madres y criaturas. De modo que los PII se plantean como una medida cuyos objetivos son única y explícitamente laborales e igualitarios; los deseos y necesidades de madres y criaturas quedan fuera de la ecuación, lo que equivale a excluir a las madres como sujeto político protagonista de esta ley: se regular la maternidad sin contar con la opinión privilegiada de las madres. En este planteamiento de los PII subyace un juicio paternalista que considera a las madres incapaces de defender sus verdaderos intereses, unos intereses que por supuesto residen en el mercado y no en la defensa del bienestar de su criatura. Este es un prejuicio que entronca con la más rancia tradición patriarcal y que asocia la maternidad con un estado “alterado” propenso a una dolencia típica de los 50 (la mística de la maternidad) y que inhabilita a las madres para el buen cálculo racional.

Octavio Salazar habla de cómo nuestra “condición femenina” de madres es la que nos aboca a una ciudadanía devaluada. Efectivamente, la división sexual del trabajo, la diferenciación entre trabajos productivos y reproductivos, es lo que establece en nuestras sociedades un desigual acceso a recursos y privilegios. La maternidad, algo que es propio de las mujeres, y que, de hecho, es lo exclusivo de la “condición femenina” carece de valor social, esta fuera del ámbito de lo que se reconoce como aportación a la sociedad. Los PII no cuestionan en absoluto este injusto estatus de la maternidad: lo acatan al 100%. Pretender que una ley que regula el periodo postparto y las primeras semanas de vida de las criaturas humanas sea la vía para luchar contra una “concepción biologicista de la mujer” e identificar la maternidad como “condición femenina” negativa y lastrante en vez de señalar que es precisamente la falta de reconocimiento lo que lastra la experiencia es una operación que refuerza la jerarquía patriarcal.

El texto de la proposición de ley en su exposición de motivos, en algunos párrafos, llega a ser insultante para las madres que hemos gestado, parido y amamantado. Se afirma que  “las denominaciones de paternidad y maternidad hoy ya no son pertinentes”, y las palabras “madre” y “parto” que en la ley anterior aparecían profusamente, casi han desaparecido. Permanecen algunas menciones a la madre biológica, relegada a una especie de categoría satélite dentro de una casuística en la que las criaturas tendrían “nacimientos” (¿abstractos?, ¿mágicos?) y la reproducción humana habría pasado a ser un evento desligado de los cuerpos. Estos “nacimientos” que sustituyen a los “partos” nos transmiten la idea de que los bebes salen de una col. Una vez más la vieja y patriarcal negación de la maternidad. Creo que precisamente ahora es importante recordar que TODOS los bebés -también los “nacidos” por maternidad subrogada- nacen del útero de una mujer y tras 9 meses de gestación. 

Cuando se propone “asegurar los derechos de niños y niñas al cuidado por parte de sus progenitores/as” debemos recordar que esos “niños y niñas” son en  realidad neonatos y bebés.  Ese “niño” acaba de salir del vientre de su madre y tiene unas necesidades muy concretas, diferentes de las que tendrá a los 2 años, a los 5 o a los 14. Si esta ley de acuerdo con el artículo 39 de nuestra Constitución, efectivamente respeta las normas internacionales que establecen como criterio básico y superior la protección del bienestar y la salud de la infancia, entonces “garantizar el disfrute de la paternidad y la maternidad a todas las personas que lo deseen” no debería en ningún caso interferir en la protección del bienestar del bebé. Pues bien, la actual redacción de la ley no respeta las recomendaciones nacionales e internacionales en lo relativo salud perinatal. No permite los seis meses de lactancia materna exclusiva que según la OMS y las Sociedades Científicas es lo ideal para las criaturas. La Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria ya se ha pronunciado: apoya permisos maternos de 6 meses así como la transferibilidad de las licencias parentales, un cambio de criterio que “podría suponer beneficios sanitarios y en el bienestar de las familias”. La Asociación Española de Psicología Perinatal también se ha manifestado en contra de la proposición de ley, y señala que “La amplia investigación clínica neonatal que tenemos hoy a nuestro alcance concluye que los bebés están programados biofisiológicamente para establecer con la madre un vínculo afectivo privilegiado, fundamental para la construcción de futuros vínculos emocionales saludables y seguros”.   

En el texto de la proposición de ley, se descarta la posibilidad de alargar los permisos de las madres para facilitar esos seis meses de lactancia argumentando: “hacerlo antes de haber equiparado el permiso del/la otro/a  progenitor supondría condicionar todo el sistema a uno solo de los múltiples derechos de la infancia a costa de vulnerar muchos otros (como son los derechos de la atención por parte de cada uno/a de sus progenitores, a la armonía familiar y a la pobreza)”. Los PII no van a mitigar la pobreza -esto lo dejo para otro artículo-, la armonía familiar difícilmente se favorece rompiendo el vínculo primal, e ignoro si recibir “atención de cada uno de sus progenitores” es un derecho internacional de la infancia, pero de lo que no cabe duda es que millones de criaturas crecen felices y saludables con la atención de uno solo de sus dos progenitores, casi siempre la madre. El texto también propone modos de subsanar los dos meses de lactancia exclusiva que la ley no cubre: que durante esos dos meses “el otro progenitor” lleve a la criatura al puesto de trabajo de la madre, o bien que la madre se saque la leche en el retrete de su puesto de trabajo. Es obvio que quienes redactaron la ley poco o nada saben sobre crianza humana, pero además muestran muy poca empatía por las madres: usar el sacaleches es física y psíquicamente dolorosa, y es indigno de una sociedad avanzada y respetuosa con las mujeres presentarlo como un avance y una operación banal.

El punto más reiterado en la exposición de motivos  y verdadero protagonista de esta ley son los derechos de los padres.  Se habla del “gran desequilibrio y la ”importante privación“ que supone para las criaturas no contar con el cuidado de su padre. Hay que dejar claro que para una criatura, en sus 12 primeros meses de vida, no tener la presencia física continua e intensa de su padre durante la mayor parte del tiempo no es una privación importante. Sí que lo es de su madre. Hay abundante evidencia científica al respecto para quien de verdad quiera saber. Los padres van a ser muy necesarios durante los 17 años posteriores a la exterogestación.

Los PII se han diseñado tomando como referente una mujer que prioriza su vida laboral y que percibe su maternidad como una carga, quizá una mujer que fue madre sin saber muy bien por qué. Este perfil no se corresponde con el de la gran mayoría de las mujeres que hoy son madres de menores. Además, se asume que el marco social de la crianza es una familia biparental con dos asalariados fijos con empleos decentes y posiblemente una empleada doméstica o abuelos disponibles. Puede que ésta sea la aspiración de la mayoría de los españoles, pero desde luego no es su realidad.

Supuestamente esta es una medida feminista. Y aquí deberíamos de reflexionar sobre cuáles son los objetivos del feminismo.  Nadie discute que el mercado laboral español, debido a sus astronómicos índices de paro y precariedad es terriblemente competitivo, en realidad deberíamos decir coactivo,  y que ejerce una enorme presión sobre las mujeres para que no sean madres. El verdadero retrato de la mujer española en edad fértil hoy es una mujer que postpone una y otra vez su maternidad. Y que cuando por fin decide -a veces contra todo cálculo laboral-racional- ser madre, lo hace con un deseo libre y consciente. Hoy las mujeres españolas somos madre exactamente 1,3 veces en la vida. No parece sensato que algo libremente deseado y que ocurre quizá una sola vez en la vida pueda abordarse políticamente como algo a minorar, externalizar y trivializar, porque además ese no es el deseo de las madres.

Lo cierto es que un feminismo inclusivo y comprometido con una verdadera igualdad  tiene ahora un problema, porque esta ley que en realidad defiende privilegios para los varones ha tenido, como es lógico en una normatividad patriarcal, una entusiasta acogida en el sistema. Lo que esta ley pretende a nivel simbólico-institucional es la abolición de la maternidad, su desaparición como hecho que diferencia y altera las vidas sociolaborales de las mujeres,  su definitiva reducción a un parto eficaz y una rápida recuperación de la “independencia” forzando la separación temprana de la madre y el bebé para evitar ridículos apegos esencialistas. Puede que esto fuera el sueño de Simone de Beauvoir o de Shulamith Firestone, pero posiblemente no sea el futuro de feminismo. Llevo tiempo sosteniendo que la negación y banalización de la maternidad es un grave error teórico, moral y político del feminismo actual, un error que será necesario subsanar en las próximas décadas si el feminismo no quiere acabar siendo un movimiento minoritario en defensa de los intereses de un grupo reducido de mujeres.

Hasta hace relativamente poco el tema de la maternidad en política era inexistente. Como mucho se hablaba de conciliación obviando en todo momento la complejidad, la intensidad y las dificultades del proceso bio-psico-social que supone una gestación, un parto, una lactancia y una crianza. La cuestión de la maternidad se ha abordado desde un paradigma que la concibe como maldición biológica y patriarcal, un malentendido que viene confundiendo al feminismo desde Simone de Beauvoir, y que creo ya es hora de aclarar: la maldición que pesa sobre la maternidad es hoy puramente cultural y socioeconómica, no es inherente a la maternidad en sí, que de hecho, es una experiencia deseada por muchas mujeres. Son las instituciones que articulan las relaciones económicas y los derechos de ciudadanía, modeladas por una normatividad patriarcal, las que devalúan y precarizan la maternidad; unas relaciones que hoy en día se articulan en torno a la moderna oposición entre trabajo remunerado en el mercado, y trabajo doméstico y de cuidados gratuito o devaluado. Por eso, en este tardocapitalismo, limitar la lucha por la emancipación a una hipotética futura participación plena e intensiva de todas y todos en el mercado laboral –que es el enfoque de la conciliación de todos los partidos, incluido el PSOE-- es un error. Las mujeres solo vamos a ser reconocidas como iguales cuando la maternidad sea reconocida como una aportación imprescindible, fundacional y extremadamente valiosa para la sociedad. Y a medida que este reconocimiento se dé, los cuidados en general se verán también revalorizados.

El feminismo hegemónico (cuya posición analizo en este artículo) habla de maternidades esencialistas, pero hoy es también necesario hablar de cómo la esencialización de lo laboral-formal afecta a nuestras vidas y a las ideologías. Un ejemplo de esta confusión y esencialización son los Permisos Iguales e Intransferibles (PII), una política cuya lógica interna recoge la idea de la maternidad como maldición y la del empleo como bendición. Su diseño considera la maternidad un hándicap, una minusvalía de cara al mundo que se manifiesta en la deficiente posición de las mujeres en el mercado laboral. Desde esta lógica, las mujeres necesitan ser liberadas de esa maldición, y la liberación propuesta por los PII se concreta en igualar a los hombres en el perjuicio, imponiéndoles el mismo hándicap. Es irónico que la maternidad, una potencia femenina de la que los hombres carecen, se contemple en este tipo de políticas como una minusvalía. Irónico y revelador porque este modo de representarla recuerda demasiado a viejas, muy viejas teorías y construcciones en las que la maternidad es sistemáticamente devaluada y la paternidad magnificada: la minoración y apropiación paterna de la capacidad femenina de procrear ha sido una preocupación central de la mayoría de los sistemas normativos producidos por los patriarcados desde el albor de las civilizaciones. Pero además, esa misma lógica que devalúa la maternidad y esencializa lo laboral, es incapaz de hacer una crítica cabal de la actual organización del trabajo y del modo en que nuestras sociedades articulan el acceso a los derechos y a los recursos. Los PII no pueden ser “menos capitalistas”, puesto que son una política que consagra el empleo como única forma de trabajo a la que conceder valor social, una operación ideológica que es fundacional en el capitalismo.

Una de las falsedades más recurrentes a las que lectores y oyentes nos vemos sometidos en lo relativo a los PII es que nos acercarían a sistemas ya implantados en otros países europeos más avanzados. Nada más lejano a la realidad. Las licencias parentales remuneradas en Europa alcanzan en Suecia los 16 meses, en Noruega, Finlandia y Alemania los 14 meses, en Dinamarca los 12 y en Reino Unido los 9. Y en todos estos países la mayor parte de la licencia es TRANSFERIBLE; de modo que las madres suecas pueden disponer, si así lo desean, de 13 meses remunerados de crianza; las noruegas, finlandesas, danesas, alemanas, austriacas, eslovacas y checas de 12 meses; las francesas de 10 y las británicas de 9.

La implementación de unos PII como los contemplados en la proposición de ley que Podemos presentó al Parlamento o bien en su versión descafeinada del PSOE otorgarían efectivamente a los varones españoles el privilegio de tener los permisos paternos intransferibles y remunerados al 100% más largos de Europa: 4 meses frente a los 3 de Suecia e Islandia; y los 2 de Noruega, Finlandia y Alemania; mientras que las madres españolas, que con los PII no verían ampliada su baja en un solo día, seguirían siendo junto con las maltesas, las madres europeas con menos tiempo disponible de licencia remunerada. Incluso en Islandia, una isla con una población como la de Córdoba, y paladín de la igualdad entendida como igualitarismo tienen 6 meses, 3 de ellos transferibles.

Es importante tener en cuenta que cuando en Suecia y Noruega se implementaron cuotas paternas intransferibles allá en los 90, las familias ya disponían desde hacía mucho tiempo de 12 meses de licencia remunerada completamente transferible. Aun hoy las mamás suecas siguen consumiendo al menos el 75 % de la licencia. María Pazos afirmaba en una entrevista que este “fallo” en la igualdad de los suecos se debe a un error cometido en 1974, cuando al aprobar medidas de tipo individualizador, los permisos se hicieron, sin embargo, transferibles. Lo que se pretende para España con los PII es evitar este error, ya que al parecer las suecas, a pesar de tener el Parlamento más igualitario de Europa, no han sido capaces de salir de esa “trampa” desde 1974. El hecho es que no existe tal trampa. Lo que existe es la realidad biológica de la maternidad.

Otro truco habitual de quienes abogan por estos permisos es presentar los PII como si fueran una demanda social acuciante. En la entrevista antes mencionada, María Pazos afirma que en España “la sociedad no tolera” el hecho de que el permiso de paternidad sea más corto que el de maternidad. Esto no se ajusta a la realidad. La demanda de PII es la de un pequeño grupo de activistas y académicxs. La mayoría de la población ni siquiera ha comprendido bien de qué se trata. Y lo más alarmante es que ni siquiera se ha hecho un estudio serio y honesto de lo que las madres opinan al respecto y sobre cuál sería el modelo de licencias parentales que ellas preferirían. La opinión de las madres no se sabe y no interesa, algo que no es en absoluto casual: los gestores del discurso y la opinión saben perfectamente cuál sería el resultado de dar voz a las madres que están criando, sería un clamor a favor de la ampliación de la baja materna. Las madres siguen siendo para el poder seres alienados que deben ser paternalistamente guiados en su propia liberación.

Quienes efectivamente no toleran que los permisos de maternidad sean más largos que los paternidad son algunos padres que ya han aprovechado la actual coyuntura político-legal –casi siempre favorable a ellos en un patriarcado-- para llevar al Tribunal Constitucional un recurso exigiendo la pronta implantación de estos permisos, saltándose estudios previos como los realizados en otros países y una reflexión seria que contemple lo ocurrido en países con más experiencia en el asunto: en Noruega por ejemplo, se decidió en 2014 reducir la cuota paterna intransferible de 14 a 10 semanas aumentando el periodo transferible debido al escaso uso que los padres hacían de ella; y en Dinamarca la cuota paterna fue erradicada en 2002 después de una corta existencia.

Hay quien está convencido de que España es uno de los países más avanzados del mundo en políticas de género: un faro en el camino hacia la igualdad. Lo cierto es que si la igualdad tiene algo que ver con las condiciones sociales de las mujeres de un país –muchas de ellas madres-- y con cómo un Estado vela por su dignidad, me temo que estamos muy lejos de esa fantasiosa posición. Hace tiempo que bajo la etiqueta “feministas” o “igualitarios” se vienen reivindicando e implementando normas y beneficios que han ampliado los derechos de los padres y de los colectivos LGTBI, pero que en poco o nada han mejorado la situación general de las mujeres como mitad de la población española que somos.

Los PII no pueden poner coto al capitalismo y mucho menos desmontar el patriarcado; no nos orientan hacia un sistema más justo, más sensible y más sostenible, sino todo lo contrario: avanzan por la senda de las exigencias del capital. Su diseño participa de una lógica hiperconstructivista negadora del dualismo sexual y del vínculo primal madre-criatura que hoy también sirve de base argumental para prácticas como la imposición de custodias compartidas, la normalización de la apropiación tecnológica de la reproducción, y la maternidad subrogada.

Basta de confundir a la gente. No hay nada igual a los PII propuestos fuera de nuestras fronteras, y la situación de la gran mayoría de las mujeres españolas no iba a mejorar con su implementación. Una licencia transferible de al menos 6 meses, sin embargo, sí que introduciría un avance en igualdad, ya que haría posible que muchas mujeres no privilegiadas que no pueden hoy permitirse excedencias para prolongar su baja, dispusieran de más meses remunerados, y así el criar en dignidad dejaría de ser el privilegio de algunxs para pasar a ser un derecho de todxs.