Con el objetivo de revertir una situación de emergencia habitacional que ya se ha vuelto endémica, más de medio centenar de organizaciones sociales se han aliado para garantizar que la ley estatal que está negociando el Gobierno proteja efectivamente el derecho humano a una vivienda adecuada. Si sus propuestas 'desde abajo' se volvieran realidad, no solo alteraría el modelo económico de nuestra sociedad al priorizar la función social de la vivienda sobre sus usos especulativos, sino que también representaría un cambio de paradigma democrático. Al reivindicarse como actores legítimos para cambiar las leyes, los movimientos sociales disputan al Estado y al mercado el monopolio de la toma de decisiones y abren un espacio de producción común del derecho. Más que nunca, la lucha por una mejor distribución de los recursos necesarios para la reproducción de la vida – como lo es la vivienda - es inseparable de una reapropiación colectiva del poder de legislar, de dotarnos de normas de convivencia. 

Con más de un millón de desahucios en el conjunto del Estado español desde 2008, podemos afirmar que la emergencia habitacional ya se ha vuelto estructural. Trece años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, la llamada “crisis de la vivienda” se ha vuelto regla; el Comité DESC de la ONU ha dictaminado hasta en cuatro ocasiones que España incumple reiteradamente aspectos esenciales del derecho a una vivienda adecuada y asequible. Después de la crisis hipotecaria y de una nueva burbuja del alquiler, que todavía siguen vigentes, la pandemia mundial ha revelado un nuevo rostro de la precariedad habitacional. Además de sus efectos sanitarios, la crisis de la Covid también ha tenido graves consecuencias en la protección del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, ya debilitados bajo la excusa de la crisis de 2008, especialmente para los colectivos más vulnerables. Esta crisis ha demostrado que las desigualdades socio-económicas se plasman en un acceso desigual a la vivienda, y que el derecho a la vivienda está estrechamente vinculado con otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la integridad física y psicológica o el derecho al trabajo. En definitiva, el derecho a una vida digna de ser vivida. 

Frente a esta situación de emergencia habitacional crónica, la ciudadanía organizada se moviliza, y lo hace a través de la presentación la semana pasada de una iniciativa para una Ley de Vivienda que garantice efectivamente el derecho a la vivienda. La Plataforma de Afectados/as por la Hipoteca, la Alianza contra la pobreza energética, el Movimiento Nadie sin Hogar, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, el Observatori DESC o numerosos sindicatos laborales, entre otras entidades, han conformado una amplia e inédita alianza social determinada a incidir en la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda que el Gobierno está preparando. La iniciativa ciudadana exige como mínimo que la nueva ley integre ocho medidas de aplicación directa en todo el Estado. Estas medidas incluyen demandas históricas de la PAH, como poner fin a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional digna, la ampliación del parque público de alquiler social a un mínimo del 20% del conjunto de viviendas, o la garantía de los suministros básicos de agua, luz y gas; y también otras medidas como la regulación de los alquileres según la renta o la asignación de una parte de los fondos europeos de recuperación a la ampliación presupuestaria para vivienda social. 

Entre estas propuestas cabe prestar especial atención a la octava, donde se reivindica la “participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo” mediante mecanismos que permitan “que las diferentes organizaciones (plataformas de afectados, asociaciones y sindicatos) puedan intervenir tanto en el diseño como en el posterior control de las leyes y planes en materia de derecho y acceso a la vivienda”. ¿En qué medida esta última reivindicación representa un cambio de paradigma democrático? La intervención de los movimientos sociales en la elaboración y el seguimiento de las leyes pone sobre la mesa la cuestión de quién es legítimo para tomar decisiones que afectan al conjunto de la población. Más precisamente, cuestiona la lógica de delegar todo el proceso de construcción y de protección de los derechos fundamentales a las administraciones públicas o al mercado, que se han demostrado incapaces de garantizarlos para muchos colectivos e individuos vulnerables. 

En este sentido, las propuestas legislativas de la Plataforma de Afectados/as por la Hipoteca, como Iniciativas Legislativas Populares a la escala estatal o autonómica, y mociones en la escala municipal, hacen un uso contrahegemónico del derecho. Si bien estas propuestas buscan un reconocimiento y hasta una inscripción dentro del sistema jurídico hegemónico, los movimientos sociales sustraen a la soberanía estatal la propia actividad de legislar, que se da previamente en asambleas de instituciones no-estatales y solamente en una segunda fase en los órganos representativos parlamentarios. Los movimientos sociales no solamente son contrapoderes populares capaces de garantizar el derecho a la vivienda desde la desobediencia civil, sino también verdaderas potencias instituyentes. Por esta razón esta campaña para incidir en una ley que garantice el derecho a la vivienda representa una oportunidad histórica, ya que busca transformar la autotutela de los derechos en “autoinstitución” de los derechos. 

Desde la disputa en contra de la ley que prohibió la recolección de leña en Renania en 1842 (que fue estudiada por Marx en diversos textos) hasta las luchas en contra de la biopiratería y la apropiación de semillas agrícolas por parte de las grandes empresas privadas a través de las patentes, los conflictos para preservar los bienes y recursos comunes muchas veces se han planteado como luchas para la reapropiación colectiva de los códigos jurídicos que regulan los usos de estos recursos. Esta tradición de conquistas legales nacidas de la calle se está reactivando en nuestras ciudades, a través de propuestas legislativas de los movimientos sociales para garantizar la función social de la vivienda, pero también de experiencias de comunalización del servicio urbano del agua mediante la creación de observatorios ciudadanos del agua, redes de cooperativas energéticas, o nuevos estatutos de uso cívico colectivo de centros sociales en Italia. En un libro colectivo recién publicado por Icaria (Códigos Comunes Urbanos. Herramientas para el devenir-común de las ciudades), recopilamos diversas experiencias recientes de recuperación del potencial emancipador de las herramientas jurídicas que dan forma y acompañan estos comunes urbanos emergentes. 

Con el término “códigos comunes urbanos” nos referimos a las herramientas que regulan la producción de los comunes, y que a la vez son generadas en común. Implican la puesta en común de los recursos necesarios para la reproducción de la vida mediante una reapropiación colectiva de los códigos jurídicos y de la misma definición de las necesidades y de los derechos, que escapa al estricto control del Estado y del mercado. En esta línea, en su manifiesto, las entidades que impulsan la iniciativa para una ley que garantice el derecho a la vivienda afirman que no están “dispuestas a permitir que sean el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitres quienes dicten el texto de esta Ley”. Pero al reivindicarse como un “lobby social” capaz de incidir en lo que decida el Congreso de los diputados, estas organizaciones también contestan el monopolio de la actividad política por unos pocos profesionales de los asuntos públicos. Que la próxima Ley de Vivienda integre las medidas propuestas por esta nueva iniciativa ciudadana permitirá comprobar qué tan permeables son nuestras instituciones democráticas a la potencia instituyente de los movimientos sociales.

El timbre suena, como casi cada día. Del otro lado de la puerta están ocho hombres corpulentos. Su empresa: Desokupa. Su oficio: ejecutar desahucios extrajudiciales. Su método: actuaciones al margen de la ley, incluyendo en ocasiones amenazas y coacciones físicas. Sus clientes: grandes empresas inmobiliarias y fondos de inversión que se enriquecen invirtiendo en vivienda1. La empresa Desokupa salió a la luz en 2016 con el desalojo de la casa ocupada Can Dimoni en el barrio de Gracia de Barcelona. Desde entonces, su modelo de negocio se ha expandido, se han abierto numerosas franquicias en toda España y han aparecido muchas otras empresas similares. Pero el desarrollo económico de este nuevo sector privado de seguridad privada y desahucios extrajudiciales llega de la mano de las ventas de “pisos con bicho”, las reformas integrales y los alquileres de lujo o apartamentos turísticos.

Como otras ciudades de España, Barcelona se ha convertido en los últimos años en el terreno de nuevos procesos especulativos, especialmente relacionados con el alquiler y la ocupación en precario. La inversión en gestión inmobiliaria de fondos extranjeros, las compras de propiedades verticales y la formación de una nueva burbuja del alquiler participan en este proceso. En este contexto de presión inmobiliaria, las empresas privadas especializadas en impedir ocupaciones como Desokupa desempeñan un papel cada vez más importante en las operaciones especulativas. Para poder obtener la máxima rentabilidad de los “activos inmobiliarios”, es necesario mantener viviendas vacías con el objetivo de movilizarlas para transacciones futuras (compra, venta, rehabilitación…). Considerar la vivienda como una mercancía y no como un derecho fundamental implica considerar a las personas como activos económicos, que se tienen que mover de un sitio a otro según las fluctuaciones de las operaciones financieras. Este proceso que los expertos llaman ‘flexibilización del mercado inmobiliario’ tiene como consecuencia una precarización de las condiciones de vida de los ciudadanos condenados a moverse sin poder construir proyectos de vida.

Así, los que padecen este proceso que retroalimentan empresas como Desokupa son en primer lugar aquellos que menos participan en el ciclo de acumulación del capital inmobiliario, aquellos que generan menos rentabilidad ya que se encuentran excluidos del mercado de la vivienda. Muchas familias en Barcelona y el conjunto del Estado español han sufrido distintas formas de acoso inmobiliario. Canillas de agua del edificio rotas en la noche por extraños, llamadas y visitas imprevistas e imponentes, desalojos extrajudiciales y judiciales, visibles e invisibles… desafortunadamente, los ejemplos no faltan.

El auge de las empresas de desalojos extrajudiciales también ilustra la problemática de la privatización de la seguridad. Los empleados de Desokupa afirman que protegen la propiedad privada de las ocupaciones ilegales. Pero, ¿quién está habilitado para decidir la legalidad o no de la ocupación de la vivienda? Y, en caso de ilegalidad, ¿quién puede ejecutar legítimamente un desalojo? Con los desalojos extrajudiciales se está creando una (in)justicia paralela que esquiva la vía judicial, ya de por sí cada vez menos garantista. Las empresas privadas tienen una influencia creciente en el sector de la seguridad, y especialmente en relación con la protección de bienes. Este proceso tiene como consecuencia una cierta “desmonopolización” del uso de la violencia legítima: el Estado ya no es el único depositario del uso de la violencia legítima. El riesgo es que entidades privadas se reivindiquen como legitimas para tomar decisiones judiciales y aplicarlas. De hecho, la aparición de Desokupa podría leerse como una resurgencia de la tradición del “vigilantismo”. Según el vigilantismo, personas que no forman parte del cuerpo estatal de seguridad intentan aplicar la ley. Pero en este caso, la ley que Desokupa intenta aplicar es la ley del mercado inmobiliario. “Tomarse la injusticia por su mano” podría ser el lema de los vigilantes del latifundismo urbano. Las empresas de seguridad privada no solo ejercen la violencia inmobiliaria, sino que la venden, haciendo de la emergencia habitacional un negocio lucrativo.

Frente a estas actuaciones, la ciudadanía se está organizando. El movimiento vecinal ha impedido desahucios extrajudiciales, como por ejemplo en el caso de un intento de desalojo en el barrio del Raval. Gracias a la rápida reacción de los movimientos vecinales por las redes, un grupo de activistas y vecinos se agruparon frente al edificio, impidiendo el desalojo2. Otra vía de resistencia a estas vulneraciones es la vía judicial. En septiembre del 2016 el Observatorio DESC presentó una querella contra la empresa Desokupa, denunciando unas prácticas que rayan la ilegalidad y los posibles delitos cometidos durante el desahucio de Can Dimoni en el barrio de Gracia, Barcelona. Para que estas actuaciones no queden impunes, los tribunales pueden ser una estrategia complementaria a la acción vecinal. A pesar de las trabas y dificultades (fianzas muy elevadas, intentos de archivo constantes, ausencia de una investigación exhaustiva…), es importante apostar por la defensa jurídica. Las distintas formas de denuncia tienen el mismo objetivo: detener este tipo de prácticas que precarizan el derecho a la vivienda de las personas más vulnerables, y evitar así que se constituyan en un paso más de la especulación inmobiliaria.

1 Sobre los vínculos entre Desokupa y el sector inmobiliario, ver el reportaje de La Directa 464 “Aliats de Desokupa, a l’ombra”.

2 Ver https://asamblearaval.wordpress.com/2016/09/01/fora-matonisme-del-raval-catcas/#more-3947

Frente a la emergencia habitacional y a la inexistencia de un parque de vivienda social en Barcelona, distintas entidades sociales de la ciudad han impulsado una moción en el Ayuntamiento para ampliar el parque de vivienda asequible en la ciudad. Esta moción se ha aprobado con un amplio consenso en el pleno municipal de febrero del 2018. Sin embargo, en las últimas semanas la presión ejercida por los promotores inmobiliarios ha puesto en peligro la modificación del Plan General Metropolitano que garantiza la aplicación real de esta medida.

Gracias al liderazgo de los movimientos sociales, finalmente se ha aprobado el pasado 18 de junio la obligación de dedicar un 30% de las nuevas construcciones y rehabilitaciones a viviendas sociales. Esta aprobación demuestra que frente a los lobbies inmobiliarios y a las lógicas partidistas la ciudadanía organizada puede transformar las reglas del juego y responsabilizar los sectores privados cómplices de la emergencia habitacional que vivimos. ¿Quién es legítimo en la ciudad para tomar decisiones? ¿Es posible legislar y crear nuevas leyes garantistas desde afuera de las instituciones políticas? ¿Qué ciudad queremos, por quien está hecha y para quién?

En los últimos días, los representantes de los promotores inmobiliarios han expresado en distintos medios su inquietud frente a esta moción: la medida paralizaría el sector y el país y tendría un efecto negativo sobre el precio de las viviendas. Otra manera de considerar el asunto es estimar que los promotores ya se pueden dar por más que satisfechos con el 70% de las nuevas construcciones que les queda para poder especular. Podríamos así considerar que en realidad el 100% de las nuevas construcciones pertenece a la ciudad en su conjunto. Pertenece a las obreras y a los obreros que construyen las obras, a las mujeres que sostienen la reproducción de la vida, a las familias que menos recursos tienen y ni siquiera pueden acceder a una vivienda digna.

Los promotores inmobiliarios no son actores económicos neutros que trabajan para el interés general, sino que generan rentas de monopolio especulando con nuestras ciudades. Que no nos engañen: la captación de la plusvalía inmobiliaria no se puede confundir con la propiedad legítima. La historia reciente de las burbujas inmobiliarias en Catalunya y en España, con sus consecuencias sociales desastrosas, nos recuerdan que los intereses privados de los promotores y el interés general del bien común de la ciudad no son solo distintos, si no radicalmente opuestos. Co-responsabilizar el sector privado es ante todo regular sus actividades especulativas para garantizar la función social de la propiedad del suelo urbano.

Pero los promotores inmobiliarios no son los únicos que quieren acapararse del poder de decisión sobre la vida urbana común. En los últimos días, algunos grandes medios de comunicación y grupos municipales han cantado al unísono la misma canción: la destinación de un 30% de las nuevas construcciones a vivienda protegida sería una medida “de la Colau” y del Gobierno Municipal. Estas declaraciones no son solo falsas, sino que tienden a deslegitimizar la ciudadanía organizada como sujeto político en la ciudad. Lo que no pueden aceptar es que entidades sociales que no son partidos políticos puedan legislar directamente y tomar decisiones que nos afectan a todas.

Sin embargo, la realidad tiene una historia diferente que contar. En realidad, sí que se pueden cambiar las reglas del juego desde afuera de las instituciones estatales. La historia de la “moción para ampliar el parque de vivienda asequible de la ciudad” empieza hace un poco más de año, en una asamblea de coordinación de la PAH de Barcelona. De esta lluvia de ideas y de algunos post-it de colores colgados en las paredes del local de Lleiva 37 nacen unas propuestas reales, concretas, para que Barcelona por fin tenga viviendas dignas para sus ciudadanos. Estas medidas nacen de la inteligencia colectiva, asamblearia, de las personas directamente afectadas por la ausencia de un parque de vivienda social en la ciudad. Las propuestas así esbozadas fueron después consensuadas durante meses de trabajo conjuntamente con otras entidades sociales de la ciudad, como el Observatori DESC, la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), l'ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible) y el Sindicat de Llogaters i Llogateres.

Despotismo: se dice de aquel sistema político en el que el soberano decide solo de la vida de todos los demás. Es el imperio de las decisiones arbitrarias de algunos pocos sobre la vida cotidiana de todos. Pero todo indica que el despotismo no solo es la forma de gobierno pasada de algún monarca megalómano. La campaña de deslegitimación de esta moción ha revelado el escenario actual del despotismo urbano. Porque no se trata solamente de determinar qué porcentaje de las nuevas construcciones será destinado a vivienda social, sino de decidir quién hace la ciudad y para quién. De un lado, los partidos políticos y los lobbies inmobiliario y del otro la ciudadanía organizada, y también aquellos ciudadanos que ni siquiera tienen el poder de organizarse. Frente al imperio propietario, la potencia de los usuarios de la ciudad. Frente a las lógicas partidistas, la potencia del autogobierno ciudadano. Frente al despotismo urbano, la comunalización de la ciudad.

Que la ciudad sea nuestra implica que sus usos cubran necesidades tan básicas como tener una vivienda digna. Con más de 400 familias esperando un piso en la mesa de emergencia, la ciudad de Barcelona necesita de manera urgente ampliar su parque de vivienda asequible. Pero que la ciudad sea nuestra también significa que nosotras somos legítimas para decidir democráticamente de los usos de la ciudad. Que ni los poderes privados ni los poderes estatales puedan acapararse de las decisiones políticas. Que las 400 familias de la mesa de emergencia y todos otros los miles de familias afectadas por la emergencia habitacional puedan decidir soberanamente qué uso del suelo urbano queremos, qué ciudad queremos. Que la ciudad sea nuestra significa que no solamente la ciudad nos afecta, si no que nosotras también afectamos a la ciudad.