La información sobre el espionaje cibernético a políticos, abogados y activistas catalanes relacionados con el proceso independentista ha provocado una lógica alarma. Deja al descubierto la vulnerabilidad de los derechos fundamentales frente a posibles intromisiones ilegítimas que comprometen seriamente la calidad democrática. Por lo demás, si esta acción pretendía neutralizar los efectos del conflicto en Catalunya, los resultados no pueden ser más contraproducentes porque ha perjudicado -esperemos que no irreparablemente- el diálogo institucional iniciado para superarlo. En todo caso, esta utilización de medios tecnológicos con tan desmesurada capacidad de injerencia afecta al núcleo duro del sistema democrático, porque viola la intimidad individual y conculca el secreto de las comunicaciones. Pone en riesgo, por tanto, el pleno ejercicio de la libertad ideológica y, con él, la participación política libre.

Esta alarma trasciende al caso catalán y se extiende a toda la Unión Europea, no solo porque el caso español afecta a eurodiputados, sino porque -como también han denunciado varios miembros del Parlamento europeo y Amnistía Internacional- son varios los Estados europeos sospechosos de utilizar el programa Pegasus para espiar a políticos y periodistas. Pocos días antes de que estallara aquí el escándalo, el Parlamento Europeo constituyó una comisión de investigación que, entre otras cosas, pedirá explicaciones a la empresa israelí NSO Group, responsable del programa espía. Desde luego, la extensión del mal no sirve de consuelo a los afectados en España, pero es necesaria la contextualización supranacional para abordar el problema en su preocupante dimensión global, cuando hay gobiernos que invocan la razón de Estado para reforzar su control político sobre la ciudadanía, al tiempo que descuidan las políticas sociales que deberían favorecerla.

Después de vacilaciones y evasivas, el gobierno español ha admitido finalmente que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha utilizado el programa Pegasus en casos individualizados y con autorización judicial. De no ser así, se habría cometido un delito previsto en nuestro Código Penal. El argumento central del Gobierno para defender esta actuación es que se ha desarrollado dentro de la legalidad, algo difícilmente comprobable en un espacio tan opaco como el de los servicios de inteligencia, en el que fácilmente se cae en el razonamiento circular: se dice que la actuación secreta ha cumplido la ley, pero ello no puede comprobarse precisamente porque es secreta. De esta manera se termina pidiendo a la ciudadanía un acto de fe para convalidar lo que ya se ha hecho.

En un sistema democrático debe ser posible salir de tal círculo vicioso buscando el equilibrio entre la necesaria reserva sobre determinadas actuaciones y la responsabilidad política de informar, sin tener que reclamar una confianza ciega. La autorización judicial de las intervenciones del CNI podría haber eliminado el delito, pero no consagra automáticamente la corrección de los hechos ni cierra el paso a posibles responsabilidades políticas. El CNI tiene reglas más laxas que otras intervenciones policiales cuando se trata de obtener dicha autorización judicial: no necesita justificar indicios de delitos concretos, sino solo la necesidad de la actuación para proteger genéricos intereses que van desde la “integridad territorial de España” hasta la “estabilidad del Estado de Derecho o sus instituciones”.

Son conceptos tan amplios que pueden dar lugar a investigaciones, no tanto por indicios de conductas delictivas, sino por motivos de ideología política: de ahí la gravedad de este supuesto. En todo caso, aquella indefinición en las reglas no puede convertirse en un cheque en blanco. La misma ley obliga a que la autorización judicial sea individualizada y limitada en el tiempo, lo cual permitiría haber comunicado desde ahora mismo más datos de los que se han presentado hasta el momento.  

Todo ello hace más perentoria una reforma del marco legal actual en esta materia. Ya no sirve la vigente y franquista Ley de Secretos Oficiales (1968), ni su reforma preconstitucional de 1978. También necesitan reformarse las leyes posconstitucionales de 2002 que regulan el CNI y la autorización judicial, al menos, en dos cuestiones: por un lado, debe acabarse con la indefinición y la inseguridad actual sobre cuándo puede autorizarse una intervención de las comunicaciones puesto que se limita un derecho fundamental en beneficio de una necesidad investigadora y, por otro, deben establecerse límites al secreto permitiendo los controles a posteriori. El secreto solo puede basarse en la necesidad de proteger una investigación, de manera que - una vez concluida - pierde fuerza su necesidad y gana espacio el derecho a conocer las razones que la impulsaron y los casos en que se aprobó judicialmente.

En realidad, estamos ante el viejo interrogante: quién vigila a quienes nos vigilan. Porque cualquier control debería a su vez ser controlado sin que sea admisible establecer una cadena de controles que tienda al infinito. Los sistemas democráticos aspiran a abordar el problema mediante contrapesos entre poderes e instituciones, pero para ejercerlos es necesario el conocimiento de los hechos mediante la aportación de informaciones claras y oportunas. En el caso español, el control externo de los secretos oficiales se encomienda a la Comisión parlamentaria de Secretos Oficiales, no constituida hasta ahora por el veto del Partido Popular a la presencia de Bildu y ERC, una presencia legítima según las normas vigentes. El ejercicio de este veto es una prueba más de dos actitudes reiteradas y de poca calidad democrática: la pretensión de una legalidad a la carta que solo se defiende cuando complacen sus consecuencias y la tentación irresistible de aprovechar los conflictos para desgastar al adversario.

Para que actúen los contrapesos, el Gobierno ha ofrecido ahora la constitución de la Comisión parlamentaria, una investigación interna del CNI y la investigación autónoma del Defensor del Pueblo. Veremos si tales mecanismos pueden superar los obstáculos que interponen las leyes vigentes. Los hechos han perjudicado la ya escasa confianza entre instituciones y dan pie a poner en cuestión su posible eficacia. Pero la investigación es imprescindible para valorar las eventuales responsabilidades, paliar los daños provocados y dificultar su repetición en el futuro. Esperemos que sus conclusiones lleguen pronto y vayan más allá de una afirmación escueta sobre el cumplimiento de la ley. Sería insuficiente y frustraría el legítimo empeño por mejorar la calidad de nuestro sistema democrático.

*El GRUP PRÒLEG se constituyó en febrero de 2018, con el afán de recuperar espacios de diálogo democrático en Cataluña y con los demás pueblos de España. Lo integran personas procedentes de las izquierdas catalanas no independentistas. Sus miembros actuales son Marc Andreu, Marga Arboix, Oriol Bartomeus, Joan Botella, Victoria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Oriol Nel.lo, Raimon Obiols, Lluis Rabell, Marina Subirats i Josep M. Vallès.

Que el diálogo emprendido por los gobiernos del Estado y de la Generalitat catalana iba a encontrar obstáculos previsibles e imprevisibles, había que darlo por descontado. Para muestra, el nuevo episodio judicial en la isla de Cerdeña y sus repercusiones políticas y mediáticas. Sin embargo, la puesta en marcha de la mesa de diálogo sigue siendo una buena noticia para muchos, incluidos quienes formamos parte del Grup Pròleg. Como lo fueron en su momento los indultos. Con la reunión de la mesa, sus protagonistas han conseguido dos objetivos que no cabe minimizar: señalar el inicio de una nueva etapa -plasmada en una foto reproducida, por ejemplo, en el New York Times- y, a la vez, librarse de la constricción estéril de los plazos. Apostar por el diálogo democrático -que descarta el odium theologicum entre dogmatismos irreductibles y quiere superar un miope toma y daca - es tan importante como puedan serlo sus posibles conclusiones. 

Se ha dicho que la reunión no ha despertado entusiasmo. Pero no consta en ninguna parte que el entusiasmo sea imprescindible para lograr buenos resultados. Al contrario, la historia nos enseña que los momentos de entusiasmo no excluyen los resultados negativos. Es cierto también que la mesa de diálogo no resuelve por sí misma los problemas planteados en un entorno con graves incertidumbres sociales y económicas. Pero sería erróneo limitarse a una actitud de esperar y ver, porque dichas incertidumbres tampoco se disiparán por sí solas. 

Es fácil advertir que los resultados de esta mesa -sean positivos o negativos- nos afectarán a todos. Por esta razón, insistimos en que el diálogo no debería limitarse solamente al contacto entre gobiernos y fuerzas políticas. Sería necesario que otros actores y otros espacios -en Catalunya y en España- fomentasen el intercambio de perspectivas y de propuestas para reforzar el intento de los gobiernos, arropando socialmente la iniciativa institucional. 

Conviene hacerlo porque los adversarios de este intento quieren que fracase. Creen que la confrontación pura y dura puede reforzarles y tratan de alimentarla. En Catalunya han intentado entorpecer la constitución de la mesa, deslegitimándola de entrada y denunciándola como si comportara un peligro de extinción nacional. No proponen otra alternativa que el mito de lo unilateral con un nuevo embat de consecuencias bastante previsibles. Otros, desde posiciones antagónicas, rechazan el diálogo como “un intento de voladura controlada de España” que comporta una amenaza existencial, azuzan la expansión de excitantes emociones como las vividas en la plaza de toros de València, y no ofrecen más alternativa que la insistencia en una respuesta punitiva. 

Les cuesta advertir que las amenazas existenciales están en otra parte: en el riesgo de desperdiciar las oportunidades de transformación económica y social que conlleva una salida europea de la pandemia, en la mutación del cuadro geoestratégico global, en el cambio climático o en el declive que puede generar la cronificación del conflicto y la entrada en un bucle dialéctico sin resultados practicables.

Aunque liberados de los plazos, los tiempos políticos cuentan y conviene aprovechar que el año próximo podría transcurrir sin elecciones. En los tres tiempos posibles y simultáneos del diálogo, el corto plazo requiere abordar graves carencias competenciales y financieras del autogobierno, buscando además una respuesta inteligente a los conflictos judiciales pendientes. Más a largo plazo, debe fomentarse el respeto hacia el pluralismo de nuestros sentimientos colectivos para que símbolos y referencias al pasado dejen de ser fuente de discordia.  

Entre el corto y el largo plazo, se van a elaborar las alternativas estratégicas que han de orientar preferencias diferentes sobre nuestro futuro colectivo. Por un lado, la imprescindible consolidación de una coalición de progreso, hoy parlamentariamente mayoritaria. Cuenta con una periferia territorial dinámica y con una cultura de la igualdad y del respeto a la diferencia que intenta aplicar el método del “federalismo de los hechos”, en España y en Europa. Frente a ella, una reacción recentralizadora que tiene hoy su laboratorio de pruebas en el Madrid “ayusista” y que puede significar mañana la confluencia de las tres derechas, con una propuesta ultraliberal en lo económico y autoritaria en lo político con afán de aplicar una cirugía represiva a los conflictos sociales y territoriales y evoca a veces el estilo de los regímenes “iliberales” de la Europa del Este.

No se nos escapa la complejidad de un momento en el que se entrecruzan los tres tiempos a los que nos referimos. De alguna manera, los tres gravitan sobre esta mesa del diálogo. A nuestro juicio, los avances que consiga en el corto plazo van más allá de una respuesta muy embrionaria al contencioso territorial. Lo cual sería ya mucho y valioso. Porque de estos avances dependerá también cómo vayan a configurarse aquellas dos opciones estratégicas y su posible arraigo en la opinión y en el escenario electoral. Si es así, a todos nos atañe la responsabilidad de que prospere una difícil operación en la que se juega la construcción de nuestro futuro colectivo. 

* El GRUP PRÒLEG se constituyó en febrero de 2018, con el afán de recuperar espacios de diálogo democrático en Cataluña y con los demás pueblos de España. Lo integran personas procedentes de las izquierdas catalanas no independentistas. Sus miembros actuales son Marc Andreu, Margarita Arboix, Oriol Bartomeus, Laia Bonet, Joan Botella, Victoria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Oriol Nel.lo, Raimon Obiols, Lluis Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats i Josep M. Vallès.

El Gobierno decidirá próximamente sobre el indulto de los políticos catalanes condenados por su actuación durante el procés. Obligado por ley a tomar una decisión, el Gobierno ha sido objeto ya de críticas y descalificaciones de alto voltaje que intentan amedrentarlo preventivamente. Por nuestra parte, esperamos una decisión favorable al indulto y reconocemos la valentía de una decisión difícil que provocará costes inmediatos al Gobierno de PSOE-UP. Pero desde una perspectiva de horizonte más dilatado, surgen razones de mucho peso para apoyar el indulto. Son razones compartidas en Cataluña por una amplia mayoría de sus ciudadanos y que podrían serlo también por quienes en otras partes de España quieren dar una salida eficaz y estable a la grave crisis territorial que nuestro sistema político padece desde hace tiempo y no quieren explotarla en beneficio de intereses de partido o de grupo

Entendemos que el indulto es necesario no solo para acabar con una privación de derechos que ya va más allá de lo razonable, sino también para dejar atrás una etapa política nefasta, recuperando el terreno del diálogo y mejorando la convivencia, en lo político y en lo social. Existen, al menos, tres argumentos en apoyo de los indultos que presentan una considerable solidez política y jurídico-constitucional. En primer lugar, el indulto es una medida propia del poder ejecutivo que no supone, como temen algunos, una descalificación de la sentencia porque no entra en la forma en que se aplicó la legalidad, sino que maneja criterios de utilidad pública valorando si las penas impuestas son necesarias y oportunas. En este momento, no solo es claramente apreciable la inutilidad de mantener a los presos privados de libertad, sino también el perjuicio que representa para normalizar la situación política en Cataluña y mejorar la comunicación con la política española.

En segundo lugar, empeñarse en el cumplimiento de unas penas desproporcionadas que se sitúan en el nivel del delito de homicidio y que provocan extrañeza en medios políticos y jurídicos europeos, solo puede basarse en la creencia equivocada de que la dureza del castigo es un remedio eficaz para doblegar al nacionalismo catalán o para compensar el daño producido social e institucionalmente. Y ésta es una creencia de escaso fundamento que solo contempla el pasado y renuncia a mejorar las condiciones de construcción del futuro.

Finalmente, creemos necesario abandonar conceptos como “perdón” y “arrepentimiento” de claras resonancias morales, impropias de un derecho democrático y de la concepción actual del indulto. La Ley de Indulto sólo menciona el arrepentimiento como posible contenido del informe no vinculante del tribunal sentenciador, pero en ningún caso es requisito legal para concederlo. Políticamente, quienes lo exigen pretenden en realidad obtener la renuncia a unas ideas que son legítimas y que no han sido objeto de condena como demuestra el hecho de que las comparta el actual Govern de Cataluña. Insistir en esa renuncia como requisito para el indulto podría abonar la teoría de que la condena se debe a las ideas y no a los hechos.

El informe del Tribunal Supremo reafirma, como es natural, los argumentos jurídicos de su sentencia. Pero recuerda al mismo tiempo que los motivos del indulto han de valorar especialmente la necesidad de la pena. Señala además que el Gobierno no es una segunda instancia destinada a ejercer la crítica jurídica, lo cual equivale a reconocer las distintas competencias de una y otra institución. Al afirmarlo y quizá sin pretenderlo, el propio Tribunal rechaza implícitamente la idea de que el indulto sea una enmienda a su sentencia, como afirma algún sector de la opinión pública en contradicción con las exigencias elementales de la división de poderes.

El Grup Pròleg se constituyó hace ya más de tres años con una declaración a favor de la puesta en libertad de los dirigentes políticos encarcelados, aun sin compartir sus posiciones políticas ni sus actuaciones. Es una declaración que hemos reiterado en más de una ocasión. Es coherente, por tanto, que apoyemos ahora una de las fórmulas que permitirían su puesta en libertad e invitamos a otros a hacerlo, porque es útil y necesario en términos personales, políticos y sociales y es además adecuado a la legalidad de la que forma parte la Ley de Indulto.

Esperamos que la decisión del Gobierno del Estado se produzca lo más pronto posible y en sentido favorable. Si así ocurre, desearíamos igualmente que tanto el nuevo Govern de la Generalitat, como los partidos y grupos que se oponen al Gobierno del Estado entendieran que mantener la retórica estéril de la confrontación impide explorar una salida dialogada a la grave crisis política que padecemos. Trabajar constructivamente por esta salida dialogada es lo que piden a la política una mayoría de nuestros conciudadanos. En Cataluña y en España.

*El GRUP PRÒLEG se constituyó en febrero de 2018, con el afán de recuperar espacios de diálogo democrático en Catalunya y con los demás pueblos de España. Lo integran personas procedentes de las izquierdas catalanas no independentistas. Sus miembros actuales son Jordi Amat, Marc Andreu, Marga Arboix, Oriol Bartomeus, Laia Bonet, Joan Botella, Victoria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Oriol Nel.lo, Raimon Obiols, Lluis Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats i Josep M. Vallès.

Tres meses después de celebradas las elecciones al Parlament de Catalunya, las negociaciones para formar gobierno no avanzan y todos los síntomas apuntan a que podrían convocarse nuevas elecciones. Todo ello en un momento extremadamente delicado para nuestro país, cuando se está acelerando una grave caída económica, cuando la pandemia ha dejado tantas familias destrozadas, tantas personas sin trabajo, tantas empresas en situación de precariedad y bajo amenaza de desaparición. Es decir, cuando necesitamos más que nunca un gobierno que coja el timón e que intente dar la mejor respuesta posible al conjunto de problemas que nuestra sociedad tiene planteados. 

Como ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, estimamos que esta parálisis es inadmisible. Los resultados de las elecciones mostraron la fragmentación de la opinión pública catalana y, por tanto, la dificultad de investir un gobierno con una mayoría sólida. Con todo, dos son las mayorías posibles: una independentista y otra de izquierdas. No son opciones equiparables y nuestra preferencia es clara. Sin embargo y más allá de nuestras preferencias, entendemos que en este momento es prioritario que exista un Ejecutivo capaz de asumir las responsabilidades que no han sido ejercidas desde años con suficiente visión ni eficacia.

No es aceptable, pues, que se desista ahora de formar gobierno. Creemos que en este momento algunos partidos están anteponiendo intereses de partido y de personas por delante de las necesidades del país y especulando con la opción de nuevas elecciones para intentar una posición más favorable en el tablero político. Con esta actitud están desgastando la autoridad y el prestigio de la Generalitat que es la institución de todos, debilitan de manera rotunda la posición de Catalunya en sus relaciones con España, Europa y el mundo. A la vez desacreditan la tarea de la política de tal manera que haría explicable tanto la abstención de una parte de la ciudadanía en unas posibles nuevas elecciones, como el crecimiento de opciones autoritarias que desgraciadamente ya están presentes en nuestro Parlamento.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a los partidos con posibilidades de promover mayorías de gobierno para que renuncien al juego cruzado de las exclusiones mutuas y a la idea de unas nuevas elecciones que podrían empeorar la situación, reclamando se pongan de acuerdo de manera inmediata para facilitar la formación de un Ejecutivo decidido a dar respuesta a las múltiples cuestiones que la requieren. Nos parece totalmente inaceptable y nacionalmente suicida que, en nombre de una futura independencia de Catalunya, se den pasos que dañan la producción de riqueza, la cohesión social y la capacidad de autogobierno.

El esfuerzo al que estamos asistiendo para fabricar un “relato” que permita atribuir todas las dificultades al adversario, engaña cada vez a menos gente. Por lo tanto, pedimos ahora a quienes tienen responsabilidades institucionales y políticas -empezando por la presidencia del Parlament- que demuestren el sentido de Estado que tantas veces reivindican, cumplan con sus obligaciones y antepongan el reforzamiento de las instituciones a sus intereses partidistas y de grupo. Este es el encargo que nuestros parlamentarios recibieron el 14 de febrero. Este es el mandato de la ciudadanía. Quien no pueda o no quiera cumplirlo, que dé un paso atrás.

*El GRUP PRÒLEG se constituyó en febrero de 2018, con el afán de recuperar espacios de diálogo democrático en Catalunya y con los demás pueblos de España. Lo integran personas procedentes de las izquierdas catalanas no independentistas. Sus miembros actuales son Jordi Amat, Marc Andreu, Marga Arboix, Oriol Bartomeus, Laia Bonet, Joan Botella, Victoria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Oriol Nel.lo, Raimon Obiols, Lluis Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats i Josep M. Vallès.

Para todas las familias políticas catalanas, las elecciones del próximo 14 de febrero presentan una incógnita fundamental: la participación electoral. De hecho, desde la ya lejana primera elección del parlamento de Catalunya en 1980, la abstención electoral ha sido un protagonista de primer plano en todas las consultas. Muy a menudo a la baja: como pusieron de relieve un número elevado de estudios, las elecciones al Parlament registraban las tasas de participación más bajas de todos los ciclos electorales, situándose habitualmente en torno al 60 % (pero con mínimos del orden del 55 %).

Como sabe el lector, esta abstención diferencial en las elecciones al Parlamento de Catalunya era considerada como el factor que explicaba las variaciones entre los resultados políticos de las elecciones generales (favorables a las fuerzas de izquierdas, y primordialmente al PSC) y el de las autonómicas (decantadas hacia el nacionalismo conservador de CiU). Sin entrar ahora en el fondo del argumento, muchos votantes populares de izquierdas, más vinculados culturalmente y emocionalmente a las tierras españolas, se sentirían menos interesados por la elección del Parlament, no tomando parte en ella y permitiendo así las victorias electorales de las clases medias, representadas por el pujolismo. La deferencia despreocupada de aquellos sectores producía un equilibrio entre elecciones generales, en las que su participación permitía la victoria de las izquierdas, y elecciones autonómicas, en las que dejaban el escenario libre para los partidos más formalmente catalanistas.

Esta panorámica (presentada aquí de forma enormemente simplificada) entró en crisis en las elecciones de 2012 y 2015 (con participación electoral cercana, respectivamente, al 68 % y al 75 %) y, sobre todo, en 2017, cuando la participación récord de casi el 82 % (sólo inferior a la de las primeras elecciones de 1977) fue un factor decisivo para la victoria de Ciudadanos.

La explicación usual es que el empuje independentista de los años anteriores, que culminó en el referéndum del 1 de Octubre de 2017, produjo, en una dinámica de acción y reacción, una movilización nunca vista de electores habitualmente ajenos a las elecciones catalanas, quienes tras haber salido masivamente a las calles en las espectaculares manifestaciones de aquel mes de octubre, canalizaron su apoyo político hacia el partido que parecía más enérgicamente opuesto al “procés”.

Si se mantiene esta interpretación, el escenario para el año 2021 ha cambiado sustancialmente: el movimiento independentista ha quedado debilitado, con sus dirigentes en prisión o en el extranjero; el gobierno de coalición JxC-ERC ha sido un continuo fracaso, y las relaciones entre las fuerzas políticas que lo integran son pésimas, mientras los sectores más radicales del mundo independentista intentan desbordar las estrategias institucionales.

Por su parte, los poderes del Estado se han expresado con toda la fuerza y la frialdad de instituciones que se han visto cuestionadas, y no contemplan ni un solo gesto de aproximación a los derrotados. El discurso del Rey del 3 de octubre de 2017 expresaba muy exactamente esta posición.

En este marco de vencedores y vencidos, el riesgo de una nueva llamarada del movimiento independentista no parecería tan elevado. Los electores tradicionalmente abstencionistas que se movilizaron en 2017 pueden ahora regresar a la pasividad, vista la desaparición del peligro.

Pero estos electores potencialmente abstencionistas lo son en una clave distinta de los de hace unas décadas. Ya no se trata de trabajadores manuales, procedentes de la inmigración, de cultura castellana y con niveles educativos bajos, que solamente saldrían de su pasividad al sentirse inquietos. La Cataluña de 2021 queda muy lejos de la de 1980, y los factores sociales y económicos en que se basaba ya no existen: nos hemos desindustrializado, desde 1975 la corriente migratoria procedente del resto de la península se ha detenido, y todos los catalanes somos bilingües. Los comportamientos electorales de los ciudadanos de la Cataluña de hoy dependen tanto de factores socio-estructurales como de las ofertas políticas en juego y de las actitudes y experiencias de los electores.

Por tanto, una fuerte abstención diferencial depende ahora también de otros factores, más políticos que sociales, factores que afectarían a electores inquietos por un contexto social (y sanitario) sin precedentes, con un sistema de partidos en continua fragmentación, y satisfechos por la existencia de una coalición de izquierdas en el gobierno central. La suma de estos factores pueden reducir la intranquilidad y las angustias de 2017, llevando finalmente a una mayor abstención, que podría incluso regresar a niveles anteriores a los de la pasada década.

De ser así, resulta interesante observar cómo el nacionalismo gobernante plantea estas elecciones, centrándolas en “nuestras cosas”, fomentando el alejamiento de aquellos sectores hacia el proceso político catalán, e intentando volver a los años en que un amplio conjunto de la población parecía creer que la elección del Parlament era solo “cosa de los catalanes”. Por ejemplo, centrando la campaña en autodeterminación y amnistía. O haciendo que el centro de la campaña sea el duelo entre dos fuerzas independentistas: el resto no cuenta.

Así, si hay que hablar de la escuela pública, se puede tender a hablar solo de la proporción de uso de una y otra lengua, y no de barracones o de vacantes no cubiertas. Si la discusión va hacia la sanidad, sería para hablar de los desacuerdos entre la Generalitat y Madrid, y no de políticas sanitarias, de recortes o de insuficientes rastreadores. Se puede hablar de ciencia y tecnología para celebrar el lanzamiento de astronaves catalanas, pero dejando de lado el abandono de nuestra FP o las penurias presupuestarias de las universidades.

Pudiera ser, entonces, que la estrategia electoral del mundo independentista, de forma deliberada o no, consistiera en el fomento de la abstención, a base de excluir del debate político todo lo que se salga de los debates internos de ese mundo. Centrándose en cuestiones alejadas o, incluso, lesivas para buena parte de la ciudadanía, el resultado objetivo puede ser su distanciamiento, su desimplicación y, en definitiva, su abstención.

Pero, como decíamos, Cataluña ha cambiado mucho, en lo social y en lo cultural. Para los que lo tenemos en cuenta y queremos mirar al futuro, las elecciones de febrero han de ser la oportunidad para debatir todas aquellas cuestiones de las que depende la construcción de una sociedad más justa, equitativa, libre y dinámica. Ampliar, pues, el debate político y estimular así la participación democrática, y no lo contrario: esta es ahora la cuestión.

Es necesario un cambio de chip en nuestro país. Todo el mundo lo ve, de una forma o de otra. La crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia lo acentúa. Pero no será el coronavirus ni su control, que un momento u otro llegará, quien nos vacunará contra la crisis democrática y los males políticos y sociales que vive nuestra sociedad, tanto a nivel local como global. Y desde mucho antes de que llegara la pandemia. El coronavirus ha puesto de relieve la debilidad de nuestra economía y de la capacidad de protección social, que sigue siendo uno de los atributos básicos que justifican la acción política. Superarlo requerirá de la acción colectiva planificada, solidaria y con cooperación con el resto del mundo.

Ensimismados como hemos estado desde hace una década en la disputa Cataluña-España, no nos damos cuenta de que es levantando la mirada hacia Europa cómo podemos hacer este cambio de perspectiva. No sólo para que nos vean, como hasta ahora hemos hecho bajo la premisa de que el mundo nos mira y de que Europa vería con simpatía la causa catalana. Ahora se trata de levantar la cabeza para mirar nosotros a Europa y, sin buscar mimetismos ni espejos mágicos, darnos cuenta de cuál es el panorama de crisis global y cuáles son las posibles salidas a todo lo que vivimos.

Debemos mirar a Europa para encarar juntas -todas las sociedades, los países, las ciudades, la ciudadanía en general- la crisis económica que tenemos encima. Es una crisis que no tiene nada que ver con la que ya sufrimos desde 2008 y que, más allá de las cifras macroeconómicas de aparente recuperación, aún no había sido superada por mucha gente trabajadora. En todo caso, había debilitado proyectos sociales y personales, economías familiares, estructuras productivas y todo tipo de servicios públicos y esenciales. Como dramáticamente constatamos ahora con la sanidad, la educación, la innovación y la investigación o la protección social, los recortes y las políticas de austeridad que quisieron combatir aquella crisis desde la ortodoxia neoliberal no fueron útiles entonces y aún menos lo son ahora. Incluso se dan cuenta organismos y cabeceras de aquella ortodoxia que, como el FMI, la OCDE, el Banco Mundial o el Financial Times, hoy hablan de subir impuestos a los más ricos y a las grandes empresas, de aumentar la inversión pública y de la necesidad de dotarnos de un nuevo contrato social como el que fue posible en Europa en 1945.

La ingenuidad no nos debe llevar a creer en proclamas globales del estilo de aquella “refundación del capitalismo” que prometió Nicolas Sarkozy. Pero tampoco nos valen afirmaciones locales como las que hemos oído en plena pandemia en la línea que “si nos dejaran, los catalanes lo haríamos todo mejor”. Ya hemos visto que la gestión de la crisis es manifiestamente mejorable en todos los sitios, empezando por nuestro país. Es en la cooperación, y en las fórmulas políticas y sociales que la saben declinar y la favorecen, donde radica el equilibrio de este edificio lleno de grietas que ahora tenemos que reconstruir si no queremos que colapse o se derrumbe en cualquier momento, total o parcialmente, encima de la Europa democrática y de sus sociedades, la española y la catalana incluidas. De ahí la importancia de los acuerdos adoptados por la Unión Europea en julio para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus y, sobre todo, de los fondos de reconstrucción europeos que el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han etiquetado bajo la divisa Next Generation EU. Con una dotación de 750.000 millones de euros, constituye un plan de inversión pública que será financiado con la emisión de deuda europea conjunto como nunca se había visto antes. Se trata de una decisión de gran envergadura, que abre una perspectiva esperanzadora, porque conlleva no sólo un gran esfuerzo mancomunado para paliar y superar el impacto de la epidemia, sino la inclinación de la UE en una dirección clara de defensa del Estado del bienestar y de desarrollo de la transición ecológica y social. Cuesta entender que mientras otros países hace semanas o incluso meses que trabajan para definir los proyectos e inversiones para estos fondos de reconstrucción, en España y en Cataluña todavía no hemos entrado a fondo en este debate, distraídos como estamos con rencillas de todo tipo. Ya llegamos tarde pero aún estamos a tiempo para poner nuestro sello a una salida keynesiana y social a la crisis.

Tenemos que mirar a Europa también en clave federalista. Ya sabemos que en todos los lugares hay mucho nacionalismo soberanista, de derecha y de izquierda, al igual que persiste sólidamente instalado en estados como el francés un jacobinismo de raíces antiguas. Pero, con luces y sombras, una gestión federal de la pandemia ha sido posible en un país como Alemania o incluso en una sociedad más similar a la nuestra como la italiana. El reto es saber si, en nuestra casa, sabremos aprovechar o no esta oportunidad federalista que, de facto, nos da la gestión de la crisis tras haberla encarado inicialmente con eso de la unidad de combate bajo bandera y uniforme argumentando que el virus no entendía de fronteras o replicando, en Cataluña, que si fuéramos independientes tendríamos menos muertos.

Finalmente, tenemos que mirar a Europa también en clave de futuro democrático y sostenible. La democracia peligra si no cerramos el paso a la extrema derecha: hace años que crece en Europa (donde incluso gobierna en países como Hungría), ya es tercera fuerza en el Congreso español y probablemente entrará también en el Parlamento de Cataluña. La sostenibilidad, más allá de opciones partidistas, pide que el ecologismo avance como opción estratégica ante un reto gigantesco y del que la COVID-19 sólo parece un test: la crisis del cambio climático y la sostenibilidad ambiental, que hay afrontar con una transición valiente, tanto ecológica como social.

De todo este panorama es difícil hacerse una idea desde el ensimismamiento. ¿Europa nos mira? Quizás sí, y ojalá fuera más ágil en aportar luz y balanzas a los recursos judiciales interpuestos o que llegarán a los tribunales europeos, fruto de la judicialización política del proceso catalán. Pero, por favor, si queremos realmente reconstruir nuestro país, desde todos los sentidos y en beneficio de todas y todos, hagamos el esfuerzo de ser nosotros quienes miremos a Europa.

El clima político que se respira en estos momentos, lejos de invitar al optimismo, acentúa el desconcierto de la ciudadanía, abrumada por los impactos de una pandemia que aún no ha sido superada. Muchas incertidumbres en todos los ámbitos: sanitario, educativo, social, económico... Y, junto a estas dificultades, una confrontación partidista sin tregua  y una considerable inestabilidad institucional: en el Congreso, donde todavía flota la acusación “de ilegitimidad ” dirigida contra el Gobierno PSOE-UP, entre el Ejecutivo central y el de la conflictiva comunidad de Madrid, en el seno del poder judicial, sobre el papel de la Corona. Sin olvidar el conflicto catalán, siempre presente, no resuelto, como factor de crisis de un Estado que, en el transcurso de los últimos años, ha visto como se erosionaban los consensos de la transición, socavados en gran medida por las tensiones territoriales. Con la inhabilitación del presidente Torra, Cataluña ha entrado en una larga y tormentosa campaña electoral, un escenario más propicio a la polarización, a la exacerbación de las diferencias, que al diálogo.

En medio de este cúmulo de circunstancias, ha quedado minimizada una nota esperanzadora para una posible distensión: el doble anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, indicando que el Gobierno español estaba a punto de iniciar el trámite de los indultos solicitados en favor de los condenados por el proceso del 1-O, así como de presentar al Congreso un proyecto de ley que modificaría el Código Penal respecto a los delitos de sedición y rebelión, homologando estas figuras con el tratamiento propio de las legislaciones europeas de nuestro entorno. Ciertamente, la tramitación de las peticiones de indultos es una obligación inexcusable del Gobierno, que debe recibirlas, solicitar los informes pertinentes a los tribunales que hayan juzgado los casos, a la Fiscalía y a las instituciones penitenciarias, antes de tomar, caso por caso, una decisión, aceptando una remisión total o parcial de las penas... o bien denegándola. Sin embargo, la coincidencia de ambos anuncios invita a ser leída como expresión de la voluntad del Gobierno progresista de mover ficha y propiciar un clima de distensión que permita abordar la crisis catalana desde el diálogo y en términos políticos.

Desde el Grup Pròleg, no podemos hacer otra cosa que felicitarnos por este primer paso. Desde nuestra constitución como grupo de opinión, hemos resaltado un hecho que hoy es admitido como una evidencia desde los más variados perfiles políticos: el encarcelamiento de los dirigentes independentistas pesa como una losa sobre cualquier intento de negociación y mantiene abiertas las heridas del conflicto en el seno de la sociedad catalana. Una clara mayoría, incluidos los sectores contrarios a la independencia, considera que los años de encarcelamiento transcurridos han sido un duro castigo que debería ir tocando a su fin. Asimismo, es indispensable que la resolución de este nudo político y emocional se haga por vías pragmáticas y respetuosas del Estado de Derecho. Tanto los indultos como la vía de la reforma del Código Penal, susceptible de favorecer retroactivamente una revisión de las penas, nos parecen los caminos más adecuados, tanto por razones jurídicas como por razones políticas. Por ello, hay que explorar sin dilación estos caminos y no insistir en otras vías más discutibles.

Pero, si todo aconseja avanzar por vías pragmáticas y posibilistas, nada dice que éstas tengan que ser un camino de rosas. Es evidente que no será así en el actual contexto. Elecciones, negociación de presupuestos, guerrilla parlamentaria, intentos de instrumentalización de las instituciones... La reforma del Código Penal - y la misma tramitación de las peticiones de indulto - recibirán el fuego cruzado de francotiradores, disparando tanto desde Madrid como desde Barcelona. Todavía hay, a ambos lados, muchos partidarios de “cuanto peor, mejor”, demasiadas fuerzas interesadas en mantener una crispación emocional y una polarización que en su opinión pueden acercarlas al poder. El camino hacia la distensión y el diálogo es más necesario que nunca en las actuales circunstancias. Pero, al mismo tiempo, se hará tremendamente difícil de transitar.

Desde el Grup Pròleg, queremos formular un llamamiento a la conciencia democrática, tanto de la sociedad catalana como del conjunto de España: hay que blindar esta vía esperanzadora. Es necesario que entidades, personalidades del mundo académico y cultural, juristas, fuerzas sociales de diferentes ámbitos, abran espacios de encuentro, debatan y, a pesar del griterío, hagan llegar a la opinión pública la voz de la razón. El fracaso del diálogo nos abocaría a un futuro incierto de decadencia democrática y fractura social. No hay tiempo que perder.

El GRUP PRÒLEG nació con la intención de contribuir modestamente a la recuperación de espacios de diálogo para explorar salidas al contencioso nacional-territorial. En su primera declaración pública de 2018, PRÓLEG rechazó el tratamiento jurídico-penal de la cuestión, porque nos parecía una fórmula improcedente y a la vez muy perjudicial para dar con una vía de solución al problema.

Hoy nos vemos obligados a manifestar que la última decisión judicial suspendiendo el régimen penitenciario aplicado a los dirigentes políticos y sociales encarcelados desde hace más de dos años representa un paso atrás y se convierte en un nuevo obstáculo a la preparación de una vía de diálogo.

De modo especial, porque la justificación formal de esta nueva decisión judicial nos parece incompatible con el respeto a la libertad de opinión política de cualquier ciudadano que tanto la Constitución como la Ley Penitenciaria reconocen a estos dirigentes.

No compartimos todas sus opiniones políticas ni sus estrategias. Por esta misma razón, nos creemos legitimados para rechazar una nueva actuación judicial que condiciona gravemente el tratamiento adecuado de la cuestión y que puede justificar que no sean asumidas los responsabilidades que corresponden a todos los actores políticos democráticamente facultados y obligados a tratarla.

De esta forma, se reducen los probabilidades de encontrar una salida dialogada, se alimentan los posiciones extremas y se fomenta el enquistamiento del problema, cuando nuestra sociedad necesita poner la máxima energía para encarar la gravísima crisis sanitaria y económica que estamos viviendo.

El país está pendiente de saber si el gobierno de coalición entre PSOE y UP verá finalmente la luz. El bloqueo hostil por parte de una derecha que, tras los resultados del 10N, se siente fuertemente espoleada por la extrema derecha, hace que la investidura de Pedro Sánchez esté en manos de las fuerzas políticas independentistas – y, probablemente, dependa de la abstención de ERC en una segunda votación.

Naturalmente, en un proceso de investidura corresponde al postulante concitar los apoyos parlamentarios necesarios. Y, en el marco de esas negociaciones, es normal y legítimo que los partidos solicitados formulen demandas, planteen exigencias o contrapartidas. Sin embargo, el independentismo debería ser plenamente consciente de lo que hay en juego y de lo que razonablemente cabe esperar de un gobierno de estas características en las actuales circunstancias.

El conflicto catalán es plenamente una crisis española. Pone a prueba los resortes de la arquitectura política heredada de la Transición y revela los límites de nuestro desarrollo constitucional – singularmente por cuanto se refiere al acomodo de la diversidad nacional y lingüística de España en un proyecto ampliamente compartido por su sociedad. Y, tampoco resulta casual, esto sucede en un momento de grandes cambios e incertidumbres a nivel global que ponen en cuestión los principios sobre los que se asientan las democracias liberales. Todo ello pesa, en Catalunya como en toda España, sobre la realidad de unas heridas sociales, provocadas por la anterior recesión económica, que aún siguen abiertas, abonando los sentimientos de inquietud acerca del futuro.

En ese contexto, la investidura – o no – de Pedro Sánchez dista mucho de representar una simple peripecia parlamentaria. Tras el largo período de interinidad que hemos vivido, precipitar el país a unas terceras elecciones legislativas consecutivas acabaría por poner sobre la mesa la configuración de un nuevo ordenamiento de calado constitucional. Pero no sería como resultado de un desarrollo democrático, sino como una involución de rasgos centralistas y autoritarios. El fracaso de las izquierdas en la solución de la actual crisis de gobernanza daría alas a las tendencias más conservadoras y propiciaría sin duda un nuevo ascenso de la extrema derecha.

El independentismo no ignora ese posible escenario. Lo que debe decidir es si cree que sus proyectos prosperarían en él o no.

Una parte del mundo soberanista cree que la confrontación con un gobierno hostil radicalizaría a una mayoría de la sociedad catalana, favoreciendo su polarización en torno a la aspiración independentista. Hay incluso sectores convencidos de que ese sería el camino hacia una crisis revolucionaria. La experiencia de estos años ha mostrado, sin embargo, que esas dinámicas de confrontación tienen una peligrosa deriva identitaria, dividen a la sociedad catalana y alimentan el discurso del nacionalismo español más rancio. Poner el destino de España en sus manos no puede procurar beneficio alguno a Catalunya.

Pero ¿qué cabría esperar y qué sería exigible de un gobierno de las izquierdas, si llega a constituirse? Sabemos que, en un plano económico, social y medioambiental, deberá desplegar sus políticas progresistas en los estrechos márgenes del rigor fiscal establecido por la Unión Europea. Sería exigible, pues, que fuese tan lejos como sea posible en la lucha contra las desigualdades y el deterioro de los servicios públicos. El sentimiento de desamparo y la desesperanza dan predicamento a las soluciones simplistas, xenófobas y totalitarias.

Por cuanto se refiere a Catalunya, lo que dice el preacuerdo para un gobierno progresista, necesariamente genérico, supone a la vez poco y mucho: diálogo dentro del respeto a la Constitución y al Estatut. ¿Es posible concretar más esta oferta en los compases previos a la investidura? Las conversaciones que tienen lugar estos días lo dirán. En cualquier caso, no existe hoy otra alternativa de gobierno en condiciones de emprender ese camino. No lo haría un ejecutivo condicionado por el PP y - ¡aún menos! - una alianza de las derechas, si una nueva cita con las urnas las propulsase al poder.

El actual ordenamiento jurídico permite avances en el autogobierno, en su financiación… Incluso la recuperación, mediante leyes orgánicas, de competencias recortadas por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatut. Hay margen para mejorar sensiblemente las condiciones de vida de la ciudadanía. Es cierto que eso no resuelve el conflicto planteado, cuya solución requeriría cambios legislativos más ambiciosos. Pero será imposible encarar siquiera esos retos sin una etapa previa de distensión, de medidas y gestos destinados a recomponer la confianza entre las partes. Y, por supuesto, sería inviable sin abordar la situación de los dirigentes condenados el 14-O por el Tribunal Supremo, partícipes necesarios de un diálogo fructífero. Todo el mundo es consciente también de que, en el actual clima de crispación, eso no va a ser fácil. El camino será largo. Pero, una vez más hay que preguntarse: ¿qué otro gobierno, si no el de coalición de izquierdas, estaría dispuesto a emprenderlo?

Es hora de demostrar coraje y responsabilidad. Coraje frente al griterío de quienes pretenden que cuanto peor, mejor. Y responsabilidad para actuar de tal modo que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez. Una de las condiciones necesarias del prólogo a un abordaje democrático del conflicto catalán es la posibilidad de estabilizar un gobierno dialogante en Madrid. No la echemos a perder.

Los responsables del orden público, pendientes de los acontecimientos que pudieran producirse tras la sentencia del Tribunal Supremo, consideraban la hipótesis que los expertos han dado en llamar “a aparición de un cisne negro”: un hecho cuya gravedad e impacto desbordan todas las previsiones, situando el conflicto en una dimensión de crisis mayor y descontrol. Hasta ahora, por fortuna, no hemos avistado a ese pájaro de mal agüero. Pero, en algún momento hemos tenido la sensación de que sobrevolaba las atribuladas calles de las capitales catalanas. Ha habido heridos graves, manifestantes y policías. Barcelona ha sufrido destrozos. Existen fundados motivos de inquietud. Cada día que pasa se hace más urgente salir del bloqueo en que nos encontramos y recuperar la acción política, si no queremos que la situación se envenene de modo irremediable.

La publicación de la sentencia en un contexto electoral no facilita las cosas. La simplificación de mensajes y la exacerbación de discrepancias, propias de la contienda, contribuyen a polarizar una situación que ya lo está en demasía. Y es que, como no podía ser de otro modo, el fallo del alto tribunal ha desatado todas las pasiones. Para la derecha española, deseosa de un castigo ejemplar, la sentencia resulta tibia. Para el independentismo, supone un acto de venganza. Lo cierto es que la sentencia es muy severa y dicta elevadas penas de prisión. Y no lo es menos que parece discutible por cuanto se refiere al encaje de los hechos probados con los supuestos que concurren en un delito de sedición. Tanto más si consideramos la discordancia entre la dureza de las condenas y la consideración, por parte del propio Tribunal Supremo, de que el auténtico propósito de los encausados no era el de hacer efectiva la independencia, sino forzar una negociación con el Estado. No deja de ser muy relevante, sin embargo, que la acusación de rebelión – y, con ella, la existencia de una violencia instrumental – hayan sido desestimadas e incluso ampliamente rebatidas por el Supremo. También lo es que haya rechazado la petición de que los condenados vean restringido su acceso a los beneficios del régimen penitenciario, susceptibles de atemperar el cumplimiento de las penas.

La sentencia, recibida en Catalunya entre dolor, indignación y protestas, parece alejar cualquier salida. No obstante, convendría retener una consideración, sin duda capital, que hacen los propios magistrados: no incumbe a la justicia resolver un problema cuya naturaleza es eminentemente política. Cierto. Estamos donde estamos tras un cúmulo de errores y despropósitos. Alguno tan lamentable como la prolongada prisión provisional de los dirigentes hoy condenados, que sólo ha traído sufrimiento personal y crispación social.

Pero, si bien es verdad que la judicialización del conflicto resulta del fracaso de la política, a ella corresponde asumir sus consecuencias y hacerse cargo de una situación que se torna cada vez más delicada. Los hechos de estos últimos días indican que hay urgencia. El pacifismo ha presidido una vez más las legítimas y esperadas manifestaciones de rechazo a la sentencia. Pero los altercados y enfrentamientos entre jóvenes y policías han encendido la noche. La atmósfera se está cargando de electricidad. Y las declaraciones altisonantes de algunos responsables políticos tampoco contribuyen a serenar los ánimos.

Hemos vivido una seria alteración del orden público; pero la cuestión planteada no se reduce a ello. Se ha instalado una angustiosa división en el seno de la sociedad catalana; pero el problema no es sólo de convivencia. No. Estamos ante la crisis política y territorial más grave que afronta España desde la transición democrática. Resolverla requerirá sin duda cambios legislativos, acaso constitucionales, para dar pleno acomodo a su diversidad lingüística y nacional y dar salida a las aspiraciones de autogobierno. Nadie puede ignorar el hecho de que dos millones de catalanas y catalanes anhelan la independencia. Ni que la otra mitad del país rechaza esa perspectiva. Hará falta tiempo, debates, propuestas… También la construcción de pactos y consensos. Al final, sea cual sea el proyecto que se abra paso, la ciudadanía deberá pronunciarse para refrendarlo.

Tal es el camino de la política: largo y nada fácil de transitar. En Catalunya, al igual que en toda España, padecemos una crisis de liderazgos que nos mantiene en un bloqueo desesperante. Seguramente habrá que ir también a unas elecciones catalanas para despejar el panorama. Pero, por encima de todo, las fuerzas políticas deben entender la necesidad de restablecer el diálogo, poniendo fin a una etapa, estéril y desastrosa para la sociedad, de enfrentamientos institucionales. Para ello será necesario gestionar con inteligencia el escenario que nos deja la sentencia. No será posible establecer ese diálogo al margen de la ley, ni reactivando fracasadas estrategias unilaterales. Tampoco podrá fructificar mientras una parte de los interlocutores permanezca en la cárcel. He aquí el desafío que debe encarar la política: buscar, desde el respeto al Estado de Derecho, pero también social y democrático según la Constitución, una solución airosa para esas situaciones penales… y empezar a recuperar el tiempo perdido.

A la sociedad civil corresponde multiplicar iniciativas y espacios de encuentro, generando un clima de distensión civil y de exigencia ciudadana para que así sea. Si algunas aves deben anidar entre nosotros, que sean cisnes blancos.

La fallida investidura de Sánchez augura un verano tormentoso y nos promete un otoño muy accidentado, sea o no con nueva convocatoria electoral. Se acumulará también en aquel momento la reacción a la sentencia del juicio del 'procés'. Demasiadas y explosivas coincidencias para que no intentemos prevenir y reducir en lo posible los daños sociales que puedan producirse.

Como alguien recordó a raíz del devastador incendio de este verano en las comarcas del Ebro, los fuegos forestales se apagan en invierno. Es entonces que hay que hacer el trabajo de prevención, gestión y limpieza de los bosques y, en definitiva, de ordenación del mundo rural. Y es en invierno y en los despachos y distintos órganos de gobierno y legislativos, donde debe prepararse, equiparse y dotarse de recursos humanos y materiales –siempre insuficientes, máxime cuando aún se arrastran recortes– a los bomberos, agentes rurales y agrupaciones de defensa forestal.

Ahora bien, en política y sociedad se invierten algo los vectores y es justamente en verano cuando hay que prepararse para hacer frente a los fuegos que ya sabemos que vendrán en otoño. Pese a la agitación electoral de la pasada primavera, el período de relativa distensión política y social vivido tras superar los sucesos de octubre de 2017 y la aplicación del artículo 155 y a partir del triunfo de la moción de censura que echó al PP del gobierno de España, puede situarnos en un espejismo. Porque, como se dice coloquialmente, vienen curvas.

No podemos dejarnos llevar a engaño por la calma que precede a la tempestad. Pasarán cosas... aunque en el fondo quizás no pasará nada que no esté ya más o menos previsto e, incluso para algunos, hasta amortizado. Sea como sea, hay que trabajar ya desde hoy mismo. Es necesario evitar que las tensiones que viviremos en nuestra sociedad y en el escenario político de Catalunya, España y Europa ya de por sí complejo y potencialmente convulso, no nos lleven a situaciones como las que ya padecimos hace dos años.

En ambos extremos de una sociedad no fracturada pero sí polarizada, y especialmente en algunos círculos políticos que entre todos habría que minorizar, hay quien está esperando otro 'momentum'. Para proclamar unilateralmente la independencia o para volver a incidir todavía más en la represión y la restricción del autogobierno, vía artículo 155 o como sea.

Pues que se lo vayan quitando de la cabeza. Porque no va de eso la cosa. Debe ir de diálogo y de ver cómo podemos resolverlo entre todos y todas. Individualmente quienes están injustamente en prisión y temen condenas largas. De manera colectiva, las sociedades catalana y española, injustamente sometidas a una situación de bloqueo político cuando aún perviven para mucha gente las duras consecuencias de la crisis económica y ya hay quien alerta de nuevos horizontes de recesión.

Cuando el cambio climático ya ha encendido todas las alarmas y moviliza a las generaciones más jóvenes y cuando los derechos y libertades más elementales siguen amenazados no ya aquí, sino en muchos países europeos, africanos y asiáticos bañados por las mismas aguas, a menudo trágicas, del Mediterráneo.'Ho tornarem a fer', dicen unos.'Ho tornarem a frenar', dicen otros.

Y Pedro Sánchez no esquiva la trampa y esboza la hipótesis de un nuevo 155 como coartada explícita (y al menos parcialmente falsa, pues la cosa en realidad va de poder y de políticas económicas) de sus desconfianzas y reticencias o vetos a la hora de pactar con un Pablo Iglesias que defiende el derecho a la autodeterminación pero que dice estar dispuesto a aparcarlo momentáneamente.

Es triste por parte del PSOE y de Unidas Podemos que se lancen los platos de Catalunya y la sentencia futura por la cabeza cuando el PSC y los 'comuns', que son quienes deberían tener voz autorizada y soberana en el asunto, restablecen puentes de confianza en Barcelona y abogan por el diálogo. Puentes y diálogo que –por cálculo estratégico, simple táctica o intereses partidistas, que de todo hay– también invocan y practican distintos sectores o voces del independentismo, desde JxCat a Òmnium, pasando por ERC e, incluso una CUP que ha celebrado una asamblea con algunos elementos de reflexión autocrítica y realismo.

Sin embargo, y entre la desorientación que predomina en el independentismo, tanto los presidentes de la Generalitat (Carles Puigdemont y su vicario Quim Torra), como la ANC y el irredentismo nacionalista que anida en todos los partidos, organizaciones y almas soberanistas parecen apostar aún por eso de cuanto peor, mejor. La sociedad catalana debe hacer una buena lectura de lo que puede significar una sentencia de esta trascendencia y debe estar a la altura para poder establecer los canales que ayuden y no dificulten las salidas políticas.

Se debería escuchar más a las voces de los dirigentes sociales, políticos y sindicales que reclaman salidas inclusivas a la situación de bloqueo y polaridad. Todos y todas deberíamos hacer los deberes de verano que nos pone el líder de CCOO en Catalunya, Javier Pacheco: “La forma de articular la respuesta es el elemento sobre el que hay que empezar a hablar y plantearse”. De forma similar lo expresa Josep Ramoneda cuando escribe que debemos “ser conscientes de las consecuencias negativas del estancamiento –deterioro institucional, fracturas sociales y polarización– que se agravan a medida que pasa el tiempo”, y que, en consecuencia, es necesario “repensar a fondo las nuevas estrategias”. Por parte del soberanismo pero también por parte de quienes se le oponen y, pese a haber vencido, no convencerán.

En previsión de una sentencia que en muchos sectores será interpretada más en clave de venganza que de justicia, será necesaria comprensión y, si es el caso, apoyo a las acciones o decisiones personales de quien está en la cárcel. Pero eso no excluye, sino todo lo contrario, la necesidad de cuestionar y pasar por el filtro del sentido crítico aquellas decisiones o proclamas personales que se aprovechen o formen parte de una o diversas estrategias políticas. Lo que hacen, quizá sin darse cuenta, es mezclar ámbitos distintos y poner a la sociedad en tesituras de trinchera, no precisamente ateas o agnósticas, y ni tan siquiera laicas, sino directamente de profesión de fe y dogmatismos que no llevan a ninguna parte.

Somos una nación, una sociedad y un país plural. En un contexto histórico determinado -y, por cierto, aunque a veces se pretenda lo contrario, muy diferente al actual- se fijó el objetivo de “un sol poble” como propuesta del catalanismo y la izquierda para cohesionarse y luchar contra la dictadura, por las libertades y la democracia. Con un espíritu unitario y con un compromiso, responsabilidad y generosidad de las fuerzas y los liderazgos sociales y políticos que promovían esta idea de “un sol poble” que, si no es recuperable, como mínimo convendría no tergiversar ni olvidar como referente. Porque los tiempos han cambiado, quizá no como todo el mundo desearía, pero el reto de la cohesión social y nacional se mantiene vigente. Tanto más cuanto que la prolongada crisis de gobierno en España genera mucha más incertidumbre y hace mucho más difícil la gestión de nuestro contencioso territorial. Dentro y fuera de Cataluña.

Decía Joan Tardà en una entrevista reciente que el independentismo debe reconocer que el referéndum nunca podrá ser entre “independencia sí, independencia no”. Añadía que, a su vez, los no independentistas tendrán que aceptar que el único referéndum pactable será el que plantee escoger “entre la oferta que ellos hagan y la independencia”. Aunque el objetivo siga siendo el referéndum, produce un cierto alivio comprobar un leve acercamiento de posturas hasta ahora inencontrables.

Las manifestaciones de Tardà muestran una apertura hacia una negociación posible, no cerrada de antemano a cualquier otra opción que no contemple de antemano un referendum sobre la secesión. Es evidente que cualquiera que sea la oferta del Gobierno español se enmarcará en el ámbito del autogobierno. Así pues, independencia o más autogobierno podrían ser los términos de un pacto negociable con vistas a una futura consulta, por otra parte inexcusable si la propuesta no independentista incluye una reforma constitucional que modifique el marco de la organización territorial existente.

Habría que añadir un aspecto más, derivable de las muchas lecciones que hay que aprender del procés que, como muchos han señalado, ha errado no tanto en el fin como en los medios, uno de los cuales era el referendum como punto de partida y de ruptura para emprender la desconexión. Ante un conflicto de las dimensiones del que nos ocupa, el diálogo sobre los fines es una empresa estéril. Los fines se nutren de convicciones, actos de fe, en muchos casos, sobre los que no cabe discutir puesto que no se basan en razones ni en hechos, sino en creencias. La secesión es un proyecto político aceptable siempre que se desenvuelva sin quebrar los procedimientos jurídicos que la Constitución tiene previstos. Pero es un proyecto que se funda en una creencia abstracta, en una ilusión indeterminada, ya que nadie sabe ni puede saber a ciencia cierta cómo sería una Cataluña independiente. Es precisamente ahí, en las consecuencias previsibles de la independencia, donde debería estar el meollo de la cuestión y el ámbito de lo negociable. La lección fundamental que hay que aprender de lo ocurrido hasta ahora, aquí y fuera de aquí, como se está viendo en el devenir del Brexit, es que negociar las consecuencias es imprescindible antes de emprender la aventura de romper con el pasado.

Una explicación, por parte de los independentistas, del proyecto político que tienen entre manos, una explicación más explícita y realista que las meras declaraciones de principios que se han venido sucediendo hasta ahora, debería poder contrastarse con una oferta de la otra parte que modifique sustancialmente los términos del encaje territorial entre Cataluña y España. Tampoco ahí es legítimo ampararse en la abstracción de una posible reforma constitucional o, más abstracto aún, una evolución hacia un modelo más federal, sin más detalles. Existen multitud de propuestas inteligentes y ponderadas a favor de reformas en el autogobierno que podrían satisfacer tanto a los no independentistas como seguramente a bastantes de los independentistas que, a estas alturas, anhelan más que nada la estabilidad política y social que se perdió hace años. Sólo hace falta que los grupos políticos no secesionistas se unan en el coraje de proponer la oferta de reforma que los independentistas dicen estar esperando. Y que el Gobierno español muestre también con valentía que tiene algo concreto que proponer.

Antoni Bayona, en el imprescindible libro que acaba de publicar, No todo vale. La mirada de un jurista a las entrañas del procés, explica muy bien que la hoy tan criticada Constitución Española no tiene una lectura única, sino que el modelo de organización territorial que contempla es muy abierto. El aspecto heterogéneo de su espíritu –dice- no ha sido explotado, y sería el momento de intentarlo. Es cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut desmiente esa premisa. Aún así, la Constitución tiene otras lecturas posibles, las que le corresponde hacer, sobre todo, a la parte catalana no independentista, que espera y desea que empiece a desvanecerse el clima enrarecido y desestabilizador a todos los niveles en que estamos asentados.

Seguiremos encallados si la inevitable negociación queda bloqueada de entrada por la aún propuesta independentista pública de “referéndum, sí o sí”. Así planteado, estamos ante una nueva abstracción. Lo que, de entrada, hay que discutir es el modelo de organización territorial que tienen unos y otros y hacerlo con la máxima concreción y sentido de la realidad posible. Max Weber ya advirtió hace tiempo que los políticos no sólo deben defender principios, sino las consecuencias de llevarlos a la práctica. Mientras no estén claros tanto los términos de la oferta de un mejor autogobierno, por una parte, como, por la otra, las consecuencias previsibles de una independencia negociada, olvidémonos del referéndum.

El Parlamento británico está en el desconcierto en que está porque preguntaron al pueblo antes de tiempo. Los británicos votaron sin saber qué votaban. Eso es lo que no debe repetirse entre nosotros. Es irresponsable someter a votación popular una propuesta que no es nada más que una idea nebulosa y poco estudiada. Que ni siquiera entró a considerar las complicaciones que podría tener una Cataluña independiente para formar parte de la unión europea. Se suele aducir que uno de los problemas de la democracia es la ignorancia de la ciudadanía para tomar decisiones importantes. Una ignorancia hasta cierto punto invencible, lo que no impide que sea un deber político intentar paliarla con toda la información a mano.

La “nueva política”

Uno de los elementos característicos del movimiento independentista en Catalunya ha sido, a diferencia de otros casos, su división política. Mientras el partido escocés, pongamos por caso, no debe rendir cuentas ante otro partido similar, los partidos catalanes temen que otros partidos del movimiento les critiquen, les denuncien o les llamen “traidores”. De modo que el PDeCAT debe tomar precauciones ante ERC, ERC ante la CUP, todos ellos ante la Crida, etc.; y el resultado es el bloqueo de las posiciones políticas.

Pero junto a esta división, digamos, “horizontal”, entre fuerzas políticas que son a la vez aliadas y competidoras, ha aparecido con fuerza una división “vertical”, una divisoria que contrapone a los representantes políticos y “la base”, el pueblo, “la gente”. Ya no se trata solamente de entidades como Òmnium Cultural o la ANC, que intervienen de modo activo e influyen en opciones y en decisiones estratégicas, sino un colectivo más amplio, formado por periodistas y opinadores, activistas locales, redes sociales, comités de acción poco formalizados, grupos de base y entidades similares. Como el coro en las tragedias griegas, intervienen, juzgan, critican y señalan con el dedo; y como el coro, sus opiniones son cambiantes, poco previsibles pero a la vez muy determinantes de la acción de los protagonistas. Las declaraciones de los encausados y de algunos de los testigos mejor informados en el juicio al “procés” de estos días han mostrado como, por ejemplo, la opción final del presidente Puigdemont por no convocar elecciones en los días críticos de octubre de 2017 se decantó por la presión de los manifestantes de la plaza Sant Jaume, las amenazas de algunos alcaldes de su propio partido y un famoso “tweet” de un portavoz de otro partido.

Ello sintoniza con un rasgo más general de la política española, e incluso más allá: el descrédito de las viejas maquinarias políticas de partido ha conducido al surgimiento, no ya de nuevos partidos, o de plataformas políticas más sueltas y menos rígidas, sino a la generación de una polifonía de voces que, con mayor o menor información y sin el deber de asumir responsabilidades por sus opiniones, animan, jalean, insultan o vociferan la actualidad política, hacen oír sus voces y condicionan fuertemente las formas y los contenidos de las acciones políticas. Si en nuestro 15-M ello se materializó en las multitudes que se reunieron en asamblea permanente en las plazas de las ciudades, en Italia ello llevó al Movimiento “5 estrellas”, partido sin locales ni publicaciones, sino con solo una página web, del mismo modo que “La República en marcha” de Macron en Francia se constituyó y se convirtió en el partido ganador de las elecciones presidenciales, mientras en España el 15-M constituyó el caldo de cultivo del surgimiento de Podemos, partido sin sede pero con Telegram. Y, con todos los matices del caso, el estilo presidencial de Trump no queda lejos de todo esto. 

A lomos del tigre

Lo que se ha llamado “nueva política” ha constituido así un lenguaje y un estilo distintos al de la política tradicional; es temprano para saber si se trata de una victoria definitiva o de una moda pasajera, pero lo cierto es que la vieja política sigue acomplejada ante las nuevas formas, y que estas se han ido imponiendo.

En el caso de la política catalana, esto crea una situación de bloqueo generalizado, tanto en los partidos como en la acción de gobierno de la Generalitat, que lleva a veces a pensar en el refrán chino: “Se puede viajar rápido a lomos de un tigre pero lo difícil es bajar sin ser devorado”. Es decir: el apoyo incondicional de un amplio sector popular constituye una enorme fuerza de apoyo, pero a la vez un límite (y, potencialmente, un rival) cuando el choque con la realidad obliga a reconsiderar las propias posiciones y a plantearse un posible cambio de orientación, por mínimo que sea. Es decir: lo que podría ser “bajarse del tigre” es visto como imposible por el temor a la reacción contraria de quien creyó, con la fe del carbonero, en los planteamientos previos. Sigamos cabalgando, o el tigre nos puede devorar.

Puede ser que esta actitud subvalore a la sociedad catalana; puede ser que seamos más maduros, razonables y comprensivos de lo que se cree. Es interesante recordar que los sondeos anuales del ICPS encuentran una diferencia estable entre los que declaran que les gustaría que el procés llevase a la independencia de Catalunya (en torno al 35 % de los encuestados), y los que creen que efectivamente acabará así (un 16 % del total).

Estas variaciones pueden explicar lo que ha sucedido en Quebec. A principios de esta década, un dirigente del “Parti Québecois” y exmiembro del gobierno, François Legault, lo abandonó para formar un nuevo partido, llamado “Coalition Avenir Québec” (es decir, “Coalición Futuro Québec”, CAQ).

Reuniendo a la vez federalistas y soberanistas, pero rechazando la hipótesis de un nuevo referéndum, el partido de Legault pasó de unos resultados medianos (solo unos 20 diputados en las elecciones provinciales de 2012 ) a un éxito espectacular en octubre pasado, siendo el primer partido con un 37% de los votos, lo que (magnificado por el sistema electoral) les ha dado una mayoría absoluta en el parlamento, con 75 escaños sobre 125. Hoy, el CAQ es el partido que gobierna en Quebec.

A la inversa, el “Parti Québecois”, durante mucho tiempo el partido único de los nacionalistas, ha ido perdiendo apoyo: desde los resultados superiores al 40% en los años 90, a un 32% en 2012, 25% en 2014 y un modesto 17% en 2018.

¿Alguna conclusión...?

¿Cuál es la lección, si hay alguna? Un movimiento como el del nacionalismo quebequés, masivo y enormemente popular, capaz de generar una propuesta política de gran atractivo, articulada en un lenguaje seductor (ahí nació, por ejemplo, la expresión “derecho a decidir”), tras topar con el muro de los límites de la realidad, ha dado lugar a una nueva fuerza política, que se ha dedicado a, simplemente, decir la verdad a los ciudadanos. Y estos ni la han rechazado ni lo han considerado una traición: el tigre ha considerado razonable lo que decía su jinete, y no solo no lo ha devorado: le ha dado un apoyo mayoritario.

Un giro así no se improvisa, ni tiene por qué obtener un éxito instantáneo, y aún menos en un contexto como el actual, atrapados entre el juicio a los dirigentes del procés, el crecimiento de la extrema derecha y dos convocatorias electorales; pero sirve para hacer entender que es posible, y que los ciudadanos de sociedades cultas y avanzadas pueden estar dispuestos a ver descabalgar el jinete sin devorarlo.

Catalunya ha vivido, vive aún, un periodo de alta tensión, de esperanzas y enfrentamientos, de desafíos y conflictos. Como todo tiempo de revisión profunda de la vida social, hay una especie de efervescencia, una pasión en los debates, que no es habitual entre nosotros, pero que ahora se ha impuesto con gran fuerza. El proceso independentista es tan apasionado que prácticamente ha monopolizado la atención pública durante los últimos siete años; ha absorbido gran parte de la energía social que habitualmente se dedica a la evolución y mejora de diversos aspectos de la vida pública y ha polarizado las opiniones hasta convertirse en el gran tema único o muy predominante en nuestra vida colectiva.

Nos encontramos en un momento delicado a nivel mundial: estamos asistiendo a liderazgos europeos en los que se reutilizan viejas ideas de la extrema derecha, y ello exige que nos preguntemos que es lo que está pasando, como están evolucionando los panoramas políticos y como ello nos afecta, en una Catalunya que ha abordado este tiempo con una agenda propia, diferente de la mayoría de países.

Indudablemente hay una situación de fondo que, de un modo u otro, repercute en todos, porque se deriva del crecimiento brutal de las desigualdades de los diversos grupos sociales, y ello provoca un desconcierto y un malestar que probablemente se hallan también en la base de la reivindicación catalana. En cualquier caso, la respuesta que se ha originado en Catalunya a las diversas crisis que se están viviendo es original y específica, y no queda claro cómo repercute en el conjunto de instituciones de la sociedad civil, un tejido muy rico de nuestra sociedad que, en gran parte, ha sido la base de la cohesión social existente en toda la etapa democrática anterior a la crisis.

Desde el Grup Pròleg, creado precisamente para tratar de comprender la situación existente y establecer puentes de diálogo dentro de la sociedad catalana, nos hemos preguntado por la incidencia que el proceso independentista ha tenido sobre las instituciones de la sociedad civil, instituciones que son transversales y que reúnen a una población muy diferenciada. ¿Cómo les ha influido el movimiento independentista? ¿ha debilitado su cohesión interna, su capacidad de acción, o, por el contrario, las ha reforzado, y en qué sentido? Estas son las preguntas que formulamos, unos días atrás, a tres mujeres representantes de tres instituciones fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad: Comisiones Obreras, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas y la Federación de movimientos de renovación pedagógica. Tres instituciones que en muchos momentos han sido decisivas para avanzar en las formas de participación y democratización de los ámbitos que representan.

Sus respuestas fueron muy interesantes; hubo un elemento común: en los tres casos el proceso independentista afectó al funcionamiento de las asociaciones de las que forman parte, y ha originado algunos conflictos. Sin embargo, los enfrentamientos que han podido surgir han sido generalmente de tono menor. Es decir, estas instituciones, que realizan tareas muy concretas, que se ocupan de la defensa de los trabajadores, de los barrios o del profesorado y las escuelas, han seguido haciendo su trabajo en los ámbitos correspondientes, concentrándose en sus objetivos propios y tratando de no ser absorbidas por el conflicto político.

En este sentido hemos podido llegar a una primera conclusión; los conflictos y los enfrentamientos han sido menores en estas instituciones que en el conjunto de la sociedad. Existe probablemente una impresión de fractura social superior a la que realmente está experimentando la sociedad catalana en muchos ámbitos no directamente políticos.

Veamos algunas particularidades. CC OO es una organización que ha analizado las opiniones políticas de sus afiliados y ha constatado que las preferencias están repartidas entre partidarios de la independencia y partidarios de mantener a Catalunya en España. No se detecta una tendencia acentuada en una u otra dirección, y por ello han surgido conflictos en algunos momentos. Pero se ha mantenido la cohesión en torno a la defensa de los trabajadores y trabajadoras, y en el acuerdo de no participar en huelgas que no tengan como eje central el mundo del trabajo. Se han producido algunas bajas, sobre todo por parte de personas jubiladas o que no están directamente vinculadas al mundo laboral. Sin embargo, el intento por parte de CC OO de crear espacios unitarios, de confluencia entre ambas tendencias, no ha tenido éxito. Es decir, las fracturas han sido evitadas gracias a un considerable esfuerzo, a tener en cuenta todas las tendencias, y ello ha permitido seguir trabajando en la línea sindical, pero no llegar a posiciones comunes en relación al encaje de Catalunya y España.

La FAVB presenta un panorama similar. En los últimos tiempos su acción ha estado muy vinculada a tareas muy concretas, como la defensa de la vivienda, cada vez más difícil dado el aumento de precios que se ha producido tanto en la compra como en el alquiler, especialmente, en Barcelona, y en los problemas vinculados a la defensa del espacio público (modificación de la ordenanza de terrazas) o de participación (impugnación del Plenario del Ayuntamiento que votó en contra de la multiconsulta).

Las asociaciones de vecinos han tratado así de centrar sus esfuerzos en estas finalidades más que en el debate político; en algunos casos se han producido conflictos, especialmente en la preparación de algunas fiestas locales, cuando algunos asociados intentaban darles un carácter de exaltación del independentismo. Pero de nuevo gracias al esfuerzo común ha sido posible mantener la unidad institucional.

El profesorado ha sido el sector que más directamente ha sufrido las consecuencias del proceso, dado que se vio implicado en el referéndum del 1 de octubre que se llevó a cabo fundamentalmente en escuelas e institutos. Al mismo tiempo, se ha producido una gran presión contra la educación catalana, acusándola de adoctrinamiento. Después de octubre se aplicó el 155, y por tanto nadie salió a defender a las direcciones escolares, que fueron llamadas a declarar e interrogadas. Obviamente, todo ello generó un profundo malestar, porque entre las familias había opiniones muy diversas y se vivieron situaciones francamente conflictivas. Sin embargo, la tarea educativa continua, y se encuentra en un momento muy interesante de renovación pedagógica de gran calado, aunque en cierto modo esta renovación ha quedado algo frenada en este año tan intenso.

El balance es, hasta cierto punto, esperanzador. Nos encontramos en un momento de cierta calma, pero de calma tensa, dado que se avecinan unos juicios que de nuevo van a ser conflictivos. Pero las instituciones de la sociedad civil mantienen su solidez y su ritmo de trabajo; hubo costes importantes, hubo mucho debate, pero no una fractura que paralizara la acción. Es necesario intentar, por parte de todos, del poder político, de la población, de la sociedad civil, preservar estas instituciones tan básicas para el funcionamiento de la sociedad catalana, dado que son ellas las que garantizan la resolución del día a día de los problemas comunes, sea cual sea su posición política y la ilusión o el temor que les inspire el movimiento independentista. Son ellas las que garantizan, probablemente más que nadie, la convivencia y el esfuerzo colectivo por llegar a esta Catalunya mejor que tanta gente anhela.

Hace un año, el Grupo PRÒLEG publicó una declaración reclamando a los partidos y formaciones políticas la supresión de la aplicación del artículo 155, la retirada de las actuaciones penales contra dirigentes políticos y representantes de entidades ciudadanas y, finalmente, la convocatoria de un referéndum pactado que permitiera a la sociedad catalana manifestar sus preferencias sobre las futuras relaciones entre Cataluña y el Estado.

Pensábamos que si se cumplían dichas condiciones se iniciaría una nueva etapa que contribuiría al progreso social, económico y cultural del país. Ha transcurrido un año. Ha cesado la aplicación del 155, han cambiado los gobiernos del Estado y de la Generalitat y se han restablecido los contactos regulares entre los dos Ejecutivos.

Pero siguen el encarcelamiento y la persecución penal de los dirigentes políticos y ciudadanos y está a punto de arrancar un juicio oral por rebelión que no encaja con la forma con que se tratan los conflictos políticos en la Europa comunitaria. Nuestra opinión rechaza claramente el encarcelamiento de los procesados y el tratamiento penal que se les aplica. Cuando se abra el juicio oral, se producirá además un incremento de la tensión política porque una gran mayoría de la opinión catalana lo interpretará como un error o como una venganza.

Por otra parte, mientras que el actual Gobierno del Estado ha reconocido errores gravísimos de su antecesor en el tratamiento de la cuestión y ha procurado enmendar algunos de sus efectos, el nuevo Govern de la Generalitat combina justificadas reclamaciones de diálogo con el Gobierno estatal con declaraciones que pasan por alto la responsabilidad de las equivocadas estrategias partidarias que condujeron a su fracaso e ignoran los graves daños que provocaron en la sociedad catalana.

Creemos que -si no se abandonan las visiones poco realistas que se empecinan en ignorar aquel fracaso y sus consecuencias- tardará más tiempo en llegar el restablecimiento de condiciones institucionales adecuadas para explorar alguna fórmula viable para superar el actual callejón salida. Este retraso será muy perjudicial para abordar de manera constructiva los cambios sociales, económicos y culturales que experimentan todas las sociedades europeas cuyos costes son más elevados para sus sectores más vulnerables.

Durante la etapa larga y compleja que nos aguarda, no desaparecerán las discrepancias políticas que reflejan la pluralidad de una sociedad como la nuestra. Por esta razón, reclamamos a quienes ocupan posiciones de autoridad institucional en el Estado y en la Generalitat una actuación rigurosa en la defensa del derecho de todos a mantener sus posiciones políticas, asegurando a la vez que el ejercicio de este derecho respete siempre el derecho de quienes no comparten las mismas opiniones y posiciones.

Se insiste a menudo en que la sociedad catalana se ha dividido en dos mitades. Y es cierto que padecemos tensiones que no habíamos conocido en épocas recientes. Pero nos parece asimismo que hablar de una división en dos mitades es una visión simplificada, a veces interesada, que no ayuda a comprender cabalmente lo que está ocurriendo. Las divisiones de la sociedad catalana dependen de factores diversos y no se condensan en una sola.

En todo caso, tenemos conciencia del riesgo de una polarización de posiciones que algunos contemplan con justificada alarma y otros parecen profetizar con extraña satisfacción. La consolidación de una polarización haría más difícil el futuro establecimiento de un diálogo político.

Por fortuna, sabemos de la existencia de grupos y entidades de carácter asociativo que mantienen vigentes los valores de cooperación y solidaridad en defensa de causas de interés común. En el mundo laboral, cultural, educativo, del cooperativismo, economía solidaria o del “tercer sector”, abundan las organizaciones que siguen trabajando en sus respectivos ámbitos. Constituyen la garantía de que el tejido social en Cataluña conserva su solidez, más allá de las discrepancias políticas por intensas que sean. Creemos muy necesario apoyar a este entramado social por lo que significa en sí mismo y por el papel constructivo que puede jugar en momentos difíciles como el actual. Resaltar su valor puede protegerlos de la contaminación partidista que le perjudicaría y le restaría potencial.

Toda sociedad democrática acepta sus discrepancias internas, pero evita convertirlas en barricadas insuperables y las somete a la competencia de los argumentos. Una sociedad pierde calidad democrática cuando estas discrepancias se convierten en descalificación del discrepante o incluso en la negación de su existencia. Esta perversa deriva es la que es menester evitar.

La gran mayoría de la ciudadanía catalana aspira a que los problemas planteados se resuelvan de manera democrática y quiere ante todo preservar la convivencia civil. Para conseguirlo, PRÒLEG considera la existencia de tres cuestiones prioritarias:

-La puesta en libertad de los presos, cuya situación resulta difícilmente justificable en términos legales y constituye un obstáculo de primer orden para una solución política del conflicto;

-El fomento de espacios de diálogo entre instituciones y fuerzas políticas, dentro y fuera de Cataluña, para explorar la viabilidad de una salida negociada que, llegado el momento, pueda ser refrendada por el pueblo catalán.

-El apoyo a las entidades y asociaciones que en ámbitos diferentes de la sociedad luchan en Cataluña por el progreso social y la solidaridad ciudadana y constituyen por ello una garantía de su cohesión.

El Grup Pròleg está formado por Jordi Amat, Marc Andreu, Marga Arboix, Laia Bonet, Joan Botella, Victòria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Gemma Lienas, Pilar Malla, Oriol Nel.lo, Raimon Obiols, Argelia Queralt, Lluís Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats, Josep M. Vallès.   

Entre septiembre y diciembre de 2017, se manifestó con toda su crudeza la incapacidad del sistema político español para gestionar el conflicto territorial que venimos arrastrando. Un año después y en plena fiebre conmemorativa, siguen sin ser reparados los daños producidos y no se ha recuperado el funcionamiento regular de las instituciones. Lo hemos comprobado de manera más que evidente en las recientes peripecias parlamentarias.

Estamos todavía en los preámbulos de una posible salida a la crisis. No se define aún el camino para conseguir la gestión sosegada de las graves diferencias existentes. Porque las condiciones para entrar en materia no existen todavía. Entrar en materia e iniciar una negociación requeriría rebajar emociones -que no suprimirlas-, avanzar propuestas -y no solo proclamas- y examinarlas luego con atención y con voluntad de encontrar la base común para un acuerdo temporal de mínimos. Porque conviene ir descartando la idea de una solución definitiva y eterna.

Para empezar, es indispensable que se reconozcan los daños provocados por decisiones tomadas a lo largo del otoño-invierno del pasado año: la irregular alteración de los procedimientos parlamentarios, la judicialización expansiva de las diferencias políticas, la represión violenta de la consulta popular del primero de octubre, la interpretación extensiva del artículo 155, la acción sectaria y beligerante de algunos medios de comunicación. Sin olvidar una prisión provisional injustificada de los dirigentes encausados que sigue pesando sobre el ambiente.

Los leves indicios positivos aportados por los nuevos gobiernos en Barcelona y en Madrid no pueden ser ignorados. Pero todavía son muy débiles e inconstantes para confiar en una próxima recuperación de los equilibrios político-institucionales que se rompieron hace tiempo. Esta etapa preliminar, por tanto, será larga. Entre otras razones, porque este conflicto -por localizado que parezca- no es separable de la pluralidad de crisis y problemas que padecen las sociedades avanzadas de hoy: en lo económico, en lo social, en lo institucional, en lo mediático y cultural. La inestabilidad es la regla. No hay referencias claras que imitar. Nadie dispone ni aquí ni fuera de aquí de las recetas mágicas. De ahí, las dudas y las indefiniciones de buena parte de los actores políticos a los que exigimos soluciones rápidas y redondas que no existen. Para comprobarlo, basta echar un vistazo a la situación de nuestros socios europeos.

Por tanto, conviene prepararse para un período largo de inestabilidad en el que van a continuar la fatiga y la desazón, a escala individual y colectiva. ¿Hay que resignarse y abandonar? No parece propio de una ciudadanía responsable que intenta configurar su futuro. Hay, al menos, dos objetivos generales que PRÒLEG hace suyos. El primero es seguir explorando cualquier resquicio que sirva para facilitar contactos entre quienes -en Cataluña y en España- entendemos que ningún asunto político puede ser tratado democráticamente como cuestión de “todo o nada”. Un segundo objetivo es en cierto modo previo al anterior. Se trata de reforzar la voluntad de evitar y prevenir pasos y acciones que incrementen los daños ya infligidos a las reglas básicas de la convivencia civil.

Es una misión que no compete solamente a los agentes políticos. Incumbe a cuantos influyen sobre las actitudes ciudadanas. Y entre ellos, corresponde a las entidades y organizaciones que se mueven en ámbitos diversos de las relaciones sociales. Construyen el indispensable tejido asociativo de cualquier sociedad civilizada. Hay que prestar atención a estas asociaciones y colectivos que -con plena conciencia de sus límites y de su diversidad interna- contribuyen a mantener la cohesión social a partir de una red de contactos personales: en el mundo vecinal, en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo de la cultura y del deporte. Lejos de pretender una representación universal de una comunidad tan plural y compleja con títulos de carácter omnicomprensivo -“sociedad civil catalana”, “assemblea nacional catalana”- , aquellas entidades se mueven en ámbitos sectoriales y con conciencia de sus límites.

Desde PRÒLEG, subrayamos su papel. Les invitamos a participar en una sesión abierta (22 de octubre, Palau Macaya) para que expongan su forma de encarar las condiciones del entorno político y de qué manera pueden eliminar o reducir daños provocados por el conflicto territorial. Entendemos que la confrontación política que se vive en Cataluña y que afecta a sus relaciones con España puede encontrar en este tejido asociativo una red de seguridad que neutralice el riesgo de fractura social, anunciado por algunos con cierta fruición. Son las interacciones que se dan en el seno de aquellas entidades las que generan intercambios solidarios, enriquecedores. O, por el contrario, son las que pueden infiltrar dosis de desconfianza, aversión y antagonismo que debiliten y acaben destruyendo la cohesión de la comunidad.

Ya hemos dicho que algunos signos recientes de distensión no ocultan su misma fragilidad: los inminentes avatares judiciales y las próximas convocatorias electorales van a jugar en su contra. Razón de más para preservar espacios de convivencia social que contrapesen las dinámicas más destructivas. Hay que seguir siendo exigentes con lo que corresponde al plano político. Pero sin descuidar los canales de intercambio donde se construyen actitudes y opiniones que en última instancia marcan la diferencia entre lo que es una política democrática de calidad y lo que no lo es.

De golpe, cuando parecía que todo continuaría indefinidamente empantanado, el éxito de la moción de censura y el cambio de gobierno en España han producido una misma sensación: pasa un poco de aire en una habitación cerrada durante mucho tiempo. Ahora parece menos difícil respirar en nuestra atmósfera política. Incluso se empieza a notar algún cambio en la temperatura ambiente, aunque las causas del conflicto continúen activas. Donde antes dominaban las voces que pretendían mantener la tensión, ahora también se escuchan declaraciones y actuaciones cuya voluntad es destensar el conflicto y favorecer la convivencia.

Eso se revela, por ejemplo, en la condena mayoritaria del encarcelamiento de los dirigentes políticos y sociales. Nos hemos alegrado de su acercamiento a Catalunya. Por lo que representa para ellos y para sus familias. Y también por lo que tiene de síntoma del cambio. Pero ya hemos dicho y seguimos pensando que su liberación es imperativa. Por razones jurídicas y humanitarias, pero también políticas. Una negociación política efectiva precisa que todos los dirigentes políticos y sociales estén en igualdad de condiciones para ejercer sus funciones.   

Mientras eso no se produzca, no habrá que desperdiciar las ocasiones de intercambio y de contacto entre los que mantenemos posiciones discrepantes. Aunque sólo sea para delimitar los términos de los desacuerdos y para evitar de presentarlos como insuperables. Con eso se rebajaría algún grado la temperatura política ambiental.

Por eso vale la pena poner en valor la reunión entre el Presidente Pedro Sánchez y el President Quim Torra. No era realista creer que de esta primera reunión pudieran salir grandes acuerdos ni soluciones milagrosas. Pero el simple hecho de producirse y el anuncio de nuevos encuentros entre los dos gobiernos representan una mejora respecto de la situación anterior.

¿Tenemos asegurado este cambio positivo de clima? ¿O, por el contrario, son posibles todavía nuevas olas de calor? Somos conscientes de que sería una ingenuidad creer que desde ahora sólo se puede andar en una línea de mejora y en una sola dirección. Hay muchos riesgos de recalentamiento.

Los hemos comprobado ya en Madrid y en Barcelona. El congreso del PP y su nuevo presidente han vuelto a utilizar el tema de Catalunya como herramienta de estimulación de sus militantes y de sus cuadros. Y no precisamente en sentido constructivo. De manera parecida, el último congreso del PDeCAT -último porque quizás no se celebrará ninguno más- ha demostrado que un sector del independentismo no sabe prescindir de una estrategia de aceleración permanente, sin consideración de sus costes sociales. Ni probablemente de los costes a pagar por el independentismo en su conjunto. En contraste con Esquerra Republicana, esta 'Derecha Republicana' que ahora se presenta en sociedad parece arrastrada por una combinación de factores en la que cuentan más las emociones tácticas que las visiones de conjunto.

Una muestra clara de las dificultades para enfriar el clima ambiental la hemos visto en el último choque parlamentario que ha provocado la suspensión de las actividades del Parlamento hasta el mes de septiembre. Por una parte, los que parecen apostar por mantener la tensión -los representantes de Ciudadanos y de una parte de Junts pel Sí- votaron juntos. Por otra, coincidían en el sentido del voto los diputados de ERC y del PSC, intentando vías de enfriamiento. 

En más, tenemos claro que el clima político será interferido por las resoluciones de unos tribunales que tienen una lógica y unos ritmos muy diferentes a los de la política, pero que se entrecruzan. En este sentido, las maniobras procesalmente poco brillantes del magistrado Llarena siguen siendo un combustible muy eficiente para aumentar la temperatura.   

A pesar de todo eso, creemos modestamente que conviene no abandonar el esfuerzo por hacer más respirable el clima político. ¿Cómo contribuir a dicha oxigenación progresiva?   

Por ejemplo, afirmamos que -sin olvidar el pasado reciente y las responsabilidades políticas de cada uno- acaba siendo poco productivo concentrarse casi exclusivamente en la denuncia de las equivocaciones pasadas: todos hemos cometido alguna mayor o menor cuantía.  

También consideramos que se debe insistir en la idea de que un problema complejo como el planteado no admite salidas simplistas: la reducción de estas salidas a un dilema rígido entre A y B es negar la posibilidad de una solución real.

No creemos que la razón pueda estar toda de una parte y la otra no la tenga absolutamente. Hace falta recordar a Salvador Espriu, el poeta que construyó puentes con palabras: “Penseu que el mirall de la veritat s’esmicolà a l’origen en fragments petitíssims, i cada un dels trossos recull tanmateix una engruna d’autèntica llum”.

La salida de este conflicto no podrá plantearse nunca en términos de ganadores y perdedores: querer imponer al otro una rendición incondicional es renunciar a la convivencia democrática.

Estas actitudes podrían ser parte del “prólogo” de cualquier diálogo -en el interior de la sociedad catalana y con la sociedad española- que abra después la puerta para una negociación real. Aún estamos muy lejos. Pero, mientras tanto, es imprescindible gestionar bien este cambio de clima frágil e incipiente.  

Porque el camino que queda por recorrer será muy largo y difícil. Se producirán pasos adelante y pasos atrás. Serán muy fuertes las tentaciones de abandonar el viaje, especialmente si hay actores que mantienen su apuesta por caldear la atmósfera continuamente.

Hacer transitable esta oportunidad abierta es responsabilidad de todos. De los dirigentes políticos y sociales, pero no solo. También tienen una responsabilidad importante los creadores de opinión -algunos de ellos firmantes del manifiesto “Por el fin de la prisión preventiva de los independentistas catalanes”- y los medios de comunicación que tanta incidencia tienen en Catalunya y en España. Por nuestra parte, estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad en la modesta medida de nuestras posibilidades y en cooperación con todos los que participan del mismo objetivo.