La comercialización es un sector liberalizado del mercado eléctrico y, de los cuatro que lo componen (generación, transporte y distribución, y comercialización), el que más se ha abierto a la competencia. En un modelo pertinazmente centralizado, basado en grandes plantas de generación como el español, liberalizar ampliamente la generación hasta alcanzar escalas populares entraña grandes dificultades. En este modelo, el transporte y la distribución son sectores regulados que, con el pretexto de dar un servicio en régimen de monopolio natural, son gestionados por unas pocas manos. Mientras esta situación no cambie, la comercialización es el punto más accesible del sistema eléctrico, es el punto de partida pragmático desde donde comenzar a ser parte del sector y empezar a hacer las cosas de otra manera.

Más allá de la lógica de mercado: servicio público de un bien común

Una actividad de marcado carácter mercantil como la comercialización de electricidad, ¿tiene sentido que sea un servicio público? En un contexto en el que nuestro horizonte como sociedad debería ser la reducción del consumo energético, dedicarse a comercializar electricidad, ¿no es un contrasentido?

La creación de una comercializadora responde sin duda a otros motivos. Su razón de ser es aumentar la participación pública en un sector económico fundamental para el desarrollo de las personas; ganarle terreno al oligopolio eléctrico. Su objetivo es convertirse en una herramienta útil para acelerar el cambio de modelo energético desde las ciudades, un proceso cada día más urgente. Y hacerlo desde una lógica de servicio público de un bien común.

Mejor gestión energética de los edificios y organismos públicos

De entrada, una comercializadora pública, o un operador eléctrico público, permite obviamente la compra directa de electricidad para todos los suministros públicos. Esto tiene como consecuencia directa el abaratamiento de costes para el consistorio. Permite además conocer de primera mano los datos de precio del mercado y los datos de consumos, eliminando intermediarios y comisiones.

Acompañamiento del ciudadano en el cambio de cultura energética

Pero no solo los organismos y centros públicos se pueden beneficiar de estas mejoras. La comercializadora se abre a la ciudadanía para convertirse además en un instrumento de sensibilización ciudadana, en un agente facilitador del impulso de las energías renovables en la ciudad y en una verdadera palanca del cambio de modelo energético. La comercializadora pública puede centrar su actividad en el desarrollo de servicios que acompañen a la población en el cambio de cultura energética hacia un menor consumo, hacia la demanda de un origen renovable de su electricidad y hacia su capacitación para ser a la vez que consumidores, productores de energía renovable, limpia y local.

Convertir a agentes públicos en actores del Sistema eléctrico no solo quiere decir que vayan a comprar y vender energía eléctrica. El actor público debe ofertar otros servicios: auditorías energéticas, gestión de los consumos, representación en el mercado para la auto-producción renovable, facilitación de programas para acceder a los datos del usuario en tiempo real son algunas de las propuestas que encontrarían cabida y sentido transformador en una comercializadora pública. Ser un actor público implica también ir más allá de la parte técnica: formación, sensibilización, participación propositiva en aspectos legales, proyectos innovadores, siempre dentro de una perspectiva de innovación social deberían formar parte del ADN de una comercializadora u operador energético público.

Facilitador de la financiación de instalaciones renovables en comunidades locales de energía

Un papel catalizador que puede jugar una comercializadora pública en este contexto de transición a renovables es el de asegurar precios a largo plazo para dar estabilidad tanto a productores como consumidores y reducir la dependencia de los impactos del mercado o volatilidades de precios.

Una herramienta a explorar pueden ser los contratos bilaterales de compra-venta a largo plazo (entre 10 y 20 años) en el que la comercializadora pública puede ser una de las partes. En la otra parte podríamos encontrar ciudadanía individual o en forma de grupos de ciudadanos que se unen para ser copropietarios de una instalación renovable. De esta forma, los generadores, por ejemplo, las comunidades locales de energía, pueden conseguir financiación para sus proyectos. Los clientes reciben un precio fijo y ventajoso respecto a las condiciones del mercado.

Aunque, como Xarxa per la sobirania energètica, nuestra mirada hacia estos mecanismos, conocidos como power purchase agreement (PPA), es crítica, pensamos que son un medio instrumental coyunturalmente válido, únicamente a causa de la emergencia de aumentar drásticamente la generación renovable en nuestro entorno.

Vía abierta para la agregación de demanda pública

Otra figura nueva en el mercado actual de electricidad que se está gestando en la Unión Europea es la del agregador de demanda. Esta figura podría ser útil en un sistema de generación distribuida de pequeñas instalaciones de autoconsumo renovable que vierten la electricidad generada a la red. Una figura que podría ser también pública, tomando parte del campo de juego al oligopolio, mientras se trabaja desde las instituciones y los movimientos ciudadanos por la recuperación de las redes eléctricas de distribución, verdadero caballo de batalla del sector eléctrico en España.

Estamos en un momento de cambios en el Sector Eléctrico: nuevas tecnologías de la información, acceso a los datos de producción y consumo, nuevos servicios energéticos, generación distribuida y gestión de la demanda ofrecen un momento ideal a nuevos agentes para situarse en primera línea del sector y romper las barreras de las grandes empresas energéticas. Contando con la ciudadanía como participante del cambio y no como mero consumidor.

Tres casos en marcha

Barcelona Energia: Consejo Asesor de Participación

En 2018, como ya explicamos en un artículo previo en este blog, impulsamos un proceso de participación ciudadana para definir un espacio de gobierno público comunitario para Barcelona Energia (BE), la comercializadora pública de la ciudad de Barcelona. Casi un año después, BE ya comercializa electricidad a la ciudadanía y ha empezado a trabajar en la creación de organismos de participación ciudadana: el Consejo Asesor de Participación (o asamblea de usuarias) y la Comisión Permanente, que se regirán por un reglamento sometido a debate público.

El paso es importante porque introduce una dimensión de soberanía energética que hasta ahora no aparecía en otras empresas públicas. Es tímido porque creemos que es fundamental dotar a estos espacios de un carácter vinculante, de manera que lo que se decida en estos órganos de participación no dependa de la buena voluntad y grado de compromiso del gobierno municipal de turno. Creemos además que se han de añadir otras capas de participación, más allá de las usuarias de la comercializadora. Los movimientos sociales, ambientales y vecinales hemos sido invitados a participar con voz pero sin voto. Echamos en falta, sin embargo, la participación de la ciudadanía en general a través de otros mecanismos como consultas públicas en los temas que puedan tener afectaciones globales.

Por otro lado, más allá del debate en torno a la potencial democratización de la comercializadora pública, su proceso de creación no ha estado exento de tensiones. Su vinculación a TERSA, una empresa que, entre otras actividades, genera electricidad mediante una planta de incineración de residuos sigue siendo un aspecto conflictivo. Desde movimientos vecinales y ambientales se exige un plan de cierre para la incineradora y la desvinculación de Barcelona Energía de TERSA y su Consejo de Administración. En un debate organizado por el Movimiento por la Justicia Climática el pasado 17 de mayo, con motivo de las elecciones municipales de este domingo, Barcelona en Comú, ERC, CUP y JxCat adquirían el compromiso con el cierre de la planta. Estaremos atentos para que este compromiso sea una realidad.

Operadora Energética Municipal de Pamplona, Sociedad Mercantil Municipal.

El operador energético municipal de Pamplona, aprobado en 2018, actualmente está analizando de forma pormenorizada todos los consumos energéticos del Ayuntamiento y de forma precisa los eléctricos para definir las necesidades de compra en el mercado eléctrico. Están también desarrollando la estrategia energética de la compañía: demanda, producción actual y capacidad de producción municipal a corto y medio plazo, así como definiendo posibles proyectos de producción.

Al mismo tiempo, de forma transversal, se está trabajando con diferentes departamentos del ayuntamiento, identificando entornos de colaboración y ayudando en el diagnóstico energético de la ciudad que está liderando el Servicio de Energía Verde del Ayuntamiento. Además, se están desarrollando herramientas para poder implementar los servicios energéticos que se han descrito más arriba.

EMAYA: Comercialitzadora municipal de Palma de Mallorca

El pasado 28 de marzo, se aprobó en el pleno municipal del Ayuntamiento de Palma la creación de una comercializadora municipal de energía mediante la empresa pública ya existente EMAYA: El objetivo principal de EMAYA como nueva comercializadora es la reducción de la factura energética municipal (vía edificios públicos, gas recuperado para la flota de autobuses y gestión de la autoproducción) y la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de energía solar y biogás. También se está planteando el desarrollo de servicios energéticos como los descritos anteriormente.

En cuanto a gobernanza, EMAYA es actualmente una empresa municipal dedicada al ciclo del agua y a la gestión de residuos gobernada por un Consejo de Administración donde hay representantes de los partidos políticos municipales. No está previsto ningún tipo de participación ciudadana.

Barcelona, Navarra, Palma abren camino. La idea es contagiosa y cada vez más municipios se plantean crear una comercializadora eléctrica municipal. Lugo ha iniciado los trámites y también se estudia la posibilidad en Córdoba y Zaragoza. Ciudades grandes, pero, también, pequeños pueblos como Isaba han dado el paso y se unen para hacer gestiones con otras pequeñas comercializadoras municipales como las de Sallent de Gállego, Panticosa.....

El potencial transformador de estas iniciativas depende también de nosotros. Os animamos a llenar de puntos este mapa.

El domingo 1 de julio comenzaba a funcionar Barcelona Energía (BE), empresa pública del Ayuntamiento de Barcelona que actúa ya como comercializadora de electricidad para los edificios municipales y lo hará también a partir de enero de 2019 para unas 20.000 familias.

Es la medida estrella del Ayuntamiento en política energética para esta legislatura. Su misión: “contribuir a la transición hacia un modelo energético sostenible, potenciando el autoconsumo, la generación de proximidad y la energía 100% verde”. Asegura hacerlo además desde la soberanía energética, objetivo común con el que coincidimos sobre el papel.

Sin embargo, la constitución de BE sobre la base de TERSA ha ensombrecido la presentación en sociedad del nuevo actor energético municipal. TERSA es una empresa pública dedicada a la generación de electricidad, que obtiene en su mayoría de una planta de revalorización energética a través de un proceso de incineración de residuos. El origen cuestionable de esta energía ha puesto en entredicho los valores mismos de BE y ha sido vista por algunos sectores como un injustificable paso en falso de la política municipal.

Ante la indignación ciudadana, el Ayuntamiento ha pretendido desvincular ambos sectores: generación y comercialización, en un intento de salvar la imagen de BE. El gesto nos resulta desafortunado e incoherente, dado que la creación de la comercializadora solo tiene sentido si sirve de herramienta para dar impulso a la generación renovable local y promover un cambio en la cultura energética de la ciudad. BE debería estar defendiendo su papel en la generación de energía renovable.

La polémica nos lleva a reflexionar: ¿Es BE un agente con gran potencial de transformación del modelo energético, desde la soberanía energética, tal y cómo se ha anunciado, o no?

Definir colectivamente Barcelona Energia

La Xarxa per la sobirania energètica (Xse, Red por la soberanía energética) agrupa un conjunto de colectivos, entidades y personas que trabajamos por una transformación del modelo energético que nazca del empoderamiento de las comunidades para tomar sus propias decisiones sobre la generación, distribución y consumo de energía, de forma coherente con los límites y necesidades del territorio y las personas que viven en él.

En febrero de este año, la Xse inició un proceso, de la mano de muchas otras asociaciones y personas (como la ciudadanía afectada por la actividad industrial de TERSA, grupos ecologistas, asociaciones de vecinos, colectivos que trabajan bajo el prisma de la democracia real y la transformación hacia una economía social y solidaria, etc.), para definir cómo hacer de BE un espacio para el ejercicio de la soberanía energética municipal radicalmente democrático. Del proceso colectivo llevado a cabo surgen importantes propuestas y demandas.

Como ciudadanía que reflexiona sobre energía, sabemos que es un tema complejo. Intentaremos arrojar aquí algo de luz desde nuestra perspectiva.   

Un espacio democrático: condición necesaria para la soberanía energética

En la raíz del conflicto sobre el enfoque de BE que hemos visto estallar este mes, seguramente está la ausencia de un proceso de democratización energética radical. Ha faltado un debate abierto sobre la constitución de esta empresa que, desde el principio contara con la participación de todos los grupos de interés: poblaciones afectadas de TERSA, trabajadores, grupos ecologistas, AAVV, afectadas por la pobreza energética, ciudadanía en general ...

Cuando empezamos el trabajo como Xse lo hicimos desde la lucha conjunta contra el fracking en Catalunya. Lo hicimos porque desde la administración pública no se había contado con los municipios afectados, con las personas afectadas por las infraestructuras energéticas.

Nos sorprende que, aun teniendo voz y voto en el consejo de administración de TERSA, el Ayuntamiento no ha abierto un proceso de investigación sobre su funcionamiento, que, de ser necesario, pudiera derivar en una depuración de responsabilidades.

Nos sorprende también la falta de visión integral del problema: ¿Por qué no se ha dado un paso con la ayuda de los afectados para elaborar un plan de cierre de la incineradora, que vaya acompañado de una ambiciosa puesta en marcha de políticas de residuo cero que incidan estratégicamente sobre la prevención de la generación de residuos en diseño y en origen? Se abre aquí una oportunidad de poner en marcha una política ambiental y social, coherente y responsable, que podría aprovechar la oposición vecinal para un cambio profundo en positivo.

La democratización de la toma de decisiones no puede ser un aspecto que se implementa al final. Debe avanzar  en paralelo con el proyecto, para que todas las partes implicadas puedan interactuar y compartir las diversas expectativas a medida que hacen avanzar la propuesta en su conjunto. Transparencia, participación, democracia y co-creación para imaginarlo y decidirlo entre todos son la base de la soberanía.

Generación, distribución, comercialización...

¿Dónde actúa y dónde no Barcelona Energía?

Como sabemos, en el marco legislativo español actual, la energía es un servicio de interés económico general. Tras la reforma de la ley del sector eléctrico de 1997, dejó de ser un servicio público y se halla sometida a las leyes del mercado. En ese mismo año, se aprobó la segmentación del mismo en cuatro grandes actividades: (1) generación, ya sea por nucleares  o por fotovoltaica en nuestros tejados,  (2) transporte de energía por redes de alta tensión (3)  distribución de la energía por las calles de nuestro municipio hasta nuestro domicilio (incluido el contador) y (4) comercialización, la compra y venta de energía. Generación y comercialización juegan con las reglas del mercado libre. No así el transporte y la distribución, que son segmentos regulados.

El pastel energético se lo reparten en su mayor parte las cinco grandes empresas del oligopolio: Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Viesgo y EDP. Estas empresas controlan la mayoría de la generación, se llevan un buen pellizco de la comercialización y se reparten como buenas hermanas el mapa físico de la red de distribución en España. En este mercado regulado se ven privilegiadas por la legislación y apenas tienen competencia. Este aspecto es fundamental y volveremos a él más adelante.

En el otro extremo del mercado energético se encuentran las cooperativas, como por ejemplo, Som Energia, que pueden desarrollar su actividad en el campo de la comercialización y ejercer de agentes transformadores del sistema al utilizar certificados de garantía de origen de su energía, emitidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Éstos permiten demostrar la equivalencia en origen renovable de los kWh comercializados por la empresa. Además pueden invertir en el ámbito de la generación, desarrollando proyectos de generación mediante energías renovables, con el fin de aumentar la proporción de estas en la energía consumida final.

BE se constituye como comercializadora de electricidad con el fin, entendemos, de convertirse en una de las palancas del cambio de modelo energético en la ciudad. Para poder explotar todo su potencial, su puesta en marcha debería estar al servicio del impulso de la generación renovable local y la incentivación del autoconsumo, facilitando el empoderamiento de la ciudadanía a través de la figura del prosumidor: a la vez generador y consumidor de electricidad. La experiencia, si tuviera éxito, podría ser fácilmente exportable a otros municipios.

La realidad es que poco se está haciendo en el campo de la generación renovable. De momento, la apuesta del Ayuntamiento pasa por implementar placas en edificios municipales. Por el contrario, los ciudadanos encuentran hoy día menos incentivos que el año pasado, ya que las ayudas se han visto reducidas.

La realidad es que no se está abordando el problema de la distribución. Actividad regulada y en manos del oligopolio eléctrico que lo sitúa controlando el mismo centro del sistema. Dar a entender que con BE dejamos de lado al oligopolio peca por lo menos de optimismo mientras no se aborde el problema de la distribución. ¿Qué pasos se están dando para analizar el papel de la distribuidora en la obstaculización del autoconsumo o en la posibilidad del balance neto? ¿Qué medidas se están tomando para recuperar el control público del acceso a la energía- acceso a contadores, actualmente en manos de la distribuidora?

BE y la generación eléctrica

BE interviene también en el mercado eléctrico como representante de TERSA. Al frente de TERSA, su  consejo de administración está formado por cargos públicos de BSM (Barcelona de Serveis Municipals) y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Es una empresa pública con representación municipal.

Hasta enero de 2018, la electricidad generada por este tipo de empresas energéticas (plantas de revalorización de residuos) recibía Certificado de origen renovable al 100%. Desde entonces, la garantía se reduce al 50%, y así la energía generada por TERSA y representada en el mercado por BE deja de ser renovable al 100 % oficialmente. Por supuesto, la incineración de residuos nunca se ha considerado verde o deseable desde los colectivos ecologistas o desde los movimientos de afectados que viven en la zona de influencia de la incineradora.

Son estos colectivos quienes han puesto de manifiesto la incoherencia de presentar una comercializadora de energía renovable mientras se están generando kWh procedentes de la incineración en su manifiesto “Gato por liebre”. Son estos colectivos los que han puesto sobre la mesa la necesidad y la urgencia de plantear con firmeza un plan de cierre para la planta. Son estos colectivos los que han planteado la necesidad de acompañar este plan de cierre de una estrategia de residuo cero que fomente fundamentalmente la prevención en la generación, la reducción y el reciclaje.

El ayuntamiento ha querido desvincular la comercialización de la generación para salvar la imagen de BE. Asegura que el 100% de la energía que comercialice BE tendrá los certificados de origen renovable que otorga la CNMC. Con el cambio de consideración de la electricidad procedente de incineración y la oposición vecinal, BE se puede ver forzada a subir sus exigencias en los certificados de origen, de manera que no incluyan estas fuentes de generación.

Pero, como hemos visto, BE actúa como representante legal en el mercado eléctrico de TERSA y por lo tanto, el Ayuntamiento está primero generando y después facilitando la comercialización de esta energía en el sistema. Los electrones que compremos serán verdes, pero los electrones que vendamos serán mayoritariamente negros. Y los vecinos han dejado claro que no van a aceptar gato por liebre.

El eje vertebrador de la soberanía energética. Más allá de la comercialización

A BE le exigimos ser algo más que un mero agente de bolsa en el mercado eléctrico: le exigimos ser un auténtico y ambicioso agente de transformación social y energética. Porque soberanía energética también quiere decir:

i) decidir sobre las fuentes de generación, que deben ser renovables y locales, descartándose la incineración de residuos como fuente de energía y apostando por una estrategia de residuo cero.

ii) abordar la recuperación de las redes de distribución como elemento fundamental de control de todo el sistema eléctrico, que está bloqueando el desarrollo del autoconsumo y la garantía de acceso a los suministros básicos.

iii) adoptar un modelo de tarifas que dé respuesta a la pobreza energética e incentive el ahorro, actualmente peligrosa e interesadamente desincentivado.

iv) construir toda esta transformación desde un gobierno público abierto a las usuarias y a la ciudadanía con capacidad de tomar decisiones vinculantes sobre la política energética de la ciudad y de BE.

v) dotarse de un ente de fiscalización, auditoría e inspección del proceso que garantice la transparencia y el cumplimiento de los objetivos decididos entre todas.

vi) crear las estructuras y mecanismos que garanticen la energía para la reproducción de la vida y no del capital.. Donde todas juntas en nuestra diversidad tengamos voz y voto.

Estas reflexiones surgen de un proceso de participación que llevamos a cabo entre febrero y mayo de 2018 personas de diferentes entidades y personas a título individual sobre cómo debería ser el modelo de gobierno de Barcelona energía y sobre el que seguimos trabajando.

Barcelona Energía no es solo - no debería ser solo- una comercializadora de electricidad. Su razón de ser, su valor añadido fundamental es el de convertirse en un auténtico agente de transformación energética y ecológica de la ciudad, cuyo eje vertebrador debería ser la soberanía energética. BE ha de poder, ha de saber ir más allá.

Cómo será el gobierno de Barcelona Energía es un tema aún por decidir. Hacen falta mecanismos para que sean los órganos público comunitarios los que gobiernen y no queden relegados a espacios secundarios de participación, mientras el Consejo de Administración y/o el gerente toman decisiones vitales para la ciudadanía.

Tanto la Xse como otros tantos espacios ciudadanos tenemos claro que los servicios públicos serán transformadores siempre y cuando la ciudadanía ejerza el control y su dirección estratégica esté desacoplada de los ciclos electorales.. La primera piedra de la soberanía energética debería ser el derecho a decidir de las personas desde una nueva cultura de la energía que hemos de generar entre todos. ¿Estamos aún a tiempo?