Bolivia vivió desde noviembre de 2019 una verdadera montaña rusa política. Los que estaban arriba pasaron a estar abajo y, más tarde arriba de nuevo, casi sin transición. 

La última imagen de esta saga es la de la expresidenta interina Jeanine Áñez aprehendida en su residencia en Beni, en el oriente del país, y trasladada a La Paz, donde quedó detenida de forma preventiva. Una foto publicada en la prensa la muestra detrás de unas rejas hablando presumiblemente con sus abogados.

Sin duda, hay muchos delitos que podrían ser imputados a la exsenadora, que saltó de manera sorpresiva a la presidencia del Estado después del derrocamiento de Evo Morales y la renuncia de los presidentes de ambas cámaras en medio de un clima social extremadamente violento hacia los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS). La asunción de Áñez no se ajustaba a la letra de la Constitución y fue justificada, entonces, con una jurisprudencia derivada de una Carta Magna anterior, con el argumento de que el centro del poder no podía quedar vacío.

La expresidenta fue detenida tras una denuncia de la diputada del MAS Lidia Patty, que involucra a varios exfuncionarios y otras figuras políticas en la megacausa llamada “golpe de Estado”. También fueron detenidos algunos de sus exministros, mientras que otros de sus colaboradores, como el otrora símbolo del ala dura de su gobierno, Arturo Murillo, se encontraban ya fuera de Bolivia. Para unos “finalmente se va a hacer justicia”. Para otros, incluida la propia Áñez, se trata solo de una venganza política.

Más allá del análisis fino de los juristas, es posible enmarcar la causa en un contexto más amplio: la falta de independencia del poder judicial boliviano, que no disimula su seguidismo al poder político de turno, lo que, sumado a la corrupción, lo ubica como el poder del Estado con menos prestigio en el país. En este marco, estas “megacausas atrapatodo”, con imputaciones sobre “sedición”, “terrorismo” y “conspiración”, son particularmente funcionales, ya que se arma un cúmulo de acusaciones, siempre imprecisas, de delitos ya de por sí problemáticos. Por eso no fue casual que cuando cayó Evo Morales lo llenaran también de este tipo de procesos. Y fue menos casual aún que cuando el MAS retornó al poder, estos se esfumaran como por arte de magia. Los “antecedentes” escritos en la orden de aprehensión contra Áñez son una lectura política de los eventos de noviembre de 2019, no el fundamento de un arresto.

Por otro lado, la causa “golpe de estado” corre el riesgo de mezclar la incitación al golpe (si es que eso puede probarse de ese modo) con el gobierno que lo sucedió. En lo primero, Áñez y varios de sus ministros no tuvieron ningún papel. Y en lo segundo no lo tuvo el cruceño Luis Fernando Camacho, que sí fue una figura clave de los acontecimientos de noviembre. 

Sin duda, hay razones para juzgar a Áñez y otros miembros de su gobierno, pero mejor sería especificar delitos concretos –por ejemplo respecto de las represiones en Senkata y Sacaba– y no mezclar todo, lo que, al margen de los problemas propiamente judiciales que ello implica, tiene consecuencias políticas: mostrar a un gobierno revanchista, después de haber recuperado el poder de manera incuestionable por la vía electoral.

Como señaló el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, “En el gobierno de Áñez hubo graves violaciones de derechos humanos, incluyendo dos aberrantes masacres. Deben ser investigadas seriamente con pleno respeto al debido proceso. La orden de detención contra Áñez no se refiere a esas masacres sino que la acusa de ‘terrorismo’ sin aportar pruebas”.

En segundo lugar: ¿se va a detener a Luis Fernando Camacho –acusado también en el caso– y que acaba de ganar la gobernación de Santa Cruz con más del 50% de los votos? ¿Y a Iván Arias, ministro de Áñez, que ganó las elecciones para la Alcaldía de La Paz el 7 de marzo? ¿O solo a Áñez, que sacó 15% en Beni y selló su fin político, y a exministros sin peso político?

El argumento para la detención, en un país que hace uso y abuso de las detenciones preventivas, es el riesgo de fuga. En efecto, al no haber certezas de juicios justos, en Bolivia el riesgo de fuga es una constante. El costo de escaparse al exterior es siempre menor al de enfrentar procesos donde la defensa jurídica tiene un papel secundario. Eso es así más allá de quien gobierne, especialmente en el clima polarizado de las ultimas dos décadas. Por eso, Evo hizo bien en exiliarse.

No obstante, bajo el gobierno del MAS se violentó el derecho al refugio en varias ocasiones: dos de ellas fueron con personajes de signo opuesto. Uno fue el senador Roger Pinto, refugiado en la embajada de Brasil durante más de un año, al que nunca se le permitió salir y finalmente fue sacado ilegalmente del país con escándalo incluido en la Cancillería brasileña. Otro es el del exguerrillero italiano Cesare Battisti, entregado en unas pocas horas en medio de una oscura operación entre la policía boliviana y las de Brasil e Italia, seguida de cerca por Jair Bolsonaro y el entonces hombre fuerte italiano Matteo Salvini. Los derechos humanos, lamentablemente, no forman parte del discurso del MAS, aunque durante su gobierno se avanzó mucho en saldar viejas deudas en términos de igualdad. Estos se siguen viendo con sospecha, como si los hubiera inventado la CIA.

El gobierno de Áñez fue revanchista en toda la línea y un gran retroceso para el país. El ministro de Gobierno Arturo Murillo no disimuló su control de la Policía y de la Fiscalía para llenar de procesos al expresidente y perseguir personalmente y con un estilo de matón a cualquier persona vinculada al gobierno anterior. El ministro de Defensa Luis Fernando López hacía gala de un violento discurso anticomunista propio de los años 60 y 70. Y grupos de extrema derecha civiles amenazaban incluso a embajadas. Sin olvidar a columnistas de diarios y analistas que hacían de comparsa y convencían a todos de que “el MAS tenía un rechazo del 70%”. En ese marco, las masacres de Sacaba y Senkata son delitos mucho más concretos ante los cuales las antiguas autoridades deberían responder ante la justicia. Pero precisamente porque la izquierda denuncia lawfare por todos lados, debería ser cuidadosa con eso cuando está en el poder. 

La crisis boliviana de 2019 tuvo muchas dimensiones: el no reconocimiento de un referéndum en 2016, movilizaciones callejeras masivas, respuestas oficiales confusas frente a denuncias de “fraude” sobreactuadas, amotinamiento policial (la policía se suele sumar cada vez que hay conflicto), conspiraciones políticas varias y crisis interna del bloque de poder articulado por el MAS (por eso no hubo movilizaciones en su apoyo).

Todo eso derivó en lo que con Fernando Molina llamamos una “contrarrevolución” (con unos militares que al “sugerir” la renuncia del presidente transformaban todo ese paquete en “golpe”). Por diversas razones –torpezas propias, divisiones en el bloque anti-MAS, COVID-19– ese proceso no pudo consolidarse. Y la dinámica posterior mostró que estaba lejos de constituir un régimen pinochetista, como algunos creían en el exterior. Muchos de ellos me apostaron que Áñez y su gente nunca jamás dejarían que el MAS volviera al poder, incluso ganando. Era obvio que no podrían impedirlo si el MAS ganaba. Lo cierto es que las elites tradicionales del occidente boliviano están debilitadas sin retorno y las de oriente (Santa Cruz) carecen de vocación y prestigio nacional. Por eso el bloque indígena-plebeyo-popular del MAS pudo volver a ganar las elecciones, por paliza, un año después. Y por eso el Congreso no fue disuelto tras la caída de Evo.

El propio papel de la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, es interesante de destacar y muestra que la lectura de lo ocurrido en 2019/2020 es resistente a las simplificaciones excesivas: como otros diputados, fue más pragmática que Evo y los exiliados frente al nuevo gobierno, al que reconoció. Hubo en ello una mezcla de realismo político, la voluntad de varios parlamentarios de seguir cobrando sus dietas, y el reconocimiento de que entonces el clima no favorecía una rebelión popular para reponer al MAS en el poder. Considerada “funcional” a Áñez, Copa no fue elegida como candidata a alcaldesa de El Alto. Por eso compitió hace dos semanas por fuera y, en esta ciudad que resistió con fuerza a Áñez, obtuvo más del 65% y 40 puntos de diferencia sobre el candidato del MAS. 

Salvo que el lawfare sea siempre “del otro”, un gobierno con una buena imagen dentro y fuera del país como el de Luis Arce Catacora quizás no gane mucho victimizando a quienes perdieron. Y el país tampoco gane nada repitiendo las peores dinámicas de una justicia que en la imagen popular aparece muy cerca de la extorsión y a años luz de cualquier imagen de la balanza.

Como dijo un analista cercano al oficialismo, con este juicio desprolijo el gobierno responde a una demanda de sectores de base del MAS, que lo acusaban de “blando”, pero le da la espalda a gran parte del electorado, que no quiere más polarización. Sin duda, se podía haberse impulsado un juicio a Añez que fuera más legítimo.

PS

Empecemos por el final (o por el final provisional de esta historia): durante las últimas horas de la noche del domingo, el líder cruceño Luis Fernando Camacho desfiló encima de un vehículo policial por las calles de La Paz, escoltado por policías amotinados y aupado por sectores de la población opositores a Evo Morales. Se escenificaba así una contrarrevolución cívica-policial que sacó del poder al presidente boliviano.

Morales se parapetó en su territorio, la región cocalera de El Chapare que lo vio nacer a la vida política y donde se refugió de los riesgos revanchistas. Es una parábola –al menos transitoria– en su vida política. De este modo, lo que comenzó como un movimiento en demanda de una segunda vuelta electoral tras la polémica y confusa elección del 20 de octubre, terminó con el jefe de las Fuerzas Armadas “sugiriendo” la renuncia del presidente.

Una sublevación contra Evo Morales no estaba en el horizonte de nadie. Pero en tres semanas, la oposición se ha movilizado con más firmeza que las bases “evistas”, que tras casi 14 años en el poder han ido perdiendo potencia movilizadora mientras el Estado iba reemplazando a las organizaciones sociales como fuente de poder y burocratizando el apoyo al “proceso de cambio”. Y en pocas horas, lo que fue el gobierno más fuerte del siglo XX en Bolivia pareció desmoronarse (hay varios exfuncionarios refugiados en embajadas). Ministros renunciaron denunciando que sus casas eran quemadas y los opositores mostraban a los tres muertos de los enfrentamientos entre grupos civiles como prenda de indignación frente a lo que llaman la “dictadura”. Finalmente, el domingo Evo Morales y Álvaro García Linera renunciaron y denunciaron un golpe en marcha.

El Movimiento al Socialismo (MAS), formado en los años 90, fue siempre un partido profundamente campesino –más que indígena– y eso se trasladó en muchos sentidos al gobierno de Evo Morales. El apoyo urbano fue siempre condicionado –en 2005 una apuesta a un nuevo liderazgo “indígena” frente a la profunda crisis que vivía el país; luego porque Evo mantuvo una muy buena performance económica–, pero los intentos de Morales de permanecer en la presidencia –sumado a sustratos racistas de larga tradición y la sensación de exclusión del poder– alentaron a las clases medias urbanas a salir a la calle contra Morales.

Antielitismo, estatismo y clase media

Objetivamente hablando, el llamado “proceso de cambio” no favoreció a la clase media tradicional ni al estamento “blancoide” –como se suele denominar a los “blancos” en Bolivia–, y, en cambio, les quitó poder. La de Morales fue revolución política antielitista. Por esto chocó contra las élites políticas anteriores y las sustituyó por otras, más plebeyas e indígenas. Este hecho desvalorizó hasta hacer desaparecer el capital simbólico y educativo con que contaba la “clase burocrática” que existía antes del MAS. Entretanto, sus victorias electorales con más del 60% le permitieron copar todo el poder del Estado.

Morales pareció sellar una victoria de la política sobre la técnica. Si el neoliberalismo creía en el derecho de los “más capaces” a imponer sus visiones al conjunto, el “proceso de cambio” creía en el derecho de la Bolivia popular de imponerse sobre los “más capaces”. Para actuar recurrió a la política (igualitarismo) y al reparto corporativo de cargos entre diversos movimientos sociales antes que a la técnica (elitismo). Por esta razón no llenó de manera meritocrática las vacantes dejadas por el repliegue de la burocracia neoliberal. Y tampoco recurrió sistemática y ampliamente a las universidades para proveerse de un capital cultural que, en cambio, consideraba prescindible. Esto agrió a la clase media, especialmente a su segmento académico-profesional, cuya expectativa máxima era lograr un claro reconocimiento social y económico de los saberes que posee.

Y finalmente, el MAS fue crecientemente estatista. El enfoque siempre estatista con que el Gobierno abordaba los problemas y necesidades que iban surgiendo en el país lo llevó a ignorar y a menudo a chocar con las pequeñas iniciativas privadas, esto es, con las iniciativas de la clase media. Por esta razón había roces entre el “proceso de cambio” y los sectores emprendedores no indígenas y no corporativos (los que sí se beneficiaban de los aspectos políticos del cambio e indignaban a los “clasemedieros”). Es cierto que existía un pacto de no agresión y de apoyo táctico entre el “proceso de cambio” y la alta burguesía o clase alta, pero este se fundaba en razones políticas antes que empresariales o económicas.

Por otra parte, varias medidas adoptadas por Evo Morales desestabilizaron la dotación de capitales étnicos, perjudicando a los blancos: si bien no hizo una reforma agraria, benefició a los pobres con la dotación de tierras fiscales; hubo una redistribución del capital económico –mediante infraestructuras y políticas sociales– en favor de sectores más indígenas y populares; la política educativa implementada por el Gobierno mejoró la dotación de capital simbólico a los indígenas y los mestizos, mediante la revaloración de su historia y su cultura pero, al mismo tiempo, el Gobierno hizo muy poco para elevar el nivel de la educación pública y, por tanto, para arrebatar el actual monopolio blanco de la educación (privada) de alta calidad. Así, las élites anteriores perdieron espacios en el Estado, vieron debilitados de sus capitales simbólicos y sus vías de influencia en el poder. En síntesis: el Club de Golf perdió cualquier relevancia como espacio de reproducción de poder y estatus.

Diversas encuestas ya mostraban la desconfianza de los sectores medios respecto al presidente. No por la gestión, que aprobaban, sino por la duración del dominio de la élite que Evo dirigía. Tal era la cuestión que importaba a la clase media, una cuestión que la persistencia en la meta reeleccionista de Morales hicieron imposible de resolver, precipitando a la clase media a la sedición. Y a esto se sumó que el “proceso de cambio” no debilitó los microdespotismos presentes en toda la estructura estatal boliviana. El uso de los empleados públicos en las campañas electorales y, más en general, en la política partidaria del MAS, debilitó el pluralismo ideológico entre los funcionarios incluso de menor rango.

Bolivia es un país casi genéticamente antirreeleccionista: ni Víctor Paz Estenssoro, conductor de la Revolución Nacional de 1952, logró dos periodos consecutivos. En parte esta tendencia parece una suerte de reflejo republicano desde abajo y en parte la necesidad de una mayor rotación del personal político. Y cuando alguien no se va limita el acceso de los “aspirantes”. Todos los partidos populares que llegan al poder tienen el mismo problema: hay más militantes que cargos para repartir. El Estado es débil pero es una de las pocas vías de ascenso social.

Bolivia es también el paraíso de la lógica de las equivalencias de Laclau: apenas la situación se sale del carril y se ve débil al Estado todos se suman con sus demandas, indignaciones y frustraciones, que son siempre muchas dado que es un país pobre y con muchas carencias. Así también fue esta vez. Los motines policiales expresan enemistades de viejo cuño de sectores bajos con los mandos más altos, por temas de desigualdad económica y abusos de poder entre las “clases”: sucedió en 2003, en el motín de 2012 y en el del fin de semana pasado.

Potosí, enfrentado con Evo desde hace años por sentir que desde la Colonia sus riquezas –ahora el litio– se esfuman y ellos siguen siendo siempre pobres, también se sumó a la rebelión. Y lo mismo pasó con sectores disidentes de todas las organizaciones sociales (cocaleros Yungas, ponchos rojos, mineros, transportistas). Esto se suma a una cultura corporativa que hace que las demandas de región o sector pesen más que las posiciones más universalistas, lo que habilita posibles alianzas inesperadas: en esta última asonada se aliaron Potosí y Santa Cruz, impensable durante las crisis de 2008, cuando Potosí fue un bastión “evista”.

Un nuevo líder en la oposición

Después de varios años de impotencia política y electoral de la oposición tradicional –los viejos políticos como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina o el propio Carlos Mesa– aparece un “liderazgo carismático” nuevo: el de Fernando Camacho. Este personaje desconocido hasta hace pocas semanas fuera de Santa Cruz se proyectó primero ocupando un vacío en la dirigencia cruceña, que desde su derrota frente a Evo en 2008 había pactado cierta paz. Aupado en una nueva fase de radicalización juvenil, el “macho Camacho”, un empresario de 40 años, se erigió como líder del Comité Cívico de la región que agrupa a las fuerzas vivas con hegemonía empresaria y defiende los intereses regionalistas.

Y más recientemente, frente a la debilidad de la oposición, Camacho esgrimió una mezcla de Biblia y “pelotas” para enfrentar “al dictador”. Primero escribió una carta de renuncia “para que Evo la firme”; luego fue a llevarla a La Paz y fue repelido por las movilizaciones oficialistas; pero volvió al día siguiente para finalmente entrar el domingo a un desierto Palacio Quemado –el viejo edificio del poder hoy trasladado a la Casa Grande del Pueblo– con su Biblia y su carta; allí se arrodilló en el piso para que “Dios vuelva al Palacio”.

Camacho selló pactos con “ponchos rojos” aymaras disidentes, se fotografió con cholas y cocaleros anti-Evo y juró no ser racista y diferenciarse de la imagen de una Santa Cruz blanca y separatista (“Los cruceños somos blancos y hablamos inglés”, había dicho alguna vez una Miss). Y, en una productiva estrategia, Camacho se alió con Marco Pumari, el presidente del Comité Cívico de Potosí, un hijo de minero que venía liderando la lucha en esa región contra el “ninguneo de Evo”.

Así, el líder emergente e histriónico terminó siendo el artífice de la revuelta cívica-policial. Para ello desplazó al expresidente Carlos Mesa, segundo en las elecciones del 20 de octubre, quien al ritmo de la aceleración de los acontecimientos se radicalizó sin convicción ni grandes oportunidades de ser aceptado en el club más conservador por ser considerado un “tibio”.

René Zavaleta decía que Bolivia era la Francia de Sudamérica: allí la política se daba en su sentido clásico, es decir, como revolución y contrarrevolución. Pero el país ha vivido más de una década de estabilidad, un periodo que puso en duda la vigencia del pensamiento de Zavaleta. En 2008, Evo Morales resolvió su pulso con las viejas élites neoliberales y regionalistas que se habían opuesto a su asunción al poder y comenzó su ciclo hegemónico: una década de crecimiento económico, de confianza del público en su porvenir, de aprobación mayoritaria de la gestión gubernamental; un mercado interno con grandes inversiones financiadas a partir de ingresos extraordinarios en un tiempo de altos precios de las exportaciones; y una mejora en el bienestar social.

Pero la rebelión ha vuelto y se ha articulado con un movimiento conservador y contrarrevolucionario. A diferencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, Evo Morales no ha sacado al Ejército a la calle. Movilizó a los militantes del MAS, al tiempo que se expandió a través de las redes sociales y los medios la imagen de las “hordas masistas” –ya no se puede decir campesinas o indígenas–.

El informe de la OEA sobre el resultado electoral, alertando sobre alteraciones, minó la autoconfianza del oficialismo: perdió la calle y las redes al mismo tiempo. Esta auditoría, que podría haber pacificado la situación, fue rechazada por la oposición, que consideraba a Luis Almagro un aliado de Evo Morales por haber avalado su repostulación. La organización acaba de pronunciarse para rechazar “cualquier salida inconstitucional a la situación”.

Una de las razones del insurreccionalismo es el caudillismo, esto es, la ausencia de instituciones políticas consolidadas. No existe más que una lógica inmediatista, de “suma cero”: se gana o se pierde todo, pero nunca se busca acumular victorias y derrotas parciales con la vista puesta en el futuro. Evo Morales no superó esa cultura y por eso buscó seguir en su cargo: pero la oposición hasta ahora tampoco y emerge con otro “caudillo” de derecha como Camacho.

No sabemos qué futuro político le aguarda pero ya ha cumplido una “misión histórica”: que las ciudades acaben con la excepción histórica de un gobierno campesino en el país. No casualmente tras el derrocamiento de Evo se quemaron Whipalas, bandera indígena transformada en una segunda bandera nacional bajo el gobierno del MAS. Y adicionalmente, sacar al nacionalismo de izquierda del poder: “echamos al comunismo”, repetían los movilizados en las calles, algunos con Cristos y Biblias.

Bolivia no es solo el país de las insurrecciones, sino también de las refundaciones. Solo la idea de una “refundación” permite cohesionar las fuerzas que requieren las salidas insurreccionales y anular la influencia social y política de quienes perdieron. Por otro lado, una “refundación”, y la “destrucción creativa” de instituciones estatales y políticas que le es consustancial, permiten una movilización de promesas y prebendas con la dimensión que los nuevos ganadores requieren para “ocupar” (aprovechar) verdaderamente el poder. Pero la paradoja es que el país cambia poco en cada refundación. Sobre todo en términos de cultura política.

Ahora el péndulo ha quedado del lado conservador, veremos si la fragmentada oposición a Evo Morales logra estructurar un nuevo bloque de poder. Pero las heridas étnicas y sociales del derrocamiento de Evo serán perdurables.

“Veníamos bien y pasaron cosas”, dijo en una entrevista el presidente argentino Mauricio Macri para explicar una crisis que puso fin a su “utopía gradualista” que, hasta el momento, lo alejaba de la imagen del presidente 'ajustador' con el que buscaba asociarlo la oposición. Pero la expresión podría usarse, también, para reflexionar sobre el cambio de ciclo político en la región: el continente actual está muy lejos de aquellos días en los que Chávez, Lula, Kirchner, Evo, Lugo y Correa parecían estar construyendo un proyecto regional común con una espalda política que era la suma ampliada de sus propias legitimidades y de los capitales simbólicos que cada uno de ellos movilizaba. Pocos esperaban que, algunos años más tarde, la región se encontrara frente al actual deterioro económico, e incluso democrático, y con sus instituciones de integración en crisis. Pero se podría fácilmente reemplazar la superficial expresión macrista por una pregunta vargallosiana de mayor calado: ¿cuándo –y por qué– se jodió el progresismo?

Después de dos “décadas” de proyectos políticos definidos e intensos –la neoliberal de los 90 y la progresista de mediados de los 2000– el continente entró, más que en un nuevo ciclo, en un proceso de fragmentación y disgregación, que combina la supervivencia de un progresismo que no acaba de morir y de una “restauración conservadora” que no acaba de nacer, al menos en términos de un nuevo proyecto hegemónico.

Mientras una Venezuela en caída libre sirve a las derechas continentales como baza de triunfo electoral –por la amenaza de “venezuelizaciones” más imaginarias que reales–, el líder estrella del postpopulismo –Mauricio Macri– comenzó a hacer agua y pocos querrían hoy ser los Macris de sus países. Brasil, otro proyecto postprogresista, se encuentra sumido en la peor crisis en décadas, con el que era su potencial candidato ganador (Lula) preso y el ultraderechista Bolsonaro encaminado a reemplazar al presidente conservador, Michel Temer, cuya aprobación asciende al 3%; el 76% lo considera ruim o péssimo.

Entretanto, el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en México puso en marcha una incierta experiencia de “progresismo tardío” que difícilmente sea suficiente para reeditar el ciclo sudamericano pero alcanza para limitar la consolidación del giro conservador.

Recientemente, el filósofo Slavoj Žižek convocó a “dar vuelta” la famosa Tesis N° 11 de Marx sobre Feuerbach (Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo). “En el siglo XX, tal vez hayamos tratado de transformar el mundo demasiado rápido, sin saber qué estábamos haciendo. Debemos dar un paso atrás y reinterpretarlo”. Y en el caso latinoamericano, no se trata solo de comprender el mundo, sino de sacar conclusiones no autocomplacientes de la agenda y experiencia progresistas y de su agotamiento.

La reciente reunión del Foro de San Pablo reunido en La Habana –que articula a las fuerzas de izquierda de la región– es una expresión patente de las dificultades para andar este camino y de un repliegue en la “resistencia” antiimperialista que funciona como un operativo de cierre político/sentimental, cargado de nostalgia hacia el Comandante Fidel Castro, de cualquier perspectiva de lectura (auto)crítica del pasado reciente. “Este XXIV puede tener la misma importancia histórica de los años 90 cuando cayó el Muro de Berlín”, señaló Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro, en una analogía sintomática de las dificultades para pasar del socialismo “del siglo XX” al “del XXI”.

La corrupción está hoy en el centro del debate político y social. Es cierto, como ha apuntado Frederico de Almeida, que asistimos a la expansión internacional de esquemas políticos y legales de combate a la corrupción desde el centro hacia la periferia y que los efectos de las “cruzadas anticorrupción” se vuelven más inciertos cuando se aplican en democracias frágiles, como hoy ocurre en Brasil y podríamos agregar a la Argentina.

Pero no es verdad, como se sostiene a menudo, que las luchas anticorrupción sean solo contra gobiernos de izquierda: en Guatemala hubo una lucha de masas contra la descomposición del Estado, hasta niveles de verdadera podredumbre moral, bajo un gobierno de extrema derecha como el del general Otto Pérez Molina; en México, López Obrador ganó con una campaña fundamentalmente “honestista”, y el reciente referéndum anticorrupción en Colombia –boicoteado por Alvaro Uribe– fue motorizado por la izquierda; por no hablar del papel del rechazo social a la corrupción en el nacimiento de fuerzas “amigas” de América Latina como Podemos en España.

A menudo, especialmente en su versión nacional-popular, los progresismos desestiman la cuestión de la construcción de una nueva ética pública como un problema “liberal” propio de almas bellas o de repetidores del discurso de los medios hegemónicos o las agendas imperiales. Sin embargo, es posible identificar un tipo de “republicanismo desde abajo” en toda la región, que incluye una cierta economía moral de lo que debe ser la función pública junto con ideas de alternancia en el poder estatal (como ocurrió en Bolivia en el referéndum de 2016). Que eso sea manipulado por la derecha no puede ocultar que las formas de financiamiento político (y personal) –y los esfuerzos por construir o apoyar a “burguesías nacionales” de maneras opacas y corruptas– debilitaron las credenciales morales de los progresismos y habilitaron que figuras de la “patria contratista” (Macri) o de la banca y las offshore (Guillermo Lasso, en Ecuador) pudieran enarbolar banderas anticorrupción como parte de sus campañas.

En Argentina, Macri ganó; en Ecuador Lasso perdió, pero el vicepresidente correísta Jorge Glas terminó preso por la causa Odebrecht en medio de una guerra política entre Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa –quien, a su vez, habría pedido asilo en Bélgica, donde vive con su esposa. En Venezuela, a su vez, operó un verdadero saqueo de recursos públicos “por arriba”, reconocido por el propio gobierno y el enraizamiento de una economía política de la ilegalidad “por abajo” que explica, en gran medida, la supervivencia de los sectores populares en medio de la hiperinflación y la escasez.

Y en Brasil, Lula Da Silva (con casi 40% de apoyo en las encuestas) no ha podido enfrentar en las urnas al neofascista Jair Messias Bolsonaro (alrededor de 22%). La sentencia de 12 años de prisión por el famoso tríplex supuestamente recibido de manos de una constructora es débil y no es difícil percibir en la aversión a su candidatura un antiplebeyismo a flor de piel, sumado al racismo y el clasismo de gran parte de las elites brasileñas. No obstante, como balance político de los gobiernos del PT, no es posible dejar de lado los vínculos opacos con constructoras o frigoríficos, y el papel del propio Lula en la expansión regional de las “translatinas” brasileñas, aprovechando su influencia y prestigio como un soft power –como queda en claro con el reguero dejado por la causa Odebrecht en toda América Latina.

Sin duda, no se puede reducir el ciclo progresista a la corrupción y borrar lo que implicó en el sentido del “derecho a tener derechos” difundido entre los sectores populares. Pero tampoco puede pasarse por alto que, históricamente, el socialismo democrático combinó la demanda de ética pública con la de justicia social y que el desacople de ese binomio terminó por crear un hándicap moral de la izquierda que dificulta seriamente la (re)construcción de alternativas políticas anticonservadoras.

Pero si el “hándicap moral” de la izquierda le lavó la cara a diversos políticos y políticos/empresarios conservadores, existe un “hándicap democrático” que impide denunciar con eficacia los retrocesos democráticos evidentes hoy en la región. Brasil es sin duda un caso alarmante de degradación con consecuencias regionales, como la desaparición de la Unión de Nacionales Sudamericanas (Unasur), e internas, como los crímenes políticos, el aumento de las desigualdades, la pérdida de derechos y la “desdiabolización” de quienes defienden la dictadura militar. El caso de Bolsonaro es un emergente de esta situación, con su discurso fascistizante y discriminador en lo político y ultraliberal en lo económico (lo que atrae a los partidarios de la mano dura y de la destrucción del Estado de bienestar).

En Colombia, la violencia estatal y los asesinatos políticos son de más larga data. Pero la falta de crítica a los déficits democráticos de Venezuela y más aún de Nicaragua impide construir una vara común para responder ante la politización de la justicia (o judicialización de la política), la represión estatal, los retrocesos institucionales y más en general los recortes de derechos democráticos. Hoy Venezuela es gobernada por una Asamblea Constituyente por encima de cualquier poder constituido que opera como un poder de facto sin contrapesos institucionales de ningún tipo. Y el gobierno de Daniel Ortega utilizó grupos parapoliciales para resistir en el poder con un saldo de alrededor de 300 muertos. Todo esto es justificado por la amenaza imperialista.

Es cierto que el imperialismo conspira, pero como lo muestra un reciente artículo de investigación del New York Times, lo hace de manera menos “orgánica”, homogénea y eficaz de lo que parece creer el discurso bolivariano. Lo que no es sorprendente, dado que hoy ocupa la Casa Blanca un presidente acusado de traición a la patria por parte del establishment conservador por su aparente colusión con Rusia en la campaña electoral de 2016 y que además está enfrentado con los tradicionales aliados de la OTAN.

Denunciar las conspiraciones reales es diferente a utilizar la amenaza imperial como acto reflejo frente a todos los problemas en su mayor parte de naturaleza endógena. Por ejemplo, ¿por qué Venezuela está sumergida en caos económico y Bolivia mostró una macroeconomía cuyo desempeño fue elogiado por el Banco Mundial y la prensa económica global? Quizás la gestión de algunas pistas. Pero el actual retroceso de parte de la izquierda hacia la cultura del socialismo real expresado en simpatías hacia Vladímir Putin lleva a abandonar la disputa por la democracia contra las visiones que la reducen a la libertad de mercado, la pospolítica o el republicanismo conservador. Y a replegarse en un dudoso y minoritario “pueblo verdadero”.

La ventaja del progresismo es que las derechas regionales carecen de proyectos atractivos para la región, en medio de una incertidumbre global que puso en crisis a los defensores del libre comercio y las modernizaciones neoliberales más clásicas. Pero lo que parece cierto es que el progresismo no va a volver tal como era. Ni el continente es el mismo que el de la “década ganada”. Quizás, el progresismo se jodió cuando dejó de leer bien la realidad. La Tesis 11 invertida.

Este artículo fue publicado previamente en la revista Anfibia