Mientras Trump lleva a cabo una expulsión masiva y en muchos casos violenta de migrantes y mientras la derecha y extrema derecha votaban en el Parlamento europeo un nuevo Reglamento de retorno para la deportación de personas migrantes a terceros países de dudosa seguridad, el Gobierno progresista de España acaba de aprobar un Real Decreto para una regularización extraordinaria de aquellos que lleven en nuestro país más de cinco meses, no tengan antecedentes penales y estén en situación administrativa irregular. 

Son dos formas distintas de entender el fenómeno de la migración, en un caso, el español, poniendo el acento en la igual dignidad de las personas como sujetos plenos de derechos, y en el otro desde un enfoque xenófobo, de rechazo al diferente que viene a invadirnos y “sustituirnos”, en esa grotesca interpretación del “gran reemplazo”.  

La regularización es ante todo una respuesta a una situación real, la presencia desde hace tiempo en nuestro país de varios cientos de miles de personas de origen extranjero, que han venido huyendo del hambre, de la persecución o de las guerras y viven en situación de irregularidad administrativa, “sin papeles”, al no tener reconocida una condición jurídica que les permita disfrutar de derechos básicos como el resto de la ciudadanía. No pueden trabajar con derechos, haciéndolo en su caso en la economía sumergida, sometidos a situaciones de explotación y exclusión social y con dificultad de acceso a servicios públicos generales. 

Se trata de una decisión políticamente valiente del Gobierno, que tiene un gran apoyo social, cuyo origen se encuentra en una Iniciativa Legislativa Popular promovida por 700.000 personas con el respaldo de más de 800 entidades, entre ellas la Iglesia Católica, los empresarios y sindicatos y múltiples organizaciones de la sociedad civil, que fue admitida a trámite por una amplísima mayoría parlamentaria y que ahora adquiere vigencia a través de una reforma del reglamento de extranjería. 

Se estima por el Gobierno que servirá para regularizar a unas 500.000 personas migrantes que ya están entre nosotros y responde ante todo a una concepción humanista, de derechos humanos, basada en la común dignidad de todos, nacionales y extranjeros, como personas, así como en la convicción de que el acceso a derechos y deberes constituye un elemento esencial para la cohesión social y la convivencia democrática.

Las derechas han contestado con enorme dureza. De Vox era todo esperable, pues sus propuestas políticas se basan en la xenofobia y el odio al migrante, con un discurso estigmatizador que ha llegado a proponer la expulsión de ocho millones de extranjeros de nuestro país, lo que llaman un proceso de remigración, ligado a un concepto de pueblo de claro componente étnico.

Pero lo más grave es la asunción de ese discurso por parte del PP, cada vez más decidido a competir en este terrero con Vox y la extrema derecha europea. Feijóo, cuya única política es oponerse a cualquier decisión del Gobierno, ha descalificado la regularización extraordinaria considerándola “inhumana, injusta, insegura e insostenible”, y en una vuelta de tuerca más ha llegado a decir que se va a regularizar a “inmigrantes que han abusado de una mujer”. Ya la portavoz del PP había vinculado la regularización al riesgo de presencia de terroristas en nuestro país, afirmaciones hiperbólicas que ni ellos mismos creen.

Porque la regularización no solo no es inhumana e injusta, sino todo lo contrario; lo que deshumaniza a las personas es precisamente su invisibilidad, no ser reconocidas como sujetos de derechos, y lo que es injusto en la sobreexplotación que lleva el trabajar en la economía sumergida, con menores salarios y sin poder protestar, así como no poder disfrutar de los servicios públicos en condiciones de igualdad. Y como bien sabe Feijóo, no se va a incluir a delincuentes ni va a aumentar la inseguridad.

Los datos de criminalidad son muy claros. En nuestro país, a pesar de haber aumentado en los últimos años en más de diez millones el número de personas de origen extranjero, no solo no se ha incrementado la criminalidad, sino que, si no consideráramos los nuevos delitos informáticos, ha disminuido, siendo España uno de los países europeos más seguros. Y es sabido que del proceso de regularización quedan excluidas las personas con antecedentes penales y, en algunos supuestos, las que en función de la información policial se consideren una amenaza para el orden público. Pero la criminalización del migrante, el engaño, con el objetivo de generar miedo en la ciudadanía, es ya una consigna no sólo de Abascal y su gente, sino lamentablemente también del núcleo duro del PP.

Y respecto a que la medida es insostenible, es también falso. Todos los estudios económicos de entidades españolas y de organismos internacionales vienen enfatizando que el dinamismo de la economía española en los últimos cinco años deriva en gran medida de la política de regularización e integración de migrantes que lleva que viene llevando a cabo el Gobierno de España, incorporando plenamente a la actividad productiva a personas de origen extranjero, a diferencia de lo que hacen otros países que los excluyen y expulsan. 

Además de lo que implica de incorporación al mercado formal de trabajo de varios cientos de miles de personas, que cotizarán a la Seguridad Social y pagarán más impuestos, favoreciendo de esa manera la mejor sostenibilidad del sistema de pensiones. También desde este punto de vista la regularización en marcha es una oportunidad para nuestro país.

Este cambio tan radical de posición del PP, que en su momento votó a favor de la tramitación de la ILP, expresa una vez más su profunda debilidad ideológica y su dependencia de su ala más dura, como Ayuso, y de Vox. Cabe preguntarse dónde quedan aquellas palabras de quien fuera portavoz del PP en 2024, Borja Sémper, defendiendo regularizar a cientos de miles de personas que estaban en la economía sumergida, asegurando que “hay que darles una salida, faltaría más”. Y dónde queda también la afirmación de julio de 2024 de Moreno Bonilla en el parlamento andaluz de que él no iba “a participar en la cacería del inmigrante”. Y cabe igualmente preguntarse dónde están los democristianos del PP, que se supone defienden un humanismo cristiano de acogida al migrante, como sí defendió la señora Merkel. Y podemos asimismo preguntarnos si las regularizaciones que llevó a cabo Aznar fueron también injustas, inhumanas e inseguras, o si sólo lo es la actual simplemente por el hecho de llevarla a cabo un Gobierno de mayoría socialista, aunque beneficie a España y a las personas migrantes.

Y por cierto, frente a lo que afirman estos pseudoprofetas de la derecha, ninguna de las anteriores regulaciones promovidas por los gobiernos de González, Aznar y Zapatero generó lo que mendazmente alegan de “efecto llamada”, pues tras ellas no se produjo ese efecto de incremento de la llegada de inmigrantes a nuestro país.

Dar la batalla cultura contra la xenofobia

La batalla de la extrema derecha, con el apoyo entre nosotros del PP, contra la inmigración es una batalla contra los valores ilustrados, que son los valores fundacionales de la Unión Europea, la igual dignidad de todas las personas cualquiera que sea su origen y procedencia, y el respeto y garantía de sus derechos fundamentales. La clave antimigratoria que ya no ocultan es la cultural, la defensa de la que vienen llamando la “identidad española”, una identidad cerrada y excluyente, que proclama su esencia blanca y cristiana, contraria al islam, y que consideran amenazada por la presencia de extranjeros.

Es, pues, necesario oponerse y movilizarse, promoviendo una batalla cultural contra la xenofobia y el odio al migrante, con base en un humanismo compartido, porque frente a la deshumanización y la criminalización de la migración lo que está en juego es la vida de las personas. Debemos defender la idea de ciudadanía democrática, que se construye sobre el pluralismo social y político, abierta a la integración de ciudadanos de distinto origen étnico y religioso. 

El recientemente fallecido Habermas afirmaba que “tenemos que superar la opinión de que los inmigrantes supuestamente deben asimilar los ”valores“ de la cultura mayoritaria y adoptar sus ´costumbres`”, entendiendo, por el contrario, que “no puede haber integración sin ampliación del propio horizonte, sin la disposición a abrirse a un espectro más amplio de olores e ideas”. Frente a las identidades cerradas y excluyentes se mostraba a favor de lo que llama “cultura constitucional”, es decir, el sometimiento a la Constitución y las leyes, con los valores que las sustentan, libertad, igualdad, derechos fundamentales, señalando que lo que el Estado liberal debe exigir a sus inmigrantes consiste en “aprender el idioma del país y respetar los principios constitucionales”. En definitiva, ciudadanía democrática frente a “cultura nacional” y xenofobia al diferente.

Tras la II Guerra Mundial que causó la muerte de más de 70 millones de personas, de ellas cerca de 50 millones de civiles, la mayoría de las naciones vieron la necesidad de crear una organización que velara por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y de comprometerse contra las guerras, firmándose el 26 de junio de 1945 la Carta de las Naciones Unidas. 

Su preámbulo comienza subrayando que somos “nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” y “a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre”, “hemos decidido aunar nuestros esfuerzos” para tal objetivo.

A tal fin establece en su art. 2 el compromiso de todos sus miembros de abstenerse de “recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, salvo expresa decisión del Consejo de Seguridad dirigida a “mantener o restablecer la paz y a seguridad internacionales” (art.42), e igualmente salvo el derecho de legítima defensa de un Estado frente a un ataque armado (art.51), defensa que deberá ser proporcionada.

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 1948 por la Asamblea General de la ONU, inicia afirmando que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” y que “es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho” así como promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, proclama en su artículo 28 que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.

El mantenimiento de la paz, el rechazo de la guerra y la garantía de los derechos humanos constituyen el núcleo central de lo acordado con la creación de la ONU, ratificado por todos sus Estados miembros, incluidos Rusia, Estados Unidos e Israel. Todo ello constituye la ley, la legalidad internacional que obliga a todos los Estados, sin matices ni excepciones.

Del mismo modo, en Europa se crearon instituciones para preservar la paz y superar siglos de confrontaciones y guerras entre europeos. En 1949 el Consejo de Europa con el objetivo de promover tanto los derechos humanos como el Estado de Derecho y cuyo Convenio Europeo de Derechos Humanos se aprobó en 1950. Y más tarde la hoy Unión Europea, cuyo motor más potente ha sido el deseo de paz y la protección de los derechos humanos, así como el apoyo al multilateralismo.

El movimiento por los derechos humanos y la paz ha sido imparable, con convenios también en África, Asia y el continente americano.

La agresión militar de Trump y Netanyahu contra Irán, sin mandato de Naciones Unidas y sin defenderse de un ataque previo de esta última, supone que las reglas que rigen las relaciones entre los Estados de la comunidad internacional no solo han sido vulneradas de manera flagrante, sino que lo han sido con la desvergüenza de quien se ríe de ellas y las desprecia, porque es el más fuerte, que impone su ley, la propia, no la común acordada por todos. Nada justifica los salvajes bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano, que han causado la muerte de miles de personas, incluidas ya 100 niñas iraníes asesinadas en su colegio, además de un millón de desplazados y una crisis humanitaria de incalculables dimensiones.

Cierta y lamentablemente, a lo largo de estos ochenta años se han producido numerosas y muy graves vulneraciones de la Carta de Naciones Unidas, en los últimos tiempos Rusia con la invasión de Ucrania y antes Estados Unidos en su agresión a Irak, además de Israel con el genocidio de Gaza. Pero nunca se había cuestionado su legitimidad y necesariedad para el mantenimiento del sistema multilateral cimentado en normas.

Pero el caso de Trump desborda todos los anteriores por la arbitrariedad que implica y el nulo intento de dar una justificación mínimamente coherente de la agresión, que no sea mostrar al mundo el desprecio del Derecho Internacional y del multilateralismo, junto con la pretensión de Israel de ser la única potencia de la zona. 

Esta escalada bélica está generando un incremento de la inseguridad global y también graves consecuencias económicas para la población mundial, especialmente la más vulnerable, además de “pingües” negocios a las petroleras y a la propia familia de Trump.

Nos encontramos en un momento en el que se hace imperativo reivindicar la defensa del multilateralismo fraguado en torno a la Carta de Naciones Unidas. No podemos legitimar la arbitrariedad. Rechazamos la Ley del más fuerte y reivindicamos un sistema internacional basado en el imperio de la Ley. 

Como organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la paz y los derechos humanos en todo el mundo, reclamamos a la comunidad internacional y en especial a la Unión Europea un compromiso rotundo con la paz que conlleve la firme condena de esta agresión, el cese inmediato de las hostilidades en Oriente Medio y la búsqueda de una solución basada en la diplomacia y el diálogo. La Unión Europea debe ser consecuente en la defensa de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas con un trabajo permanente en defensa del multilateralismo.

Porque, con independencia del profundo rechazo que nos produce la teocracia iraní, la alternativa a la legalidad internacional es la arbitrariedad y barbarie, la vuelta a la razón del más fuerte, es decir, a la brutalidad y al salvajismo, con el olvido de los derechos humanos y de los principios kantianos de la paz perpetua. 

Reivindicamos el valor del ser humano, de su dignidad intrínseca y de sus derechos como piedra angular del orden internacional bajo el auspicio de Naciones Unidas, porque la paz es más que la ausencia de guerra, es generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Han pasado ya más de veinte días desde que se hizo público por Jordi Sevilla el llamado Manifiesto Socialdemocracia 21 y da toda la impresión de que lo ha sido sin pena ni gloria. Las semanas anteriores a su publicación la prensa de derechas lo vino anunciando a bombo y platillo como “un termómetro de la disidencia interna” del PSOE, esperándose que lo firmaran cuarenta cuadros y dirigentes socialistas, para quedarse al final en un solo firmante, con descarte público de algunos de los anunciados. Los tertulianos de la derecha y ultraderecha esperaban más y sobre todo confiaban en que la militancia socialista y sus cuadros iban a unirse masivamente a lo que consideraban primera gran operación antisanchista desde dentro. Tras un balance tan parco han hablado de “ejercicio conmovedor de disidencia” y finalmente de “decepción”.

Entre los cuadros la reacción ha sido dispar. La dirección socialista ha sido respetuosa, aunque algunos han criticado directamente a la persona. Y en algunos chats y comentarios de militantes ha habido cierta dureza contra Jordi Sevilla, al entender que el debate debía ser interno, dentro del partido y no en los medios, e incluso en algunos casos con acusaciones de “resentimientos, frustraciones, expectativas truncadas y egos”. 

Yo no he compartido nunca esa idea de que el debate socialista ha de ser interno, es decir, solamente interno, con el argumento falaz de que “los trapos sucios se lavan en casa”, porque no se trata de trapos sucios sino de la orientación de la política del partido y del Gobierno, más aún en un momento difícil de la política española, europea y mundial. El debate político de fondo tiene que ser interno, con lealtad, pero también externo, porque además de a la militancia interesa igualmente a todos los y las simpatizantes y votantes del PSOE, a los que no cabe escamotear cuáles son los proyectos y qué tipo de política quiere cada uno. Y desde luego tampoco estoy de acuerdo con la crítica ad personam, tantas veces injusta.

Me parece más interesante hacer un análisis de las posiciones del Manifiesto Socialdemocracia 21, teniendo en cuenta no solo el texto escrito, sino las declaraciones que ha venido haciendo su autor Jordi Sevilla en los últimos meses, conocer qué tipo de socialismo defiende, para mostrar mis desacuerdos de fondo, que son muchos, y algunos acuerdos de interés. 

La afirmación más directa y rotunda del Manifiesto es la petición de un cambio de rumbo político del PSOE, que incluye un cambio en la política de alianzas frente a la “deriva podemita” y los pactos con los independentistas. A la vez que reclama recuperar “un proyecto socialdemócrata autónomo”, expresión esta última que por cierto ya utilizó en 1993 Felipe González para pactar con la derecha de CIU y no con IU y los sindicatos. 

Pero ¿qué se quiere decir con la expresión que el PSOE se ha podemizado? Es sabido que desde 2023 Podemos está fuera del Gobierno y que, salvo acuerdos puntuales, viene manteniendo una muy dura dialéctica contra el Partido Socialista y contra el Gobierno. ¿Qué quiere, pues, decir Jordi Sevilla con aquella expresión? Sencillamente que está en contra del acuerdo con otras fuerzas de la izquierda política y sindical y prefiere algún tipo de entendimiento con la derecha, al menos con el PP, bien la gran coalición bien otro tipo de fórmulas parlamentarias.

Pero no se trata solo de llegar a consensos básicos en cuestiones de Estado, desde luego deseables, sino de que no hay en España ni en prácticamente ningún país europeo “mayorías sociales amplias” a las que el Manifiesto aspira, lo que implica la necesidad de pactar para conformar mayorías parlamentarias. Y en esta tesitura parece claro que Socialdemocracia 21 está en contra del pacto con la izquierda y con las fuerzas independentistas y prefiere un acuerdo con el PP. Desde luego una opción que no comparto y que creo hoy es muy minoritaria en el PSOE.

El Manifiesto se extiende contra el discurso de la confrontación y en el hecho de que “las dos fuerzas mayoritarias” no son capaces de acordar nada, en una especie de equidistancia entre el Gobierno y el PP absolutamente falaz. El PP nunca ha reconocido legitimidad a este Gobierno y se ha negado sistemáticamente a pactar nada de lo básico, de lo relevante, ni la subida de las pensiones o del SMI, ni la reforma laboral, ni la política exterior sobre el genocidio de Gaza, ni la actitud frente a Trump y la ruptura del Derecho Internacional, ni siquiera aspectos clave de la política europea como el acuerdo con Mercosur, nada. Se puede estar en desacuerdo con el grado de polarización existente, pero la responsabilidad no está repartida por igual, en absoluto.

Hay una segunda cuestión, clave en la política del Gobierno, sobre la que el Manifiesto nada dice, la cuestión catalana. Utiliza palabras genéricas y vagas sobre el modelo de Estado, pero en sus declaraciones Jordi Sevilla se ha manifestado en contra de la aplicación de la amnistía. Conviene recordar que el objetivo del PSOE era abordar la crisis del procès buscando salir del laberinto de la judicialización a través de la política, mediante los indultos y acuerdos con las fuerzas políticas catalanas y más tarde, aunque no se pensara inicialmente, mediante la amnistía, que ha resultado clave para el proceso de normalización de Cataluña y que ha llevado a la situación actual, con mayoría del PSC y gobierno de Salvador Illa y con una clara disminución del apoyo social al independentismo.

El Manifiesto no reconoce valor alguno a la política sobre Cataluña, que da por amortizada, pero la oposición a la amnistía es, en mi opinión, signo de una concepción no de la España plural, sino más cercana a la de un nacionalismo español anticatalán propio de las derechas, que en el fondo preferirían ver a los líderes del procès en prisión o inhabilitados antes de que pudieran hacer política normalizada.

Cuestión importante sería saber qué entiende el Manifiesto por socialdemocracia y qué reformas propone, porque no hace mención a ninguna. Eso sí, hace una descalificación completa de la política económica y social del Gobierno de coalición, que define como populista, dado que entiende que los pactos con los independentistas le impiden aplicar políticas socialdemócratas de reparto de rentas y fortalecimiento de los servicios públicos, de manera que serían los más ricos, concluye, los que se están aprovechando del crecimiento económico. Una crítica de rechazo global de la acción del Gobierno, “más allá de medidas positivas, aunque cosméticas”, según afirma.

Resulta sorprendente que un economista como Jordi Sevilla pueda hacer una afirmación de esa naturaleza. ¿Es cosmético que España sea en los últimos años el país que más crece de la UE y cuyo empleo ha pasado de 18 millones a 21,4 millones de ocupados en tres años? ¿Es cosmética una reforma laboral que ha permitido dar un salto en el incremento del empleo indefinido, reduciendo la temporalidad del 26% al 15,1% en cuatro años? ¿O una subida del SMI del 66%, que mejora la renta de los salarios más bajos? ¿O el Ingreso Mínimo Vital, del que ya se benefician 800 mil hogares? ¿O la subida de las pensiones con arreglo al IPC, frente al 0,25% anual que aprobó el PP? ¿O la disminución del abandono escolar temprano desde el 23,5% al 12,8% en pocos años? ¿Es cosmética la política de acogida a los migrantes y la regularización extraordinaria actual? Podríamos dar muchos más datos, pero estos muestran bien como ha habido políticas reformistas que han favorecido claramente a las personas trabajadoras, cuya elusión por el Manifiesto no sé si es maliciosa o simplemente torpe, pero en mi opinión lo desacredita.

Claro que todo ello es insuficiente y que hay algunos problemas muy graves no suficientemente abordados, como el de la vivienda, que afecta a la capacidad adquisitiva precarizando a la clase trabajadora y capas medias. Un problema no solo español, sino de toda Europa y sobre el que las CCAA que gobierna el PP actúan favoreciendo la especulación negándose a aplicar políticas públicas reformistas. O el deterioro de servicios públicos como la sanidad y educación públicas en territorios gobernados por la derecha, que en el caso de Madrid se extiende a la universidad pública. Problemas que entroncan con un escenario ultracapitalista de privatizaciones, acumulación del beneficio privado y fomento del individualismo en nuestro país.

El Manifiesto propone “una reforma fiscal progresista”, sin más datos, obviando algunas actuaciones concretas significativas, como el impuesto a la banca y a las energéticas, o la recuperación del impuesto del patrimonio, o más aún el acercamiento en los últimos años de la presión fiscal en España a la media europea. Una reforma fiscal global es un reto que sigue teniendo la izquierda, pero no tengo claro cuál es la que plantea Jordi Sevilla, teniendo en cuenta que hace unos años propuso una reforma del IRPF con un tipo único, una propuesta regresiva más propia del socialiberalismo, que fue entonces duramente criticada por J.Borrell (“me parece una sandez; un solo tipo no garantiza la progresividad”), Izquierda Socialista e incluso el sector guerrista. 

Sorprende que el Manifiesto atribuya el auge de la extrema derecha al rumbo político del Gobierno, cuando es un fenómeno extendido en toda Europa y en la misma cabeza de USA. Como no sé el sentido de la contraposición de preferir ser hijos de la Transición y de la Constitución a nietos de la Guerra Civil y la Dictadura. ¿Significa que Jordi Sevilla está en contra de la Memoria Democrática? Yo me siento hijo de la Transición y la Constitución y nieto de la República y de los valores republicanos.

Sí hay un punto importante del Manifiesto que comparto, la apelación a la necesidad de “un PSOE fuerte que lidere en el mundo de las ideas y en la acción política una respuesta en un contexto internacional estremecedor”. Pero lo comparto no como aspiración ni como objetivo, como parece apuntar el Manifiesto, sino como una realidad que ya es. Hoy el Presidente del Gobierno español es el líder político de las izquierdas europeas y de América Latina. Así lo reconocen los medios de comunicación más importantes, lo mismo que políticos y sindicalistas de distintos países y los partidos socialistas y socialdemócratas que le han elegido presidente de la Internacional Socialista.

Por último, me ha sorprendido que el Manifiesto no diga nada sobre las limitaciones actuales de la democracia en el PSOE, más allá de insistir en que la transparencia es una clave contra la corrupción y el acoso sexual, lo que comparto, aunque Jordi Sevilla sí ha hecho declaraciones al respecto, que también comparto: el sistema de primarias ha potenciado el liderazgo, pero ha disminuido los contrapesos necesarios en una organización democrática, lo que habrá que revertir.

En definitiva, es verdad que el Gobierno y el PSOE están pasando por un momento complejo y difícil para implantar algunas políticas de izquierdas, con pérdida de apoyos, pero no creo que la opción que representa este Manifiesto sea una vía para mejores políticas socialistas, o simplemente socialdemócratas, sino un giro no se sabe adónde, quizás al socialiberalismo.

El Ayuntamiento de Madrid se ha visto forzado por los tribunales a reponer la placa en homenaje a Francisco Largo Caballero en el frente del edificio de la Junta Municipal de Distrito de Chamberí, tras haber sido arrancada a martillazos y rota en ejecución del ilegal acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 29 de septiembre 2020. Acuerdo en el que PP y Ciudadanos apoyaron una iniciativa de Vox de retirar los nombres de Largo Caballero e Indalecio Prieto de las calles que tienen dedicadas en Madrid, así como la referida placa dedicada al histórico líder sindical. Por cierto, la reposición no lo ha sido en su integridad, sino que una parte de la misma ha sido sustituida por una copia o sucedáneo, por lo que tanto UGT como la Fundación Francisco largo Caballero seguiremos reclamando su reposición íntegra.

A la vez que se reponía parcialmente la placa por imposición judicial, el alcalde Martínez Almeida ha hecho unas lamentables declaraciones ante el propio Pleno municipal, seguidas más tarde por su vicealcaldesa, denigrando la figura y la memoria de Largo Caballero, con contenidos que muestran el absoluto desconocimiento de nuestra historia reciente y la asunción del relato franquista que justificó el golpe militar y la dictadura, que parecía olvidado, así como el odio que una parte de la derecha española tiene a los dirigentes socialistas, de entonces y de ahora. 

Contrasta aún más esta actitud de Almeida comparada con la que en el pasado reciente tuvieron las derechas en el propio Ayuntamiento de Madrid.

En efecto, la colocación de una placa en homenaje a Largo Caballero en la Plaza de Chamberí en marzo de 1981 fue una iniciativa de un concejal de la extinta UCD, Carlos Alonso de Velasco, aprobada por unanimidad. El bulevar a nombre de Indalecio Prieto fue acordado también por unanimidad en 1995 a propuesta de José María Álvarez del Manzano, alcalde del PP, quien ha expresado públicamente que la hizo con una finalidad de “concordia y entendimiento”. 

Y la calle a nombre de Largo Caballero se aprobó ya en 1985 siendo alcalde Enrique Tierno Galván, en reconocimiento y memoria de quien fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, líder ugetista y Presidente del Consejo de Ministros durante la II República. Unos años antes, en abril de 1978, habían sido trasladados a Madrid desde París los restos de Largo Caballero, siendo acompañados por medio millón de madrileños que le honraron como defensor de los trabajadores y republicano y demócrata ejemplar. Se evocaba allí a Caballero “como símbolo máximo en el que concurren la militancia sindical permanente e indomable y el republicanismo”, en palabras de Gómez Llorente. Todo lo que la actual derecha del Ayuntamiento de Madrid ha pretendido olvidar y borrar. 

En el texto que leyó el alcalde Almeida con el objetivo de denigrar la figura de Caballero se afirma que era “un totalitario que se vanagloriaba de llamarse el Lenin español” y que “tenía las manos manchadas de sangre”. La historiografía más rigurosa ha demostrado con claridad y rigor, con base en múltiples datos, todo lo contrario. 

Largo Caballero fue un socialista de larga trayectoria, un “obrero consciente” de convicción pablista, austero y de moralidad a veces intransigente, “el hombre más representativo de su clase”. Nunca fue criptocomunista ni criptobolchevique y por supuesto tampoco el “Lenin español” ni menos aún se llamó nunca él mismo con ese epíteto. Como han puesto de manifiesto los autores que más y mejor han profundizado en su compleja figura, entre ellos Julio Aróstegui, Largo Caballero rechazó esa denominación, que atribuía a sus enemigos que con ella pretendían difamarle, pidiendo a los suyos que no les imitaran.

Fue en cinco ocasiones concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid y, desde 1918, secretario general de la UGT, líder de un sindicato de masas con un claro sentido reformista, frente a otras opciones abiertamente revolucionarias. Ministro de Trabajo en el primer Gobierno de la República, encabezó un ambicioso proyecto reformista, con leyes como las de Contrato de Trabajo, Jurados Mixtos, Colocación Obrera, Asociaciones Profesionales -la regulación de la libertad sindical- y otras muchas, que sentaron las bases del moderno Derecho del Trabajo en España.

Como presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra desde septiembre de 1936, se enfrentó al golpe militar para defender la legalidad constitucional, y, frente a lo que afirma el alcalde Almeida, su actuación fue decisiva para la recuperación del control de la autoridad del Estado y para la progresiva desaparición de los actos indiscriminados de represión en retaguardia que se habían producido durante los primeros meses de la guerra por grupos incontrolados. A tal fin, entre otras medidas, se publicaron las órdenes del Ministerio de la Gobernación sobre “Registros domiciliarios” y “Detenciones” en octubre de 1936, para controlar las actividades arbitrarias que hasta entonces habían desarrollado las organizaciones revolucionarias, devolviendo progresivamente el orden a la población.

Largo Caballero fue un decidido defensor de la Constitución republicana, que, afirmó, “otorga al pueblo la plenitud del poder político y que el pueblo defenderá por todos los medios si alguien, individuo partido o clase social, tiene la mala ocurrencia de querer arrebatársela”. Las frases que el alcalde Almeida ha extractado, descontextualizándolas y privándolas de su sentido y su contexto histórico, hacen una tergiversación malintencionada de su verdadera esencia, enmarcada en el destructivo ascenso del fascismo en Europa y en España en la década de los años treinta, que llevó al mundo a los peores momentos de su historia contemporánea. Y es en ese contexto en el que Caballero, como la gran mayoría de las organizaciones sindicales de matriz socialista de la época, radicalizó su discurso en defensa de la amenazada clase obrera y sus representantes. 

Pretender interpretar noventa años después, desde la situación de las democracias occidentales de hoy, la complejidad de la figura de Largo Caballero en el seno de los convulsos acontecimientos mundiales de los años treinta para denigrar su figura, es una intencionada manipulación de la historia para volver a justificar el golpe militar y la dictadura. Paradigma de ciudadano comprometido con la democracia, la libertad, la igualdad y la causa obrera, vivió por ello un amargo destino en el exilio, provocado por la dictadura franquista, pasó casi dos años en un campo de concentración nazi y murió lejos de nuestro país, en el exilio, defendiendo su propuesta de una transición pacífica y sin revanchas y clamando al final de sus días: “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!”.  

Es probablemente inútil instar al alcalde Almeida a que, como sí hicieron sus antecesores, preserve y respete la figura de Francisco Largo Caballero y no blanquee el golpe militar y el franquismo. Pero para la sociedad española recordar la honradez y ejemplaridad de Largo Caballero es un deber de memoria, a la vez que un derecho al que no vamos a renunciar.

Hace 10 años, en 2015, Europa bajo el impulso de la canciller Merkel acogió a casi un millón de personas de Siria y Afganistán, en su práctica totalidad de religión musulmana. Más recientemente en 2022 los distintos países de la UE acogieron a cerca de seis millones de personas procedentes de Ucrania, ciertamente que blancas, rubias y en su mayoría de religión ortodoxa. 

Sin embargo, una campaña continuada de odio y rechazo al migrante por parte de los partidos de ultraderecha europea, incluido VOX, está intentando darle la vuelta a esa actitud de apertura, arrastrando a otras fuerzas políticas de derechas, como es el caso del PP español.

En España no ha habido nunca un problema con la migración ni una tradición antimigratoria, sino que, por el contrario, ha sido desde hace más de un siglo un país de migraciones, tanto de los españoles a América Latina y a Europa, como cuando empezamos a recibir a inmigrantes de otros países, Su aceptación e integración progresiva en nuestra sociedad nunca creó problemas sustanciales.

En los dos últimos años VOX y otras organizaciones de extrema derecha vinculadas con él han ido cambiando el clima social sobre la migración. La amenaza de la portavoz de VOX de deportar a ocho millones de inmigrantes incluidos sus hijos nacidos en España, los incidentes de la “cacería del migrante” en Torre Pacheco, la prohibición de utilizar un edificio público en Jumilla para prácticas religiosas de la comunidad musulmana, la continua identificación de migración y delincuencia, las concentraciones ante centros de acogida a menores en Madrid y otras ciudades, la amenaza de hundir al barco Open Arms si continuaba salvando vidas en el mar, y otras muchas manifestaciones de odio y demonización de los migrantes, han venido generando en el imaginario de una parte de la ciudadanía la idea de que en España la migración es uno de los problemas más importantes que tenemos. 

El barómetro del CIS de septiembre de 2024 situó la inmigración como el primer problema para los ciudadanos, cuando pocos meses antes ocupaba el noveno lugar, si bien en julio de 2025 pasó al octavo puesto y en el más reciente de septiembre al tercer lugar en las preocupaciones globales de los encuestados. Pero en todos los casos cuando se les ha preguntado si les afecta directamente, la inmensa mayoría no lo ve como un problema personal. Se puede decir que no hay un problema real, sino en gran medida creado artificialmente.

Pero no se trata sólo del odio estigmatizador del migrante que rezuma el discurso de VOX, sino de la asunción de ese discurso por parte del PP, cada vez más decidido a competir con aquel para arrebatarle esta bandera. Recientemente, el PP aprobó con gran boato y solemnidad la llamada Declaración de Murcia, una proclama antimigrantes que partiendo de la vinculación de migración y delincuencia, proponer medidas que ya están en el Código Penal como la expulsión de quien cometa graves delitos, ignorar que los migrantes irregulares no tienen derecho al Ingreso Mínimo Vital e insistir en el cierre de fronteras, como si se pudieran cerrar los mares y océanos. La novedad es proponer un “visado por puntos” como vía para favorecer la inmigración latinoamericana -blanca, cristiana y que habla español- y cerrar las puertas a la africana, especialmente a la subsahariana, que es de raza negra y mayoritariamente musulmana. Además de oponerse ahora a la ILP de regularización de migrantes, cuya tramitación parlamentaria habían apoyado con anterioridad por presión de la Iglesia.

Creo que lo más significativo de los últimos movimientos de VOX y PP es que lo fundamental ya no es la vinculación de migración con delincuencia, por más que sigan refiriéndose a ella y busquen explotar hechos concretos, incluso fomentando bulos. Porque los datos de la evolución de la criminalidad en nuestro país en los últimos quince años son apabullantes: habiéndose incrementado la población de origen migrante en un 50% de 2010 a 2025, no se ha generado más delincuencia, sino menos, y España sigue siendo uno de los países más seguros. Tampoco se sostiene con los datos que las personas migrantes nos quiten los empleos, se aprovechen del uso de los servicios públicos, ni que reciban “paguitas” que no hubieran previamente cotizado. Por lo demás los informes más solventes nacionales e internacionales son unánimes en su aportación clave a la mejora de nuestra economía y al crecimiento del empleo.

La clave antimigratoria que las derechas ya no ocultan es la cultural, la defensa de la que llaman “identidad española”, teóricamente amenazada por la presencia de extranjeros. La “cacería del migrante” en Torre Pacheco fue un movimiento claramente racista y xenófobo; la exclusión de la comunidad musulmana en Jumilla, votada por PP y VOX y avalada por el PP nacional, se justificó “por tratarse de una práctica cultural ajena a España” e “incompatible con la identidad y usos y costumbres españoles”; la expulsión de varios millones de migrantes y de sus hijos propuesta por VOX se intenta fundar en que no se adaptan a “nuestros usos y costumbres”, puede desaparecer la Nación española y “tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo”. 

Y la propuesta última del PP, siguiendo a Ayuso, de favorecer a los latinoamericanos frente a la inmigración africana se justifica también en que esta última es ajena a nuestra cultura. Se trata de una asimilación condicionada a quienes encajan con el modelo identitario dominante, mientras se excluye a quienes son percibidos como diferentes. 

Ese discurso de demonización del migrante se basa en una identidad española cerrada y excluyente, un nacionalismo identitario que proclama su esencia blanca y cristiana y además culturalmente tradicional. De ahí que la extrema derecha viene hablando de mitos como el riesgo de “sustitución étnica”, un término de clara connotación supremacista, o de la teoría del “Gran Reemplazo”, popularizada por el escritor francés Renaud Camus y defendida por políticos de extrema derecha como Éric Zemmour y el húngaro Orban. Su tesis es que hay un complot para cambiar nuestro modelo social, de blancos y cristianos, y que la población europea será paulatinamente sustituida por personas de origen no europeo, magrebíes y africanos y de religión islámica.

E insiste en lo que llaman un proceso de “remigración”, la expulsión de millones de extranjeros, concepto ideado por la extrema derecha alemana y asumido por Alternativa para Alemania (AfD), ligado a un concepto de pueblo con criterios étnicos. 

Es la propia idea de ciudadanía democrática la que está en juego, que se construye sobre el pluralismo social y político, abierta a la integración de ciudadanos de distinto origen étnico y religioso. 

En otros países europeos se han planteado posiciones y debates similares al que las derechas españolas nos han arrojado, debates que se relacionan íntimamente con la creación de una identidad europea común.

Así, el nacionalismo alemán también ha intentado imponer la cultura “nacional” como “cultura rectora”, que frente a turcos y sirios se vincula a la tradición judeo-cristiana, a la que deberían plegarse las personas migrantes. Ha sido Jürgen Habermas, probablemente el intelectual europeo vivo más importante, quien se ha opuesto con más claridad a estas posiciones, afirmando que “tenemos que superar la opinión de que los inmigrantes supuestamente deben asimilar los ”valores“ de la cultura mayoritaria y adoptar sus 'costumbres'”, entendiendo por el contrario que “no puede haber integración sin ampliación del propio horizonte, sin la disposición a abrirse a un espectro más amplio de olores e ideas”.

De ahí que se muestre a favor de lo que se llama “cultura constitucional”, es decir, el sometimiento a la Constitución y las leyes, con los valores que las sustentan, libertad, igualdad, derechos fundamentales. Llega a decir literalmente que lo que el Estado liberal debe exigir a sus inmigrantes consiste en “aprender el idioma del país y respetar los principios constitucionales”. En definitiva, ciudadanía democrática frente a “cultura nacional”.

En este sentido Habermas, un agnóstico que reconoce la importancia de la religión en la esfera pública, enfatiza en que hay que “respetar a los miembros de las culturas y comunidades religiosas extranjeras en su alteridad y, al mismo tiempo, implicarlos en la solidaridad cívica”, a la vez que sostiene que en las sociedades europeas secularizadas “se produce el encuentro con la vitalidad de las religiones extranjeras, que da una nueva resonancia a las confesiones autóctonas. Los inmigrantes de otras religiones son un estímulo para los creyentes, no menos que para los no creyentes.”

En definitiva, la batalla de la extrema derecha contra la inmigración, a la que se ha sumado el PP, es contra los valores fundacionales de la Unión Europea, que son los valores ilustrados, la igual dignidad de todas las personas cualquiera que sea su origen y procedencia y el respeto y garantía de sus derechos fundamentales, de todos, también de los migrantes.  

La democracia española necesita oponerse y movilizarse, promoviendo una batalla cultural contra la xenofobia y el odio al migrante, frente a su deshumanización y su criminalización, en base al humanismo cuyo fundamento es la dignidad igual de las personas. Porque los inmigrantes no son una amenaza para la cohesión social de nuestros países ni para nuestras economías, sino como decía la canciller Merkel, una oportunidad, y para nuestro país también una necesidad para el presente y el futuro de nuestro estado de bienestar. 

Hace unos días Felipe González hizo unas duras declaraciones a Onda Cero en las que arremetió de nuevo contra la amnistía y contra Pedro Sánchez, reclamando un adelanto electoral y llegando a afirmar que no votará al PSOE si lo encabeza alguien que haya estado vinculado a la propuesta de amnistía.

Sus afirmaciones han causado sorpresa, sobre todo la de que no votará al Partido Socialista si lo encabeza Pedro Sánchez, aunque creo que es el desenlace final de una deriva que viene ya de lejos. Recordemos que Felipe ha criticado muy duramente, incluso con inquina, tanto a Zapatero como a Sánchez, los dos dirigentes del PSOE que en los últimos veinte años han sido presidentes del Gobierno de España, de manera que, salvo el período de Rubalcaba como secretario general, todo lo hecho por los socialistas desde principios de este siglo le ha generado un profundo rechazo.

No seré yo quien niegue el derecho de los afiliados a criticar a la dirección, derecho que hay que respetar tanto si es Felipe González como cualquier otro militante, pues el partido socialista es un partido democrático y plural, pero creo sinceramente que esas opiniones son profundamente contradictorias con mucho de lo hecho por el propio Felipe en su vida política. Veamos algunas de ellas.

Ante todo, la amnistía. Siempre sostuvo que la amnistía del procés no cabía en la Constitución y ahora insiste en que va contra el Estado de Derecho, que es una “autoamnistía”, que no es un perdón, sino “pedirles perdón por la barrabasada que han hecho” a los responsables del procés, y que es “un acto de corrupción política”.

Conviene recordar que en octubre de 1977 se aprobó la Ley de Amnistía, paso previo a la Constitución de 1978, que buscó superar el largo periodo de la dictadura franquista promoviendo la reconciliación de todos los españoles, para lo que se amnistió incluso a terroristas y a franquistas que habían cometido delitos de sangre y represores de las libertades. Esa ley tuvo el apoyo entusiasta de Felipe González y todo el grupo socialista y en ningún caso se consideró una autoamnistía, ni supuso la legitimación del golpe militar y de la Dictadura, ni eliminar el carácter delictivo de las conductas amnistiadas, ni que los demócratas pidieran perdón a los etarras o a los autores de crímenes del franquismo, sino únicamente anular los efectos de sus acciones con una finalidad de normalizar la vida política democrática.

Si ahora Felipe dice lo contrario de lo que apoyó entonces, cuando se trata también de una ley “para la normalización institucional, política y social en Cataluña”, es simplemente porque desde hace mucho tiempo está en desacuerdo con las grandes opciones de la política que lleva a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. Siempre estuvo en contra del pacto con otras fuerzas de la izquierda con apoyo de partidos nacionalistas e independentistas, prefiriendo una suerte de gran coalición con el PP –recordemos que ya en 1993 prefirió pactar con Pujol antes que con Izquierda Unida, y que ya anteriormente tuvo fuertes confrontaciones con los sindicatos UGT y CCOO–. E igualmente no ha compartido la política sobre Cataluña, en una inclinación progresiva hacia el nacionalismo españolista que le lleva en el tema de la amnistía a coincidir con las posturas más recalcitrantes del PP.

Igualmente debería Felipe ser más prudente al hablar de corrupción, más aún de corrupción política. Yo era diputado en la legislatura 1993-1996, cuando su gobierno estaba plagado de casos de corrupción (Filesa, Roldán, Mariano Rubio, Juan Guerra, los GAL, Perote), que tuvieron como consecuencia el triunfo electoral de la derecha.

Pero lo que más sorprende (¿o quizás ya no?) es que manifieste que si encabeza la lista alguien vinculado con la amnistía, obviamente Pedro Sánchez, no votaría al PSOE, absteniéndose. Cuando él era secretario general del partido y presidente del Gobierno muchos discrepamos de algunas de sus políticas. Su cambio en relación con la OTAN, su deriva socio-liberal con privatizaciones y desregulación laboral, su confrontación con los sindicatos, la actitud con los responsables del GAL y otras cuestiones fueron criticadas desde Izquierda Socialista y otros sectores del socialismo, generando importantes debates en los Congresos y Comités Federales. Sin embargo, nunca ninguno de nosotros dejó de apoyar públicamente la candidatura que él encabezaba. La pluralidad y la crítica eran necesariamente compatibles con la lealtad a las siglas y a los dirigentes. Cuando Felipe González dice públicamente que no votará al PSOE si el que se presenta es su actual secretario general, está llamando al disenso, a la abstención, a que no se vote al socialismo. Lo veo como una deslealtad con su historia y con el partido que le apoyó durante tanto tiempo.

Termino con una confesión. Las declaraciones y la actitud de Felipe González me producen cierto pesar. Quizás por mi larga vinculación con la tradición del socialismo democrático y mi interés por los 143 años de historia del PSOE, no puedo obviar que Felipe fue su secretario general durante 19 años y en su nombre presidió el Gobierno durante 14 de ellos. La ruptura o, al menos, su desvinculación con lo que actualmente es esa historia, el partido socialista, sus militantes y sus dirigentes generan sin duda rechazo en la mayoría, pero también, repito, decepción y pesar.

La aparición de la llamada “guerra de aranceles” promovida por Trump no puede ni debe ocultar el debate militarista que se ha abierto en Europa. el del rearme.  Hace unas semanas la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, anunció el programa de ReArmEuropa, que pretende movilizar 800.000 millones de euros para aumentar el gasto militar, de los que 650.000 deberían ser invertidos por los Estados incrementando su gasto en defensa.  Poco más tarde declaró que Europa estaría preparada para la guerra en 2030, siendo el colofón de este discurso la petición de una de sus  comisarias de que la ciudadanía europea estuviera preparada con un “kit de supervivencia” como estrategia de supervivencia ante el riesgo de guerras. 

En seguimiento de ese programa distintos gobiernos europeos están anunciando incrementos de sus gastos en defensa, algunos desorbitantes. Y en días recientes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha manifestado en contra de hablar de rearme, ha anunciado un plan de 10.471 millones para seguridad a fin de cumplir en 2025 “el objetivo del 2% del PIB en gasto en defensa”.

No cabe obviar que las tensiones en la relación transatlántica con Trump con abandono de Europa por parte de Estados Unidos, la agresión de Putin a un estado soberano como es Ucrania, el genocidio de Gaza sin respuesta de la UE, el entendimiento entre ambos autócratas para el reparto de Ucrania y de zonas de influencia y el auge de movimientos ultranacionalistas en Europa suponen un grave desafío para los europeos. Tampoco cabe ignorar que en algunos países del Este de Europa hay un sentimiento más o menos  extendido de riesgo y amenaza ante una posible invasión por parte de Putin, que ha llevado a sociedades otrora partidarias de la neutralidad a entrar en la OTAN como vía de garantizarse frente al riesgo de agresión. 

Pero la propuesta de rearme de Von der Leyen no va a resolver ese riesgo, más bien en algunos aspectos va a generar otros riesgos, suscitando al menos tres objeciones de fondo.

La primera es que estamos ante la militarización del discurso público, que está pretendiendo introducir de nuevo en las sociedades europeas la idea de la inevitabilidad de la guerra, o más bien que para evitar la guerra los Estados tienen que armarse, el si vis pacem para bellum, un discurso en el que el eje central no es hablar de paz, sino de guerra, de prepararse para la guerra, de disuasión frente a las amenazas.  Quedan relegados los valores de paz, democracia y derechos humanos en los que se fundamenta la propia UE, que se creó para la paz tras dos guerras mundiales y millones de muertos en su territorio, con el objetivo de que tal horror no se volviera a repetir.  

La militarización de las conciencias mediante el miedo y la inseguridad va en contra del fomento de la cultura de paz, en la que son elementos centrales la diplomacia, la resolución pacífica de los conflictos, la construcción de relaciones basadas en la cooperación, la confianza entre individuos, comunidades y naciones y el multilateralismo, con el fortalecimiento de las organizaciones internacionales. 

La segunda objeción deriva de que lo que se propone es rearmar a los Estados, incrementar el gasto militar de cada país, en un proceso de renacionalización militarista, pero no de fortalecimiento de la UE.  Parece haber un consenso en que si Europa ha dejado de estar bajo el paraguas de Estados Unidos y ha de garantizar su independencia de éste último -según expresión de Merz, próximo canciller alemán-, la UE ha de avanzar en su autonomía estratégica, en su fortalecimiento en este caso en seguridad y defensa. Pero el plan de Von der Leyer no va por ahí, sino por el rearme de las naciones, cuyos riesgos ya señaló Habermas en un reciente artículo en El País, singularmente en relación con Alemania. Recordemos que ésta ha anunciado un plan extraordinario de inversión en defensa de cien mil millones de euros.

Múltiples analistas están señalando cómo esa vía no conduce a la autonomía de la UE, sino al fortalecimiento de los Estados y de sus nacionalismos. Profundizar en la autonomía estratégica implica dar un paso adelante en la integración europea, en su autonomía política, en dotarse de un poder político europeo que pueda adoptar decisiones también en el campo de la seguridad y defensa, un avance sustancial en la Europa de la defensa en lo que bien podría llamarse federalismo militar. Significa coordinar o incluso unificar fuerzas de los veintisiete, o de los países que lo quieran, con estado mayor, estructuras militares y logística únicas, además de romper la dependencia tecnológica de Estados Unidos con una industria militar europea. 

Pero esto exige una modificación de los tratados para posibilitar una mayor cesión de soberanía a la UE, o de no haber unanimidad por una ultraderecha que no cree en Europa, un nuevo tratado paralelo que se vinculara con la UE.  

Una opción de esta naturaleza no tendría por qué conllevar un mayor gasto en defensa de cada país, sino a lo sumo un presupuesto común de la propia UE a través de mutualización de deuda para una fuerza militar europea de carácter disuasorio. Pero su única justificación está, como señala Habermas en su 'Llamamiento a Europa', en “que se dé un paso adelante en la integración europea”. Caso contrario, no avanzaremos en fortalecer la UE, sino los Estados, que tenderán a actuar en función de criterios nacionales y que conllevará recortes sociales. En España el presidente del Gobierno ha presentado su plan de seguridad –no sólo de defensa militar– con el compromiso de que no implicará recortes sociales ni aumento de impuestos, pero en otros países europeos ya se vienen anunciando recortes en gasto social y cooperación, como en Reino Unido, Alemania, Suecia y Finlandia.

Hay una tercera objeción que oponer a la propuesta de rearme de la Comisión Europea: que con la disuasión no se construye un futuro de paz. Se habla de guerra para evitarla mediante la disuasión militar, pero no de paz para construirla. Hace cuarenta años vivíamos una época de confrontación entre dos bloques militares y occidente optó por la disuasión a través de la OTAN. En ese contexto Olof Palme desarrolló su doctrina de la seguridad colectiva o seguridad compartida en un discurso pronunciado en la Conferencia de Estocolmo de enero de 1984 bajo el título de “Romper con el concepto de disuasión”.

Señalaba Palme que “se podrá argüir que la disuasión ha desempeñado su papel en el mantenimiento de la paz en nuestro continente”, pero también que “no puede constituir una base duradera para la paz, la estabilidad y la equidad de la comunidad internacional”. Por el contrario, defendía la seguridad compartida, “un intento de formular esta aspiración de seguridad de una forma diferente y más duradera que toma en cuenta las legítimas exigencias de seguridad de cada nación”, reduciendo de forma gradual y eventualmente suprimiendo la amenaza mutua y deteniendo la carrera armamentista mediante la confianza mutua, también con medios no militares, en los planos político, económico, social y psicológico.

¿Qué hacer como pacifistas? El movimiento pacifista cree que hay alternativas para avanzar hacia la paz que no son la escalada militarista. Nunca ha sido proclive a la disuasión y la amenaza militar, que incrementa la tensión entre bloques o entre países, sino a favor de la distensión, de la seguridad compartida para toda Europa incluyendo a Rusia, seguridad desde el Atlántico hasta los Urales, también para Ucrania, aunque ésta lógicamente fuera de la OTAN. 

Es necesario reconstruir el movimiento pacifista europeo, lo que en su momento fue la END, bajo los objetivos señalados: autonomía estratégica de la UE, federalismo militar europeo frente al rearme nacional, política de solidaridad compartida frente a disuasión, primacía de la  diplomacia y la construcción de relaciones basadas en el multilateralismo, la cooperación y la confianza entre los Estados potenciando la OSCE, y educación para la paz como instrumento fundamental en nuestras sociedades.

En el reciente Congreso del PSOE de Madrid, Salvador Illa tuvo una importante intervención política e ideológica, en la que incluyó un “consejo” a Feijóo: “Más Merkel y menos Abascal”. Todo un aviso en profundidad sobre dos de los temas claves hoy en la política europea y española, las relaciones con la extrema derecha y el problema de la migración.

Me ha venido esta frase a la memoria, por una parte, tras el golpe de mesa de Merkel de advertencia a la CDU, y, por otro lado, al ver el aquelarre de la internacional reaccionaria en Madrid del último fin de semana.

En efecto, la semana anterior se había producido la intervención de Merkel en el debate alemán, y en sus elecciones, advirtiendo a la CDU y a su actual líder, Merz, que no debía pactar con la extrema derecha de AfD y que en relación con la migración tuvieran una posición prudente basada en el Derecho europeo, no impidiendo la entrada en Alemania de los demandantes de asilo, como planteaba Merz con el apoyo de la ultraderecha.

La democracia cristiana alemana ha venido defendiendo de forma permanente a iniciativa en su momento de la propia Merkel mantener un cordón sanitario contra la extrema derecha, de forma que no aceptarían su apoyo para ganar votaciones ni siquiera “por casualidad”. Pero el actual candidato, Merz, ha vulnerado esa posición aceptando votar una moción contra la inmigración y el asilo con los votos de la AfD, lo que hizo saltar a Merkel, enfurecida por lo que podía significar el final del cordón sanitario a los ultras —en plenos fastos por el 80º aniversario de Auschwitz, nada menos—, y contra todo pronóstico propició que en la siguiente votación de una proposición de ley sobre el mismo tema rompieran la disciplina 12 diputados de la CDU, además de más de una veintena de los liberales, frenando la iniciativa legislativa.

En España el PP de Feijóo, teóricamente partido hermano de la CDU, viene manteniendo una política completamente opuesta. Su actitud de dureza contra el gobierno de coalición progresista le ha llevado a pactar gobiernos de coalición con Vox en diversas comunidades autónomas, que luego rompió unilateralmente Vox, y a cifrar su expectativa de ganar las elecciones generales y gobernar España sumando a los herederos del franquismo. Incluso asumiendo elementos del discurso político de VOX, de manera muy clara en materia de migración. Mientras que en la UE la presidenta von der Leyen, también democristiana de la CDU, y el Partido Popular Europeo mantienen el entendimiento con liberales y socialdemócratas oponiéndose a pactar con las diferentes extremas derechas europeas, que buscan acabar con el proyecto europeo, Feijóo lo hace con Vox, cuyo líder Abascal preside Patriots, una de las fuerzas extremistas de la UE que tienen como referente a Trump y a Milei. 

Esta contradicción muestra claramente la debilidad ideológica de Feijóo y del actual PP, en el que los elementos más extremistas, como Ayuso, marcan la agenda con discursos radicales que lo alejan de la tradición de la derecha europea que participó de modo fundamental en la construcción de Europa y de sus instituciones después de la Segunda Guerra Mundial, fuerzas que en su matriz más profunda no olvidan y condenan los horrores del nazismo y del fascismo. Lo que tampoco está en el ideario del PP, que sigue sin querer celebrar el fin del franquismo y se opone frontalmente a la memoria democrática.

Pero me quiero referir más directamente al tema de la migración. Conviene recordar que fue la entonces Canciller Merkel la que con ocasión de la crisis migratoria siria en el año 2015, originada por la entrada masiva en la UE de más de un millón de refugiados de ese país, lanzó un mensaje a favor de su acogida e integración, lo que según afirmaba entrañaba más oportunidades que riesgos, proponiendo un reparto por cuotas entre los distintos Estados. Pero la oposición inicial de Hungría y Polonia, a la que se unieron otros países, lo hizo imposible. 

Ahora los conservadores alemanes se intentaron apoyar en los ultras de AfD para endurecer la política migratoria y hacer aún más difícil el derecho al asilo, que aun formando parte del Derecho europeo, está en peligro de extinción en esa Europa que presume tanto de valores, y Merkel vuelve a recordarles sus  principios democristianos. 

A la vez la cumbre ultraderechista de Patriots, en Madrid, ha radicalizado aún más el discurso contra la migración, reclamando el blindaje de las fronteras europeas frente a la inmigración y la externalización de los solicitantes de asilo en terceros países, como hace Italia con Albania, aplaudiendo a Salvini por haber obstaculizado que desembarcara a migrantes rescatados por el Open Arms, e insistiendo en la expulsión de todos los migrantes irregulares y su identificación con la delincuencia. Sin duda un discurso xenófobo similar al que viene aplicando ya Trump, “compañero de armas” de los reunidos, como ellos mismos afirmaron.

Ese discurso de demonización del migrante se basa en una visión cerrada de la condición europea, y de cada país, en un nacionalismo identitario que proclama su esencia blanca, cristiana y culturalmente tradicional. De ahí que la extrema derecha viene hablando de mitos como el riesgo de “sustitución étnica”, un término brutal de clara connotación supremacista de la que hizo mención el ministro italiano de agricultura, precisamente cuñado de Meloni, o de la teoría del “Gran Reemplazo” defendida por políticos de extrema derecha como Éric Zemmour y apoyada ahora en Madrid por el propio Orban. Su tesis es que hay que evitar la llegada masiva de migrantes porque vienen a cambiar nuestro modelo social, de blancos y cristianos, y que la población europea será paulatinamente sustituida por personas de origen no europeo, árabes y africanos, y de religión islámica, lo que en muchos lugares como USA alcanza también a los latinos. Para todos ellos la interculturalidad un estigma a rechazar. 

Pero en esta reunión de la ultraderecha se ha dado una vuelta más de tuerca cuando se ha hecho referencia a lo que consideran el modelo de la “Reconquista”, alabando a España por haber sido la primera en expulsar al Islam de suelo europeo, intentando vestir sus proclamas reaccionarias bajo una teórica concepción cristiana, aunque no se sabe bien a qué cristianismo se refieren, pues es claro que están en las antípodas del Papa Francisco. Pretenden llevarnos de vuelta a la edad media, a las cruzadas y las guerras de religión, aunque alguien debería avisar a Abascal que no se entere su amigo Netanyahu, porque la Reconquista terminó con la expulsión masiva de los judíos de la Península Ibérica. 

¿En qué posición está el PP español? Por lo que en los últimos tiempos manifiestan y  practican, mucho más cerca de la ultraderecha que de Merkel. Los dirigentes del PP se han lanzado a una campaña de utilización del hecho migratorio contra el Gobierno, y contra los propios migrantes, de efectos muy graves. La insistente vinculación de los migrantes con la inseguridad y la delincuencia, o con la condición de “okupas”, o de que nos quitan los empleos o las prestaciones públicas a los españoles (según el Banco de España necesitamos entre 200 y 250 mil trabajadores migrantes nuevos cada año hasta el 2050 para que el estado de bienestar sea sostenible), son afirmaciones desmentidas por los datos. Su propuesta  de llevar la armada para hacer frente a los cayucos, o la tesis tan cara a la extrema derecha de que los migrantes y los refugiados son una invasión, una “amenaza” para la seguridad nacional, y no una oportunidad como decía Merkel, rozan lo esperpéntico. Y no digamos su obstinada  negativa a apoyar que los niños y niñas sin familias que están en Canarias y Ceuta puedan ser distribuidos entre todas las Comunidades Autónomas. 

Como recordó Salvador Illa, España, y también Europa, necesitaría que el PP se alineara con la posición de Merkel y no con la de Abascal. Porque la batalla de la extrema derecha contra la inmigración es una batalla contra los valores fundacionales de la Unión Europea que son los valores ilustrados, la igual dignidad de todas las personas cualquiera que sea su origen y procedencia y el respeto y garantía de sus derechos fundamentales, de todos, también de los migrantes.  Y es también una negación de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama en su artículo 1º que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Para la reacción, ni igualdad de dignidad ni de derechos de las personas migrantes, ni comportamiento fraternal. ¿Con quién está el PP español?

La Europa ilustrada necesita oponerse y movilizarse, promoviendo una batalla cultural contra la xenofobia y el odio al migrante, frente a su deshumanización y su criminalización, unidos en base a un humanismo compartido, llámesele humanismo socialista o humanismo cristiano, o sin apelativos, cuyo fundamento es la dignidad igual de las personas.  Porque los inmigrantes no son una amenaza para la cohesión social de nuestros países ni para nuestras economías, sino más bien una necesidad para el presente y el futuro de nuestro estado de bienestar. 

Acaba de clausurarse el 41 Congreso del PSOE, una convención que empezó con el objetivo de resistencia frente al acoso judicial y terminó con un importante discurso del Secretario General con un llamamiento a la movilización y al futuro, presentando un proyecto de país con cuatro grandes retos a abordar y destacando el papel del socialismo español en Europa.  

Hubo, además, junto a otras varias intervenciones, otros dos grandes discursos precisamente de los líderes de UGT y de CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo respectivamente. Este último llevó a cabo un espléndido análisis ideológico de la situación de España y de Europa, con el avance del autoritarismo y la necesidad de que los socialistas seamos los que lideremos la resistencia y el avance en derechos civiles y sociales, mientras que Pepe Álvarez recordó los logros de la legislatura debidos al diálogo social y sobre todo a la relación entre Gobierno y sindicatos de clase. Ambos coincidieron en señalar que el acoso al Gobierno por tantos frentes viene porque lo que está haciendo es mejorar intensamente la vida de las personas, a la vez que grava a las grandes fortunas y sobre todo a la banca y energéticas. Que nadie piense, señalaron, que cuando se hace política de izquierdas los poderes reales, el capital, va a estarse quieto ante tales políticas.

Pero el Congreso tuvo un punto débil: la ausencia de debate. Y aunque el Art.21.1.b) de los Estatutos establece con claridad que una de las “principales” funciones del Congreso es que “debate y juzga la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal”, como históricamente se ha hecho en todos los Congresos del PSOE -salvo en el anterior Congreso de Valencia-,   se ha incumplido manifiestamente. Más aún como fue público y notorio, cuando Isabel Andaluz, una de las actuales portavoces a nivel federal de Izquierda Socialista, solicitó intervenir en ese punto, el presidente del Congreso la cortó y dijo que tomaba nota, pero no le dio la palabra, impidiendo su intervención y proclamando la aprobación por consenso de la gestión. Sin debate alguno.

Por eso quisiera exponer aquí como delegado al Congreso cuál hubiera sido mi intervención en este punto del debate sobre la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal, la valoración global de la política del partido de estos años, con sus luces y sus sombras, alguna importante y que es necesario resaltar.

Las luces, los activos han sido muchos, que me llevan a compartir las líneas y actuaciones más importantes de esa gestión. Quiero señalar al menos los siguientes puntos.

El primero, la orientación del Gobierno, la decisión de pactar con otras fuerzas de la izquierda política, con el apoyo de otras fuerzas nacionalistas o incluso independentistas, y con fuerte vinculación con los sindicatos de clase. Desde Izquierda Socialista siempre hemos defendido, ante la posibilidad de que el PSOE no tuviera mayoría suficiente para gobernar solo, una estrategia orientada principalmente a la unidad de acción con la izquierda. No se olvide que hubo una parte del PSOE, significativa aunque minoritaria y encabezada por Felipe González, que proponía una gran coalición, bien de gobierno bien parlamentaria. Lo que ya hizo él en 1993 cuando pactó con CiU para no hacerlo con IU. Ahora Pedro Sánchez ha optado por pactar con la izquierda un Gobierno de progreso, que apoyo con convicción.

Un segundo  punto es el de las políticas laborales y al servicio de los trabajadores que este Gobierno ha venido desarrollando. Desde la reforma laboral para incrementar la estabilidad en el empleo y reducir la temporalidad, tan exitosa; la subida del SMI, que desmiente el bulo liberal de que afectaría negativamente al empleo; la creación del Ingreso Mínimo Vital; hasta la subida de las pensiones con el IPC. Esta línea debe continuarse esta legislatura con otras mejoras, entre ellas seguir subiendo el SMI, la indemnización del despido y la participación de los trabajadores en la empresa –la cogestión– y en sus beneficios. Y hay que insistir en que los socialistas no podemos dejarnos arrebatar por otras fuerzas estas políticas, como si nos las hubieran tenido que arrancar casi a la fuerza. 

Junto a ello, la política de lucha contra el cambio climático y por una transición justa, que ha liderado en España y en la UE Teresa Ribera, junto a la reindustrialización sobre la base de fondos europeos, 

Y la política de memoria democrática, tan importante para hacer frente a la batalla cultural de la derecha franquista y recuperar los valores republicanos.

Hay que resaltar por su enorme trascendencia la política sobre Cataluña, una estrategia de desjudicialización y de diálogo político, con indultos, modificaciones en el Código Penal, amnistía a los intervinientes en el procès y la búsqueda de acuerdos con ERC y Junts, que está dando ya resultados muy positivos, no sólo por el gran triunfo del PSC con la investidura de Salvador Illa,  sino porque el conflicto ha empezado a apaciguarse con una disminución muy significativa del sentimiento independentista y el incremento de los que sienten la doble identidad de catalanes y españoles. Debemos seguir defendiendo el federalismo como proyecto de pais.

Y finalmente, hay que poner también en valor el liderazgo del socialismo español de Europa, así como el de Pedro Sánchez en su posición a favor de la paz y del del pueblo palestino frente a lo que cada día parece más claro un genocidio israelí.

Pero junto a estas luces, las sombras de la gestión. En primer lugar en materia de vivienda. Los precios de compra y de alquiler son hoy inasumibles para una parte importante de la población, sobre todo para los jóvenes y su proyecto de emancipación, de ahí que el Gobierno se haya comprometido en una política de vivienda que haga frente a este grave problema, hasta ahora con escasos resultados. En el año 2023 se aprobó la primera Ley de Vivienda en España, con dos objetivos centrales: la limitación del incremento de las rentas de alquiler mediante la técnica de las zonas tensionadas, y la promoción de un amplio parque de viviendas públicas para alquiler, en la línea de las ciudades más equilibradas de Europa. Sin embargo, al pivotar sobre las Comunidades Autónomas, la mayoría de éstas gobernadas por el PP se han negado a aplicarla, defendiendo como siempre la libertad de especulación en perjuicio de la mayoría social. Únicamente en Cataluña, con ERC y el PSC, y en el País Vasco por la acción del PSE, se viene aplicando y aún limitadamente.

Parece necesario dar más competencias en ambas materias a los Ayuntamientos, al menos a los medianos y grandes, para que en ciertas condiciones puedan declarar zonas tensionadas y constituir parques públicos de viviendas para alquiler.  En este sentido el anuncio hecho por Pedro Sánchez en el propio Congreso sobre la creación de una empresa pública de vivienda, para promover miles de ellas para el alquiler, es una importante noticia para empezar a desbloquear la situación actual y dar un verdadero empuje a esta política de la izquierda, clave en los próximos años.

Una segunda cuestión tiene que ver con el Sahara y el giro dado por el Gobierno, renunciando a la posición histórica de defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Y lo mismo la reciente entrega de saharauis a Marruecos. Lo peor es que se ha hecho sin explicación plausible alguna, salvo la interpretación de que es una concesión al chantaje permanente del rey de Marruecos.

Por último, habría hablado y criticado las limitaciones a la democracia interna y a la participación de los militantes. Buena prueba de ello es esta negativa a debatir la gestión en el Congreso, vulnerando un principio democrático básico y un artículo clave de nuestros Estatutos. ¿Por qué se rechaza el debate? No sé si es una posición generalizada en la dirección del Partido o sólo de unos pocos que quieren cubrir al líder no sé exactamente de qué. La forma en que se aplica el sistema de primarias, por el que con un único candidato/a no se vota, nadie vota, lleva a un proceso de concentración de poder en el líder, por cuanto su legitimación lo sitúa en un plano superior a los Congresos, sin que se generen los contrapesos necesarios, fundamentalmente el debate, y minimizando el papel de las corrientes de opinión, a las que apenas se deja hablar. 

En este Congreso defendí enmiendas para que aún con un candidato se votara. No prosperó, con el argumento de que podría ir poca gente a votar y se interpretaría como de poco apoyo al candidato/a. Pero si no hay voto, no hace falta campaña, ni explicación de posiciones. Miedo a la democracia. 

Y lo mismo en cuanto a la relación entre partido y Gobierno. Tengo muy claro que el partido tiene que apoyar al Gobierno y defender sus políticas, pero también controlarle. Sin embargo, como vemos en la práctica, ocurre lo contrario. Incluso en este Congreso se ha elegido para secretarías de muchas áreas importantes a los propios ministros y ministras del ramo, lo que implica que la posición del Partido la fija el Gobierno y no al contrario, ni siquiera con posibilidad de que haya una influencia mutua.

La valoración final de mi intervención en la crítica a la gestión hubiera sido positiva, pero sin ocultar lo que considero sombras que deben ser alumbradas.

El acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como Presidente de la Generalidad de Cataluña ha generado el rechazo  de las derechas, pero también un debate entre los socialistas, habiéndolo criticado algunos y sin tener claro su alcance y sentido otros muchos. 

Pero tanto el resultado de las elecciones catalanas con el gran triunfo del PSC con la investidura de Illa como los acuerdos alcanzados con ERC y los Comunes hay que entenderlos como parte de la estrategia del PSOE y del Gobierno para superar el conflicto del procès, el más grave problema de la democracia española de las últimas décadas, para convencer a una mayoría amplia de ciudadanos de Cataluña de que es posible y positivo sentir la doble identidad de catalanes y españoles y para avanzar en un nuevo encaje de Cataluña en España. Vivimos en una época de memoria corta y ya no nos acordamos, o eso pretendemos, de lo ocurrido entre 2015 y 2017 en Cataluña, incluso desde 2012, cómo se desencadenó un proceso independentista con declaración incluida del Parlamento catalán y cómo evolucionó hacia el independentismo una parte muy importante y muy activa de la ciudadanía catalana. 

Y todo ello como respuesta a las políticas del PP, a las mesas organizadas por Rajoy contra el Estatut, que lo eran en el imaginario españolista contra la propia Cataluña, a la sentencia del Tribunal Constitucional recortando aspectos sustanciales y simbólicos de aquél, política del PP que tuvo como respuesta final la judicialización del conflicto sin salida política alguna, con afirmaciones de muchos de sus dirigentes de aplicar “un 155 permanente”. 

El PSOE apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para parar la declaración unilateral de independencia, pero tuvo claro desde el inicio que el conflicto no era judicial, penal, sino claramente político, como lo había sido en otras épocas el siglo XX, y que la solución que había que darle tenía que ver con la política, con el diálogo y el entendimiento, poniendo luces largas y no buscando soluciones de corto plazo, probablemente ineficaces. Siguiendo en este punto la  visión de Azaña, gran valedor en su momento de la autonomía de Cataluña, quien frente a la “conllevanza” de Ortega, afirmaba  que la cuestión de la identidad de Cataluña y su reivindicación era un problema político que el legislador debía abordar

Por eso, cuando a partir de 2018 los socialistas llegaron al Gobierno iniciaron una estrategia de desjudicialización y de diálogo político, con indultos, modificaciones en el Código Penal, amnistía a todos los intervinientes en el procès que hubieran tenido alguna consecuencia penal o de responsabilidad contable sin enriquecimiento personal, y la búsqueda de acuerdos con ERC y Junts, como los de investidura que implicaran a ambas fuerzas a la gobernación de España.

Esa política ya empieza a dar resultados, el conflicto ha empezado a apaciguarse, la tensión social en Cataluña ha disminuido de forma notoria y políticamente ahí está el excelente resultado electoral del PSC el pasado 23J, en que por primera vez en muchos años el independentismo ha perdido la mayoría absoluta en el Parlament. Por otra parte, las encuestas del CEO muestran una disminución muy significativa del sentimiento independentista, de forma que el apoyo a la independencia está en el nivel más bajo en una década, habiendo pasado del 49% al 41%, mientras que el no ha subido hasta el 51%, más de diez puntos por encima del sí. A la vez el número de personas que se sienten sólo catalanas ha disminuido del 29,1% al 18%, y si se mira a los jóvenes de 16 a 24 años, que hace una década se sentían solo catalanes en un 29,3%, ahora la cifra es del 11,4%. La política del Gobierno socialista, incluidos los pactos con ERC, está sin duda teniendo un efecto muy positivo para la convivencia entre catalanes y entre Cataluña y el resto de España.

Por otra parte es muy importante resaltar que la investidura de Salvador Illa se ha apoyado en un pacto con dos fuerzas de izquierdas, ERC y los Comunes, pivotando sobre el eje izquierda-derecha con ruptura de la unidad del independentismo.

Se trata de unos acuerdos que se basan en el diálogo y la negociación, que abren “la posibilidad de trazar un camino compartido de largo recorrido” y que buscan trabajar a favor de los intereses concretos de la gente, especialmente los servicios públicos y la vivienda. Pero a la vez profundizando en dos aspectos clave para los pactos que históricamente han promovido la normalización de Cataluña. 

El primero es el del reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña en el marco de la plurinacionalidad de España, cuestión en la que ha insistido Illa en sus discursos al hablar de la nación catalana. Nada nuevo, pues ésta es desde hace tiempo posición mayoritaria no sólo en el PSC sino entre los socialistas de toda España, a la que se refieren la Declaración de Granada de julio de 2013 y la Declaración de Barcelona de julio de 2017,  y el 39 Congreso al hablar del “carácter plurinacional” de España,  y todos ellos reiterando la propuesta de un modelo federal. Además, la concepción de “España nación de naciones” ha sido defendida por los más importantes dirigentes socialistas, desde Peces-Barba, Alfonso Guerra, Luis Gómez Llorente, Felipe González, Carme Chacón, Josep Borrell y el propio Pedro Sánchez, todos ellos bajo el principio de que la única nación soberana es España y de la garantía por el Estado de la igualdad de derechos de todos los españoles y españolas, cualquiera que sea el territorio en el que vivan.

La segunda cuestión es la mejora del autogobierno a través de un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, basado en una relación bilateral con el Estado que, sin embargo, tiene que pasar por la LOFCA, es decir, por la multilateralidad, y es “compatible con la participación en organismos multilaterales”.

Esta financiación singular tiene tres contenidos fundamentales. El primero, que será la Generalidad la que a través de la Agencia Tributaria de Cataluña gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, lo que de alguna manera ya está contemplado en el Art.204 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC); el segundo, que se aportará una cantidad al Estado para hacer frente a los servicios que éste presta en Cataluña, mediante un porcentaje; y por último, que habrá una participación a la solidaridad con las otras comunidades autónomas a fin de conseguir nivelar los servicios que se prestan a los ciudadanos de cada territorio, con dos límites, que las otras CCAA lleven a cabo “un esfuerzo fiscal también similar” y  con el límite del principio de ordinalidad.

Las derechas, y algunos cuadros del Partido Socialista, han salido en tromba contra esta propuesta, con interpretaciones interesadas, alegando que se trata de un concierto como el vasco y que rompe la igualdad entre los españoles, beneficiando a los ciudadanos de Cataluña en perjuicio de los demás. 

Desde luego, utilícese el lenguaje que se quiera, en ningún caso se trata de un concierto como el vasco o el convenio navarro. No sólo porque estos enraizan directamente con la Constitución, sino porque tienen un sistema de cupo o aportación al Estado por los servicios que presta en cada uno de esos territorios sin contribución alguna a la solidaridad interterritorial. Y además porque ambas comunidades autónomas tienen plena competencia normativa en materia tributaria, lo que no se plantea en el acuerdo PSC-ERC, en el que se habla “de un aumento sustancial de la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea”, es decir, nunca total, manteniendo el Estado en relación con Cataluña capacidad normativa tributaria, lo que por otra parte se deriva inexcusablemente del Art.133.1 CE.

Pero la crítica, que el PP levanta como bandera permanente, de que el acuerdo  rompe la igualdad entre los españoles beneficiando a Cataluña, confunde interesadamente dos cuestiones muy diferentes, la igualdad de competencias de unas comunidades con otras, y la igualdad de derechos y su garantía para todos los españoles. El acuerdo conlleva un incremento de competencias y facultades en el ámbito fiscal para Cataluña que no se contempla para todas las CCAA, aunque el Gobierno ha dicho que podría extenderse a otras, pero no implica necesariamente por sí mismo una desigualdad de derechos a favor de catalanes y catalanas, es decir, una mejor prestación para éstos de servicios públicos de educación, sanidad, dependencia, transporte, vivienda, etc. En absoluto. Eso dependerá de las cifras en que se concrete y cuantifique la aportación para la solidaridad entre territorios.

Pero el acuerdo sí supone un importante avance hacia un modelo tributario federal. Se diga lo que se diga, en un país como Alemania, modelo de Estado federal en el que mirarnos, los tributos los recaudan los landers y éstos luego aportan al Estado central lo que le corresponde. 

Pero en nuestro caso se trata de un federalismo asimétrico, como ya planteó Pascual Maragall, en que unas comunidades por sus hechos diferenciales históricos ejercen más competencias que otras, sin que ello suponga en ningún caso una desigualdad en los derechos de los ciudadanos. Esta asimetría está ya en la Constitución, que distingue entre nacionalidades y regiones y entre dos vías distintas de acceso al autogobierno, las de los artículos 151 y 143 CE, y más ampliamente está en las diferentes competencias atribuidas o asumidas por unas comunidades y no por otras. 

Se ha criticado también por las derechas que se pacte que la solidaridad interterritorial tiene como límite el principio de ordinalidad, que no significa que un territorio que se desarrolla económicamente no pueda superar en PIB a otro. Sino que implica que un territorio no supere en PIB a otro precisamente por el dinero que recibe de éste. Ese es su significado, que está recogido en el Art. 206.5 EAC y que validó la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Es un principio que el PSOE ha defendido en la Declaración de Granada de 2013, asumida expresamente  por la de Barcelona de 2017 y por el 40 Congreso de 2020. El propio PP, que ahora lo denigra, lo apoyó en su programa para las elecciones catalanas de 2012. 

Para las personas de izquierdas las dudas que pueden surgir del acuerdo tienen que ver con la ambigüedad o falta de concreción de las cifras a que se refiera la  contribución a la solidaridad interterritorial, sobre la que, por cierto, en ningún lugar del acuerdo se dice que tenga que estar necesariamente pactada  entre el Estado y la Generalidad. Aunque sí se insiste en que ha de ser transparente, conocida y reconocida. 

El nuevo modelo debe significar sin duda más financiación para Cataluña, pero sería grave que ese incremento fuera a costa de los demás territorios y, por tanto, un incremento de la desigualdad en renta individual y en servicios que se reciban. Como declaró el 40 Congreso del PSOE, “los y las socialistas queremos asegurar la igualdad de todos los españoles y españolas en el acceso a prestaciones básicas” del Estado de Bienestar, cuales son la  educación, sanidad, dependencia, vivienda, pensiones, garantía que corresponde al Estado para lo que ha de contar con los recursos públicos de la solidaridad interterritorial, dependiendo de las cifras en que se cuantifique la aportación para la solidaridad en este caso de Cataluña, y también de la aportación de más fondos estatales. 

El próximo Congreso del PSOE, a celebrar en el mes de noviembre próximo, será buena ocasión para seguir profundizando en el modelo federal para nuestro país, avanzar en la solidaridad interterritorial y ratificar que, como señaló Salvador Illa, este acuerdo PSC-ERC-Comunes no va contra ningún territorio sino al servicio del mejor encaje de Cataluña en España. 

Las recientes visitas de Milei a España –la primera, para participar en el acto de la extrema derecha europea y mundial, traído por Abascal, y la segunda, por Ayuso, en una especie de competición a ver cuál de los dos es más amigo de Milei, más ultraliberal, más de extrema derecha y puede vender mejor su coincidencia ideológica– han generado dos tipos de controversias. La primera, derivada del hecho de que un jefe de Estado desde una tribuna en España insulte al presidente del Gobierno de España y a su mujer, con la consecuencia que ha tenido en las relaciones entre ambos países. Pero la segunda, a la que creo se ha dado menos importancia, es la del discurso político que ha venido exponiendo, la ideología que lo sustenta, el modelo de sociedad que postula y defiende.

Además del acto organizado por Vox y toda la ultraderecha europea, y de la entrega de una medalla de Madrid por Ayuso, Milei intervino en otros foros, a alguno de los cuales asistió complaciente la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Uno para recibir el premio anual que concede el Instituto Juan de Mariana, un think tank ultraliberal que se atribuye como misión “dar a conocer las ideas de la libertad” y “la promoción de una sociedad abierta y una economía de mercado”.  Posteriormente acudió a Alemania, donde recibió otro premio de la Sociedad Hayek, que lleva el nombre del economista austriaco ultraliberal defensor del “orden espontáneo del mercado” que actúa como una “mente racional” que no debe ser importunada ni corregida por el Estado.

En todos ellos utilizó Milei un lenguaje directo y sin matices para decir lo que piensa: tras considerarse “un humilde divulgador de las ideas de la libertad”, y “un defensor del liberalismo”, proclamó que “la justicia social es aberrante”, “un monstruo horrible y empobrecedor” creado por los socialistas, que “es profundamente injusta, porque implica un robo, porque implica un trato desigual frente a la ley” y que los que están a su favor “en el fondo están siendo guiados por pasiones humanas de las más bajas, como la envidia, el odio y el resentimiento”. Sin obviar que en su opinión la justicia social “conduce a un modelo totalitario”. 

Además, reiteró sus ideas de que “el control de capitales es inmoral” o “los impuestos son un robo” y que la redistribución de la riqueza se basa en el “resentimiento” y la “envidia” de quienes menos tienen frente a los que están “ganando plata”, los empresarios y los emprendedores a los que considera los verdaderos “héroes” que benefician a la sociedad con su éxito económico, “aunque ello implique inevitablemente aumentar la desigualdad.”

Como complemento de lo anterior no dejó de hablar contra los sindicatos, contra las políticas de igualdad hombre-mujer o contra el aborto, mostrando así una relación entre un capitalismo descarnado que abandona al pobre a la suerte del mercado y el conservadurismo moral más retrógrado.

Estas ideas no son nuevas. Además de Abascal, aquí en España, en Madrid, las viene repitiendo machaconamente Isabel Díaz Ayuso, quien recientemente también había arremetido contra “la justicia social, un invento de la izquierda para promover el rencor” y castigar a la “gente de bien”, insistiendo en que sólo promueve “la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables”.

Hay quien ha tildado estas ideas como anarcocapitalismo, como el propio Milei, o como capitalismo libertario, sin duda un capitalismo brutal, sin un mínimo de sensibilidad por esa mayoría social que vive en condiciones laborales de dependencia y muchos de ellos en la pobreza. 

Pero lo que quiero resaltar es que sus autores, Milei, Ayuso, E. Aguirre, se proclaman liberales, defensores de la libertad, partícipes de la tradición liberal. Pero, ¿es así? ¿De qué libertad hablan? Desde luego no de la libertad de todos, sino únicamente de los poderosos, del capital –como insiste Milei–, de aquéllos que tienen la capacidad patrimonial de invertir y de beneficiarse de su éxito económico, pero no de la libertad de la inmensa mayoría, de los trabajadores y trabajadoras, las capas medias de la sociedad que, en el lenguaje del viejo Marx, sólo tienen su capacidad y la venta de su fuerza de trabajo y que necesitan del Estado. 

A todos ellos Milei los deja al albur de un mercado sin Estado. Ya lo vimos en Ayuso durante la pandemia cuando, sin sensibilidad alguna por las víctimas, dejó morir del covid sin asistencia médica a 7.218 ancianos que no tenían seguro privado, al impedir que fueran trasladados a un hospital público “porque se iban a morir igual”. Que hubieran comprado servicios médicos en el mercado, porque el Estado no se iba a  hacer cargo de ellos.

La tradición liberal

Tal planteamiento es en mi opinión profundamente contrario a la tradición liberal española y europea del siglo XX, a la mejor tradición del liberalismo político. Desde luego es muy lejana al pensamiento liberal de nuestro país,  a Ortega, Marañón, Madariaga o Julián Marías. Este último publicó un libro llamado “La justicia social y otras justicias” en el que afirmaba que la justicia social “es algo indiscutido; todo el mundo la pide; nadie la niega, menos se atrevería a oponerse a ella”, concluyendo que “bastaría que un partido político, un grupo un gobernante, declarase ser adversario de la justicia social para que automáticamente quedase descalificado”. Desde luego Marías no conoció, ni siquiera los previó, a estos nuevos enemigos de la justicia social.

Pero las ideas de Milei y Ayuso están también muy lejanas de los grandes pensadores liberales europeos del siglo XX, de Popper, de Aron, de Isaiah Berlin o de Darhendorf, por citar a los más importantes. Desde luego Karl Popper, el gran divulgador de la idea de la sociedad abierta frente a los totalitarismos, contradiciendo a F. Hayek se mostró partidario del welfare state, de un estado de bienestar que haga frente a algunos  problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y la discriminación y, en definitiva, que asuma activamente los objetivos de bienestar para la sociedad.

Más claro es aun Raymond Aron. En su famoso libro 'Ensayo sobre las libertades' desarrolla la distinción entre “los derechos políticos que son libertades y los derechos sociales que son capacidades”, de donde concluye que la democracia liberal necesita de una economía mixta y del welfare state,  de “organizaciones de seguridad social”, que le parecen “el mejor compromiso entre las diversas libertades que la sociedad moderna ambiciona dar a los hombres”. En su particular debate con Hayek y el concepto que éste tiene de libertad, Aron llega a  afirmar que la libertad concreta que sirve de modelo a Hayek es “manifiestamente, la libertad del empresario y del consumidor”, concluyendo que “ni el obrero de una cadena de producción ni el empleado de una vasta organización” son libres según el concepto de Hayek. 

Isaiah Berlin fue otro de los representantes relevantes del liberalismo europeo, que planteó en su obra 'Dos conceptos de libertad' la distinción entre libertad positiva y la negativa. Al referirse a esta última –entendida como la ausencia de obstáculos a la acción de los individuos– señaló que su perversión era “el laissez faire económico, por el que los propietarios estarían autorizados a destruir la vida de los niños en las minas” y los patronos de las fábricas a “quebrar  la salud y el carácter de los trabajadores  de la industria”. Para Berlin los fundamentos de la ética liberal son la igualdad de liberad, el kantiano no tratar a los demás como yo no querría que me trataran a mí y “justicia en su sentido más simple y universal”, lo que llamamos justicia social. Llega a decir, a mucha distancia de los Milei, Ayuso y compañía, que “la libertad no es el único fin del hombre” y que “si otros han de estar privados de ella –si mis hermanos han de seguir en la pobreza, en la miseria y en la esclavitud–, entonces no la quiero, la rechazo con mis dos manos y prefiero infinitamente compartir su futuro”.  

Por último, Ralf Dahrendorf, quizás la más grande figura liberal europea del siglo XX, que a sí mismo se denominaba liberal-erasmista y que durante toda su vida mantuvo un “compromiso apasionado e inquebrantable con la libertad individual”, como escribió en su obra 'Reflexiones sobre la revolución en Europa', siempre insistió en  lo que llamaba “el suelo común” de la sanidad, la vivienda y la  enseñanza, sin el cual los hombres y mujeres carecerían de igualdad de oportunidades en la vida, lo que para él  era un factor esencial para una versión madura y moderna del liberalismo (en 'La tarea futura del liberalismo. Una agenda política'), atribuyendo aquellas funciones al Estado.

En los inicios del presente siglo XXI el pensamiento liberal europeo ha continuado vinculando su concepción de la libertad con la justicia social. Así, la polaca Anne Applebaum o el inglés Timothy Garton Ash, un “internacionalista liberal” como se autodenomina, quien en su reciente  'Europa. Una historia personal' y ante la constatación de la desigualdad económica, social y cultural de nuestras sociedades, señala que “la igualdad es un componente esencial de cualquier ideología liberal digna de tal nombre”, que no significa sólo igualdad de derechos y de oportunidades, sino también “igualdad de respeto e interés” por todos los miembros de la sociedad.

He recogido esta larga referencia a los pensadores liberales europeos más relevantes para dejar constancia de que ni Milei, ni Ayuso, ni Abascal, ni Esperanza Aguirre pertenecen a la tradición liberal, ni siquiera a lo que M. Albert ha llamado “capitalismo renano”, sino que a lo sumo son ultracapitalistas, defensores de un modelo de capitalismo libertario –Milei dixit– que apuesta por la libertad del empresario y el emprendedor, dejando abandonados a la gran mayoría social. Algunos más suavemente los denominarían neoliberales, pero creo que incluso este término queda muy insuficiente para definir su pensamiento, hoy en la extrema derecha de nuestro mundo.

La tradición socialista

Yo no participo de esa tradición liberal, sino de la socialista, para la cual no hay verdadera libertad, libertad igual para todos, sin igualdad. El socialismo nació en el siglo XIX como una reacción política y ética contra la desigualdad de clases, que aún habiéndose hoy atemperado en gran medida en los países de occidente precisamente por la extensión del estado de bienestar, sigue generándose allí donde el capitalismo, libertario, neoliberal e incluso el renano, impera. 

En su conocido libro titulado 'Derecha e Izquierda' Norberto Bobbio afirma que “el criterio para distinguir la derecha de la izquierda es la diferente apreciación con respecto a la idea de igualdad”, de manera que los que se declaran de izquierdas dan mayor importancia en su actitud moral y en acción política a fomentar la igualdad, o a atenuar y reducir la desigualdad. 

Ya Fernando de los Ríos había escrito que “hablo de la libertad en un sentido distinto de cómo lo hace el capitalismo. Al capitalismo le interesa no la libertad de conciencia, que es la que a mí me interesa, sino la libertad económica” que propone que la mercancía vaya por libre para jugar con su precio y hace que los hombres sean esclavos. Y mi maestro el profesor Elías Díaz también ha insistido que entre los signos de identidad de la izquierda está “una mayor predisposición para políticas económicas redistributivas, basadas más en el trabajo que en el capital.”

Quizás quien mejor ha expresado entre nosotros este criterio y este ideal ha sido Luis Gómez Llorente, en unas líneas que merece recordar: “Si alguien me pregunta: ¿Qué es lo diferenciar específico del socialismo? Le respondería sin vacilar La Igualdad, la igualdad entendida como igual libertad para todos. Creo que el socialismo surge precisamente de la crítica al concepto liberal de la libertad por cuanto éste se reduce a esa forma de democracia formal que consiste en la afirmación de las libertades individuales y el Gobierno representativo (…). Los grandes pensadores socialistas asumieron la reforma liberal del estado como un paso positivo en la historia, pero fueron más allá, porque se dieron cuenta de que con eso, y sólo con eso, una gran parte de los seres humanos no son real y verdaderamente libres.

Por eso, aunque no participe de la tradición liberal, sino de la socialista, siempre me ha parecido importante el diálogo con aquélla. No sólo porque algunos socialistas, como Prieto, afirmaron aquello de que “Soy socialista a fuer de liberal”, sino porque, como dice Gómez Llorente, entendemos que la democracia liberal es el marco político necesario, aunque insuficiente, para cualquier acción política en favor de la igualdad. Pero resulta claro que ni Milei, ni Ayuso forman parte de esa tradición liberal, sino de la extrema derecha anarcocapitalista, hoy también llamada iliberal.

Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, encargada entre otras cosas de comparecer y participar en los procesos penales sobre denuncias de torturas y represión franquistas. La decisión ha sido tomada por cuatro magistrados varones, con un voto particular en contra de una magistrada, en un recurso interpuesto por una asociación de fiscales conservadores que lleva desarrollando desde hace tiempo una batalla política y judicial contra el fiscal general del Estado y contra el propio Gobierno de Pedro Sánchez, una suerte de lucha ideológica corporativa de la que vemos con frecuencia nuevos ejemplos.

Dolores Delgado es una fiscal que ha desarrollado su carrera fundamentalmente en la Audiencia Nacional, donde ha ejercido durante muchos años llevando la acusación en múltiples casos de enorme trascendencia pública, en materia de narcotráfico, terrorismo, blanqueo, crímenes internacionales y delitos económicos. Fue ministra de Justicia y fiscal general del Estado y nadie, tampoco la asociación de fiscales conservadora ni el propio tribunal, ha cuestionado sus méritos indiscutidos para el ejercicio del cargo para el que fue nombrada.

¿Cuál es entonces la causa de la anulación de su nombramiento? No lo es obviamente por sus méritos, sino por una cuestión aparentemente formal, que tiene que ver con su relación de pareja con Baltasar Garzón y las actividades profesionales de éste como abogado y como miembro de una fundación, con una visión que, en mi opinión, difícilmente se habría aplicado de ser un hombre el candidato y su pareja una mujer que ejerciera esas mismas actividades.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que los fiscales no podrán ejercer su cargo, y en consecuencia no podrán ser nombrados para alguno de ellos, si “su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función” (Art.58.1), a la vez que contempla que si su pareja ejerce como abogado o procurador en circunscripciones territoriales de más de quinientos mil habitantes, puede acceder al puesto de fiscal “sin perjuicio del deber de abstención cuando proceda” (Art.58.4).

Baltasar Garzón, pareja de Dolores Delgado, está como abogado al frente de un despacho que, además de otras ramas del Derecho, presta servicios de defensa letrada en “asuntos relacionados con reclamaciones en organismos de Derechos Humanos, y tribunales internacionales”, y preside una fundación, Figbar,  que “trabaja en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal”. 

Es obvio que una fundación es una entidad sin ánimo de lucro que por definición no desarrolla una “actividad industrial o mercantil”, porque no es una empresa, ni una industria  o un comercio, pero el tribunal interpreta que la actividad de Baltasar Garzón, sin distinguir la fundacional de la abogacía, “en tanto supone una prestación de servicios profesionales, puede reputarse de carácter mercantil”. Es evidente que desde el propio texto legal y a estos efectos la abogacía no es una actividad industrial ni mercantil, porque como hemos señalado el mismo artículo 58.4  establece que si la pareja ejerce la abogacía a nivel de toda España, como es el caso, no hay incompatibilidad “sin perjuicio del deber de abstención cuando proceda”.  

Estaríamos entonces en que la Sala considera que la fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos a nivel internacional sí es una actividad mercantil. ¿Por trabajar “en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal” o por el simple hecho de ser una fundación sin ánimo de lucro? Si es por lo primero, la interpretación de la sentencia es inverosímil: considerar que la defensa de los derechos humanos es una actividad mercantil va más allá de lo que el propio sentido común nos impone y de cualquier interpretación literal, sistemática y coherente del marco normativo, hasta el punto de que la propia Fiscalía de Derechos Humanos  caería en esa grosería jurídica de tener como función una actividad mercantil. 

Y si es por el hecho de tratarse de una fundación, que se preparen todos los fiscales y fiscalas, y también los miembros de la carrera judicial, que tengan parejas miembros de una de ellas, porque todos serían incompatibles al tratarse de actividades mercantiles. Otra interpretación absurda y sin sentido.

¿Cuál es entonces el sentido? Un exceso que parece partir de un a priori que luego se argumenta. Se considera que las actividades de Baltasar Garzón, pareja de la fiscala nominada, tienen una apariencia de incompatibilidad con la actividad profesional de ésta, un juicio prospectivo, al margen de los casos concretos que se pudieran hipotéticamente producir, si es que alguna vez llegaran a producirse. Y, repito, luego se argumenta con una interpretación tan extensiva y tan forzada que va contra toda lógica: la de la propia ley, en cuanto a la abogacía, y la del sentido real de las cosas, en cuanto a los fines de una fundación internacional para la defensa de los derechos humanos. Y para un supuesto limitativo de un derecho fundamental como el del acceso a funciones y cargos públicos, garantizado en el Art. 23.2 CE no cabe una interpretación expansiva ni analógica, sino necesariamente restrictiva.

Porque la sentencia desliza un mensaje creo que muy peligroso: si tu pareja se dedica a la defensa de los derechos humanos no puedes promocionarte como fiscal que defienda los derechos humanos, no sea que tu pareja te influya. Es obvio que Dolores es una mujer, pero, ¿se aplicaría de la misma manera de ser un varón? Como señalé al inicio, entiendo que difícilmente, porque da toda la impresión de que subyace un implícito, que el varón, siempre fuerte, influye en la mujer que es más débil, y no al contrario; un residuo difuso del patriarcado. 

La sentencia tiene un voto particular también de una mujer, magistrada, que con  rigor y coherencia da la vuelta totalmente a la argumentación de la mayoría del tribunal. Entiende que “resulta aventurado” atribuir actividad mercantil se mire por donde se mire a una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos; que no hay incompatibilidad sino, hipotéticamente, posibles abstenciones futuras; que la sentencia se basa en “conjeturas y suposiciones”; que la aplicación preventiva de eventuales incompatibilidades “reviste especial gravedad”, y que, en definitiva, se está vulnerando el derecho fundamental de Dolores Delgado de acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos y a la promoción profesional. 

Es sabido que la misma Sala del Tribunal Supremo anuló en otra reciente sentencia de 21 de noviembre de 2023 el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada de la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo. Son por tanto ya dos sentencias sucesivas de anulación de nombramientos de Dolores Delgado, y parecen anunciarse otras dos similares. Y no me es posible obviar que Baltasar Garzón fue también objeto de tres procedimientos penales al mismo tiempo, casi mezclados unos con otros, uno de ellos por abrir una causa contra el franquismo, esta vez por la Sala II del mismo Tribunal Supremo, de los que en uno fue condenado  e inhabilitado para la profesión de  magistrado. Por cierto, que después el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en agosto de 2021, por unanimidad, dictaminó que las sentencias contra Garzón habían sido parciales, arbitrarias, sin doble instancia y que no existía previsibilidad penal en la conducta imputada porque lo único que había hecho era interpretar la ley razonablemente en el caso Gürtel.

Quizás sea casualidad, pero me parecen demasiados procedimientos para las mismas personas. Los jueces y magistrados son independientes y deben ser imparciales, sin duda, pero conviene recordar cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido interpretando el artículo 6 del Convenio –que protege el derecho al juez imparcial– en clave de que el juez no sólo debe ser imparcial, sino que también tiene que parecerlo, la apariencia de imparcialidad.

Hace unos días el Comisario de Justicia Reynders, reclamado como mediador por el PP, ha manifestado que el acuerdo sobre la renovación del CGPJ está muy cerca, pero inmediatamente el Partido Popular lo ha negado

La no renovación del CGPJ es un escándalo político de enorme gravedad, por el incumplimiento manifiesto por el PP de la obligación constitucional de designar el órgano de gobierno del poder judicial, que es un órgano político y administrativo, que tiene atribuida la función de garantizar la independencia de jueces y magistrados, más otras vinculadas a la política judicial, además de la importantísima del nombramiento de la cúpula del poder judicial, los miembros del Tribunal Supremo y los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.

Para intentar abordar posibles salidas a la situación de bloqueo, es necesario conocer y analizar las causas reales de por qué no se está renovando, tras más de 5 años de terminación del mandato del actual. Sabemos que en este tiempo ha habido varios preacuerdos  entre PP y PSOE, al menos dos completos en los que se pactaron las orientaciones, los criterios e incluso los nombres de las personas que se propondrían al Parlamento, con la concesión por el PSOE de que lo presidiera una de las cabezas más conocidas del sector judicial conservador. Pero estos acuerdos fueron rotos por el PP con distintos argumentos. Pero el argumento de fondo es el planteado ante el propio Comisario Reynders, que a la vez que se renueva el CGPJ se lleve a cabo la reforma de la Ley, para que los elegidos “entre” jueces y magistrados, como dispone el Art.122.3 CE, lo sean “por” los propios jueces y magistrados, “por sus pares”, “acomodándose así a los estándares europeos” para garantizar la independencia del poder judicial. Porque, se viene diciendo de forma reiterada, la independencia del poder judicial no estaría garantizada en España con el actual sistema de elección.

Veamos cuáles son los antecedentes del actual sistema y cuáles son los estándares europeos, en la medida en que se pueda hablar así.

Antecedentes

La historia de la regulación de la composición del CGPJ es conocida. Inicialmente la Ley Orgánica 1/1980 dispuso que la elección de los doce miembros de procedencia judicial lo fueran por los jueces y magistrados. Este sistema tuvo un efecto perverso, obviado por las derechas, que todos los elegidos eran miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), del sector conservador, sin ni siquiera la presencia de una persona no asociada. Se trató de una composición no plural, con una manifiesta inclinación no sólo conservadora, sino corporativa, lo que suelen llamar el gobierno de los jueces por los propios jueces.

De ahí que la LOPJ 6/1985 introdujera a iniciativa de la llamada “enmienda Bandrés” una variación significativa: los doce miembros de extracción judicial serían elegidos “entre” jueces y magistrados, pero por el Parlamento, rechazando la idea del “autogobierno de los jueces” y reforzando la legitimación del CGPJ por las Cortes, en el que reside la soberanía nacional.

Esta Ley fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, que dictó la STC 108/1986 afirmando la constitucionalidad de la reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial y declarando entre otras cuestiones que en la Constitución no se reconoce la facultad de autogobierno de los jueces ni se deriva lógicamente de la existencia, composición y funciones del Consejo y que la finalidad de la norma sería asegurar que la composición del CGPJ refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y en el seno del Poder Judicial.

Esta reforma y su validación constitucional generaron un profundo rechazo por algunas asociaciones judiciales, y también por el PP.  De ahí que para pacificar lo que había sido un lugar de desencuentros y también de conflictos entre las fuerzas políticas mayoritarias, se alcanzó en 2001 un Pacto de Estado sobre la Justicia, del que nació el acuerdo entre cinco fuerzas parlamentarias -PP, PSOE, CIU, PNV y CC- conforme al cual  los doce miembros de extracción judicial serían elegidos por el Parlamento, que expresa la soberanía popular, pero lo serían entre candidatos propuestos por los jueces y magistrados, tanto por los asociados a través de sus asociaciones como también por los que no están asociados.  Así nació la Ley Orgánica 2/2001 de un Parlamento con mayoría absoluta del PP, en cuyo debate parlamentario  el portavoz de esta fuerza política, Andrés Ollero, más tarde magistrado del Tribunal Constitucional, hizo una amplia alabanza de la nueva Ley que, dijo, abría una etapa de “muchas esperanzas”.

Se trataba, en definitiva, de que los candidatos fueran propuestos exclusivamente por los jueces y magistrados, asociados o no, y que la elección final fuera parlamentaria, garantizando que si hay una mayoría social conservadora, representada en el Parlamento, el CGPJ tenga mayoría conservadora, y si la mayoría social es progresista, el CGPJ la tenga progresista. El órgano que elige a un poder del Estado como es el poder judicial, recibía así un plus de legitimación democrática propia de un Estado de Derecho. Al amparo de esta Ley se eligió en el año 2001 un nuevo CGPJ, con mayoría conservadora, expresión de la mayoría social conservadora que reflejaba el Parlamento.

Aquella norma pactada fue modificada por la Ley Orgánica 4/2013, aprobada por un Parlamento también con mayoría absoluta del PP, manteniendo el mismo sistema de elección con algunas modificaciones menores. El Ministro de Justicia Ruiz Gallardón en su intervención en el Congreso la defendió con ardor, en un tono muy positivo y también muy esperanzado en cuanto al funcionamiento del sistema que proponía. También al amparo de esta Ley en 2013 se renovó CGPJ, con mayoría conservadora que reflejaba la mayoría conservadora de las cámaras.

Y aquí viene la pregunta clave.  Si ambas leyes, la anterior y la vigente, son del PP  y ambas aprobadas con su mayoría absoluta, y el PP se ha basado en ellas y las ha utilizado para tener una mayoría conservadora en el CGPJ, ¿qué ha cambiado para que PP se niegue a renovar el Consejo con esa misma Ley? Lo que ha cambiado es la mayoría social, reflejada en el Congreso.  Y es que el PP se niega a cumplir la CE porque no quiere que en el CGPJ pueda haber una mayoría de miembros de orientación progresista. 

El PP, con el apoyo de la APM, ha entrado en un proceso de deslegitimación y desprestigio del sistema constitucional con tal de seguir controlando el CGPJ y a su través la cúpula del propio poder judicial.  Y para ello  alega la falta de independencia de  jueces y magistrados si hay un Consejo de orientación mayoritaria progresista. ¿Cómo se puede decir que con esta Ley, suya, del PP, ahora está en riesgo alto la independencia de los jueces? Para la derecha política y judicial, si es el PP el que tiene mayoría parlamentaria, no habría peligro para la independencia judicial, pero si hay una mayoría progresista sí existiría ese peligro. 

Modelos-estándares europeos

Se viene afirmando que sin la elección de los vocales de extracción judicial por sus pares, no hay garantía de independencia judicial y que esa reforma significaría acomodar el sistema a “los estándares europeos”.  Pero resulta que cuando se analizan los sistemas de organización y designación del poder judicial en los 27 miembros de la UE, nos encontramos no un modelo, sino al menos tres modelos distintos o “estándares europeos”.

Lo primero es recordar que en el Tratado de Lisboa no hay ninguna norma que atribuya a la UE competencia sobre la forma o manera de organizar el sistema de designación del poder judicial. Y que cuando España ingresó en la UE, el 1 de enero de 1986, el modelo de Consejo de elección parlamentaria ya vigente fue testado por la UE como plenamente válido desde el punto de vista del Estado de Derecho, sin nada que objetar. 

Pero vayamos a los modelos europeos. De los 27 países de la UE 19 tienen Consejos Judiciales más o menos similares al nuestro, de los que sólo 12 tienen atribuida la facultad de nombrar a los jueces de los altos tribunales; mientras que los otros siete Consejos no la tienen, sino funciones de menor alcance.  Y los otros ocho países no tienen Consejos Judiciales. Hay, por tanto, 15 países en los que a la cúpula del poder judicial la nombran los gobiernos, normalmente los ministros de justicia y a veces con intervención de los Jefes de Estado. 

Siguiendo el “estándar” europeo del PP y de la APM, la consecuencia lógica sería que la independencia judicial, o al menos el sentimiento de la ciudadanía de tener jueces independientes, sería mayor en los países con Consejos Judiciales frente a aquéllos en que los jueces de los altos tribunales los nombran los gobiernos, pero no es así, sino todo lo contrario. 

Entre los países de la UE con mayor credibilidad sobre independencia de la justicia, de los siete primeros, en seis los jueces los nombran los ministros de Justicia: 1º Finlandia, 2º Dinamarca, 3º Austria, 4º Alemania, 6º Suecia, 7º Irlanda

Todos los años la Comisión Europea a través del Comisario de Justicia lleva a cabo una amplia encuesta, “The EU Justice. Scoreboard”, con datos comparativos sobre la eficiencia, calidad e independencia de la justicia en los países miembros.  En la última publicada, de 2023, al igual que las de los años anteriores, se recoge una información clave sobre la percepción pública de la independencia de los jueces. Y entre los países con mayor credibilidad sobre independencia de la justicia, de los siete primeros, en seis los jueces los nombran los ministros de Justicia: 1º Finlandia, 2º Dinamarca, 3º Austria, 4º Alemania, 6º Suecia, 7º Irlanda. 

Y a la vez, entre aquellos países que cuentan con Consejos que cumplen de forma más completa el modelo de “estándar europeo” del PP, tres de ellos, Italia, Eslovenia y Rumanía, se encuentran entre los que tienen peor imagen de independencia.

España no tiene buena imagen entre la ciudadanía, pero el sentimiento de independencia de los jueces y magistrados es total. Según una reciente encuesta del CGPJ el 99% de los jueces se sienten independientes, y el 94% percibe el trabajo de sus colegas como totalmente independiente.

Luego la independencia del poder judicial no está vinculada al sistema de nombramiento, por Gobiernos o Parlamentos, o por los propios jueces, sino a otros factores. Entre ellos los riesgos apuntados por la STC 108/1986, como la atribución de cuotas entre partidos, o la apariencia de tal. 

Volvamos al inicio, ¿por qué el PP no quiere renovar el CGPJ?  Se ha escrito que el origen de la crisis actual, el big bang, fue el famoso WhatsApp de Cosidó cuando  el acuerdo de noviembre de 2018: era bueno porque le permitía al PP el control de la Sala Penal por la puerta de atrás.  El PP quiere mantener el control de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que enjuicia a los aforados, y otros poderes judiciales, y no va a permitir perderlo.  

De ahí la propuesta de cambiar la Ley para que sean los jueces y magistrados los que elijan a los vocales de procedencia judicial. Porque la judicatura es muy mayoritariamente conservadora, muy distinta de las diferentes mayorías sociales que se expresan en nuestro país. Según datos de 2020, muy similares a los actuales, de los 5.341 jueces, el 56% están asociados y el 44% no asociados. Y de los asociados entre la APM, que tiene 1.345 miembros, la Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente sumaban juntas 1.181 miembros, que equivalían al 84% de los asociados y 47% del total de la carrera judicial; mientras que Juezas y Jueces para la Democracia tenía 451 miembros, el 15% de los asociados y un 8% del total. 

De manera que si volviéramos al sistema de que los vocales del CGPJ de extracción judicial fueran elegidos por sus pares, el Consejo tendría siempre mayoría conservadora, reitero que siempre, y elegiría siempre para la cúpula judicial magistrados mayoritariamente conservadores, lo que implicaría siempre una interpretación conservadora de los valores superiores constitucionales. Lo que sería contrario al pluralismo y a la doctrina constitucional de que el CGPJ debe reflejar también “el pluralismo existente en el seno de la sociedad”. 

El PP debe renovar el CGPJ, ante todo en cumplimiento de la Ley, de su propia Ley; además por su compromiso en el Pacto de Estado 2001; y sobre todo porque es una obligación constitucional. No hacerlo es sencillamente expresar que quieren seguir controlando el poder judicial, pero ahora por la puerta de delante.

En los últimos meses se ha producido –de forma deliberada y organizada por ciertos sectores políticos, de la ciudadanía y medios de comunicación– un gran aumento de los discursos de odio y de noticias falsas con contenido racista y xenófobo vinculadas al reciente incremento de llegadas de personas en cayucos a Canarias y a su reubicación en distintas zonas de España para garantizarles una acogida digna, tal como es obligación de todos los Estados que firmamos los acuerdos europeos e internacionales en materia de migración, asilo y Derechos Humanos.

Por desgracia, asistimos al uso de la migración con fines partidistas, aun cuando todas y todos son/somos conscientes de la responsabilidad ética, política y legal que tenemos en materia humanitaria y en materia de acogida y de la necesidad de regular procesos migratoriosreales y seguros.

Esta obligatoriedad está vinculada al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce como Derecho Humano el de salir de un país, incluido el propio y a los compromisos de la UE que son de obligado cumplimiento para los Estados miembro. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce el rol de agente transformador de las personas migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible. Son muchos los Objetivos de la Agenda con indicadores y metas relativas a migración. 

Detrás de cada decisión de migrar hay una historia personal que puede estar vinculada a falta de oportunidades, desigualdad social, violencias, guerras, conflictos, persecuciones, discriminaciones o circunstancias derivadas del cambio climático. La elección de migrar o la necesidad de huir en la mayoría de las ocasiones no es libre, quien toma esta decisión no encuentra otra alternativa. Por ello, la inversión en el desarrollo de los países de origen de las personas migrantes resulta crucial. 

Por todo ello, reclamamos vías legales y seguras de entrada a la UE, y por tanto también a nuestro país, que hoy no son efectivas ni suficientes. Una vez llegan a España reclamamos recursos para una acogida digna y garantías para el respeto a los derechos humanos que todas las personas tenemos, así como responsabilidad política y social, tanto en acciones, como en discursos.

Como sociedades “de acogida” es nuestra obligación, ética, política y legal, garantizar que se cumplan los derechos de cada una de las personas que se encuentran en el territorio español. Más aún cuando hablamos de personas en situación de extrema vulnerabilidad y desprotección: son necesarias políticas basadas en Derechos Humanos, asegurando su cumplimiento, así como procedimientos garantistas en derechos, incluidos los procedimientos en frontera.

Hablamos, por tanto, de obligaciones y derechos, no de opciones partidistas: la acogida y la atención integral que garantice los Derechos Humanos de las personas es una obligación ineludible de todas las instituciones y administraciones que conforman el Estado, y un derecho inherente de todas las personas en territorio español. Es necesaria una acogida y procesos de integración dignos con los recursos y plazos necesarios, así como un aumento de la coordinación entre las administraciones públicas.

Dado que estamos hablando de personas, de hombres, mujeres, niñas y niños, es fundamental recordar que, frente a la deshumanización, la polarización y la criminalización de la migración con fines electorales y partidistas que generan discursos de odio y violencias, lo que está en juego es la vida de las personas.

Los movimientos de población son una constante histórica, y la respuesta que den los Estados a este hecho va a marcar el futuro del mundo. Resulta imperativo el cumplimiento de los Derechos Humanos y el trato digno a las personas migrantes: todas las personas tenemos derecho a una vida digna.

Manuel de la Rocha Rubí.  Presidente  del MPDL 

Carlos Berzosa Alonso-Martínez. Presidente de CEAR

Juan Antonio Miralles Ortega. Presidente de CEPAIM 

Pilar Samanes Ara. Presidenta de ACCEM 

Santiago González Avión. Presidente de Red Acoge

La Comisión Ejecutiva del PSOE ha convocado a la militancia a una consulta sobre el acuerdo de gobierno suscrito con Sumar y también los acuerdos con otras formaciones políticas, que permitan la investidura del Secretario General como presidente del Gobierno. A esa convocatoria se ha añadido la intervención del propio Pedro Sánchez en el Comité Federal del partido, manifestándose a favor de la amnistía en Cataluña por los hechos del procés. 

Aunque se ha apuntado por algunos tertulianos que la palabra amnistía no figura en la pregunta que se formula y que, por ello, se pretendería ocultar, es totalmente evidente que la amnistía está implícita y que los y las socialistas saben que van a votar una propuesta que tiene dos elementos complementarios, el acuerdo con Sumar y los acuerdos con los partidos nacionalistas e independentistas, que incluyen la amnistía a los afectados por aquellos acontecimientos. Quizás podría haberse recogido expresamente, pero nadie puede decir que está oculta, pues es uno de los elementos clave de la ecuación.

Creo que hay muchas razones para votar afirmativamente y posibilitar la investidura y la formación de un nuevo Gobierno progresista. Razones que en mi caso no se basan ni en la “sumisión acrítica al líder”, como alegan las derechas, pues no la he practicado nunca en cincuenta años de militancia, ni tampoco en ese argumento tan etéreo de no cuestionar la legitimidad del secretario general, sino en el convencimiento pleno de que esos acuerdos son muy positivos para el país en su conjunto, singularmente para los trabajadores y trabajadoras y para la convivencia general en España, y que la formación de un Gobierno de coalición que continúe la labor del actual será una muy buena noticia para los españoles.

Tres razones fundamentales me mueven a ello. La primera, el propio programa acordado con Sumar. Un programa de izquierdas, si se quiere incluso en algunos aspectos moderado, que tendrá que aplicarse en un probable escenario de ajuste fiscal impuesto por la Comisión Europea. Programa que sigue avanzando de forma nítida en derechos sociales, los que más afectan a la mayoría de los ciudadanos, y sobre el que quisiera destacar varios aspectos. 

Ante todo las propuestas laborales. Entre ellas, en el marco del diálogo social y con el objetivo de alcanzar el pleno empleo, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales a implantar a lo largo de dos años; la mejora del despido para los trabajadores y trabajadoras tanto en cuanto a su indemnización como reforzando su causalidad, aspectos que quedaron pendientes de modificar de la reforma laboral del PP de 2012; el crecimiento del SMI acompasado al 60% del salario medio; y una medida que ha pasado más desapercibida como es el impulso de la participación de los trabajadores en la empresa, siguiendo la estela de la cogestión que existe en algunos de los países europeos más desarrollados, como Alemania, Austria o Suecia. Además del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y el aumento de las pensiones mínimas y no contributivas. Y el mantenimiento y refuerzo de la agenda feminista, referente hoy en el mundo, y la garantía de la diversidad.

Por otro lado, la continuidad de una agenda verde en España y en la UE, de la que nuestro país viene siendo líder, profundizando en la línea de una transición justa que no deje atrás a nadie ni a ningún territorio.

Una política de apoyo y mejora de los servicios públicos de educación y sanidad, competencias de las CCAA, con una medida estrella de promoción de un parque público de viviendas para alquiler asequible, que llegue hasta el 20% del parque total de viviendas, junto con el mantenimiento de mecanismos de regulación de los alquileres. Aunque se sigue echando de menos la propuesta de una banca pública, instrumento clave para el parque de vivienda pública en alquiler. 

Y para todo ello una fiscalidad justa, con la reforma global del sistema fiscal español para mejorar la progresividad y acortar la brecha respecto a la media europea, con medidas muy concretas, entre ellas alcanzar el 15% efectivo en el impuesto de sociedades y el mantenimiento de los gravámenes sobre la banca y empresas energéticas. 

Una segunda razón del apoyo a estos acuerdos tiene que ver con las propuestas que se hacen en relación con la cuestión territorial y el problema catalán. Los resultados del 23J y su proyección parlamentaria conllevan dos consecuencias: la posibilidad de integrar a los partidos independentistas en la gobernación de España y la continuidad y profundización en las políticas que sobre Cataluña ha desarrollado el actual Gobierno de coalición, entre ellas la de los indultos, cuyos efectos han sido tan positivos para la convivencia en Cataluña, con una más que notoria disminución de la tensión social, de lo que es también buen exponente el éxito electoral del PSC.

Por eso hay que seguir avanzando en la misma dirección política y, en este contexto, se plantea la opción de la amnistía como forma de ejercer el Estado democrático el derecho de gracia y como solución a un aspecto del conflicto que sigue vivo. 

Soy de los convencidos de que una medida de este tipo significa “seguir avanzando en el reencuentro para superar las heridas aún abiertas”, en expresión del propio Pedro Sánchez. Reencuentro entre catalanes y reencuentro entre Cataluña y el resto de España. Porque uno de los objetivos que los socialistas debemos seguir persiguiendo es que una parte importante de la ciudadanía catalana que apoyó el proceso independentista vea otra vez posible y positivo sentir la doble identidad catalana y española, lo que requiere diálogo, negociación y acuerdo.

Se trata en definitiva de abordar la cuestión catalana y el problema de la plurinacionalidad y, más ampliamente, el modelo territorial español desde la perspectiva de la España plural, y ello exige diálogo y entendimiento. 

Y hay una tercera razón de fondo que me mueve a apoyar decididamente los acuerdos: la necesidad de que España siga manteniendo una posición de liderazgo en Europa, liderazgo en el impulso a una UE que profundice en su integración política y económica, liderazgo en la lucha contra el cambio climático, liderazgo en la defensa de la paz y los derechos humanos en conflictos como el que actualmente enfrentan a Israel y el pueblo palestino. Sólo un Gobierno encabezado por los socialistas está en condiciones de mantener esa posición, frente a la expansión de la extrema derecha en Europa y el condicionamiento que supone para el posibilismo de la derecha popular europea.

Hace unos días Feijóo propuso debatir sobre el encaje de Cataluña en España, planteando para ello la necesidad de un pacto de Estado. Tardaron pocas horas en hacerle rectificar el aparato del PP y algunos barones territoriales, que negaron existiera un problema político de encaje de Cataluña, que, dijeron, “ya está perfectamente definido en la Constitución”. No hay problema territorial, no hay problema catalán, lo que hay es únicamente la vulneración de la Ley por los dirigentes del procés, que deben cumplir por ello. Sin más. Por no hablar de Vox, que simplemente eliminaría la autonomía de Cataluña. El nacionalismo esencialista español siempre ha tenido una mala relación con la identidad nacional catalana y ni ha querido ni ha sabido tener otra política hacia ella que no fuera su negación, su rechazo, bajo la premisa de que el problema de Cataluña no tiene solución, y en muchos casos simplemente preguntándose acerca de cuál es su “solución definitiva”.

Y es lamentable porque en España tenemos, en efecto, un problema territorial no sólo porque una parte importante de la sociedad catalana haya estado apoyando a partidos independentistas, con mayorías en el Parlamento autonómico, sino porque, según las encuestas, más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña se encuentran insatisfechos con la forma en que se reconoce su identidad y creen necesaria en distintos grados una profundización en el modelo territorial. Por tanto, en lo que históricamente se ha llamado el encaje de Cataluña en España.

Esta situación nos remite de nuevo al debate entre Ortega y Azaña cuando se aprobó el Estatuto de Cataluña en 1932. Como es sabido, Ortega consideraba que “el problema catalán es un problema que no se puede resolver”, solo cabe conllevarlo entre catalanes y españoles, la famosa conllevanza. Mientras que Azaña, gran valedor en su momento de la autonomía de Cataluña, afirmaba que la cuestión de la identidad de Cataluña y su reivindicación era un problema político que el legislador debía abordar. Y frente a los que pedían “una solución definitiva” a las aspiraciones de Cataluña, con una clara percepción del sentido de la historia contestó: “La solución que encontremos, ¿va a ser para siempre? Pues ¡quién lo sabe! 'Siempre' es una palabra que no tiene valor en la historia y, por consiguiente, que no tiene valor en la política”.

La cuestión catalana viene de lejos. Sin remontarse a 1714 con la Guerra de Sucesión, a lo largo del siglo XX la reivindicación de la identidad nacional catalana ha sido una constante de nuestra historia. El llamado encaje de Cataluña en España nunca ha sido fácil y ha pasado por diferentes etapas y formas de integración. La Constitución de 1978, con la creación del Estado de las autonomías, fue un avance importantísimo, que ha permitido una convivencia estable durante casi cuarenta años, una generación y media, y hoy es importante renovarlo para que permita seguir conviviendo pacífica y establemente al menos dos generaciones más.

Pero desde 2015 existe un conflicto político que tiene que ver con ese encaje y cuya expresión más importante no se llama ERC, ni Junts ni Puigdemont, sino la existencia de dos millones de catalanes y catalanas que en medio del procés apoyaban posiciones independentistas, cuando pocos años antes apenas llegaban a la mitad. Ahora, gracias a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, han disminuido significativamente, hasta el punto de que en las elecciones generales del 23J han votado a partidos independentistas menos de un millón de personas. El objetivo de una política al servicio de la unidad de España debe ser intentar que estos partidos independentistas se integren en la política española, pero, sobre todo, es convencer a una parte muy importante de los ciudadanos de Cataluña de que es posible y positivo sentir la doble identidad, catalana y española. Y eso no pasa por la represión, sino impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual.

La Resolución del 40 Congreso del PSOE lo señalaba con mucha claridad: “La mejora de la convivencia en el seno de la sociedad catalana y el mejor encaje del autogobierno catalán con el resto de España constituyen objetivos de primer orden para los y las socialistas. El Gobierno de España ha impulsado y seguirá impulsando, de forma decidida y valiente, la agenda del reencuentro entre catalanes/as y entre Cataluña y el resto de España, fomentando el diálogo, el entendimiento y el pacto dentro de la ley, como el único camino viable para avanzar con esperanza de éxito en aquellos propósitos”.

Hay que avanzar en muchos ámbitos, pero creo que hay dos especialmente significativos. El primero es el de profundizar en el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña en el marco de la plurinacionalidad de España. Ésta es sin duda hoy posición mayoritaria entre los socialistas, recogida en documentos y resoluciones congresuales y en declaraciones de sus dirigentes. La Declaración de Granada de julio de 2013 hablaba de federalismo y de “las diferentes aspiraciones nacionales que conviven en España”; el 39 Congreso socialista y la Declaración de Barcelona de julio de 2017 se refieren al “carácter plurinacional” de España y reiteran la propuesta de un modelo federal.

La Constitución de 1978 utilizó la expresión de “nacionalidades y regiones”, pero ya entonces el ponente socialista Gregorio Peces Barba, en el debate constitucional, manifestó que nación y nacionalidad eran lo mismo y por ello habló de “España nación de naciones”, lo que compartieron otros dos ponentes de la Constitución, Solé Tura y Roca Junyent. Pero también la han defendido otros destacados dirigentes socialistas, como Alfonso Guerra en 1979 en el debate en el Congreso del Estatuto de Cataluña; Luis Gómez Llorente en un libro en 2004; Felipe González y Carme Chacón en un artículo en El País el 26 de julio de 2010; Josep Borrell en su libro 'Los Idus de Octubre'; Miquel Iceta en diversas publicaciones, incluso Pedro Sánchez en octubre de 2016, entre otros muchos. Todos ellos bajo el principio de que la única nación soberana es España –residiendo, por tanto, la soberanía en el conjunto del pueblo español– y de la garantía por el Estado de la igualdad de derechos de todos los españoles y españolas, cualquiera que sea el territorio en el que vivan.

El segundo ámbito es el de profundizar el actual Estado autonómico mediante una reforma constitucional federal, cuestión sobre la que se ha pronunciado de forma clara el PSOE, tanto en la citada Declaración de Granada de 2013 como en la Declaración de Barcelona de 2017 y en los 39 y 40 Congresos, con propuestas concretas que incluyen la mejora del autogobierno de Cataluña, además de técnicas y principios de colaboración y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Un federalismo en mi opinión asimétrico, en que unas comunidades, por sus hechos diferenciales históricos, ejerzan más competencias que otras, sin que ello suponga en ningún caso una desigualdad en los derechos de los ciudadanos.

Esta propuesta de los socialistas, aún no posible, de reforma federal de la Constitución y la del propio Estatuto de autonomía de Cataluña en clave de plurinacionalidad, permitiría en un momento determinado una votación por los catalanes y catalanas de un acuerdo que profundice en el autogobierno de Cataluña. Éste es el sentido de celebrar una consulta en Cataluña, no el de que los catalanes voten sobre independencia sí o no, sino que lo hagan sobre un acuerdo previo de reforma del Estatut y fortalecimiento del autogobierno. Nada nuevo. Cualquier otra afirmación o interpretación que vienen haciendo las derechas y sus voceros además de interesada es simplemente falsa.

Y mientras no sean posible tales reformas, se trata de tender puentes y buscar espacios de entendimiento que ayuden a avanzar en la convivencia entre catalanes, que generen distensión y permitan superar los factores político-emocionales que conllevan las condenas penales. En la legislatura anterior se dio un primer paso muy importante, el de los indultos, que según el PP iba a producir la ruptura de España, pero cuyos efectos han sido tan positivos para la convivencia cívica y política. Hoy en Cataluña la tensión social ha disminuido de forma notoria, y políticamente ahí está el excelente resultado electoral del PSC el pasado 23J.

Pero hay que seguir avanzando en las mismas políticas. Tras los indultos a los líderes del procés, quedan cientos de personas de segundos y terceros niveles –se habla de más de 1.400– sometidas a procesos judiciales, además del propio Puigdemont, que requieren una solución que cualquier Gobierno debe abordar. Y es en este contexto en el que se plantea la posible opción de la amnistía, como forma de ejercer el Estado democrático el derecho de gracia, el perdón, y como solución a un aspecto del conflicto que sigue vivo.

No es una solución fácil, pero en el momento actual puede ser necesaria. Se dice, en parte con razón, que si no fueran necesarios los votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez y la formación de un Gobierno de izquierdas que continúe la labor de la anterior legislatura, no se habría planteado la amnistía. Digo que sólo en parte, porque el procés es anterior a las últimas elecciones y porque, en definitiva, los resultados electorales hacen necesario abordar ya la cuestión catalana y el problema de la plurinacionalidad y, más ampliamente, el modelo territorial español.

Aparte de aspectos emocionales que siguen vivos contra el proceso independentista y de la campaña que las derechas política y mediática, y también la judicial, están promoviendo para intentar desgastar al futuro Gobierno de Pedro Sánchez, la posible amnistía suscita dos debates. Uno, el de su constitucionalidad, sobre el que se vienen pronunciando distintos juristas con diferentes interpretaciones. Hace unos días el profesor Tomás de la Quadra recogía en El País una brillante argumentación de la amnistía y del derecho de gracia como parte de la tradición constitucional española, singularmente de las constituciones más democráticas de los dos últimos siglos, señalando además que sería su justificación la que permitiría o no pasar el último filtro de constitucionalidad.

Pero el segundo debate, en mi opinión más importante, es precisamente el de sus efectos y, por ello, el de su justificación. Algunos de los que se oponen a una hipotética aplicación de la amnistía a los responsables del procés en sus diferentes niveles, consideran que significaría eliminar el carácter delictivo de las conductas amnistiadas. Pero tal interpretación, desde luego interesada, es completamente errónea. La amnistía no podría nunca legitimar el procés y la declaración de independencia, ni deslegitimar la actuación del Estado democrático que aplicó el Art. 155 de la Constitución. Cuando se aprobó la amnistía de 1977, que incluyó los crímenes del franquismo, bajo ningún concepto supuso la legitimación del golpe militar ni de la Dictadura. La hipotética amnistía no supondría negar que se ha vulnerado la Constitución y el ordenamiento jurídico, sino únicamente anularía sus efectos, las condenas.

Lo importante es, pues, su justificación, la finalidad que una ley de amnistía de esta naturaleza recogiera. En mi opinión hay desde luego una muy importante, el interés general de España en la mejora de la convivencia primero entre los catalanes, pero además y sobre todo entre Cataluña y el resto de España, integrando a las fuerzas políticas catalanas a la gobernación de la España democrática, y avanzando prudentemente en el problema de la cuestión territorial, de la renovación del pacto constitucional. La política como vía para la resolución del conflicto, con transparencia, sin ocultamientos, con espíritu crítico, didáctico y constructivo. Por ello, aunque debería ir acompañada de la renuncia a la unilateralidad, me parece menos importante que haya quien no esté dispuesto a renunciar a ella, porque lo relevante es el efecto general de apaciguamiento del conflicto.

Por último, es evidente que cualquier reforma de la Constitución debe formar parte de los consensos básicos en los que ha de participar el Partido Popular. Está en su mano superar una visión esencialista de la nación española que le impida no entender la reivindicación de la identidad nacional catalana, para entre todos construir un nuevo pacto que renueve el de 1978. Como sí la entendió en su momento Adolfo Suárez.

Coincidiendo con la conmemoración de los 40 años del triunfo del Partido Socialista en las elecciones del 28 de octubre de 1982, quiero compartir la celebración de otro aniversario más personal, en parte paralelo al anterior. Hace 50 años, a principios de noviembre de 1972, me incorporé al PSOE y a la UGT, organizaciones socialistas a las que me encuentro vinculado a lo largo de estas cinco décadas.

Yo era un joven profesor universitario comprometido en la lucha contra la dictadura y por la democracia. Nunca participé de la tradición comunista, predominante entonces en la izquierda universitaria, me sentía socialista, pero en mis años de universidad no llegué a conocer a ningún militante de la organización histórica del socialismo español. Con Elías Díaz compartía estudios y reflexiones sobre el pensamiento socialista. Sabía del exilio y de la existencia del entonces llamado Partido Socialista del Interior de Tierno Galván, pero no conocía a ningún socialista del PSOE. A finales de 1969, con ocasión de unas elecciones al Colegio de Abogados de Madrid en las que se presentó una candidatura progresista encabezada por Ruiz Giménez, en una cena a la que asistí a la vuelta de mi confinamiento y del segundo servicio militar, uno de sus participantes confesó que era miembro del PSOE; se trataba de Pablo Castellano.

Un par de años más tarde, en agosto de 1972, se celebró el Congreso de Toulouse, el último de Rodolfo Llopis, al que asistió Gregorio Peces Barba, quien al volver nos informó de que se había afiliado al PSOE. Poco después nos convocó a un grupo de PNNs –Profesores no numerarios- de la Complutense a una comida en el entonces llamado Mesón del Conde, en la calle Pelayo de Madrid. En esa reunión, celebrada el 3 o 4 de noviembre de 1972, a la que también asistió Enrique Moral -cuyo nombre de guerra era León-, ingresamos Virgilio Zapatero y yo tanto en el PSOE como en la UGT. No olvidemos que en aquella época la afiliación era prácticamente simultánea a ambas organizaciones de matriz socialista: el partido y el sindicato.

En la UGT me incorporé enseguida a dos federaciones. Como profesor, a la FETE de Madrid, donde muy pronto conocí a Luis Gómez Llorente, quien más tarde lideró el movimiento por la Alternativa Democrática para la Enseñanza y con quien desde entonces me vinculé ideológica y políticamente, además de gozar de su amistad personal. Más tarde, en marzo de 1976, asistí como delegado al primer Congreso de la FETE en Cádiz. Y como joven abogado participé en la entonces existente Federación de Trabajadores del Derecho (FETRADE), en la que militaban conocidos abogados y otros juristas socialistas, como Carlos López Riaño, Liborio Hierro y, por supuesto, Pablo Castellano y Gregorio Peces Barba.

En el ámbito del partido iniciamos la reconstrucción de la Agrupación Socialista Madrileña, para cuyo Comité Provincial fui elegido miembro unos años después, creo recordar que en 1975. Previamente, en octubre de 1974, asistí como invitado junto con Javier Solana al Congreso de Suresnes, siendo uno de los militantes madrileños que insistimos a Nicolás Redondo para que optara a la secretaría general del partido, a lo que éste se negó contestando que él quería dedicarse a la dirección de la UGT y dando así paso a la elección de Felipe González. 

Fui delegado por Madrid a los Congresos 27 y 28 del partido. El primero fue un Congreso de presentación multitudinaria en el interior de España, pero en el segundo, tras la derrota en las elecciones generales de marzo de 1979, estallaron las diferencias políticas dentro del PSOE entre el sector encabezado por Felipe González y la izquierda del partido, lo que se llamó el “sector crítico”, cuyo liderazgo político y moral ejerció Luis Gómez Llorente y en el que participé desde su origen. Igualmente asistí al Congreso Extraordinario de septiembre de 1979, formando parte de las candidaturas que se presentaron, encabezadas por el propio Gómez Llorente, que fueron derrotadas. 

Más tarde intervine activamente en la fundación de la corriente de opinión Izquierda Socialista (IS), que se presentó el 16 de noviembre de 1980 en la sede de la FSM (Federación Socialista Madrileña) en Madrid con un Manifiesto Fundacional que afirmaba la voluntad de revitalizar la democracia interna, impulsar el debate político y “contribuir al rearme ideológico” del partido y a “su proyecto histórico emancipador”,  frente al riesgo de su derechización, de convertirse en un partido radical, y frente al cesarismo y el “culto a la personalidad”.  Además de ser elegido miembro del Comité Federal en 1987, al dejar el partido Pablo Castellano y Paco Bustelo, asumí junto a Antonio García Santesmases y Viçent Garcés, la portavocía de IS.

El 28 de octubre de 1982 participé con gran entusiasmo en el triunfo electoral del PSOE, que estos días recordamos, apoyando al Gobierno de Felipe González en sus muchos aciertos, pero criticándolo también en lo que consideraba eran importantes errores que difuminaban el proyecto socialista. Porque en aquellos tiempos se debatían los mismos temas que en nuestra época, temas que constituyen el debate permanente en el seno del socialismo español. 

En primer lugar, el ideológico, la definición de las señas de identidad del socialismo ante la hegemonía del pensamiento neoliberal del que una parte del partido se contaminó, incluida su relación con los sindicatos. De ellos llegó a decirse que eran como colegios de abogados.

Luego, la política de alianzas, proponiendo IS el “entendimiento” con la izquierda, tanto política como sindical, frente a la idea de Felipe González del partido como proyecto autónomo, que le sirvió más tarde para pactar con Convergència i Unió en lugar de con IU. 

El tercer asunto de debate era el referido al modelo de partido, en el que la izquierda reivindicaba profundizar en la democracia interna, el voto individual, la proporcionalidad en los órganos de dirección; hoy algo obvio, pero que supuso fuertes resistencias y arduos debates internos. Más tarde discutimos sobre las primarias, incluso con apertura a los simpatizantes, conscientes de que a la vez suponen una mayor concentración de poder en el líder, en detrimento incluso de las propias corrientes de opinión, lo que requiere de unos contrapesos hoy prácticamente inexistentes. Y por último, el modelo territorial, un modelo de España centralizada propia del nacionalismo español, muy arraigado en algunos sectores del PSOE, frente a un modelo federal, que hoy propicia un federalismo plurinacional.

Como portavoz de Izquierda Socialista he participado en muchas de esas discusiones clave: contra la permanencia de España en la OTAN, en la que destacaron las intervenciones en el 30 Congreso de 1984 de Antonio García Santesmases junto a Nicolás Redondo; el apoyo a UGT en la Huelga del 14-D de 1988; la defensa del Estado de Derecho frente al terrorismo de Estado; el apoyo a José Borrell como candidato a presidente; más tarde la oposición junto a Juan Antonio Barrio y Pérez Tapias a la reforma del artículo 135 de la Constitución; la presentación de éste último a secretario general del PSOE, obteniendo un 18% de votos; el apoyo mayoritario a Pedro Sánchez frente a Susana Díaz; la oposición a la gran coalición y la opción por el pacto con Unidas Podemos, así como la reivindicación de la memoria histórica, iniciada por Zapatero y hoy completada con la reciente Ley de Memoria Democrática, solo por citar lo más relevante.

También en esos años ejercí diversos cargos públicos. Quizá los más significativos fueron los de alcalde de Fuenlabrada, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y diputado al Congreso. Pero, a la vez, mantuve siempre la doble militancia, canalizando mi actividad profesional como abogado de la UGT, defendiendo a trabajadores y trabajadoras y a comités de empresa, asistiendo en la negociación colectiva, interviniendo en ERE, asesorando a los órganos de dirección confederal del sindicato y siendo miembro por UGT del Consejo Económico y Social de España.

Me suelo considerar un abogado de trabajadores, un ugetista, que circunstancialmente ha participado en instituciones políticas en representación de mi partido, el PSOE, siempre desde una conciencia y convicción socialista. Y en diversas ocasiones en que las posiciones que he defendido o compartido eran derrotadas, me han planteado que por qué no dejaba el PSOE y me incorporaba a otra formación política, como de hecho hicieron otros compañeros, y aún hacen unos u otras. Pero siempre tuve claro mi sitio, porque me siento partícipe de una tradición de larga traza, la socialista, que es plural y que se canaliza desde hace 143 años a través del PSOE, a pesar de sus errores, que los ha tenido, y de mis desacuerdos, que han sido muchos. Por eso, las otras organizaciones han girado siempre alrededor de aquella.

En la recta final de tramitación del proyecto de Ley de Memoria Democrática, se han redoblado los esfuerzos por impedir su aprobación por parte de las derechas y sus terminales mediáticas. 

Para las derechas no solo es un episodio más en la guerra contra el Gobierno, sino que su oposición deriva del lastre histórico que les impide condenar el franquismo, a cuya matriz ideológica y cultural muchos de ellos siguen vinculados. Recordemos que ya en 2007 se opusieron a la prudente y moderada Ley de Memoria Histórica de Zapatero. 

Y para ello utilizan argumentos que no se sostienen con una simple lectura del texto de la Ley, entre ellos, que se ataca a la Transición y al pacto que propició la Constitución de 1978, incluida la amnistía; que extiende la investigación de los crímenes del franquismo hasta 1983, cuando ya había democracia; y en el cierre del círculo al que el PP nos tiene ya acostumbrados, a que se trata de una cesión al relato de los herederos de ETA. 

Menos aún se sostienen tales argumentos con el sentido y alcance de la acción de los socialistas durante la dictadura y la transición. El PSOE reivindica la Transición  y la Constitución de 1978 como uno de los momentos más brillantes de la historia de España, incluso con sus limitaciones, momento histórico al que los y las socialistas contribuimos de manera decisiva, y que supuso pasar de forma pacífica de una cruel dictadura a una democracia avanzada. Y a la vez defendemos la memoria democrática como la culminación del camino democrático y de reconciliación emprendido con la Transición.

Por ello es rotundamente falso que la Ley de Memoria Democrática cuestione la transición o el pacto constitucional, sino que más bien los ensalzan de forma nítida. Así queda meridianamente claro en su exposición de motivos a lo largo de varias páginas, al señalar:

“La muerte del dictador en 1975 y la llegada de la democracia supusieron un punto de inflexión respecto a la política de memoria instaurada durante el franquismo. La vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra y los cuarenta años de dictadura franquista. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país.

La Transición asumía el legado democrático y de dignidad que varias generaciones de españoles y españolas habían forjado en torno a la defensa de la democracia, la lucha antifascista en Europa y la recuperación de las libertades individuales y colectivas en nuestro país…“

“La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad española. El asentamiento de los principios y valores democráticos que consagra la Constitución de 1978 hace nuestra sociedad más fuerte y constituyen la más clara apuesta de convivencia en el futuro. (…). En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad”.

Y entre sus objetivos señala: “…fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y de todas aquellas figuras individuales y colectivas que, con grandes sacrificios, fueron construyendo progresivamente los nexos de cultura democrática que permitieron llegar a los acuerdos de la Constitución de 1978, y al actual Estado Social y Democrático de Derecho para defender los derechos de los españoles, sus nacionalidades y regiones  ….”

¿Cómo puede decirse sin sonrojo que la nueva Ley cuestiona la Transición? No solo no la cuestiona, sino que ensalza el espíritu de la transición y el pacto constitucional, y la reconciliación (palabra que por cierto no aparece en la Constitución, como tampoco el olvido) y la concordia que inspiraron el proceso que nos llevó a la aprobación de la Constitución. La nueva ley viene, en suma, a culminar el camino democrático y de reconciliación emprendido con la Transición, desde la convicción de que la reconciliación no tuvo ni puede tener sus raíces en el olvido. No puede haber concordia sin memoria. 

Es igualmente incierto que el ámbito temporal de la ley haya cambiado, para extenderlo hasta 1983. El periodo al que se extienden las medidas de la ley es exactamente el mismo que en la Ley de Memoria Histórica de 2007.  Sólo hay que leer lo que inequívocamente establece el artículo 1.2 de la nueva Ley, que establece entre sus objetivos “el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, tras la Transición democrática”.

Este ámbito temporal hasta 1978, el “período sospechoso” como se ha dicho, es repetido machaconamente a lo largo del articulado, por ejemplo en sus artículos 3, 27, 29 y 61.

Por ello es una tergiversación afirmar que se está extendiendo el ámbito temporal de la Ley, que es el que acabamos de señalar, con que se incluya en una disposición adicional, la 16ª, la previsión de que se designe por el Gobierno una comisión técnica cuyo alcance está acotado a la realización de un estudio, sobre posibles vulneraciones de derechos humanos que sufrieran luchadores por la consolidación de la Democracia, los derechos fundamentales y valores democráticos, entre la aprobación de la Constitución y el 31 de diciembre de1983, y exclusivamente para su posible reconocimiento y reparación. 

La citada disposición adicional 16ª es una enmienda conjunta presentada por los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno (Socialista y UP) a finales de 2021, con la finalidad de atender una amplia reivindicación de que algunas personas que luchaban por la consolidación de la Democracia y en defensa de los derechos fundamentales sufrieron aún después de la aprobación de la Constitución vulneración de sus derechos precisamente por esa lucha. Y que, al limitarse el ámbito temporal de la ley a 1978, no podrían tener un reconocimiento por la democracia, como por ejemplo el asesinato a manos de la extrema derecha de Yolanda González y otros semejantes. Pero en ningún caso incluye ni incluirá, como falsamente apuntan las derechas, a terroristas ni a víctimas del GAL; que no fueron luchadores por la democracia y los derechos humanos.

La enmienda, que en su redacción inicial acotaba esta investigación a diciembre de 1982, se extendió a 1983 para que no pareciera se cerraba con los gobiernos democráticos anteriores al socialista, y de la lectura del Dictamen de la Ponencia y del debate en la Comisión Constitucional se deduce que ha servido para rechazar innumerables enmiendas (de Bildu y otros grupos) que, esas sí, pretendían la extensión del ámbito temporal de la ley. Más aún, Bildu presentó decenas de enmiendas para retirar de la Exposición de Motivos toda referencia a la Transición, que han sido rechazadas de plano por el Grupo Socialista.

Por último, tampoco es cierto que la Ley desmerezca lo que significó la Ley de Amnistía de 1977. Basta leer lo que dice textualmente la exposición de motivos para desmentirlo, al poner precisamente en valor la Ley de Amnistía, “una reclamación histórica de la oposición antifranquista” y a la vez expresión “de la voluntad de reconciliación y de construcción de una sociedad democrática avanzada que presidió ese proceso político”.  Por ello todas las enmiendas que abogaban por la derogación total o parcial de la Ley de Amnistía han sido rechazadas de plano, como anteriormente el PSOE se ha opuesto a otras iniciativas legislativas de derogación de la Ley de Amnistía.

Pero a la vez la Ley señala que se ha de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, compatibilizando la Ley de Amnistía con los avances del derecho internacional de los derechos humanos, según indica el propio artículo 10.2 CE, de ahí que se recuerde que todas las normas legales, incluida la Ley de Amnistía, han de ser interpretadas por los poderes públicos de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por España. 

En definitiva, la finalidad de la Ley es profundizar en el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra de España y la Dictadura franquista, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, fundamentándose en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, con que fue requerido nuestro país por sucesivos informes de organismos internacionales, como el del relator especial de la ONU Pablo Greiff de julio de 2014.

Con el objetivo también de la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, de la reivindicación de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra edad contemporánea. Una Ley que por primera vez incluye de manera expresa en el propio artículo primero el repudio y condena del golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista, así como la declaración de su ilegalidad. Me temo que es esto lo que duele a las derechas que se oponen a la Ley.

Manuel de la Rocha Rubí

Abogado y exdiputado socialista

En 1983 Olof Palme, primer ministro sueco, en plena guerra fría y de confrontación entre los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia y con los misiles oponiéndose en el escenario europeo, lanzó la propuesta de la seguridad compartida como solución para evitar la guerra y la amenaza y para eliminar o disminuir la tensión vinculada al conflicto.

Era la época en la que el movimiento pacifista europeo, fuertemente organizado en la END (European Nuclear Disarmament), se oponía a la política de bloques militares, y en España también a la pertenencia de nuestro país a la OTAN y a favor de la neutralidad activa.

Frente a la disuasión militar, que se basaba en una feroz carrera armamentista nuclear y convencional, y frente a la militarización del pensamiento y del discurso político, la seguridad compartida apuntaba a la superación del enfrentamiento entre los bloques, reduciendo y eventualmente suprimiendo la amenaza mutua, deteniendo la carrera armamentista y creando seguridad y confianza también con medios no militares, en los planos político, económico, social y psicológico.

La caída del Muro de Berlín nos hizo pensar que se acababa con el problema. El Pacto de Varsovia se disolvía y la confrontación Este–Oeste desaparecía o, al menos, disminuía. La potenciación de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), los acuerdos sobre la reunificación alemana entre Kolh y Gorbachov, con anuencia de los Estados Unidos, de no expansión de la OTAN hacia el Este, y la ampliación de la Unión Europea eran otros signos de distensión e instrumentos de entendimiento dentro de una concepción amplia de Europa.

Sin embargo, las últimas semanas con el riesgo cercano de una guerra por la invasión de Ucrania por Rusia, con la OTAN de tercer beligerante, nos han devuelto al conflicto de bloques militares que creíamos superado y a la militarización del lenguaje y del discurso público: un relato pro-belicista que genera un estado de opinión que entiende que para la resolución del conflicto la solución es militar, y en el que la paz es vista como una opción negativa que renuncia a la justica. 

Sin duda que la responsabilidad más grave de esta crisis es la del Presidente ruso Vladimir Putin, en parte en la línea de la tradición expansionista del nacionalismo ruso sobre Ucrania, como antes lo hizo sobre Crimea y Bielorrusia. Para pedir seguridad para Rusia no ha dudado en llevar junto a la frontera de Ucrania a más de cien mil soldados, amenazando con invadirla y anexionarla si no acepta formar parte de su “zona de influencia”, rechazando cualquier atisbo de soberanía para ese país.  

Pero hay también una importante responsabilidad en la OTAN, o más bien en los Estados Unidos, que frente a la opinión de algunos países europeos, quiere forzar la expansión de la organización hasta la frontera de Rusia, llevando también su amenaza militar y la inseguridad a las mismas puertas rusas de Ucrania. 

La escalada bélica por ambos lados es continua, el envío de tropas como símbolo la llevan a cabo la mayoría de países, incluida España, y los tambores de guerra suenan en las portadas de toda la prensa escrita y en los noticieros de todas las televisiones, incluida la campaña mediática sobre el riesgo de una inminente invasión rusa de Ucrania, que refuerza la escalada de tensión.

De repente nos percatamos que los conflictos bélicos perviven en el viejo continente, una tierra que ha sufrido los más atroces impactos bélicos de las dos guerras mundiales o las guerras yugoslavas en los 90, hoy, en 2022 vuelve a revivir la posibilidad de la crudeza e inhumanidad de un nuevo conflicto bélico en Ucrania. Un episodio que, una vez más, avergüenza a un continente que no es capaz de mantener la paz en su territorio. 

Nos posicionamos inequívocamente en contra de la guerra y de la participación de España en la misma, en contra de que nuestro país participe en la escalada militar que estamos viviendo y a favor de la paz y de las vías diplomáticas como única salida para la solución de los conflictos entre los Estados. 

Por ello, a la vez que condenamos la amenaza rusa contra un país soberano como es Ucrania, reivindicamos que la OTAN reconsidere su objetivo de incorporar a Ucrania entre sus miembros, a la vez que reclamamos que Naciones Unidas ocupe un papel protagonista con el único objetivo de impulsar un proceso de Paz justo. Las Naciones Unidas han sido sistemáticamente rechazadas por la gobernanza neoliberal (G7, G8, G20). Es en el multilateralismo democrático donde se halla la solución, la posibilidad de transitar desde una cultura de imposición, dominio y guerra a una cultura de encuentro, diálogo, reconciliación, mediación y paz. Porque toda acción unilateral que se realice al margen del ámbito institucional y normativo de la ONU carecerá de legitimidad colectiva y supondrá una violación del Derecho Internacional.

Por su parte, la Unión Europea no puede quedar al margen de un conflicto que se produce en territorio europeo y entre dos países que están a las puertas físicas de la Unión. Debe superar las divergencias entre sus miembros y erigirse como la mejor aliada de la paz, siendo protagonista principal en las negociaciones de las partes, capaz de aportar soluciones que faciliten la desescalada del conflicto y no sometiéndose a la estrategia de Estados Unidos y Rusia, de ser estos quiénes deciden sobre el futuro de Europa. Los tiempos de imponer intereses geoestratégicos ante amenazas o a través de la fuerza militar deben terminar. Europa y su ciudadanía ya han vivido a lo largo de la historia demasiados conflictos y violencias a través de regímenes totalitarios o dictatoriales. Frente a ello nació la UE, que debe ser capaz de promover y garantizar por todos los medios seguridad a su ciudadanía y a todo el continente. Para ello, es apremiante eliminar la unanimidad para adoptar decisiones, especialmente en los temas más relevantes.

Siguiendo a Palme, consideramos que la mejor prevención de las guerras es impulsar la seguridad compartida. Hace unos día J. Borrell, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, manifestaba que si Rusia quiere hablar de su seguridad, él cree que hay que hablar de la seguridad de toda Europa, incluida Rusia. 

De ahí que un escenario a considerar es el de Ucrania con un estatuto de neutralidad, similar a Finlandia, Suecia o Austria, sin perjuicio de que como país independiente sea soberano para establecer las relaciones y alianzas con quien considere, inclusive entrando en su caso en la Unión Europea, a la vez que se aplican con suficiente flexibilidad los Acuerdos de Minsk de 2015 que garantizan la pertenencia de Donetsk y Lugansk a Ucrania con estatutos especiales.

Desde las organizaciones pacifistas abogamos por el diálogo y la consecución de un acuerdo entre ambas partes lo antes posible. España, inequívocamente, tiene que formar parte de la opción que trabaje por el diálogo y la diplomacia. No cesaremos de repetir que la paz es la única solución: el diálogo, la diplomacia, el objetivo de la paz siempre en el horizonte. No podemos seguir construyendo sociedades inseguras, violentas y desiguales para millones de personas, por lo que debemos seguir enraizando en nuestras sociedades la cultura de paz, comprobado una y mil veces que es la única forma posible que permite a las personas una vida digna y pacífica.

No más guerras en nombre de nacionalismos ni de sueños expansionistas, ni en Europa ni en ningún lugar del mundo. No más violaciones de Derechos Humanos, que es lo único que traen las guerras, que son la constatación del fracaso del ser humano, la victoria del egoísmo de unos pocos, la devastación de los valores más básicos de humanidad. La paz es y será siempre la única solución. 

Prácticamente desde sus inicios los Congresos del PSOE han venido incluyendo un punto importante del orden del día, cual es el debate de gestión de los órganos que han dirigido al partido desde el anterior cónclave. Ese debate ha solido ser el debate político de fondo, sobre las políticas llevadas a cabo, los éxitos pero también los problemas, los errores, el pasado y su proyección cara al futuro. Un debate que solía llevar bastante tiempo, normalmente media jornada de cada congreso.

Celebrados los congresos autonómicos del PSOE, es momento para algunas reflexiones acerca de esa faceta de autocrítica, tan importante en un partido democrático. Porque en los dos últimos congresos que me afectan, el 40 Congreso Federal celebrado en octubre pasado en Valencia y el reciente Congreso del PSOE de Madrid, ese debate no se ha producido.

En el 40 Congreso Federal el informe de gestión lo hizo no el secretario general, sino el de organización —quien por cierto llevaba en el cargo apenas tres meses—, y al terminar su intervención y tras los aplausos, el presidente del Congreso dijo aceleradamente que la gestión se daba por aprobada por unanimidad, a pesar de que había delegados que levantaban la mano pidiendo la palabra, entre ellos alguno de Izquierda Socialista. Tampoco hubo apenas debate en las comisiones, en las que las ponencias se aprobaron rápidamente con algunas enmiendas y sin que pudiera pasar ninguna al plenario. Hubo pues escaso debate, y aunque el PSOE está gobernando, hubiera sido positivo que se debatieran los objetivos y las condiciones en que viene actuando ese Gobierno de coalición, así como algunos otros temas pendientes en la sociedad española. Fue un Congreso que tuvo más de “Convención” hacia la sociedad que de reflexión interna, con mesas paralelas donde se exponían políticas cara al público sin debate alguno, y con un objetivo político: el de mostrar un partido unido tras los conflictos anteriores a través de las intervenciones de los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González junto a la del propio Pedro Sánchez.

Madrid

Peor ha sido la ausencia de debate en el Congreso del PSOE de Madrid. En este caso el argumento formal era que al no haber Comisión Ejecutiva saliente, por haber dimitido tras el fracaso electoral en la Comunidad de Madrid, no cabía debatir su gestión. Pero este motivo no debió de impedir un debate sobre lo ocurrido en los últimos años y las causas de la debacle en la que se encontró el partido en Madrid. Que no se debatiera sobre ello interesaba a cuantos habían apoyado las políticas que nos llevaron al fracaso, que siguen en sus puestos institucionales u orgánicos poniéndose de perfil y controlando de nuevo la situación. Pero en mi opinión sí interesaba al socialismo madrileño, militantes y simpatizantes, para analizar las causas de lo sucedido y poner remedio. Sin análisis de lo ocurrido, sin debate, sin autocrítica, será difícil recuperar al electorado perdido.

Quisiera destacar alguno de los muchos errores cometidos en estos últimos años, errores que en última instancia se reducen a la pérdida de autonomía del socialismo madrileño y al sometimiento de muchos de sus cuadros al dedo que viene de arriba. Me hace recordar aquella frase de Luis Gómez Llorente de que el partido se había convertido en un sindicato de cargos públicos.

El primer error fue el de la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Aunque me afecte personalmente no debo obviar que se optó por un compañero, excelente persona, sin experiencia política alguna, nula relación hasta entonces con el socialismo y sin conocimiento alguno de la realidad de Madrid y de sus problemas. Pero una mayoría de cuadros y militantes lo votaron entusiastamente, sencillamente porque tenía el apoyo del secretario general del PSOE, a pesar de que éste, en sus primarias frente a Susana Díaz, exigió por escrito a la entonces Comisión Gestora Federal la más estricta neutralidad. El fracaso es conocido. En plena “era Sánchez” y mientras mejorábamos los resultados en la Comunidad de Madrid, la capital fue la única ciudad importante en la que el voto socialista bajó respecto a las elecciones anteriores, y al cabo de un tiempo el candidato dejó el Ayuntamiento.

Un segundo error de envergadura fue la compatibilidad del cargo de secretario general del PSOE de Madrid con el de Delegado del Gobierno. Sabíamos que Gabilondo había dicho en público y en privado el tipo de discurso y de oposición que estaba dispuesto a hacer, por su forma de hacer política y más aún de hacer parlamentarismo basada en la palabra, en el razonamiento sobre lo complejo. Y cuando más necesitábamos al partido y sus dirigentes para hacer oposición dura a la señora Ayuso, o al alcalde de Madrid, el secretario General fue neutralizado nombrándole delegado del Gobierno. Es sabido que éste tiene que cooperar con las instituciones autonómicas y locales, por lo que difícilmente podía enfrentarse a aquéllos, más bien lo contrario.

Y el colmo fue la campaña de mayo pasado a las elecciones autonómicas madrileñas, en las que, ante la premura de la convocatoria electoral, Gabilondo disciplinadamente aceptó volver a ser candidato. Pero la primera parte de la lista de diputados no las impusieron desde Moncloa, lo mismo que una estrategia electoral absurda y cambiante, que se inició cuestionando a Podemos y anunciando la no subida de impuestos en una comunidad como la madrileña, con los impuestos para los ricos más bajos de toda España, para buscar votos de Ciudadanos, sin que consiguiéramos ninguno, perdiendo más de doscientos mil votantes por la izquierda. Todo ello al albur de los spindoctors de turno, que nos llevaron a perder 10 puntos a lo largo de la campaña electoral.

De todo esto, y de más, habría que haber debatido en el Congreso del PSOE de Madrid, pero nada se hizo. No interesaba, los cuadros que habían apoyado cada una de esas políticas preferían no recordar, apoyando sin fisuras a Juan Lobato como candidato a secretario general, que habló en su campaña de transparencia y de autonomía del socialismo madrileño. Yo no apoyé a Lobato, entre otros motivos porque pensé que no iba a tener capacidad para defender la autonomía del PSOE de Madrid, ante lo que Laski llamó el “abrazo del oso” que entendía le estaban dando muchos de los apoyos públicos que tenía, excelentes compañeros, pero responsables directos de la situación, que le apoyaban entusiastamente, probablemente con el objetivo de seguir controlando la política desde sus cargos y puestos.

Y en efecto, lo primero ha sido la convocatoria acelerada de la Secretaría General de la Agrupación de Madrid. Tras 20 años de figurar en los Estatutos, se convoca aceleradamente con solo un día para presentación de candidaturas, dificultando al máximo que lo pudiera hacer quien no estuviera en la pomada. Mucho me temo que es un claro signo de los peajes que tiene que pagar por haber sido apoyado por algunos. Más aún, la candidatura de la Delegada del Gobierno incide de nuevo en la experiencia de la incompatibilidad entre cooperar institucionalmente con el alcalde de Madrid y la crítica al Ayuntamiento de la Capital, además del mando sobre la Policía Nacional, que si en algún caso comete excesos se achacarán a la Secretaria General del socialismo de Madrid.

Creo que no es buen inicio para Juan Lobato, para la anunciada y necesitada autonomía del PSOE de Madrid. Con todo, hay que darle el máximo apoyo para que ejerza la dirección política de los socialistas madrileños con firmeza, con integración y con autonomía, que no es confrontación sino lealtad al partido y sus dirigentes estatales. Para dar la batalla cultural contra la derecha y sus valores individualistas y privatizadores y para recuperar la autoestima colectiva y ganar de nuevo Madrid para la gente.