Recientemente, la diputada regional de Unidas Podemos María Marín; la cual se ha coronado con todo merecimiento como la mejor parlamentaria en esta legislatura, anunció que su partido iba a proponer una enmienda a la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía en la que se plantea que la población sea consultada cada ocho años sobre el “modelo territorial” de la Región de Murcia.

Puede tratarse de una propuesta positiva, pero de primeras resulta curioso que esa participación de la ciudadanía, algo siempre bienvenido, se circunscriba a un aspecto tan concreto a la par que ambiguo como el “modelo territorial”. ¿Por qué no sobre cualquier cuestión?

Además, resulta evidente que estamos ante una medida pensada por y para el provincialismo cartagenero, no sólo porque se anunció en la puerta del Palacio Consistorial, sino porque hasta la propia Marín utilizó el argumento de la antigüedad de la ciudad departamental para justificarla.

Debatir y participar sobre el modelo territorial es algo sin duda positivo. Por ejemplo, la Región de Murcia, dentro de sus competencias, puede y debe reflexionar sobre su desfasado mapa municipal, pues en todo el siglo XX sólo se crearon tres municipios –el último fue Los Alcázares en 1983–, mientras la población se ha multiplicado desde entonces y las lógicas peticiones de El Palmar, La Manga o Almendricos han sido ignoradas.

También resultaría tremendamente necesario desarrollar la comarcalización de nuestra tierra, algo que lleva pendiente desde 1982, o un debate sobre la descentralización de la administración autonómica más allá de la Asamblea Regional situada en Cartagena. También analizar medidas que eviten la despoblación de comarcas como el Noroeste o el valle de Ricote, que en municipios como Moratalla o Ricote llega a ser preocupante. 

Sin embargo, los guiños al discurso cartagenerista que hizo Marín, indican que, en el fondo, lo que se pretende es abrir la puerta a otros debates que lo único que traerían, desgraciadamente, sería frustración social. Y decimos que sólo traerían frustración por una sencilla razón: a diferencia de los aspectos antes comentados, la CARM no tiene competencias para modificar el mapa provincial por más que se haya insistido durante años en lo contrario de manera interesada. El artículo 141 de la Constitución Española es muy claro al respecto.

Más allá de que en Vía Murciana, plataforma federalista y autonomista, no apoyamos las provincias al ser una herencia del Estado centralizado a la francesa, es un dato objetivo que, citando textualmente la ley: “cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica”. De hecho, desde 1833 sólo se ha añadido una provincia a las cuarenta y nueve originales (al dividir Canarias en 1927), pues en Madrid siempre han sido muy reacios a abrir esa caja de Pandora, al creer que si se concede una, les lloverían las peticiones posteriores en un mapa provincial sin duda perfectible.

Pero más allá de introducir un debate que nuestra autonomía no tendrá capacidad de resolver pues no dependería de nosotros, de manera indirecta, ante la propia ambigüedad de a qué nos referimos exactamente cuando hablamos del “modelo territorial”, se podría abrir la puerta a las pulsiones anti-autonómicas e incluso negacionistas con la Región de Murcia que comparte una parte del provincialismo.

Entendemos que, aunque no haya sido un discurso tradicionalmente vinculado al progresismo, más bien al contrario, desde la izquierda se apueste por atender peticiones como las de la provincia, al ser una aspiración muy extendida en el municipio de Cartagena. Pero, sin posibilidad de dar una salida a esa cuestión, se podría acabar propiciando un cuestionamiento sobre la propia autonomía, lo cual sería como acabar haciendo un pan como unas tortas.

Tan respetables son las aspiraciones o sentimientos localistas del cartagenerismo –que se tuvieron muy en cuenta durante la elaboración del Estatuto con la paradójica participación del anti-autonómico PCAN–, como ese 83% de la población regional que se siente “tan murciana como española”, mientras sólo un 8% se considera “únicamente español”, cuando en Aragón (con nombre neutro) este porcentaje alcanza el 16%, según datos del CIS.

Lo que no debería ser respetable es el innegable populismo identitario que se practica, construyendo un chivo expiatorio al que culpar de todo, tenga competencias o no, con tal de excitar determinados sentimientos “anti”, a veces rayanos al odio, por pura conveniencia electoral. Algo que no sólo practica MC, sino también el PP murciano contra el gobierno de España cuando los suyos no están en la Moncloa.

Que una coalición progresista, que en el resto del Estado abraza el autonomismo cuando no directamente el confederalismo, pueda verse tentada a comprar ese marco o abrir la puerta al cuestionamiento de la existencia de nuestra región, sí que sería preocupante. 

El 12 de julio de 1873 se proclamaba en Cartagena el Cantón Murciano, inicio de la llamada revolución cantonal, reflejo de las luchas que se dieron en el seno del republicanismo del momento –de mayoría federal- entre aquellos que entendían que la federación debía articularse desde las regiones (de abajo hacia arriba), como parte de su concepto “radical” de democracia y de un iniciático autonomismo, y los que apostaban porque fuera el gobierno central el que estableciera los Estados (de arriba hacia abajo).

Más de un siglo después de aquellos sucesos históricos, resulta curioso observarlos desde la perspectiva actual, en pleno 2021, presentándose ante nosotros una región muy diferente ideológicamente, donde el republicanismo federalista era ampliamente mayoritario, hasta el punto de que, liderados igualmente por Antonete Gálvez, los cantonales ya se habían sublevado en 1869 y 1871 por la supresión de las quintas y por la República.

Tras la rendición de Cartagena en enero de 1874, el republicanismo federal murciano vivió una dura represión y el consecuente exilio, lo que no supuso su completa extinción, ya que el Partido Republicano Democrático Federal continuó teniendo presencia en nuestra tierra, llegando a promover en 1905 la Asamblea Federal Murciana, que buscó instituir un nuevo proyecto autonómico.

De igual manera, con la proclamación de la II República en 1931, tanto el Partido Republicano Democrático Federal como el Partido Republicano Radical Socialista presentaron sendos proyectos de estatutos de autonomía para la región murciana, iniciativas que no llegaron a aprobarse, ya que en aquel periodo sólo Cataluña pudo desarrollar de manera plena una administración autonómica.

Si como acabamos de ver, después de la rendición de Cartagena, el republicanismo federal murciano logró sobrevivir, no ocurrió igual tras la Guerra Civil y el duro franquismo, etapa que supuso la práctica desaparición del histórico republicanismo español, ya fuera federal o no, conservador o progresista. Hasta el punto que los partidos republicanos no llegaron siquiera a renacer con la llegada de la Transición (excepción hecha de Esquerra Republicana de Cataluña), a diferencia de las organizaciones llamadas “de clase”, como el PSOE o el PCE. Ausencia que se dejaría notar en el proceso autonómico que entonces daba comienzo.

Paradójicamente, en 1977 se fundó en Cartagena el Partido Cantonal (PCAN), pero en verdad, aquella organización se encontraba en las antípodas del cantonalismo histórico. Fundado por el falangista Julio Frigard, ni eran republicanos ni muchísimo menos federalistas, siendo para más inri un partido opositor a la autonomía murciana. Una organización por tanto localista y provincialista, principios ésos nada cantonales (las provincias son demarcaciones propias de un Estado centralizado al modo francés), estando más relacionado con el cartagenerismo conservador y anti republicano de Alfonso Torres López (alcalde de Cartagena durante la dictadura de Primo de Rivera), que con el federalismo de Antonete Gálvez o Manuel Cárceles.

Que la memoria del cantonalismo se relacione hoy día con el PCAN u otras organizaciones herederas que nada tienen que ver con el auténtico federalismo republicano que abanderó aquella experiencia de 1873, demuestra lo necesario de recuperar y reivindicar ese pasado olvidado por parte de aquellos que sí defendemos valores similares casi 150 años después.

Tras la victoria de Vox en las pasadas generales en la Región de Murcia, la última encuesta del CEMOP confirma la sensación de que buena parte del electorado murciano vive una deriva reaccionaria. Dicha encuesta señala que un 20% de la población es favorable a terminar con las autonomías (a pesar de ser algo tan inconstitucional como la secesión catalana) y un 46% opta por mantenerlas, pero devolviendo las competencias en educación y sanidad. Malos tiempos para el autonomismo.

Estamos ante la expresión de una realidad que viene gestándose desde hace décadas, fruto de la preponderancia del discurso conservador en nuestra sociedad, algo que no es nuevo, basta recordar el 58% de votos obtenido por Valcárcel en 2007 o los ocho diputados de diez que se llevó el PP murciano en las generales de 2011. Pero una cosa es que haya una innegable hegemonía de derechas, que en la Región de Murcia dio comienzo en 1995, y otra que se imponga un discurso abiertamente reaccionario, situaciones ambas entre las que no existe una correlación automática por mucho que Vox sea una evidente escisión del electorado popular. Un buen ejemplo al respecto es Galicia, donde el partido ultraderechista no ha cosechado éxito alguno a pesar de ser una comunidad igualmente conservadora. Entonces, ¿por qué en la Región de Murcia sí se ha producido?

Ya apuntamos en otro artículo publicado en este mismo diario la importancia que en ello tiene el modelo económico murciano, con el papel fundamental de una agroindustria explotadora tanto de mano de obra inmigrante como de recursos naturales (algo que no se da en Galicia), así como también la experiencia de 24 años de valcarcelismo, tan distintos a los del PP gallego. Y es que durante este periodo se ha promovido en nuestra tierra una conciencia regional muy poco elaborada, en donde, al mismo tiempo que se afirmaba una superficial “murcianía” –más retórica que real-, en la práctica, la divulgación de nuestra historia, cultura o patrimonio común era poco menos que ciencia ficción (siendo algo prácticamente desconocido para amplias capas de la sociedad), optando incluso por torpedear la confianza en el propio Estado de las autonomías por mero electoralismo, explotando las supuestas cesiones a Cataluña cada vez que podían, como con la conocida campaña del Agua Para Todos. De esta manera, la defensa de los intereses de los murcianos no se ha vehiculado a través del ejercicio de nuestro derecho constitucional a la autonomía político-administrativa y la valoración del hecho autonómico, que hubiera sido lo lógico, sino incidiendo en una crítica a las mismas autonomías, identificando los intereses de la  Región de Murcia con los de una determinada idea de España, como si fueran la misma cosa, lo cual ha traído consecuencias evidentes.

Quizás Valcárcel sabía muy bien lo que se hacía, ya que una población más pendiente de España que de lo local, más interesada por las ocurrencias de Carod-Rovira en Cataluña que por lo que Antonio Cerdá perpetraba con nuestro Mar Menor, es campo abonado para conseguir un electorado al que le interesa poco la política cercana, y en consecuencia, se muestra acrítico con la gestión de San Esteban (por puro desconocimiento), consiguiendo reelecciones con facilidad en conjunción con las efectivas redes clientelares.  

Pero tampoco nos engañemos, una cosa es que el PP valcarceliano haya moldeado una conciencia regional superficial y muy conectada con un españolismo antiautonómico, y otra que no exista una conciencia regional o que ésta no haya existido nunca, explicación a la que muchos analistas se abonan machaconamente, olvidando tanto la memoria del poderoso federalismo murciano de otros tiempos como los datos de diversas encuestas al respecto. Y es que el CIS de 2015 así como el propio CEMOP de 2018 señalan que una inmensa mayoría de la población se siente tan murciana como española (un 83%), existiendo incluso más población que se considera “sólo española” en Aragón (un 16%) o en la Comunidad Valenciana (un 21%) que en la Región de Murcia (un 8,8%), sentimiento éste mucho más conectado con el nacionalismo español.

Esto evidencia que se puede contar con un sentimiento de pertenencia regional y al mismo tiempo estar en contra de las autonomías, al no ser elementos incompatibles si esa identidad regional es del tipo de la que el PP murciano ha promovido irresponsablemente durante más de dos décadas y media.

Tras las elecciones del pasado 28 de abril, cierta prensa progresista madrileña se ha preguntado el porqué de los buenos resultados del partido ultraderechista Vox en la Región de Murcia –donde alcanzó el 18% de los votos-, sin embargo, las respuestas de algunos de los “expertos” consultados no pudieron ser más peregrinas, desde la supuesta “pervivencia del franquismo” –aunque hasta 1995 la izquierda fuera ampliamente mayoritaria- al peso del “catolicismo”, como si antes de 1995 el número de católicos hubiera sido diferente.

Resultaba curioso comprobar cómo nadie se acercaba ni de lejos a los motivos que explican verdaderamente esta preocupante tendencia, muestra de esa falta de respuestas que en demasiadas ocasiones ha tenido el progresismo –foráneo o local- para explicar la realidad murciana. Y ya se sabe que, sin un buen diagnóstico del problema, poco se puede esperar de la posible “solución” (y así llevamos 24 años).

Aunque en Madrid y en algunos foros locales todavía no se hayan enterado, el eje sobre el que gira la indudable derechización de buena parte del electorado de la Región de Murcia asienta sus bases en el creciente peso que el sector agroindustrial posee en el tejido productivo murciano desde la década de los 90. Momento en el que la crisis de la conserva –donde la mano de obra era preferentemente local, favoreciendo una mayor conciencia de clase- dio paso a una predominio de las empresas agrícolas de exportación, sustentadas en dos pilares: una base laboral muy precaria (y en consecuencia inmigrante) y un alto consumo de recursos naturales (agua y suelo). Que la economía de comarcas enteras se sostenga en este esquema ha garantizado la penetración de los valores más conservadores en amplias capas de la sociedad, donde hablar de principios progresistas como los derechos laborales o la defensa del medio ambiente pone en cuestión la clave misma de un modelo explotador.

Este y no otro motivo es lo que explica el auge murciano de Vox que, no por casualidad, ha contado con los mayores porcentajes de apoyo en las zonas más eminentemente agroindustriales, con un auténtico “cinturón verde” dispuesto entre San Javier y Lorca. Esquema que se repite en provincias con modelos económicos similares como Almería, donde incluso el porcentaje de apoyo a la organización de Abascal rozó el 20%.

Siendo ésta la principal explicación al fenómeno, resulta evidente la existencia de otros elementos propiciatorios, como la propia experiencia de 24 años de gobiernos populares. Y es que si por algo se ha caracterizado el PP 'valcarceliano' en estas décadas, más allá de unos inicios donde hizo gala de una superficial “moderación” necesaria en una tierra que venía de mayorías socialistas, ha sido su carácter más próximo a la FAES de Aznar que a una derecha “civilizada” europea. A los pocos años ya se produjo su “desmelene”, mimando bajo su ala a sectores empresariales sin escrúpulos (como los culpables del desastre del Mar Menor), a la educación privada o a diversos tinglados ultracatólicos que han hecho “de su capa un sayo” y, que ahora, abandonan la mano que les da de comer para arrimarse a esa “derecha sin complejos” que les promete aún más barra libre de la que ya disfrutaban.

Sin olvidarnos de la nula articulación autonomista por parte de la CARM, fruto de que el partido que la ha dirigido durante dos décadas y media tenga una indisimulada alergia a cualquier hecho regional –a diferencia del PP gallego-, por lo que ahora, el discurso antiautonómico de Vox campa a sus anchas sin posibilidad del poderoso contrapeso que podría suponer la defensa social de nuestro derecho constitucional a la autonomía, algo que sí ha ocurrido en otras comunidades el pasado 28-A.

El Partido Popular de la Región de Murcia ha sido pues quien se ha encargado de alimentar un monstruo que ahora amenaza con devorarles cual Frankenstein y del que, por desgracia, la sociedad murciana acabará siendo la principal perjudicada.

Si por algo se caracteriza Donald Trump, más allá de las polémicas que le suelen acompañar, es por haberse aprovechado de la frustración de la clase media americana en tiempos de crisis con tal de llegar al poder, situando a la emigración y al resto de potencias internacionales en el origen de los males del país. Lamentable estrategia política no muy diferente de la que practican ciertos países europeos, con casos sangrantes como el de Hungría, y que también se identifica en ejemplos que nos son más próximos, ya que el independentismo catalán bebió igualmente del malestar social, culpando en exclusiva de los recortes a Madrid para excitar el odio y los rencores. Una misma frustración que en la Región de Murcia usa y alienta el Movimiento Ciudadano dirigido por José López.

A alguien le  puede parecer una comparación un tanto exagerada, aunque no me negarán que, en sus conocidas salidas de tono, el exalcalde de Cartagena es clavado al presidente americano. La cuestión es que en lo de aprovecharse de las consecuencias de la crisis y el mal gobierno de las distintas administraciones para buscar un culpable único con tal de exacerbar los sentimientos de muchos cartageneros y sacar rédito electoral, MC sí que se aproxima al mencionado esquema.

No hace falta decir que para López y los suyos, “Murcia” es la responsable de todos los problemas, así como, por extensión, también la Comunidad Autónoma que allí tiene su sede. Administración dirigida por un PP en pleno fin de ciclo a quien, tras 23 años en el poder y con el fracaso del modelo varcarceliano, se le acumulan vías de agua que a malas penas pueden taponar. Sin embargo, habría que preguntar si muchos de esos fracasos que MC vende como exclusivamente sufridos por Cartagena no son padecidos de igual manera por el resto de la Región de Murcia. El asunto del Rosell es sin duda una vergüenza, pero se enmarca en el deterioro general de la sanidad murciana cometido por un partido que no cree en los servicios públicos. Y más de lo mismo con la educación, ya que barracones hay a un lado y al otro del puerto de la Cadena, suponiendo un escándalo su mera existencia mientras se multiplican los conciertos.

Por no hablar de todas aquellas parcelas cuyas responsabilidades no son exclusivamente regionales al no tratarse de competencias transferidas por el Estado, pero donde de igual manera, “Murcia” acaba siendo la única culpable para MC, ya sea el trazado del corredor Mediterráneo, el AVE, las autopistas o el traslado de San Javier al aeropuerto fantasma de Corvera, algo que sin el consentimiento de AENA difícilmente podría haber ocurrido.

Hasta el mismo hecho de que en 1833 no se creara una provincia con capital en Cartagena, es usado habitualmente por el cartagenerismo para señalar a “Murcia”, como si las provincias no fueran demarcaciones del Estado y la España de aquel tiempo no constituyera un país completamente centralizado en Madrid. Pero de Madrid nunca se acuerdan, quizás porque, al no existir una rivalidad histórica entre ambas que explotar en su beneficio, no les interesa.

Para López y los suyos, la propia denominación de nuestra comunidad es inconstitucional, aunque no se conoce recurso alguno interpuesto por su parte ante la justicia en estos casi 40 años. Y todo porque, según afirman, el artículo 143 de la Constitución obligaba a que las regiones tuvieran la denominación “que mejor corresponda a su identidad histórica”. La cuestión es que ese artículo no se refiere a ciudades, sino a regiones, y de forma previa a 1978 ya existía Murcia como región. De hecho, existían todas salvo Cantabria, La Rioja y Madrid. Por lo tanto, ¿esperaba el cartagenerismo que Murcia fuera la única región de España que desapareciera para procurar una “neutralidad” nominal? Neutralidad que ni Valencia ni León procuraron, y ahí siguen.

Ante críticas como éstas, suelen defenderse señalando que es “Murcia” quien alienta la separación y el enfrentamiento ante su política centralista, aunque luego, en el caso de las competencias del Estado, ese mismo centralismo –del que pocos pueden dudar– no les genera los mismos sentimientos contra España. Con lo que podríamos concluir que su selectiva denuncia del “centralismo” es más una simple herramienta, una manera de justificar algo que en el fondo, como cualquier sentimiento, no es del todo racional.

Los miembros de MC están en su derecho de no sentirse murcianos de “región”, sólo faltaría, pero lo que sin duda resulta reprochable es que para conseguir determinados beneficios políticos se recurra al aliento de las rivalidades geográficas, la incitación al odio, la creación de chivos expiatorios, la interpretación instrumental de la historia y la apropiación de la representación de toda Cartagena.

No todo vale en política por más que el estilo Trump esté de moda entre la derecha reaccionaria.

*Artículo de Pedro J. Sánchez, portavoz de Vía Murciana