La primera vez, Carolina Sánchez fue detenida con más de cuarenta cápsulas de cocaína dentro de su cuerpo. Se había empezado a sentir mal, le dolía la panza, transpiraba. Su marido no sabía, sus hijos tampoco. La segunda vez no tragó la droga: la llevó en un paquete. La agarraron de nuevo. Carolina tiene 36 años, es argentina y vive en Orán, una ciudad de 86 mil habitantes en la provincia de Salta, a sólo 50 kilómetros de Bolivia. Más cerca de Bolivia que de la capital de esa provincia argentina.

Fue condenada por traslado de droga dos veces, estuvo presa en una cárcel, en un escuadrón de Gendarmería y bajo arresto domiciliario. Pero la última resolución de la Justicia fue declararla inimputable: tiene un retraso madurativo y no sabe leer ni escribir. Un hijo murió por desnutrición y otro tiene epilepsia. Su casa no tiene puertas, el piso es de tierra y a sus perros se les ven las costillas. 

Es febrero y en Orán el calor es insoportable. Todos llevan un repasador o toalla pequeña al hombro para secarse el sudor de la cara: gotas en la frente que parecen reproducirse a cada paso. Las calles son, casi todas, de tierra, excepto en el centro de la ciudad. Por el barrio donde vive Carolina los pozos son profundos. En su casa no hay gas, tampoco azulejos y mucho menos cloacas. Están intentando levantar tres paredes de ladrillos para armar un baño fuera de la casa. 

Brian mira a su mamá mientras habla. Sus ojos son grandes y tímidos. Es el único que puede agarrar a las gallinas que corren por el patio y levantan la tierra del suelo. Pero ahora está sentado, tranquilo. Y observa. 

Sufre de epilepsia. Su madre no sabe cómo ni por qué, pero se desespera cuando lo ver mal. Un día iban a empezar a comer torta fritas frente a un fuego que habían prendido para calentarse cuando de repente al nene se le pusieron blancos los ojos y empezó a convulsionar. La vecina llamó a la ambulancia, pero no logró que lo vinieran a buscar. Lo terminaron llevando en remis al hospital más cercano.  

Ahora le queda un frasco de jarabe de ácido valpróico que tiene que tomar todos los días. Cada frasco sale 1.200 pesos (17 euros). Esto representa casi la mitad de lo que cobra del Estado por el niño (lo que se conoce como Asignación Universal Por Hijo), plata que usa para darle de comer, vestirlo, comprarle los útiles para la escuela, etc. Pero no le alcanza.

Carolina estuvo presa en la cárcel federal más grande de la provincia: Complejo Penitenciario III, más conocido como la cárcel de Güemes, por estar en una ciudad que lleva el nombre Martín Miguel de Güemes, un militar y político clave en la Guerra de Independencia de la Argentina. Ella no es una excepción: la infracción a la ley de drogas es el motivo principal por el que las mujeres están presas en Argentina. Algunas por vender, otras por trasladar. En su gran mayoría son pobres y nunca cometieron otro delito. 

El día de la oferta

Un día de 2014, después de haber tragado las cápsulas de cocaína, Carolina empezó a descomponerse. “Ya iba jodida, estaba mal en el colectivo [autobús] ya. Como descompuesta del estómago, vomitando”. La llevaron a un hospital, pero no sabe a cuál. Cuando se recuperó la trasladaron a la cárcel. Pasó un tiempo -no sabe cuánto- y le dieron prisión domiciliaria. 

— ¿Por qué decidió hacer eso?

— No tenía plata, vivía en el fondo, tenía mi casa hecha de nylon [a base de lonas]. Se me quemó mi casa, no tenía ayuda del municipio, nada.

— ¿Alguien vino a ofrecerle que pase la droga?

— Yo trabajaba pasando la ropa y ahí me han hablado. Ropa por docena. Pasaba del mercadillo, acá nomá, donde van los tour [de compras que llevan gente a Bolivia a comprar ropa], de la terminal más para acá. Una feria grande donde van todos los bagayeros [contrabandistas]. De ahí para Salta. Me ofreció. Y yo le dije bueno. Era una mujer. Yo le llevé, y al final no me han pagao nada.  

El bagayeo [contrabando] es uno de los trabajos informales más comunes de la frontera. El bagayero es la persona que cobra por trasladar lo que sea, desde ropa hasta electrodomésticos, de Bolivia a Argentina o viceversa. A veces lo hacen por el paso permitido, otras por los pasos ilegales. A veces pasan mercadería legal, otras ilegal. 

“El bagayero no tiene permitido abrir y ver lo que está pasando. Es como un transportista. Cuando llega al otro lado y lo agarran los gendarmes y le abren el paquete, se entera de lo que lleva”, explica Mónica Jarruz, la psicóloga del equipo de la Defensoría pública de Salta. “La mayoría de los bagayeros pasan por fuera del límite porque pasan mucha cantidad. Y no son dueños de la mercadería”, aclara.

Carolina no se acuerda bien dónde la detuvieron. Sabe que cerca de la capital de Salta. La bajaron los gendarmes, la llevaron al hospital, los médicos le pusieron suero. Su marido no sabía nada. La buscó y la buscó, hasta que la encontró internada y esposada. 

Ella, dice, nunca le dijo nada. Él sabía que se iba a trabajar pasando ropa y volvía a la noche. Pero Carolina nunca nombró la droga. 

En tierra de pobreza

Salta es una de las provincias más pobres de la Argentina. Según el último censo, el 23% de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas. El promedio del país es del 12,5%, porcentaje que la provincia casi duplica. 

En la ciudad de Orán los indicadores de pobreza son aún peores: el 63% de los hogares tienen suelo de tierra o cemento, el 74% no tiene gas de red para cocinar, y cuatro de cada 10 no tienen alcantarillado, e incluso algunos ni siquiera retrete. 

Carolina, además, es parte de los 30.000 analfabetos de Salta. No solo no sabe leer ni escribir, tampoco tiene muy claro qué edad tiene. Cree que 36, pero no sabe cuándo la anotaron en el registro civil. Crió a sus siete hijos en Orán. Uno de ellos murió: “Era chiquito. Ha muerto así decía que era gordo, pero no era gordo, era desnutrido. Era todo hinchado. Era todo gordito pero no era el peso normal. Se llamaba César”. 

Durante mucho tiempo trabajó en una feria de comidas llevando un carrito: “Lo arrastraba yo sola. A la gente que compra, yo le sacaba la mercadería en el carrito. Hasta afuera o hasta la terminal. Un carrito con ruedas”, dice Carolina sentada en un banco de madera ajada, los pies en la tierra seca.

No se acuerda si terminó primero o segundo grado de la primaria. Se había anotado el año pasado en una escuela para adultos cerca de su casa, la maestra le insistió. No sabe leer, pero escribir dice que sí. Lo intenta, pero los horarios se le complican con llevar a los chicos a la escuela, ir ella, trabajar e intentar tener algún ingreso más para darle de comer a su familia. Su marido hace lo que muchos en la zona: es trabajador golondrina. Viaja mil kilómetros a cosechar manzana y pera al sur del país, o a juntar aceitunas. Pasa meses sin volver a su casa. 

En la feria Carolina trabajaba con su hija. Otras veces iba a cosechar tomate, calabacín, naranja, limones. Ahora es niñera de su vecina. Pero en el medio hubo un ofrecimiento. O dos, a los que no se pudo negar.

Las cápsulas en los cuerpos

Ana Clarisa Galán Muñoz es la jefa de todos los defensores públicos oficiales de Salta ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de esa provincia. Su equipo es el que defiende a las personas que son acusadas en esa provincia de traslado o contrabando de estupefacientes y no se pueden pagar un abogado particular. Por eso sabe bien que algunas mujeres tragan las cápsulas de cocaína, que los narcos primero les hacen practicar con zanahorias, y empujan a las que no pueden hacerlo a llevar la droga en bolsos o adosada al cuerpo. 

A las que logran ingresar las cápsulas al cuerpo se las llama mulas o capsuleras. “A las que no tragan se les llaman camellos. Porque en definitiva es la misma modalidad, tu cuerpo utilizado para traslado, como si fueses una mula. Más allá de que sea interno o externo, lo que hacés es exponer tu cuerpo para el traslado de estupefacientes”, explica Galán Muñoz en su oficina en la capital de Salta. 

Dentro de su equipo trabajan, además de la psicóloga Mónica Jarruz, un trabajador social y un médico. Cada uno conoce todo el proceso, pero se especializa en lo suyo. El trabajador social entrevista a las mujeres apenas son detenidas. Y ahí, ellas le cuentan que por cinco o 10 mil pesos (70 o 140 euros) arriesgan su vida. “Lo hacen por miserias. Te das cuenta que ellos [los narcos] saben que la vida de esa gente no vale nada. Y tiene que ver también con la feminización de la pobreza. Como son de estratos sociales más vulnerables, tienen a cargo familia, son jefas de hogar en muchos casos. Buscan la desesperación de la mujer”, dice. 

En un trabajo titulado 'Estrategias de defensa en casos de mujeres “mulas”', los investigadores Gabriel Ignacio Anitua y Valeria Alejandra Picco explican en qué parte de la estructura del narcotráfico suelen estar las mujeres: “Mientras los hombres tienen más posibilidades para desempeñarse como intermediarios, reclutadores o comerciantes, las mujeres, por lo general, se insertan como correos de drogas o circunstanciales vendedoras de pequeñas cantidades en sus domicilios”. 

El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzo, es investigador del sistema judicial desde 1993. Siempre se desempeñó en la región, por eso conoce al dedillo la situación de las mulas: “Dentro de ese grupo, quien arriesga su vida tragando cápsulas evidentemente tiene un concreto estado de vulnerabilidad. Nadie pone en juego su vida por ganar dinero”.

Cada tiza de cocaína que tragan tiene, en general, 10 gramos. Con que una se explote dentro del cuerpo, la persona morirá de sobredosis, aunque nunca haya probado la droga. 

Detenida otra vez

El 9 de agosto de 2018 Carolina fue detenida por segunda vez. Efectivos de la Policía Federal estaban haciendo control en la ruta nacional 50 a la altura del ingreso a la ciudad de Orán. El autobús en que viajaba tenía destino Salta, la capital de esa provincia argentina. En el último asiento del piso superior estaba ella con una mochila negra. Dentro había ropa y un envoltorio de plástico negro tipo ladrillo: cocaína. 

“Acaicito' me han pillado. Yo le dije al policía: vamos si quiere, ahí está la señora [que me contrató]. Han entrado, pero no la han encontrado porque ya se iba el tour ese. Yo le decía: Si no se demoraba íbamos a encontrar a la señora. Así que quedé detenida otra vez”, dice Carolina. Ella quería que la policía fuera a buscar también a quien le dio la droga. Pero eso no sucedió. 

Quedó presa en un Escuadrón de Gendarmería, espacios de las fuerzas de seguridad federales que se suelen utilizar para alojar detenidos hasta que se encuentran plazas libres en la cárcel. Quince días después la defensa hizo un pedido de prisión domiciliaria, fundamentado principalmente en el interés superior de sus hijos. Dos semanas más tarde intervino el asesor de menores e incapaces, emitió dictamen y pidió urgente lo mismo: que cumpla la detención en su casa. 

El 24 de septiembre su causa se elevó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de Salta. En diciembre, su defensa pidió el sobreseimiento por inimputabilidad. Posteriormente, su defensa la acompañó al Hospital de Salud Mental Ragone para que le hicieran un informe psicológico, donde le diagnosticaron un retraso intelectual. También realizaron un informe socioambiental en su casa y adjuntaron certificados médicos de su hijo Brian. En febrero de 2019, la defensa logró que a Carolina se la declarara inimputable y, por lo tanto, la causa fuera sobreseída.

Ahora, dice, no sabe cómo estará su caso. La palabra inimputable no parece significarle mucho. Ella sólo sabe que ya no está presa y que no tiene que ir a firmar a ningún lado como lo hacía antes. 

Trabaja cuidando niños durante ocho horas. Por ese trabajo le pagan 350 pesos por día (5 euros). A veces también plancha o lava ropa para otra gente. La suele ayudar su hija. El tiempo que no está en la casa, la niña de doce años con su hija de nueve hacen té o cocinan para el resto. 

Aunque le dé mucho miedo la salud de Brian, Carolina tiene decidido no volver a pasar droga. No quiere dejar solos a sus hijos otra vez.

Andrea cree que su marido se contagió de coronavirus en una fuente comunitaria. Como otras 60 familias más de la Villa Azul, ellos tampoco tienen agua dentro de la casa. Para comer, cocinar, lavarse las manos y bañarse deben salir a llenar baldes. Hace una semana se detectaron los primeros ocho contagiados allí donde los servicios esenciales son casi nulos­. Ahora los casos superan los 200. El domingo de la semana pasada por la noche el perímetro de la villa fue cercado con vallas y policías. En los más de 70 dí­as que lleva Argentina de cuarentena –ahora esta medida se ha prolongado hasta el próximo 7 de junio–, ningún otro barrio ha sido aislado de esta manera.

Dentro quedaron unas 3.000 personas con hambre y miedo. Dí­as antes del cierre, un grupo de vecinos y vecinas habí­a cortado la carretera pidiendo que el Ministerio de Salud fuera a hacer pruebas de COVID-19 al lugar. Lo que encontraron no sorprendió a sus habitantes, sospechaban que ya había muchos casos. Lo que no creían que fuera a pasar era que los encerraran en su propio barrio.

La familia de Andrea –ella, de 25 años, su marido de 27 y sus cinco hijos de uno, tres, cinco, siete y nueve años– ahora se alimentan de lo que les lleva el Estado y otros vecinos. “Si vos a mí­ me das un arroz, un fideo [espaguetis] y un puré, ¿qué hago yo con eso? Es algo ilógico lo que están haciendo”, se queja Andrea desde su casa, enojada. Su marido cumple el aislamiento en la habitación de al lado. Es uno de los casos positivos.

Andrea es la cuñada de Gabriela, que también vive en el barrio y ahora reparte casa por casa, como voluntaria, un poco de comida para cada familia, mientras intenta comunicarse con Soledad, su comadre. Soledad tiene 20 años, está embarazada, contagiada de COVID-19, a punto de tener su cuarto hijo. Cuando le dieron el resultado de la prueba fue a preguntar si podía cumplir el aislamiento en su casa. Le dijeron que no, y la llevaron al hospital sin ropa ni teléfono móvil. Su marido se enteró de que se la habían llevado cuando fue a preguntar al centro de salud dentro del barrio. A él, a pesar de ser un contacto estrecho, no le querían hacer el test. Por eso mintió: dijo que tenía fiebre y tos, y sus hijos también. Ahora esperan el resultado.

Un censo nacional ausente

No hay forma certera de saber qué cantidad de contagiados viven en villas o asentamientos de Argentina. Las administraciones de Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la mayor cantidad de casos a nivel nacional, han tomado decisiones distintas: la primera publica cada día los números con la referencia al barrio donde viven los contagiados, la segunda lo registra pero no informa a la prensa. Aunque el caso de Villa Azul ha sido imposible de ocultar.

“El 14% de los casos acumulados de la provincia de Buenos Aires están en las villas”, ha afirmado el viceministro de Salud de la provincia. Ahora, en ese territorio, ya hay 5.069 personas contagiadas. Esto indicarí­a, entonces, que al menos son alrededor de 700 los confirmados que viven en barrios vulnerables. En la Ciudad de Buenos Aires se han contabilizado alrededor de 3.120. Entonces, de los contagiados en Argentina, unos 14.700, los habitantes de las villas representan más del 26% del total.

Lo que sí existe es un indicador de la cantidad de barrios donde la gente vive en situación de pobreza. El Registro Nacional de Barrios Populares indica que más de 923.000 familias viven en la pobreza, sin acceso a servicios básicos como agua, gas, alcantarillado y electricidad. Más de la mitad –485 mil familias–, están en la provincia de Buenos Aires. Ahí se encuentra Villa Azul.

Y en Villa Azul los indicadores se repiten: el 72% de las casas están construidas con materiales no sólidos y casi la mitad de su población tienen un vertedero a una cuadra. En esas condiciones, según los expertos, la cuarentena se vuelve un lugar difícil de transitar.

“Lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto, y que ahora nadie tiene excusa de decir 'no me di cuenta', porque todos lo hemos visto”, ha explicado el presidente Alberto Fernández. Ahí están las dos Argentinas, en un mismo barrio“, dijo en referencia a esta zona.

Ya para fines de marzo, cuando se anunció el confinamiento, Fernández había advertido que la consigna “Quedate en casa” se convertiría en “Quedate en tu barrio” en el caso de las villas y asentamientos.

La idea surgió, en realidad, de un informe publicado por la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, integrada por un grupo de 'curas villeros', como se le llama a los sacerdotes que trabajan en las villas, y de monjas. “Muchas de las medidas preventivas aconsejadas por las autoridades sanitarias gubernamentales en materia de prevención de dengue o de prevención del coronavirus resultan de imposible o de muy difícil cumplimiento en barrios donde existe un fuerte déficit de agua potable, de calidad de agua segura, y donde muchas personas viven en los pasillos de los barrios sin acceso a condiciones elementales”.

El primer caso en la Villa 31 se dio 50 días después del primero registrado en la Ciudad de Buenos Aires. “Pero en tan sólo un mes, de no haber casos en villas hoy pasaron a representar el 40% del total en la capital. Esto tiene que ver con que las condiciones de habitabilidad de los barrios hace que todo el sistema de prevención falle, y por otro lado las mismas condiciones estructurales hace que los contagios sean de manera más exponencial”, explica Rosario Fassina, de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización que trabaja desde hace 15 años buscando garantizar los derechos humanos de quienes viven en las villas de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es imposible cumplir las medidas sin agua”

En la provincia de Buenos Aires, de los más de 1.700 barrios populares que el Estado tiene registrados, el 98% de las familias no tiene acceso a gas y siete de cada diez no tienen acceso formal a la luz. Pero el agua, en especial, en estos casos es la clave: el 83% no cuentan con conexión a este recurso básico para cumplir con las medidas de higiene. Esto pasa en Villa Azul, y también ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.

Lo supo bien Ramona Medina. El 3 de mayo Ramona se grabó hablando frente al teléfono. Se dirigía a las autoridades políticas de la Ciudad: “Llevamos 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos el mayor cuidado, que nos pongamos mascarilla, que no salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto: ¿cómo pretenden ellos que no salgamos a la calle si tengo que ir todos los días a comprar agua?”. Contaba el terror y la desesperación de no tener acceso a lo más básico. También hablaba del miedo a contagiarte el virus.

Diez días más tarde, la organización 'La Poderosa', a la que ella pertenecía, anunciaba que Ramona estaba internada con respirador. El 17 de mayo murió. “Nos mataron a Ramona”, dijeron por todos lados sus compañeros y compañeras. Ella es una de las 24 fallecidas por COVID-19 en las villas de la capital.

De acuerdo con los registros de la Ciudad, la Villa 31 y la 1-11-14 son las que más casos de coronavirus tienen. En las dos, los vecinos ya venían denunciando la falta de agua. “Esto es gravísimo en cualquier contexto, pero en este contexto pone en jaque el derecho a la vida”, cree Rosario Fassina.

Francisco Ferraio, director de Regiones de la ONG Techo, también advierte: “No poder acceder al agua cobró mucha relevancia con la situación de la [Villa] 31, pero es común, es estructural, es una deuda gigante que tenemos como sociedad. Es imposible cumplir con esa medida de seguridad si no tenés acceso al agua”.

Así como la Villa 31 no es la única sin agua, Ramona no fue la única referente barrial muerta por coronavirus. Otros dos referentes barriales también fallecieron, y sus comedores cerraron. Las familias, entonces, se van trasladando en busca de comida a los espacios comunitarios que siguen abiertos. Cuando sus vecinos tienen necesidades, los y las referentes son los primeros en llegar. Y así es que se exponen a todo.

Donde el trabajo informal es la regla

Gran parte de la población de las villas está dentro del mercado informal de trabajo. “No tienen un sueldo fijo para afrontar los gastos de quedarse en la casa. Por lo que se hace imperioso salir a conseguir un recurso para vivir”, explica Fassina. Muchos trabajan de lo que se llaman “changas”, que puede ser desde juntar basura en las calles, o material reciclable, hasta ser albañil, donde si no se construye no se cobra.

Esta falta de ingresos hace que se tengan que fortalecer los comedores comunitarios. Pero cómo se cocina y se mantiene la higiene en un barrio donde no hay agua: eso se preguntaba Ramona Medina.

“En los lugares donde los grados de hacinamiento son mucho más altos o con condiciones de servicios muy escasas cumplir con las medidas de seguridad mínima es muy difí­cil. Y no salir de la casa también, porque cuando la casa se inunda cada vez que llueve o se quedan sin luz, es muy duro hacer la cuarentena”, explica Francisco Ferraio.

La ONG Techo trabaja en 80 barrios populares repartidos en diez provincias de Argentina. Cuando consultaron qué necesitaban, la demanda de los vecinos fue clara: comida. En una encuesta que está en curso, de todas las personas encuestadas el 95% perdió el trabajo. “La posibilidad de mantener el trabajo ha sido casi nula”, concluye Ferraio.

Eso lo sabe Andrea, de Villa Azul: “Mi marido estaba desempleado hace mucho, se manejaba con changas (trabajos esporádicos), vivíamos día a día y hoy no lo puede hacer”. Hace casi un año tomó, junto a otros vecinos, las tierras de ese barrio. Lo hicieron reclamando que se continúe con un plan de viviendas que se truncó. Pero eso no ocurrió, entonces agarraron los materiales que estaban tirados ahí, como una señal más de abandono, y empezaron a armar sus casas.

Ahora, algunas viviendas son de telgopor (un aislante de polietileno). Otras ya lograron revestir ese material con cemento y ladrillo. Su marido la acondicionó, dice Andrea, para que la familia pueda vivir de manera decente: “Le pusimos chapas, pintamos, él instaló ventanas, marcos, puertas, me hizo el pozo del baño”, cuenta, y repite “tengo baño”, como si fuera un lujo más que un servicio básico. Pero aunque esté conforme con su casa, aún reclama algo clave: “Lo que me faltarí­a es el agua”.

Cuarenta mujeres vestidas con ropa deportiva hacen fila para salir por una puerta enrejada y angosta y chocar la mano o abrazar con fuerza a Carolina Dunn, su entrenadora. El pasillo las deja en una cancha de rugby pequeña, rodeada de puertas de hierro, concertinas y guardias. El césped está hirviendo: son los primeros días de diciembre y nada evita que los 30 grados den de lleno en los cuerpos que, en sólo minutos, estarán transpirando a mares. Esto es la Unidad Penal nº47 de San Martín, una cárcel de mujeres del conurbano bonaerense, de las zonas más pobres de Argentina. Ellas son Las Espartanas.

Son las 10:30 de la mañana. Suena el silbato de Carolina para dar inicio al entrenamiento, pero la que dirige esta primera parte es Sofía, una chica que juega al hockey en el primer equipo de un club importante fuera de estos muros. Es delgada, rubia y exigente. “Vamos, veinte bolitas al ritmo del silbato”, grita para que las cuarenta, de cuerpos bien distintos, hagan los abdominales.

En esta unidad, las mujeres están presas, en su mayoría, por delitos menores como tenencia de drogas o lesiones graves por pelearse en la calle. Son 186 repartidas en cuatro pabellones. En el pabellón 3 viven sólo las “jóvenes adultas”: todas tienen menos de 30 años, excepto tres de más de 40, a quienes les llaman cariñosamente “las mamis”.

Primero dan dos vueltas a la cancha corriendo mientras varios hombres, presos en un pabellón de al lado, miran como si estuvieran en un palco. Hace tres meses que este grupo entrena los martes por la tarde y los viernes por la mañana. Pero todos los días se turnan para hacerlo también en un patio pequeño que hay en el pabellón.

Algunas tienen un look más de rugby, otras sólo deportivo, y el resto mallas y zapatillas. Siguen con el entrenamiento físico bajo un sol radiante de verano. No hay sombra por ningún lado. Al otro lado de la cancha, Carolina habla con Dalma, una espartana experimentada, más grande y con más tiempo de juego. Dalma es la que impulsó al resto para formar el pabellón de mujeres jugadoras de rugby.

El origen

La primera vez que Carolina Dunn entró a una cárcel fue a una de varones que ya jugaban al rugby por la Fundación Espartanos, una organización sin fines de lucro que busca bajar la tasa de reincidencia delictiva a través del rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad.

Ese día, después de dos horas de observación, el entrenador le hizo una pregunta: “Es el último partido, ¿qué vas a hacer: arbitrar o jugar?”. “Yo juego”, le contestó Carolina.

En la primera jugada le hizo un placaje al mejor jugador, al más duro. Se acuerda y se ríe. Apenas unos días después, el 18 de noviembre de 2016 Carolina Dunn, creó 'Las Espartanas' en la cárcel de mujeres.

En su pueblo, a 27 km de este lugar, Carolina es conocida por ser deportista. Alguien le habló de ella a uno de los directivos de la Fundación Espartanos. Ese directivo estaba buscando una mujer que pudiera entrenar a las presas, y la encontró. Hoy está a cargo de más de 70 presas de distintas unidades que juegan al rugby. A Carolina no le importa qué deporte jueguen, sino que jueguen.

En marzo de 2009, en la Unidad Penal N° 48 de San Martín, al lado de donde ahora juegan las mujeres, nació lo que luego sería la Fundación Espartanos. En ese momento sólo había diez jugadores y dos voluntarios. Diez años después, funciona en 65 unidades con unos 3.000 jugadores.

Huelga y superpoblación

Una chica está sentada fuera de la cancha. No va a jugar porque se hizo un esguince –se saca la zapatilla y muestra el dedo inflamado–, pero no se queja. “Venimos contentas porque vemos el cielo”, dice. Pero no todo el tiempo en la cárcel es así. El 10 de diciembre, más de 9.000 presos y presas empezaron una huelga de hambre pidiendo, entre otras cosas, dejar sin efecto una ley que limita las excarcelaciones y endurece las penas, cuenta la chica del esguince.

También piden reinstalar la ley del “2x1”, que computa doble cada día que una persona detenida pasa en prisión preventiva. Según el último informe de 2018 del Ministerio de Justicia de la Nación, el 46% de la población carcelaria está procesada, es decir, no tiene condena firme, la Justicia aún no dictaminó que fuera culpable. “Menos mal que no estamos todavía en huelga de hambre”, dice una presa que sale del partido agitada en busca de una botella de agua.

Según la Comisión Provincial por la Memoria, organismo de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la superpoblación en las cárceles bonaerenses es del 113%. Lo significa que las personas descansen por la noche en el suelo o se turnen para dormir. En su último informe denunciaron que, en diciembre de 2018, había 48.615 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y monitorizadas con brazaletes electrónicos. En julio de 2019 eran 50.500. Un nuevo récord. La tasa de encarcelamiento es, también, la más alta de la historia.

El aliento

“No, yo no quiero jugar”, dice una de las presas cuando Carolina las convoca para formar los equipos. “Animate, te tenés que sacar el miedo”, le insiste Dalma. En menos de diez minutos estará corriendo toda la cancha. A las 11:30 de la mañana empiezan a jugar en equipos de a cinco. La cancha no da para muchas más. Hay aplausos de todas las de afuera cuando una hace un ensayo. “La hiciste, perri”, le grita una, felicitando a la que anota el punto. “Juegan lindo porque juegan con mucho pase”, dice una de las “mamis”.

A Norma Ramírez le llaman 'Chile', porque aunque haya nacido en Argentina, gran parte de su familia vive en el país vecino. Tiene 26 años y cuatro hijas pequeñas que quedaron al cuidado de una tía. Es de Liniers, un barrio de Ciudad de Buenos Aires. Está presa por “tentativa de robo” y está en la cárcel desde hace seis meses. El año que viene se quiere apuntar a la universidad para estudiar Abogacía. Tiene los labios pintados de rojo, una coleta larga y la ropa de rugby impecable.

Karina Diaz tiene 41 años, es una de las “mamis”. Fuera jugaba al balonmano. El 11 de diciembre se cumplieron 6 meses desde que cayó presa. Es de La Matanza, el distrito más poblado y uno de los más pobres de toda la provincia de Buenos Aires. Pidió que la pasaran al pabellón 3 porque ahí estaban sus dos hijas.

“Yo primero observé todo el juego porque no había jugado nunca. Un día dije: me voy a animar. Me metí y de ahí no paré más”, dice Karina. No quiere hablar de la causa que la llevó a estar presa. Sólo cuenta que está por firmar un juicio abreviado que la dejará al menos dos años y ocho meses tras esas rejas.

'La Chile' patea la pelota ovalada, Karina la agarra en el aire y corre hasta el fondo. Fuera más de veinte mujeres le gritan: “¡Vamos, mami!”. Logra esquivar a las del otro equipo que la intentar tumbar, acelera y logra el ensayo. Todas --todas-- aplauden. No importa el equipo, no parece haber contrincantes. Durante toda la mañana se turnarán para jugar unas contra otras. Al final, a quienes no les gane el cansancio y el calor se sumarán a distintos equipos. Ellas solo quieren jugar.

Se escucha la música que viene de otros pabellones. Suenan Los Ángeles Azules un grupo de cumbia mexicana con una canción que dice “si de casualidad, me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti”. Las que esperan afuera cantan. Otras le piden agua a los hombres que ven a través del enrejado. Ellos traen botellas heladas y se ponen de puntillas para alcanzarlas por un hueco. “Seba, dicen las chicas si no le ofreces agua. Decile al del pabellón 4 si no nos mandan una botella con hielo”.

El entrenamiento termina a las 12:30. Las mujeres estiran los músculos en círculo. Carolina les indica que abran las piernas y toquen el suelo. Una pierna, la otra, dejan caer el cuerpo. Se levantan y giran hacia el otro lado. “¿Qué somos?”, grita una. “¡Espartanas. Auh, auh, auh!”, contestan todas.

La salida

“En ningún momento me sentí presa”, dice una chica alta y delgada de pelo largo. Están en círculo hablando sobre un evento que hubo el viernes anterior donde fueron a jugar un “intercarcelario” a la cancha de rugby grande que hay en la unidad 48, al lado de la cárcel donde ellas están alojadas. “Fue un momento inolvidable”, dice otra. “Me hizo sentir como si estuviera en un club”. “Me sentí famosa por un día, todos pedían foto con Las Espartanas”, se ríen.

“Volvimos cantando en la camioneta”, cuenta una más. La camioneta es donde se trasladaron, dentro del complejo penitenciario, de una cárcel a la otra. Ese día, las que no “viajaron” entrenaron en la cancha chica. “Las que no fueron se pusieron a jugar como nunca. Ahora no quiero ver a ninguna con el culo en el suelo”, dice Carolina, entre estricta y amorosa, al círculo de presas que la escuchan atentas. El entrenamiento terminó, es hora de reflexionar y de animar. “Me voy con arresto”, le dice una de las presas a Sofía, la voluntaria de la Fundación Espartanos.

En menos de una semana esa chica estará cumpliendo la condena en su casa, con prisión domiciliaria. Sofía la mira y le da la mano como en una felicitación formal. “¿Estás contenta?”, le pregunta. Más vale. Detrás de ellas, un mural dibuja una montaña, un lago y la palabra “Libertad”.

Daniel Pedraza pensó que estaba sano, pero no era cierto. Durante 30 de sus 58 años ha estado trabajando en el Taller Rancagua de la línea B del 'subte' de Buenos Aires, revisando y arreglando neumáticos, puertas y sistemas de frenos. Ahora lleva más de un mes en su casa, esperando. 

Es uno de los trabajadores afectados por la presencia de amianto [asbesto] en el metro de Buenos Aires. Este martes, la empresa municipal de la capital argentina ha demandado a Metro de Madrid por la venta en 2011 y 2012 de vagones contaminados, según adelantó eldiario.es. Pide que se declaren nulos los contratos, alegando que la comercialización de equipos con esta sustancia estaba prohibida, y solicita una indemnización por daños y perjuicios de cerca de 15 millones de euros.

Daniel cuenta que, todos los años, la empresa le hacía exámenes médicos. Todos los años le decían que estaba sano. Aunque el trabajo bajo tierra puede ser insalubre –y él lo sabía–, se lo negaban. Se enteró que tenía neumoconiosis [enfermedad pulmonar] por fibras de asbesto el mismo día que otros diez compañeros. “Todos los años nos hacían estudios muy básicos y de ahí nunca salió nada. Todos estábamos sanos”, dice Daniel con enfado. Estar en su casa le entristece a veces. Piensa. No quiere perder el trabajo. No quiere que lo jubilen por invalidez.

El 30 de junio de 1989, Daniel tenía 24 años y trabajaba en una fábrica empaquetando cubos de plástico. Un día, un hombre le dijo a su padre que había una vacante en el 'subte' y él aceptó.  Desde ese momento, y durante los primeros diez años, viajó hasta dos horas desde donde vivía en Grand Bourg, en el Gran Buenos Aires –que rodea la ciudad–, hasta el Taller Rancagua. Después logró mudarse a la capital. “Estaba contento porque trabajaba en un lugar que me gustaba. Soy una persona muy práctica para arreglar cosas”, apunta. De todas las personas que trabajaban con él en esa época ya no queda nadie. 

En la demanda, Subterráneos Buenos Aires acusa a Metro de Madrid de “omitir en todo momento y pese a tener conocimiento de ello, la comunicación de la presencia de amianto en los vagones objeto de la venta”. También, recalca Metro de Madrid “sabía que los vagones no eran aptos para ser comercializados de cara a su puesta en servicio al público, por la propia presencia de amianto”. Y sostiene que “en ningún caso” podían considerar que la compañía madrileña les estuviera vendiendo “equipos contaminados”, violando la normativa vigente tanto en España como en la Unión Europea. 

En el momento en que la ciudad de Buenos Aires hizo esta compra, el actual presidente Mauricio Macri, que vuelve a concurrir a las elecciones generales el próximo domingo, era jefe de gobierno de la capital. En julio de 2013 se pusieron en funcionamiento los vagones, que se retiraron de la circulación en 2018.

Enfermedad importada

A principios del año pasado, un trabajador del Metro de Madrid murió por asbestosis, una enfermedad provocada por la exposición al asbesto, una sustancia cancerígena que contienen esos trenes. Cuando se enteraron de esa noticia, al gremio de trabajadores del subte de Buenos Aires se le encendieron las alarmas: hacía siete años que se habían comprado vagones a la capital española. 

Empezaron a hacer análisis propios, a pedir que la empresa los hiciera, y descubrieron que 11 de ellos tenían enfermedades relacionadas con el amianto. A esos 11, la empresa Subterráneos Buenos Aires (Sbase) los mandó a su casa por tiempo indeterminado. El sindicato empezó a hacer paros pidiendo medidas concretas, ya que no saben en qué otros trenes sigue presente esa sustancia. Según la Organización Mundial de la Salud, todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano. 

Ramón Acuña lleva ocho años haciendo tareas de mantenimiento en el mismo lugar. Fue diagnosticado de placa pleural: un ensanchamiento de la membrana que recubre el pulmón. Cuando se enteró de la posibilidad de que existiera una sustancia cancerígena en los trenes con los que trabajaba cada día, decidió, con sus compañeros, parar de hacer sus tareas.  

“Por eso, en febrero de 2019, la empresa nos inscribe en el Registro de Agentes de Riesgo a los trabajadores del Taller Rancagua y Urquiza como trabajadores expuestos al asbesto. Una de las normativas de estar en este registro es que nos tienen que hacer exámenes”, cuenta Ramón a eldiario.es. De los 180 casos analizados, ya se han confirmado 11 positivos. Esto es el 14% de la población analizada. Sin embargo, es apenas una parte de todos los trabajadores del subte B, que son en total más de 700. 

Hace un mes que Ramón sabe que tiene una afección que se puede convertir en cáncer. Ya se lo contó a sus hijos adolescentes. Hace un mes que está en su casa: “Sbase no puede asegurar que haya algún lugar libre de fibra de asbesto en el 'subte'. Entonces nos dan una licencia administrativa [baja]”, explica. 

Claudio Garay, de 54 años, también está en su casa. Se hizo exámenes en tres lugares distintos y todos le dijeron lo mismo: no hay medicación para esto, pero no se preocupe, no es nada grave, solo hay que seguirlo. Es el más tranquilo de los tres. Dice que la religión le ayuda a no desesperarse. Es pastor evangélico en Hurlingham, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, a una hora de la capital del país. Cada día de los últimos 30 años coge un bus y un tren para llegar a las seis de la mañana al Taller Rancagua. Pero hace un mes que ya no lo hace. No se desespera, pero tampoco es ingenuo: “Está medio lejos de resolverse porque van muy lentas las cosas. Seguimos en la casa todos los afectados”, dice.

Cuando entró a trabajar en el 'subte', debía estar ahí seis horas. Luego, en 1994, se aumentó la carga horaria a ocho. “Después de una lucha de 10 años, sufrimos despidos, bajas, persecuciones, pero se logró, mediante un decreto, volver a las 6 horas”, cuenta. Antes de cumplir los 24 años, Claudio ya sabía reparar automóviles. Había estudiado mecánica y trabajaba en talleres haciendo mantenimiento. Por recomendación, pudo entrar a trabajar en el 'subte'. 

Un tiempo después se convirtió en pastor evangélico. Ahora, asiste a una iglesia en Tigre, una ciudad cercana, también de la provincia de Buenos Aires. Los miércoles y domingo tiene sus celebraciones, y además visita barrios pobres del lugar y viaja dos veces por año a otra provincia -Santiago del Estero- a llevar ropa y comida a las personas que viven en parajes aislados. “Doy contención espiritual a muchas personas”, dice Claudio. 

Su día a día cambió, pero intenta estar tranquilo y seguir con sus actividades: “Si bien no es nada grato, tampoco me lo tomé muy a pecho. Ahora estoy en mi casa con una baja médica hasta que retiren todo el asbesto que se encuentra en los lugares donde yo trabajaba. Una vez que el asbesto se ha retirado, puedo trabajar”.

Pero aún no se ha presentado un plan oficial para retirar el amianto. Por eso, esta semana los trabajadores del subte decidieron hacer un paro escalonado -que va aumentando la cantidad de horas- y apertura de molinetes durante tres días. 

El gremio insiste en que la empresa presente una fecha precisa para un recambio de la flota de la línea B, un plan de desabestización y la inscripción de todos los trabajadores en el Registro de Agentes de Riesgo para que se les haga exámenes a las más de 4.000 personas que trabajan en el subte de Buenos Aires y así saber cuántos son, en realidad, los afectados por esta sustancia cancerígena. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha presentado una demanda en la Justicia española contra Metro de Madrid por la venta en 2011 y 2012 de vagones que contenían amianto, según ha confirmado eldiario.es. En el escrito, al que ha tenido acceso este medio, la empresa municipal que tiene a su cargo la red de metros porteña pide que se declaren nulos los contratos, alegando que la comercialización de equipos con esta sustancia estaba prohibida, y solicita una indemnización por daños y perjuicios derivados de la presencia de este material.

En la demanda, Subterráneos Buenos Aires acusa a Metro de Madrid de “omitir en todo momento y pese a tener conocimiento de ello, la comunicación de la presencia de amianto en los vagones objeto de la venta” y reclama una compensación de 14.978.395,9 euros “con sus intereses” a la red municipal de metro de la capital española, además de las costas del proceso.

“Cuando se compraron estos vagones estaba prohibido el uso de cualquier producto con amianto. La compra fue de buena fe y se supone que se respetan las leyes internacionales”, explican fuentes del departamento de Desarrollo Urbano de la Capital a eldiario.es. En julio de 2013 se pusieron en funcionamiento los vagones, que se retiraron de la circulación en 2018.

El presidente de la empresa estatal Subterráneos Buenos Aires, Eduardo de Montmollín, reconoció la semana pasada en una entrevista con CNN que en los planos de las piezas de los trenes adquiridos se especificaba que tenían esa sustancia que ya estaba prohibida. Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano de la ciudad defienden que “el Metro de Madrid tendría que haber retirado esas piezas [con asbesto] para poder vender los trenes e informar fehacientemente al comprador. Si hubieran hecho esto, la compra no se hacía”. “El manual de instrucciones no tiene validez legal”, agregan.

Los bienes que ingresan a Argentina deben traer un certificado de origen, que indica de dónde proviene pero también si contiene algún material perjudicial para la salud. “Esos trenes que le compramos al Metro de Madrid tendrían que haber venido con ese certificado. El certificado no existió y de nuestro lado tampoco hubo una exigencia de la existencia de ese certificado”, reconoció a la cadena estadounidense en Español Eduardo de Montmollín.

Una ley española, en cualquier caso, ya prohibía este intercambio. “Se prohíbe la comercialización de todas las variedades de amianto (crocidolita, amosita, amianto antofilita, amianto actinolita, amianto tremolita y crisotilo) y de los productos que contengan estas fibras añadidas intencionadamente”, dice la norma, aprobada por el Gobierno de José María Aznar para adaptar a una directiva europea motivada por cuestiones de salud. Metro de Madrid conocía que dos lotes que viajaron a Buenos Aires a cambio de una contraprestación de cinco millones de euros, contenían este material tóxico.

En el momento en que la Ciudad de Buenos Aires hizo esta compra, el actual presidente Mauricio Macri era jefe de gobierno de la capital. El alcalde actual, Horacio Rodríguez Larreta, pertenece al mismo partido y fue el sucesor de Macri.

Para la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) de Buenos Aires, el amianto –también llamado asbesto– en la línea B del metro porteño no es ninguna novedad. Hace ya un año y medio que el secretariado ejecutivo del sindicato viene denunciando los daños a los trabajadores expuestos a esta sustancia.

El gremio del 'subte' argentino empezó a indagar al ver las noticias internacionales: había muerto un trabajador en la capital española y Metro de Madrid reconocía que había sido por asbestosis. En abril de 2018 Antonio Morán Canseco, oficial de mantenimiento de ciclo corto del suburbano madrileño, fue diagnosticado y al mes siguiente falleció. En octubre de ese mismo año falleció otro empleado por el mismo motivo. La justicia mantiene abierta una causa penal contra siete responsables de Metro de Madrid por desproteger a sus trabajadores y la Fiscalía les imputa un delito de homicidio imprudente.

“Antes de eso no sabíamos. Paramos y pedimos que retiren de circulación los CAF 5000”, el modelo de vagón. “Retiraron los CAF 5000. Terminaron reconociendo presencia de asbesto también en otra flota: la Mitsubishi de la línea B”, explicó a eldiario.es Virginia Bouvet, secretaria de organización de AGTSyP Metrodelegados.

Una geóloga especializada en amianto de la Universidad Nacional del Sur realizó exámenes a las muestras de distintas flotas para ver si encontraba la sustancia cancerígena. Y la encontró en varios modelos. Según la Organización Mundial de la Salud, todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano. Sin embargo, 125 millones de personas están expuestas al asbesto en su lugar de trabajo.

A principios de 2018 los medios argentinos ya hablaban del amianto: indicaban que aunque estaba prohibido por el Ministerio de Salud nacional desde el 2003 a través de las resoluciones 823/2001 y 845/2000, aún había edificios de la Capital que tenían esta sustancia como aislante. También se empezó a publicar que “desde España” había llegado la confirmación que las formaciones del subte B vendidas a Argentina contenían amianto. En ese momento, según las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se quitaron de circulación 11 vagones comprados al Metro de Madrid.

Ramón Acuña lleva 8 años haciendo tareas de mantenimiento en el subte de Buenos Aires y es uno de los 11 trabajadores que ya fue diagnosticado placa pleural: un ensanchamiento de la membrana que recubre el pulmón. Cuando se enteró de la posibilidad de que existiera una sustancia cancerígena en los trenes con los que trabajaba cada día, decidió, con sus compañeros, hacer retención de tareas.

De los primeros 74 casos, ya se confirmaron 11 positivos. Esto es el 14% de la población analizada. Sin embargo, es apenas una parte de todos los trabajadores de la línea B del subterráneo. Son en total más de 700 y hasta 4.000 en toda la red de metro porteño.

Elías está a punto de convertirse en un trabajador. La pregunta que le hace su madre es simple, la respuesta también.

—¿Vamos? —le dice ella.

—Bueno, vamos —contesta él.

Así empezó. Fue un día, no recuerda cuál. Tampoco qué mes, ni qué año, ni exactamente qué edad tenía. Pero seguro, dice, fue entre los 10 y los 11. Esa tarde, su hermano Braian, de 15 años, no podía salir con su madre a juntar en un carrito los cartones, el plástico, el vidrio o las hojas que desechan los que viven en el centro de la ciudad. Elías no se acuerda tampoco de por qué Braian no podía. Pero fue ese día. Mónica levantó la vista y ahí estaba él. Su hijo menor.

Desde ese momento, la rutina se repite como ensayos de una obra teatral. A las siete y media de la tarde, Elías termina la tarea en un cuaderno y se prepara para salir. Su madre ata tres abrigos al carrito y pone una botella de agua congelada en una bolsa blanca. Si no hace calor, salen más temprano.

Caminan pocas manzanas con el carrito vacío. Apenas llegan a diagonal 80, la calle que empieza cerca de su barrio y termina frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, Elías va de un lado a otro e inspecciona las bolsas de basura de cada vereda.

Nació en 2003 en Rafael Calzada, en el conurbano bonaerense, una de las zonas más empobrecidas y pobladas del país, pero al poco tiempo se fue a vivir a Ensenada, otra ciudad también del conurbano. Es el último de siete hermanos. De parte de su padre son dos. Viviana y Maribel son de parte materna. Y de parte de ambos son tres: Braian, Leo y él.

Elías lleva vaqueros, una camiseta de rayas y zapatillas con agujeros. Con eso camina, cada día, más de 10 kilómetros.

—¿Qué, ma', este año se elige presidente? —pregunta y señala un cartel de una candidata del peronismo. Atardece en una ciudad aún repleta de coches.

Paran en un edificio frente al bingo donde el encargado los conoce y les da cartones, un tarro de pintura y un limpiacristales roto. Elías está sentado en el borde de la acera. Juega con el teléfono móvil, concentrado, levanta la vista y dice: “Este mes llega el tren a City Bell”. City Bell es una de las localidades más pudientes de la zona. Lo sabe porque leyó el periódico que llevó su hermano a la casa. Aunque prefiere leer los deportes. Sobre Banfield, su equipo de futbol preferido, sabe todo.

Abandonar la escuela

Unos diez chicos con bata escolar blanca cantaban y aplaudían, jugando. Elías se levantó y le golpearon la cabeza. El suelo del patio de la escuela 14 resbalaba. Afuera llovía y Elías se cayó. Todo su cuerpo encima del pie. Gritó y lloró. Las maestras lo auxiliaron, le acomodaron la pierna. Una fractura. Tres horas después llegó la ambulancia. Por unos meses, según supo más tarde, no iba a poder salir a cartonear. Tampoco a jugar al fútbol o ir a clases, o cuidar coches en el centro a medianoche para ganar algo de dinero.

Elías dejó la escuela a los 12, pero los dos años anteriores fue muy poco. Cuando tenía 10, solo fue hasta agosto porque se quebró la tibia y el peroné en ese recreo y las maestras le decían que no fuera aunque tuviera silla de ruedas por miedo a que sus compañeros lo empujaran. Estaba en cuarto. Volvió un año a la escuela 14, la que está a dos cuadras de su casa, y ahí terminó. A esa misma escuela van también otros chicos de la villa -asentamiento de viviendas precarias-, es el lugar donde muchos pasan de grado pero pocos aprenden a leer y a escribir.

Él lee como un robot, separando las sílabas, inventando letras donde no van y adivinando las que empiezan de una manera que él reconoce. Lee mejor los nombres de los jugadores de Banfield que el verbo estar en cualquiera de sus conjugaciones. Le cuestan la ene, la erre, la ese y la ele. La mesa donde estudia tiene el tamaño del cuaderno abierto. Cuando aprieta el lápiz para escribir, la mesa se inclina hacia un lado, está coja. Estudia en una silla desvencijada con ropa abollada abajo. Se acomoda en la punta porque sino se hunde.

Un trabajo invisible

A nivel nacional no existen datos oficiales: no hay ningún organismo del Gobierno que pueda decir cuántas personas viven de la basura de otros. El último censo, hecho en 2010, no contempló la actividad de cartonero, reciclador urbano o carrero en sus preguntas. En Argentina lo que sí hay es una organización social que se llama Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Son 25.000 personas organizadas en cooperativas en todo el país. Sus dirigentes estiman que en realidad existen más de 150.000 cartoneros, pero explican que no son números actualizados.

“Cada vez hay más gente cartoneando, y al haber más gente trabajando en la calle se dificulta juntar más material. Y no podés discutir con un compañero, porque tiene la misma necesidad. Además, al haber menos ingreso es menos lo que se consume, y menos lo que se encuentra para juntar”, dice María Castillo, cartonera desde el año 2001 y referente de la Federación.

Elías y Mónica son parte de esos 150.000. Los cartoneros son eso que ellos son: personas que, con un carrito o con un caballo, salen a recoger la basura ajena para subsistir. Se la llevan a su casa, la clasifican en cartón, plástico, hojas, vidrio, para venderla por tonelada a un depósito, a una cooperativa de reciclaje o a alguna empresa y así tener ingresos para dar de comer a su familia.

Según datos de Unicef, el 48% de los menores de Argentina tiene vulnerado al menos uno de los derechos básicos. El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) indicó que, el año pasado, la pobreza en la infancia y adolescencia alcanzó el 51,7%, la cifra más alta de la década. También que los menores del conurbano bonaerense, ahí donde vive Elías, son “sin dudas los más pobres entre los pobres”. Pero nadie sabe cuántos son los que salen a trabajar de cartoneros con sus padres.

La villa de Elías

Mónica conduce el carrito entre coches y autobuses como si no le pesara ni tuviera miedo a que la atropellen. Está parada a media manzana de la estación de trenes, en una esquina que tiene seis direcciones diferentes, donde se cruzan tres avenidas y paradas de ocho líneas de autobuses. Aún así, no tiene miedo. Aunque, piensa, le gustaría trabajar en casas de familia, como lo hacía cuando tenía 14 años en Santiago del Estero.

Elías va solo por la oscuridad con cajas de cartón en las manos. Cuando llega donde está ella, tira todo en el carrito en movimiento, como si fuera un recolector de basura y el carrito un camión. Mónica sigue como un caballo, no lo mira, está atenta a la calle. Él se vuelve a perder en busca de más bolsas y cartones que juntar.

Está preocupado por su hermano Braian, que tiene ahora 19 años. Hace unos meses llegó a su casa temblando, lloraba. Tenía miedo y decía que le latía el corazón a mil. Su madre lo llevó al hospital. El médico le dijo: no vuelvas a hacer eso, te puedes morir. A Mónica le dijeron que tenía una sobredosis de marihuana.

San José es una villa de cartoneros. A Elías le preocupa, también, el barrio. “Si sigue así se va a poner recomplicado. Van a venir los de la Policía Científica”, sostiene. “No, esos no. Gendarmería. La científica es la que vino cuando pasó lo del Esteban”, le contesta su madre. Esteban es un chico de 13 años que sale a robar. A él le dispararon y ahora está internado. Elías piensa que si sobrevive lo van a mandar a un reformatorio. 

A veces va con ellos Viviana, hija de Mónica. Viviana tiene un retraso madurativo. Primero iba a una escuela común y no dejaba de repetir segundo grado. Después su mamá la pasó a una escuela especial. Sabe escribir su nombre y apellido, no mucho más. Ella es la que siempre le insiste a Elías con que no se desconcentre con los perros o con su sobrino, y que estudie.

Dominar la ruta

Para los Alfaro es imposible competir con los Pérez. Porque los Pérez juntan los cartones de todos los negocios de hamburguesas en una camioneta. Destartalada, pero camioneta al fin. Llevan a cuatro de sus hijos a pedir monedas y esperan en cada punto estratégico del centro hasta que su papá los pasa a buscar. Los Alfaro son tres sin caballo ni camioneta.

Antes, el recorrido de la familia de Elías era más largo. Paraban a esperar cartones en los locales de Mc Donalds, Burguer King y Mostaza del centro. En ese momento, Hugo todavía salía con Mónica a cartonear. Pero después, entre sus sesenta años y sus problemas del corazón, cayó internado. El hombre, que ya era viejo, quedó flaco y arrugado, como si le hubieran succionado todo lo que tenía adentro. Y los médicos le dijeron: “No puede hacer fuerza ni tener emociones fuertes”.

Los Pérez, entonces, sin querer o queriendo, aprovecharon la situación para agarrar los cartones que los Alfaro no buscaban por ir a ver a Hugo al hospital. Y así se quedaron con gran parte de su ruta.

Por unos días lo único que hizo Hugo fue estar sentado en una silla de plástico en la puerta de su casa, y mirar. Con la barba crecida de pocos días, de esas que pinchan, sonreía. Decía “acá andamos” y hablaba de lo vago que era su hijo. Hasta que un día murió, y en ese camino sólo quedó la tierra.

Vivir de lo que no quieren otros

A las nueve de la noche, mientras esperan que un hombre que ya los conoce saque bolsas de papel de un despacho de abogados del centro de La Plata, Elías, apoyado contra el carrito, juega al fútbol en el móvil de su madre y mete un gol. Pasa un hombre con olor a perfume dulce, se sube al taxi y se va. No los mira. Ellos amontonan lo que les dieron en el edificio. Mónica saluda al encargado y le pregunta por su niña. Él sonríe y le dice que ahí anda, bien. Ella le desea buen fin de semana.

Aunque el camino sea prácticamente el mismo cada día, siempre se encuentran algo nuevo. De un edificio con arcos imponentes y luces importantes sale una mujer con cinco cartones de pizza y unas botellas. Mónica le hace señas a su hijo y Elías corre a juntarlas cuando la señora se da la vuelta para volver a entrar. Cartones de pizza que comen otros. Botellas de vino que beben otros.

Mónica se fue a los 15 años de Santiago del Estero. Nunca volvió. El sueño de Hugo era tener una casa prefabricada. Por eso Mónica ahora, aunque él ya no esté, quiere cumplir su deseo. El otro deseo era que su hijo menor estudiara. El 21 de diciembre de 2016, Elías se fue a matricular en una escuela técnica. Había pasado un año sin tocar un libro. Quiere ser futbolista en Banfield, como su padre. También, piensa un rato, le gustaría ser abogado o arquitecto.

Un día con suerte

El carrito, cuando son las diez de la noche y acaban de estacionar frente a una famosa hamburguesería, ya está lleno. No hay forma de que entre algo más. Un hombre y una mujer se acercan. Solo está Mónica, porque Elías camina en algún lugar de la manzana cuidando autos. La conocen. Le preguntan cómo anda, algo de los chicos, y le dan cuatro raciones de comida y algunas frutas. Son de una iglesia evangélica. Saben que Mónica está cada día estacionada en esa calle, frente a la juguetería.

Cuando Elías vuelve, mira la bolsa. Entonces se sienta en la punta del carrito, abre el envase y descubre la milanesa con puré de patatas. Come con los cubiertos de plástico. Le cuesta cortar. Después se sienta en la puerta del banco, al lado de su madre. Un chico sale de la hamburguesería y lo llama. Le da la gaseosa que le sobró en un vaso. Elías pasa la milanesa evangélica con el refreco de cola cola que otro se cansó de beber. Ese día tiene suerte. Otro chico que camina con su novia le da helado que le sobró. Elías come lo que tiene ganas, invita a su madre y después lo tira. Eso cena en un buen día. Una vianda y sobras de otros. Pero lo que más le gusta es el asado que hacía su padre y la pizza de su nombre.

Mientras espera los cartones, saca billetes del bolsillo y cuenta: 20, 30, 40, 50. Sigue en silencio y dice en voz alta: 138. Es lo que va ganado hasta ese momento cuidando coches. Empezó a los 11 años. Con sus ahorros quiere comprar la camiseta de Banfield a su sobrino Nazareno –el Naza -, el hijo de su hermana, que vive con ellos. En días de suerte, Elías hace 178 pesos [2.80 euros]. En diciembre juntó 300 [unos 4 euros] para comprarle un regalo de navidad. También piensa en que le sobre para llevarle algo a su padre al cementerio. El perfil del móvil de Elías es una foto de Nazareno con una moto de juguete en la mano. El Naza siempre está con él, lo mira atento cuando estudia. 

Cerca de la una de la mañana, el empleado de la hamburguesería tira las bolsas y Mónica y Elías las levantan apenas el chico se va a buscar otras. Aunque sepa que ellos están ahí esperando ese cartón, no se los da en la mano. Las tira, con desgana, en la acera. Acercan todo al carrito. Le sacan la cinta a cada caja y la aplastan. Elías pone ocho palos de escoba de cada costado, tres adelante y cuatro atrás, en forma vertical para que no se abran las cajas. Los va contando. Después se sube para aplastar el cartón porque ya no queda más espacio.

Regreso a casa

A la vuelta caminan rápido. Son las dos de la mañana y no hay nadie en diagonal 80. Elías y su mamá esperan que cambie el semáforo en la esquina de la estación de trenes. Ella descansa los brazos en un caño del carrito repleto de cartón, algunas patatas, tres sillas y unas llantas de bicicleta. Solo hay un quiosco abierto donde su hijo menor quiere comprar un zumo con doce pesos de los que juntó cuidando coches. No consigue, solo hay gaseosas y salen más caras.

Un hombre en una camioneta los mira. Se ríen, porque está verde y no pasa, no se da cuenta por estar distraído pensando en ellos. El hombre ve el semáforo y se da prisa paraa avanzar. Pasan con el carrito y Elías lee en voz alta una pintada.

—Mira, Ma':  “Argentina no Estados Unidos”. Eso es porque vino ese con Macri, el presidente de EEUU, Obama. Que es un boludo, pero ese no está más, ahora hay otro boludo.

Elías pasa de Obama al Banfield, al Boca y el torneo YPF. Mueve las manos y se le ven las uñas largas, llenas de tierra. Se levanta viento. Refresca. Se ponen los abrigos.

La entrada a la casa de los Alfaro es un portón con una reja rota, tapada con carteles de campañas presidenciales o políticos pasados de moda. Se ve la casita de tres por seis metros de adelante, los cables de la luz y alguna construcción de madera y chapa atrás.

Ahí atrás vive un hermano con su novia y la hija de ella. Al lado, en otra casita de chapa, madera y cartón, vive Leo. Viviana también, pero no quiere dormir allá. En la de adelante, la única que tiene suelo de madera y no de tierra, duermen Elías, su hermano Braian, Nazareno, su mamá y la Vivi, que ve la tele en el único lugar de la casa donde hay, y se queda dormida. Adentro, la ropa se apila toda junta, igual que afuera la basura que después se vende. En el techo de chapa hay piedras grandes para que no se vuele. La construyeron voluntarios de una ONG hace siete años. Unos eucaliptos gigantes la rodean. Cada vez que hay viento, Mónica se va a dormir atrás.

Cuando llegan a su casa, casi todos los días dejan las cosas así, el carrito lleno, y lo seleccionan al día siguiente. Cuando se quedan despiertos para descargar Elías ayuda. Pero ese trabajo lo hacen casi siempre Mónica y Viviana.

Seleccionan entre blanco, cartón, diario, chapa, cobre. Venden, por kilo, en el depósito de un vecino, el Bocha, a una cuadra y media de ahí, sobre la calle que durante muchos años fue la única asfaltada. Ahora su calle, la 40, también está asfaltada, pero siempre cubierta de restos de basura. Enfrente de su casa hay un contenedor que funciona de cesto comunitario. Un lugar que se llena de perros flacos buscando comida. Según lo que encuentren, algunas noches llegan a hacer 200 pesos [3,20 euros]. Otras, si consiguen mucho cobre y vidrio, y algún electrodoméstico, hasta 500 [8 euros].

Abren la puerta y pasa Mónica con el carrito para el fondo. Lo deja estacionado ahí. Son las tres y media de la mañana. Elías sube los tres escalones y se tira en el colchón. Está contento porque el sábado se compró tres jueguitos, uno de Cars para Nazareno, otro de fútbol con equipos de Argentina y el Resident Evil para él. Enciende la play station, pone un CD y el juego empieza. Aprieta fuerte los botones para matar muchos zombis. A las cinco se queda dormido.

Lo despierta el calor sofocante de febrero. Son las doce. Suda. Elías frunce el ceño, le molesta la luz. Se espanta la mosca que se posa en su cara y apoya una mano en el colchón tirado en el piso. Es una habitación pequeña y no quiere despertar a su sobrino. Hace fuerza para levantar su cuerpo morrudo y se para. La camiseta con la que durmió, la misma que usó ayer durante todo el día, huele a sudor. Su hermana Viviana le grita desde afuera que se levante y haga los deberes de la escuela. El televisor sigue encendido con el juego de zombis.

Dos años después

Elías sigue trabajando con su madre, pero ahora los dos forman parte de la cooperativa Recicladores Unidos que se formó en abril del 2018 entre cartoneros de distintos barrios. La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores pasó casa por casa preguntando si se querían sumar. Ellos aceptaron.

En ese momento, el Gobierno municipal prohibió que pudieran trabajar con los carritos tirados por caballos, lo que llamaban “tracción a sangre”, y a cambio les ofreció treinta cupos de 4.500 pesos [72 euros] por mes para que se convirtieran en recicladores. El trabajo es el mismo que hacían antes, juntar la basura y clasificarla, solo que sin caballo.

Para Mónica y Elías esa prohibición municipal no cambió nada, nunca tuvieron dinero para comprar un animal que haga la fuerza por ellos. Pero ahora los horarios no son de madrugada, salen de su casa a las cinco de la tarde sin el carrito y vuelven sin el carrito. Ya tienen el recorrido de memoria, por momentos parece que se pierden de vista, pero siempre se vuelven a encontrar.

A las afueras de la ciudad hay un almacén enorme con basura reciclable por todos lados donde otras personas de la cooperativa separan el cartón, papel, plástico, diario, botellas de vidrio que traen los que trabajan en los carritos y se los ponen en bolsones distintos. Con el cartón y las botellas de plástico montan unos cubos gigantes para después vender a empresas o cooperativas.

Desde la finca salen todos los días tres camiones con los bolsones blancos y una especie de estructura con madera y ruedas que se convierte en un carrito. Los reparten a seis plazas donde esperan los más de setenta cartoneros. Cada mes se fueron sumando más personas con necesidad de trabajar en la cooperativa.

Cuando terminan el trabajo, cerca de las nueve de la noche, vuelven a la misma plaza y dejan los carritos llenos en el camión. Así, pueden irse a su casa sin el peso en la espalda de la basura que se convertirá en comida. “En este contexto de ajuste, lamentablemente muchos encuentran en el cartonear una salida laboral, y lo más extremo y tristísimo que se ve son familias buscando comida en los tachos de basura”, dice Jacqueline Flores, representante de la Federación, sobre el aumento de lo que llaman “recicladores independientes”: cartoneros que no están en cooperativa.

Elías ya tiene 16 años, barba y bigotes. Está más alto que el carrito. No le cuesta sostener los kilos de cartón que va sumando a su espalda. Dejó la escuela otra vez, quiere volver a estudiar de noche el año que viene. Empezó un curso de peluquería. También, con lo que pudo ahorrar su madre, ayuda a levantar habitaciones de cemento y ladrillo en el fondo, para dejar de vivir en una casita de chapa y madera que debía ser solo de emergencia. Quiere cumplir el sueño de su padre: que su familia, algún día, viva en una casa sin miedo al viento.

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Los nombres de los menores de 18 años han sido cambiados para proteger su privacidad. 

Panajachel es un pueblo turístico a orillas del lago Atitlán, en el departamento de Sololá, Guatemala. Durante 2017, unos 857.000 turistas llegaron al departamento para admirar los volcanes de San Pedro, Tolimán y Atitlán, y pasear por las calles antiguas donde hay, a cada paso, un puesto de venta de artesanía y ropa tradicional indígena. Lanchas conectan Panajachel con las aldeas mayas alrededor del lago. Una de ellas se llama Santiago Atitlán.

Maximiliano Mendoza tenía 14 años. Una cadena de unos siete metros lo retenía en su cama, dentro de una casa en Santiago Atitlán. Si se estiraba al máximo solo llegaba hasta el salón. Su familia lo mantenía dentro, como un perro que muerde o tiene rabia.

Le dolía. Pensaba en sus pechos, en que tenía que esperar bastante para hacerlos como quería, como se los imaginaba cada día. Soñaba con maquillarse, delinearse las cejas, depilarse. “Ser una mujer completa”.

Tenía que tener cuidado si iba a inyectarse algún líquido que aumentara sus pechos. Poco después supo que es peligroso, que le podían poner aceite de avión, y que así se moriría antes que su padre. Entonces, no podría recibir la herencia para ponerse los implantes, que salen unos 15.000 quetzales –alrededor de 1.700 euros–en un hospital o una clínica. Con eso fantaseaba: con que, algún día, sus pechos se transformaran en mamas.

“Me siento una mujer atrapada en este cuerpo de hombre. Yo me quiero ver linda, me quiero ver bonita. Quiero llamar la atención. Y no ocultar lo que soy, mi identidad”, pensaba Maximiliano. Pero todavía no era posible.

Durante los cuatro meses que permaneció encerrado, atado, fueron muchos los días en los que La China lo esperaba afuera. Esperaba al amigo con el que jugaba de pequeño a las muñecas o a que hacían tortillas en ollas de barro y las vendían con frijoles y salsa, machacando ladrillos. Con el que salían por la playa a buscar verduras y cocinar. Pero Kristel, a quien su familia y casi todo el pueblo le dice Max o Maximiliano, no salía. Y cuando lo hizo, le prohibieron juntarse con La China.

Un día, cuando todavía podían verse, cuando aún eran pequeños niños indígenas caminando por su pueblo, La China le notó una cicatriz en la espalda y le preguntó. Kristel le contó que su papá le había pegado con el alambre del cordón de la radio porque no quería que se juntara con ellos. Ese ellos, hasta ese momento, eran sus amigos homosexuales.

Dice el Popol Vuh, el libro sagrado del pueblo maya, que los tz'utujiles llegaron a la región del lago Atitlán en el siglo XIII. Venían con los quichés y kaqchiqueles, otros pueblos mayas, para fundar sus ciudades. Según el censo oficial de la población guatemalteca del año 2002, los tz'utujiles son casi 80.000 en todo el país y viven aún en la región sur del lago de Atitlán. Se estima que Guatemala tiene seis millones de habitantes indígenas. El último censo habla de que el 45% de la población es de algún pueblo originario, pero otros informes elevan el número al 60%.

Kristel es una mujer trans tz’utujil.

Encerrada por su familia

La Justicia indígena tiene dos objetivos claros: que las cosas vuelvan a su lugar y retribuir a la víctima. Para eso, hacen que quien ha robado, por ejemplo, devuelva o pague. En ocasiones, lo hacen con golpes y encierros. En algunos pueblos, intentan que los homosexuales no sean homosexuales, y las trans vuelvan a ser hombres. Algunas veces, como resultado, las personas se reprimen hasta el punto de casarse con una mujer y tener hijos. El mandato es muy fuerte, sobre todo para quienes no logran irse a la capital.

“Nuestros antepasados se dieron cuenta de que no solo había entonces personas gays, sino que mucho antes ya había. Pero siempre va a ser un problema. No toda la gente indígena acepta eso. Algunos son católicos”, dice Kristel.

En su caso, el pueblo no se reunió para ver cómo el alcalde o algún juez indígena la golpeaba con una vara. No la hostigaron. La encerró su familia.

Antes de los golpes y del encierro, Kristel limpiaba la casa con su mamá. Después se sentaba a mirarla bordar, le encantaba. Cuando tenía unos diez años le pidió si podía aprender ese oficio reservado para las niñas y mujeres indígenas. Su mamá le compró una tela, le hizo un dibujo de estelas mayas y miró atenta cómo su hijo pequeño temblaba al intentar seguir la línea marcada.

Pero un día, se terminó. La encerraron cuatro meses atada con una cadena a su cama. No entendían que su Maximiliano quisiera ser mujer, ni que le gustaran los hombres, ni que se juntara con otros amigos que querían lo mismo. Esas cadenas, dice Kristel, la hicieron más fuerte. La empujaron a tomar la decisión de irse de casa. No está muy claro si tenía 16 o 18 años.

Lo que sí asegura es que se prostituyó para sobrevivir. Lo hizo durante unos años en un prostíbulo llamado Cervecería. Ahí, dice, la respetaban y ganaba bien: cobraba 60 quetzales –alrededor de siete euros– por 15 minutos de sexo, más 10 de caja, que había que pagarle a la dueña. Por aquel entonces era un dineral.

Los domingos a la tarde, Kristel y La China tomaban cerveza con la dueña, a la que conocían desde que eran esos niños indígenas jugando con barro como solían hacerlo las niñas. En ese bar su amiga se mostró como mujer. Tenía 14 años.

La dueña de esa “cervecería” era doña Francisca. Hubo un tiempo en que las mujeres trans la conocieron y la admiraron. Murió a los 88 años y sigue viva en los relatos de las mujeres que pasaron por el prostíbulo y eran como ella. Doña Francisca fue la primera mujer trans indígena de Santiago Atitlán. Ella y su hermana, las dos primeras trans en el pueblo que empezaron a los 10 años a vestirse de mujer.

El primer prostíbulo, Cervecería Francisca, fue suyo. Antes le pegaron, mucho. Ella y su hermana se escondían en los tiempos de la guerrilla, porque las buscaban para matarlas. Pero, cuentan quienes la recuerdan, doña Francisca terminó dándole de comer a los guerrilleros.

“Había hecho dinero, construyó una casa de tres niveles. En el primer nivel tenía un salón y cinco cuartos para las muchachas, en el segundo eran 17 cuartos y el tercero otro salón y cinco cuartos. Y se llenaba. Era el único”, dice Kristel.

Con el último desastre natural que azotó la zona, cuando doña Francisca estaba viva, llevó a las muchachas del prostíbulo con ollas a la plaza central para dar café y comida a la gente afectada. A sus 40 años, vivía como una reina. Andaba de acá para allá con el traje típico en el pueblo. Por ella, nadie mata a las trans en Santiago Atitlán.

“Peleamos por la necesidad de que nos respeten. Yo insulto cuando a mí me insultan. Pero doña Francisca nos dijo que no teníamos que responder a esa gente, que teníamos que ser educados”, recuerda Kristel. Dice que “aprendió mucho” con Francisca, pero un día tuvo que volver. Su hermana la llamó y le dijo: “Mamá está en el hospital”.

Hasta ese momento, Kristel solo la veía en el mercado y la extrañaba. Decidió, entonces, que no se iría más.

Miss Elegancia y representante en comités locales

En Xela, a unas ocho horas de la capital, Kristel Mendoza logró una mención como Miss Elegancia. Ese día se puso huipil con tocoyal, uno azul con pájaros bordados, y un corte multicolor. El traje típico indígena. El huipil es una blusa bordada, el corte una falda y el tocoyal, una gran canasta en la cabeza.

A Kristel le gustan los concursos de belleza. Participó en tres: Miss Gay Maya en Xela, Miss Gay Costa Sur en Mazate, y en Miss Gay Trans en la capital. Adora ir a esos concursos. Pasar horas y horas pensando el traje, el maquillaje, preparándose para el momento de salir a la pasarela y sonreír.

También le gusta la política. Con el alcalde anterior, participaba en los comités locales de los vecinos que se organizan para poder llevar las demandas o solicitudes que tienen en una localidad hacia el Gobierno municipal. Lo llaman el Cocode. Es una forma de resolver más rápido los problemas de las comunidades, que a veces están muy alejadas.

En cada cantón la gente está organizada en un Cocode para proteger el territorio. No es fácil estar ahí. Todos tienen que analizar cuál es el rol de la persona, cuál es su papel en el pueblo. Pero ese mundo en que las travestis, las trans y los gays de Santiago Atitlán participaban en el Cocode se terminó. Cambió el alcalde, y con él la apertura a la comunidad LGBT.

En octubre del año pasado hubo una huelga en Santiago Atitlán. La gente pedía que el nuevo edil rindiera cuentas de los gastos desde que llegó al poder. Ahí estaba Kristel, exigiendo transparencia.

Ahora es la única hija en la casa. Su padre va a la tienda y le pregunta si quiere algo. Por ese gesto ella siente que la respetan. Ya no está atada a la cama. Tiene 31 años, se maquilla como quiere, se delinea las cejas, se depila. Lo único que no puede hacer es vestirse de mujer. “Mi papá me aceptaba con el fin de que no quería verme vestida de mujer. Por eso me acepté siendo un chico gay travesti. Me visto en ocasiones, pero me considero una chica trans”, asegura.

Abusos sistemáticos

Una gran parte de la comunidad gay en Santiago Atitlán borda. También hay quienes trabajan en el Gobierno municipal o en tiendas de teléfonos, pero esos están “enclosetados” [en el armario], dice Kristel. Quienes ya decidieron mostrarse como son, solo pueden coser o trabajar en bares. “Mejor bordar que estar allá. Trabajar en un bar o cantina es peligroso, porque los hombres empiezan a golpearse. Aquí sí hay bolos [borrachos] mañosos”, cuenta la mujer.

En el pueblo ahora hay entre 10 y 12 chicas trans. También había dos gays que se suicidaron porque su familia no los aceptaba.

Sus casos no son una excepción. Hay un informe, hecho por mujeres trans de Latinoamérica y el Caribe, que se llama Esperando la muerte, donde hablan de la situación de la población LGBT en Guatemala, un país que la única diputada lesbiana del Congreso define como conservador, machista y racista.

En él reflejan la diversidad de la comunidad trans: mujeres que tenían el cabello corto, que trabajaban en bananeras, que no hablan el castellano. Otrans Reinas de la Noche, quien llevó a cabo el informe, es la primera organización trans del país. Fundada en 2004 como un colectivo de “trabajadoras sexuales trans” del centro histórico de la ciudad de Guatemala que decidieron organizarse por la ola de violencia que se vivía en ese entonces: los asesinatos constantes, el VIH, la falta de respuesta institucional. Ahora componen su asamblea 150 mujeres trans.

Según el censo propio de esa organización, son, como mínimo, 7.000 las trans en Guatemala. Calculan que como máximo son 22.000. No lo saben. Lo estiman a partir de una encuesta que hicieron en ciertos municipios. No hay datos oficiales de mujeres trans. Mucho menos de indígenas trans.

A Andrea González, directora de Otrans Reinas de la Noche, le hubiese gustado que el informe se llamara 'Esperando políticas públicas', o 'Esperando la aprobación de la ley de identidad de género', 'Esperando cupo laboral para las mujeres trans', 'Esperando matrícula estudiantil para las mujeres trans'.

“No, pero lamentablemente se llama Esperando la muerte. Porque ves la hipervulnerabilidad en que nos encontramos. La violencia sistemática e institucional es la que este informe marca. Hay asesinatos. Hay violaciones a derechos humanos”, dijo en septiembre de 2018. Hasta ese momento ya tenían registro de 18 mujeres trans asesinadas en el país solo en ese año.

Sentada en el pasto, a orillas del lago, un hombre le grita en tz'utujil. Kristel contesta: “Mush, mush”. “Mush” significa vagina. Le estaba preguntando a Kristel si ella tenía. “Me quiere agarrar la vagina”, dice la mujer entre risas. Luego, dice bajito: “Todavía no, estoy en proceso”.

Al rato, otro hombre se acerca: tiene bigotes y una pose que intenta imponerse. Mira cómo Kristel maquilla a La China. Pero lo que ve él son dos hombres gays disfrazando sus rostros con colores. No dice nada. Solo mira desafiante hasta que pregunta si tienen permiso. Kristel no deja de poner la base a La China mientras dice sin mirarlo: “Este es un homófobo porque tiene un hijo que es gay y no lo quiere, y también un cuñado que es gay”.

El hombre abre su teléfono y llama a alguien para que las saque. Camina por el césped de esa porción de tierra a orillas del lago Atitlán donde no las quiere dejar estar. Insiste a alguien con poder para que las eche. Al otro lado, cientos de turistas de todo el mundo pasean y compran bordados típicos indígenas.

En este lado, Kristel le pide a La China que cierre los ojos. Con esmero, le termina el delineado.

La historia de una presunta colaboradora de la pandilla más poderosa del mundo, la Mara Salvatrucha, es un ejemplo de cómo el sistema judicial acusa con mayor facilidad a las mujeres porque son el eslabón más débil de la estructura criminal

Las mujeres desempeñan tareas de base como el cobro de extorsiones, abrir cuentas bancarias o lavar el dinero pero no tienen ninguna autoridad en la cima de la pandilla

El número de mujeres presas en Guatemala se ha cuadruplicado en los últimos cinco años

Agarrada a la reja, con sus uñas de brillantina por delante, Hera esquiva a las mujeres que están en el suelo de la celda. Se acerca a decir que su hijo está en casa con su esposo. Está acusada de colaborar con pandilleros y, asegura, es inocente. Dice que no es más que una buena vecina que saluda a todo el mundo en su colonia y por eso la han detenido.

Hera miente. Pero hacen falta siete días para descubrir el engaño.

Esta mujer de 24 años, piel suave, pelo lacio hasta los hombros y embarazo de seis meses es vecina de Canalitos, una colonia de callejones de tierra, casas de lámina de metal y madera al otro lado del barranco de una zona de clase media alta de Ciudad de Guatemala. Canalitos es una zona roja. Roja por la sangre de los asesinatos.

Hoy espera dentro de una celda estrecha que huele a pis en la tremenda oscuridad de un sótano frente a los coches de los jueces que trabajan en la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala. A su alrededor, unas 30 presas aguantan hacinadas cerca de un inodoro rebalsado.

Hera no se llama así. Motivos de seguridad. Hera, en la mitología griega, es la esposa de Zeus, el rey del Olimpo, un personaje con el que la mujer embarazada de las uñas pintadas tiene más que ver de lo que ella pretende. La Fiscalía la acusa de tres delitos de colaboración con la Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla más poderosa del mundo.

Son delitos vinculados a la extorsión, una infracción extendida en Centroamérica que implica pedir dinero bajo amenazas de muerte. Un delito muy utilizado por el Ministerio Público para acusar a pandilleros. Un delito que en otros lugares ni siquiera se comprende.

Hera sale de la celda y espera frente al ascensor, esposada a otra mujer. Espera porque la barriga le pesa demasiado para subir 15 pisos a pie. Sube apretujada, encerrada con otros detenidos y varios policías, en un aparato que no mide más de cuatro metros cuadrados. Va encadenada porque el sistema penitenciario intenta asegurarse de que no se escape. Con gesto soberbio, mantiene la frente en alto. Cuando entra en la sala de audiencias, ve las panorámicas montañas de fondo. Se acomoda en el banco de los acusados y mira hacia una silla vacía.

El número de mujeres presas en Guatemala, sobre todo por delitos relacionados con la extorsión, creció en los últimos cinco años de manera exponencial. La cifra se cuadruplicó al pasar de 36 a 144. “Cada vez hay más mujeres procesadas”, confirmará resignado un día después de la sentencia, en el sillón de su oficina, el juez Mynor Moto, el hombre que aún no se sienta frente a Hera.

Cuando el juez llega, Hera pide un chequeo médico de su embarazo a través de su abogada gratuita asignada por el Instituto de Defensa Pública Penal. El juez dice que sí, que el único derecho que se le ha limitado es la libertad. Lo dice en serio. Neutro y por momentos paternal, no pretende bromear, o hablar con ironía ni sarcasmo: es el mismo tono con el que acusa. Hay cortes de luz en el edificio y faltan algunos abogados de las 11 personas acusadas en su caso.

Una semana después, Hera llega de nuevo al juzgado desde la cárcel de mujeres Santa Teresa. Ahora está atada a sí misma, en la misma posición, ante el mismo juez, en otra sala de la misma planta –donde se juzgan los delitos más graves–, con distinto abogado de la defensa pública. Esta vez, la altanería ha desaparecido. Parece ser que el marido de Hera está en casa con su otro hijo, cuidándolo. Por eso, dice, él no llega al juzgado para darle comida antes de entrar, como suelen hacer los familiares de los acusados. En la sala de audiencias, acompañando a las mujeres, no hay novios ni esposos. Solo madres, padres o tías. A varios de los hombres acusados sí les acompañan sus parejas.

Ese marido libre del que habla no existe. El último esposo que tuvo antes de caer detenida está preso. Al menos eso puso ella misma en el registro del más de centenar de visitas que hizo a un hombre llamado Julio César Mejía García, del que sabremos más adelante. Nunca de la boca de Hera. Mejía García cumple condena en una cárcel al sureste del país.

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El poder de las pandillas lo tienen hombres encarcelados. El triángulo del poder en la MS-13 tiene una punta: el Consejo de los Nueve, una especie de mesa redonda que da órdenes que después bajan en esa pirámide del poder.

La MS-13 es más estratégica y menos sanguinaria que su enemigo, el Barrio 18. Después de advertir a un extorsionado que si no paga encontrará la muerte, ejecuta la amenaza, a diferencia de la pandilla rival, que mata sin advertencia previa. Por eso, y porque la Fiscalía guatemalteca tiene notables limitaciones en sus posibilidades de investigación, también es más difícil seguir la pista de esta pandilla, sofisticada en la organización, la violencia y hasta la tecnología que usa para comunicarse.

En Guatemala, quedan poquísimas mujeres pandilleras [todas presas] porque, desde mediados de los 2000, tienen prohibido entrar a la MS-13. Lo mismo sucede en el Barrio 18. Las mujeres que querían ingresar tenían que recibir una paliza de 13 segundos. Hoy son pocas las sicarias que quedan vivas o libres.

Ahora, las mujeres del entorno de la pandilla desempeñan tareas como abrir cuentas bancarias, mover y lavar el dinero, dar la cara y el nombre, ofrecerse, estar en la base. Si son detenidas, entran a los tribunales esposadas a delitos de presunta pertenencia a la MS-13. Pero son reemplazables. Tras entrar en la cárcel en nombre de la pandilla, no pasa demasiado tiempo hasta que otras ocupan su lugar.

El fiscal, con una maleta de ruedas en la mano, llega en el mismo ascensor que Hera. En esos papeles que ahora lee con voz rápida y por momentos ininteligible dice que Hera está acusada, junto a otras diez personas, de exigir dinero a conductores de transporte público a cambio de no ser asesinados. Ella solo mira al juez, no se mueve demasiado. A su derecha, un acusado sin esposas. A la izquierda, una acusada de los mismos delitos que ella. Una mujer que, se nota, conoce desde antes. Hablan poco y en voz baja.

Hasta 2009 los investigadores en Guatemala no tenían claro cómo luchar contra las pandillas aunque las dos principales, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, operaban en el país desde finales de los noventa. La creación de dos grupos élite, uno en la Policía y otro en la Fiscalía, sirvió para localizar e identificar quiénes eran, dónde operaban, cómo hacían dinero y cómo mataban. A partir de 2011, esas dos unidades especializadas dieron un giro a la forma de presentar los casos a los jueces: pasaron de muchas e infructuosas investigaciones individuales a preparar pocos megacasos contra centenares de supuestos pandilleros. El secreto del triunfo acusador fueron las escuchas telefónicas y pandilleros traidores que se convirtieron en informantes. Tuvieron cierto éxito. Tocaron a la jerarquía.

Entre 2016 y 2017, Guatemala lanzó cinco megaoperativos contra las pandillas. Si las estructuras estaban identificadas y sus líderes –siempre hombres– estaban presos, tocaba derribar la base. Allí estaban personas como Hera, que no formaba parte del grupo criminal, pero que trabajaba –sobre todo mediante cobro de extorsiones y prestando sus cuentas bancarias– para la pandilla. En la mayoría de casos, a cambio de dinero. Las detenciones de mujeres en los megaoperativos comenzaron a destacar. Había muchísimas colaboradoras. Las mujeres se hicieron visibles alrededor de las pandillas.

Ya no eran operativos contra una clica –célula local– de una pandilla sino acciones masivas contra las dos principales pandillas que podían darse al mismo tiempo en distintos municipios. Así sucedió con el operativo Rescate del sur en 2016 en el que la Fiscalía demostró cómo las pandillas crecían al sur del área metropolitana de la capital y que generó más de 120 detenciones en cuatro departamentos del país.

Al detener y procesar a su mano de obra, pensaron los funcionarios, dejarían mancas a las pandillas. Pero esos operarios de base, esas mujeres colaboradoras, gente que en general no siente identificación con los grupos criminales porque lo hacen por dinero, son fácilmente sustituibles. Tan prescindibles que, por no ser de la pandilla, ni siquiera tienen un abogado pagado por el grupo criminal. A finales de 2017, la operación Escudo Regional, que se desarrolló en tres operativos a lo largo de dos años, golpeó a las dos principales pandillas en Honduras, El Salvador y Guatemala, con cerca de 200 detenciones, de las que la mitad fueron mujeres. Hera fue arrestada el 18 de abril de 2018.

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Las mujeres tienen responsabilidad en la base y ninguna autoridad en la cima de la pandilla. Reciben y ejecutan órdenes sin pertenecer, sin decidir estrategias. La Fiscalía Antiextorsión investiga siguiendo la lógica de que la pandilla las protege menos que a los hombres, pero también de que ellas pertenecen a la organización criminal. Lo difícil es investigar a la MS-13 como estructura y lo fácil es llegar a las colaboradoras. Es más sencillo capturar a quien lleva el teléfono o a quien recoge el dinero que a quien da las órdenes a distancia y se queda, finalmente, con los mayores beneficios de la actividad.

El Ministerio Público acusa a Hera de exigir dinero de manera regular e intimidante a los conductores de transporte público. La amenaza no tiene matices: es una renta a cambio de vivir. Para cometer estos dos delitos es necesario ser parte de un grupo criminal.

Supuestamente, Hera apoyaba a la clica Pewees Locos Salvatruchas, que tiene desde 2010 su principal centro de operaciones en Canalitos, ese barrio pobre y violento de la zona 24 de la capital. Desde entonces, los Pewees están señalados de amenazar, extorsionar y atentar contra conductores de moto taxis que circulan por esa zona y contra comerciantes que aceptan pagar por no morir. También están acusados de asesinar a integrantes de la clica que se quedan con el dinero de las extorsiones.

La investigación contra Hera y las personas detenidas junto a ella se basa en tres testigos: el dueño de un moto taxi, el propietario de un negocio y una mujer excolaboradora de la pandilla. Tres testigos que no dicen las horas, los lugares ni las formas que estas 11 personas usaban para extorsionar para la MS-13, esa pandilla declarada por Donald Trump enemiga pública y amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Ninguno de los testigos describe a Hera: ni su rostro, ni sus movimientos, ni datos concretos. Nada. La señalan. Pero sin presentar pruebas.

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Una semana después de la primera audiencia suspendida, se repite la escena ante el juez. En esta ocasión, el mismo abogado defiende a Hera y a las otras dos mujeres del grupo. La camisa blanca del hombre intenta contener un cuerpo grueso y torpe. Es la primera vez que ve a sus defendidas. Pide beneficios de embarazo para una acusada que no lo está. Se quiere referir a Hera pero no sabe quién es quién. Ellas lo miran, abren los ojos intentando decirle algo. No lo logran. El hombre casi no tiene argumentos.

El fiscal trabaja para una unidad jurídica creada en 2005 para defender mujeres y financiada por organismos internacionales. Se supone que son personas especializadas en distinguir sesgos de género en las causas con herramientas para defender a las mujeres acusadas. Está en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y en su lista de tareas se amontonan 1.400 expedientes relacionados con mujeres solo de la capital del país.

Edith Ochoa, una mujer repleta de anillos brillantes y larga melena negra, dirige la unidad en la que trabajan 30 abogados. Explica que no puede atender el 90% de los casos que les llegan porque las acusadas no les hablan. Por miedo. O simplemente porque no quieren.

—¿Qué resultados tienen?

—Ninguno, [las mujeres] son sentenciadas —dice Ochoa sin inmutarse.

Luego matiza. El equipo de Ochoa ha logrado “tres o cuatro” sentencias absolutorias para sus defendidas en 13 años.

El IDPP está en un antiguo banco en el casco histórico de la capital, con techos altísimos y escaleras de madera que conservan esa sensación de que otro tiempo pasado fue mejor. En una oscura oficina en la segunda planta, la coordinadora condiciona y limita la defensa de las colaboradoras de pandillas “hasta que no bajen los contextos de peligrosidad”. Según las cifras oficiales, eso ya ha sucedido. De 49 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2009, Guatemala pasó a 24 en 2018. Pero la presunción de inocencia en todo lo relacionado con las pandillas y el esfuerzo del Estado por hacer algo por las mujeres de Guatemala siguen brillando por su ausencia.

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El tipo de colaboración que Hera aportaba a la pandilla se conoce en Guatemala como chequeo activo. Implica estar en período de prueba, pequeños encargos para ingresar en la estructura criminal. Al menos eso cree la Fiscalía. La situación es paradójica: su entrada está vetada por ser mujer, pero también es acusada de ser administradora de extorsión. Esto significa que, de confirmarse, ella es la que junta el dinero y, con órdenes de los líderes de la clica, organiza cuánto va para cada quién en cantidades que disminuyen a medida que se desciende en la pirámide del poder.

En la audiencia, el abogado de Hera –que no sabe nada de su vida, nunca ha hablado con ella, no sabe qué piensa, qué siente o qué puede aportar en su defensa– no ve sesgo de género. No cree que la hayan obligado a nada, ni que la hayan presionado a través de su familia para que trabaje para la pandilla aprovechándose de su vulnerabilidad o de su pobreza. Utiliza como única estrategia de defensa acogerse al derecho a no declarar.

En realidad, quien debería defenderla, quien sabe del caso, es otra abogada que no ha llegado a las audiencias. Los tres –la abogada oficial, la que estuvo en la audiencia anterior y el hombre de esta audiencia– trabajan bajo el mando de Edith Ochoa, la mujer de los anillos brillantes que no espera ganar casos.

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El Flaco y El Voltio son los pandilleros que dirigen desde prisión la clica de nombre Pewees Locos Salvatruchas. Ellos deciden las acciones para extorsionar, intimidar, vender droga, reclutar pandilleros y asesinar. El Flaco se llama Nixon Bantes González. El Voltio, que es el número dos de la clica, es Julio César Mejía García, a quien Hera iba a visitar a la cárcel de El Boquerón registrándose a veces como su esposa. De los Pewees, de su forma de operar y de los integrantes de la Pewees es conocedora desde 2012 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una institución especial financiada por Naciones Unidas y que trabaja junto al Ministerio Público. Ese informe está en manos del juez que juzga a Hera y del fiscal que la acusa.

En 2017, el juez Pablo Xitumul, magistrado titular del Tribunal C de Mayor Riesgo, encargado de casos de gran impacto, condenó a El Voltio: 150 años de cárcel por cinco delitos, entre ellos asesinato y violación. Sumada una causa anterior, El Voltio podría salir en libertad cuando cumpla 213 años.

Un año después, Xitumul llega a su despacho, en la planta 12 de la Torre de Tribunales, se sienta en una silla junto a su sofá de visitas y comienza a hablar. “Detectamos que los patojos [jóvenes] arrastran a las mujeres”. Cree también que la justicia “revictimiza” a las mujeres vinculadas a pandillas en un país particularmente desigual. Él explica que “se siente sensible” con las mujeres de su país y por eso siempre aplica la pena mínima a las acusadas de extorsión: de 6 a 8 años. Es la pena mínima, subraya como un acto de empatía. No es medida sustitutiva. Tampoco es absolución.

Ni El Flaco ni El Voltio están presentes en las audiencias de Hera. Pero lo parece. Su presencia planea sobre la sala. Se supone que los 11 acusados trabajaban a sus órdenes. De ellos habla primero el fiscal, que maneja miles de páginas de expediente que saca de la maleta con ruedas. Con su voz rápida y a veces inentendible, se refiere a ellos para explicar el modus operandi de la clica. Muestran fotos de dos de las mujeres. Hera no aparece en ellas.

Argumenta historias, datos, fechas, listas, sucesos, crímenes. El turno de Hera llega cuando el fiscal calla y el juez regresa a El Voltio y a El Flaco varias veces más cuando lee el listado de visitas que reciben en la cárcel. Esa es la clave, la evidencia de la que Hera tendrá muy complicado defenderse. Han pasado 12 horas de audiencia, el aire acondicionado enfrió tanto la sala que la mujer se abriga con sus propios brazos y se le pone la piel de gallina. En esta vista judicial, el único que no habla de los líderes de la clica es el abogado defensor de Hera. Habla poco porque sabe poco.

Según la información en manos del juez y el fiscal, la primera vez que Hera fue a la cárcel a ver a Julio César Mejía García, ese hombre con poder, ese tal El Voltio, fue en marzo de 2015.

¿Cuáles son los acusados que no han visitado a nadie en la cárcel? Eso es un misterio. Es una información sin registrar en el expediente del caso. “Las visitas carcelarias por sí solas no se pueden tomar como prueba”, insistirá el juez Mynor Moto unos días después de la audiencia.

Las visitas carcelarias no cuentan como pruebas, pero sí como razones por las cuales los jueces, como Xitumul o Moto, deniegan la posibilidad de que las personas estén libres mientras esperan que se celebre su juicio.

El Ministerio Público no prueba nada de las funciones de Hera para la Mara Salvatrucha. La investigación es deficiente, dice el juez Mynor Moto, desplegado en el sillón de su oficina de la Torre de Tribunales, mientras revisa el expediente. Algunas partes son un copia y pega de los informes policiales, insiste. Ninguno de los tres testigos está identificado, remarca. Todos los informes policiales, en los que se basa la Fiscalía, los firma el mismo policía, apunta. Un superpolicía, dice –con ironía– el juez, mientras pasa las hojas, un poco resignado, en la tranquilidad de un juzgado a punto de terminar la jornada. Sabe que las investigaciones son pobres, que los recursos son pocos y la voluntad pequeña.

Por eso, eliminó para la mayoría de los acusados los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito y exacciones intimidatorias. Hera fue una de las beneficiadas. Un beneficio parcial, pues seguirá en prisión preventiva por asociación ilícita, algo que le será muy difícil quitarse de encima.

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Durante dos años, Hera entró registrándose como la novia de El Voltio. Los primeros cuatro meses de 2017, lo hizo como su esposa. Después, volvió a ser la novia y así lo hizo hasta el último día de visita registrada, en marzo de 2018. En esa fecha, además, ya estaba embarazada. Hera fue a verle a prisión 102 veces. Ciento dos veces. Cada día, hora y tiempo juntos quedaron marcados en una larga lista de registros que ahora se vuelven en su contra.

La presencia de El Voltio ya no planea sobre la sala, ahora la aplasta. Termina con cualquier posibilidad de salir absuelta. Pese a su relación con un líder pandillero, una relación de esta intensidad, no es suficiente para que la pandilla le pague un abogado que la defienda.

Antes de las nueve de la mañana del 20 de marzo de 2018, Hera entró por última vez a ver a El Voltio. Pasaron casi ocho horas juntos. Fue la visita número 102. Fue un mes antes de ser detenida. Ella, acusada de ser la administradora de la extorsión en la clica de una pandilla enemiga de Estados Unidos, fue atendida por un defensor oficial que ni siquiera se aprendió su nombre.

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Este reportaje forma parte de la serie 'Las colaboradoras', un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica. Una iniciativa de El Intercambio financiada por Internews.El Intercambio Internews

Texto: Rosario Marina, Elsa Cabria y Ximena Villagrán / El Intercambio

Fotografías: Oliver de Ros / El Intercambio

Edición: Alberto Arce

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Casos como el de la joven ilustran el uso desmedido de testimonios cuestionables como única prueba contra estas organizaciones criminales

El asesino dijo que el muerto, antes de muerto, estaba muy borracho.

El día de Navidad de 2014, una mujer de 70 años fue a la Policía de su municipio a denunciar la desaparición de su hijo, de 40. Declaró que el hombre había salido de su casa alrededor de las 10 de la mañana para ir a trabajar al centro de San Salvador, la capital de El Salvador. Alto, trigueño y de ojos café, llevaba camisa y pantalón azules y una mochila negra. La anciana supo por vecinos que el día de la desaparición lo habían visto en la calle principal de su colonia y que había sido amenazado por un pandillero del Barrio 18. No era la primera vez que le sucedía. Su otro hijo ya había desaparecido en 2012. Desaparecido significa asesinado. La madre temía, con razón, que los pandilleros hubieran matado a ambos.

Dos años después de la última desaparición, la pareja de aquel desaparecido supo por la televisión que la Policía había encontrado unas osamentas al fondo de un barranco de la colonia. Era el 24 de mayo de 2016. Junto a los huesos, había una mochila negra, la misma que el hombre llevaba el día de su desaparición. La mujer fue a Medicina Legal, la institución forense de El Salvador. El muerto de la tele era su muerto.

Cuando la Fiscalía entrevistó a la ya viuda del hombre, ella señaló a la posible culpable: la pandilla Barrio 18 Sureños, una escisión salvadoreña del Barrio 18, una de las pandillas más grandes de Centroamérica. El Gobierno decidió aislar a los líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS) en las cárceles para dificultar su organización. Lo logró. La ruptura dentro de la 18 fue irreversible. A partir de 2006, nacieron dos facciones enemigas: Sureños, los que seguían las normas de su pandilla en California, bajo órdenes de veteranos deportados presos; y Revolucionarios, que buscaban tener una personalidad más local, sin órdenes foráneas, cuyos líderes estaban fuera de las cárceles de El Salvador.

Para 2016, aquel hijo desaparecido llevaba dos años enterrado al fondo del barranco víctima de esa guerra intestina entre pandillas. La Fiscalía ya lo sabía, se lo había dicho El testigo. Por eso la Policía fue a buscar los huesos. Ese testigo era miembro de la pandilla, fue uno de los tres asesinos y, en ese mismo caso, donde admitió el asesinato, también acusó a 76 personas del Barrio 18 Sureños de participar en 20 homicidios similares.

Este tipo de testigo, el que delata, se llama criteriado en El Salvador. En los últimos 11 años, 663 personas en ese país obtuvieron una reducción de la pena y una residencia temporal a cambio de dar información, según el tipo de negociación mantenida con la Fiscalía General de El Salvador. Su utilización es recurrente en los casos de pandillas: el testimonio de una sola persona es suficiente para que la Fiscalía acuse a decenas de personas. El uso del testigo protegido se multiplicó por 15 en los últimos 11 años sin mucho éxito. El 54% de los informantes se ha retirado del programa.

“El declarante recibió una llamada de Z donde le decía que en el pasaje el hermano de B andaba bien bolo [borracho], por lo que [el declarante] salió de donde estaba con Hebe, diciéndole que moviera [llevara] al hermano de B y que, cuando lo tuviera en una casa, le avisara. A los quince minutos le habló que ya lo tenía, estaba bien bolo, tanto así que no se levantaba, siendo que Hebe se retira del lugar”.

Informe de la Fiscalía sobre la declaración del testigo.

Hebe se llama de otra forma, pero por su seguridad, este será su alias y su nombre, el de la diosa griega de la juventud y la belleza eterna. Según El testigo, después de que Hebe se marchara, otros dos pandilleros llegaron a la casa. Entre los tres ahorcaron al hijo de la anciana, con las manos y con un cincho [cinturón] hasta matarlo. Esperaron a que se hiciera de noche para sacarlo de la casa y lo lanzaron por el barranco que queda al final del pasaje [callejón] donde estaban. Bajaron al fondo, cavaron un hoyo y lo enterraron.

El 28 de mayo de 2016, el médico forense encontró la cabeza del hombre por un lado y el esqueleto por el otro. La camisa estaba rota, llevaba pantalón vaquero, tenía la mandíbula rota y solo una zapatilla de deporte, la izquierda. En la bolsa pequeña de la mochila negra había una cartera con unas tarjetas de presentación que no lograron identificar. Hacía seis meses que estaba convirtiéndose en esqueleto.

***

El 16 de agosto de 2018, Hebe se puso de pie frente al juez con sus pantalones celestes, sus tenis, su camisa negra de manga larga y sus 19 años. Estaba acusada de agrupaciones ilícitas, lo que significa que se juntó con, al menos, dos personas para delinquir de manera temporal o permanente. Se juega ir a juicio y ser condenada a un mínimo de tres años de cárcel.

En la sala hay otras cinco amigas de su colonia. Viajó con ellas porque también estaban acusadas. Su abogado particular pide al juez que ella pregunte al testigo. Los oscuros ojos con rimel de Hebe miran al testigo protegido, cubierto de pies a cabeza con una tela oscura, como el verdugo que le corta la cabeza.

—¿Sabes quién te habla?

—No, no sé quien sos.

—Fuimos pareja, ¿sí o no?

—No.

No lo dirá en la audiencia, pero Hebe dice antes y después que El testigo, el criteriado, era su novio. El presunto novio la incriminó y la acusó de participar en el homicidio del hijo de aquella anciana y la Fiscalía, además, la acusó de agrupaciones ilícitas. Por eso pasó mes y medio en los calabozos de la Policía, tres meses en prisión preventiva y ocho meses más con obligación de ir a firmar al juzgado cada 15 días hasta que salió absuelta.

“En cuanto al delito de agrupaciones ilícitas [...] es opinión de la suscrita juez que tanto la existencia legal del delito como la participación delincuencial de los procesados ha quedado demostrado por medio del dicho del testigo”.

Resolución de audiencia preliminar.

El enamoramiento

—Muchacha, ¿no ha visto a los policías ahí arriba?

La muchacha, que caminaba por su colonia, se giró, lo miró, lo reconoció. Él a ella, no.

En un café de la zona de hoteles de San Salvador, en julio de 2018, la muchacha recuerda con sonrisa pícara ese cruce de miradas de enero de 2016. Hebe dice que se conocían de niños, pero que llevaban años sin verse. A los meses de esas miradas, hubo una solicitud de amistad en Facebook aceptada. Y likes a muchas de las fotos de Hebe. Pero ella, que se esforzaba por “ser buena”, no quería nada con un pandillero. Lo dice ella.

La muy cristiana evangélica madre de Hebe y de otros dos varones, uno mayor que ella, otro mucho menor, puso una venta de pupusas, el plato típico de El Salvador, en su manzana. En una ocasión, el pandillero llegó y le gritó. “¡Suegra!”. La mujer se quedó mirándole y le espetó muy seriamente: “¡Cómo que suegra!”. Esa vez y otras tantas entre enero y octubre, el pandillero pasó gritándole a Hebe ante la circunspecta mirada de la madre: “Hebe, te amo”. La noche del 12 de octubre de 2016, delante de la casa de ella, él le preguntó si quería salir con él. “Y yo me quedé: ¿Ah? Y le dije: 'Sí, voy a andar con vos, así de repente”, recuerda Hebe con inocente ironía.

“El testigo identifica en su entrevista únicamente con el alías Hebe [a la persona], a quien describe de la siguiente manera: color de piel blanca, color de cabello negro y estilo largo, complexión delgada, estatura un metro cincuenta aproximadamente, 18 años. La conoce desde el año 2008, y desde el 2014 colabora con la pandilla hasta ahora. Las funciones que realiza, le postea [vigila] al hermano que es civil activo de la pandilla, porque como el hermano es civil y ya ha matado, y está a punto de brincarse [entrar en la pandilla], le mueve [esconde] las armas de fuego al hermano…”.

Informe sobre la declaración del testigo.

Hebe es como la describe El testigo en su relato a la Fiscalía. De esas personas delgadas que tienen cara redonda, granulosa sin granos, de labios finos, pálida. Sin ser consciente de que tres personas la observan, se apoya en el mostrador de una oficina del centro judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, un bochornoso día de finales de julio. El aire acondicionado está altísimo. Dice su nombre al funcionario. Su camiseta blanca de corazones rosas transparenta un sujetador azul claro. El pantalón de lona se ajusta a su cuerpo adolescente.

Las tres personas la reconocemos porque estamos sentadas detrás revisando las tres cajas de archivadores que acumulan su expediente. En los archivos, aparece su foto, igual que la de muchos de los otros 76 acusados en 20 homicidios a los que El testigo inculpó.

El encuentro es fortuito, pero Hebe reaccionó con normalidad cuando le explicamos por qué queríamos hablar con ella. Estaba en esa oficina porque desde diciembre de 2017, cuando la jueza le concedió la libertad provisional, cada 15 días va en bus con su mamá al juzgado a firmar.

***

El mismo año en que entró en funcionamiento el programa de protección de testigos, las pandillas prohibieron que las mujeres en El Salvador fueran pandilleras. Hasta ese año, 2006, había mujeres con poder de mando en las reuniones de toma de decisión y coordinación en ambas pandillas. Pero fueron expulsadas por falta de confianza.

La sospecha vino porque algunas eran informantes de la Policía y de la Fiscalía. “Cuando había rupturas [sentimentales con pandilleros], eran más vulnerables a dar información, sabiendo que habían cometido delitos, preferían colaborar con la Justicia, pensaban más en sus hijos”, dice Guadalupe Echeverría, jefa de la Unidad Especializada Antipandillas.

Las mujeres se convirtieron en testigos criteriados. Ante lo que se consideraba una falta de lealtad, hubo castigos: algunas violadas, algunas asesinadas. Sin embargo, la lógica pandillera contrasta con la realidad: el 65% de los testigos del programa de protección hasta diciembre de 2017 han sido hombres.

En 2006, una líder del Barrio 18 se convirtió en alias Joker, testigo criteriada de la Fiscalía. Su pandilla mató a unos familiares suyos y ella decidió colaborar. Durante tres años, apoyó en la desarticulación y condena de cuatro células locales de San Salvador. Su caso fue el detonante del fin de la mujer pandillera. Así lo sostiene Echeverría, quien con voz suave y tono académico, es experta en violencia pandillera.

Mientras la Fiscalía investigaba a la quinta célula, alias Joker fue asesinada. En 2009, la pandilla le hizo “el pase del amigo”: una amiga la convenció para salir un rato de la casa refugio donde vivía oculta para juntarse con alguien en el municipio de Santa Ana y la mataron.

Desde que El Salvador instauró el uso de testigos criteriados en 2006, en ningún año las mujeres han sido más del 35% de los testigos, pero son las que perdieron la confianza de arriba.

Ellas pasaron a ocupar un nuevo rol, puramente logístico, en el nivel más bajo de la pandilla, como colaboradoras. No tienen acceso a reuniones o coordinaciones ni dan órdenes. Las colaboradoras cobran y llevan dinero, guardan y mueven armas. Prestan cuentas, ejercen de testaferros para recibir y enviar remesas internacionales. Roban. Matan. Igual que los hombres colaboradores. Pero están lejos de los líderes.

***

Después de firmar en el juzgado, apretujada en una mesa de un restaurante de comida rápida al que accede ir junto a su mamá a petición de las periodistas, Hebe se muestra callada. Habla más la madre. Habla más, aunque ella sonríe cuando la mamá evangélica charla sobre El testigo. “Era el asesino de la colonia”, dice la mujer sin miramientos. Y Hebe se ruboriza silenciosa.

—¿Por qué te fijaste en un pandillero?

—Ni yo sé, quizá a las niñas fresas [pijas] les gustan los malos. Yo decía: 'Uy, no, yo no voy a andar con uno de esos jamás, ¿va?' Pero los jamases llegan —dijo cuatro días después, riéndose, cuando su mamá no la está escuchando.

La detención

“Observando detenidamente las fotografías del pliego, el testigo señala que la fotografía número 1, la cual corresponde a la señora Hebe, manifestando que la conoce por el alías, es colaboradora de la pandilla 18, y participó en el homicidio del hermano de B”.

Informe de la Fiscalía sobre la declaración del testigo.

A las 2:35 de la madrugada de un día de finales de julio de 2017, cuatro policías subieron las tres escaleras de la entrada y tocaron a una puerta pintada de celeste, bajo un balcón blanco, en una casa también celeste, con techo de lámina.

Abrió el padre de Hebe. Llegaron para detener a su hija, acusada de homicidio y agrupaciones ilícitas. Cuando le pidieron que los acompañara para hacer el registro de la casa, accedió. Dentro estaban Hebe y su madre. No encontraron ningún objeto ilícito. Así lo escribió un policía en su informe. Hebe pidió tiempo para cambiarse porque estaba con pantalones cortos y un top y dice, un año después, que los policías aceptaron a regañadientes.

El papá es un hombre al que no vamos a conocer. Muy presente en las palabras de Hebe pero ausente en el tiempo que ella pasó en prisión y en sus visitas al juzgado porque tiene que trabajar. Primero evangélico, luego alcohólico, luego evangélico de nuevo. Es el hombre que le pidió a su única hija que no tuviera malas compañías, el que sacó a su familia un año y medio de su colonia para huir de la violencia, el mismo que golpeó a sus hijos durante esos años.

Durante la detención, un policía advirtió a Hebe que se preparara, que allá iba a hacer frío. Allá era la cárcel. “Ta' güeno”, le respondió antes de ir a su cuarto a ponerse unas mallas, una camisa de manga larga, unos vaqueros y calcetines. En su habitación, se dio cuenta de que su hermano pequeño, cuya presencia los policías no atisbaron, la observaba.

—¿Qué te pasa? Dormite.

—¿Para dónde vas? ¿Por qué te estás cambiando?

Hebe abre la puerta y le señala al policía.

—¿Qué hace ese hombre ahí, vos?

—Ya voy a venir.

—¿Para dónde vas?.

—Ya voy a venir.

Hebe no volvió.

Hebe pasó frío.

Cuatro años antes de pasar frío, cuando tenía 14, Hebe y su hermano mayor, –acusado por El testigo de otro asesinato y agrupaciones ilícitas, pero absuelto–, tuvieron que abandonar la escuela pública donde estudiaban, porque estaba en la parte alta de su colonia, territorio de la Mara Salvatrucha. Como consecuencia, su padre se llevó un año y medio a la familia a vivir a otro lugar. El barrio en el que la familia ha vivido casi toda su vida es parte de uno de los municipios históricamente más peligrosos del área metropolitana de El Salvador.

En El Salvador es complicado entrar en centenares de barrios. El lema 'Ver, oír y callar' se respeta en los barrios y se rompe fuera de ellos. Hebe cambia tres veces el punto donde la vamos a recoger para la entrevista, cerca de su colonia. Desde que la conocimos, el pacto fue hablar fuera de su municipio, no quiere que entremos en su colonia. No quiere que la vean con desconocidos.

La localidad donde vive fue parte del grupo de 18 municipios que, en 2013, cuando el Gobierno pactó una tregua de fin a la sangre con las pandillas, fue declarado libre de violencia. Un eufemismo para decir que las pandillas no se iban a agredir ni entre sí ni a nadie en ese territorio.

Seis meses duró la espectacular bajada de homicidios –que redujo a menos de la mitad la cantidad de asesinatos en El Salvador, que estaba entre los tres países más violentos del mundo–, hasta que un gobierno acorralado por haber ocultado su papel principal en la negociación y un creciente número asesinados de las dos pandillas debilitaron la tregua. Aunque se sumaron instituciones internacionales y otras pandillas de menor peso a las reuniones, de poco sirvió. El gobierno siguiente enterró la tregua. Desde entonces, es el país más homicida del mundo.

—¿Qué cambió en la colonia para que después pudieran regresar?

—No cambió nada —dice.

Hebe regresó a su colonia porque, dice, no tenía sentido que pagaran un alquiler cuando tenían una casa en propiedad. Ella tuvo que terminar los estudios básicos y parte de bachillerato en un colegio privado, en la parte baja de la colonia, creado por maestros que antes trabajaban en el colegio de arriba, donde su hermano pequeño sí pudo seguir estudiando. Dice que pandilleros de la Mara Salvatrucha llamaron a su papá para que ella no volviera a subir. Menos aún cuando los contrarios, como ella dice, se enteraron de que su novio era 18.

Un 28 de diciembre de 2016, dos años después de regresar a la colonia, dos meses después de empezar a salir con El testigo, tras la pelea con su papá, terminó con Hebe mudándose a casa de su novio, El testigo. Sus papás dejaron de hablarle los dos primeros meses de 2017. No querían que estuviera con él, pero continuaron pagando sus estudios. Después, cuando El testigo se reunía en su casa con sus pandilleros, ella dice que solía irse a la casa familiar. Sus padres cedieron ante la relación.

Ella pasó mucho tiempo sola en la casa de su marido, que es como se refiere a su novio. El testigo compraba la comida y, ella aprendió a cocinar para dos, nunca para los pandilleros visitantes. “No era la chacha [empleada doméstica] de nadie, solo de él y mía”, dice Hebe dos años después.

Dice que no hizo favores ni trabajos para el Barrio 18 Sureños, pero El testigo le daba unos 30 dólares diarios para comprarse lo que ella quisiera. El dinero lo guardaba su mamá. Al mes eran 750 dólares, más del doble del salario mínimo de El Salvador. Su hermano mayor llegaba a visitar y a fumar marihuana con El testigo. A cambio, posteaba –avisar si llega la Policía–.

La novia aceptó dinero de la pandilla para vivir, la madre guardó el dinero de su hija que provenía de la pandilla, el hermano hizo favores a la pandilla, el padre toleró la relación de su hija con un miembro de la pandilla. En una sociedad violenta, la pandilla es una cosa y la gente es otra. En esta familia, todos se sienten ajenos al Barrio 18 Sureños, pero la relación existe porque los límites no están definidos.

El tatuaje

El testigo tenía una memoria privilegiada, aparentemente. Contó cómo entró en 2007 a la pandilla y cómo fue creciendo su clica –célula local pandillera–. En su declaración, recordaba en qué año conoció a cada uno de los pandilleros y colaboradores, como Hebe. Describió altura, peso, marcas, tatuajes y razón por la que los conocía, desde qué año estaban con la pandilla y cuál era su función. De cada uno de los 76 acusados por la Fiscalía. Una memoria infalible, pero de casi todos, solo dijo saber sus apodos.

Diez años después de convertirse en 18 sureño, El testigo vendió a toda su clica y a presuntos colaboradores acusándolos de asesinato. También vendió a su novia por presuntamente ayudar a asesinar al hombre de la mochila negra, en 2014. Pero a lo largo de tres gruesos archivadores, El testigo nunca dijo que Hebe fue su novia. Es ella quien dice hoy que “anduvo acompañada” por él.

Para entender el funcionamiento, la jerarquía, y el territorio que controla una estructura pandillera, El testigo criteriado tiene que haber estado dentro de la organización criminal. Por eso, la Fiscalía salvadoreña lleva más de una década apoyándose en este tipo de informantes.

El problema es que en decenas de casos, como sucede en el de Hebe, El testigo interesado en obtener reducción de condena y beneficios especiales, es la única fuente de información. La institución no contrasta los datos que obtiene y muchos casos se caen antes de llegar a juicio por falta de pruebas. Como ocurrió con Hebe, absuelta por un juez.

“Hay muchos casos en los que no se verifica la información”, admite la fiscal Echeverría, experta en pandillas. Pero exime de culpas a su unidad y responsabiliza a la institución que les nutre de pruebas. “El problema es la investigación de la Policía Nacional Civil; muchas veces en aras de sacar de circulación [de las calles] a cualquiera, ha creado perfiles delincuenciales de personas que no pertenecían a pandillas. Ya hemos tenido casos delicados, se ha procesado a personas inocentes”.

“Se interroga al testigo en el sentido de que describa a la persona, manifestando que es de estatura 160, color de piel blanca, color de ojos no recuerda, cabello color negro, de textura algo acolochado [rizado], de complexión física algo delgada, agregando que no conoce el nombre, pero conoce el alías, Hebe. Así mismo se formulan las siguientes preguntas: ¿Posee marcas? No, ¿Posee tatuajes? No, ¿Posee lentes? No”.

                                                                 Reconocimiento en rueda del testigo a Hebe

El 12 de diciembre de 2017, Hebe y su hermano lograron la libertad provisional. Para ese momento, por un fallo de la Fiscalía, en su expediente solo constaba el delito de agrupaciones ilícitas, ya no el de homicidio. Las mujeres representan el 10% de todos los capturados en El Salvador en los últimos seis años. Aunque no es un delito estrictamente vinculado al fenómeno pandillero, agrupaciones ilícitas es el segundo delito más cometido de todos los detenidos entre 2012 y 2017, los años más sanguinarios de las pandillas.

Entre los documentos que sirvieron para evidenciar que no iba a huir del país, el abogado de Habe presentó su cuaderno de ciencias naturales de bachillerato y un diploma de participación y constancia de buena conducta emitido por el centro de estudios de la iglesia evangélica a la que asiste.

A la hora del almuerzo de un día de julio de 2018, Hebe no come nada. No aparenta nervios, solo no quiere comer en el restaurante al que la llevamos para conversar. No suelta el móvil aunque no va a hablar por teléfono. La hija de la madre seria y evangélica aparenta la misma seriedad en versión juvenil. Pero es apariencia. Con su dulzura posadolescente, Hebe habla mucho cuando tiene ganas de charlar.

—¿Qué crees que buscabas en el malo?

—Como la rebeldía que quería, porque iba enojada con mi papá. Quizá después de acompañarme [por mi novio] fue... no sé… Siento en mí que me podía defender sola, me metí en problemas en la colonia y jamás le dije nada.

Hebe habla dulcemente de las tres veces que se metió en problemas por él. Fue por celos, dice, porque él estaba con ella. Y con otras tres. No callaban la relación con El testigo. Le hablaban para advertirle de que cada una de ellas era la novia real.

Hebe estrelló el teléfono del novio contra la pared tras encontrar fotos con otra.

Agarró a una mujer del pelo y le dio una paliza delante de él. Empujó a otra más por las gradas de una cancha de fútbol.

Pícara, dice que dejó dos veces a su novio. Días antes de la definitiva, poco antes de ser detenida, El testigo llamó a Hebe. Ella salió de casa de su mamá y fue a la casa de él. Eran las dos de la tarde, estaban solos. “Te tengo una pregunta”, le dijo él antes de echarse a reír. “¿No me tenés miedo?”, le preguntó.

“No, no te tengo miedo”, recuerda hoy que le respondió, muy extrañada. No entiende por qué le hizo esa pregunta. “Porque pa' fuera, él lo sabía todo, un machito y así, pero conmigo en la casa por cualquier cosa lloraba, bien chillón, bien fresón”. Por qué le iba a tener miedo, se pregunta en voz alta mientras manosea su celular.

Cuando en junio de 2017, Hebe fue detenida, la Policía le preguntó si conocía al asesinado, al dueño de la mochila negra, enterrado en un barranco en 2014. Dice que no tenía idea de quién era ni uno ni otro. Le preguntaron si “hizo favor” a los tres asesinos para que lo mataran. Dijo que no. Fue su papá, cuando ella estaba en las celdas policiales, quien le dijo por teléfono quién era el muerto.

Esta historia de muerte y amores muestra vidas paralelas, no convergentes. Al cruzar el expediente del caso y el relato de Hebe, El testigo es y no es novio. Solo existe un detalle en el que están de acuerdo: el por qué del asesinato en el que la involucró. “Lo mataron porque andaba bolo y empezó a gritarle a todos los bichos [jóvenes] de ahí”, dice Hebe que le contaron en la colonia.

***

El 16 de agosto de 2018, Hebe se levanta a las cinco de la mañana sin saber que va a enfrentarse al hombre vestido de verdugo, El testigo. El abogado le insiste en que pregunte al testigo. No quiere, está indecisa, pero pensándolo bien, ella sabe cómo probar, con una sola pregunta, que El testigo miente:

—¿Tenés un 18 en el pecho?

—Volveme a repetir la pregunta.

—¿Tenés un 18 en el pecho?

—Sí.

—Gracias, eso es todo.

El día en el que todos los acusados salieron libres es el mismo en el que Hebe se convirtió públicamente en la novia negada del pandillero que vendió a los suyos.

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Este reportaje forma parte de la serie 'Las colaboradoras', un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica. Una iniciativa de El Intercambio financiada por Internews.El Intercambio Internews

Texto: Elsa Cabria, Ximena Villagrán y Rosario Marina / El Intercambio

Fotografías: Oliver de Ros / El Intercambio

Edición: Alberto Arce

Quimey Ramos se sentía disfrazada. Todos los días, llegaba a su trabajo, en una escuela primaria de una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, a dar clases de inglés a niños que no superan los doce años. Pero no se podía poner la ropa que quería.

Un día de diciembre de 2016, tras meses de decisión, de contárselo primero al director y después a otros profesores, dejó el disfraz en su casa. Ya no iba a salir más vestida de varón. Un poco de rímel, el cabello corto peinado para atrás con las gafas de sol y un babi. Así llegó. Quería hacerlo en el momento de la oración de la bandera, el inicio del día, pero no pudo porque llegó tarde. Estaba nerviosa.

“Mi conocimiento sobre la realidad trans y travesti era que era una situación de riesgo para mi statu quo. Sentía que se ponían en riesgo mis vínculos familiares y mi trabajo. Tenía miedo de las posibles denuncias de padres, compañeros. De las violencias”, dice Quimey casi dos años después.

Eran unos 30 alumnos los que estaban desayunando en el comedor y la escucharon. Primero, la vieron. Le preguntaron “por qué venía vestido así”. Aún nadie sabía que se llamaba Quimey, un nombre de raíz indígena que no tiene género.

—Bueno, chicas, chicos, ustedes me conocieron como el profe Tomás, pero yo ahora elijo ser la señorita Quimey. Porque, por suerte, esto es algo que se puede elegir, es una decisión. No la hago porque me sienta mal, al contrario. A mí, poder tomar esta decisión me hace muy feliz. Yo lo hago para ser feliz.

—¿Eso significa que sos puto [maricón]?— le dijo un alumno. La pregunta se repetiría muchas veces después.

—No, lo que ustedes nombran como 'puto' son aquellos chicos a los que les gustan otros chicos. No es lo mismo que ser trans. No soy una chica porque me gusten los chicos. Soy una chica porque me gusta ser una chica.

La Ley de Identidad de Género, sancionada el 9 de mayo de 2012 en Argentina, establece que todas las personas que lo deseen pueden “solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida”.

Desde mayo de 2012 hasta octubre de 2018, 7.213 personas se cambiaron el nombre y el género en el Documento Nacional de Identidad. Casi el 80% lo hizo pasando de género masculino a femenino, como esta profesora de primaria. 112 niños y niñas que no se sentían identificados con el género asignado al nacer pidieron y lograron, con autorización de sus tutores, la modificación del DNI.

Además de los números sobre los cambios del documento de identidad, no hay apenas información oficial sobre la vida de las personas trans en Argentina. El único informe que recoge los cambios en la calidad de vida de esta población en relación a la Ley de Identidad de Género es uno realizado en el año 2013 por la Fundación Huésped con ATTTA (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina).

En él, concluían que la ley “está generando un impacto notoriamente positivo en las condiciones y calidad de vida de estas personas”. Varios organismos reconocen la ausencia de datos oficiales sobre la situación de estas personas y han acordado realizar de forma conjunta la primera encuesta sobre la población trans en Argentina, pero aún no se ha elaborado. 

Profesora en un colegio para menores trans

Quimey nació en La Plata, la capital de la provincia más poblada de Argentina. Tiene 23 años y en 2017, un año después de su transición, se quedó sin trabajo. Podía dar clases como suplente en las escuelas por haber ido durante muchos años a un instituto de inglés. Sin embargo, una circular de la gobernadora ordenó que todas las docentes suplentes que no estuvieran estudiando tenían que dejar su cargo, por lo que no pudo seguir dando clases de inglés a la escuela donde hizo su cambio público, donde le preguntaron “si era puto”, donde pudo explicar quién es realmente. Algunos padres rechazaron la idea, pero la aceptación del director de la escuela fue clave para ella. 

Cuando Quimey se quedó sin trabajo, Marlene Wayar, una conocida activista trans, le dijo que había una vacante en la Secretaria Académica del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, una escuela de educación secundaria en la ciudad de Buenos Aires, a 70 kilómetros de donde vive la joven. Un espacio creado para que las personas trans y travestis puedan estudiar.

Aunque existan críticas hacia este colegio por considerar que corre el riesgo de formar un “gueto”, ellas no lo ven así. El sistema educativo formal en Argentina, defienden, las expulsa. Desde antes de la ley, y aún después, es difícil que a un niño o a una niña trans se le permita vestirse de forma diferente a la tradicionalmente reservada para el sexo que les fue asignado al nacer.

En este colegio de educación secundaria hay unos 100 estudiantes y no todos pertenecen al colectivo trans. Es una escuela reconocida por el Estado, pero no recibe dinero público. La financiación llega de la mano de docentes y directivos.

Al lado de una estación de trenes en un barrio de Buenos Aires hay una reja. En una pared está el cartel del Mocha Celis, pero no dice en qué piso del edificio está, tampoco hay un timbre. Es solo cuestión de esperar que alguien abra, preguntar por la escuela y subir a la quinta planta.

Un cartel en una puerta pide silencio. Un par de mesas, un sillón derruido y cuatro sillas forman el espacio común. Una pequeña ventana rectangular es la cafetería, donde una señora vende sándwiches de milanesa o tarta de chocolate, en un patio cerrado rodeado de puertas. A la derecha hay tres aulas: de primero, segundo y tercer año, donde se ven y escuchan lecciones y estudiantes.

Quimey –bermudas vaqueras, una camisa de flores, flequillo teñido de verde– llega desde La Plata. Ha cogido un bus y un metro, tarda dos horas. Lo hace tres veces por semana.

Las luchas sociales del país están en las paredes: la legalización del aborto, “No al FMI”, la exigencia de “justicia para Santiago Maldonado”, el sello de una organización que protege a los menores pobres que son hostigados por la Policía y un mensaje de Lohana Berkins, la activista trans argentina que ideó este espacio.

“Esto es un colegio. Pero no uno común. En otro colegio puede ser que te discriminen porque tenés una identidad disidente. Acá vos tenés un salón de clases donde compartís con un chico trans, una chica trans, un queer, bisexual. Es un colegio de inclusión”, dice Viviana, una mujer trans de 48 años. Este colegio tiene frases de Herman Hesse, de Gabriel García Márquez, de Lohana Berkins. Distribuyen preservativos gratis en el patio. Los estudiantes van de los 16 hasta pasados los 60 años.

El texto que trabaja hoy Quimey en su clase no es de inglés. Aquí imparte una asignatura de Sociales. Hoy hablan de patriarcado, del rol histórico de la mujer. Unos toman mate, otra lee su trabajo. Están sentados en círculo. Debaten con energía, aunque ya sea la última hora. Una alumna, de unos 40 años y extrabajadora sexual, habla del capitalismo.

“Genocidio”, dice Quimey.

—Si hay una población entera que solamente puede transitar la calle “libremente” en determinado horario y en determinado sector de la ciudad qué es eso si no un gueto. Y donde hay gueto es porque hay exterminio. Nosotras a nivel latinoamericano somos víctimas de un genocidio.

Las organizaciones que defienden los derechos LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) repiten ciertos números que les duelen: la esperanza de vida de una persona travesti o trans es de 35 años; una de cada cinco vio morir a una amiga.

Son pocos los datos sobre las muertes de personas trans. Mónica Astorga, monja de clausura, recopila fotos y recuerdos de las que ya no están junto al Archivo de la Memoria Trans Argentina. Recolecta información a través de grupos que integran personas trans y con las redes sociales y ha concluido que la esperanza de vida se ha disminuido en el último año. “Murieron chicas muy jovencitas”, asegura. En la mitad de los casos de mujeres trans muertas no se supo su edad.

La primera red de docentes trans del país

Con la visibilidad que tuvo el año pasado en los canales de televisión argentina cuando su historia de transición en el ciclo escolar se hizo pública, Quimey decidió pedir que todas las maestras y profesores trans que estuvieran viéndola contactaran con ella. Quería formar la primera red de docentes trans del país.

En la actualidad, ya la conforman unas 60 personas trans y travestis que están ejerciendo actualmente la docencia. La mayoría hizo su transición después de haber terminado los estudios. Pero saben que son más, porque constantemente van apareciendo nuevas. La última fue una profesora que da clases en un pueblo de 5.000 habitantes y aún no ha cambiado su DNI. No vio la necesidad, dice, ahí todo el mundo la conoce.

Hay otras, también, a las que esta red no llega: porque no se enteran, no tienen redes sociales o Internet, o aún no quieren vivir su identidad en el aula. Por eso Quimey insiste en que quiere “una escuela que no excluya”, en que “si no fueran expulsadas de tan pequeñas podrían seguir sus estudios” y sus posibilidades de acceder a un trabajo formal serían mayores.

Su objetivo, dice, es uno: salir de la soledad. “Todas y todos en nuestros territorios nos sentimos el primer o la primera docente. Y no es casual. Porque se sigue pensando que somos una minoría. Buscamos salir de esas soledades. Ver que hay muchos y muchas como una, pero absolutamente distinta”.