En 'Asesinato en el Oriente Express', el detective Hércules Poirot, creado por la imaginación de Agatha Christie, debe dilucidar la responsabilidad de un asesinato a bordo del célebre ferrocarril detenido por una tormenta de nieve. Los pasajeros del convoy se convierten en sospechosos porque, además, cada uno de ellos tenía motivos para asestar su puñalada. En noviembre de 1980, Adolfo Suárez era el Samuel Ratchett al que todos ansiaban ultimar. 

Uno de los documentos relativos al 23-F desclasificados por el gobierno describe la compleja urdimbre de tramas cuyo último objetivo era colocar una diana sobre él. Se trata de la unidad documental titulada “Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)”. Varios medios se han referido a ella como el bosquejo del plan diseñado por los golpistas. En mi opinión, son los apuntes de un agente de los servicios de información infiltrado entre los conspiradores. Su redacción sigue un patrón: descripción de la operación observada; identificación de los responsables; y evaluación de la viabilidad, no quedándose en un momento estático, sino aventurando la posible evolución acorde al potencial deterioro de la situación social y política. 

Las múltiples tramas anteriores al 23-F se analizan en las seis primeras páginas del documento bajo el rubro “Panorámica de las operaciones en marcha”, subdivididas en civiles, militares y protagonizadas por “expontáneos” (literal). Lo primero que llama la atención es que el informante otorgó idéntico rango a las conspiraciones militares que a las intrigas internas de la Unión de Centro Democrático (UCD), las entabladas por la corriente democristiana liderada por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón -a quien Leopoldo Cavo Sotelo llamaría el buque insignia de los submarinos que estaban hundiendo al partido-, o la “azul” de los antiguos cuadros del Movimiento encabezados por Rodolfo Martín Villa. También metió en el mismo saco legítimos recursos de oposición como la moción de censura impulsada por el PSOE, la absorción por parte del partido de Felipe González del sector socialdemócrata de la UCD o el perfil bajo adoptado por el PCE. Era, sin duda, un reflejo del escaso rodaje de la cultura democrática que aquejaba aún a los funcionarios de los aparatos duros del Estado en transición. 

Las más interesantes de las descritas eran las operaciones con un componente militar: la “de los Tenientes Generales”, la “de los coroneles” y la de los citados “expontáneos”. A medida que se descendía por la escala de mando, los proyectos estaban más perfilados, los objetivos eran más definidos y los métodos se preveían más contundentes. El operativo de los Tenientes Generales era un golpe rectificador bajo forma de pronunciamiento clásico: dada la situación creada por la triple confluencia del terrorismo, la centrifugación territorial -la multiplicación de autonomías- y el deterioro del orden público, aspiraban a un gobierno cuyas cabezas visibles fueran un general en la reserva “con capacidad de arrastre” y un político reputado, todo bajo los auspicios de un rey “que actuaría constitucionalmente”. Se llegaba a manejar la posibilidad de que si el jefe militar era alguien de reconocido prestigio como Gutiérrez Mellado o Díez Alegría -el general al que a raíz de la revolución de los claveles le remitieron monóculos para que se convirtiera en un remedo de Antonio de Spínola-, la opción podía contar con el apoyo de dirigentes del PSOE. El éxito de esta opción estaba directamente relacionado con una rápida degradación del contexto sociopolítico.

“Los coroneles” no tenía prisa. Creían que la situación colapsaría en un plazo máximo de dos años y se preparaban para que fuese el “pueblo el que llamase a las Fuerzas Armadas”. No tenían inconveniente en que hubiese un gobierno de gran coalición UCD-PSOE, porque pensaban heredar sus cenizas y promulgar, sobre el solar achicharrado, una nueva constitución de talante doctrinario. Su principal hándicap era que carecían de una expresión política que les prestase sustento, pero el informador consideraba “imparable” su acción si las circunstancias evolucionaban como preveían.

Los “expontáneos” eran los incorregibles de la Operación Galaxia. Su concepto del golpe era vanguardista: conscientes de que no había consenso en el estamento militar, creían que, si un pelotón de audaces daba un paso al frente, el resto acabaría por seguirles. Políticamente contaban con el apoyo de “fuerzas nacionales” a las que pensaban atribuir una misión de colaboración paramilitar. Su apuesta programática era simple: reforma constitucional en sentido iliberal, reversión del proceso autonómico, nueva ley laboral y sindical -con orientación sin duda corporativista-, ley de orden público y combate contra el terrorismo. Estaban por la simplificación del mapa político: una derecha y unas “fuerzas nacionales” reorganizadas, un PSOE obligado a “desmarxistizarse”, la erradicación del comunismo y la ilegalización de los partidos separatistas. Una propuesta con ecos extrañamente actuales…

Ha pasado bastante desapercibido, dada la salida en tromba para exonerar al rey emérito de cualquier atisbo de complicidad, tolerancia o mera inacción respecto a estos planes el hecho de que los dos operativos militares (el de los Tenientes Generales y del de los coroneles) confluyeran en intereses y objetivos con una denominada “operación mixta” impulsada por Rodolfo Martín Villa. Partidario de un gobierno de coalición UCD-AP, no habría tenido inconveniente en que lo encabezase en un principio Manuel Fraga Iribarne. El hiperactivo Fraga jugaba en varias ligas: se le citaba como quien había “convocado a unos generales para un encuentro en la costa levantina” a fin de convencerles de que, faltos de “cobertura política de partido”, él podía postularse como “líder civil” junto al “general con arrastre”. Al mismo tiempo, se rumoreaba que el de Villalba buscaba el contacto con los coroneles. Se sabía, por otra parte, que los “expontáneos” apoyaban una unificación entre AP y los restos de la UCD para que hubiera una sola derecha y que estaban dispuestos a plegarse a las condiciones de la “mixta” si eso tenía mayores garantías de éxito que su golpe duro. Todas las opciones presumían contar, en mayor o menor medida con la cobertura institucional de la corona. Eran legión los que, desde Zarzuela a la sede de la Capitanía de la 3ª Región Militar, tenían la daga afilada y esperaban el momento propicio bajo la tormenta de nieve.

El Doomsday Clock es un ficticio reloj apocalíptico desarrollado por los físicos del Proyecto Manhattan, cuyo comité publica anualmente una evaluación de los riesgos que comprometen la supervivencia de la humanidad. En 1947, albores de la Guerra Fría, el reloj del juicio final marcaba las 23:53 horas. En 1953, el desarrollo de la bomba de hidrógeno situó el apocalipsis a solo dos minutos de distancia. La distensión hizo retroceder las manecillas en dos ocasiones a una marca benevolente: doce minutos. Fue en 1963, superada la crisis de los misiles de Cuba, y en 1972, tras la firma de los acuerdos SALT sobre limitación de armas nucleares. En el momento de la desaparición de la URSS, el reloj marcaba las 23:43. Fue su mejor registro histórico.

Hasta 2007, los expertos no consideraron en sus cálculos los riesgos epidémicos y medioambientales. La aceleración del calentamiento global, la irrupción de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial descontrolada, los riesgos biológicos asociados a potenciales nuevas pandemias, la guerra en Ucrania, el genocidio en Oriente Próximo y el hecho de que, desde enero de 2025, con la presidencia de Trump, ya no se pueda contar con Estados Unidos como voz de cautela o moderación nuclear han contribuido a que la última cuenta atrás sitúe las agujas imaginarias en las 23:58:31, ochenta y nueve segundos antes de la medianoche. El tiempo que nos queda. Como en la tesis XV de Walter Benjamin sobre la historia, brota la tentación, al igual que en las jornadas de la revolución de julio de 1830, de abrir fuego contra los relojes de las torres.

Hay en el aire la sensación de que la historia ha dejado de avanzar: se rumia. Conceptos que se consumieron deprisa vuelven para ser mascados de nuevo. No hay una sola idea en el horizonte que no sea una regurgitación de otros tiempos. Historia rumiante. En la edad heredera de la Ilustración, el horizonte de expectativa apuntaba hacia el futuro. Lo mejor estaba por venir. La línea de tiempo era una flecha ascendente, en la versión liberal clásica; o una espiral –la aceleración vertiginosa del tiempo– de la revolucionaria. Hoy ya no hay flecha ni espiral: nos movemos en una cinta de Moebius, desplazándonos a lo largo de una cara que siempre es la misma y nos devuelve al punto de partida. Movimiento sin sentido y sin cambio, sin progreso ni ruptura: solo un eterno y desesperante retorno.

La marcha hacia un futuro mejor ha dado paso a la melancolía reaccionaria; la universalidad, a la identidad de rebaño y a la tribu. Las reglas del juego se han invertido: si Watergate fue suficiente para hacer caer a un presidente de los Estados Unidos, la instigación de un golpe de estado no ha sido óbice para la reelección diferida de otro. Hoy, Bernstein y Woodward serían acusados de propalar fake news, cancelados por medios digitales mercenarios o por el propio dueño de la cabecera. Con Trump y su gobierno de villanos de Marvel, 'La conjura contra América', la distopía de Philip Roth que fabulaba sobre la implantación de un régimen fascista en Washington, va camino de convertirse en un reportaje de anticipación. La cosmovisión MAGA (Make America Great Again) que rige la presidencia ha dinamitado el orden mundial nacido de las conferencias interaliadas, la estrategia de Marshall, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en inglés, GATT: General Agreement on Tariffs and Trade) y los acuerdos de Breton Woods. El torpedo dirigido contra la línea de flotación de la globalización económica amenaza con tener efectos más trascendentales que la caída del muro de Berlín. Este episodio fue el acta de rendición de uno de los dos modelos surgidos de la segunda guerra mundial. No fue una bisagra etaria, sino la absorción del perdedor por el ganador en pos de la consumación de un objetivo largamente perseguido: la universalización del capitalismo. Lo actual es un cambio de paradigma: el mundo nacido de Yalta, en sus dos versiones, ha dejado de existir.

El futuro ha dejado de ser el territorio de las esperanzas para convertirse en un escenario de pesadillas. El colapso medioambiental nos ha alcanzado y nos sume en una crisis de inminencia. La medida del tiempo no la da el calendario, sino el cronómetro de una cuenta atrás. La aceleración de los tiempos es la del centrifugado. Todos los detritus de tiempos pasados –big stick, genocidio, deportaciones, oscurantismo, autarquía, universos concentracionarios, cesantía, mercantilismo, colonialismo– se han echado a la cuba y dan vueltas en vórtice para que a cada día no le falte su afán. El futuro ya no se ve como una promesa, sino como una amenaza, un tiempo de catástrofes de las que nosotros mismos somos los instigadores. Las crisis, que antaño se teorizaban cíclicas, ondulaciones dilatadas a lo Kondratieff, se instalan, inevitables, en el paisaje cotidiano y se asumen como un modus vivendi.

Un severo desconocimiento de las raíces del presente combinado con el déficit de pensamiento a largo plazo genera una sensación de impotencia ante la frenética sucesión de fenómenos inconmensurables: nuevas amenazas pandémicas, la crisis climática y sus efectos devastadores, las sacudidas geopolíticas, las violaciones de los derechos humanos retransmitidas en tiempo real. El conocimiento del presente es un agujero negro que el sistema educativo se muestra incapaz de rellenar. Entre 2000 y 2025, serán más de nueve millones los estudiantes egresados de la enseñanza secundaria obligatoria con un conocimiento superficial, cuando no meramente inexistente, del pasado reciente de la sociedad que los interpela a la ciudadanía. Parece como si a nadie le importara. Cuando fallan los canales formales, su lugar es ocupado por el albañal de los circuitos informales. En su Historia del siglo XX, Hobsbawm decía: “La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores es uno de los rasgos más característicos y extraños” de nuestro tiempo. Y añadía: “Los jóvenes crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven” . La ignorancia comienza a tener efectos políticos, como demuestran los sondeos de opinión.

En la actualidad, el centrifugado del tiempo presente ha pasado una esponja por el encerado de nuestro campo de experiencia. No hay ningún país donde al desaparecer la generación política que tuvo experiencia directa de la segunda guerra mundial no se haya producido un cambio importante, aunque a menudo silencioso, en su perspectiva histórica del pasado y en su imaginario colectivo. El de Italia, cuya república nació de la victoria antifascista, es un caso paradigmático. Alemania podría ir camino de serlo. El alejamiento de la experiencia histórica de la dictadura franquista va obrando efectos. Un informe sobre valores del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del primer trimestre de 2024 reveló que los jóvenes catalanes de entre 16 y 24 años eran los ciudadanos más dispuestos a renunciar a vivir en un país gobernado democráticamente si a cambio se les garantizase un nivel de vida adecuado a sus intereses. Otro estudio del CIS apuntaba a una tendencia similar en toda España. Los menores de 35 años eran, con diferencia, los españoles que menos creían que la democracia fuera mejor que cualquier otra forma de gobierno. Un 12% defendía que en algunas circunstancias un gobierno autoritario sería preferible a uno democrático. Al 15% de los jóvenes de entre 18 y 24 años le daba completamente igual una forma de gobierno que otra.

En 'El ocaso de la democracia: la seducción del autoritarismo', Anne Applebaum aborda este escenario: “La generación actual de jóvenes de Europa y EEUU ha crecido en un mundo sin guerras, sin dictaduras. Dan por sentado que hay democracia, que ésta siempre va a existir. Pero la democracia no es inevitable, requiere esfuerzo y tiempo”. En septiembre de 2023, la Open Society Foundation de George Soros hizo público un estudio basado en más de 36.000 entrevistas en treinta países en la que el 42% de los menores de 36 años estaba convencido de que una dictadura militar sería una buena forma de gobierno. Un 35% decía que aceptaría tener un líder fuerte, aunque jamás convocase elecciones.

Como señala David Lowenthal, “a medida que las esperanzas de progreso se desvanecen, la herencia histórica nos trae el consuelo de la tradición”. “El pasado nunca muere, ni siquiera es pasado”, decía William Faulkner. Y es ahí donde crecen los monstruos.

Estado y secreto son términos consustanciales. El poder de Leviatán reposa tanto sobre lo que demuestra, su potencial de coerción, como sobre la administración prudente de lo que esconde. No en vano, los primigenios cargos gestores de la potestad de los monarcas autoritarios y absolutos recibieron la denominación de secretarios reales y secretarios de Estado y del despacho. En su séptima acepción, hoy en desuso, el DRAE define secretario como la “persona depositaria de algún secreto de otra”.

Los estados contemporáneos siempre han procurado vedar el acceso indiscreto a la naturaleza de sus actividades. Esta tendencia alcanza el paroxismo en las autocracias y las dictaduras. Hay culturas que trascienden a los sistemas políticos. Contaba el canciller austriaco Metternich que, llegado a la Viena donde se iba a celebrar el congreso que diseñaría la morfología de la Europa de la Restauración, el enviado del zar Alejandro I cayó fulminado por una apoplejía nada más poner un pie fuera del carruaje, y que a él solo se le ocurrió pensar: “¿Qué habrá querido decirnos con esto?”. Un siglo después, el premier Winston Churchill definió a la Unión Soviética de Stalin como “un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma”. El primo y secretario personal de Franco, el general Franco Salgado-Araujo dejó constancia escrita de que el caudillo no solo pretendía que sus súbditos lo desconocieran todo acerca de la corrupción estructural que engrasaba el funcionamiento de su régimen, sino que él mismo no gustaba de escuchar revelaciones y era capaz de chivar al denunciado el nombre del denunciante para que el secreto se mantuviese por efecto del mecanismo más eficaz: el miedo.

Las democracias avanzadas hicieron gala tras la segunda guerra mundial de impulsar la trasparencia en su gobernanza. España se ha sumado tarde a esta dinámica, mucho más de lo explicable por los motivos históricos de todos conocidos. La modificación de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura, promulgada en 1968, se ha hecho esperar demasiado tiempo, casi medio siglo desde la constitución del primer gobierno surgido de unas elecciones democráticas. El proyecto de ley aprobado recientemente por el consejo de ministros presume de adecuar los niveles de clasificación de la documentación y los plazos para su acceso a los estándares de los países más avanzados. Fija cuatro categorías de protección –alto secreto, secreto, confidencial y restringido– a las que corresponden sendos periodos de vigencia –cuarenta y cinco años más quince, en el primer caso; treinta y cinco más diez, en el segundo; de siete a nueve en el tercero; y de cuatro a cinco en el último–. Según la disposición transitoria única, toda la documentación clasificada con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley será desclasificada a petición de parte o de oficio por el gobierno o autoridades competentes según el rango de clasificación. Hay que reconocer que esto último deja un margen de discrecionalidad que, habida cuenta de la polarización de sensibilidades respecto al valor cívico de la memoria democrática, provoca inquietud.

En los países de nuestro entorno europeo, los plazos de clasificación de las materias reservadas oscilan entre los treinta años de Italia, Alemania y Reino Unido y los cincuenta de Francia. En el caso de nuestro vecino, para compensar, las políticas activas de divulgación cumplen un papel de socialización de conocimiento del pasado reciente del que participan organismos como el Institut d´Histoire du Tems Présent (IHTP), los archivos nacionales y departamentales y el ministerio de Educación, con colaboraciones cruzadas entre académicos, archiveros y docentes de enseñanzas medias. Sirva a título de ejemplo la que permitió realizar un estudio holístico de ámbito nacional sobre la generación que vivió desde abajo el despliegue de la guerra fría entre 1947 y 1967.

La Freedom of Information Act (FOIA) norteamericana vigente desde el 5 de julio de 1967 garantiza a la ciudadanía el derecho a acceder a la información generada por el gobierno federal, con las salvedades debidas a la defensa nacional y a la confidencialidad de los datos privados. Invocando el principio del gobierno abierto, Barack Obama emitió nada más comenzar su mandato en 2009 un memorando a los jefes de todos los departamentos y agencias indicando que la FOIA debía administrarse “con una clara presunción: ante la duda, prevalece la transparencia”. El presidente instruyó a las agencias que no debía retenerse información simplemente porque “los funcionarios públicos pudieran sentirse incómodos por la divulgación, porque se pudieran revelar errores y fallos, o por temores especulativos o abstractos”. Cualquier ciudadano puede elevar una petición de consulta a la administración y esta dispone de un mes para contestar. Con carácter general, la desclasificación de la información etiquetada como confidencial, secreta y de alto secreto se produce automáticamente a los veinticinco años, con la excepción de aquella particularmente sensible para la seguridad nacional, cuyo plazo alcanzaría los cincuenta. Un rasgo característico del espíritu con que cada administración contempla las responsabilidades de las anteriores es que la continuidad en el tiempo no implica necesariamente asumir lo hecho por otros, en invocación de un falsamente entendido sentido de estado. Así, cualquiera con una conexión a internet puede entrar en la web de la CIA y echar la tarde leyendo los informes sobre las barbaridades perpetradas por el gobierno de George W. Bush en ese círculo del infierno arrojado al olvido mediático que fue la prisión de Guantánamo.

A la luz de lo anterior, el proyecto español ha de contemplarse con cautela a la espera de las enmiendas que puedan añadirse en el trámite parlamentario. La redacción –y la experiencia previa– suscitan interrogantes entre la comunidad investigadora. Cuarenta y cinco años en retrospectiva contienen acontecimientos como el golpe de estado de 1981 y algunas de sus réplicas, la campaña de la OTAN, el terrorismo de estado, los entresijos de la involucración en la guerra de Irak, el 11-M y los estertores de ETA ¿Serán accesibles los archivos o se invocará alguna de las excepciones (seguridad del estado, defensa nacional, intereses de las relaciones exteriores…) para añadir la propina de los quince de prórroga? Y, dada la tentación a que el eje cronológico pueda tanto avanzar como retroceder, ¿qué garantías hay de que no se invocarán prevenciones semejantes para mantener en la sombra cosas como, por ejemplo y a bote pronto, el entramado de los acuerdo bilaterales hispano-norteamericanos de los años 50, la guerra de Sidi Ifni y la descolonización de Guinea Ecuatorial y la salida del Sáhara Occidental, la complicidad del régimen franquista con la OAS del general Salan en 1961 o con el terrorismo de extrema derecha durante el “verano caliente” portugués de 1975 y las conexiones entre aparatos del estado y tramas de la internacional negra o la red Gladio en los años 70? Las controversias memoriales sobre el papel de instituciones como la Corona, cuya erosión ha recorrido al compás de la sucesión de las generaciones el camino que va de la hagiografía a las críticas por el ejercicio interino de la jefatura del estado bajo la dictadura en 1974, el confuso juego de cartas durante el 23-F o los presuntos escándalos de corrupción, ¿tendrán posibilidad de contraste con las fuentes primarias?

'La vida de los otros', el film alemán de 1996 que termina con el autor teatral perseguido por la Stasi consultando su propio expediente y aventurando la identidad del agente que lo vigiló sugiere la cuestión de cómo y hasta qué nivel se facultará el acceso a los fondos de los ministerios de Interior, Defensa, Justicia e instituciones penitenciarias, Exteriores y los servicios de información militar. Las declaraciones de los altos responsables abundan en que no habrá restricciones para documentar graves violaciones de los derechos humanos ¿Acaso hay alguno de ellos que escapara a la conculcación por parte del franquismo? ¿No es la dictadura, por definición, la infracción deliberada, continua en el tiempo y universal en su alcance de todos y cada uno de los pactos del consenso social civilizado? La voluntad de que no haya zonas grises hará emerger una masa documental aún hoy no cuantificada ¿Podrá el estado afrontar su tratamiento, descripción, conservación y comunicación a la ciudadanía sin un refuerzo en la dotación de medios y de personal especializado?

En último término, ¿se comprobará al fin lo que hay de cierto en el testimonio del imputado Rodolfo Martín Villa y de otros actores coetáneos acerca de la destrucción deliberada de los archivos del Movimiento Nacional entre 1976 y 1977? Decía un viejo adagio corporativo que en la administración nada se crea ni se destruye: se fotocopia. La casuística comparada indica que siempre hay margen para albergar la esperanza de nuevos e inesperados hallazgos ¿Podrán evaluarse los agujeros negros y los depósitos relictos y procurar la accesibilidad para facilitar el estudio del entramado de poder que sojuzgó a la sociedad española por cuatro décadas? Lo que diferencia a las democracias de los regímenes autoritarios es que no temen mirar a la cara a los pasados traumáticos y asumen la herencia histórica a título de inventario. Sin argumentos alambicados, con rigor y transparencia. Sin miedo.

No hay ningún país donde al desaparecer la generación política que tuvo experiencia directa del fascismo no se haya producido un cambio importante, aunque a menudo silencioso, en su política, en su perspectiva histórica del pasado y en su imaginario colectivo.

En 'El ocaso de la democracia: la seducción del autoritarismo' Anne Applebaum aborda este escenario: “La generación actual de jóvenes de Europa y EEUU ha crecido en un mundo sin guerras, sin dictaduras. Dan por sentado que hay democracia, que ésta siempre va a existir. Pero la democracia no es inevitable, requiere esfuerzo y tiempo. Me preocupa que no hayamos transmitido esa verdad a los jóvenes”. En septiembre de 2023, la Open Society Foundation de George Soros, hizo público un estudio basado en más de 36.000 entrevistas en treinta países en la que el 42% de los menores de 36 años estaba convencido de que una dictadura militar sería una buena forma de gobierno. Un 35% decía que aceptaría tener un líder fuerte, aunque jamás convocase elecciones. España no es una excepción: un estudio del CIS de este 2025 apunta a que el 17,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años y el 17,4% de los ciudadanos entre 25 y 34 cree que “en algunas circunstancias, un Gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático”.

Si un país hizo la revolución más alegre de la contemporaneidad, fue Portugal en 1974. Ahora, su Parlamento se contamina con los herederos del salazarismo. Las políticas de memoria que siguieron a la revolución del 25 de abril se materializaron en iniciativas como la creación del Museu do Aljube Resistência e Liberdade con el objetivo fundacional de combatir la “amnesia cómplice con respecto a la dictadura que enfrentamos entre 1926 y 1974” y promover “la historia y memoria de la lucha contra la dictadura, y el reconocimiento de la resistencia a favor de la libertad y la democracia”. El edificio se alberga desde 2013 en la que fue sede de la Policía Internacional de Defensa del Estado (PIDE), lugar de detención y tortura bajo el régimen del Estado Novo. Pero la entropía y el revisionismo han afectado a la que fue modelo de revolución incruenta en Europa y a la larga dictadura derechista que la precedió. 

Durante los años de la rendición a los dictados austericidas de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional se desarrolló una tendencia a considerar la revolución de los claveles como un brote indeseado, surgido en un momento en que ya se estaba dando en el país una transición natural hacia la democratización. La revolución habría venido a interrumpir una tendencia modernizadora ya en marcha que hubiera permitido asegurar un cambio tranquilo sin comprometer la estabilidad del Estado como ocurrió peligrosamente durante el denominado Proceso Revolucionario en Curso (PREC), el periodo comprendido entre el 25 de abril de 1974 y el 25 de noviembre de 1975, durante el que la radicalización de la revolución –ocupación de tierras en el Alentejo, socialización de industrias, nacionalización de la banca, confrontación con los pequeños propietarios y el conservadurismo católico– parecía abocar a una vía portuguesa al socialismo bajo el control del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA). Los excesos socializantes habrían sido, en definitiva, responsables del endeudamiento al que los conservadores debían hacer frente ofrendado al país en holocausto a la troika comunitaria. 

De la revisión de la revolución de los claveles se pasó al rescate del salazarismo con motivo del cuadragésimo aniversario de la muerte del dictador. En 2010, un concurso televisivo sobre los “grandes portugueses de la historia”, alzó al primer lugar del podio al dictador Antonio de Oliveira Salazar, seguido del legendario secretario general del Partido Comunista, Álvaro Cunhal. Las biografías de Salazar, celebrado como un hombre de Estado ajeno a la corrupción que se cernía en torno a él sin saber nada –al estilo de los monarcas del Antiguo Régimen («¡Viva el rey y muera el mal gobierno!»)–inundaron los anaqueles de los supermercados de libros.

El debate más reciente se cierne en torno al proyecto de creación de un museo dedicado a la interpretación del Estado Novo en Vimiero, localidad natal de Salazar. Ubicado en la escuela-cantina del pueblo, que aún ostenta el nombre del dictador, es concebida por José Pacheco Pereira, fundador de la asociación Ephemera, como un lugar para la preservación del legado documental del régimen salazarista, para la investigación sobre su historia, sobre la resistencia que se le opuso y de los mecanismos de consentimiento que explicaron su larga duración (1926-1974). Para ello, deberá sortear los riesgos de una nostalgia no desdeñable y de incurrir en un mensaje emoliente que no se vería contrarrestado en las aulas por la reducción del horario de la materia de Historia. 

La erosión generacional de la memoria de la dictadura se manifiesta en las respuestas estereotipadas de las generaciones más jóvenes: “Se habla de la falta de libertad y responden que 'al menos Salazar nos salvó de la Segunda Guerra Mundial' […] Se habla de presos políticos y dicen que las ocupaciones ilegales del PREC mostraron que mucha gente debería estar en prisión. Se habla de pobreza y responden que 'Salazar también era pobre y nunca robó'. Se habla de analfabetismo y dicen que Salazar hizo escuelas en las aldeas. Se habla de mujeres a las que se les prohibió votar y responden con un chiste. Se habla de las guerras coloniales y se dice que son 'antiguallas'. Se habla del miedo a la denuncia y responden que hoy existe la ”dictadura de lo políticamente correcto“. Estos adolescentes viajan en jets, acuden a escuelas públicas y privadas, navegan en redes sociales…”, contaba en marzo pasado el diario portugués Público.

Como era de esperar, no tardó en surgir un referente político que aglutinara el malestar social, generacional y de género con el revisionismo histórico: Chega, un partido de fuerte liderazgo personalista sobre el que el Global Project Against Hate and Extremism –una ONG estadounidense especializada en el estudio de los movimientos extremistas–, en su informe de 2023, lanza una alerta al definirlo como nacionalista, liberal en la economía, conservador en las costumbres, euroescéptico, antiinmigrante, antifeminista, antigitano, anti-LGBT, antimusulmán y conspiranoico. El pack completo con algunos extras.

En la madrugada del 25 de abril de 1974, la emisión de Grândola, Vila Morena por la emisora Rádio Renascença fue la señal para la puesta en marcha del movimiento de las fuerzas armadas destinado a derribar al sucesor de Salazar, Marcelo Caetano, poner fin a la dictadura más longeva de Europa y a las guerras coloniales que estaban desangrando al país. Era una canción compuesta por el cantautor José Afonso en homenaje a la Sociedad Musical Fraternidad Operaria Grandolense, un coro de trabajadores de aquella población del Alentejo litoral, en el distrito de Setúbal. Poco más de medio siglo después, en la terra de fraternidade, la derecha sobrepasa a la izquierda (3.368 votos contra 2.779) y Chega es la segunda fuerza política (1.872 votos, a solo 47 sufragios del Partido Socialista). Si esto es lo que ha elegido o povo que mais ordena, es hora de que la izquierda empiece a preocuparse. Y a actuar.

En su Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras, una parodia de cantar de gesta interpretado por el conjunto argentino Les Luthiers, un grupo de nativos acoge alborozado al protagonista, arribado a las costas del Río de la Plata en 1491 –de ahí lo de “adelantado”– al grito de: “¡Nos descubrieron! ¡Por fin nos descubrieron!”. Desde hace mucho tiempo, los sentimientos de superioridad, condescendencia, subordinación, humillación o burla mutua rigen las interpretaciones que desde uno u otro lado del Atlántico se realizan sobre el periodo que abarca desde finales del siglo XV hasta el primer tercio del XIX. Baste, sin ir más lejos, con repasar algunos titulares recientes.

Cuando estalló el escándalo suscitado en torno al elenco de ese indescriptible producto comercial de Nacho Cano llamado Malinche, su autor esgrimió que la condición de los actores y actrices mexicanos puesta en cuestión sería en realidad la de becarios en formación para representar más tarde la inefable obra en el propio México. Debe desconocer, sin duda, lo que para el imaginario de ese país supone la tal doña Marina y los previsibles fracaso de taquilla y éxito de orden público que su puesta en escena tendría al sur del río Bravo. 

Sin abandonar el país norteamericano, la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, generó una polémica acre con su petición de que España pidiera perdón por la conquista y su correlato de genocidio, pillaje y destrucción cultural. Un anacronismo que ha tenido su respuesta isostática en la desopilante campaña desplegada en las marquesinas de autobuses de Madrid celebrando a los colonizadores como “héroes y santos”. Me recuerda cuando durante un curso sobre la enseñanza del Holocausto en el Museo Yad Vashem de Jerusalén, un ponente pretendió responsabilizar a los docentes españoles allí presentes de tener las manos machadas de culpabilidad por la diáspora merced a la herencia de Isabel la Católica. Se trata, en todos los casos, de una concepción de las naciones como entes orgánicos que trascienden la historia desde la noche de los tiempos.

Uno, personalmente, se siente más concernido por la gratitud debida al país de Lázaro Cárdenas y a su generosa acogida al exilio español que por hechos acaecidos hace quinientos años, perpetrados por una horda de hidalgos muertos de hambre y mercenarios ávidos de botín con la colaboración necesaria de enemigos indígenas del imperio azteca; y se siente más próximo a los valores humanistas de los teóricos de la escuela de Salamanca como Francisco de Vitoria que a los gustos gastronómicos de los sacerdotes de Huitzilopochtli. Me identifico con el socialismo democrático de Salvador Allende, con el ímpetu transformador del sandinismo originario –no con la grotesca caricatura que representa el actual régimen de Daniel Ortega– o con los mundos barrocos, oníricos y trágicos creados por Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y hasta por el primer Vargas Llosa y me repelen las salmodias tridentinas, la apología de los tercios, la culpabilización gachupina, la autojustificación de la burguesía criolla gestante de caudillos militares y enfeudada a la United Fruit Company y al Tío Sam o el discurso de la España perenne donde no se ponía el sol.

El propio concepto de “fiesta de la Hispanidad” suscita ecos rancios. Que en su forma actual fuera reinstituida como festividad nacional por un gobierno de Felipe González en 1987 en una de aquellas tantas cesiones en pos de integrar a la derecha en la concelebración democrática no puede hacer olvidar que fue al patriarca del régimen de la Restauración, Antonio Cánovas del Castillo a quien se debe la propuesta de celebrar la efemérides colombina desde 1892, durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena. En 1918, Alfonso XIII, a iniciativa de otro primer ministro conservador, Antonio Maura, se añadió a la festividad el complemento “de la Raza”. Pero serían dos figuras señeras del pensamiento reaccionario español quienes acuñarían la fórmula “Día de la Hispanidad”: el monárquico tradicionalista Ramiro de Maeztu y el cardenal trabucaire Isidro Gomá. Otro prelado, el primado de España, Pedro Segura, coronó en 1928, con la solícita aquiescencia real que ya había consagrado a España al Sagrado Corazón de Jesús en 1919, a la Virgen de Guadalupe como patrona de la comunidad hispanoamericana.

La intrínseca relación entre monarquía, iglesia católica, conservadurismo y una cierta idea de España es notoria. Hay un relato antiliberal, integrista y premoderno que postula la existencia de un hilo negro que, partiendo de la conversa monarquía militar visigoda, recorre los siglos en rumbo de catolicidad y universalidad desbordantes, jalonando el itinerario con el combate de las flechas musulmanas contra la ley de la gravedad en Covadonga, las gestas guerreras de unos reinos cristianos medievales aunados en una empresa común, la alienación de Al Ándalus como un ingrediente más de la identidad cultural hispánica. El cénit se alcanza con la unificación dinástica bajo los Reyes Católicos, germen del imperio americano y cuna del europeo. Tal es el enunciado que defiende, en torno a la monarquía católica, el origen de “la nación más antigua de Europa”, cuyo sintagma arquitectónico emblemático cristaliza en el Escorial: monumentalidad impresionante, perdurabilidad granítica, majestuosidad austera, osario real y una planta en forma de parrilla de martirio como aviso para heterodoxos. Un paradigma de la genealogía nacional sobre el que las formulaciones liberales y democráticas –el espíritu de independencia de Numancia, la defensa de fueros y libertades locales contra el centralismo real, los irmandiños, las Comunidades, las Germanías, las matxinadas, la constitución de la nación como sujeto de soberanía expresada en el texto constitucional de 1812, el republicanismo popular y el progresismo cívico– no han prevalecido ni tan siquiera han logrado arañar epidérmicamente.

Quien no se conmueva con la conversión al catolicismo, los ardores guerreros y la unidad de destino en lo universal no es por ello menos español, como tampoco dejaron de serlo quienes ya en su momento criticaron la explotación de los indios, el extractivismo so capa de evangelización y, en última instancia, la desastrosa gestión de unos recursos que, como estudiaron Ramon Carande o Pierre Vilar, poco sirvieron para el desarrollo de Castilla –como tampoco para el resto de territorios de la monarquía hispánica, excluidos del comercio colonial hasta el siglo XVIII– y mucho para que banqueros italianos y manufactureros flamencos hicieran brillar sus finanzas e impulsaran, en palabras de Jan de Vriers, sus revoluciones industriosas. Ese oro que “nace en las Indias honrado/ y es en Génova enterrado” (Quevedo) hizo sobre sus receptores el efecto que la lluvia sobre los tejados en las casas, que “si bien cae encima, luego desciende toda hacia abajo, sin que quienes primero la reciben tengan beneficio alguno” (Tomás de Mercado). Quizás para Castilla, exhausta por las exigencias de unas guerras imperiales ajenas, habría sido bueno el aforismo de Mark Twain: bien estuvo descubrir América, pero mejor habría sido pasar de largo.

Dice el historiador francés Henry Rousso que la historia del presente es “la historia desde la última catástrofe”. De ser así, habrá que convenir que, a la vista de la última década, la generación Z podría contar su pasado próximo por horas y minutos. Trascendiendo la anécdota y la inmediatez, se considera que la historia del presente abarca a las tres últimas generaciones vivas y que su hito de partida es, por definición, móvil. El académico francés fijó en su momento el arranque de la coetaneidad universal en el mundo salido de la Segunda Guerra Mundial. Esa frontera se ha ido desplazando y en la actualidad alza sus cantones en el parteaguas de entre siglos.

Para España, el jalón que en su día supusieron la guerra y la dictadura se ha movido hasta los orígenes de la transición a la democracia, cuyo arranque ha de buscarse en el último tranco del franquismo. En aquel contexto, la estampa del príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco en la Jefatura del Estado a título de rey y jurando los Principios Fundamentales del Movimiento ha ido perdiendo en los manuales escolares el lugar preminente que entonces le cupo en los medios y al que sin duda tiene derecho en esa biografía que, según el interesado, hay quien está empeñado en robarle. 

Ungido por el dedo de un dictador de la estirpe de los nazi-fascismos –tal como caracterizó al régimen franquista la Asamblea General de la ONU en 1946–, la figura del rey se erigió en esperanza del cambio posible para una sociedad ahormada en la mansedumbre y el temor a la punición recidivante. El 23 de febrero de 1981 se dio un baño de legitimación democrática. Jorge Semprún, invocando a Bossuet, un teórico del poder absoluto, escribió en sus últimas memorias que en aquella ocasión el rey interpuso su cuerpo entre él y los golpistas. En lugar del “elefante blanco” que estos aguardaban, y como si le hubiera sido conferido el poder taumatúrgico de sus lejanos antepasados Capetos, habría sanado con la imposición de sus manos a un cuerpo nacional secularmente escindido en dos mitades hostiles e irreconciliables.

El viejo fantasma de la guerra civil quedaba definitivamente exorcizado. Pocos se preocuparon de señalar que el ambiente internacional de la época, al contrario del imperante en los años 30, no era proclive a los cuartelazos en Europa occidental y que en su familia –propia y coyunda– podía encontrar ejemplos de las nocivas consecuencias para el trono de la contemporización con juntas militares. Basta un recorrido por la web de la CIA para comprobar el nivel de preocupación de la inteligencia norteamericana, así como algunos apuntes inquietantes que solo la desclasificación de los fondos de sus espejos españoles podría aclarar:

“La complicidad militar en la planificación del golpe fue más generalizada de lo que parecía originalmente. Muchos más líderes militares clave aparentemente habrían apoyado el intento de golpe de no haber sido aplastado tan rápidamente. El modelo turco seguirá atrayendo a los militares en España, especialmente si las luchas políticas partidistas se vuelven más severas. El claro rechazo de Juan Carlos a la medida de los militares ha minado su posición entre algunos de los oficiales, y puede alienar a más de ellos si no logra frenar el terrorismo o el proceso de autonomía en España. El rey aparentemente ha prometido a los militares que instituirá la ley marcial en las provincias vascas si el terrorismo se sale de control, y también puede haber prometido que trabajará para limitar la autonomía regional, que los militares temen como destructiva para el estado español” (Director de la CIA, 26 de marzo, 1981).

“Aunque había sufrido algún daño en su relación con los militares, en particular debido a los rumores de que primero condonó y luego traicionó el intento de golpe, el Rey ha trabajado duro para reconstruir su relación. En sus búsquedas en ocasiones militares ha alentado a los militares a que le informen de sus frustraciones al mismo tiempo que les ha ordenado que mantengan la disciplina” (Julio, 1982)

“El juicio [a los golpistas] puede debilitar la capacidad del rey Juan Carlos para contener a los militares. Las afirmaciones de la defensa de que los conspiradores creían que tenían el consentimiento tácito del rey podrían implicar una traición por parte de Juan Carlos, que actuó enérgica y públicamente contra los conspiradores después de que el intento de asalto ya estaba en marcha. Tales acusaciones serían especialmente dañinas porque el rey había sido durante mucho tiempo cercano a Armada”. (16 de febrero, 1982)

Durante mucho tiempo, gobiernos, partidos sistémicos y medios de comunicación hegemónicos preservaron de toda crítica al hombre providencial y permitieron y teorizaron el uso abusivo del principio de irresponsabilidad del rey en el ejercicio de su función. Semejante nivel de idolatría no podía sino suscitar en el monarca una sensación de plenitud rayana en la de impunidad. Lo que los constituyentes de Cádiz concibieron como una forma de aliviar al monarca de las consecuencias derivadas de los actos que refrendaba, atribuyendo la responsabilidad a sus ministros, se convirtió entre 1977 y 2014 en patente de corso para la venalidad real y en guiños de complicidad que no dudaban en dar paso a una férrea omertá cuando de lo que se trataba era de sus reprochables acciones, tanto públicas como privadas. Una ley del silencio que empezó a agrietarse en 2011, al mismo tiempo que aparecían las primeras fisuras en el conjunto institucional que hasta entonces había funcionado como un motor bien engrasado, con su motor de dos cilindros alternos y su regio volante con dirección asistida.

Salvo los clásicos –y aun ellos mismos, sumidos en el desconocimiento escolar–, no quedan mitos a salvo de la erosión temporal. Han transcurrido ya casi dos generaciones desde aquel 23F. Para la mayor parte de la sociedad española, las andanzas del rey emérito pertenecen al jugoso mundo del salseo, y la banda sonora que las enmarca no es Pompa y circunstancia de Edward Elgar sino la cortinilla de un episodio de Benny Hill. Sus veleidades de alcoba o de chalet con circuito cerrado de filmación no añaden un ápice de crítica política a un cuestionamiento de la institución que puede y debe realizarse desde la filosofía política y las tribunas parlamentarias, no desde las tertulias rosas y el papel couché. 

Los hitos fundacionales de la era transicional –la consolidación de las libertades, la modernización social y económica, la inserción de España en el concierto internacional–que una tradición hagiográfica hasta la cortesanía atribuyó a la figura providencial del “piloto del cambio” fueron acuñados para una cohorte demográfica hoy en rampa de salida. Conviene recordar que, tomando como base las cifras de población por edad del INE a fecha 1 de julio de 2024, España cuenta con 48.797.875 habitantes, de los que el 39.761.459 son españoles de nacimiento. Para dos de cada diez, Juan Carlos es historia ajena; entre los nacionales de origen, más de la mitad nació después de la promulgación de la Constitución de 1978 y el 82,7% de los actualmente mayores de edad no tuvo ocasión de refrendarla ni ha sido llamado a avalar reforma alguna con su voto. 

Un 85% de la ciudadanía no tiene ya ninguna vinculación, ya sea geográfica o cronológica, con la figura del emérito. Los vivos, parafraseando al pensador radical Tom Payne, no tienen por qué pagar las deudas de los muertos. Queda el juicio de la historia. Para que esta cuente con evidencias, las democracias maduras no pueden permitirse que, como se decía de la Unión Soviética en tiempos de Stalin, su realidad sea “un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma”. En ello cumplen un papel fundamental los archivos y, dado que el asunto que nos ocupa afecta a un punto nodal de nuestra memoria democrática, sería exigible la desclasificación de los documentos que pongan de una vez, negro sobre blanco, la realidad de la intentona golpista del 23F, de sus precuelas y de sus epígonos. Para qué buscar elefantes en Bostwana cuando quizás los hay –y blancos– más cerca. 

Desde que la ola populista comenzó a barrer Europa en calidad de réplica sociopolítica de la gran depresión de 2008, se ha hecho habitual buscar en nuestro turbulento pasado ejemplos de lo que ocurrió durante la anterior globalización totalitaria, la del periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. Por ejemplo, las imágenes, estáticas o filmadas, de las concentraciones de masas, de las acciones callejeras y de los discursos incendiarios siguen fascinando al espectador, aunque sea conocedor del final del episodio. En el caso español, la percepción del primer tercio del siglo XX tiene una deuda impagable con algunos de los mejores fotógrafos de la época. Las placas de Martín Santos Yubero o de Alfonso Sánchez que cubren la corta década republicana forman parte de nuestra memoria visual, ilustrando sus ilusiones y sus conflictos: de la fiesta popular del 14 de abril a Casas Viejas, del voto femenino a la sublevación militar. Una fotografía de Alfonso capta en un instante fugaz la condensación de un cierto estado de la cuestión: dos hombres subidos en la trasera de un automóvil descapotable, probablemente un Packard, distribuyen durante las primeras jornadas de la huelga general de octubre de 1934 y en las cercanías del madrileño Paseo de Rosales los ejemplares del día de dos diarios conservadores, el monárquico ABC y El Debate, portavoz de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Lo más llamativo de la escena es que uno de ellos porta muy visiblemente una pistola ametralladora. Parece como si el pío ciudadano, sin duda conservador y católico, un español de bien, dirían algunos, hubiera hecho suya la arenga del puritano Oliver Cromwell a sus tropas durante la revolución de 1651: “Rezad a Dios, pero procurad que la pólvora esté seca”.  

La agitación no es solo patrimonio de la izquierda. Si algo aprendió la derecha del primer tercio del siglo XX fue a emplear los recursos para la movilización de masas en el contexto de una sociedad en cambio. Propaganda, mensajes contundentes, difusión de bulos, apelación a lo trascendente: todo lo que fuera preciso para generar un estado de alarma careció pronto de secretos para ella. Y no dudó en ponerlos en tensión y a máximo rendimiento para alcanzar su objetivo de derribar, conservar o conquistar el poder, dependiendo de las circunstancias, bien fuera por la intermediación de un golpe militar, ya mediante el incendio de las calles. Los discursos que debelan al adversario político, que lo ilegitiman si ocupa el gobierno, que estigmatizan a colectivos o individuos, que polarizan entre buenos y malos compatriotas y excluyen a estos últimos de la comunidad nacional no son un fruto reciente de la actual coyuntura de catástrofes que jalona este primer cuarto del siglo XXI: surgieron, se ensayaron y surtieron sus deletéreos efectos en los años de lo que Georges L. Mosse denominó brutalización de la política. Quizás la última aportación y la más novedosa del periodo de entreguerras fue el escuadrismo, para que donde no alcanzasen los votos, llegaran las botas. Lo que estamos viendo estos días no aporta, más allá de la digitalización de los mecanismos de agit-prop y de la coordinación geoposicionada de comandos, novedades sustanciales. 

La historia no se repite, pero rima y solo es magistra vitae, como decían los clásicos, si se le interroga adecuadamente. No faltan quienes buscan en el pasado paralelismos entre la actual coyuntura de toma de la calle, alimentada con un discurso deslegitimador del gobierno y sus actuaciones, con la actuación del bloque reaccionario en los años finales de la Segunda República española. Incluso salen a relucir supuestos llamamientos a las fuerzas armadas para que se involucren en detener la quiebra de la nación más antigua de Europa que, por lo que sea, siempre parece encontrarse en trance de implosión. Creo que es un error: en la conspiración para derribar a la República española en los años 30 se dio una coalición de fuerzas encabezada por los monárquicos alfonsinos a cuya estrategia contribuyó el terrorismo falangista como generador de un clima de violencia intolerable que justificase la intervención militar. Ese bloque, en la actualidad, ni es homogéneo, ni comparte el mismo proyecto a largo plazo, ni lo sustenta idéntica base social, ni actúa en un contexto internacional como el de los años de entreguerras. 

A la hora de buscar un referente histórico que se asemeje a un asalto al sistema desde la calle es muy ilustrativo el ejemplo de la crisis del régimen democrático de la Tercera República francesa. En febrero de 1934, la tentativa de formación de un gobierno de centro izquierda integrado por los radicales de Édouard Daladier y con el potencial apoyo parlamentario de los socialistas de Léon Blum fue objeto de un ataque violento a las instituciones liderado por las ligas de excombatientes vinculadas a la extrema derecha. Estas ligas, integradas por hombres que habían conocido la brutalidad del frente, añorantes de la fratría masculina de las trincheras, desclasados, víctimas de la precariedad económica y amantes de un liderazgo fuerte y providencial obedecían a una ideología basada en la clásica triada reaccionaria: antiparlamentarismo, antisemitismo, antiblochevismo. Su nacionalismo integral y chauvinista colocaba a esa patria inmanente por encima de las libertades individuales y de la soberanía popular basada en la voluntad de los ciudadanos expresada a través del sufragio universal.  

Lo que estaba ante sus ojos no era la conformación de un Frente Popular, a pesar de la insistente propaganda antibolchevique que presentaba a los líderes radical y socialista engullidos por el comunismo. Era simplemente el resultado de una aritmética parlamentaria para la conformación de un gobierno estable que superase la crónica fragilidad de los gabinetes precedentes, debilitados por los efectos de la gran depresión de 1929 y que pusiera coto a la corrupción de la que estos habían adolecido. Aun así, la extrema derecha bramó contra un potencial apoyo socialista al gabinete radical, cuyo primer ministro fue motejado en su prensa como “líder de una banda de ladrones y asesinos”. El máximo dirigente socialista, Blum, fue objeto de una encarnizada campaña de injurias. Se llegó a poner en duda su filiación y a cuestionar su derecho a la ciudadanía. Su origen familiar judío alimentó el antisemitismo de una derecha que no había metabolizado el caso Dreyfus. Charles Maurras, de la Action française, escribió en letras de molde que el único reconocimiento que merecía era “ser fusilado por la espalda”.

El gobierno Daladier, constituido con apoyo parlamentario el 30 de enero de 1934, padeció la tentativa de asalto de las ligas de extrema derecha a la sede de la Asamblea Nacional. El Palais Bourbon fue rodeado por la Unión Nacional de Combatientes y por diversos grupos extremistas de inspiración fascista como los Camelots du Roi y los Croix-de-Feu. Se intercambiaron disparos con la policía desde las 19.00 horas hasta la medianoche. Los alborotadores lanzaron proyectiles y cortaron con hojas de afeitar las patas de los caballos de las fuerzas del orden. El balance final fue de más de una docena de muertos y centenares de heridos y detenidos.

El motín del 6 de febrero de 1934 simbolizó, en la memoria colectiva de la izquierda, el peligro fascista que amenazaba al régimen republicano. Aunque hubo una notoria falta de coordinación entre las fuerzas que participaron en el motín y quedó en evidencia la debilidad de un plan concertado para derribar las instituciones, lo cierto es que los disturbios lograron alterar el juego parlamentario al provocar la frustración de una entente radical y socialista. Las ligas y los graves disturbios que promovieron torcieron la muñeca del presidente de la República e hicieron posible la formación de un gobierno escorado a la derecha que colocó en el núcleo de su programa las reformas del estado que el bloque conservador postulaba. La extrema derecha no tomó el poder, pero fue el ariete para que otros impusiesen su agenda. Una cierta ilusión retrospectiva contribuyó a subestimar la importancia de este acontecimiento sin posteridad directa, dado que estos sucesos favorecieron la unión de la izquierda en el Frente Popular que ganó las elecciones de 1936. Pero se olvida que, visto desde la larga duración, amalgamaron a las fuerzas que acabarían siendo la base del régimen de Vichy y del colaboracionismo con la ocupación nazi. 

El desconocimiento del pasado suele llevar a incurrir en errores ya cometidos, aunque las circunstancias no sean las mismas. Entre los conservadores suele darse el síndrome Von Papen, el dirigente alemán que creyó haber domesticado a Hitler al facilitar su acceso a la cancillería. Según una fábula budista, un escorpión le pidió a una rana que le cruzara el río, a lo que la rana respondió: “No, que me picarás”. El escorpión respondió: “No lo haré, porque nos ahogaríamos los dos”. La rana aceptó y a la mitad del vado, el escorpión picó a la rana. Cuando esta le preguntó por qué le había mentido, el escorpión respondió: “Está en mi naturaleza”-

En una célebre escena de la película 'La vida de Brian' (1979), un puñado de opositores al dominio imperial en trance de continua escisión discute acaloradamente acerca de la pregunta: ¿Qué les debemos a los romanos? La polémica se sustancia con un reconocimiento a regañadientes de todo aquello que Roma aportó a la civilización coetánea: el alcantarillado, las calzadas, el urbanismo, el derecho… Los relatos históricos tienden a primar los elementos legitimantes sobre los aspectos oscuros de tal forma que, inmersos en su propia debilidad grupuscular, los impugnadores no son capaces de contraargumentar que a Roma también se la debe el esclavismo, la inhumanidad del sistema punitivo o de los espectáculos públicos y la corrupción que minó los fundamentos del imperio hasta hundirlo en la anarquía militar. 

Más próximos en el tiempo, los fervorosos partidarios de la monarquía, en sus distintas modalidades de presentación –absoluta, constitucional, parlamentaria–, han coincidido históricamente en basar su pervivencia y la transmisibilidad hereditaria del trono en el axioma de que se trata del “plebiscito de los siglos”. En estos días asistimos –lo estamos viendo en las portadas de la prensa rosa y en las oriflamas que ornan las farolas de Madrid por la cortesanía de su alcalde– a un sahumerio atosigante de la corona en la persona de la heredera, perteneciente a una familia a la que al parecer debemos la sanación de un cuerpo nacional secularmente dividido en dos mitades irreconciliables. Se diría que los Borbones hubieran heredado los poderes taumatúrgicos de la vieja casa de los Capeto de la que descienden. 

Para sus voceros militantes, la monarquía es fuente proverbial de estabilidad en comparación con la fatal y efímera experiencia de las dos repúblicas. La única España posible que conciben es la coronada, cabo final de un indestructible hilo negro que arranca de la monarquía militar visigoda convertida al cristianismo y recorre los siglos en rumbo de catolicidad y universalidad desbordantes, jalonando el itinerario con las gestas de la Reconquista, alcanzando su cénit con la unificación dinástica bajo los Reyes Católicos y fecundando las tierras del Nuevo Mundo con su genio imperial. Un paradigma de la genealogía nacional que las formulaciones alternativas, desde el espíritu de independencia de Numancia, la defensa de los fueros municipales contra el poder nobiliario; pasando por las revueltas de los irmandiños, las Comunidades, las Germanías y las matxinadas; y llegando a las formulaciones del liberalismo progresista y el republicanismo, apenas han logrado erosionar.

Sin embargo, analizando las credenciales históricas de la monarquía borbónica y de las repúblicas en España, la comparación es odiosa. La Primera República (1873) advino a consecuencia de la vacante en el trono por renuncia del rey constitucional, Amadeo I de Saboya, sucesor por breve tiempo de una Isabel II de Borbón cuyo régimen corrupto había sido derrocado por la revolución de 1868. Las Cortes, reunidas en pleno, proclamaron la República el 11 de febrero de 1873 por una mayoría aplastante de 258 votos a favor y 32 en contra. El poeta Walt Whitman la saludó desde el otro lado del Atlántico: “Saliendo de la lóbrega sombra como de espesas nubes, de los naufragios del feudalismo y de los hacinados esqueletos de los reyes; saliendo de los viejos escombros europeos, de las aplastadas mascaradas, de las catedrales en ruinas, de los palacios deshechos y de las tumbas de los sacerdotes, he aquí que los rasgos frescos y relucientes de la libertad asoman”. La Segunda República (1931) llegó como resultado del rechazo generalizado a un monarca que había enviado a sus soldados al matadero de Marruecos en defensa de intereses espurios, había amparado el golpe de estado del general Primo de Rivera para eludir la exigencia parlamentaria de responsabilidades y había aceptado la suspensión de la constitución de 1876, la propia base jurídica del régimen de la Restauración. 

Las dos Repúblicas tuvieron en su origen un código genético inequívocamente democrático. No se puede decir otro tanto de la dinastía borbónica. Llegó a España tras una guerra exterior, pero también civil, la de Sucesión (1701-1715), sustanciada con la abrogación por Felipe V de los regímenes forales de parte de sus territorios. Carlos IV y Fernando VII enajenaron la soberanía a beneficio de Napoleón en 1808. En 1814, el rey felón suprimió las Cortes y suprimió la Constitución de Cádiz, y en 1823 apeló a un ejército extranjero para que le restituyese su poder absoluto. En 1874, la restauración de Alfonso XII fue promovida por un pronunciamiento militar, el del general Martínez Campos. Alfonso XIII permitió otro en 1923 para tapar sus propias responsabilidades en el desastre de Annual y sus partidarios conspiraron desde su exilio en la Italia de Mussolini para derribar al régimen republicano, urdiendo una trama para allegar a los futuros sublevados armas, pertrechos y aviones de bombardeo. En 1967, Juan Carlos I fue designado como su sucesor por el general Franco. El corolario presenta a los Borbones como una dinastía de fijos-discontinuos, que salieron del trono tres veces y fueron repuestos otras cuatro. Entre no poder vivir con ellos o sin ellos, los españoles fueron compelidos en última instancia, espadón mediante, a acatar siempre la segunda opción 

Los fastos de la jura de la heredera vienen a incidir sobre un debate, desigual en su afloración temporal a modo de Guadiana, acerca de si está la monarquía en crisis o su decadencia es la de todo un relato nacional. Hasta el año 2011, la institución formaba parte esencial del imaginario de la transición. Legado de la dictadura como evidencia histórica de la incapacidad de la oposición antifranquista para imponer una ruptura democrática, la corona se bautizó aparentemente en las aguas del Jordán un 23 de febrero de 1981. Haciendo de la necesidad virtud, la figura del rey se erigió en un referente nacido de la urgencia de dotar de un seguro de estabilidad a una sociedad ansiosa de superar el estado de sobresalto. Juan Carlos de Borbón fue reverenciado por encima de todo límite prudente por casi dos generaciones de españoles. Su sucesor, que ha tenido que asumir la factura de la frustración de esa narrativa, no ha contado con la misma fortuna.

Hoy, los analistas demoscópicos hablan de una desafección de las nuevas cohortes demográficas hacia las instituciones emanadas de aquel ya remoto proceso histórico. Conviene recordar que, tomando como base las cifras de población por edad del INE del primer trimestre de 2023, España cuenta con 48.345.223 habitantes, de los que el 41.969.601 son españoles de nacimiento. De ellos, el 56,3% nació después de la promulgación de la Constitución de 1978 y el 48,9% de los actualmente mayores de edad no tuvo ocasión de refrendarla ni ha sido llamado a avalar reforma alguna con su voto. Quizás sea esto lo que explique que, según la única encuesta que ha preguntado por ello en los últimos años, y no era del CIS, un 40,9% de la población manifiesta su apuesta por la república frente a un 34,9% que está a favor de la monarquía. La opción republicana gana en todas las cohortes de edad por debajo de 54 años y es mayoritaria –hasta con treinta puntos porcentuales de diferencia– entre los menores de 24. A este paso, podría llegar a cumplirse aquella paradoja que Thomas Paine y los demócratas radicales denunciaron en el siglo XVIII como rasgo indeseable de los sistemas carentes de un fundamento racional: que esté encomendado a los muertos el gobierno de los vivos. 

Lo peor de las monarquías no es la irracionalidad de su principio rector, la transmisión de la principal magistratura del estado confiada a la ruleta de la herencia genética, sino que sus crisis se transfieren inevitablemente al propio estado. Las repúblicas están dotadas de válvulas de seguridad, desde la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales a los procesos destituyentes instruidos por los representantes electos de la soberanía nacional, que impiden que la presión alcance el nivel de alarma. Las monarquías solo dejan dos salidas a sus titulares, ambas con desgarro: la abdicación o el derrocamiento. Les salva la inepcia política de sus impugnadores y el permanente chantaje de que la alternativa aparezca como una invitación a asomarse al abismo. Un miedo que, es cierto, les debemos históricamente a los Borbones.

La novela gráfica de Jacques Tardi La guerra de trincheras cierra sus últimas páginas con un gráfico y demoledor balance de lo que fue la Gran Guerra de 1914-1918: “Si todos los muertos franceses desfilasen el 14 de julio en fila de a cuatro, serían necesarios no menos de seis días y cinco noches para que el último de ellos nos mostrase su faz lívida”. Los estados contemporáneos inmersos en contiendas de dimensiones colosales –las mega masacres del siglo XX, en expresión de Eric Hobsbawm-, en las que el ingrediente patriótico fue un intenso elemento movilizador patrocinaron una monumentalidad conmemorativa posterior que sembró la geografía nacional de homenajes en bronce y mármol a los caídos en combate. Las plazas de cualquier municipio de Francia, por pequeño que sea, pueden dar cuenta de ello. Los “muertos por la Patria” eran “nuestros muertos” y, como tales, las esculturas que perpetuaban su sacrifico se constituyeron en monumentos cívicos. Cada nueva conflagración sumó a la placa del pedestal otras fechas y otros nombres: la resistencia, la deportación, las guerras coloniales, las víctimas de terrorismo nutrieron el listado honorífico. Aún hoy, son el lugar de congregación solemne para conmemorar efemérides que interpelan a toda la comunidad, sin distinción. 

El franquismo nunca aspiró a semejante inclusividad. Los lugares de memoria de la dictadura fueron excluyentes por exaltadores de una única interpretación sacrificial: la del martirio religioso o la de la suprema entrega en acto de servicio a la mayor gloria de un estereotipado concepto de nación. Quien definió la guerra a la que abocó a España como una cruzada negó la condición de caídos a los infieles. La teoría de las dos ciudades aplicada al conflicto civil no dejaba lugar a la reconciliación. Los integrantes de la anti-España, a los que se consideró fuerza cipaya de una agresión extranjera debían quedar excluidos del homenaje de una patria que los repudiaba. La diferenciación eterna entre el bien y el mal se plasmó en aquellas efusiones de necrolatría que el régimen impulsó desde sus primeras horas. La oración por los caídos, compuesta por Rafael Sánchez Mazas, es una muestra paradigmática: “Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas”. 

Cuando en 1957 vio la luz el decreto-ley que instituyó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos habían cambiado algunas cosas respecto al contexto internacional -las muestras públicas de estética fascistizante fueron abandonadas a partir de 1945 para evitar que, quizás, fueran incomprendidas en los países occidentales-, pero el espíritu debelador permaneció incólume. El texto de la disposición evocaba la voluntad fundacional de erigir “un magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación, para honra de quienes dieron sus vidas por Dios y por la Patria y para ejemplo de las generaciones venideras”. Solo desde el acatamiento de la victoria inapelable, la sumisión a la realidad irreversible y la aceptación resignada de la perennidad del régimen del 18 de julio podía esperarse al otorgamiento de un “sentimiento de perdón que impone el mensaje evangélico”. En este sentido, el Valle podría ser “el Monumento a todos los Caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la Cruz”. Los muertos en combate por la República, si habían sido católicos, podrían alcanzar, quizás, la dicha de cierta indulgencia

A los dictadores frecuentemente les tentó la idea de pasar a la historia como grandes constructores. El führer alemán, uno de los primeros aliados de Franco, proyectó una nueva capital para su imperio, Germania, con la asesoría de Albert Speer. El generalísimo volcó sus afanes de arquitecto amateur en la construcción de un hipogeo monumental destinado, a la larga, a ser su tumba. Quería que sus paramentos estuviesen decorados, como si del palacio de Asurbanipal se tratase, de una interminable procesión de mártires. La maqueta de Germania quedó sepultada entre las ruinas de la Alemania real. Cuelgamuros, sin embargo, sobrevivió a su fundador. Una vez concluido, el mausoleo debía llenarse de reliquias. El 23 de mayo de 1958, el ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, dirigió una circular a los alcaldes de todos los municipios de España ordenando el envío de “una relación comprensiva de los enterramientos colectivos que existieren en ese término municipal, de caídos en los frentes de batalla o sacrificados por la Patria”. El objetivo era que aquellos cuyos nombres campeaban en las placas de iglesias y casas consistoriales, precedidos por José Antonio Primo de Rivera, tuvieran el día del juicio final la oportunidad de responder ¡presente! desde un puesto de guardia al lado del Caudillo. Pero, en algunos lugares, la disposición tuvo efectos inesperados. La web Todos los nombres recoge el caso de Torre Alháquime, un pequeño pueblo de la sierra de Cádiz en que el alcalde, en su relación de enterramientos existentes en el término municipal remitida al Gobierno Civil, consignó la existencia de no menos de veinticinco cuerpos en la fosa común del cementerio y de siete en distintos parajes de los alrededores. En total, ocho fosas para un término municipal con una extensión inferior a los dieciocho kilómetros cuadrados. Junto al de Torre Alháquime, otra media docena de regidores de la provincia interpretó erróneamente que la categoría “cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del campo en que combatieran” se refería a las víctimas de la represión que tan intensa y eficientemente habían efectuado los sublevados en la comarca. Sabían de lo que hablaban, allí y en otros lugares. En 1942, el jefe de puesto de la Guardia Civil de Valdeverdeja (Toledo), pueblo tomado por los rebeldes el 30 de agosto de 1936, informó con peculiar sintaxis cuartelera a los instructores de la Causa General: “A la terminación de la guerra, varios individuos y mujeres que venían de zona roja al pueblo de residencia saliendo al paso de ellos varios vecinos de esta villa y considerados como personas de orden, dieron muerte a los mismos a un kilómetro de [la] localidad del Torrico”. 

A falta de gloriosos caídos, hubo pueblos que pensaron cumplir con el cupo remitiendo restos mortales de rojos. Este hecho y la inhumación de víctimas de la represión franquista en un lugar que nunca pretendió ser un emblema de reconciliación pone de relieve el hecho de que en regiones enteras de España no hubo guerra civil, sino golpe triunfante y aniquilación del adversario. En aquellos territorios donde no hubo resistencia o el contragolpe fue rápidamente aplastado cayeron asesinadas casi 88.000 personas, el 67,5% del total de las víctimas de la represión franquista. No eran cadáveres de gloriosos caídos ni mártires por la fe, por Dios y por España: solo muertos anónimos. Como decía un chiste de humor negro de la época más negra de la dictadura, había caballeros mutilados y puñeteros cojos. Y allí donde no se encontraron caídos, fueron los ayuntamientos, en primer tiempo de saludo ante el requerimiento de los gobiernos civiles, los que empaquetaron a sus puñeteros muertos. 

Ochenta y siete años, cuarenta y seis de ellos en democracia, se ha tardado en restituir el honor a aquellas personas. El lugar que ha sido durante todo este tiempo su tumba indeseable queda hoy al albur de lo que en un futuro pueda decidir una coalición de nostálgicos discretos y de admiradores entusiastas del franquismo. Cabe esperar poco de él como lugar de memoria compartida. Un estudioso de la historia del tiempo presente, Henri Rousso dijo que el debate intelectual en Francia sobre el régimen de Vichy es el síntoma de un pasado que no pasa. Cuelgamuros es la plasmación en granito de Guadarrama de eso mismo, pero con efectos políticos.

La primera vez que se exhumó el cadáver del fundador de la Falange fue a raíz de la toma de Alicante por las tropas italianas de la División Littorio, contribución del Duce a la definitiva derrota, cautiverio y desarme del “ejército rojo” español. De la fosa común en la que había sido sepultado por las autoridades republicanas en noviembre de 1936, los restos pasaron a ocupar un nicho en el cementerio local de “Alicante de José Antonio”, como pasó a llamarse oficialmente la ciudad levantina. No sería por mucho tiempo: el Caudillo, precisado de una cobertura ideológica homologable a la de las potencias del Eje, dispuso el traslado de los despojos del líder del fascismo español al monasterio de El Escorial, esa metáfora arquitectónica de la intransigencia de Felipe II tallada en granito de Guadarrama. La ceremonia estuvo ornada con los rasgos de un culto en el que se amalgamaba mesianismo y necropolítica. Miles de falangistas, entre camisas viejas de la “Falange de la Sangre” y arribistas de aluvión en ansia de figuración y estancos se disputaron el honor de portar a hombros el féretro durante los más de cuatrocientos kilómetros que separan Alicante de Madrid. Aquel viaje póstumo fue una versión celtibérica del camino al Walhalla. Antorchas, cohortes uniformadas y, en cada etapa del itinerario, un sacrificio humano en el altar de la venganza: sacas y ejecuciones irregulares cobradas en vindicta por el fusilamiento del Ausente. Había sobrada cantidad de presos rojos para pagar por ello.

El mausoleo de la monarquía no fue, sin embargo, la última morada del abogado e hijo del primer dictador del siglo XX. En 1959, Franco, cuya pretensión era no solo la de señorear el presente de España, sino la de reescribir su pasado y determinar para siempre su futuro, dispuso que aquel a quien había convertido deliberadamente en mito se alineara junto a él en su futura tumba. En la basílica de Cuelgamuros, un remedo de pirámide azteca erigida sobre cráneos por un ejército de trabajadores conscriptos, ambos esperarían las trompetas del juicio final a los pies del altar mayor, sahumados por la solícita orden benedictina que interpretaba la regla del ora et labora en clave de la más eficaz exaltación de una tiranía alzada sobre las vidas sacrificadas de un cuarto de millón de compatriotas.

Hay que lamentar que la democracia haya llegado tarde a la tarea de retirar honores a los personajes prominentes de la dictadura, pero cabe congratularse de que lo acabe haciendo y sin posibilidad de marcha atrás. Lastradas por la inercia del uso de los pies de plomo en los tiempos iniciales de la transición, hay interpretaciones que han tratado de diferenciar entre la figura de Franco y la de Primo de Rivera como si no hubieran sido ambas el haz y el envés de la misma espada. Se ha dicho que José Antonio —usando de la familiaridad derivada de su omnipresencia en las placas de todas las parroquias de nuestra geografía encabezando el listado de “caídos por Dios y por España”—, a diferencia del general superlativo, fue una víctima de la guerra civil. Por ello, habría podido permanecer en la basílica de Cuelgamuros, aunque no en un lugar destacado. La equidistancia le ha presentado con tonos casi costumbristas, un bon vivant de origen jerezano frecuentador de tertulias mundanas como la de La Ballena Alegre en los bajos del café Lyon y de las cenas de Carlomagno en el Hotel París de la Puerta del Sol, alguien a quien cuadraba mejor un esmoquin que la camisa azul mahón, un discreto letraherido arrojado a la pugna política por la vindicación de su padre, un hijo de su generación con un sino trágico.

Todos ellos son trazos anecdóticos que no pueden negar la evidencia. José Antonio Primo de Rivera no se limitó a impugnar a la República por lo que pudiera reputar de ultrajes a su legado paternal, sino que puso todo su empeño de derribarla. A tal fin, fundó un partido troquelado en el molde de los fascismos rampantes en la Europa de los años 30, una organización con escalas de mando que tomaban su denominación del léxico militar —triunviros, falanges, escuadras—, una ideología cuyo objetivo era la implantación de un estado totalitario que enmendase —lo dejó grabado para un noticiero extranjero— la triple división engendrada por la democracia liberal de la que abominaba: la territorial, la de clase y la de partidos. Un grupúsculo que adoptó como táctica la basada en la “dialéctica de los puños y las pistolas” y que actuó como elemento de provocación y fuerza auxiliar de la conspiración monárquico-militar, como han demostrado los trabajos del profesor Ángel Viñas.

Para muestra de su naturaleza, un par de ejemplos. El 16 de marzo de 1935, un centenar de falangistas asaltó las instalaciones de los almacenes SEPU, en la Gran Vía de Madrid, muy cerca de la Telefónica. Irrumpieron blandiendo porras de goma, rompieron el escaparate y destrozaron vitrinas, sembrando el pánico de los clientes. ¿El motivo? La campaña desplegada por el partido liderado por José Antonio a través de su periódico, Arriba, contra SEPU, Nestlé y el “capitalismo judío” al que acusaban de arruinar con su política de precios rebajados al pequeño comercio y a los productores nacionales. Cristales rotos y antisemitismo: no es necesario buscar en exóticas latitudes el origen de estas influencias. Por otro lado, Luis Jiménez de Asúa, socialista, catedrático de Derecho, presidente de la comisión que redactó la Constitución de 1931 y candidato a la vicepresidencia de las Cortes sufrió el 12 de marzo de 1936 un atentado en el que murió su escolta. Un mes después la misma Falange que había reivindicado su autoría asesinó al instructor de la causa, el juez Manuel Pedregal. No se trataba de una mera dinámica de acción-reacción en un contexto de confrontación con otros grupos extremistas, como justificó cierta lectura sobre la época: era el resultado de la “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”, según la tercera acepción en el DRAE de la palabra “terrorismo”.

En definitiva, José Antonio Primo de Rivera fue el líder de un grupo organizado de carácter violento que actuó como colaborador necesario en la creación de un estado de necesidad legitimador de la sublevación militar. Como aprendiz de brujo, pereció a consecuencia de los efectos derivados de sus actos. No fue más víctima de la guerra civil de lo que Reinhardt Heydrich lo fue de la Segunda Guerra Mundial. No pueden establecerse diferencias de consideración entre el jefe del Estado y el fundador de la Falange que, en triada inseparable completada por el crucifijo, presidieron las paredes de aulas, comisarías y covachuelas administrativas durante toda la duración del régimen del 18 de julio. Quienes se encuadraron en su partido ejercieron la violencia, usurparon propiedades, participaron de la corrupción institucionalizada y usufructuaron los beneficios de la victoria hasta la desarticulación del Movimiento Nacional en 1977.

La salida del líder del fascismo español del mausoleo oficial de la dictadura es un paso más en el desmontaje de la necrópolis sobre la que ha acampado durante demasiado tiempo la memoria histórica de España. Sus deudos no pueden quejarse: tendrá una salida digna, si se la compara con la situación de las de las otras víctimas que aguardan la ocasión de que los suyos puedan honrarlas en paz y con dignidad. Cuando eso ocurra, me confieso pesimista sobre la posterior resignificación del denominado Valle de los Caídos. Albergo dudas acerca de que pueda cumplir alguna vez una función de educación cívica. Quizás fuera mejor que el tiempo, la erosión y la tectónica hicieran su lento e implacable trabajo hasta convertir el entorno en algo parecido a los grabados de ruinas de Piranesi, la única forma posible de que un lugar tan nefasto logre ostentar algo de belleza.

Dice el filósofo Daniel Shabetai Milo en su obra Trahir le temps (Traicionar al tiempo) que si el hito fundacional de nuestra era no fuera la supuesta fecha del nacimiento de Cristo, sino la de su muerte, la cronología debería retrasarse treinta y tres años y, con ello, el primer tercio de lo que asumimos como siglo XX bascularía hacia atrás: las revoluciones rusas de 1905 y 1917 se reunirían en la misma centuria con la «primavera de los pueblos» de 1848 y la Comuna de París de 1871; las vanguardias artísticas, literarias y científicas, del cubismo al psicoanálisis y de Kafka a Einstein, compartirían un tracto homogéneo; y la Primera Guerra Mundial (1914-1918) volvería a ser la «Gran Guerra». El parteaguas de entre siglos se situaría entre la Gran Depresión de 1929 y el ascenso de Hitler al poder en 1933. 

Más que un juego intelectual, la propuesta de Milo está destinada a demostrar que la compartimentación cronológica que estamos acostumbrados a asumir como naturalmente dada es pura convención social. Puede parecer un divertimento erudito, pero resulta enormemente estimulante ¿Cómo quedaría la historia de España en ese caso? Constituye un lugar común afirmar que la entrada en nuestro siglo XX se franquea con el epílogo de la pérdida de las últimas colonias y la asunción generacional de una conciencia del «desastre» en 1898. Mas, si aplicásemos la tesis del filósofo franco-israelí, los albores del nuevo siglo se anunciarían en 1931 con la proclamación de la Segunda República. 

La propuesta rezuma sensatez: ¿por qué debería pesar más el imaginario zaherido de una casta intelectual al servicio de un colonialismo en declive que el entusiasmo ampliamente compartido que suscitó la primera experiencia democrática de masas de nuestra historia contemporánea? ¿En virtud de qué relato interesado debería considerarse luctuosa la pérdida definitiva de los vestigios de un imperio periclitado, en cuya inútil conservación se dilapidaron recursos económicos sin cuento y vidas de soldados de reemplazo reclutados injustamente entre las clases más desfavorecidas? ¿Por qué cubrir bajo estratos de deliberada ignorancia que hubo un momento en que España sincronizó su régimen político, no a la zaga, sino en vanguardia con las experiencias democráticas más avanzadas y fue pionera en la protección constitucional de los derechos sociales, en la renuncia a la guerra como herramienta de política exterior y en el reconocimiento del sufragio femenino -poco más de dos décadas después que la República de Weimar y una que el Reino Unido, pero trece años antes que Francia-? ¿Por qué seguir difuminando el compromiso adquirido por el extenso grupo de creadores de la llamada Edad de Plata -no solo escritores, sino también cineastas, pintores, arquitectos y mujeres que en todos los campos rompieron las barreras impuestas para liderar ellas también el proceso de cambio cultural-, reduciendo al episódico año 1927 el origen de la que alcanzó todo su esplendor como generación de la Republica? 

Proyectando hacia atrás, el «largo siglo XIX» español no lo sería tanto: abarcaría el tramo comprendido entre el reinado de Isabel II (1833) y la caída de la Dictadura de Primo de Rivera y su epígono (1930), era de movimientos pendulares entre liberalismo doctrinario y progresista, salpicada de pronunciamientos militares y sustentada sobre un desarrollo capitalista territorialmente muy focalizado, al lado de una persistencia tenaz de los restos del Antiguo Régimen -en correlación con lo estudiado por Arno Mayer para el conjunto de Europa- en las regiones agrarias. La constitución de Cádiz, muerta apenas nacida y rematada en 1823, habría sido un destello aislado, anticipador casi sin continuidad de un país por venir en el que «oligarquía y caciquismo» dibujaban el diagnóstico de los males estructurales que atenazaban a la realidad española entre la edad moderna y la propia Segunda República. 

Si hubo un intento de poner fin al dominio del reducido número de familias que acampaban sobre el presupuesto del país, si alguna vez se concibió un impulso superestructural destinado a cambiar profundamente las bases de la sociedad desde el propio estado sin acudir al impredecible recurso a una revolución, esa iniciativa la encarnó el proyecto republicano. Proyecto eminentemente civil sustentado sobre los pilares alegorizados en las láminas destinadas a presidir las 2.500 escuelas proyectadas para el primer bienio: reforma agraria, impulso a la industria y el comercio, instrucción pública, laicismo, fraternidad entre los pueblos de España y paz exterior. Todo aquello que los titulares de la monarquía borbónica, en sus correspondientes desempeños como fijos-discontinuos -tres veces salieron o se les echó del país y otras tantas volvieron- no supieron, no acertaron o no quisieron hacer. 

La República cabalgó sobre la ola de un mundo en transformación. Como ocurrió en toda Europa tras la Gran Guerra, todo lo que hasta entonces había sido seguro, todo lo que era sólido e inmóvil, se trastocó y quedó profunda y definitivamente alterado. Lo expresó perfectamente, a su pesar y con estupor, un escritor conservador español, Wenceslao Fernández Flórez, en su novela Los que no fuimos a la guerra (1930): «De repente, el mundo ha cambiado. Surgen formas de gobierno con las que no contaba y a las que mis profesores no me han dicho si debía amar o aborrecer; la valía de las monedas se achica y el  poder del dinero crece; las mujeres nos ofrecen cigarrillos; aparecen danzas que yo no sé bailar; una música incomprensible, una literatura extraña, una pintura indescifrable, me rechazan como a un hombre del cuaternario; súbitamente también, el aire se puebla de aviones, la tierra se cuaja de automóviles; se exige una actividad para la que no estoy apercibido; no he olvidado las últimas diligencias, con su estrépito de ventanillas mal ajustadas, cuando se me invita a volar; me enseñaron a conmoverme con Bécquer para decirme ahora que el amor no es más que una de nuestras necesidades fisiológicas; una juventud sin sombreros, uniformada con gabardinas, innúmera, epidémica, insolente, brota de cada poro de la tierra, tan desligada de lo anterior, tan lejana del próximo ayer, como si no hubiese tenido padres humanos».

Desasosiego imbuido por la incomprensión de un mundo rápidamente mutable; ansiedad ante un futuro que, por primera vez, quienes había sido dueños del calendario, los medios de producción y los boletines oficiales no podían predecir ni determinar; temor a la pérdida definitiva de privilegios seculares y al ascenso de unas clases subalternas que ejercían el poder conferido gracias al voto para decidir sobre sus propios destinos: ingredientes compartidos por una burguesía medrosa, una casta militar despojada de su protagonismo y una oligarquía enraizada en el terruño con la fuerza negativa de las plantas parasitarias que, desde Berlín a Sevilla, desde Viena a Madrid, desde Varsovia a Lisboa, nutrieron la reacción que aplastó las florecientes experiencias democráticas y a las sociedades civiles sobre las que se sustentaban, sustituyéndolas, mediante distintas dosis de violencia estatalmente administrada, por regímenes totalitarios y organizaciones de encuadramiento obligatorio. 

Dos guerras con resultado diametralmente distinto pusieron el colofón a esta parte del siglo, se tome donde se quiera el punto de arranque. Tras la guerra mundial que acabó con la victoria sobre el nazifascismo, las sociedades occidentales reemprendieron el camino de la razón democrática y el contrato social. La guerra de España, que culminó con el triunfo del más veterano aliado del Eje, aisló al país durante casi dos décadas y lo sumió en tal debacle social y económica que los indicadores de 1936 tardarían una generación -veinticinco años- en recuperarse. La rica sociedad civil pacientemente construida durante medio siglo de avance del pensamiento democrático y el movimiento asociativo obrero fue destruida hasta los cimientos. El corte quirúrgico infligido por la dictadura franquista amputó al país de su pasado más creativo y lo devolvió a etapas premodernas impregnadas de aroma cerrado a sacristía y sala de banderas, esas que tanto parecen complacer a los añorantes de los faralaes, las monteras y las cananas como epítomes de su mezquino concepto de España. 

Sólo en un país que no ha sanado de manera consecuente y decidida las laceraciones culturales infligidas por la dictadura se puede presumir ante las nuevas generaciones de estigmatizar el precedente republicano so capa de fomento de un sedicente espíritu crítico. Las interpretaciones del pasado pueden ser controvertidas, pero hay consensos que son insoslayables: siempre será preferible una democracia imperfecta a una dictadura impecable. 

Vivimos una época en que prima el relato vertiginoso de los acontecimientos sobre el análisis basado en la larga duración, cuando es este último el que posibilita, gracias a la existencia de precedentes y parangones, una mejor comprensión del presente. Para cualquier menor de 40 años interesado por la política, Ramón Tamames no sería hasta antes de ayer, y en el mejor de los casos, más que un personaje vagamente adivinado entre los que pueblan la ya polvorienta galería de personajes de la modélica transición. Para la gran mayoría, sic transit gloria mundi, un ilustre desconocido. De ahí que las biografías de urgencia hayan coincidido en destacar como un prodigioso ejercicio de acrobacia su triple salto mortal desde las filas del PCE hasta la candidatura de Vox a la presidencia del Gobierno, moción de censura mediante. El cortoplacismo es un fértil humus para la germinación de la sorpresa, que deja de serlo cuando los binoculares dejan de apuntar a las propias narices y se enfocan hacia la línea del horizonte.

El nombre de Ramón Tamames sonó por primera vez en el tumultuoso ambiente universitario que alumbró los sucesos de febrero de 1956, la primera movilización masiva de estudiantes —“hijos de los vencedores y los vencidos”, según rezaba el manifiesto inspirado por Jorge Semprún, responsable comunista del trabajo entre los intelectuales— que provocó la colisión interna entre fracciones del régimen y una crisis de gobierno. Junto con Javier Pradera y Enrique Múgica, Tamames integró el “trío de La Mezquita”, epónimo de la cafetería donde se reunían para preparar el Congreso de Escritores Jóvenes, una cuña para romper el espinazo del sindicato estudiantil falangista, el SEU. A su calor acudieron estudiantes comprometidos como Julio Diamante o Jesús López Pacheco y diletantes como Fernando Sánchez Dragó, gracias a cuya proverbial facundia la policía descubriría años después quién se escondía tras la identidad clandestina de “Federico Sánchez”. Todos fueron detenidos y acabaron en Carabanchel tras ver en la prensa del régimen la lista de sus nombres con el Don delante porque, aunque rojos, todavía había clases. Fue por entonces cuando Tamames comenzó a paladear el agridulce néctar que apuran los segundones. Pese a sus protestas en contrario, el partido, en virtud de su nueva línea política basada en la reconciliación nacional, encumbró a Pradera como paradigma del hombre renacido de las ruinas de su clase y autorredimido de su estirpe tradicionalista.  

Hasta 1975, Tamames mantuvo una relación puntual con el PCE. Colaboró durante los años sesenta en los trabajos de la Comisión Económica del Comité Central dirigida por Tomás García (“Juan Gómez”), si bien, en su condición legal de técnico comercial del Estado y luego de catedrático, pudo publicar periódicas reediciones de su Estructura económica de España en las que volcaba los análisis que nutrían el argumentario del partido. Por esa misma condición de legal fue utilizado por el PCE para tantear a militares en activo en el siempre frustrado empeño de penetrar en los estratos superiores del Ejército, el más firme baluarte de la dictadura. Su labor se vio compensada en junio de 1975 con la cooptación al Comité Central y al Comité Ejecutivo, pasando a ser uno de los rostros visibles de la Junta Democrática.

Ahora bien, poco se sabe —y tardará en saberse si no se desclasifican los archivos pertinentes— sobre la naturaleza de su participación en la Fundación PROMESA, entre cuyos miembros se encontraban algunos de los accionistas promotores del diario El País: Manuel Fraga Iribarne, Pío Cabanillas, Jesús de Polanco y él mismo. Según Juan María Peñaranda y Manuel Fernández Monzón, miembros del Servicio Central de Documentación (SECED) del almirante Carrero Blanco, los integrantes de PROMESA fueron invitados a participar en la elaboración del denominado “archivo Jano”, nombre alusivo al dios romano de las dos caras. Una metáfora impecable. Se trataba de confeccionar un fichero de las personalidades susceptibles de ocupar puestos de relevancia en cualquier ámbito tras la muerte de Franco. Su última reunión tuvo lugar en el restaurante madrileño Lhardy el 19 de diciembre de 1973, la víspera del arranque del juicio por el proceso 1.001 contra la cúpula de Comisiones Obreras y del atentado contra Carrero. Tamames y sus colegas habrían aportado en ella 25 nombres cada uno a una lista de trescientos sobre los que los dos antiguos espías del SECED no albergaban dudas de que ocuparan ministerios, subsecretarías y consejos de administración en la España transicional. Es probable que de aquellos polvos vinieran los lodos que pretendieron enfangarle en una suerte de gobierno de salvación nacional contemplado por una de las tramas golpistas del 23-F.

Durante los años comprendidos entre 1975 y 1979, Tamames fue el mascarón tecnocrático de un Partido Comunista que aspiraba a presentarse ante la sociedad española con una imagen de solvencia alejada del estereotipo del bolchevique desarrapado con el cuchillo entre los dientes. Como tal, fue el representante en los Pactos de la Moncloa y el candidato a la Alcaldía de Madrid en las primeras elecciones municipales de 1979. Cierta popularidad le hizo acariciar la idea de ser alguna vez el sustituto de Santiago Carrillo sin ser consciente del todo de que la sombra del secretario general era como la del manzanillo. También, y a pesar de formar un tándem merced a los acuerdos firmados con el PSOE para la formación de gobiernos locales, fue eclipsado por la figura de Tierno Galván quien, a pesar de compartir un similar nivel de soberbia autocomplaciente, fue mucho más hábil que él a la hora proyectar una imagen pública de liderazgo patriarcal y bonancible.

Tamames abandonó el barco del PCE cuando se abrieron las primeras vías de agua en el casco. Ni siquiera esperó a que lo expulsaran por cuestiones de disidencia. Tanteó la vía de un proyecto unipersonal, llamado pomposamente Federación Progresista, y participó en la fundación de Izquierda Unida con ese partido cuyos militantes, más que caber en un taxi, como decía el viejo chiste político, competían por el único sillín de la bicicleta en la que el por entonces paladín del ecologismo presumía de moverse. Tuvo un recorrido corto y en su última singladura se sumó a un partido agonizante, el Centro Democrático y Social de Suárez, antes de retirarse a contemplar las obras de la política nacional desde las vallas de unas tertulias mediáticas, a cuál más montaraz.

De allí vino a sacarle Santiago Abascal para hacer el ridículo por interposición por segunda vez en una misma legislatura. El aterrizaje de un excomunista en la extrema derecha puede resultar chocante, pero la historia ha demostrado que no ha sido algo infrecuente. En Francia, Jacques Doriot, el considerado un día número dos del PCF, se enfrentó a su antigua organización y acabó en 1940 arrojándose con su Partido Popular Francés en brazos del régimen colaboracionista de Vichy. En Portugal, José Carlos Rates, primer secretario general del PCP, abandonó el partido en 1926 y se alineó con la dictadura de Salazar. En España, Óscar Pérez Solís, dirigente del núcleo originario del PCE, impulsor de los grupos de acción y delegado en Moscú, se convirtió al catolicismo, participó en julio de 1936 en la sublevación del general Aranda en Oviedo y fue el primer secretario del sindicato falangista, la CONS.

Tamames, cuya última intervención en 1981 ante el Comité Central fue para proponer la imposición de un tope de edad de 65 años a los dirigentes comunistas, se presenta a los 89 como aspirante a presidente del Gobierno en nombre de una fuerza de extrema derecha. Con ello, viene a poner el broche de cierre a una biografía dominada por el afán de ocupar el lugar preminente que siempre creyó merecer y que el destino, esquivo, le negó. Dice que es por una cuestión de vergüenza personal y que, de no hacerlo, se arrepentiría toda la vida. Es comprensible: los simpatizantes de la izquierda y en particular los militantes del PCE que un día confiaron en él, pegaron sus carteles y le aplaudieron en sus mítines deben sentir el mismo arrepentimiento y similar vergüenza. O más.

Al amanecer del domingo 10 de junio de 1945, el vaquero del pueblo madrileño de El Molar, cuyo nombre ha quedado oculto para la historia en la documentación del Ministerio del Interior, vio que su hato de ganado se resistía a atravesar el túnel próximo a la carretera de Irún. Al indagar el motivo, quedó espantado: en el interior, envuelto en una manta rociada de gasolina, ardía un cuerpo humano. En cuanto se repuso, corrió a dar parte a la Guardia Civil. Nadie había sido testigo de los hechos. Las únicas pistas eran los restos de sangre en el pretil del puente desde el que se había arrojado el cuerpo inerte, y las rodadas de unos neumáticos Michelín que, por lo brusco del giro trazado y por las marcas dejadas sobre el pavimento, denotaban una huida veloz en dirección a Madrid. 

No tardó mucho en conocerse la identidad de la víctima. La reconoció su hermano gracias a uno solo de los zapatos de marca que había escapado a la carbonización: se trataba de Michel Szkolnikoff, nacido hacía cincuenta años en Szarkówka, en el extremo este de Polonia perteneciente por entonces a Rusia. Se trataba de un traficante de oro y bienes suntuarios de procedencia inconfesable que había amasado una inmensa fortuna como proveedor de los alemanes en la Francia ocupada. Hábil navegante en las turbias aguas del mercado negro, se hizo con un imponente patrimonio inmobiliario en París y la Costa Azul. Su fortuna estaba valorada en más de dos mil millones de francos. 

Entre 1944 y 1945, la España de Franco se había convertido en un sumidero que evacuaba colaboracionistas, criminales de guerra y agiotistas de todo pelaje en busca del amparo del antiguo aliado del Eje. Entre los más acreditados fugitivos se contaba el belga Léon Degrelle, sobreviviente a un accidentado amerizaje en la playa de la Concha de San Sebastián, al que esperaba un largo pero cómodo exilio: prosperaría como hombre de negocios desde su finca en Constantina (Sevilla) vendiendo chalés a los militares americanos instalados en Rota desde 1953. Murió a los 87 años, en 1994, sin que ni siquiera los gobiernos democráticos accedieran a conceder su extradición a Bélgica. 

De las cloacas francesas llegó Louis Darquier de Pellepoix, furibundo antisemita nombrado en 1942 responsable del Comisariado General de Asuntos Judíos, el organismo del gobierno títere de Pierre Laval encargado de gestionar la deportación de la comunidad israelita francesa. Logró escapar a la condena a muerte impuesta por un tribunal francés. En 1978 se permitiría hacer unas declaraciones provocadoras al semanario L’Express minimizando el Holocausto. Los gobiernos españoles nunca accedieron a extraditarlo. Murió en 1980 en Carratraca, en la provincia de Málaga, albergue predilecto de criminales de guerra bien relacionados con eminentes jerarcas del franquismo. 

Por la frontera franco-española no solo pasaban fugitivos del frustrado Reich milenario. También los productos del expolio cometido impunemente durante la guerra. Algunos no pudieron sacar lo que hubieran querido, como el periodista César Ruano, voraz saqueador de la mansión de una rica familia judía, la venta de cuyo patrimonio mobiliario y artístico sufragó los onerosos gastos de su vida bohemia en aquel París retratado en las novelas de Patrick Modiano. En Irún, la OSS –el servicio de inteligencia norteamericano predecesor de la CIA– señaló a un tal Arturo Linares, subordinado del coronel Julio Ortega Tercero, conspicuo golpista en 1936 y jefe de la zona desde 1943, como “tratante de arte informado como poseedor de lotes de objetos procedentes de los países ocupados, particularmente aquellos traídos por voluntarios de la División Azul”. 

Como respuesta a la falta de colaboración franquista en la entrega de indeseables, los aliados montaron sus propias redes de busca y captura. Tras la liberación de París, el Gobierno Provisional de la República Francesa envió a Madrid a un agente de su servicio secreto para interesarse por la extradición de Szkolnikoff, que se reveló imposible. El traficante había mantenido una excelente relación con el antiguo embajador franquista ante Vichy, José Félix de Lequerica, instigador de la deportación de Lluís Companys y Julián Zugazagoitia para su fusilamiento en España y coordinador del operativo para secuestrar a Azaña que solo frustró la muerte del expresidente de la República Española. Desde agosto de 1944, Lequerica era ministro de Asuntos Exteriores. Nada se podía esperar por esa vía.

Sabiendo que Szkolnikoff había logrado poner a salvo una parte de su fortuna y que desde octubre era vicecónsul de la embajada española en Buenos Aires, con derecho a la nacionalidad argentina, la Direction générale des Études et Recherches (DGER) planeó secuestrarle en Madrid en evitación de su inminente fuga y trasladarlo a París para ser juzgado. A tal fin, contactó con un traficante de joyas alemán y confidente del Alto Estado Mayor español que se encargaría de excitar su codicia con el atractivo de una sabrosa operación: la adquisición de una partida de diamantes industriales que, por valor de quince millones de pesetas, habría sido supuestamente introducida en España por los 'rojos' para dedicar su fruto a “la propaganda y agitación comunista”. La caña estaba tendida. 

En la operación estuvieron implicados agentes franceses, miembros de la red Pat O’Leary que había facilitado la evasión de pilotos aliados y refugiados durante la guerra mundial, republicanos españoles e individuos de dudosa adscripción. Szkolnikoff fue atraído a un chalé de la colonia de El Viso que los policías franquistas, con su habitual querencia, no dudaron en motejar de «checa». Una vez dentro, fue asaltado y golpeado en la cabeza con una porra rellena de arena. La escena del crimen, reconstruida sobre plano por la policía, revelaba la violencia empleada: fueron precisos cuatro hombres para reducir a Szkolnikoff, durante la lucha se quebraron puertas y vidrieras y la sangre salpicó las paredes. Al final, maniatado, fue arrastrado desde el comedor hasta un cuarto del semisótano y posteriormente sacado por el garaje.

El ruso fue empaquetado en un auto que tomó de inmediato la carretera de Francia. La comitiva la formaban un Peugeot con matrícula diplomática y un Citroën propiedad de la embajada francesa asignado al agregado naval. Las cosas se torcieron y, ya fuera por la violencia ejercida o porque a los captores se les fuera la mano con la droga inyectada para manejarle mejor, el traficante llegó muerto a la altura de El Molar (Madrid). Intentaron hacerle el boca a boca, pero fue en vano. Urgía borrar el rastro. Los secuestradores intentaron deshacerse de su cuerpo quemándolo con la gasolina que portaban en bidones para no tener que parar hasta cruzar la frontera. Fue entonces cuando lo halló el vaquero de El Molar.

La aparición del cadáver y la posterior aprehensión del comando motivó un escándalo diplomático. Fue detenida media docena de ciudadanos franceses, integrantes confesos del servicio secreto, algunos de ellos empleados de la embajada y con rango militar. Fueron objeto de un canje en noviembre de 1947 a cambio del canciller del consulado español en Toulouse y espía del Alto Estado Mayor, José Pardo, un turbio sujeto dedicado al tráfico de neumáticos y de perlas procedentes del expolio a los judíos. La propuesta de resolución del caso habría llegado a conocimiento directo de Franco, como demuestran las consultas que le fueron elevadas por el nuevo ministro de Exteriores, Martín Artajo, conservadas en su archivo personal. 

El cadáver carbonizado atribuido a Michel Szkolnikoff fue enterrado en una fosa común del cementerio de El Molar, pero sobre su definitiva desaparición se albergaron dudas durante un tiempo. Una cuenta bancaria a su nombre en una entidad de Buenos Aires permaneció activa y con movimientos hasta 1958. Las ratas, es sabido, están acostumbradas a las penumbras y guardan sus provisiones en túneles oscuros e inaccesibles. 

Decía Michel Foucault en La vida de los hombres infames que los archivos de la represión tienen la virtud de revelarnos las existencias de actores minúsculos de la Historia que, al entrar en colisión con el Estado, su policía y sus jueces, abandonan el anonimato y nos hablan desde los legajos polvorientos de sus procesos. Cierto es que lo hacen por mediación del papel timbrado parsimoniosamente mecanografiado por sus debeladores, pero extrayendo la veta de sus biografías, a veces breves y trágicas, de entre la ganga prevaricadora es como les devolvemos, libres de injuria, la dignidad que les fue expropiada.

En España, centenares de miles de mujeres y hombres contribuyeron a tejer un tupido tejido social en el primer tercio del siglo XX. Un somero vistazo a las cajas que contienen la documentación incautada a la Casa del Pueblo de Madrid, por ejemplo, permite asomarse a un mundo perdido: ahí figuran sindicatos de todo tipo de oficios –muchos aún con pelusa adherida de fermento artesanal (Pasteleros “La Dulce Unión”, la “Fraternidad Cerillera”, Sociedad de Limpiabotas “El Brillo”…)- al lado de “El Baluarte” de los metalúrgicos, la sociedad de albañiles “El Trabajo” o los sindicatos ferroviarios. 

Son actas de plenos, libros de cuentas, actuaciones de coros, folletos de promoción de casas baratas, encuentros de uniones deportivas obreras, programas de cursos de capacitación en electricidad o montaje de aparatos de radio, poemas de temática social. Abundan cartas primorosa o rudimentariamente caligrafiadas solicitando entrevistas, relatando injusticias, exponiendo proyectos pragmáticos o arbitristas, requiriendo apoyos, manifestando adhesiones… Todo, sin orden ni concierto ni otra lógica que la necesidad de los futuros verdugos de escrutar nombres propios que subrayar con lápiz rojo. Todo fue a parar al gigantesco repositorio que conforma la sección Político Social del Archivo de Salamanca, inagotable fuente de información para el despliegue de la represión destinada a pulverizar la base material y humana –y hasta el recuerdo- de aquello. Como dijera uno de los máximos referentes de la reacción española respecto a la primera Constitución, “como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo”. 

Uno puede imaginarse a los agentes de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, con mañas de desvalijamiento, mientras vaciaban estantes y arramblaban con cualquier pedazo de papel, por insignificante que pareciese. Si el Goebbels español, es decir, el responsable de propaganda de la dictadura, Gabriel Arias Salgado, creía a pies juntillas que el diablo se citaba periódicamente con Stalin en un pozo petrolífero de Bakú para transmitirle consignas ¿qué evidencias no habría en aquella masa documental puesta a su alcance por la victoria concedida por el Dios de los ejércitos al Caudillo? 

Para que el triunfo fuese completo, había que hacer desaparecer hasta la atmósfera que envolvió aquellos conciliábulos: el propio edificio de la Casa del Pueblo, en el número 2 de la calle de Piamonte, desde donde su antena coronada con un foco rojo había orientado las movilizaciones de los trabajadores desde 1908, fue demolido en 1951. Sobre su solar se edificó una anodina casa de vecindad de ladrillo visto, en cuyos bajos se instaló un modesto taller de reparación de motos. 

La documentación incautada fue el combustible que alimentó los motores de los procesos instruidos por los tribunales militares encargados de la gran limpieza mediante la aplicación expeditiva del Código de Justicia Militar de 1890. La justicia al revés puso a los defensores del orden legítimo frente a los piquetes de los alzados contra él. La ventaja militar de estos, auxiliada por las potencias del Eje, obró el milagro de la transustanciación: la rebeldía propia se convirtió por gracia divina en rebelión ajena por desobedecer a los bandos de guerra. Como su vigencia no se derogó hasta julio de 1948, lo que sucedió al final de la guerra, el 1 de abril de 1939, no fue la paz sino la explotación del éxito y la continuación de la campaña por otros medios.

La dictadura franquista implicó al Ejército en el pacto de sangre fundacional mediante su esencial participación en la represión a través de los juicios sumarísimos. En un reciente trabajo, Castigar a los rojos (Crítica, 2022) uno de los firmantes, junto con Francisco Espinosa Maestre y Guillermo Portilla, ha puesto de relieve la metodología del punitivismo franquista diseñada por el teniente coronel jurídico militar Felipe Acedo Colunga, posterior equivalente a un general de división en el Servicio Jurídico del Aire. 

El volumen de procesos alcanzó cifras impresionantes: los expedientes judiciales de las Auditorías de Guerra y Tribunales Militares acumulados por el Tribunal Militar Territorial Primero, que abarcaba las provincias de Alicante, Castellón, Valencia, Cuenca, Albacete, Toledo, Badajoz, Cáceres, Segovia, Ávila, Ciudad Real y Madrid, ascendieron a 433.055 entre 1936 y 1970.  Para el periodo comprendido entre 1936 –declaración del bando de guerra- y 1963 –creación del Tribunal de Orden Público (TOP)-, el número es 211.463. Para hacerse una idea de lo que ello suponía, hay que señalar que la población total española en esos años se situaba entre los 26 y los 28 millones de habitantes. 

Casi medio millón de identidades, con sus respectivas historias, aguardan ver la luz. Sus trayectorias vitales, cercenadas de golpe, constituyen las brasas que, atesoradas en la memoria de las generaciones silenciadas, permitieron reavivar el vínculo entre lo que fue y lo que hoy es.

Al contrario de lo que ocurre con una derecha adanista que no puede blasonar de haber participado, como parte de sus homólogos europeos, en el consenso antifascista vencedor de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones de la izquierda sí tienen la oportunidad de apelar a sus etcéteras, como los llamaba un veterano resistente comunista, Silvano Morcillo: «Si alguna vez se escribe la historia del partido se dirá “gracias a Mengano, Fulano, Zutano y a etcétera, etcétera, etcétera”. Pues en esos etcéteras estaremos nosotros». 

En países de larga tradición democrática, pongamos Francia, se desarrollan desde hace décadas proyectos como el Diccionario Biográfico del Movimiento Obrero y el Movimiento Social, conocido como Le Maitron, un amplísimo catálogo prosopográfico que se remonta a la revolución de 1848 y alcanza hasta nuestros días. 

Con medios más modestos, la Fundación Francisco Largo Caballero ha acometido la elaboración de un censo con los nombres de todos los represaliados de la Unión General de Trabajadores para proceder a su volcado en la red. El número de fichas redactadas al 18 de julio de 2022 -es decir, en estos días- alcanza ochenta y seis años después del inicio de la guerra y la dictadura-  las 33.307 (un 15,7% del total). Herramientas como su buscador son de gran utilidad para los investigadores, los estudiosos de la represión a escala local e incluso para el profesorado de enseñanza secundaria y los estudiantes que quieran emprender, en base a los preceptos de la LOMLOE, experiencias de aprendizaje basadas en proyectos. No son de extrañar los alaridos de algunos en contra de ella.

El rescate de la memoria de aquellos que lucharon por un mundo mejor, entresacada de entre los estratos de tinta plomiza de unos procesos que, con la ley de memoria democrática, pasarán a ser simple y llanamente ilegales, es un imperativo cívico. Han de dejar de ser víctimas del pasado para convertirse en referentes del futuro. Tenemos una deuda que solo los demócratas podemos saldar. Como escribió Bertolt Brecht en su Oda a la clandestinidad  “la fama pregunta en vano/ por aquellos que realizaron las hazañas./ ¡Aparezcan/ por un momento,/ desconocidos de rostros cubiertos, y reciban/ nuestra gratitud!”.

La Excma. Sra. Doña Isabel Díaz Ayuso ha dado a conocer que se había enterado de una información publicada por el diario ABC según la cual se hace imprescindible revisar los manuales escolares, en especial los de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para evitar su ideologización. Una ideologización que, aunque no lo afirma tajantemente, provendría de las directrices emanadas de la ministra de Educación de un Gobierno “social-comunista”, como no se cansan de proclamar voceros del PP y de Vox. 

Nada extraño, habida cuenta de que el trumpismo madrileño –con o sin permiso del flamante nuevo líder nacional del partido- ha comprado íntegro el paquete ideológico reaccionario. No hay más que ver los “treinta conceptos adoctrinadores impuestos por Sánchez que los alumnos de Madrid no estudiarán” –en enfático titular de uno de los boletines parroquiales habituales- para identificar a los nuevos demonios familiares de la Lingua Ayusii Imperii (en adelante, LAI): el feminismo, la agenda globalista, la alerta climática y la memoria histórica. Es decir, la versión actualizada del triángulo maléfico integrado por masonería, comunismo y separatismo, pero convenientemente remozado con botox, muy al gusto de su selecta clientela electoral.

El consejero del ramo se permitió incluso la humorada de decir que los conceptos contenidos en el currículum del Ministerio (multiculturalidad, emergencia climática, actitudes éticas ante el siglo XXI, roles de género, mejora de la humanidad y el planeta, ciudadanía global, objetivos de desarrollo sostenible, compromiso con la sostenibilidad, las relaciones de género, el estudio diacrónico del papel de la mujer…) le parecían incomprensibles, como elaborados por una “inteligencia artificial”, a riesgo de dejar muy malparada la suya propia natural.

Quienes ya tenemos algunos años recordamos la cruzada emprendida en el mismo sentido por una de sus predecesoras, la Excma. Sra. Doña Esperanza Aguirre que, como ministra de Educación, impulsó una extensión imposible del programa de 2º de Bachillerato en el que la contemporaneidad más próxima quedaba asfixiada en pos de la búsqueda de los primeros vestigios de la Hispanidad en la Sima de los Huesos; bajo su presidencia, la Comunidad de Madrid llegó a organizar seminarios dirigidos por un conocido publicista de extrema derecha con cuyo nombre no queremos manchar el papel en que escribimos. Es decir, al igual que la cabra tira al monte parece dibujarse una cierta tendencia a que las presidencias de la Comunidad de Madrid muestren similar querencia. 

En el caso de la enseñanza y escritura de la Historia de España, que es el campo en el que nos movemos, cabría hacer de la supuesta necesidad de revisión de los manuales una virtud esencial: adecuarlos a lo que los investigadores de nuestro pasado hemos ido poniendo al descubierto. O, como mínimo, respetar los consensos académicos en lugar de vindicar en su lugar los rancios contenidos de la Enciclopedia Álvarez. 

Entre los treinta conceptos malditos de la LAI, figuran con mención especial los referentes al periodo republicano: en Madrid estará vetado hablar en las aulas del “proceso reformista y democratizador de la Segunda República”, de las “grandes reformas estructurales de la Segunda República”, y de “la Segunda República y la transformación democrática de España”. Como si el furor iconoclasta del conservadurismo madrileño pudiera abolir los acuerdos de una historiografía que va desde los nada bolcheviques Lord Thomas o Sir Raymond Carr a los jóvenes investigadores españoles que hoy en día, en condiciones mucho más precarias y menos celebradas que las de un futbolista, tragan el polvo de los archivos para distinguir ente la mena y la ganga de las patrañas que aún lastran las interpretaciones de la Historia de nuestro país. La pretensión de que la mistificación ideológica pueda enarbolarse como discurso crítico contra la hegemonía de un supuesto “consenso progre” tiene de alternativo lo que la acción de los dinamiteros de los monumentos de Palmira.

La pretensión de universalizar la LAI atenta, por lo demás, contra varios derechos fundamentales consagrados en esa Constitución –y en sus desarrollos orgánicos- de la que el partido cuya matriz originaria se escindió en el trámite de aprobación ha pretendido erigirse casi en supremo y exclusivo guardián: la libertad de cátedra, la libertad de imprenta y la autonomía de los claustros. Amenazar con la inspección educativa a modo de policía del pensamiento y presionar al sector editorial es muy revelador de un cierto talante. Tan grave como resulta grotesca la petición de amparo a una Europa donde la memoria de la resistencia es parte troncal de la educación cívica. 

Hace unos años alguien escribió: “El olvido del totalitarismo, del fascismo, de la opresión de toda libertad humana es muy peligroso. Pues el mar del olvido no borra solamente los pasos de los amantes desunidos sobre la arena: puede también borrar los pasos de la libertad y de la democracia en las arenas de nuestra historia. Es por ello por lo que los pasos de la libertad deben ser rehechos por cada generación”. Ese alguien fue Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea, miembro del Partido Popular Social Cristiano adherido al Partido Popular Europeo. Son palabras de su prólogo a un libro en homenaje a los brigadistas internacionales luxemburgueses. Allí sí tienen claro cuál era el lado bueno de la Historia. 

¿Cuántos son los manuales en los que, presuntamente, se adoctrina a nuestros hijos, niñas y niños, desde su más tierna infancia hasta que llegan a la Universidad en los que se refleje algunos de los descubrimientos de los que los dos firmantes nos hemos hecho eco o hemos contribuido a poner en circulación en la literatura histórica?

Sin expresar preferencia alguna he aquí unos cuantos datos investigados y contrastados con documentación de la época, perfectamente definida:

Así, pues, si el origen de la sublevación no es como se ha narrado tradicionalmente nos parece que hechos perfectamente documentados deberían incorporarse a las enseñanzas de los libros de texto del futuro. No sin advertir que llama la atención que haya sido el mismo periódico ABC, en manos de los conspiradores monárquicos en la primavera de 1936, que haya proclamado que las niñas y niños, las jóvenes y los jóvenes madrileños se hayan visto expuestos a una supuesta “desinformación” que, sin embargo, sigue sin tener en cuenta tales hechos – y otros- bien comprobados.

Invitamos, desde luego, a la Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid a que, dados sus sin duda excelentes conocimientos sobre una cierta versión de la historia española, exponga públicamente no ya su repulsa a nuestras afirmaciones sino que también lo demuestre de la misma manera.

En el ínterin, los autores de estas líneas estamos dispuestos a discutir, igualmente en público, con los eminentes funcionarios que la Señora Presidenta tenga a bien señalar. 

A comienzos de 1947, la dictadura franquista comenzaba a respirar, convencida de que los vencedores de la guerra contra el Eje no iban a hacer nada efectivo para derrocarla. Por su parte, la situación de las organizaciones que, como el Partido Comunista de España (PCE), no se resignaban a acomodarse a un exilio indefinido, era desoladora. Los activistas enviados desde Francia para montar una Delegación del Comité Central en el interior, muchos de ellos antiguos cuadros durante la guerra civil o con experiencia en la resistencia, caían como moscas en las trampas de la Policía al poco tiempo de llegar. Así fueron detenidos y fusilados Isidoro Diéguez, Agustín Zoroa o Ramón Vía. Algunos, ferozmente torturados, prefirieron el suicidio, como Eduardo Sánchez Biedma, que se arrojó bajo un convoy del metro en la estación de Antón Martín antes que delatar a sus camaradas.

Tras la caída de Zoroa, la Comisión de Interior encabezada en Francia por Santiago Carrillo constituyó una nueva troika de dirección integrada por Santiago García ('Santi'), Antonio Guardiola y José Tomás Planas ('el Peque'), secretario del Comité Nacional de la JSU. A ellos acabaría uniéndose Luis González Sánchez ('el Rubio'). Hay que fijarse en estos dos porque su trayectoria iba a ser decisiva en los próximos meses. José Tomás Planas ingresó en el partido en septiembre de 1938. Natural de Altorricón (Huesca), procedía de una familia campesina muy modesta y había comenzado a militar en los pioneros en 1932, con once años. Con dieciséis, se alistó como voluntario en el estado mayor de la XIII Brigada Internacional. Salió del país en febrero del 39 y fue internado en el campo de Argelès. Luis González Sánchez, madrileño, empezó a militar en la FUE en agosto de 1936, en la JSU en octubre y en el PCE desde 1938. Pasó la frontera y transitó por los campos de Saint Cyprien, Barcarés y Argelès y por las compañías de trabajo.

En septiembre de 1944, José Tomás Planas asumió la secretaría general de la Juventud Combatiente y en 1946 fue seleccionado para pasar al país. Ignacio Gallego dijo de él: “Este camarada siente un gran cariño hacia la juventud y hacia el partido. Siempre ha manifestado un gran deseo de trabajar en España y reúne buenas condiciones para el trabajo clandestino por su firmeza y por su carácter prudente”.

Desde finales de 1946 y hasta abril de 1947, Santiago Carrillo tuvo una fluida correspondencia con 'Santi' y 'el Peque'. En su primera misiva, ambos informaron de la complicada situación organizativa: los recursos eran muy escasos; los detenidos, numerosos; y las relaciones con otros grupos, inexistentes. De inmediato, 'el Peque' y 'el Rubio' se pusieron a organizar una denominada Brigada Eugenio Mesón, en homenaje al responsable de la JSU madrileña preso tras el golpe de Casado y fusilado en 1941. Algunos de los militantes en el interior lo juzgaron una provocación. La acción más destacada de la Brigada Mesón fue la colocación de un petardo en la embajada argentina, lo que acarreó la detención de Juana Doña, compañera de Eugenio, y su condena a muerte luego permutada por treinta años de prisión.

'El Peque' y 'Santi' comunicaron a Francia que se estaba regularizando la aparición de Mundo Obrero. Carrillo respondió en abril, animándoles: “Estamos muy satisfechos de vuestro comportamiento, haciendo frente a la difícil situación”. Le exhortó a traer consigo “ejemplos de todos los materiales editados que poseáis”. 'El Peque' asumió la responsabilidad del aparato de propaganda, las cárceles y la juventud mientras otros dos camaradas recién llegados llevarían el aparato militar, guerrilleros, la estafeta con el buró político, los aparatos de Madrid y provincia y los intelectuales. Eran Manuel Benítez Rufo, antiguo integrante del comité de la JSU en el Pirineo francés, y José Satué, del Sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos de la UGT procomunista.

Satué buscó una imprenta, que consiguió por 5.000 pesetas, y un especialista en manejarla y mejorar la distribución de Mundo Obrero. Los resultados fueron aparentemente muy satisfactorios: el periódico salió puntualmente el 14 de abril y se preparó un número extraordinario para el 1º de Mayo. Lo que no sabían en el partido era que la imprenta ya había sido suya: se trataba de una Minerva Boston incautada por la policía tras la caída de Zoroa. Un tal Eliseo Asensio trabó contacto con un tipógrafo de confianza, un joven, hijo de viuda y de intachable proceder. Era este, según quien le conoció, un tipo dicharachero y “menudo, bajito, con lentes de los llamados Truman, unas entradas muy grandes en la frente donde se le pronuncia mucho un pico que hacen, al unirse, las dos entradas del pelo formando un mechón rizoso”. Este sujeto, que bromeaba consigo mismo autodefiniéndose como de “treinta kilos”, resultó ser Roberto Conesa. Sobre Asensio recayó el estigma de delator. El propio Conesa reconoció que no fue tal, aunque tampoco se interesó en desmentirlo. Como le dijo a una detenida tiempo después, le importaba poco: Asensio era “un hombre anulado y además sembrar la desconfianza entre vosotros también es un buen trabajo”.

Conesa se comprometió a tirar Mundo Obrero y confeccionó un par de números espectaculares, alguna de cuyas muestras se encuentran hoy en el archivo del PCE. Eso sí, procuró retrasar todo lo posible la entrega. Hacía mal las cosas adrede, dijo después, “porque comprenderás que no iba yo a hacer un trabajo para luego frenar lo mismo que había hecho yo”. Mientras tanto, Satué era seguido por un nutrido aparato de Policía que se encargaba de detener a todos aquellos con quienes se citaba. En cierto modo, Conesa se divertía con su trabajo: “Me acuerdo que con Satué, paseando y paseando un día me decía: 'Chico, me pasa una cosa más rara. He ido a ver a un amigo y me ha fallado, voy a ver a otro y también, ¿cómo te explicas tú eso?'”.

Al final, conseguidos la mayor parte de sus objetivos, Conesa se cansó de jugar con el ratón. Prometió a Satué conseguirle unos grandes tacos de madera para amortiguar el ruido que hacía la Minerva en funcionamiento y se citó con él al final de la Gran Vía para entregárselos. Al contar lo que ocurrió después, no se sustrajo a cierto recochineo: “Con esos cachos de tarugo era imposible que le confundieran mis compañeros, así que al pasar por la Plaza de España le detuvieron”. Su mujer corrió la misma suerte. Cuando condenaron a Satué a treinta años, a pesar de la campaña de solidaridad internacional desplegada por las Trade Unions británicas, el misógino Conesa lanzó sus dardos a Lucía Barón: “Esa sí que es mala. Estoy seguro de que sigue allí –se fue a vivir a Salamanca tras ser puesta en libertad–, siempre liada y que si un día dijera que la registraran la pillarían con cosas, pero, para qué, no puede hacer nada, pues que se consuele con su amor”.

En su misión de destrozar al PCE desde dentro, Conesa no actuó solo. Cuando tuvo controlado todo el operativo, activó a sus hombres en la cúpula de la organización. Ninguno de los militantes honestos se había percatado de que la infiltración en la estructura del partido alcanzaba a sus niveles más altos de la troika de dirección a nivel nacional. Dos trabajaban para Conesa: 'el Peque' y 'el Rubio'. En 1977, el ya entonces supercomisario Conesa señaló a la revista Cambio 16 que aquellos a quienes denominaba hermanos –militantes de izquierda dispuestos a colaborar con la Policía– se les adjudicaba un nombre de guerra acorde a cosas como su lugar de procedencia o sus rasgos físicos.

La policía hizo el paripé de detener a 'el Rubio'. Dos agentes le 'sorprendieron' el día 21 de abril en la plaza de Ópera, portando un par de ejemplares de Mundo Obrero. Conducido a la DGS, declaró que los había encontrado tirados en la puerta de un cine y que se disponía a entregarlos a la Policía. Se le abrió procedimiento “por actividades contrarias al régimen actual por el juzgado del coronel Enrique Eymar”. Sin embargo, contra lo que era habitual en la inmensa mayoría de los casos, el tigre se comportó como un gatito. El 17 de mayo elevó propuesta de libertad provisional “con urgencia” para González Sánchez. Doce días después, 'el Rubio' salió a la calle para hacer todo el daño posible. Obtuvo a cambio el sobreseimiento de su causa, un certificado de penales inmaculado y un aval de inmejorable conducta por parte de la Guardia Civil. Lo precisó para convertirse en miembro de la Policía y cazador de sus antiguos camaradas.

'El Rubio' entregó a todos sus colaboradores. Fueron detenidos veintitrés jóvenes de Alcalá de Henares, acusados de la voladura del polvorín de la ciudad. La explosión causó veintiséis víctimas y, aunque la comisión técnica del Ministerio de la Guerra dictaminó que la explosión “no estaba determinada por ningún sabotaje”, el fiscal pidió la muerte para doce de ellos. La confesión fue extraída bajo torturas y simulacros de ejecución. Al final, a cuatro se les conmutó la pena y los ocho restantes fueron fusilados en Ocaña en 1948.

La organización de la JSU se deshizo como un azucarillo. El 21 de abril cayó Manuel Benítez Rufo. Al día siguiente le tocó el turno a María Luisa Antón ('Tania'), responsable de distribución de Juventud. Luis González preparó una entrevista con 'el Peque' en la DGS. El 1 de mayo se vio entrar a José Tomás Planas en Gobernación. Probablemente, se le hizo una oferta que no pudo rechazar. Desde ese momento, los golpes policiacos se redoblaron. El 9 de junio cayeron otros dos camaradas entregados por José Tomás en el curso de una cita, entre ellos, Cecilio Mesa, el nuevo número dos de la organización del partido. El 15 de septiembre se detuvo al responsable nacional de la JSU, al secretario de organización del Comité Regional, al secretario general del provincial de Madrid y a toda la dirección de la Unión de Intelectuales Libres. Quedaron al descubierto las estafetas de Andalucía y de Francia, lo que reveló a la Policía los pasos empleados por el partido con fatales consecuencias. En el mes de octubre, llegaron a Madrid el fotógrafo Luis de las Heras y el veterano guía Julio Álvarez Claro ('Pradal'), inmediatamente detenidos al ser localizados el mismo día de su llegada por 'el Peque'.

El expediente contra Tomás Planas resultó ser otra farsa. Eymar propuso su puesta en libertad y la causa fue sobreseída el 7 de agosto de 1948. El que había sido hombre de confianza de Carrillo se erigió en una especie de Pimpinela Escarlata del que desde entonces se sospechó que estaba detrás de todas las caídas del partido. Según Sixto Agudo, que vino al país para ajusticiarle, fue sacado de España por la Policía y enviado a América a comienzos de los años 50. Sus huellas se borraron, aparentemente, sin dejar rastro. Puede que no fuera así.

Las consecuencias de su infiltración al más alto nivel fueron demoledoras. Entre octubre de 1946 y enero de 1947 hubo más de dos mil detenidos. Se dictaron cuarenta y seis penas de muerte y la suma total de condenas a prisión ascendió a 1.744 años. La organización fue deshecha y solo quedaron grupos aislados y dirigidos por inexpertos. Conesa labró un epitafio: “Os tenéis que convencer que un Estado no se tira solo con trabajo clandestino porque es un círculo reducido y un poco antes o algo después todos venís a parar aquí”.

A él, a Tomás Planas 'el Peque' y a Luis González Sánchez 'el Rubio' se debe, junto a la negligencia de quien envió a estos últimos a trabajar al país, que a finales de los años 40 la organización del PCE estuviese reducida a las cárceles, replegada en el exilio, aislada en los montes o enterrada en los cementerios. Le costaría una década volver a levantar cabeza para reemprender la lucha contra la dictadura.

Fuentes: Centro Documental de la Memoria Histórica, Archivo Histórico del PCE, Archivo Histórico de la Defensa. TheNational Archives UK. Tratados en Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo, Editorial Crítica (2015).

Han pasado ocho meses desde que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa a lomos de una moción de censura ondeando, entre otras oriflamas programáticas, la exhumación de los restos de Franco. Tiempo suficiente para que las promesas se ajen, las tímidas decisiones choquen contra el recio baluarte judicial y el cadáver del dictador se encuentre, a día de hoy, mucho más seguro de aguardar a las trompetas del Juicio Final en el seno del hipogeo que se hizo erigir, a semejanza de los faraones, por mano de obra forzada. Y con muchas menos probabilidades que los reyes del Nilo de ser perturbado en su sueño eterno, a no ser por la turbamulta del turismo variopinto que ha dado en convertir el Valle de los Caídos en un festivo parque temático del revisionismo franquista.

Que la sombra de la cruz alzada en son de victoria, como una espada clavada en las agujas de España, siga planeando sobre una sociedad que se creyó a sí misma hija de la modernidad en el periodo de entresiglos dice bastante de lo poco que hemos hecho por educar en el conocimiento de nuestra Historia reciente. Que en el horizonte se dibuje el temor cierto a un giro reaccionario perfumado de nuevo por los vapores castizos del cuartel, la procesión, el casino, el coso y el gineceo de pata quebrada no se debe a algo coyuntural, sino a una constelación de errores entre los que se cuenta, sin duda, el no haber tenido el coraje cívico de enseñar decididamente a las nuevas generaciones lo que fue la dictadura.

Porque, no nos engañemos, lector o lectora que se mesa los cabellos después de leer –y en el mundo de la prensa digital, ver y oír- la escalada de ocurrencias de la derecha poliédrica: hemos llegado a esto por algo. ¿Sabe usted que cada año, unos cuatrocientos mil estudiantes españoles terminan 4º de ESO y que en torno a medio millón más, según datos del MEC, lo hacen de forma temprana? ¿Ha pensado que desde el año 2000 ascienden a casi nueve millones los que han efectuado este recorrido por las aulas en que deberían habérseles dado los recursos para tomar decisiones racionales respecto a los problemas que van a afectar a sus vidas sin que, en su gran mayoría, hayan tenido conocimiento de los procesos históricos, sociales y políticos que han contribuido a configurar la sociedad de la que se disponen a formar parte?

La frase “los pueblos que no conocen su Historia están obligados a repetirla”, tan exitosa durante la Transición, fue un excelente hallazgo comercial para la venta de fascículos, pero poco más. En la práctica, sobre los hechos de nuestra Historia más próxima existe a día de hoy una significativa mistificación, cuando no un simple y llano desconocimiento. La ingente investigación académica emprendida durante los últimos treinta o cuarenta años no ha calado hasta los niveles básicos del sistema educativo, que es donde se forman las representaciones con que la mayor parte de los ciudadanos se aproxima al conocimiento de su pasado reciente. La pregonada ejemplaridad del saber histórico no parece rezar para la segunda mitad del siglo XX. La Historia se ha convertido en un menú a la carta en que cada consumidor escoge su combinación favorita y lo que uno sabe o cree saber es una mezcla de lugares comunes, retazos de relatos derivados de la autopercepción familiar, ecos fragmentarios de lo visto y oído en medios de comunicación, retales de lecturas superficiales y soflamas de tertulianos. Ingredientes que, en última instancia, suministran la coraza al relato neorreaccionario en alza.

Las estadísticas nos venían avisando. Hace diez años, con motivo del septuagésimo aniversario del inicio de la Guerra Civil, se realizaron sondeos de opinión cuyos datos deberían haber suscitado inquietud. El 43,1% de los encuestados creía entonces que debían «preservarse monumentos, estatuas o calles dedicadas a recordar el 18 de julio de 1936 o a sus protagonistas» y un 30% creía que la sublevación militar «estuvo justificada». En febrero de 2010, un estudio del CIS concluyó que para un 58 % de los preguntados «el franquismo tuvo cosas buenas y cosas malas» y un 35 % valoró que, con Franco, «había más orden y paz». Un significativo 69 % reconoció que había recibido poca o ninguna información sobre la Guerra Civil en el colegio o el instituto. En 2014, un estudio de campo realizado con universitarios reveló que el 30% no sabía cuántos años estuvo Franco en el poder; el 45% desconocía qué fue el maquis; el 58% desconocía qué fue el Tribunal de Orden Público; el 79,5% no sabía en qué año se produjeron las últimas ejecuciones de pena de muerte en España -casi un 40% desconocía incluso que las hubiera habido-; un 98% y un 95% identificó Cuelgamuros y el Guernica de Picasso entre los hitos monumentales de nuestro pasado reciente pero solo un 66% y un 45% respectivamente acertó a contextualizarlos. Nadie reconoció ni supo explicar, sin embargo, el significado del monumento a los abogados laboralistas de Atocha y menos del 7% lo hizo con el monumento a la Constitución de 1978.

Cabría acogerse a una explicación reconfortante invocando el mantra del deterioro de la calidad de la enseñanza desde la implantación de la LOGSE. Pero, precisamente, el problema no radicaba tanto en las nuevas generaciones como en quienes han tenido la misión de educarles: solo el 27% de los encuestados vieron los contenidos relativos a la II República, la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición durante su educación obligatoria; el 73% tuvo que esperar a 2º de Bachillerato y afrontar su estudio con la premura de la preparación de la selectividad. Solo el 21,5% de sus profesores abordaron los temas con detenimiento y profundidad frente a un 28,4% que lo hizo deprisa y superficialmente con pretextos como rehuir la polémica política o “la proximidad a los hechos” (¡casi 80 años después de la guerra y 40 de la muerte del dictador!). No es de extrañar, pues, que el revisionismo, las fake news y los memes se hayan enseñoreado del terreno graciosamente cedido por la pedagogía cívica y la academia.

Podemos seguir dándole vueltas a la noria por tiempo indefinido. Mientras la dimisión de la escuela persista, la batalla por la resignificación del Valle de los Caídos mediante su conversión es un espacio de memoria compartida está perdida de antemano. Cuelgamuros no es Auschwitz ni ninguno de sus atormentadas sucursales del infierno reconvertidas en espacios educativos para el nunca más. La topografía del horror nazi fue liberada a sangre y fuego por los aliados. Por el contrario, el Valle de los Caídos es la metáfora en granito del Guadarrama de una victoria aplastante defendida por sus epígonos en una larga y muy eficaz, hay que reconocerlo, guerra de posiciones. La evacuación de los despojos del dictador tampoco evitará, por otra parte, que las cohortes de sus nostálgicos acudan a asomarse a una fosa vacía. A la postre, el significante que la ocupa permanecerá gravitando indefinidamente sobre la sociedad española si no se acomete una estrategia más decidida para secar sus fuentes de energía: demoler sus imágenes, arrancar sus raíces, aflorar sus miserias, reparar a sus víctimas y sopesar el atraso secular al que nos condenó enseñando a fondo, por extenso y con detenimiento en las aulas lo que fue la dictadura. De poco valdrá sacar al Excelentísimo cadáver del valle si su sombra sigue sin ser exorcizada en las escuelas.

La financiación del Partido Comunista de España (PCE) por parte de la Unión Soviética mediante el mítico “oro de Moscú” fue uno de los lugares comunes de la propaganda franquista. Que los partidos comunistas recibieron ayuda económica del campo socialista es un auténtico secreto de Polichinela. Lo que es menos conocido es que hubo un momento en que el establecimiento de relaciones comerciales entre el régimen y el “Telón de Acero” proporcionó al PCE la posibilidad de obtener recursos a través de actividades de importación y exportación y que en su desempeño se establecieron contactos subterráneos con funcionarios franquistas. Si los comunistas españoles estaban dispuestos, en frase de Lenin, a proporcionar a sus enemigos la cuerda con la que ahorcarse, los tecnócratas demostraron haber asimilado perfectamente que business is business, incluso aun cuando eso supusiera mercadear con el diablo.

En los años 50, los costes del aparato clandestino del PCE se elevaban a 28.670.210 de francos anuales, de los que menos del 10% se sufragaba con cuotas y donaciones. Hasta la muerte de Stalin (1953) la URSS proveyó una ayuda anual de 33.800.000 francos. Con el progresivo establecimiento de relaciones comerciales entre España y los países socialistas, el sistema de asignación directa dejó paso a otro en el que los sindicatos celebraban colectas solidarias con los trabajadores españoles y los ministerios de Comercio se encargaban de proporcionar lotes de mercancías para la exportación por un valor equivalente a lo recaudado. Aquí entraba en juego una empresa tapadera fundada por un abogado canario, militante del PCE, José González Estarriol (JGE S.A.), que operaba desde Venezuela e intermediaba entre firmas españolas y empresas estatales socialistas a cambio de unas comisiones del 2 por ciento. En una sola operación, la efectuada entre Fundiciones Lombide de Bilbao y la checa Metalinex., JGE obtuvo 2.000 dólares (120.000 pesetas de entonces, casi 18.000 € en la actualidad). Los beneficios obtenidos eran ingresados en el Banque Commerciale de l´Europe du Nord con sede en París para ser inyectados en el aparato del PCE.

La documentación proporcionada por la OCDE y el FMI señala un proceso general e ininterrumpido de aproximación comercial entre los países del Este y España que comenzó con el suministro de mercurio y wolframio a la URSS a través de Suecia. A comienzos de los 60, JGE sondeó a los distintos departamentos del área del Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECOM) con vistas a la realización de negocios. Polonia abría prometedoras expectativas a las exportaciones españolas de agrios. Bulgaria ofrecía minerales estratégicos, acero y carbón. A la empresa checa Chemapol se le ofertó corcho, naranjas y piritas a cambio de plástico. Con Rumanía se había firmado en 1958 un acuerdo comercial para la importación de carne, maíz, huevos, derivados del petróleo, tractores y material ferroviario a cambio de corcho y agrios. En Hungría, JGE obtuvo el suministro de 5.000 toneladas de manganeso a cargo del consorcio de Altos Hornos de Vizcaya y de Sagunto. En la República Democrática Alemana, la óptica Zeiss otorgó a JGE la representación exclusiva de sus productos.  

Para organizar el flujo comercial entre países cuyas divisas no eran mutuamente convertibles se arbitró el sistema de “cuentas por compensación”, una autorización para adquirir mercancías extranjeras con la condición de que la empresa española se comprometiese a exportar productos por el mismo valor. En este contexto adquirieron protagonismo los intermediarios que poseían información privilegiada y contactos en los organismos que tenían que resolver licitaciones. JGE, en representación del PCE, jugó sus cartas. Entre octubre y diciembre de 1962, Estarriol visitó Polonia y Bulgaria intermediando para una firma española, Espaco S.A. En Polonia, el interlocutor era el director general de Polimex, un exbrigadista. El gobierno español quería reparar la red de carreteras y precisaba importar maquinaria de obras públicas por valor de 60.000 millones de pesetas. Espaco S.A. llegó a un acuerdo con JGE para otorgarle la exclusividad en el trato con los países socialistas y repartirse los beneficios. El director de Polimex prometió facilidades de compra, precios y plazos de entrega a Espaco S.A, “con lo cual también nos beneficia a nosotros”, según confesó el responsable del PCE. 

Bulgaria deseaba adquirir tres petroleros y seis barcos carboneros. Era un negocio de varios millones de dólares con un beneficio considerable para los intermediarios. De nuevo, la empresa española interesada fue Espaco S.A. Uno de sus directivos, Antonio González-Adalid Rodríguez, había entablado contacto con JGE  por mediación de amigos comunes –“uno de ellos, camarada”, informó Estarriol-. González-Adalid era consejero de Astilleros Elcano, del INI, miembro del Opus Dei y condiscípulo del ministro Ullastres. Nacido en Cádiz, era ingeniero naval y profesor de Geografía y Catastro. Compartía un apellido muy relacionado con el mar, en sus ramas civil y militar: otro González-Adalid Rodríguez, Isidoro, alférez de navío, había sido uno de los oficiales de la Armada española embarcados secretamente en la flota alemana – la Kriegsmarine- durante la campaña del Báltico en 1943. Ello no obstaculizó, sino todo lo contrario, su posterior carrera. Durante el tardofraquismo, alcanzó el grado de Vicealmirante, fue Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del Mediterráneo y estuvo al mando del arsenal de Ferrol y de la dirección de la Escuela de Guerra Naval.

Antonio González-Adalid Rodríguez, por su parte, era Ingeniero jefe en los astilleros de Sevilla, consejero de Astilleros de Cádiz y ostentaba la Gran Orden del Mérito Civil. En definitiva, un prohombre del régimen, encabezando un looby empresarial de un sector estratégico, estaba buscando el contacto con los comunistas para concurrir con ventaja en un concurso millonario al otro lado del Telón de Acero aceptando que las pingües comisiones obtenidas por su intermediación (según cálculos de Estarriol, unos 200.000 dólares) fueran a alimentar la maquinaria de la organización que más tenazmente trabajaba por el derrocamiento del franquismo. La operación era de tal envergadura que González Estarriol debió examinarla con la dirección del partido.

Por parte de Bulgaria, el director general de Technoexport, otro exbrigadista, se comprometió a favorecer a sus camaradas españoles. A medida que iba recibiendo ofertas de otros países, las filtraba a JGE. Los búlgaros sabían “de qué se trata y quieren hacer patente su solidaridad y ayuda”.  El ministro de Comercio Exterior y un jefe del departamento ministerial manifestaron que “están completamente de acuerdo con darnos toda su ayuda por lo que esta operación representa como ayuda a nuestro partido. Incluso aunque las condiciones españolas fueran ligeramente desventajosas para ellos con relación a las de otros países”. 

Sin embargo, las expectativas se desinflaron poco después. El bien dispuesto camarada director general cesó. Los búlgaros indicaron a Madrid ciertas modificaciones insinuando que, si los precios no se rebajaban, la operación se la llevarían Grecia y Japón. Estarriol concluía sombríamente: “No es muy fácil que los astilleros españoles puedan llegar a un acuerdo en tan corto tiempo”. Es probable que en el jugoso negocio se interpusiera el escándalo internacional provocado por la detención, tortura, proceso y fusilamiento de Julián Grimau. La naturaleza vengativa del Régimen de los XXV Años de Paz se impuso a la venalidad y el pragmatismo de sus jóvenes linces. Al Generalísimo le seguía excitando más el acre olor de la pólvora que el dulce aroma de las divisas.

Desconocemos el final de las operaciones pero cabe pensar, indiciariamente, que los contactos se retomaron en algún momento posterior, con las aguas ya calmadas. El 28 de septiembre de 1963, Estarriol escribió una carta al responsable económico del PCE, Tomás García: “Otra noticia que quizás no conozcas es que tu amigo Antonio González-Adalid ha sido nombrado Director General de Industrias Navales en el Ministerio de Industria [encabezado por López Bravo]”. ¿Recompensa o toma de posiciones con vistas a un mercado de futuros? El 24 de enero de 1967 se firmó, al fin, un protocolo entre el Instituto Español de Moneda Extranjera y la Banca Búlgara de Comercio Exterior por 1.140 millones de pesetas (19 millones de dólares de la época). Mientras tanto, el número de buques y el tonelaje exportado por los astilleros españoles se dobló entre 1962 y 1966.

Antonio González-Adalid fue colocándose en el grupo de jóvenes valores que estaban destinados a liderar la metamorfosis del franquismo. En julio de 1966, el mismo BOE que publicó su nombramiento como Director General de Industrias Siderometalúrgicas recogía el de Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas para un tal Rodolfo Martin Villa. Su prometedora carrera, sin embargo, se truncó un 6 de julio de 1968, a los 43 años de edad, a causa de una trombosis cerebral. Dejaba viuda y cuatro hijos, el mayor de ellos futuro ejecutivo y consejero de Enagas, Abantia, Tubacex, Banco Popular y otras firmas del Ibex35 bajo el turnismo en democracia de conservadores y socialistas. Demostración empírica de que, contradiciendo al proverbio, para comer con el diablo no hay por qué emplear siempre una cuchara larga.                  

Decía el historiador francés Marc Bloch que una revolución es enormemente útil para el investigador porque es cuando “se fuerzan las puertas de las cajas fuertes y obligando a huir a los ministros no les dejan tiempo de quemar sus notas secretas”. Un historiador del presente encuentra problemas para conocer lo que albergan los archivos de la administración en un tiempo inferior al medio siglo. Como ironizaba el propio Bloch, mejor le vendría al estudioso un buen cataclismo. Añádanse los estragos del tiempo, la erosión, la migración, la incautación, el expurgo, el fraccionamiento o la destrucción de los fondos sin olvidar las trabas que los responsables políticos siguen interponiendo a su consulta. Asumiendo todo esto, el hallazgo de una evidencia primaria relevante constituye un auténtico descubrimiento debido a la rara confluencia de la indagación y el azar.

Durante el proceso de documentación de La frontera salvaje. Un frente sombrío del combate contra Franco (2018) buscaba la confirmación de unos supuestos contactos comerciales entre España y la Unión Soviética a través de Suecia a comienzos de la década de los 50, cuando aún faltaban más de veinte años para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre “el primer vencedor del comunismo en el campo de batalla” y “la patria del proletariado”. Ambos regímenes precisaban cosas que solo el contrario podía suministrar: mercurio y agrios españoles a cambio de trigo ucraniano y arrabio ruso. Si en 1948 el premier francés, Bidault, justificó la importación de naranjas españolas argumentando que “no había naranjas fascistas”, no sorprende que los intermediarios entre Madrid y Moscú pensasen que minerales y alimentos quedaban al margen de la confrontación ideológica.

En el Banco de España están los fondos del Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), encargado de fijar el tipo de cambio de la peseta respecto a otras divisas en el marco de los acuerdos por compensación (tanto te vendo, tanto te compro) que regían por entonces el comercio internacional. Entre los Directores generales figuraba José Bastos Ansart, que desempeñó el cargo entre septiembre de 1958 y diciembre de 1960, un breve periodo que sería testigo de la adopción del Plan de Estabilización que marcaría un punto de torsión en la política económica del franquismo. Procedía de una familia de raigambre militar: su hermano Francisco, teniente coronel de Ingenieros, exdiputado de la Lliga y gerente de empresas catalanas vinculadas al sector energético, fue nombrado por la Junta de Burgos Vocal Permanente de la Comisión Militar de Incorporación y Movilización Industrial para la reactivación de las zonas mineras de Vizcaya y Santander. Manuel, médico militar y reputado traumatólogo permaneció, sin embargo, en el Madrid republicano y fue depurado. José se alineó con la orientación familiar mayoritariamente conservadora. Militante de la Derecha Liberal Republicana, fue gobernador civil de Sevilla entre el 6 de julio y el 29 de agosto de 1931. Bajo su mandato tuvieron lugar los hechos del 23 de julio cuando, con motivo de una huelga general, las fuerzas del orden aplicaron la ley de fugas a cuatro detenidos en el Parque de María Luisa.

José Bastos Ansart llegó a coronel auditor de guerra en el ejército franquista y por sus manos pasó la pagaduría de la División Azul (DA). Los haberes de esta unidad fueron asumidos por la Subsecretaría del Ministerio del Ejército, cuyo titular daba traslado mensualmente a su homólogo de Industria y Comercio y este, a su vez, al IEME de las cantidades que debían ser satisfechas. Los documentos justificativos fueron dando tumbos con José Bastos durante su carrera administrativa y quedaron traspapelados entre los legajos de la Secretaría particular de la Dirección General del IEME. ¿Por qué los llevó consigo, pegados a su portafolio como una excrecencia? ¿Quizás porque eran la prueba que confirmaba la suspicacia de los aliados respecto al apoyo franquista al Eje, a pesar de las protestas de neutralidad del régimen? Porque si el 3 de octubre de 1943 se anunció la retirada de la DA, los estadillos de pagaduría de esta unidad y de su continuadora, la Legión Española de Voluntarios (LEV) revelan que se estuvieron abonando haberes y pagando sus gastos al menos hasta julio de 1946. La LEV estuvo formada por unos 2.000 combatientes que eligieron quedarse en el frente oriental y se integraron en divisiones de las Waffen-SS. Los últimos no arrojaron el casco de acero hasta Berlín. Los gastos de representación general y de administración se liquidaron en junio de 1944. Desde marzo de ese año quedó consignado en los recibos que los haberes que se estaban abonando correspondían a la LEV. Es decir, se estaba infringiendo la pretendida neutralidad.

El coste interno fue abrumador. Los presupuestos generales del Estado ascendieron a doce mil millones de pesetas entre 1943 y 1946. Los casi 625 millones destinados a la División y Legión Azul supusieron un 1% anual en un país donde se pasaba hambre. Mientras el Subsecretario de Trabajo blasonaba de haber destinado 60 millones en subsidios a las víctimas de siniestralidad laboral en 1944, la pagaduría del Ministerio del Ejército abonó a los alemanes adscritos a la DA 154 millones de pesetas en 1943 y otros cuatro millones en concepto de pensiones entre 1944 y 1945. De hecho, el gasto del personal alemán duplicó al de los voluntarios españoles durante todo el periodo en que la División permaneció en el frente. Cabe afirmar, pues, que estos gravámenes de sangre y carencias fueron algunas de las modalidades de pago escogidas por Franco para saldar parte de su deuda de guerra con los nazis.

Rememorando a Bloch, el cataclismo que ha permitido encontrar en un lugar insospechado los documentos de Bastos Ansart pudo tener que ver con el relevo de los purasangre de la autarquía por la nueva generación de tecnócratas del desarrollismo. Le sucedió una joven promesa del Opus Dei, Gregorio López Bravo, cuyo cursus honorum se vería esmaltado muy pronto con las carteras de Industria y Exteriores. ¿Acaso no pudo Bastos Ansart, desde su nuevo despacho de Director general adjunto del Banco de Bilbao recuperar aquellos documentos comprometedores? ¿Los guardó López Bravo antes de que se efectuara la limpieza del escritorio del saliente? Y si fue así, ¿con qué fin? ¿Era una bala en la recámara a usar en alguna de las guerras intestinas entre las familias del régimen? ¿Fue el Plan de Estabilización el cataclismo que determinó una sustitución de élites dentro del sistema e impidió a los perdedores borrar incómodas huellas?

Concluía Bloch relatando que a un investigador amigo suyo, varado con los restos del cuerpo expedicionario británico en Dunkerque, uno de sus camaradas le manifestó su extrañeza por la estoica actitud inasequible a la aventura que mostraba en medio de aquel escenario dramático. Bloch respondía que nadie como un investigador es más proclive, cuando se encuentra sumido en el laboratorio o el archivo, a la aceptación de una apuesta con el destino. Porque a veces, insólitamente, puede ganarla.