Hace 23 años, en marzo de 2003, una coalición de países, encabezada por Estados Unidos y con la participación de España, entonces gobernada por Aznar, invadió Ira. El pasado día 28 de febrero el tándem Trump/Netanyahu ordenó un bombardeo masivo sobre Irán. El paralelismo entre los dos casos es evidente: en ambos la intervención se basó en mentiras, existencia de armas de destrucción masiva en Iraq, inmediatez de obtención de bombas atómicas en Irán y liberación del pueblo oprimido, algo que nunca ha sido un objetivo de EEUU. Los ejemplos de Afganistán, Iraq, Gaza… y más recientemente Venezuela no dejan lugar a dudas.

Pero en el caso de Irán, el presidente de EEUU, además de mentiras, utiliza, cual matón de western de tercera, el chantaje y la amenaza contra todos los que, como a él le gusta decir, no le besan el culo. Lo ha hecho incluso con su aliado europeo por excelencia, el primer ministro británico Keir Starmer, pero su fijación está en Pedro Sánchez, que ya se plantó con la propuesta de incrementar el gasto militar hasta el 5%. Trump no se molesta, ni siquiera, en guardar las formas y no solo incumple el Derecho Internacional, ignora los Derechos Humanos y pone en peligro la paz internacional, además, declara la guerra a un país sin la aprobación del Congreso estadounidense.

Una vez más, la reacción de las instituciones europeas ha dejado bastante que desear, han hecho referencias generales a la contención y al respeto del Derecho Internacional, pero, cuando concretan, solo detallan las barbaridades cometidas por el régimen iraní, obviando quién ha comenzado la guerra. Afortunadamente no solo es el Gobierno español el que pone limitación a la utilización de las bases; Gran Bretaña, Francia e Italia, entre otros Estados, solo permiten su utilización para misiones defensivas, pues las ofensivas, los miles de misiles y bombas que caen sobre Irán son ilegales.

Pretender justificar los bombardeos a Irán por la represión brutal a la que está sometida su población no se sostiene. En primer lugar, porque ni a Trump ni a Netanyahu les ha importado nunca la democracia de los países ni el bienestar de su ciudadanía -la administración norteamericana, ante la caída del sha, prefirió el gobierno del ayatolá Jomeini a otras opciones laicas-; de ser así, tendrían una ardua tarea, empezando por el régimen de los talibanes -las mujeres afganas están peor que las iranís- y continuando por sus aliados, los gobiernos de los países del Golfo Pérsico.

En segundo lugar, porque nadie puede ir por el mundo “impartiendo” justicia según sus propias normas, y menos en función de sus intereses. En cualquier sociedad mínimamente civilizada el uso de la fuerza solo es justificable en defensa propia y, en este caso, la fuerza empleada tiene que estar en consonancia con la agresión recibida, recibir un puñetazo no justifica la muerte del agresor. El recurso a la guerra preventiva es una falacia, no se puede agredir a nadie con el argumento, sin ninguna prueba -algo difícil de conseguir-, de que son un peligro. Además, ¿cómo va a suponer un riesgo para la humanidad el programa nuclear de Irán si ya lo habían destruido hace unos meses?

Por último, la historia reciente nos enseña que la intervención externa puede acabar con una dictadura, pero no supone la liberación de un pueblo si el fin de la dictadura no va acompañado de un proyecto económico y político con ese objetivo. Y en este caso, lejos de pensar en la ciudadanía iraní, el proyecto es cobrarse una pieza significativa en el tablero geoestratégico que amplie el poder de Israel en Oriente Medio y prive a China de un importante socio económico. Si además la guerra favorece a Trump y Netanyahu en sus próximas elecciones, miel sobre hojuelas.

Lo que no ha sido una sorpresa ha sido la reacción de las derechas, ha primado de tal forma el “todo vale” contra Sánchez, están siendo tan seguidistas de Trump que están haciendo el ridículo. No sé si en los dirigentes de las derechas españolas -derecha a partir de ahora, pues, en esto también, tienen la misma política- prima la maldad o la estupidez -tal vez una mezcla de las dos-, pero se están cubriendo de gloria.

Empezaron diciendo que Sánchez no era leal con sus aliados, que estaba con los terroristas y se quedaba aislado… Pero, ¿qué tipo de aliado es el que empieza una guerra ilegal, sin contar contigo, y luego te exige que le apoyes? La derecha confunde lealtad con sumisión, Abascal, el “patriota” a tiempo parcial, lo viene demostrando permanentemente con la forma de dirigir su partido. En cuanto al aislamiento, van en aumento las muestras de apoyo – más después de las amenazas de Trump- hacia nuestro Gobierno, desde Brasil hasta Turquía, incluidos numerosos dirigentes políticos europeos, es la derecha la que se ha quedado sola. Hasta Meloni y Le Pen, sus referentes europeos, se alejan de su sumisión.

Si bien la respuesta de la derecha, el posicionamiento acrítico con el presidente de EEUU, no ha sido una sorpresa -como tampoco me extraña su interpretación binaria del mundo- todavía me asombra lo bajo que puede caer la dirección del Partido Popular en su confrontación con el Gobierno. Pretender hacer creer que la presencia militar española en misiones de la ONU o de la UE es estar en guerra es una barbaridad, pero manipular un video, para poner en boca de la ministra Robles algo que no ha dicho para “demostrar la rectificación del Gobierno” es repugnante, es cruzar una línea de difícil retorno. De todas formas, si el gobierno ha rectificado y apoya el ataque a Irán, ¿por qué nos sigue insultando Trump? Que los dioses nos amparen si estos personajes llegan a gobernar en España.

El Gobierno español ha sido vanguardia en el rechazo a colaborar en una guerra injusta, ahora nos toca a la ciudadanía ser vanguardia en unas movilizaciones que sirvan de ejemplo en otras ciudades del mundo para gritar juntos: NO A LA GUERRA.

Las elecciones autonómicas en Aragón han confirmado la tendencia política que tanto las encuestas como las elecciones en Extremadura venían anunciando: una derecha en auge, fundamentalmente por el crecimiento de Vox, y una izquierda en retroceso, especialmente por la bajada del PSOE. Una de las causas del resultado es, sin duda, que la demonización de Pedro Sánchez ha calado en buena parte de la sociedad, el voto de castigo al Gobierno de España ha sido monumental. Solo así se explica el incremento espectacular de Vox, de cuyas intenciones poco se conoce —excepto la intención de hacernos retroceder socialmente un siglo y su oposición a la inmigración— y cuyo dirigente nacional, Santiago Abascal, parece el candidato de todas las Comunidades Autónomas, o los casi 18.000 votos de SALF, inexistente en Aragón.

Tanto en el PP como en la izquierda alternativa son conscientes de que la estrategia seguida hasta ahora no está dando los resultados deseados. Los populares, después de la confrontación en Extremadura, han ensayado en Aragón la táctica de aproximación a Vox. Jorge Azcón —que, siguiendo las directrices de Feijoó, adelantó las elecciones con el objetivo de debilitar al presidente Sánchez— recurrió a Ayuso, el exponente más claro de la extrema derecha en el PP y, para acabar la fiesta, invito a Los Meconios, que amenazan con repetir el golpe militar del 36, y a Vito Quiles, antiguo colaborador de Alvise y acosador de personas de izquierda: toda una declaración de intenciones. Con todo, los populares perdieron dos diputados y Vox duplicó su presencia.

Está claro que ni demonizando a Sánchez, ni confrontando con Vox, ni imitándolo, el PP consigue frenar a Abascal. Feijoó no ve posible gobernar sin el apoyo de la extrema derecha, lo que implica que hay que cambiar el relato, lo importante es gobernar, como sea y con quien sea. ¿Por qué no va a poder pactar el PP con Vox, el tercer partido del parlamento? —¿quizás porque es un partido neofascista?—. Total, como dice Ester Muñoz, portavoz en el Congreso de los populares “PP y Vox tienen que entenderse, entre hermanos se puede discrepar y discutir, pero se sigue siendo hermanos”. 

Lo malo es que no todos en el partido entienden los cambios de sentido introducidos por Génova, esos giros de guión tan bruscos pueden romper las articulaciones políticas de dirigentes de CCAA. Es lo que le ha sucedido a María Guardiola, la líder “moderada” de Extremadura, que ha pasado, elecciones autonómicas mediante, del “no puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes deshumanizan a los inmigrantes …” tras las elecciones de 2023, a “el feminismo que defiendo, estoy convencida de que es el feminismo que defiende Vox”.

Las tendencias electorales también preocupan en la izquierda, la semana pasada hubo dos actos cuyos protagonistas mostraron su preocupación por el ascenso de Vox —yo incluiría la preocupación por la creciente derechización del PP— y los déficits que tienen las izquierdas alternativas. 

Gabriel Rufian, con buen olfato político, hizo hincapié en una demanda de la ciudadanía progresista: la necesidad de la unidad electoral. Aunque sus propuestas, insuficientemente elaboradas, no suscitaron mucho entusiasmo en las direcciones de los partidos políticos interpelados, pusieron sobre la mesa uno de los problemas de nuestro sistema electoral: no es suficientemente proporcional y, en la mayoría de las provincias, las opciones minoritarias tienen muy difícil conseguir escaños. 

Pero la unidad electoral no es el remedio a todos los males de la izquierda alternativa; en la actualidad, la suma de votos de todas las izquierdas es inferior a la de las derechas y esto, aunque mejorase la representatividad, no se resuelve yendo en una sola lista. Además, no es cierto que sean los personalismos los que impiden la unidad, ni, como dice Rufian, que haya 14 partidos diciendo lo mismo. Prescindiendo de las cuestiones territoriales, los partidos de izquierdas pueden estar de acuerdo con los grandes objetivos estratégicos —en el caso que plantea Rufián, en la confrontación con el fascismo— pero no en las formas (prioridades, ritmos, discursos…) y existen culturas políticas y organizativas que pueden dificultar los acuerdos.

La propuesta del diputado de ERC, aunque después fue matizada, de que fuese la organización con mayores posibilidades —mejores resultados— la referencia de la izquierda en cada provincia nos lleva a un sistema mayoritario, en el que más tiene se queda con todo. La unidad no puede partir de esas bases, todos los partidos se tienen que ver beneficiados, requiere más generosidad. Aunque tampoco todos entendemos lo mismo por generosidad, CHA pide generosidad a las izquierdas… para hacer una lista única liderada por su organización. Emilio Delgado se centró en la necesidad de atraer a una mayoría social que permita cambiar la correlación de fuerzas. A veces, en demasiadas ocasiones en mi opinión, la izquierda parece dirigirse a personas suficientemente feministas, ecologistas, defensoras de la diversidad, de los animales, solidarias… Cuando escucho criticar a la gente normal que vota a la derecha –“no hay nadie más tonto que un obrero de derechas”—, o se menosprecia a quienes tienen dudas o un conocimiento y preocupación escasos por las cuestiones políticas, me doy cuenta del camino que nos queda por recorrer. 

El acto de la coalición Sumar del día 21 fue un mitin conjunto de Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes, pero un mitin con importante compromiso político de futuro. Es verdad que no se dijo cuál iba a ser el nombre de la nueva plataforma política ni quien la iba a dirigir —ya sabemos que Yolanda Díaz se descarta, Yolanda ha sido una excelente ministra de Trabajo , vaya desde aquí mi respeto y agradecimiento por el trabajo realizado y mi deseo de que podamos seguir contando con su compromiso político en el futuro— pero eso ahora no es prioritario, lo esencial es el compromiso de continuar, sobre unas nuevas bases acordadas, el proceso de colaboración de las organizaciones presentes y la invitación a que se sumen otras nuevas.

Con todo, la revitalización de la izquierda no va a ser tarea sencilla. No basta con encontrar fórmulas que mejoren el resultado electoral, es necesario un proyecto estratégico ilusionante, con la mirada puesta en el horizonte, pero con el sentido común de adecuar la estrategia a las condiciones concretas, de dar los pasos que las distintas coyunturas aconsejen; un proyecto que tenga en cuenta que los problemas complejos no suelen tener soluciones sencillas y que los fenómenos sociales son multicausales. Una propuesta dirigida a la mayoría social, que necesariamente será plural, con contradicciones y conflictos que será necesario entender y resolver buscando equilibrios entre los intereses individuales y los colectivos… Y a la que nos tenemos que acercar con humildad, con la voluntad de aprender, de entender los problemas de la gente y las razones por las que actúan como lo hacen. Una tarea difícil, pero si nos limitamos a “predicar” nuestra verdad, seremos predicadores, no políticos capaces de transformar la sociedad.

También es necesario impulsar la participación de la militancia —y de las organizaciones sociales— en la elaboración del proyecto, aumentar la autonomía y la implantación territorial, mejorar la comunicación y la democracia interna. Y tener presente, como dice Lara Hernández, “la urgencia de la reconciliación con nosotros mismos y con nuestra gente”.

Todas las organizaciones, todas las personas de izquierdas debemos sentirnos interpelados a participar en ese proyecto ambicioso. Aunque en palabras de Labordeta “también sea posible que esa hermosa mañana no la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser” 

El 8 de febrero tenemos elecciones en Aragón. Son autonómicas, pero convocadas, no porque fuesen necesarias en nuestra Comunidad, sino, siguiendo la estrategia de Feijoó para desgastar al gobierno de coalición, como el movimiento de una pieza en un tablero político más amplio en el que está en juego el modelo de sociedad del futuro. Está en juego en España la sanidad y la enseñanza públicas, la accesibilidad a una vivienda digna, el respeto a la diversidad, el trabajo digno…

Además, estas elecciones van a celebrarse en un contexto internacional impensable hace solo unos meses. Las reglas de convivencia nacidas después de la segunda Guerra Mundial, han saltado por los aires. Ya no existe el multilateralismo ni el respeto a las instituciones y al derecho internacionales. No es que anteriormente estos instrumentos regulasen adecuadamente las relaciones internacionales, pero servían de freno a determinadas ambiciones, sabemos que las leyes no resuelven todos los problemas, pero su ausencia deja todo el campo libre a los poderosos. Y Trump se considera tan poderoso que ya nos ha demostrado que no acepta ninguna ley, que lo único que puede detenerle es “su propia moral, su propia mente”. Si los únicos frenos son su moral y su mente, lo tenemos crudo. 

Los objetivos imperialistas de Trump y Putin -y en parte Xi Jinping, aunque éste tenga una estrategia menos agresiva, al menos con Europa-, que desprecian las normas de relaciones internacionales, la soberanía de los estados, la democracia y el Estado Social, necesitan la desintegración de la Unión Europea y tienen en las derechas españolas sus fieles seguidores. Son buenos ejemplos Abascal, el “patriota” que para resolver los problemas de la ciudadanía solo sabe destruir y lanzar mensajes de odio - aliado de Trump y Putin a la vez-, incapaz de criticar ni una de las medidas tomadas por el presidente de EEUU, y Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para la que respetar las leyes internacionales es ponerse cursi y considera que Julio Iglesias, como es un español muy famoso y poderoso, tiene derecho a agredir de múltiples formas a sus trabajadoras. Esa es la libertad de Ayuso.

Pero, afortunadamente, Trump está equivocado, no solo son su moral y su mente lo que pueden detenerle. Como buen matón de barrio agrede a quien considera débil, amenaza, tantea y, si ve que no hay respuesta, sigue con sus extorsiones, lo vimos con su política arancelaria. La UE parece que todavía no se ha enterado de que, con este presidente, los EEUU son nuestro principal enemigo y que reírle las gracias, contemporizar o ir a su campo de golf a firmar un tratado, solo merece su desprecio. Cuando se impone la diplomacia de los portaviones, las razones solo valen si van acompañadas de la fuerza.

Sin embargo, parece que buena parte de los dirigentes europeos todavía no son conscientes de esto e intentan no enfadar al ogro, quizás con la idea de que así se salvaran. Pero solo se “salvarán” quienes se sometan a sus intereses o caprichos, quienes muestren sumisión permanente. Europa tienen posibilidades de hacer frente a las amenazas de Trump -ya lo han hecho China, Brasil o Canadá- pero para eso es necesario que cada país deje de mirarse el ombligo, que contribuya a diseñar proyectos comunes -económicos, industriales, de defensa-, buscar mercados y alianzas en otras partes del mundo… Es necesaria la voluntad política de avanzar en la unidad para conseguir autonomía y respeto de los demás países. O nos salvamos juntos o iremos cayendo uno a uno.

Tengo una amiga ecologista que siempre dice que hay que actuar en lo local, pero pensando en lo global, de eso van estas elecciones. Son elecciones autonómicas y nuestro voto determinará la composición de las Cortes, el futuro gobierno de Aragón y las políticas a implementar en nuestra Comunidad, pero con nuestro voto también apoyamos a las diferentes opciones políticas y de poco vale lo que hagamos en Aragón si en instituciones superiores lo deshacen.

Nuestro voto tiene que tener en cuenta los programas para Aragón: la defensa de la sanidad y educación públicas de calidad; la consideración de la vivienda como un derecho, no como un bien de mercado; el compromiso con el desarrollo económico, ecológica y socialmente sostenible, lo que incluye el desarrollo en el medio rural; la inclusividad de la diversidad social existente, la lucha contra la desigualdad… Pero también debemos tener en cuenta la práctica anterior en las instituciones, el papel lo aguanta todo; la capacidad de intervenir en el gobierno del Estado, el salario mínimo, la jornada de trabajo o las pensiones no son competencia de las CCAA; la política en relación con la UE, y la respuesta ante posibles chantajes y violaciones del derecho internacional.

No estamos en una coyuntura de programas máximos, la radicalidad se debe centrar en la consolidación de la democracia y el Estado Social que están en peligro en el mundo. Y la única manera de conseguirlo es apostando por la multilateralidad, por buscar estrategias y espacios de intervención comunes.

Estamos en una coyuntura especialmente compleja, cunde la inseguridad, la confusión, el desánimo… pero esta es la mejor baza que tienen los enemigos de la democracia. Las cosas empiezan a cambiar, se ve en la tímida respuesta de la UE y, especialmente, en el discurso en Davos del primer ministro canadiense Mark Carney:      

Dejemos la apatía, sumémonos al deseo de cambio, votemos el día 8 por Aragón pero pensando en lo global, demostrando nuestro compromiso con la defensa de la democracia y el Estado Social.

Hace cincuenta años de la muerte de Franco. El dictador se jactaba de que, de cara al futuro, dejaba su legado político “atado y bien atado”. Afortunadamente no fue así, las luchas de la mayoría de los sectores sociales, especialmente el movimiento obrero, impidieron el continuismo por el que apostaban los estamentos -que no eran pocos- más reaccionarios del régimen. Pero, aunque la Transición dio como fruto una Constitución homologable -incluso más progresista que algunas- con las de los países democráticos, Franco se murió en la cama y no fue posible la ruptura.

Y cuarenta años de dictadura no desaparecen de la noche a la mañana. Los valores, los modelos sociales del nacionalcatolicismo habían impregnado al conjunto de la sociedad, y las élites no iban a renunciar fácilmente a sus privilegios, aunque se declarasen demócratas de toda la vida. La Transición fue capaz de cambiar las leyes, pero no de depurar y neutralizar a torturadores, golpistas y reaccionarios que quedaron incrustados en los aparatos del Estado.

La Transición llegó hasta donde llegó, pero no alcanzamos con ella el final de la Historia. Ni siquiera el final de la transición hasta una sociedad democrática. Quedaba mucho por hacer para desmontar el andamiaje franquista, pero, ni los Gobiernos de Felipe González ni los del PP -algo lógico, la derecha española nuca ha dejado de tener anclajes ideológicos en la dictadura- contemplaron esa tarea en sus programas de gobierno.

Los Gobiernos de Zapatero y Sánchez han intentado corregir el déficit de profundización democrática, pero ya tarde y con medidas demasiado tímidas. El caso es que, de vez en cuando, nos encontramos con chats de jefes del ejército nada tranquilizantes, o con una “policía política”, al servicio del Partido Popular, que maniobró para ocultar su financiación ilegal e inventó, para desacreditarlos, relaciones de dirigentes de Podemos con el narcotráfico.

Y no todo es pasado. En la actualidad, el Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que dirige el teniente coronel Antonio Balas Dávila, está sometido a diferentes críticas por algunas de sus actuaciones: digamos que sus pautas de actuación son peculiares. La última viene de la Fiscalía Anticorrupción por considerar que las diligencias de los agentes de la UCO mantienen distintas velocidades -celeridad o lentitud- según las causas judiciales. En el caso Montoro, los agentes hacen un informe después de haber analizado solo 10 cuentas bancarias-el sumario data de 2018- de las 200 que les entregaron. La fiscalía no da el informe por bueno.

La justicia solicitó, hace más de cinco meses, a la UCO un informe sobre las actividades de Alberto González Amador –“Alberto Quirón”-, todavía está pendiente. Fueron mucho más ágiles las investigaciones sobre Ábalos, Koldo o Cerdán. Por cierto, hablando de Ábalos y Koldo, las filtraciones de las conversaciones entre estos dos personajes sobre sus relaciones con las mujeres son repugnantes, más que suficientes para inhabilitarlos para ninguna actividad pública. Pero no son delito y no debían entrar entre las cuestiones investigadas por los agentes. Que yo sepa, la UCO no es la policía de la moral y lo que investigación y posterior filtración solo puede responder a un interés partidista.

En cuanto al Poder Judicial, en enero de 1977, del Tribunal de Orden Público (TOP) – creado en 1963, y que se encargaba de “juzgar” delitos políticos que desde el golpe de Estado recaían en la jurisdicción militar- se sustituyó por la Audiencia Nacional. Los magistrados del TOP eran bien conocidos por su lealtad al dictador y su rigor justiciero, sin embargo, esto no fue ningún obstáculo para que 10 de los 16 magistrados que componían el TOP pasasen a la Audiencia o al Tribunal Supremo. 

A día de hoy, cinco décadas después de la muerte del dictador, poco ha cambiado en la Judicatura, la ideología, el franquismo político y sociológico, han permanecido. Y esa ideología ha transmutado en estos últimos años en acción política contra el Gobierno de coalición. Algunos magistrados, especialmente de los tribunales superiores, parecen no tener en cuenta que “la justicia emana del pueblo” y es el Legislativo, elegido por el pueblo y al que tienen que respetar, el que elabora las leyes. No me puedo imaginar lo que hubiese pasado si en lugar de una manifestación con togas contra una ley, se hubiese producido una de diputados contra una sentencia del Tribunal Supremo.

El derecho a un juez imparcial es uno de los contenidos básicos del artículo 24 de la Constitución. Según la doctrina del Tribunal Constitucional y distintos convenios internacionales, esta imparcialidad debe ser objetiva y aparente. Para que la sociedad pueda confiar en sus tribunales, tienen que parecer imparciales y no es el caso de muchas sentencias de repercusiones políticas. Como dice Ignacio Escolar en este artículo , “En los últimos años, el Tribunal Supremo se ha convertido en un juzgado previsible en lo político, imprevisible en lo jurídico. Es justo al contrario de lo que debería ser.”

Pero no es solo en el Tribunal Supremo, esta previsibilidad se da también en otras instancias: Esperanza Aguirre nunca ha sido condenada por ningún tribunal; la Audiencia Nacional ha ocultado durante dos años un informe de la policía que implica a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular, en el caso Kitchen, operación encargada de sabotear la investigación judicial de la financiación irregular del PP; hay una diferencia abismal en el tratamiento de la justicia en los casos del hermano y la pareja de Pedro Sánchez con los casos del hermano y la pareja de Díaz Ayuso… Por no hablar de la información privilegiada que tiene el PP sobre lo que va “p’alante”.

Pero el colmo, el punto de difícil retorno en la credibilidad de la justicia ha sido la sentencia en el caso de Fiscal General del Estado (FGE). De entrada, la presunción de imparcialidad de algunos jueces relacionados con el caso era más que dudosa, el juez instructor, Ángel Hurtado, que presidió en 2017 el tribunal que juzgó el caso de la trama Gürtel, uno de los casos más importantes de corrupción político-empresarial, no fue capaz de ver la implicación del PP en el caso ni de relacionar M. Rajoy con Mariano Rajoy. Manuel Marchena, miembro del tribunal, sería, según el senador del PP, Ignacio Cosidó, el encargado, como presidente del Supremo, de controlar la Sala de lo Penal desde atrás.

En cuanto a la sentencia, no está muy claro de qué se acusa a García Ortiz, pudo filtrar él el correo o “alguien de su entorno inmediato”; no se tienen en cuenta los testimonios de seis periodistas de diferentes medios; argumenta como indicios de culpabilidad el ejercicio de sus derechos: no contestar más que a la defensa y borrar su móvil -como es sabido, no hay ningún riesgo de filtraciones de las informaciones que tiene la UCO- …

No son el FGE, ni el Gobierno, ni los que criticamos este tipo de sentencias quienes debilitamos a las Instituciones. Son quienes la utilizan con fines partidistas.

No sé cuánto tiempo le queda a esta legislatura, pero si verdaderamente hay una mayoría demócrata, aunque no de izquierdas, desatar lo que todavía está atado, democratizar las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo tiene que ser una prioridad. No creo que el Congreso pueda hacer algo más importante.

Otro frente contra el sistema de pensiones se ha abierto últimamente, la llamada brecha generacional. Para quienes defienden esta teoría, la “generosidad” del Estado con los pensionistas va en detrimento de las generaciones jóvenes, especialmente de las personas entre los 20 y 35 años, que son más pobres que sus padres a la misma edad y tienen un futuro incierto. 

Pero, ¿es muy generoso el Estado? El sistema de pensiones está financiado fundamentalmente por las cotizaciones -una parte de su salario, incluidas las cotizaciones empresariales- de trabajadores y trabajadoras que se beneficiarán de él con arreglo a las normas que lo rigen. Además, el Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado, contribuye a la financiación haciéndose cargo de las prestaciones no contributivas y compensando los posibles déficits coyunturales que pueda haber según los acuerdos del Pacto de Toledo. También aportan una suma al Fondo de Reserva, la hucha para el futuro. 

En concreto, en los presupuestos de la Seguridad Social para 2023, los últimos aprobados, el gasto del sistema de pensiones estaba estimado en 190.687 millones de euros, de los cuales, la aportación total del Estado fue de 38.722 millones. De esta cantidad, 15.478 millones —el 8% del presupuesto de la SS que es el 10% aproximadamente de las pensiones contributivas— es la contribución al equilibrio presupuestario, a evitar el déficit. ¿Es excesiva esta aportación para mantener un pilar fundamental del Estado del Bienestar? 

Hablar de brecha intergeneracional me parece poco riguroso. La definición de generación es aleatoria, no hay unos criterios claros que nos permitan definirla de forma unívoca. Además, la comparación es sesgada si no se tienen en cuenta numerosos factores, entre otros que la mayoría de las personas nacidas en los años 50 ya estaban trabajando a los 20 años y muchas a los 15. Estas personas, con sus impuestos, han hecho posible que la generación Z haya gozado de importantes prestaciones del Estado Social —educación, sanidad…— de las que las generaciones anteriores no pudieron disfrutar. Cada generación —sea cual sea la definición de generación— tenemos las ventajas e inconvenientes de la época en que nos toca vivir.

Tampoco es un dato determinante la media —salarial, de riqueza…—, esta referencia, si no tenemos más información, no nos permite comprender bien la realidad de un colectivo. Por ejemplo, la pensión media en 2023 fue de 1.259,79 euros al mes, sin embargo, 6 de cada 10 pensionistas cobraban menos del Salario Mínimo Interprofesional. El mismo año, los jóvenes de entre 25 y 30 años tenían un salario medio de 1.500 euros al mes. Con estos datos no parece que las pensiones, al menos el 60% de pensionistas, sean el motivo de la “brecha” generacional.

Pero claro, si lo que interesa es generar enfrentamiento entre generaciones y debilitar el sistema de pensiones, todo vale. Un ejemplo es un informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que, para “demostrar” que el problema de los jóvenes está en las pensiones, llega a comparar el salario medio, en el primer trimestre de este año, de los menores de 34 años, no con la media de las pensiones, sino con los jubilados del Régimen General de la Seguridad Social en ese periodo, posiblemente el colectivo que se ha jubilado con mayor pensión media. Hay discursos que me recuerdan al proceso de instrucción en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se parte de una hipótesis y se tienen en cuenta solo los factores que la avalan. 

No pretendo ignorar los problemas de la juventud, especialmente los relacionados con la vivienda y la precariedad laboral, pero ni los análisis de los neoliberales/libertarios -tipo Milei- son correctos ni, lógicamente, comparto sus propuestas de solución. En realidad, no ofrecen solución, se limitan a eliminar la “brecha” igualando a la baja: si se rebajan las pensiones, la “brecha” entre jóvenes y pensionistas disminuye o se anula. Pero la juventud seguiría con precariedad laboral y sin vivienda, porque el posible incremento de renta que tuviesen -por la reducción de impuestos o por ayuda económica estatal- no resolvería ninguno de los dos problemas.

Es cierto que existen brechas, grandes desigualdades, en la sociedad española, tanto en salarios como en riqueza, pero no se encuentran entre ellas las diferencias entre pensionistas y jóvenes. En relación al salario, el porcentaje de la renta salarial sobre la renta total ha disminuido el 7,3% entre 1993 y 2015, y un ejecutivo del IBEX-35 cobra de media 73,5 veces más que sus trabajadores, aunque hay empresas en las que los consejeros cobran 200 veces el salario medio de sus trabajadores. Si nos fijamos en la riqueza, el 10% de la población —aquellas personas que se ven más beneficiadas por los recortes de impuestos protagonizados por los gobiernos del PP— controla el 54% de la riqueza y el 1%, “solamente” el 20% de la misma.

El problema de la vivienda solo se puede resolver cuando esta deje de ser un valor de mercado y pase a ser un instrumento para satisfacer una necesidad social fundamental, cuando se cumpla la Constitución y “los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna”. 

A corto plazo, es necesaria una intervención en el mercado que evite la especulación y priorice la utilización de los inmuebles como vivienda permanente sobre otros usos, y a medio y largo plazo la construcción de importantes parques de vivienda pública. Los 72.655 millones de euros que nos ha costado la crisis financiera —ahora que la banca está teniendo beneficios récords es buen momento para que empiecen a pagarlos— pueden ser una buena base financiera para dicha construcción.

En cuanto a la precariedad, también tiene solución en la política. La legislación laboral tiene que incrementar la indemnización por despido y mejorar los derechos laborales en todo tipo de contrato: temporal, a tiempo parcial, en prácticas… Y favorecer la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales.

Estos son los caminos para resolver los problemas de precariedad y vivienda que no solo afectan a la juventud, sino a todas las personas con escasos recursos. Quienes dicen querer acabar con las brechas, tienen un amplio campo de trabajo en las mencionadas salariales y de riqueza. Pero sus propuestas, el adelgazamiento del Estado del Bienestar, solo conducen a incrementar las desigualdades, a la indefensión de los colectivos más vulnerables.

Y una última reflexión: sin vivienda y salario dignos nadie puede ser libre. 

En los últimos años se están publicando numerosos artículos en los que se pone en cuestión la sostenibilidad de las pensiones si se cumplen los acuerdos del Pacto de Toledo -es decir, incrementar la pensión lo mismo que se incrementa el IPC-, porque el Estado no puede gastar tanto dinero en mantener esta prestación. 

A quienes defienden que el sistema de pensiones es injusto e insostenible —porque los jubilados reciben mucho más de lo que han aportado o porque se incrementa la deuda pública y dificulta la sostenibilidad fiscal (el equilibrio entre ingresos y gastos públicos)—, se suman nuevas voces, artículos en los que se viene a responsabilizar a las pensiones de los problemas de los jóvenes para emanciparse. Estamos ante la brecha generacional.

Sobre la sostenibilidad del sistema mucho se ha hablado y se seguirá haciéndolo. Es normal que nos preocupe la viabilidad de las pensiones a medio plazo, las hipótesis de trabajo pueden cambiar y habrá que ajustar las distintas variables para que las generaciones futuras puedan seguir recibiendo una pensión digna. Pero para que los estudios realizados sean comparables y comprensibles para la ciudadanía, es necesario que los autores tengan en cuenta los diferentes factores que intervienen en la evolución de las pensiones, no solo una parte de ellos.

Por ejemplo, cuando se dice que nuestro sistema de pensiones es demasiado generoso, que concede a los jubilados bastante más de lo que han aportado, además de ser discutible (ver el artículo: https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/generoso-sistema-pensiones_129_12698572.html) no se tiene en cuenta que los importantes superávits del periodo 1977-2011, en lugar de guardarse para las necesidades futuras -lo que ahora vendría muy bien-, se incorporaron a los Presupuestos Generales del Estado.

Tampoco se tiene en cuenta que las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas y, durante muchos años, hasta que se acordó lo contrario en el Pacto de Toledo, la financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social se ha efectuado con las cotizaciones en lugar de con aportaciones del Estado. Prestaciones como las pensiones a favor de los familiares, las reducciones en la cotización a la Seguridad Social para fomento del empleo, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, medidas de apoyo («subvenciones implícitas») a regímenes especiales, el coste de complementar las lagunas de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación…, deben financiarse, exclusivamente, a través de partidas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado. 

Comprendo que cuando se estudian sistemas con numerosas variables, algunas puedan suponerse fijas para facilitar la aproximación a la realidad, pero, qué casualidad que quienes nos advierten del “negro” futuro de las pensiones, solo tengan en cuenta en sus análisis la posibilidad de disminuir los gastos. Si lo que se pretende es eliminar el déficit en el sistema de pensiones, por las repercusiones que puede tener en la deuda pública y en la estabilidad financiera, lo lógico sería tener en cuenta tanto los gastos como los ingresos, y no olvidarse de que el equilibrio también se consigue incrementando estos últimos.

El incremento de ingresos se puede obtener, en primer lugar, aumentando las cotizaciones. Para esto es necesario, además de las reformas acordadas por el Pacto de Toledo, impulsar medidas económicas que generen puestos de trabajo, a ser posible cualificados -cuanto mejor retribuidos mayor es la cotización-; promover medidas legislativas que combatan la precariedad y mejorar la capacidad de intervención de la inspección de trabajo para garantizar el cumplimiento de las normas de Salud Laboral -que evitan accidentes- y la cotización de todas las horas trabajadas. Además, si fuese necesario, no hay ninguna ley divina que impida que el déficit se financie a través de los PGE vía impuestos. 

Está claro que, que para que esa aportación no suponga ningún desequilibrio financiero, habría que compensarlo con los incrementos equivalentes de ingresos. Aunque, realmente, lo que hay que hacer -con o sin aportaciones de los PGE a las pensiones- es una reforma fiscal que nos equipare en recaudación a la media de la UE, seguimos recaudando 4 puntos menos del PIB, y que sirva para disminuir las crecientes desigualdades que está sufriendo la sociedad española.

¿Y si se mira de otra manera el gasto en pensiones? Este es el título de un artículo (https://www.eldiario.es/economia/si-mira-manera-gasto-pensiones-estudio-senala-motor-crecimiento-economico_1_12171547.html) basado en el estudio que han llevado a cabo Eladio Febrero y Fernando Bermejo, investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha. Según estos economistas -que no centran su estudio, como en la mayoría de los casos, en los desequilibrios fiscales- El PIB generado por la demanda de consumo de los pensionistas es mayor que el gasto en pensiones de jubilación. Resaltan “el efecto estabilizador del gasto en pensiones” y afirman que “evitó en torno a 5 y 5,5 puntos adicionales de desempleo entre 2009 y 2024”.

Como vemos, hay diferentes formas de abordar los efectos del actual sistema de pensiones, pero, en cualquier caso, es exigible honestidad. Y, como cada persona tenemos nuestras opiniones y prejuicios, evitar que las gafas de la ideología deformen la realidad. 

Reconozco que cuando conocí el “plan de paz” de Trump para Gaza me cabreé bastante, y más cuando vi que la mayoría de los dirigentes europeos -incluido Pedro Sánchez, aunque con menos entusiasmo que otros- lo aplaudían. ¿Cómo era posible que les pareciese bien semejante chantaje? ¿No ven que el único compromiso de Israel es el de liberar a unos 2.000 presos palestinos? ¿Qué son los puntos 10 y 12 del acuerdo sino el anuncio de la creación del resort que tanto anhela Trump? (10. Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones.11. Se creará una zona económica especial en Gaza.)  

Después del cabreo, cuando reflexioné, me di cuenta que, al margen de los intereses de quienes alababan la propuesta, había algo indiscutible: la peor alternativa era seguir con el genocidio, y la única posibilidad de pararlo era la iniciativa de Trump. La supuesta baza de Hamás, de negociar con los rehenes, no tenía ninguna validez, Netanyahu ya había demostrado que la vida de los israelíes secuestrados le importaba un bledo; ni Hamas ni todos los árabes unidos -suponiendo que esto fuera posible- eran capaces de detener al potente ejército israelí apoyado por EEUU, y confiar en que la presión internacional iba a parar los asesinatos, era dar tiempo para que el sionismo lograse sus objetivos. 

De momento hay que alegrarse, los ataques del ejército israelí han parado y se ha replegado -ya “solo” ocupan el 50% del territorio de la franja-, ha empezado a entrar ayuda humanitaria y se han liberado los 20 rehenes israelíes, que no son responsables de la política de su gobierno, y 2.000, palestinos -la mayoría de los cuales pueden ser considerados rehenes, incluidos menores de edad- que tampoco son responsables de los asesinatos de Hamas.

Hasta aquí las buenas noticias, pero no hay un acuerdo de paz, no hay más compromisos de nada, todo depende de la voluntad de los EEUU, como queda claro en los siguientes puntos. (9. Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una “Junta de la Paz” internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al ex primer ministro británico Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente. 19. Conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino. 20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera) 

No creo que se me pueda acusar de ser mal pensado si dudo de la voluntad del aspirante a premio Nobel de la Paz -ese que, a través del departamento de la Guerra llama a los militares a combatir al enemigo interno-, lo que para él es hoy blanco, mañana puede ser negro. ¿Seguirá defendiendo el acuerdo después de perder el premio que tanto ansiaba? En lo que se mantiene constante es en la defensa de sus intereses personales -especialmente los inmobiliarios- y de su aliado Netanyahu. 

En cuanto al primer ministro israelí, ya ha roto dos veces las treguas y ha declarado, nada más darse a conocer los 20 puntos del plan, que no va aceptar la creación de un Estado palestino. Y la prueba de que va en serio ha sido la negativa a liberar a Barghouti, el político palestino más carismático, según numerosos analistas, capaz de aglutinar muchas de las familias políticas palestinas y dar una orientación distinta a la política Palestina.

Si se ha alcanzado esta tregua, ha sido gracias a las movilizaciones de la ciudadanía de muchos países -de las que el bloqueo de la última etapa de la Vuelta Ciclista fue un buen acicate-, que han empujado a sus gobiernos para que tomasen medidas de presión contra el Gobierno israelí. El primer paso está conseguido, pero el objetivo, para que no se vuelvan a repetir ni los atentados terroristas ni el genocidio, es la consecución de una paz justa y duradera entre Israel y Palestina, con garantías reales por parte de la comunidad internacional. 

Esta paz debe incluir, entre otras medidas, la reconstrucción de las infraestructuras -incluidas las viviendas- destruidas en Gaza a cargo del Estado israelí y sus colaboradores en el genocidio; la indemnización a las víctimas y familiares de las personas asesinadas -para estas, desgraciadamente, no hay indemnización posible-; el desmantelamiento de los asentamientos judíos en Cisjordania, con la devolución de las tierras a sus verdaderos propietarios; el cumplimiento de las resoluciones de la ONU; la consecución de la autodeterminación y la creación del Estado palestino y la viabilidad económica del nuevo Estado, con un corredor asegurado entre Gaza y Cisjordania. Sin olvidar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos.

Garantizar la supervivencia del pueblo palestino, y el cumplimiento de los derechos humanos pasa por alcanzar estos objetivos y por ellos nos tenemos que seguir movilizando. Objetivos que deben de formar parte de la agenda política de cualquier organización progresista.

P.D. En la mañana del martes 14-10, ya se ha producido la primera ruptura del alto el fuego, soldados israelíes, han matado a seis palestinos. El comunicado del ejercito de Israel dice que eran sospechosos, ¿Qué palestino es no sospecho para Israel? Un buen argumento para que Hamas no deje las armas e incremente su apoyo entre los jóvenes que han perdido todo. Si Israel tiene derecho a defenderse, también, según el derecho internacional, lo tienen los palestinos a la resistencia armada para librarse del ocupante.

Me resulta muy difícil de entender la pasividad de algunos países con la estrategia de exterminio del pueblo palestino emprendida por Netanyahu. Ya sé que en política internacional cada país mira por sus intereses y deja los valores, que dice defender, en el baúl de los recuerdos. Pero la comunidad internacional ha acordado normas de funcionamiento, reglas hasta en los casos de guerra. Algo, por otra parte, imprescindible en las relaciones humanas, si se vive en comunidad. Si no se cumplen, ¿en base a qué nos relacionamos? ¿Cómo convencemos a la ciudadanía de un país o una ciudad de que debe comportarse de determinada manera si las normas no valen para los poderosos?

La UE y la mayoría de los gobiernos europeos están respondiendo tarde y con medidas poco efectivas. ¿Temen que Trump suba los aranceles si se portan mal? ¿Hasta cuándo vamos a ser vasallos de un personaje como el presidente de los EEUU? ¿No se dan cuenta de que cuanto más cedamos más nos exprimirá?

¿Cómo es posible que el gobierno alemán dude de reconocer a Palestina como un Estado? Si en esta cuestión el Gobierno representa al pueblo alemán, algo ha fallado en estos años para que no hayan entendido que el ser víctima no te garantiza la imposibilidad de ser victimario, que los asesinatos en masa son igual de repugnantes los cometa quien los cometa y que los derechos humanos -el principal es el derecho a la vida- deben ser defendidos por todas las personas. Aunque solo sea para poder acogernos a ellos en un futuro. 

La invasión de Gaza, a la que seguirá Cisjordania, es un genocidio, es un instrumento para hacer desaparecer a los palestinos de su tierra. O se van, o los matan o los recluyen en un campo de concentración para que se mueran poco a poco. Se parece mucho, aunque de momento sin hornos crematorios, a lo que hicieron los nazis con los judíos en numerosos campos de exterminio.  

Sí, soy de los que cree -como la mayoría de los expertos, Amnistía Internacional o el comité que ha elaborado un informe para la ONU- que en Gaza se está cometiendo un genocidio. Pero genocidio no es una palabra mágica, me produciría la misma repugnancia y me enfrentaría a ello con la misma convicción e intensidad, si en lugar de genocidio la justicia internacional lo considerase crímenes de guerra o de lesa humanidad. Porque lo importante es lo que está pasando, y lo que hace el ejército israelí es abominable.

En el PP, especialmente en la parte más próxima a Vox, no solo niegan el genocidio, sino que recurren, como nos tienen acostumbrados, a todo tipo de exageraciones y mentiras para desprestigiar las manifestaciones de apoyo a Palestina y, venga o no a cuento, arremeter contra el presidente Sánchez. Me gustaría pensar -aunque sé que es una barbaridad atacar a la persona y no a sus propuestas- que, su posición pro Netanyahu es una pieza más en la estrategia de hundir a Sánchez, pero desgraciadamente no es así. Comparar el bloqueo de la última etapa de la Vuelta Ciclista con Sarajevo y no decir ni una palabra sobre el bloqueo de la entrada a Gaza de alimentos y medicinas, de la utilización del hambre y las enfermedades como arma de guerra, define claramente el nivel moral de quienes así actúan, no es un recurso contra Sánchez, es que no tienen humanidad.  

Por si fuera poco, el que pretende ser el faro y guía de las derechas españolas, el campeón de las mentiras -los atentados del 11M eran obra de ETA, en Irak había armas de destrucción masiva…- intenta hacernos creer que Netanyahu defiende al mundo occidental: “Si Israel perdiese lo que está haciendo sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total” Pero, ¿qué peligro suponen los palestinos para el mundo occidental? De no ser que Aznar se refiera a que, si Israel pierde, pierden los matones, los chantajistas, quienes están imponiendo la ley del más fuerte. Y Aznar pretende que Occidente pertenezca a ese mundo. 

El pueblo palestino está luchando por su supervivencia, pero esa supervivencia no está en peligro por un terremoto, por un sunami o por cualquier otro fenómeno natural, está en peligro por el odio a los palestinos y el afán expansionista de un gobierno sionista. Su supervivencia depende de que seamos capaces de frenar la política del tándem Trump-Netanyahu en esa parte del mundo. Y para eso, no basta con reconocer a Palestina como Estado, como dice la Comisión de Investigación de la ONU que ha concluido que Israel comete genocidio: “Los Estados deben actuar para pararlo”.

Los palestinos se merecen y necesitan todo el esfuerzo que podamos hacer, hay que seguir movilizándonos, presionando a las instituciones para que incrementen las sanciones hasta aislar a los genocidas económica y políticamente. Pero esas movilizaciones no solo van en beneficio palestino, trabajar por parar el genocidio es trabajar por nosotros, contra la tiranía de los poderosos, por los derechos humanos, por resolver los problemas por la vía política y de manera equilibrada. Es luchar por un mundo mejor.

Contra el genocidio, por nuestro futuro y por ese mundo mejor el viernes 26 a las 18,30 nos vemos en la Glorieta de Sasera.

La corrupción que apunta el informe de la UCO que, de momento, afecta fundamentalmente al secretario de organización del PSOE, no es solo el problema de una persona, es un tremendo problema político. No es que crea que la corrupción está extendida por todo el partido, que éste se financiase con las comisiones cobradas o que el secretario general tuviese conocimiento de la indecencia del secretario de organización -parece que el dúo Cerdán-Koldo empezó a funcionar en Navarra hace diez años y luego engancharon a Ábalos- pero es un duro golpe para un Gobierno incapaz de salir del rincón en que lo ha situado la derecha, ayudada por poderes fácticos de distintos estamentos.

Pedro Sánchez ha reaccionado cesando de todos los cargos a Santos Cerdán, pidiendo perdón y anunciando una auditoría externa en su partido, así como cambios en la Comisión Ejecutiva. No creo que esto sea suficiente, los errores en la elección de personas para puestos de responsabilidad -no es solo utilizar al partido para enriquecerse, los comentarios de Ábalos y Koldo sobre las mujeres son vomitivos- y la ausencia de elementos de control interno para detectar estos casos, requieren cambios más profundos, empezando por ser más exigente en la composición de las listas electorales. No todo vale para conseguir concejales, como se puede ver en el caso de Leire Díez.

En la rueda de prensa, el presidente Sánchez separó el caso Cerdán del funcionamiento del Gobierno. En parte tiene razón, un caso de corrupción en un partido no tiene por qué afectar al Gobierno, ni a su estabilidad ni a su política, pero es difícil separar los problemas del partido que dirige el presidente del funcionamiento del Ejecutivo, más, como en este caso, cuando el PSOE no pasa por su mejor momento de credibilidad, incluida la de Pedro Sánchez, entre cuyas virtudes no está la de saber valorar a las personas en las que pone su confianza.

Tampoco ayuda nada a clarificar las cosas la estrategia de comunicación del partido: ni quienes lo defienden -ministros y ministras- ni la manera en que lo hacen -recitando un argumentario lleno de tópicos y lugares comunes-. Por mucho que repitan el mantra: “Hemos actuado con rapidez y contundencia”, por mucho que recurran al “y tú más”, no van a convencernos de que el problema está resuelto.

Aunque pretenda obviarlo, Pedro Sánchez tiene dos problemas, relacionados entre sí y difíciles de resolver, para los que tiene que encontrar soluciones con urgencia. Todo esto sin saber -espero- hasta donde llegan los tentáculos de la corrupción, algo que, sin duda, se conocerá conforme vaya avanzando la investigación. Esto es lo primero que tiene que hacer Sánchez, valorar la penetración de las practicas chantajistas y si de ellas se ha beneficiado la organización. Si es así, a Sánchez no le queda otro remedio que dimitir como secretario general y convocar elecciones.

Aun en el mejor de los casos, la continuidad del Gobierno es bastante complicada. Va a depender de que Sánchez sea capaz:

1- De demostrar, sin lugar a ninguna duda razonable, que están acotados, y en vías de solución, los problemas derivados de las actividades de Cerdán.

2- De impulsar, con medidas y calendario concretos, una reforma en profundidad de la vida interna del partido, desde el funcionamiento de las agrupaciones, hasta los del Comité y Ejecutiva Federal, pasando por incrementar el grado de exigencia en la elaboración de las listas. También sería necesario articular procesos de formación en los que se haga hincapié en la importancia -y obligación- del compromiso ético en la política.

3- De presentar una moción de confianza negociada con los apoyos de legislatura que incluya: la presentación de presupuestos para 2026; agilizar en lo posible, dada la correlación de fuerzas en el Congreso, la agenda social, especialmente en lo relacionado con la vivienda; incrementar la transparencia de los actos administrativos -entre ellos las adjudicaciones de obra pública- e impulsar la democratización de las instituciones -Poder Judicial, Comisiones de Control, niveles superiores de las Administraciones Públicas...

La última condición, para que el gobierno de coalición siga siendo útil para la mayoría, es que en la negociación de la moción de confianza no se acepte ningún tipo de chantajes. Si para gobernar hay que ser prisionero de intereses partidistas maximalistas, es mejor dejar de hacerlo.

Además, es imprescindible un cambio de los partidos progresistas en su estrategia de comunicación. Atender las necesidades de la gente es necesario, pero no suficiente, sin un discurso capaz de generar cierta ilusión sobre el futuro no se gana la confianza de la ciudadanía.

Pedro Sánchez puede tener la tentación de modificar pequeñas cosas y seguir adelante, argumentando que la alternativa, un Gobierno PP-Vox, es mucho peor y que, en estos momentos, España necesita estabilidad; sería un grave error. Es cierto que la alternativa sería peor, sufriríamos una involución en los avances sociales y de derechos que hemos tenido con los Gobiernos de coalición y el protagonismo de nuestro país en la escena internacional retrocedería considerablemente, pero no tomar las medidas oportunas supondría una quiebra en el grupo de apoyo a la investidura, una sangría permanente para el Gobierno y sus apoyos y un descrédito para la izquierda.

Si Pedro Sánchez no es capaz de superar una moción de confianza, tampoco tendría el Gobierno los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar presupuestos ni leyes verdaderamente reformistas. ¿Para qué queremos un Gobierno así? El resultado sería peor que la perdida de la moción, en las siguientes elecciones -y no creo que durase mucho el Gobierno- ganaría de largo el PP, con una izquierda desacreditada, más debilitada y desunida todavía y sin capacidad de respuesta ante la contrarreforma de las derechas.

Israel avanza en la destrucción total de Gaza sin que, hasta ahora, nadie le ponga freno. Es más, todavía hay dirigentes europeos que apoyan o no condenan al Gobierno israelí. Algunos lo hacen por interés, por no enemistarse con Trump, por debilitar a la Unión Europea o a su propio Gobierno; otros porque, en el fondo, son iguales que Netanyahu y no les importaría hacer lo mismo… Y luego están los alemanes, buena parte del pueblo alemán -independientemente de su ideología- todavía arrastra la culpa del Holocausto y les parece que para redimirse tienen que apoyar, acríticamente, al Gobierno israelí de turno. 

Pero, ¿cuáles son las diferencias entre lo que hicieron las nazis en el gueto de Varsovia y lo que hace el ejército israelí en Gaza? El ejército israelí está destruyendo viviendas, escuelas, universidades, hospitales -sin que nunca hayan demostrado que en ellos había militantes de Hamás-, potabilizadoras de agua, infraestructuras de electricidad… Y no tiene ningún problema en utilizar el hambre y las enfermedades como armas de guerra. ¿No están eliminando indiscriminadamente a cualquier ser humano que se encuentre en Gaza? ¿No están arrasando el territorio para que no puedan volver a vivir allí? ¿No es esto también genocidio?

Si en algún momento hubo dudas de las intenciones del primer ministro de Israel, en estos momentos no hay ninguna y se siente tan impune que no tiene problema en reconocerlas públicamente.  Admite -aunque lo ha negado durante mucho tiempo- que dio el consentimiento para que Catar financiara a Hamás, con el objetivo de dividir a los palestinos para debilitar su capacidad de resistencia, y se levanta de la mesa de negociación porque ya ha reconocido que no tiene nada que negociar, que entre sus condiciones para acabar con la guerra está la expulsión de la población gazatí de sus tierras.

El proyecto de ocupación de Gaza no es algo derivado de los asesinatos del 7 de octubre de 2023, la derecha israelí siempre se ha creído con el derecho divino -por algo se consideran el pueblo elegido de Dios- de apoderarse de las tierras palestinas. Desde hace años, colonos judíos, con el apoyo de su ejército y el beneplácito de sus Gobiernos y la comunidad internacional, vienen ocupando territorio de Cisjordania -donde no existe Hamas-, expulsando a los palestinos que allí viven. El criminal atentado de Hamás ha servido de excusa para acelerar una aspiración largamente anhelada. 

Por muy atroces que sean los asesinatos de Hamás, estos no justifican el intento de exterminio de un pueblo, de la misma manera que los crímenes de guerra en Gaza no justifican el asesinato de dos personas trabajadoras de la embajada de Israel en EEUU, un crimen nunca justifica otro. Los palestinos, como los israelíes y el resto de pueblos, solo serán libres cuando sean capaces de enterrar el odio. 

Los Estados que se dicen defensores de los derechos humanos tenían que haber tomado medidas para parar a Netanyahu mucho antes, al menos desde que la Corte Penal Internacional lo acusó, en noviembre de 2024, de crímenes de guerra. No vale con decir que lo que ocurre en Gaza es intolerable; si no es tolerable, algo habrá que hacer para no tolerarlo, para impedirlo. Aunque, después de más de año y medio de ver las barbaridades de las que es capaz el ejército israelí, solo 17 países de la Unión Europea están por revisar el acuerdo comercial con Israel. 

Por otra parte, es alentador que el Gobierno de coalición haya sido la vanguardia en occidente contra la política de exterminio en Gaza y que haya participado en la creación del Grupo de Madrid -compuesto por países europeos, de la Liga de Estados Árabes y de la Organización de Cooperación Islámica a los que también se ha sumado Brasil- con el objetivo no solo de conseguir un cese de los ataques sino con perspectivas estratégicas: la solución de los dos Estados que proporcionen paz y seguridad en la región.

El Gobierno tiene que crear alianzas para avanzar en el terreno diplomático: convenciendo a más países de la importancia de reconocer al Estado Palestino, con resoluciones en la ONU, aislando políticamente a Israel…; en el terreno comercial: para la revisión del acuerdo comercial UE-Israel, proponiendo a otros países extracomunitarios la imposición de sanciones comerciales… y haciendo lo posible por suministrar ayuda humanitaria a la población gazatí.  

Pero, para que a nadie se le olvide y para presionar ante las posibles vacilaciones del Gobierno, también es necesaria la movilización de la ciudadanía.  Y para esto, nada mejor que partidos políticos, sindicatos, organizaciones internacionalistas, de solidaridad…, cualquier asociación entre cuyos objetivos o principios esté la defensa de los derechos humanos, se coordinen y unan fuerzas en la defensa del pueblo palestino. No parece muy coherente considerarse progresista, solidario, luchar contra las desigualdades, por la justicia social… y no incluir en la agenda la causa palestina que, de manera inmediata, pasa por parar los crímenes de Israel y llevar ayuda humanitaria a la franja.

También individualmente podemos colaborar para no dejar a Gaza sola. Lo podemos hacer explicando la necesidad en nuestro entorno -asociaciones, familiares, amigos o vecinos-, participando en las acciones que se convoquen, aportando ayuda económica a la UNRWA o negándonos a comprar productos procedentes de Israel. Este apoyo no nos saldrá gratis, nos llamarán yihadistas -como a Almudena Ariza, corresponsal de TVE en Israel-, antisemitas, vendidos a Hamás, incluso bolivarianos o filoetarras si te topas con fans de Aznar o Isabel Ayuso, pero merecerá la pena, no podemos quedarnos en el rechazo y la angustia, este es el momento de actuar. Además, podremos mirar a los ojos y responder sin sonrojarnos a quienes, pasados unos años, nos pregunten: ¿Y tú que hiciste para evitar el genocidio de Gaza?

Es difícil analizar fríamente cualquier problema y, por lo tanto, encontrar las soluciones más apropiadas. Y menos si estas requieren cierto grado de consenso y cierto tiempo de desarrollo. El día 28 del mes pasado, pocas horas después del apagón, los dirigentes del PP -incluido Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón- ya estaban exigiendo al presidente Sánchez información clara de lo que había pasado, no entendían que tardase cinco horas y media desde el cero energético para aparecer ante los medios de comunicación. 

No es extraño que los populares no lo entendieran, hay tantas cosas que no entienden… Pero esto no les impide opinar: Aznar enseguida supo que la autora de los atentados del 11-M era ETA, tampoco necesitó mucho tiempo para comprender el peligro que suponían las armas de destrucción masiva de Irak; Rajoy se percató de inmediato de que los hilillos de plastilina que salían del Prestige no suponían ningún riesgo; esto es tener las cosas claras, como el tiempo ha demostrado. En cuanto a Feijóo… Feijóo sabe desde el minuto uno que el apagón se produjo por falta de energía nuclear en el suministro a la red. Da igual que los técnicos digan que no se sabrán las verdaderas causas hasta que se puedan analizar todos los datos y para esto habrá que esperar semanas.

La inmediatez en las cosas se ha convertido en una seña de identidad de esta sociedad. Contestamos a los mensajes sin demora, queremos estar informados de lo que nos interesa al momento; que nos resuelvan las dudas en un periquete, los problemas sin tardanza… No importa que los asuntos a tratar sean complejos, queremos rapidez y si no es así los responsables de la gestión son unos inútiles o nos quieren ocultar la información. 

Tampoco llevamos bien la incertidumbre, el no saber lo que va a pasar. Pero vamos a tener que acostumbrarnos a la indeterminación y el azar: porque el riesgo cero no existe, porque nuestros conocimientos son limitados, porque existen las casualidades… Porque en la propia naturaleza se producen procesos probabilísticos. Y todo esto pasará con cualquier gobierno.

La falta de rigor no está solo en el ámbito político, los medios de comunicación -incluidos buena parte de analistas y tertulianos nada sospechosos de ser de derechas o de tener intereses en las compañías eléctricas- contribuyen a incrementar la confusión. También están condicionados por la inmediatez y, en ocasiones, por ciertos prejuicios, por no tener en cuenta la complejidad de algunos procesos.  

En el cero eléctrico del día 28 hay dos cuestiones fundamentales a investigar: por qué se produjo la desconexión de determinadas centrales y por qué fallaron los cortafuegos de la red eléctrica y para esto hay que dar tiempo a los técnicos para que estudien los datos y emitan sus conclusiones. Exigir rapidez no hace sino generar malestar y más inseguridad en la opinión pública. Aunque, en el caso del PP, es eso lo que se pretende, crear malestar y presentar al Gobierno como una entidad sobrepasada sin capacidad de asegurar los servicios públicos. Será que piensan que en toda España funcionan como la sanidad o la educación en la Comunidad de Madrid.

Tampoco aporta nada a esa tranquilidad y el rigor necesario, responsabilizar de lo sucedido a uno u otro tipo de energía. Ni responsabilizar al Gobierno de lo sucedido porque ya había habido informes de técnicos de Red Eléctrica en los que se advertía de posibles problemas. Quienes hablan de estos informes deberían decir a cuáles se refieren y qué tienen que ver con lo sucedido, los únicos informes conocidos a través de los medios de comunicación que hacen referencia a la aplicación de nuevos mecanismos de protección de la red llegaron al Gobierno a principios de año y en ninguno se detecta la necesidad de aplicar las medidas a corto plazo. Además, no sabemos si las medidas recomendadas hubiesen evitado el apagón.

Cuanta más información se tiene, más complejidad aparece. La vicepresidenta tercera y responsable de la comisión de investigación creada por el Gobierno, Sara Aagesen, informaba, en una entrevista publicada por elDiario.es el domingo 11, que según las primeras conclusiones a las que ha llegado la Red Europea, se registraron dos periodos de oscilaciones de tensión y frecuencia en el sistema eléctrico europeo continental durante la media hora previa al incidente. También se produjo la caída de una central nuclear en el sur de Francia a las 12.30 horas, justo antes del cero nacional en España. 

Dejemos que los técnicos hagan su trabajo y nos digan las causas de la caída del sistema eléctrico. Después, el Gobierno deberá dar las explicaciones pertinentes -de manera que sean comprensibles por la ciudadanía- y asegurarse de que los distintos operadores toman las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la red.

Y, una vez terminado este capítulo, abrir otro, el del sistema eléctrico que queremos para el futuro. Será entonces el momento de analizar ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de energía atendiendo a criterios económicos, ecológicos y sociales. En este nuevo capítulo no solo habría que reflexionar sobre la oferta, también habría que hacerlo sobre la demanda, cuanta y cómo se distribuye. Y qué riesgos suponen la concentración de empresas con gran demanda de energía, como los centros de datos que tienen previsto instalarse en Aragón. 

La formación crítica de la ciudadanía -y esto debe ser general en todos los países- no es algo de lo que podamos estar orgullosos. Los distintos niveles de enseñanza están más dedicados a transmitir información que a enseñarnos a pensar; más preocupados por construir eslabones de la cadena productiva que por formar a personas capaces de analizar los problemas -y participar en las soluciones- que se generan en unas sociedades cada día más complejas. 

Tampoco los medios de comunicación, las tertulias o los debates políticos, nos ayudan. Por intereses, por falta de tiempo o por desidia abundan los lugares comunes y la falta de rigor, cuando no la demagogia, los insultos, las medias verdades, o las mentiras directamente, con el fin de aumentar el número de fieles seguidores. El caso de Santiago Abascal insultando al presidente Sánchez y diciendo que nos oculta información sobre las causas del apagón es paradigmático. Ahora que demuestre Sánchez que es inocente.

La complejidad de los problemas, la falta de formación e información fidedigna y el creciente individualismo -letal para las sociedades democráticas- hace que nos refugiemos en lo que creemos que hemos entendido, en lo más próximo, en la tribu en la que nos consideramos seguros. 

En este contexto, en la ciudadanía prevalece la idea -potenciada por ciertos partidos políticos, como Vox y sus aliados- de que Europa es una cosa lejana, que los dirigentes europeos son una casta que solo mira por sus intereses y que estaríamos mejor sin la UE. La Unión es manifiestamente mejorable, pero quienes pretenden su desaparición se olvidan de los beneficios que ha aportado: fondos de cohesión, moneda única, protección de derechos ante posibles arbitrariedades de algunos países, ayudas a raíz de la COVID…Y no tienen una alternativa mejor.

Además, si reflexionamos sobre lo qué ocurre a nuestro alrededor, vemos que el refugiarnos en lo más próximo no nos garantiza nuestro futuro. Tras la invasión rusa, Ucrania mantendrá la mayor parte de su territorio gracias a la ayuda recibida por los países europeos y por EE.UU., pero tendrá que ceder una parte porque la ayuda no ha sido la suficiente.  Otro caso es el del pueblo saharaui, que perderá todo su territorio y pasará a formar parte -a pesar de las resoluciones de la ONU- del reino de Marruecos. Y el ejemplo más sangrante: el genocidio palestino, por voluntad de los Gobiernos de Israel y EE.UU., y ante la pasividad del resto del mundo.

No, el refugiarnos en la tribu -ya sea ésta un grupo de colegas o tu nación- no nos salvará, no garantiza el futuro. Para garantizarlo es necesario formar parte de una estructura suficientemente fuerte como para disuadir a posibles adversarios y resistir las agresiones que se puedan producir. Y para esto, por proximidad, por historia, cultura y valores, tenemos la Unión Europea que, además, y a pesar de sus limitaciones, es la vanguardia mundial en democracia, derechos y protección social.

Pero si el proyecto de la UE siempre ha sido cuestionado por quienes tienen otros intereses económicos, políticos o ideológicos, la agresividad de Trump contra Europa -tanto de forma directa mediante aranceles y sus acuerdos con Putin como a través de su apoyo a la extrema derecha antieuropea- es un factor nuevo que incrementa considerablemente el riesgo.

El proyecto europeo está en peligro y para defenderlo es necesaria nuestra movilización. Es necesario que quede claro para sus enemigos -también los internos- que no vamos a permitir ningún retroceso en el desarrollo de los objetivos y valores aprobados en el Tratado de Lisboa y que vamos a empujar a la Comisión Europea y el resto de instituciones para que se hagan las modificaciones necesarias que permitan a la UE ser un actor independiente y decisivo en el escenario geopolítico internacional.  

Queremos más Europa, una Europa que promueva el multilateralismo y un orden internacional basado en reglas y en el respeto a la justicia y a los derechos humanos; que defienda a las personas y su diversidad frente a todo tipo de intolerancias y violencias. 

Como dice Unai Sordo, secretario general de CC.OO., “Tomemos partido… por Europa”

Se suele decir que la Unión Europea se fortalece gracias a las crisis. En buena medida es cierto -la reacción ante la COVID es un ejemplo - pero, ¿será capaz de dar pasos adelante ante esta crisis multifactorial? Y, sobre todo, ¿será capaz de dar los necesarios? 

Para ello, además de la voluntad política, es necesario acertar en el análisis del nuevo escenario que se ha configurado en los últimos tiempos, especialmente tras la elección de Trump. El mundo -todavía dividido en norte y sur- ya no se divide entre el este, gobernado por dictadores comunistas que nos quieren invadir, y el oeste, paraíso de la democracia, las libertades y el bienvivir, -EE.UU. es un buen ejemplo, con una forma de gobernar y un “respeto” por las libertades y los derechos humanos mucho más próximo a Rusia que a Europa-; el multilateralismo ha saltado por los aires y las instituciones internacionales no tienen ninguna autoridad, solo vale la ley del más fuerte.

Como corolario, con un presidente que es el mayor responsable del deterioro que están sufriendo las relaciones internacionales, que ha desatado una guerra comercial a escala mundial y que considera que la UE nació para perjudicar a su país, los europeos no podemos considerar al Estado que preside como amigo o aliado ni en economía, ni en política ni en defensa. Es más bien un competidor económico depredador y un adversario político sin escrúpulos.  

En este contexto, la Unión Europea tiene que decidir si quiere ser independiente -un factor determinante en el diseño del futuro, que pueda negociar en plano de igualdad con los otros poderes económicos, políticos y militares- o prefiere seguir dependiendo de los EE.UU., con el precio que haya que pagar por ello. Es una decisión transcendental.

En el primer caso, el único camino posible es avanzar hacia una Europa más unida -ante los cambios que ya se están produciendo, la unidad comercial vale de muy poco-, sería necesaria una refundación de la UE sobre bases distintas, teniendo en el horizonte la construcción de una ¿Federación de Estados Europeos?

El camino va a ser largo y difícil, la diversidad existente en el seno de la Unión es muy amplia y el sentimiento nacionalista pesa demasiado, pero, para empezar, se podría avanzar hacia un nuevo marco económico, que mejore nuestra posición en el mercado global; acordar una única voz en política exterior que nos permita ser el único referente mundial, con cierto peso, que defienda los valores fundacionales de la UE y caminar hacia la construcción de un ejército europeo capaz de defendernos de las posibles agresiones exteriores. Para avanzar en esta dirección, es imprescindible acordar las mayorías reforzadas pertinentes en cada caso, pero eliminar la unanimidad, el derecho de veto de los Estados. 

Según los objetivos de la UE, aprobados en el Tratado de Lisboa, el nuevo marco económico debería contemplar al menos los siguientes: establecer un mercado interior; lograr un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, así como una economía de mercado altamente competitiva con pleno empleo y progreso social; reforzar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los países de la UE y proteger y mejorar la calidad del medio ambiente.

En política exterior los objetivos serían: afirmar y promover sus valores e intereses; contribuir a la paz y la seguridad y al desarrollo sostenible del planeta; contribuir a la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos; y el estricto respeto del Derecho Internacional. 

No es nada novedoso, nada que no hubiesen deseado quienes iniciaron el camino de la construcción de una entidad europea, pero es mucho el giro que hay que dar para situarse en esa senda. Empezando por olvidarnos del eurocentrismo que nos domina - ¿qué significa el “grito de guerra” de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de “hagamos grande a occidente” ?, ¿a costa de quién? -; eliminando la doble vara de medir, oponiéndose a Netanyahu en lugar de recibirlo con honores y avalar su política de exterminio en Gaza… La defensa de valores implica la incomprensión y, a veces, el enfrentamiento con otros actores, pero los valores no están para que queden bien en un documento.

En cuanto a la creación de un ejército europeo (EE) nada se dice entre los objetivos que tiene y los valores que debe defender la UE, pero en este momento es una cuestión de primer orden. La cooperación siempre supone un salto cualitativo sobre la suma de los integrantes, pero en el caso del ejercito el salto es abismal. La suma de 27 ejércitos, con diferentes armamentos, munición, prioridades, cadenas de mando, sistemas de información… no hacen un ejército eficaz. Y el gasto en armamento a nivel nacional, a quién beneficia principalmente es a la industria armamentística.

El EE defensivo tiene muchas ventajas: todas las compras están orientadas por un mismo objetivo, con lo que son más provechosas; las compras centralizadas consiguen mejores precios, y se minimiza el riesgo de que ejércitos nacionales fuertes entren en conflicto, es un antídoto contra el nacionalismo exacerbado. Además, la creación de una estructura militar europea, independientemente de su relación con la OTAN, si es que todavía existe esta estructura caducada -Trump está pensando eliminar su aportación económica a la Alianza, igual nos resuelve el problema-, nos hace autónomos y, por lo tanto, capaces de rechazar los objetivos que interesen a EE.UU. 

Los gastos que suponga la articulación del EE, deben ser mancomunados y pueden sufragarse perfectamente con un impuesto europeo a los superricos y aun sobraría para atender otros menesteres.  Una tasa del 3% a las grandes fortunas superiores a los 100 millones de euros podría recaudar anualmente unos 120.800 millones.

Por supuesto, al margen de la creación de un ejército común, hay que priorizar la política y la mediación como instrumentos de resolución de conflictos y deshacerse de la mochila que nos ha colgado los EE.UU., la relación con Rusia, -y no pretendo minimizar las posibilidades de conflicto que a día de hoy existen- no se puede congelar en el tiempo con los parámetros de la guerra fría, en algún momento habrá que intentar una aproximación atendiendo a los intereses europeos.

La UE podría jugar un papel esencial en la nueva situación geopolítica y aparecer como un nuevo polo de referencia, pero, para eso, además de cambios estructurales, necesita un cambio de mentalidad. Tiene que desprenderse del sentimiento de superioridad con que trata a la mayoría de los países; prestar una atención especial al Sur Global; promover relaciones equilibradas sin intentar imponer nuestra forma de vida, desterrar la doble vara de medir -China es una dictadura, pero también lo es Arabia Saudí-; fortalecer la multilateralidad y la cooperación; ayudar al desarrollo de los países en vías de desarrollo con un comercio justo… y ser más firme en la defensa de lo que, en teoría, son sus valores: el silencio, cuando no el apoyo, ante el genocidio de Israel, no puede tener cabida en la UE.

Puede parecer una utopía, pero los grandes proyectos comienzan así, con planes ambiciosos, mirando al horizonte, y en estos momentos, quedarse estancado es retroceder. Incluso pueden avanzar, aquellos miembros que así lo consideren, articulando una geometría variable en el funcionamiento de la UE. Lo que no se puede hacer es seguir igual, estar sometidos al veto de un Estado o a las posiciones más retardatarias.

La otra alternativa, seguir dependiendo del “amigo” americano, puede resultar más cómoda, no hay que cambiar nada -los cambios siempre producen cierto vértigo-, solo hay que dejarse llevar. Pero supone una subordinación continua al presidente de turno. Vamos, es como jugar a la ruleta rusa permanentemente, al final acabas con una bala en la cabeza.

En cualquier caso, hay que saber con quién se trata en cada momento para diseñar una estrategia, y ahora toca negociar con un matón. Con alguien que no respeta ningún tipo de reglas, con un personaje que recuerda al Padrino cuando “hace ofertas que no se pueden rechazar”, como el chantaje al que está sometiendo a Ucrania. En estos casos la prudencia debe ir acompañada de cierta firmeza, algo que no se ha visto en la Comisión. Al no responder al 10% de aranceles generales, más un 25% para el acero y el aluminio, impuestos por Trump, está aceptando su terreno de juego, la desigualdad desde el inicio. Y esto no hace más que reafirmar a Trump en que “Europa siempre cede” y vamos a besarle el culo. Mal comienzo.

¿Qué debe hacer Europa ahora? En primer lugar, convencerse de que Trump no es nuestro aliado político -nos ha declarado la guerra económica- y que tenemos que buscar nuestro propio camino para defender nuestros intereses. Eso requiere una reflexión crítica sobre si lo que hemos hecho en las últimas décadas, siguiendo las directrices de Washington, era realmente positivo para nosotros o solo beneficiaba a EE.UU. Y, por supuesto, evitar las respuestas que sean simplemente actos reflejos propios de épocas pasadas. 

Creo que la Comisión Europea ha respondido, sin reflexión, con un acto reflejo impropio de la actual coyuntura, considerando que hay un peligro inminente, Rusia, y que hay que rearmarse en cantidad y rápidamente. El cambio de bando de la administración estadounidense ha cogido a las instituciones europeas por sorpresa y sin estrategia para este nuevo escenario. Eso, estudiar la coyuntura y definir una estrategia para el futuro, es lo primero que habría que hacer. Y mientras tanto, prudencia.

No quiero decir que no debamos preocuparnos por la seguridad exterior, y creo que, en estos momentos, Rusia es un peligro para Europa, pero, ¿qué tipo de peligro? No hay duda de que Putin está intentando desestabilizar a la UE con ciberataques, interviniendo, como Trump, a favor de las extremas derechas hasta en las elecciones -es curioso, la extrema derecha apoyando a Rusia y a Israel, quién lo iba a decir-, y probablemente con algún tipo de sabotaje, pero es poco probable que Putin tenga pensado invadir otro Estado europeo, al menos a corto plazo. En ese caso, aunque EE.UU. no respetase los acuerdos de la OTAN, el ejército ruso se tendría que enfrentar a todos los países europeos más Canadá y no creo que Rusia tenga incentivos para iniciar esa aventura.

Si esto es así, y nadie ha dado argumentos en contra, el gasto europeo debe empezar priorizando la inversión en ciberseguridad; mejora y seguridad de las redes de distribución, transportes y comunicación; en información -control de los posibles peligros-; en Inteligencia Artificial; desarrollando un potente escudo antimisiles y drones... Esta estrategia tiene un claro carácter defensivo, lo que tiene una doble ventaja: no puede ser considerada como una provocación por Rusia y tranquiliza a la ciudadanía europea. También habrá que empezar -y esto puede ser de inmediato- a desarrollar los mecanismos que permitan rentabilizar al máximo la capacidad de intervención conjunta de los ejércitos europeos existentes.

Lo que no tiene ningún sentido es la iniciativa del Reino Unido y Francia de enviar tropas de interposición a Ucrania cuando se firme la paz. Sin saber en qué condiciones se va a firmar, si van a ser aceptadas por las dos partes y qué capacidad de intervención va a tener, me parece una temeridad -una bravuconada- por parte de Keir Starmer y Macron. ¿Qué van a hacer los soldados de interposición, como los de la ONU al sur de Líbano? ¿Van a usar la fuerza contra quien incumpla las condiciones pactadas y entrar en guerra? Los dirigentes políticos europeos deberían tener un poco más de sosiego.

Los analistas en temas de defensa, sean militares o no, coinciden en que el problema de la seguridad europea -no solo en defensa sino en general, si quiere sobrevivir en el nuevo al orden mundial que se avecina- es político. No se conseguirá mucho aportando más dinero a la defensa de cada país, será necesario caminar hacia la construcción de un ejército europeo: liderazgo, estructuras de mando únicas, armamento común, acuerdo en la distribución de la fabricación de armamento -sería absurdo seguir comprando armas a EE.UU.-, con una inversión mancomunada… Y, fundamentalmente, avanzar en la unidad en todos los frentes.

Como decía en el artículo anterior, para que podamos superar cualquier crisis es necesario que “haya una mayoría social convencida de la defensa de determinados valores”, y esto es imposible sin transparencia. La Comisión Europea, sin ningún tipo de explicación, propone gastar 800.000 millones en armamento -luego ya veremos en qué, a quién se lo compramos y para qué los queremos-; numerosas voces urgen al rearme -hay quien compara la urgencia con la que tenía la obtención de vacunas al comienzo de la pandemia, cuando estaba muriendo gente todos los días- y se nos recomienda ir preparando un kit de supervivencia para 72 horas.   

Para colmo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, nos avisa a los españoles, para que nos sumemos a la escalada armamentística, de que un misil ruso solo tarda 10 minutos más en llegar a Madrid que a Varsovia. Si España no entrase en el programa de rearme, ¿qué interés tendría Rusia en gastar misiles contra nosotros? ¿Nos quieren meter miedo? Algunos discursos me recuerdan a quienes aseguraban la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.

El sentimiento de inseguridad no es el mismo en el suroeste europeo que en el este -no hemos sufrido la invasión de los tanques rusos y estamos muy alejados de la posible linea del frente- pero no serán los mensajes alarmistas los que nos convenzan de dar un cheque en blanco, ni a Von der Leyen, ni a Rutte. 

Al margen de rechazar los posibles chantajes del miedo, hay que tener en cuenta dos factores. En primer lugar, que hay que mejorar nuestra seguridad en varios frentes y que el riesgo puede ser mayor en el futuro, Y, por otra parte, que formamos parte de la UE y esto nos obliga a intentar buscar el mayor acuerdo entre todos sus miembros – teniendo en cuenta también los factores subjetivos- y ese acuerdo tiene que contemplar la mejora de la seguridad en las fronteras exteriores, especialmente las del este.

Otro factor importante a tener en cuenta en esta política de rearme, aunque sea controlado, es de dónde va a salir el dinero para incrementar el gasto.  En estos momentos, no solo no es aceptable la transferencia de recursos de la seguridad interna -sanidad, educación, protección social, cambio climático, desarrollo económico…- a la externa -defensa- sino que hay que incrementar los primeros. El mayor peligro en la actualidad para la seguridad de Europa es el riesgo a que están sometidas empresas y puestos de trabajo por la guerra económica de Trump. Y hacer lo posible para salvarlas debe ser una prioridad para los gobiernos europeos.

Por mucho que Mark Rutte -que se comporta como el capataz de Trump para los gobiernos europeos- presione para incrementar el gasto en defensa y rechace la propuesta de Pedro Sánchez -contabilizar como gasto en defensa la protección de las fronteras o la lucha contra el terrorismo- el presidente no debe ceder y tiene que adecuar sus compromisos a la nueva situación imprevista, al menos por los europeos. Sería una barbaridad dedicar dinero a armas por un hipotético peligro futuro, desatendiendo el que tenemos con los aranceles, que es real e inmediato. Es necesario dejar claro, tanto a Trump como a Rutte, que ya nada es igual que hace unos meses.

No obstante, si fuese necesario incrementar los recursos en seguridad/defensa, la lucha contra el fraude, las elusiones y las guaridas fiscales nos permitiría un significativo incremento de ingresos en Europa. Y, en última instancia, quiero recordar que la carga fiscal en España es entre un 2,5% y un 4% -según las fuentes- inferior a la media europea. Ahí tenemos otra importante vía de mejora de ingresos basada en la progresividad, que eliminara del incremento impositivo a las rentas más bajas y recayera, fundamentalmente, en las más altas.

El mundo en que vivimos se parece poco al posterior a la II Guerra Mundial. La consolidación del neoliberalismo -impulsado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan a principio de los años 80- como modelo mayoritario a escala mundial, ha ido transformando las sociedades. Los principios neoliberales -reducción del papel del Estado en la economía, privatización de empresas públicas, desregulación del mercado, flexibilidad laboral, pérdida de poder de los sindicatos…- han calado de tal forma que la solidaridad, la multilateralidad, la cooperación y el respeto por las instituciones han dado paso al individualismo, al sálvese quien pueda y a la razón de la fuerza como como argumento definitivo.

También ha cambiado el papel de los Estados y sus relaciones políticas y comerciales. Y han perdido gran capacidad de intervención los organismos internacionales, como la ONU o la Corte Penal Internacional, creadas a partir de 1945 para -al menos teóricamente, y solo para un parte del planeta- favorecer la paz, la cooperación entre Estados, ayudar al desarrollo, o juzgar a quienes cometiesen crímenes de genocidio, guerra o lesa humanidad.

El salto cualitativo se ha producido con la llegada de Trump. El presidente de EE.UU. ha decidido reordenar el mundo en función de sus intereses y su estrategia para el nuevo orden, tiene mucha coincidencia con la de Putin: los dos quieren ampliar su espacio de influencia, los dos se quieren repartir los recursos de Ucrania, los dos han apoyado y/o apoyan, a pesar de sus crímenes, a sus aliados en Oriente próximo, los dos presionan y amenazan a sus adversarios… y los dos se niegan a aceptar las resoluciones de los organismos internacionales. De los dos, el más peligroso, porque tiene más poder y porque amenaza hasta a sus supuestos aliados, es Trump. 

El mundo ha cambiado tanto y la situación es tan compleja que recurrir mecánicamente a códigos válidos en otros contextos, o partir de posiciones binarias -locura armamentista contra desarme unilateral, cañones contra mantequilla, esfuerzos diplomáticos o rearme- polarizará más a la sociedad y no ayudarán al necesario debate público ni a definir objetivos políticos propios.

¿Necesita más seguridad la Unión Europea? Si por UE entendemos un conjunto de Estados dispuestos a colaborar en lo económico y político, defensores de la paz y la estabilidad, la libertad, la democracia, la igualdad, y la garantía de condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía, la respuesta, sin lugar a dudas, es sí. Pero, ¿la propuesta de Ursula von der Leyen es la apropiada? Con la misma rotundidad digo que no.

Las sociedades necesitan una seguridad que, además de tener un Estado que las proteja ante las agresiones externas e internas, se extienda a su vida cotidiana, la seguridad que proporciona una vivienda accesible, una sanidad y educación de calidad, empleos y pensiones dignas, protección social cuando se necesita, suministros fiables, prevención y protección ante posibles catástrofes naturales, el respeto a las creencias y formas de vida diversas… Lo que podemos llamar un Estado Social de Derecho.

Este modo de vida, estas aspiraciones todavía incompletas en todos los países, no está garantizado, tiene enemigos tanto internos como externos, y mal haríamos si centramos la atención en los hipotéticos peligros exteriores y nos olvidamos de los interiores, si compramos armas para que, después, las utilice Abascal o el nuevo PP, supeditado a Vox, que está diseñando Feijóo. Entonces, sin necesidad de ataques exteriores, el Estado Social de Derecho desaparecería y, en nombre de un patriotismo estrecho, con referencias a la dictadura de Franco, pasaríamos de la cesión voluntaria de soberanía a la UE, a la dependencia total de personajes como Trump. 

Tanto la UE como cada Estado miembro tienen que tener presente la seguridad interna. Hay que, entre otras medidas, reforzar los pilares en que se basa el Estado Social Europeo y señalar las ventajas que tiene en relación con otros modelos  -si los jóvenes que consideran aceptable la dictadura en determinadas ocasiones conociese como se ha vivido y se vive sin democracia, es muy probable que cambiasen de opinión-, aumentar la transparencia de las administraciones, explicar en qué se basan las decisiones que se toman, escuchar y tener en cuenta las opiniones de los diferentes colectivos sociales, apoyar las iniciativas colaborativas e incrementar las relaciones entre los diferentes Estados y sus ciudadanías. Es condición necesaria para salir airosos ante posibles agresiones o catástrofes naturales que haya una mayoría social convencida de la necesidad de defender determinados valores.

También los riesgos exteriores existen y, en mi opinión, el más peligroso en esta coyuntura es Trump. El “rey” de los EE.UU. considera a la UE un enemigo político -odia nuestro modelo social-, un competidor económico -pretende beneficiarse de la relación económica con Europa a base de aranceles-, nos desprecia y hará lo posible, ayudado de sus caballos de Troya, la extrema derecha incrustada en las sociedades europeas, por desestabilizar el equilibrio de la Unión. Hasta el punto de que ya ha amenazado con anexionarse Groenlandia, parte de Dinamarca, un supuesto aliado en la OTAN, por la fuerza.   

Supongo que nadie estará pensando en rearmarse para hacer frente a la política de Trump. En este terreno, nuestra seguridad depende de la autonomía que seamos capaces de tener -o al menos de la independencia de EE.UU.- en materia sanitaria, energética, de comunicaciones, industrial, de I+D+i, etc. Y esto requiere más Europa, más coordinación y más cooperación. Ningún país por sí solo, por muy fuerte que se sienta, puede garantizar la seguridad de su población.

Pero no todos los conflictos tienen este carácter, las ansias expansionistas, los conflictos económicos, y las diferencias políticas o religiosas pueden dar lugar a enfrentamientos armados y los Estados y alianzas los tienen que tener en cuanta. Es evidente que sin armas no es posible el conflicto armado, pero no creo que el desarme unilateral resuelva los problemas.  

Si la guerra es el fracaso de la política, la política fracasa cuando una de las partes quiere. No se me ocurre qué política podía haber parado a Hitler -ya sé que las potencias vencedoras de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania condiciones draconianas que llevaron al resentimiento a buena parte del pueblo alemán, pero esto solo es historia de la que se debería haber aprendido, nunca justificación de las invasiones nazis y menos del holocausto- o qué propuestas se pueden hacer ahora para que Netanyahu y  la extrema derecha de Israel dejen de considerar a Palestina como el territorio que Dios concedió al pueblo israelita. 

La inmensa mayoría de las personas estamos en contra de las guerras, por eso hay que priorizar la política como instrumento para la resolución de los conflictos, pero cuando esta fracasa, o estamos en condiciones de defendernos o estaremos condenados a estar sometidos por otra potencia, a perder el Estado del Bienestar (pensiones, sanidad, educación…), el que nos proporciona seguridad cotidiana. 

Ninguna de las dos opciones es buena, la escalada armamentística conduce a la desconfianza e incrementa las posibilidades de conflicto y el desarme unilateral anima a los expansionistas y matones de barrio -que como vemos los hay- a ejercer como tales.

¿Qué debe hacer la Unión Europea? ¿Qué tipo de rearme necesita? ¿Cómo lo hacemos? ¿Es urgente? Son algunas de las preguntas que debemos hacernos y exigir a nuestro gobierno que las responda.

Desde que Trump decidió dar un giro de ciento ochenta grados a las relaciones con sus históricos aliados, nuestra percepción de la guerra en Ucrania ha variado sustancialmente. Hasta hace poco, la mayoría veíamos la guerra con bastante distancia. En España acogimos a los refugiados ucranianos, formamos a algunos de sus soldados, apoyamos a Ucrania con armamento y dinero…, sentíamos solidaridad por el país invadido, pero no nos veíamos afectados directamente. Ahora, cuando nos vemos emplazados a compensar en parte la ayuda que niega EE.UU., aparecen más problemas, más matices en las responsabilidades de la guerra.

Es cierto que, con la desintegración de la URSS, Europa perdió la oportunidad de explorar la posibilidad de construir espacios comunes con Rusia que fuesen cambiando, incrementando poco a poco la confianza, las relaciones internacionales propias de la guerra fría. Nos dejamos llevar por los intereses de EE.UU. que, con el instrumento de la OTAN, emprendió una política de acorralamiento de Rusia. También, en alguna medida, es cierta la participación de Occidente -especialmente de EE.UU.- en el Euromaidán, las movilizaciones de 2013/2014 que derrocaron al presidente prorruso Víktor Yanukóvich. 

Por otra parte, hay quien encuentra en la historia un atenuante de la invasión rusa. Pero recurrir a la historia como justificante de determinados derechos es poco serio, primero porque habría que acordar cuál es el origen de la historia y, segundo y más importante, porque la historia puede explicar determinadas relaciones entre pueblos, pero no da certificado de garantía de ningún derecho. No creo que a nadie se le ocurra defender el derecho de los Borbones a reclamar, en nombre de la historia, la monarquía absolutista.

Pero hablando de historia, si bien es cierto que durante casi dos siglos -entre 1721 y 1917, gran parte de Ucrania formó parte del Imperio ruso, también lo es que antes, desde el siglo XIII, fue invadida, dividida y gobernada por Polonia, el Imperio austrohúngaro y el Imperio otomano. Y después, la República Socialista Soviética de Ucrania fue uno de los Estados fundadores de la Unión Soviética, firmando, en 1922, el Tratado de Creación de la URSS. Hay historia para todos los gustos.

Cuando hay un conflicto, podemos partir de que todas las partes implicadas tienen algo de responsabilidad, que no hay buenos ni malos al 100%, pero esto no nos puede llevar a ser equidistantes. Si repasamos la historia reciente, la que ha tenido como uno de sus protagonistas a Vladimir Putin, vemos que el presidente ruso ha intentado mantener el mayor control posible sobre las repúblicas que formaron parte de la URSS -la segunda guerra de Chechenia o la intervención en Georgia- y especialmente sobre Ucrania por su importancia geoestratégica y riqueza minera, aunque a veces se argumenten “razones” históricas o de otro tipo.

Sus argumentos para intervenir en Ucrania han sido distintos: desde la negación de la intervención de Rusia en 2014 en Crimea -los soldados rusos iban sin banderas y negaban serlo-, hasta la necesidad de defender a los ucranianos prorrusos del gobierno nazi de Zelenski, algo mucho más acorde con la estrategia inicial de conquistar Kiev en unos días. Y, siguiendo con este objetivo, en la visita a Kursk del día 12, el presidente ruso pidió a sus soldados acabar con los terroristas ucranianos. 

Si a la escasa credibilidad de Putin unimos los apoyos con los que cuenta -Trump y las derechas más extremas del mundo- no hay duda de a quién hay que apoyar, de que una victoria de Rusia sería un problema para quienes estamos por la paz, por una paz que contemple la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado Social europeo.

Las guerras son horribles, y quienes peor parados salen son siempre las clases populares. Por eso es razonable pensar que hay que evitarlas o pararlas cuanto antes una vez comenzadas, pero en este caso yo tengo dudas también razonables. Los ucranianos podían haber evitado la guerra si no se hubiesen enfrentado al ejército ruso, si hubiesen aceptado un gobierno títere de Rusia, renunciado a la democracia. Pero no sabemos cuáles eran las intenciones reales de Putin, qué entiende por “desnazificar” Ucrania. Ni si pretendía “liberar” de los nazis a otros estados.

En estos momentos, a Zelenski solo le queda la salida de buscar un alto el fuego que conduzca a una paz no muy humillante -aunque cada día está más claro que Trump y Putin se van a repartir las riquezas de Ucrania. Una vez más Ucrania dividida y sometida a distintos imperios- y ojalá se hubiese buscado la salida antes. Pero los ucranianos confiaban en que la ayuda de Europa y EE.UU. iba a ser suficiente para equilibrar la desigualdad de partida con el ejército ruso y no solo no ha sido así, sino que Rusia se ha fortalecido con la ayuda de Corea del Norte. 

Cuando oigo a algún dirigente político -y no solo de Vox- decir que apoyar a Ucrania es estar a favor de la guerra, me entra cierto disgusto y tristeza. Algo parecido debieron pensar las democracias europeas en 1936 cuando decidieron no apoyar a la República, la parte agredida y más débil, mientras veían como Alemania e Italia sí apoyaban a los golpistas, la parte más fuerte. Quizás piensen que, para evitar la guerra, el gobierno de la República debería haberse rendido inmediatamente ante el golpe de Estado. No seré yo quien diga cómo tiene que responder la persona, colectivo o Estado agredido, pero si decide responder a la agresión, procuraré apoyarle en lo que pueda. A lo largo de la historia, nunca los poderosos han accedido a perder sus privilegios de forma pacífica.

Creo que el gobierno de Sánchez ha acertado en el enfoque de la ayuda a Ucrania, igual que me parece un acierto no pronunciarse a priori sobre la presencia de tropas españolas en territorio ucraniano como garantes de la paz. Habrá que ver la situación concreta, el grado de aceptación de los contendientes y el papel que tienen que desempeñar. En lo que sí nos debemos comprometer es en ayudar a Ucrania para obtener la mejor paz posible y en contribuir a la reconstrucción del país tras la firma de la paz.

La construcción europea es una tarea larga y compleja. Además, como en todos los procesos largos, la estrategia acordada en un momento determinado no es válida pasado cierto tiempo -las circunstancias políticas y económicas cambian, se integran nuevos estados a la UE…-; las distintas historias, culturas e intereses de parte, dificultan los acuerdos, y la estructura de la UE no facilita la toma de decisiones. Todos estos factores hacen que la UE no tenga, a nivel internacional, el peso político que le correspondería en función de su número de habitantes, PIB, historia, cultura y modelo social.

Estas deficiencias han quedado, hasta hace unos días, más o menos difuminadas por el respaldo, aunque siempre interesado, de los EE.UU., pero con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el apoyo del “amigo” americano no solo ha desaparecido, sino que dicho amigo considera a Europa un enemigo al pretender dinamitar los pilares fundamentales en los que se asienta. Ya solo somos un continente y un contenido de los que sacar el mayor beneficio posible -lo único que le interesa de Ucrania son las tierras raras- y le resultará más fácil cuanto más débiles y desunidos estemos.

El eslogan de “América primero” significa para Trump que todo es válido si va a favor de su concepción de la América del futuro, si incrementa su poder. Para el presidente multimillonario no existe el multilateralismo, ni los derechos humanos o el derecho internacional, y desprecia a las instituciones internacionales: ONU, Organización Mundial de la Salud, Corte Penal Internacional… 

Pretende un nuevo orden mundial, un reparto del planeta en el que podrían participar lideres como Putin o Netanyahu, tan respetuosos con los derechos de los demás como él, y para ello no le importa recurrir a la extorsión y la amenaza. Sí Dinamarca no le vende Groenlandia, amenaza con la fuerza; le ha dicho a Netanyahu que le apoyará en lo que haga en Gaza - ¿también en Líbano o Irán? -, ha acordado con Rusia respetar los intereses mutuos. 

El statu quo de la segunda mitad del siglo XX ha desaparecido y cuanto antes nos enteremos en Europa, mejor. Trump no va a defendernos de ninguna agresión ni va a ser un dique de contención para las ansias imperialistas de Putin, va a imperar la ley del más fuerte. Tampoco son los judíos el pueblo perseguido por los antisemitas, en la actualidad son ellos los perseguidores, los genocidas del pueblo palestino. Y ahora nadie podremos decir que no nos habíamos enterado de lo que estaba pasando.

Si la UE quiere sobrevivir, al menos sobrevivir con nuestro modelo social, se tiene que poner las pilas, tiene que avanzar en la unidad, tiene que presentarse en el escenario internacional como una entidad fuerte y con una única -o muy mayoritaria- voz en los temas transcendentales, los matones de barrio no entienden otro lenguaje que el de la fuerza. Y tiene que respetar, e intentar que se respeten en todas partes, los derechos humanos y las leyes y normas internacionales. 

Europa debe garantizar al máximo su autonomía, especialmente en alimentación, sanidad y seguridad, y buscar otros socios y aliados más próximos en valores y más fiables que los Estados Unidos. En relación con la seguridad, es de destacar la iniciativa del presidente Macron, y la presencia en el Elíseo de Keir Starmer, primer ministro de Gran Bretaña, para ver de qué manera puede Europa -no solo la UE- intervenir en la deriva que está tomando la guerra en Ucrania.

Pero el debate de la seguridad no se puede limitar a ver cuánto tienen que incrementar los países europeos su gasto en defensa atendiendo a las exigencias de Trump y su fiel escudero, el secretario general de la OTAN Mark Rutte. La autonomía en seguridad consiste en analizar cuáles son nuestros posibles conflictos -no los de EE.UU. que ya no es un aliado-, cómo podemos abordarlos, que tipo de política europea de defensa necesitamos, cómo avanzamos hacia la construcción de un ejército europeo… Y entonces, con estas incógnitas despejadas, podremos hablar de qué tenemos que comprar, a quién, cuanto nos va a costar y cómo lo vamos a pagar. Porque, de ser necesario, el incremento del gasto en defensa no tiene por qué salir del recorte de las prestaciones sociales, la presión fiscal en España todavía es más de dos puntos inferior a la media europea.

En una cosa estoy de acuerdo con la administración americana, tenemos el enemigo dentro, son los aliados de Trump, los Orbán, Le Pen o Abascal, esos patriotas de himno y bandera que son incapaces de oponerse a los aranceles que piensa imponer el “amigo” americano a los productos europeos, de preocuparse por el bienestar de la ciudadanía.

A la ultraderecha, le siguen de cerca una buena parte de las derechas tradicionales europeas. En España vemos a un Feijóo incapaz de adoptar una posición clara, a lo más que ha llegado es a decir que prefiere a EE.UU. antes que a Rusia o China, toda una estrategia política para esta coyuntura. Menos mal que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no le hace caso y, siguiendo el camino emprendido por los gobiernos del presidente Javier Lamban, está intentando estrechar los lazos comerciales con China.

No solo las instituciones europeas se tienen que poner las pilas, lo tienen que hacer también los partidos políticos y organizaciones progresistas buscando espacios comunes de reflexión y movilización en defensa de la democracia, el Estado del Bienestar y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Y lo debemos hacer todas las personas que compartimos estos valores, sobreponiéndonos al miedo o al desánimo, colaborando en lo que cada cual pueda. El nuevo escenario interpela a todo el mundo y el futuro dependerá de la fuerza que tengamos para hacer frente a quienes se creen con derecho a gobernar el mundo.

Cuando oímos hablar de la colaboración público-privada, a la mayoría de las personas nos suena bien. Claro, lo de colaborar tiene un sentido positivo, es difícil oponerse a la colaboración, pero la palabra colaboración no tiene un significado claramente definido y cada cual la interpretamos según nuestras ideas o intereses. Pasa lo mismo con palabras como libertad o patria. Para la derecha, libertad es permitir que los empresarios despidan a los trabajadores -a ser posible sin indemnización- cuando lo consideren oportuno, o poder vender, a fondos buitre, viviendas públicas con los inquilinos dentro. Sin embargo, no aceptan la libertad de las personas para amar o casarse con quien quieran o el derecho a una muerte digna; tampoco están permitidas las caricaturas u opiniones que puedan “ofender” a la corona o a los creyentes, por supuesto de la religión católica. En cuanto a la patria, como dice una copla que oí en mi juventud, para unos “es un fusil y una bandera” mientras que para otros “son mis hermanos que están labrando la tierra”.

Pero volvamos a la colaboración público-privada. A la ciudadanía, lo que nos interesa en este tipo de colaboración es quién dirige el proceso, cuánto pone cada parte y cuánto gana o pierde en el desarrollo de la colaboración. En Aragón tenemos varios ejemplos de esta “colaboración”: puesta a disposición de Quirón del suelo sobre el que se ha edificado el nuevo Hospital y pagar con fondos propios el vial de acceso; importante aportación económica pública y cesión de suelo por 75 años para el nuevo campo de futbol; adjudicación de cinco quioscos del Parque Grande José Antonio Labordeta al empresario Juan Forcén -por cierto, Juan Forcén también forma parte del Consejo de Administración de la sociedad La Nueva Romareda, tiene que ser un empresario muy “colaborador”-; cesión de dos hectáreas del Parque Grande, por dos meses, a una empresa sin contraprestación económica…

En casi todos los casos, estas colaboraciones se justifican en el empleo que crean, como si fuesen obras sociales, pero no conozco a ningún empresario ni empresaria que monte una empresa o una actividad para crear empleo, lo hacen para obtener un beneficio y solo contratan a las personas imprescindibles para maximizar su objetivo. También suelen argumentar que determinados proyectos, “ponen” a Zaragoza o a Aragón en el mapa; o que van a generar una dinámica enormemente beneficiosa para la comunidad. Es difícil ver los beneficios sociales de los ejemplos mencionados, lo que sí está claros son los beneficios para Quirónsalud -empresa también muy querida por el gobierno de la Comunidad de Madrid- y, según las declaraciones del presidente Azcón, la ayuda que puede suponer para facilitar en el futuro la implantación de un nuevo grado en Medicina en la universidad privada. 

Es problemática la transferencia de bienes públicos a empresas privadas, pero el principal problema está en que cuanto más poder tengan las iniciativas privadas -especialmente en sectores como la enseñanza y la sanidad, pilares del Estado del Bienestar- más capacidad tendrán estas para condicionar los acuerdos de “colaboración” con las administraciones públicas. Estos días estamos viendo un ejemplo clarísimo: la renovación del concierto de Muface con las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV.

Muface es una de las herencias del franquismo, se creó en 1975, que ningún gobierno democrático ha querido o se ha atrevido a tocar y que, si en algún momento tuvo sentido, en la actualidad no tiene ninguno, y menos entre trabajadores y trabajadoras públicos.

Hay quienes dicen que las personas mutualistas de Muface que recurren a la sanidad privada están privilegiadas, yo creo que sí, pero el privilegio no consiste en que les atiendan alguna de las aseguradoras que acuerdan con Muface, sino en la facilidad que tienen de pasar de la privada a la pública y viceversa. Así, mientras una persona es joven y no precisa una atención sanitaria compleja, las escasas veces que necesita recurrir a la aseguradora que ha elegido, ve que tiene -mejor tenía, ahora ya no es así- una mayor accesibilidad a los profesionales, mayor rapidez en realizar las pruebas que necesite, incluso una habitación individual en un hospital. Pero cuando se tiene una enfermedad grave, una intervención compleja o, por edad, necesitas con frecuencia atención sanitaria, mejor pasarse a la pública. Incluso algunos médicos de las aseguradoras aconsejan el cambio.

Esta modalidad no solo beneficia a los mutualistas, que cuentan con las ventajas de cada uno de los sistemas, también a las empresas privadas, que tienen su cuota de mercado cuando el coste de la atención es escaso y procuran reducirla cuando se incremente notablemente el gasto. A quienes no nos beneficia es al resto de la ciudadanía pues el dinero que se paga a las aseguradoras, incluido el beneficio empresarial, como dijo el ministro Óscar López, “es dinero de todos”.

Este año ninguna de las tres aseguradoras se ha presentado a la primera licitación del convenio con Muface y Adeslas, que atiende a casi el 50% de los mutualistas que optan por la privada, pide para renovar el concierto un incremento del 47%. ¿Tiene sentido esta exigencia? No lo parece: Adeslas acepta una subida del 17,12% en las mutualidades del Ministerio de Justicia (Mugeju) y del de las Fuerzas Armadas (Isfas) -¡¡30 puntos de diferencia!!-; en unas declaraciones, Juan Abarca, presidente de la Fundación Idis que aglutina buena parte del sector sanitario privado, esperaba que al final de los tres años la subida fuese mayor del 25%, cantidad con la cual consideraba que alguna aseguradora podría concurrir; la penúltima oferta del Ministerio ha sido una subida del 33,5%; a pesar de las reiteradas peticiones de Muface, las aseguradoras no han aportado la evidencia de coste que justifique el incremento que piden. ¿No será que, en una coyuntura de debilidad parlamentaria del Gobierno y acoso y derribo, por cualquier medio, por parte de las derechas, Adeslas ha visto la oportunidad de incrementar considerablemente los beneficios?

Todo apunta a que el ministro Óscar López va a terminar aceptando un incremento superior al 40%, muy próximo a la petición de Adeslas. La propuesta de huelga de CSIF, sindicato que reclama que el Gobierno ponga el dinero necesario -el que quieren las aseguradoras- para que Muface mantenga las prestaciones actuales, sin duda ha influido en su decisión.

Es posible que la propuesta del ministerio de Sanidad tenga demasiados riesgos, pero el mayor riesgo es la situación actual, permitir que el sector privado acumule la suficiente fuerza como para poder chantajear al Gobierno. En cuanto se firme el concierto, que se firmará, el Ejecutivo tiene que empezar a diseñar un plan cuya finalidad sea, a medio plazo, la de integrar al personal de las administraciones públicas en la sanidad pública.

El pasado sábado 23 de noviembre, el colectivo Malas Yerbas -hombres y mujeres, profesionales de la agricultura y ganadería en Aragón- organizó en Zaragoza una jornada de debate sobre el modelo agroalimentario. El debate giró en torno a tres ejes: qué modelo tenemos, qué modelo queremos y quién tiene legitimidad para cambiarlo.

La jornada comenzó con la presentación de un informe de COAG -con datos de abril de 2023- que reflejó la realidad del sector y los riesgos que planean sobre su futuro. El sector agropecuario está, mayoritariamente, en manos de hombres mayores, la participación de mujeres -aunque creciente- y de jóvenes es minoritaria y la dificultad de un relevo generacional para la continuidad de la explotación, dificulta acometer los cambios necesarios en el sector. En cuanto a la propiedad, la entrada de capital financiero, de fondos de inversión, es creciente, con el riesgo claro de uberización del sector, de que las personas que ahora viven del trabajo en sus tierras o granjas, pasen a trabajar para grandes fondos o multinacionales de la alimentación. 

A la presentación siguieron dos mesas redondas -tanto la presentación como las mesas tuvieron una composición paritaria- cuyos componentes aportaron distintas ideas y propuestas sobre los temas en discusión que luego fueron debatidas por el público asistente. El compromiso con la agricultura y ganadería familiar, por avanzar en la producción ecológica y el carácter social que debe tener el sector, fueron algunas de las cuestiones que surgieron. Igualmente se hizo hincapié en no caer en la trampa de enfrentar lo rural con lo urbano, la agricultura y ganadería con la ecología.  

El modelo de producción que se esbozó en la jornada es ilusionante por la repercusión que tiene en el conjunto de la sociedad, pero difícil de conseguir. Sin duda necesita el compromiso de las instituciones y de la ciudadanía urbana.

El objetivo de mantener la explotación familiar se va a encontrar con la oposición de los grandes fondos de inversión, cuyos intereses son la obtención de la mayor rentabilidad posible. Pero si el campo no es solo el espacio entre dos ciudades, ni el lugar idílico al que vamos de vez en cuando a relajarnos y disfrutar del paisaje, tampoco podemos verlo únicamente como el terreno dedicado a la producción de alimentos. Los pueblos son lugares de convivencia de familias dedicadas fundamentalmente a la agricultura y ganadería, pero que también son esenciales para la conservación de la naturaleza, para que podamos disfrutar de la paz y la belleza que nos proporcionan numerosos parajes de nuestra geografía. Además, el desarrollo de estos espacios es condición necesaria para una distribución más equilibrada de la población. Nada de esto será posible si permitimos que el capital financiero, cuyo fin es la obtención del mayor beneficio en el menor tiempo posible, imponga su modelo productivo.

La alternativa pasa por la aprobación de una ley de agricultura familiar que favorezca este tipo de explotación; la prestación de los servicios necesarios (educación, sanidad, conectividad…) que favorezcan el asentamiento y el relevo generacional y las ayudas técnicas, económicas y de acompañamiento que faciliten la transición hacia modelos más sostenibles en lo económico, ecológico y social.

La producción de alimentos es necesaria para la vida de las personas, por lo tanto -como la vivienda o la sanidad-, no puede estar sometida únicamente a las leyes del mercado. Si queremos que la cadena alimentaria tenga un carácter social desde la producción, además de las personas que producen nos tenemos que implicar quienes consumimos. La colaboración de los dos sectores no va a ser sencilla, abundan los prejuicios y quienes, por intereses económicos -fondos de inversión, empresas de distribución- o políticos -las organizaciones más reaccionarias cuya estrategia se basa en la mentira y el enfrentamiento entre nosotros- van a hacer lo posible para que fracase una alternativa como la esbozada en la jornada del día 23. Hará falta un cambio cultural profundo tanto en el campo como en la ciudad, organizaciones más potentes y ambiciosas y establecer líneas de colaboración entre las diferentes organizaciones y colectivos -tanto rurales como urbanos- cuyos intereses puedan ser compatibles. Ardua tarea, por eso es conveniente comenzar cuanto antes.

Según el barómetro de octubre de 40dB para EL PAÍS y la SER, el apoyo electoral a las distintas derechas -PP, Vox y Se Acabó La Fiesta- alcanzaría el 50% de los votos; el bloque de PSOE, Sumar y Podemos obtendrían un 38,5% y el resto de los partidos que apoyó la investidura lograrían el 6,5%. Entre los trabajadores, las derechas reciben un apoyo del 43,4% y las izquierdas del 31,4%; en el colectivo de estudiantes la relación es 44,6%/23,1%. Es cierto que la encuesta es la foto de hoy y puede cambiar mucho cuando sean las elecciones -ya sean en unos meses o en tres años- pero la tendencia es preocupante, más si vemos el deslizamiento creciente hacia la extrema derecha de las propuestas políticas del PP.

Difícil lo tienen las organizaciones progresistas para lograr cambiar la tendencia. La derechización de la política es un fenómeno a escala mundial, fomentado por la impunidad de personajes como Trump o Putin; la aceptación institucional -creciente en Europa- de organizaciones neofascistas y la permisividad con que el Gobierno israelí, cual matón de barrio y apoyado incondicionalmente por los EE.UU., se salta todas las normas internacionales de convivencia, ordena la matanza de palestinos,  bombardea territorio libanés como mejor le parece y hasta se permite disparar contra soldados de la ONU sin que la respuesta internacional vaya más allá de protestas diplomáticas.   

Si el escenario internacional no es el más propicio, tampoco en el ámbito doméstico soplan vientos favorables. La legislatura está muy complicada y la mejor estrategia que tenía el Gobierno -si no para mejorar, al menos para mantener el apoyo electoral-, la de poder desarrollar políticas que favorecieran a la mayoría, especialmente a los colectivos más necesitados, depende fundamentalmente de la voluntad de Junts, un partido independentista de derechas.       

Pero los problemas de la izquierda no se limitan a la correlación de fuerzas parlamentaria. La derecha ha logrado hacer hegemónico su discurso, ha conseguido presentarse, ante buena parte de la ciudadanía, como la defensora de la libertad, del disfrute; dejando a la izquierda como el paradigma de la intolerancia, de la prohibición, del aburrimiento y la tristeza.

También ha logrado que la inmigración haya subido considerablemente -16 puntos en año y medio- en la escala de preocupaciones de la ciudadanía: el 57% cree que hay “demasiados” inmigrantes en España y el 75% los asocia a conceptos negativos. Es cierto que cuando se pregunta por la experiencia personal con los inmigrantes los votantes de todos los partidos la consideran positiva, pero esto no evita que tengan la sensación de que la inmigración es un fenómeno que les puede perjudicar en el futuro, ya sea en el aspecto material ya sea en la forma de vida. En política son fundamentales las “cosas del comer”, pero no lo son menos los sentimientos, las percepciones que la ciudadanía tiene, sean ciertas o no, los factores inmateriales que condicionan nuestro comportamiento. Las izquierdas tienen un largo camino que recorrer en su comunicación con los diferentes sectores sociales, tanto en la explicación de sus propuestas, como en la atención de los problemas de la gente, de cómo los viven y los sienten.

Las izquierdas españolas, tanto las socialdemócratas como las alternativas, muestran claros signos de debilidad. A la dificultad de comunicación con la ciudadanía hay que sumar la debilidad de sus estructuras organizativas, la falta de democracia, de estructuras participativas… lo que lleva, necesariamente -con alguna excepción-, a una escasa implantación territorial. Y así, sin organizaciones fuertes implantadas en el territorio, ni se ganan las elecciones ni se fortalecen las organizaciones sociales, necesarias para cualquier transformación.

Una de los objetivos permanentes de la izquierda plural alternativa es la unidad. Esta unidad, imprescindible en muchas elecciones para obtener representación institucional, no puede limitarse al ámbito electoral si lo que se quiere -que es lo que se necesita- es llegar a los diferentes sectores sociales, conocer sus problemas, buscar conjuntamente alternativas que los solucione y fortalecer las organizaciones sociales. El último intento en esta dirección, transformar la coalición Sumar en un Frente Amplio de las izquierdas, ha fracasado, al menos por el momento. Aunque continúa funcionando el grupo parlamentario de la coalición -salvo Podemos-, el mal resultado de las elecciones europeas ha terminado con un proyecto ya muy debilitado por los errores cometidos, tanto en su diseño como en su puesta en marcha.

Este trimestre la mayoría de las organizaciones coaligadas en Sumar tienen congresos, asambleas, convenciones…, encuentros varios con el fin de reflexionar sobre el momento político en que vivimos y adecuar las estrategias políticas, pero, por lo que transciende, no hay motivos para ser muy optimista en lo relativo a la unidad. 

Ante la crisis del proyecto, ha primado el miedo a perder la identidad y la tendencia de las organizaciones ha sido la de retraerse, refugiarse en sus certezas, y priorizar el fortalecimiento de su organización.  Esta ha sido la conclusión de IU y de Podemos, que ya decidió, antes de las elecciones europeas, seguir su propio camino. En el resto de organizaciones -Más Madrid, Cataluña en Común, Compromis…-, esta conclusión se profundiza con tendencias de reafirmación de su identidad específica, su hecho diferencial.

Está bien que cada organización pretenda fortalecerse, pero me temo que va a ser a costa de los posibles socios y el resultado va a ser una pelea por el mismo espacio en lugar de intentar ampliarlo conjuntamente. 

Espero que cuando se tranquilicen los ánimos se vuelva a retomar la construcción de un espacio común, con otras bases, con otra dinámica, pero con el convencimiento de que sin unidad no hay capacidad de lograr transformaciones ambiciosas y de que hay que perder parte de la identidad propia si se quiere alcanzar otra conjunta. Pero no se puede esperar mucho, la convocatoria de elecciones en los próximos meses -algo no descartable- sería un desastre.