Los resultados electorales de las cuatro últimas elecciones autonómicas, los acuerdos de gobierno posteriores, junto con la carrera alocada de Feijóo hacia la extrema derecha, nos proporcionan una imagen bastante nítida de lo que puede ser un gobierno dirigido por Abascal/Feijóo. No es solo la destrucción de la estructura del Estado del Bienestar construida en las últimas décadas: privatización de servicios públicos esenciales -sanidad, educación…-; debilitamiento de los sistemas de protección social -bajas por enfermedad, pensiones, prestaciones por desempleo…-; contrarreforma laboral que derogue las leyes aprobadas en las dos legislaturas de gobierno de coalición progresista…Ni la prohibición -aborto, eutanasia, orientación sexual…- de disponer de nuestro propio cuerpo, siguiendo las indicaciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Es que, además, están consiguiendo un grado de polarización y crispación social que pone en riesgo la convivencia.

El Partido Popular y Vox han roto todos los puentes con las organizaciones que no les presten un apoyo incondicional y han violado todas las normas aceptables dentro de la confrontación entre adversarios políticos, hasta el límite del anuncio de Feijóo: “Haré todo lo posible para cambiar el gobierno. Y cuando digo todo, digo todo”. Y lo que es todavía más preocupante, han extendido su odio a quienes son diferentes: inmigrantes, acusándoles de ladrones y violadores; colectivos LGTBIAQ+; descendientes de los emigrantes españoles durante la guerra y la dictadura… Hasta Rajoy se permite el lujo de conceder certificados de nacionalidad a los futbolistas de la selección francesa de futbol.

Esta estrategia de la derecha no es nueva, ya la practicaron con Felipe González, al que atribuyeron ser un peligro para la democracia, y con Zapatero, al que acusaron de ser un traidor a los muertos por negociar la disolución de ETA, algo que, aunque lo intentó, no consiguió Aznar. Pero el incremento de la crispación y el acoso a los familiares de Pedro Sánchez es un salto cualitativo, la política del todo vale nos lleva a un escenario de degradación ética, de miseria moral, incompatible con una sociedad democrática. Y no olvidemos que, desde Hitler a Trump, pasando por Netanyahu, la deshumanización, el considerar alimañas a los adversarios, los convierte en peligrosos enemigos con los que acabar incluso físicamente.

Esto es lo que nos jugamos en el próximo ciclo electoral, tanto a nivel municipal como estatal. Porque, a pesar de los malos resultados en las elecciones autonómicas, y de lo que puedan decir las encuestas, la suerte no está echada, todavía se puede evitar el triunfo de las derechas. Pero para ello, la Izquierda Alternativa (IA) debe hacer un estudio detallado de la situación política y social, tanto territorial como sectorial, y analizar de forma crítica las estrategias pasadas.

Desde algunos ámbitos se demanda la figura que lidere una posible coalición de la izquierda, incluso se barajan nombres: Gabriel Rufian, Unai Sordo… Pero el liderazgo, aun siendo importante, si queremos una coalición mínimamente cohesionada y útil, no puede ser la primera cuestión a tratar, debe ser consecuencia de los acuerdos alcanzados. De no hacerlo así, en el mejor de los casos, solo se conseguiría una alianza táctica de supervivencia. Y una de las enseñanzas de las elecciones autonómicas es que la unidad de la IA solo ha mejorado resultados en Extremadura, donde las elecciones fueron precedidas de un trabajo en común de Unidas por Extremadura y el compromiso de seguir con la misma dinámica.

Apostar por conseguir la mayor movilización electoral posible y su posterior rentabilización, tanto en las instituciones como en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, implica: que el programa electoral sea la síntesis de los distintos programas, no la suma de ellos; ser conscientes de que para mantener los gobiernos de progreso serán necesarios acuerdos con el PSOE y/o con otras fuerzas progresistas; garantizar la autonomía de las organizaciones y su representación en los espacios decisorios; facilitar la participación ciudadana en la elaboración del programa y en el diseño de la campaña electoral; abrir las listas a la presencia de líderes sociales y que el acuerdo se mantenga en el futuro, tanto si se está en el gobierno como en la oposición.

El reto es grande, pero ya hay iniciativas políticas que apuntan en esa dirección. Como la de Mónica Oltra, candidata de Compromis a la alcaldía de Valencia, que reclama el desborde de las siglas partidistas con la participación de la ciudadanía; la de diferentes organizaciones políticas que han comenzado a trabajar para consensuar una lista común a la alcaldía de Burgos o la iniciativa ciudadana https://senadoresporlademocracia.es/Quienes-somos/ que anima al espectro político progresista a llegar a acuerdos para las listas al Senado. Y somos muchas personas las que estamos dispuestas a colaborar con estos proyectos.

El trabajo no termina con las elecciones, el nuevo ciclo electoral debería ser el inicio de una nueva etapa en la que la IA adecúe su teoría y práctica al nuevo escenario, a las nuevas contradicciones, conflictos, correlación de fuerzas y demandas sociales. Los problemas a los que nos enfrentamos son complejos, multicausales y muy dinámicos; no suelen tener soluciones simples y las viejas recetas -incluidas las estructuras organizativas-, suponiendo que alguna vez fueran útiles, no tienen por qué serlo ahora.

Por otra parte, ganar la batalla cultural, algo esencial si se quiere conseguir el apoyo social suficiente para conseguir mejorar la vida de la mayoría, implica un esfuerzo importante en comunicación, analizando cuáles son los instrumentos, los contenidos y las formas con las que llegar a los diferentes colectivos. En cualquier caso, la disposición a la escucha y el aprendizaje, la utilización de un lenguaje comprensible, y el análisis conjunto de los problemas con las personas afectadas son elementos esenciales. Y, por supuesto, evitar que ninguna persona se sienta reprendida por ser poco feminista, poco ecologista, poco solidaria, poco…

También en esta tarea, la Izquierda Alternativa puede encontrar apoyos importantes en la ciudadanía.

En la comparecencia ante el Congreso del pasado día 24, el presidente Pedro Sánchez dijo, en relación con la continuidad de la legislatura: “Y ante este panorama para mí la pregunta no es si debemos continuar; la pregunta es cómo no vamos a continuar”. Qué Sánchez deje claro que el acoso político, mediático y judicial a su familia no le amedrenta -supongo que hace tiempo que sospechaba que esto podía ser así- le honra. También tiene claro lo que puede llegar a ser un gobierno PP-Vox, y no solo por el retroceso en derechos y libertades que pretenden, ni por la aceptación por los populares de las políticas más reaccionarias de la extrema derecha, es que la degradación moral de los principales dirigentes del PP parece no tener límites.

Hay razones de sobra para parar la llegada de PP-Vox al Gobierno, pero, después de que la mayoría del Congreso haya pedido al presidente Sánchez que convoque elecciones, una actitud numantina, un cierre de filas sin hoja de ruta, sin propuestas claras, no es la mejor alternativa. En el mejor de los casos -si no se produce un milagro, y yo en eso no creo- retrasará la llegada de la barbarie que encontrará a las fuerzas progresistas más débiles y desorientadas.

Y es esta la opción que parece haber tomado Pedro Sánchez. En el Congreso -sin ofrecer propuestas políticas viables para continuar, ni explicaciones sobre la profundidad y consecuencias de la corrupción en su partido- reclama el apoyo de sus socios de investidura y en el PSOE, sin la menor autocrítica, sin otra pretensión que la de unir al Comité Federal en torno a su persona. “Limpiaremos lo que haya que limpiar y seguiremos gobernando” … para “mejorar la vida de la gente”. Pero, ¿qué es lo que hay que limpiar y cómo lo van a hacer? Y con el giro dado por Junts, sin mayoría parlamentaria, ¿cuánto va a mejorar la vida de la gente?

Para ganar la “cruenta batalla entre el progreso y la involución” el dilema no es si convocar ya las elecciones o esperar al final de la legislatura, la cuestión es qué se hace en el tiempo que queda. No basta con recordar lo que ha conseguido el gobierno de coalición y avisar de lo que nos espera si gobierna el tándem PP-Vox, esto no va a cambiar el estado de ánimo de las personas progresistas. Tampoco las leyes que se puedan aprobar con el apoyo de Junts.

El Gobierno y las izquierdas alternativas tienen que diseñar estrategias que llegue al corazón de la gente. Para ganar la batalla contra la involución que representa PP-Vox es necesario que, además de medidas que mejoren nuestra vida -especialmente la de los sectores más desfavorecidos- nos planteen objetivos que nos movilicen, que nos hagan pensar que merece la pena luchar por ellos. Los seres humanos -al menos una amplia mayoría- tenemos necesidades, intereses…; pero también ideales, sentimientos y valores. Queremos salarios justos, viviendas decentes, buenos servicios públicos… y, además, queremos políticos honestos, transparencia en las instituciones, más participación en la toma de decisiones que nos afectan, lucha contra la corrupción y contra los poderes fácticos… Queremos pan y también rosas.

Por eso, si Pedro Sánchez quiere contribuir en las próximas elecciones a ganar esa decisiva batalla, no se puede limitar a decir: “Limpiaremos lo que haya que limpiar y seguiremos gobernando” Tiene que empezar por decir qué es lo que hay que limpiar y, sobre todo, qué errores se han cometido en el funcionamiento del PSOE -los casos de Ábalos y Cerdán seguidos no pueden ser fruto de la casualidad- y qué propone para evitar que vuelva a pasar. Además, lo tiene que hacer ante la opinión pública, pues los problemas de corrupción en el partido mayoritario del Gobierno son problemas públicos, la misma persona que elige a los secretarios de organización, nombra -¿con los mismos criterios?- a los ministros. Y debe acompañarlo con un calendario de medidas a implementar en lo que quede de legislatura.

Creo que el gobierno de coalición puede presentar un buen balance de legislatura, pero lo hecho para mejorar la vida de la gente no es suficiente desde el punto de vista electoral, el relato dominante en la sociedad es, aunque no ofrezcan alternativas para casi nada, el de las derechas. Queda poco tiempo para cambiar esa realidad y la estrategia elegida por Sánchez no es la más apropiada.

El gobierno de coalición tiene un escenario muy complicado, y el Partido Socialista también. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno la oposición a su política ha sido bestial, no ha habido posibilidad de llegar a ningún acuerdo en cuestiones de cierta relevancia, en lo que se suele llamar políticas de Estado. Esta estrategia de oposición total al Gobierno, nunca deseable, podría tener cierta justificación si tuviese una base política. Pero no es el caso, las derechas se limitan a la descalificación, la mentira, el insulto… y el asedio a la familia del presidente Sánchez, sin presentar alternativas a las políticas del ejecutivo.

Podría pensarse que la cosa empezó mal con lo que el PP consideró una gran traición, la amnistía a los condenados por el “procés”, pero la estrategia venía de antes, el asedio a Pedro Sánchez comenzó en 2014, cuando le eligieron secretario general del PSOE por primera vez. Fue entonces cuando, según el comisario Villarejo, las cloacas del Estado manejadas por el PP decidieron transformar en prostíbulos las saunas gestionadas por el suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez. Generaban así un flanco débil para el líder de la oposición que todavía —a pesar de que la Audiencia Nacional consideró que las saunas eran una actividad privada lícita—, utiliza Feijóo para acusar a Pedro Sánchez de ganar unas primarias con dinero de la prostitución.

La manera en la que Sánchez llego a la presidencia -moción de censura-, la amnistía y las políticas progresistas de los distintos gobiernos de coalición, alarmaron a los poderes fácticos, que podían ver en peligro algunos de sus privilegios. A partir de ese momento no hubo un instante de sosiego y los sectores más reaccionarios del mundo de la economía, la política, los medios de comunicación, la judicatura… animados por “el que pueda hacer que haga” de Aznar, han colaborado en la estrategia de acoso y derribo del Gobierno.

Y lo han hecho de la manera más rastrera, acosando a sus familiares y entorno más próximo. Con esto no quiero decir que los sumarios de corrupción de militantes del PSOE sean un montaje -hay casos evidentes y el partido socialista lo pagará, y muy caro, si no actúa inmediatamente- pero la instrucción de los casos de David Sánchez Pérez-Castejón, Begoña Gómez y Álvaro García Ortiz, exfiscal general, son tremendamente extraños en la historia de la judicatura en democracia. Rechazo las interpretaciones conspirativas de la Historia y creo que las casualidades existen, pero conspiraciones las hay y hay coincidencias tan poco probables como que me toque el gordo de la lotería tres veces seguidas. Como que los tres casos más “singulares” de la judicatura se refieran al entorno del presidente del Gobierno.

En los tres casos mencionados la instrucción se ha desarrollado sin indicios mínimamente solidos de delitos, incluso con declaraciones y evidencias que desmontan las acusaciones, pero han seguido p'alante. En los tres hay una tendencia a considerar como relevante no solo los hechos demostrados sino también las valoraciones e interpretaciones de la policía. Y ya sabemos que, en asuntos relacionados con la política, ni la UDEF ni la UCO tienen un expediente especialmente ejemplar, desde la creación de la “policía patriótica” a los registros de la Guardia Civil en el caso del fiscal general, pasando por las acusaciones falsas a Podemos.

En esta estrategia de acoso y derribo están jugando un papel esencial buena parte de los medios de comunicación. En ellos, los imputados son culpables desde el momento en que se filtran los informes policiales —¿por qué en estos casos no se persigue a quienes los filtran?—, sin necesidad de esperar la decisión judicial, ¿ya saben cuál va a ser? Además, los artículos, especialmente los titulares, se centran, sin comprobar su veracidad y sacándolas de contexto, en aquellas cuestiones que apuntan a la culpabilidad de la persona investigada. 

Así, se anuncia que “Zapatero canceló de golpe una hipoteca de 500.000 euros”, sin decir que lo pudo hacer porque previamente había vendido una casa; que “la trama de Zapatero trafica con petróleo y oro de Venezuela” sin ninguna prueba … O la directriz recibida por la UCO de que no podía ser “proactiva” en las causas con incidencia en la política y que debía ser la autoridad judicial la que “tomase la iniciativa” -algo que me parece de lo más razonable- se ha transformado en que el director adjunto operativo de la Guardia Civil, ha presionado para hacer la vista gorda en los casos que afectan al PSOE.

La cosa está clara, quienes han declarado la guerra total a Pedro Sánchez no van a parar hasta que esté acabado políticamente. Y no va a ser desde el ámbito de la política. El PP ha conseguido presentar a Sánchez, ante buena parte de la ciudadanía, como la personificación del Maligno en la Tierra, alguien que solo es capaz de hacer el mal, por lo tanto, ya no es necesario justificar las críticas, los insultos, el asedio. Feijóo ya puede decir en público lo que viene haciendo desde hace años: “Haré todo lo posible para cambiar el gobierno. Y cuando digo todo, digo todo…”. No hay límite ni moral ni legal contra el gobierno. 

Pero no todo son conspiraciones, en casos en que están implicados exdirigentes socialistas hay indicios suficientes de comisión de delito. Y no vale con decir que se han cometido errores pero que lo del PP es peor. Hasta ahora, a pesar de no haber presentado presupuestos y de los proyectos que se han quedado por el camino, la legislatura ha sido positiva —gestión de las crisis, política internacional, economía, reformas laborales, pensiones…— pero, si no se mantienen los apoyos de la legislatura no tienen sentido continuarla, ¿qué leyes se van a aprobar? ¿Qué reformas se van a implementar? La actitud del consejero vasco, encabezando el plante a la ministra de Sanidad, es una alarma que no se puede desestimar. 

Para mantener cierta credibilidad Sánchez tiene que dar explicaciones a sus socios, en el Parlamento y ante la sociedad, de las repercusiones que los actos de Ábalos, Cerdán, Leire o Zapatero han tenido en la gestión de lo público. Y también tiene que demostrar, de forma clara e inmediata, que está tomando las decisiones necesarias para evitar que lo que ha sucedido en su partido se vuelva a repetir, dos secretarios de organización seguidos imputados no es ni una casualidad ni un problema menor. 

Aunque el futuro de gobiernos progresistas no depende solo de que los socialistas pongan los medios para evitar las corrupciones, los cambios que necesita el PSOE, y el resto de partidos de la izquierda, son diversos y profundos. Pero eso es otra historia.

Después de dos meses de guerra, con algún alto el fuego parcial, la estrategia del tándem Netanyahu-Trump para Oriente Medio sigue adelante. Para Netanyahu los objetivos son dos: someter a Irán, el principal enemigo del Estado judío, y avanzar en las aspiraciones anexionistas del sionismo -el Gran Israel- como ha hecho con el genocidio de Gaza y están haciendo en Cisjordania, ocupando territorio libanés, destruyendo casas, infraestructuras, utilizando pesticidas que imposibilitan la producción agrícola… impidiendo que quienes han tenido que huir de su tierra puedan volver.

En el caso de Trump, la finalidad también es evidente, fortalecer a su mejor aliado y guardián de sus intereses en esa zona del planeta tan importante estratégicamente. Los dos dirigentes políticos tienen la misma visión del mundo, los mismos intereses: incrementar su poder -económico, político, tecnológico, cultural…-, sin atender a derechos o normas internacionales y usando la fuerza -incluidas amenazas, sanciones o asesinatos, dentro y fuera de sus fronteras- cuando así lo consideran. Como los recientes actos de piratería y secuestro perpetrados por Israel contra la Flotilla a Gaza, ante la pasividad de la comunidad internacional.

Lo que está ocurriendo en Oriente Medio no es una excepción, es un paso en una estrategia cuyo objetivo es la destrucción del orden internacional y el debilitamiento de la democracia por la fuerza. Estamos ante una nueva forma de imperialismo del que nadie nos podemos considerar a salvo, el presidente de los EE UU ya ha anunciado que su próxima intervención será en Cuba, ya amenazó con anexionarse Canadá y Groenlandia, interviene en las elecciones europeas y de América Latina apoyando a la extrema derecha… Y coincide con Putin -otro expansionista, nostálgico de la Rusia imperial- en la conveniencia de un reparto del mundo en espacios de influencia de los distintos bloques de poder.

Aunque no nos veamos directamente afectados, no somos inmunes a las consecuencias de esta guerra. Ya estamos sufriendo las repercusiones del incremento del precio del petróleo y otros productos, como consecuencia del bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, pero no van a ser las únicas. Aunque la guerra terminase mañana sus consecuencias se prolongarían en el tiempo: la estabilidad del tránsito de mercancías tardaría meses en alcanzarse y el drama humanitario continuaría, la destrucción de infraestructuras y la política de tierra quemada del primer ministro israelí obligarían a decenas de miles de personas a refugiarse en otros lugares.

Además, las ansias imperiales de los Trump, Putin o Netanyahu favorecen la deriva armamentística y militarista de los estados, en detrimento de las mejoras de los servicios públicos y las libertades, e incrementan el riesgo de una confrontación bélica a escala mundial. Su mensaje es claro: o aceptáis nuestras exigencias o ya sabéis lo que os va a pasar.

Algunos gobiernos, también europeos, guardan silencio o incluso apoyan a los agresores, pero el silencio es cómplice y la ciudadanía no tenemos por qué serlo, no queremos ser cómplices de la barbarie; no queremos serlo por las victimas en Irán y Líbano, por las de Gaza y Cisjordania. Tampoco estamos dispuestos a ser vasallos de ningún imperio ni a aceptar las amenazas de ningún matón.

No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se desmontan las débiles estructuras de convivencia internacional para instaurar la ley del más fuerte. Somos débiles tomados de uno en uno (en palabras de José Agustín Goytisolo), pero muy fuertes si nos unimos. Podemos parar la barbarie con la movilización social -hacer frente a Trump es la mejor manera de que cese en sus intentos chantajistas- presionando a nuestros gobiernos e instituciones, desde Bruselas a los ayuntamientos, para que rompan relaciones comerciales, culturales, deportivas… con el gobierno de Netanyahu; para que apuesten por la autonomía económica, industrial o de defensa de la UE. También, a la hora de comprar, podemos boicotear los productos que procedan de Israel y de EE UU.

La paz es una aspiración de la mayoría de los seres humanos, pero la paz no es únicamente ausencia de conflicto armado, no hay paz sin democracia, sin derechos o sin justicia social y los tres objetivos están en peligro si no detenemos la dinámica endiablada desencadenada por Trump y Netanyahu.

El próximo jueves día 7 a las 19.00 horas, numerosas organizaciones políticas, sindicales y sociales han convocado una manifestación contra la guerra, pero esto es solo un primer paso, nuestro horizonte no puede limitarse a parar la guerra en Oriente Medio. Hay que continuar hasta conseguir un nuevo orden mundial basado en la multilateralidad, que respete los derechos humanos, la democracia, la justicia social, que incentive la cooperación entre los estados, que defienda el derecho de los pueblos a vivir en paz.

Por un nuevo orden mundial: NO A LA GUERRA.

La sanidad pública necesita una reforma en profundidad. El sistema no es el adecuado para las necesidades actuales: las listas de espera crecen y no solo para las consultas con especialistas o intervenciones quirúrgicas, la cita con medicina de familia puede demorarse dos semanas y para una radiografía hay que esperar cuarenta días. La financiación es insuficiente, el número de facultativos también —con una clara incapacidad del sistema para formar al número de profesionales necesario— y la organización manifiestamente mejorable. 

En este escenario, es evidente que las condiciones laborales de los médicos —y del resto del personal sanitario— deben mejorar, pero las mejoras laborales tienen que ir ligadas a las reformas estructurales necesarias y eso, dada la descentralización de la gestión sanitaria y la confrontación política existente, va a ser complicado. Claro que siempre hay quien puede pensar que “a rio revuelto…”

El caso es que los sindicatos médicos convocan una nueva huelga en Aragón, y en este caso de dos semanas, una por las reivindicaciones de carácter autonómico —que son, en estos momentos, la mayor cantidad y las que afectan al día a día— y otra por las pendientes de negociar con el Ministerio de Sanidad. Parece que el Comité de Huelga se considera con suficiente fuerza y legitimidad como para doblar la apuesta.

Históricamente, la huelga laboral ha sido un instrumento de presión del personal asalariado, con el objetivo de mejorar sus condiciones sociolaborales. Aunque vaya dirigida contra la patronal, la huelga, en la medida en que disminuye la producción de bienes o servicios, siempre tiene repercusiones negativas sobre ciertos sectores sociales. Los convocantes deben valorar si la importancia y urgencia de lo reivindicado justifica el daño causado a la ciudadanía.

Por supuesto que los médicos tienen perfecto derecho a recurrir a la huelga como instrumento de presión para conseguir sus reivindicaciones —y los pacientes debemos entender que vamos a sufrir retrasos e incomodidades—, pero creo que en este caso están yendo más allá de lo aceptable. Se están pasando tanto en algunas de sus reivindicaciones como en la contundencia de las movilizaciones.

A lo largo de meses de negociaciones el Ministerio de Sanidad ha ido aceptando propuestas de las organizaciones convocantes, lo que ha permitido llegar a un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, al que pertenece la Confederación Española de Sindicatos Médicos. El acuerdo incluye elementos relativos a participación profesional, clasificación y reconocimiento de la penosidad, que se integrarán en el proyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. También establece un complemento adicional, vinculado a la nocturnidad, en las jornadas de guardia y se compromete a realizar un estudio sobre la aplicación de la jubilación anticipada en determinados casos.

Seguro que lo acordado entre Sanidad y el Foro no satisface el 100% de las reivindicaciones de los sindicatos convocantes, y mucho menos resuelve los problemas del Sistema Sanitario —para esto hace falta más tiempo y mucha más voluntad de acuerdo— pero está claro el compromiso del Ministerio —cada Comunidad Autónoma tiene su propio proceso— con avanzar en los acuerdos. La actitud del equipo de Mónica García no merece la convocatoria de una semana al mes de huelga, de no ser que las reivindicaciones pendientes sean las que realmente motivaron las movilizaciones. 

Sin duda, el caballo de batalla de los sindicatos médicos está en el empeño de separarse del resto del personal sanitario, pretenden un estatuto propio y una mesa de negociación exclusiva, ambas reclamaciones difíciles de justificar —excepto desde posiciones clasistas— y de aceptar. No sé qué pretenden incluir en un estatuto propio, la singularidad y responsabilidad de la labor médica cabe perfectamente en uno general. El Estatuto de los Trabajadores es común a peones e ingenieros sin que ningún colectivo tenga problemas de reconocimiento de su singularidad. Además, ¿tienen la misma singularidad y responsabilidad quienes se dedican a la dermatolodía, a la medicina de familia o trabajan en las UVIs? La segmentación puede no tener fin.

Más problemático todavía me parece la exigencia de una mesa de negociación propia. ¿Se puede organizar el funcionamiento de un hospital o centro de salud negociando las condiciones laborales por partes, colectivo a colectivo? ¿El resto del personal debe amoldarse a lo acordado con los sindicatos médicos?

Otra de sus reivindicaciones es la voluntariedad de las guardias. Supongo que también les parecerá bien que sean voluntarias en el resto de servicios esenciales: bomberos, mantenimiento de infraestructuras eléctricas, ferroviarias, de comunicación… Eso sí, si fuesen voluntarias se regirían por la ley de la oferta y la demanda: el precio de la guardia tendría que ser suficientemente atractivo como para que el número de voluntarios cubriese las necesidades del servicio en cada momento.

También reclaman una jubilación anticipada: la aplicación de coeficientes reductores que compensen el desgaste físico y mental producido por las guardias nocturnas. Supongo que quienes piden estos coeficientes reductores no serán los que pretenden compaginar su trabajo en la sanidad pública con la privada. ¿O no supone desgaste físico y mental el trabajo en la privada? 

Quienes convocan huelgas en servicios públicos tienen claro que se tienen que ganar, al menos, la neutralidad de la ciudadanía, por eso, algunos mensajes de los convocantes hacen hincapié en que se atenderá lo urgente y en que el éxito de su movilización será beneficioso para los pacientes. No tengo ninguna duda de que la mejora de las condiciones de trabajo del personal sanitario nos beneficia a todos, pero también estoy convencido de que este no ha sido, ni es, un factor que haya tenido en cuenta el Comité de Huelga. Si no, no se hubiese negado a la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, propuesta por las CCAA, por considerarla parte afectada.

Las organizaciones médicas han perdido una excelente oportunidad de, junto al resto de sanitarios y organizaciones de pacientes, presentar un diseño de mejora del Sistema Sanitario que resultase beneficioso para trabajadores y usuarios, para el conjunto de la ciudadanía. El personal sanitario se ganó un merecido reconocimiento por su trabajo en la pandemia, pero este reconocimiento hay que revalidarlo día a día y el camino emprendido por el Comité de Huelga, lejos de mantenerlo lo está dilapidando rápidamente.

Hace 23 años, en marzo de 2003, una coalición de países, encabezada por Estados Unidos y con la participación de España, entonces gobernada por Aznar, invadió Ira. El pasado día 28 de febrero el tándem Trump/Netanyahu ordenó un bombardeo masivo sobre Irán. El paralelismo entre los dos casos es evidente: en ambos la intervención se basó en mentiras, existencia de armas de destrucción masiva en Iraq, inmediatez de obtención de bombas atómicas en Irán y liberación del pueblo oprimido, algo que nunca ha sido un objetivo de EEUU. Los ejemplos de Afganistán, Iraq, Gaza… y más recientemente Venezuela no dejan lugar a dudas.

Pero en el caso de Irán, el presidente de EEUU, además de mentiras, utiliza, cual matón de western de tercera, el chantaje y la amenaza contra todos los que, como a él le gusta decir, no le besan el culo. Lo ha hecho incluso con su aliado europeo por excelencia, el primer ministro británico Keir Starmer, pero su fijación está en Pedro Sánchez, que ya se plantó con la propuesta de incrementar el gasto militar hasta el 5%. Trump no se molesta, ni siquiera, en guardar las formas y no solo incumple el Derecho Internacional, ignora los Derechos Humanos y pone en peligro la paz internacional, además, declara la guerra a un país sin la aprobación del Congreso estadounidense.

Una vez más, la reacción de las instituciones europeas ha dejado bastante que desear, han hecho referencias generales a la contención y al respeto del Derecho Internacional, pero, cuando concretan, solo detallan las barbaridades cometidas por el régimen iraní, obviando quién ha comenzado la guerra. Afortunadamente no solo es el Gobierno español el que pone limitación a la utilización de las bases; Gran Bretaña, Francia e Italia, entre otros Estados, solo permiten su utilización para misiones defensivas, pues las ofensivas, los miles de misiles y bombas que caen sobre Irán son ilegales.

Pretender justificar los bombardeos a Irán por la represión brutal a la que está sometida su población no se sostiene. En primer lugar, porque ni a Trump ni a Netanyahu les ha importado nunca la democracia de los países ni el bienestar de su ciudadanía -la administración norteamericana, ante la caída del sha, prefirió el gobierno del ayatolá Jomeini a otras opciones laicas-; de ser así, tendrían una ardua tarea, empezando por el régimen de los talibanes -las mujeres afganas están peor que las iranís- y continuando por sus aliados, los gobiernos de los países del Golfo Pérsico.

En segundo lugar, porque nadie puede ir por el mundo “impartiendo” justicia según sus propias normas, y menos en función de sus intereses. En cualquier sociedad mínimamente civilizada el uso de la fuerza solo es justificable en defensa propia y, en este caso, la fuerza empleada tiene que estar en consonancia con la agresión recibida, recibir un puñetazo no justifica la muerte del agresor. El recurso a la guerra preventiva es una falacia, no se puede agredir a nadie con el argumento, sin ninguna prueba -algo difícil de conseguir-, de que son un peligro. Además, ¿cómo va a suponer un riesgo para la humanidad el programa nuclear de Irán si ya lo habían destruido hace unos meses?

Por último, la historia reciente nos enseña que la intervención externa puede acabar con una dictadura, pero no supone la liberación de un pueblo si el fin de la dictadura no va acompañado de un proyecto económico y político con ese objetivo. Y en este caso, lejos de pensar en la ciudadanía iraní, el proyecto es cobrarse una pieza significativa en el tablero geoestratégico que amplie el poder de Israel en Oriente Medio y prive a China de un importante socio económico. Si además la guerra favorece a Trump y Netanyahu en sus próximas elecciones, miel sobre hojuelas.

Lo que no ha sido una sorpresa ha sido la reacción de las derechas, ha primado de tal forma el “todo vale” contra Sánchez, están siendo tan seguidistas de Trump que están haciendo el ridículo. No sé si en los dirigentes de las derechas españolas -derecha a partir de ahora, pues, en esto también, tienen la misma política- prima la maldad o la estupidez -tal vez una mezcla de las dos-, pero se están cubriendo de gloria.

Empezaron diciendo que Sánchez no era leal con sus aliados, que estaba con los terroristas y se quedaba aislado… Pero, ¿qué tipo de aliado es el que empieza una guerra ilegal, sin contar contigo, y luego te exige que le apoyes? La derecha confunde lealtad con sumisión, Abascal, el “patriota” a tiempo parcial, lo viene demostrando permanentemente con la forma de dirigir su partido. En cuanto al aislamiento, van en aumento las muestras de apoyo – más después de las amenazas de Trump- hacia nuestro Gobierno, desde Brasil hasta Turquía, incluidos numerosos dirigentes políticos europeos, es la derecha la que se ha quedado sola. Hasta Meloni y Le Pen, sus referentes europeos, se alejan de su sumisión.

Si bien la respuesta de la derecha, el posicionamiento acrítico con el presidente de EEUU, no ha sido una sorpresa -como tampoco me extraña su interpretación binaria del mundo- todavía me asombra lo bajo que puede caer la dirección del Partido Popular en su confrontación con el Gobierno. Pretender hacer creer que la presencia militar española en misiones de la ONU o de la UE es estar en guerra es una barbaridad, pero manipular un video, para poner en boca de la ministra Robles algo que no ha dicho para “demostrar la rectificación del Gobierno” es repugnante, es cruzar una línea de difícil retorno. De todas formas, si el gobierno ha rectificado y apoya el ataque a Irán, ¿por qué nos sigue insultando Trump? Que los dioses nos amparen si estos personajes llegan a gobernar en España.

El Gobierno español ha sido vanguardia en el rechazo a colaborar en una guerra injusta, ahora nos toca a la ciudadanía ser vanguardia en unas movilizaciones que sirvan de ejemplo en otras ciudades del mundo para gritar juntos: NO A LA GUERRA.

Las elecciones autonómicas en Aragón han confirmado la tendencia política que tanto las encuestas como las elecciones en Extremadura venían anunciando: una derecha en auge, fundamentalmente por el crecimiento de Vox, y una izquierda en retroceso, especialmente por la bajada del PSOE. Una de las causas del resultado es, sin duda, que la demonización de Pedro Sánchez ha calado en buena parte de la sociedad, el voto de castigo al Gobierno de España ha sido monumental. Solo así se explica el incremento espectacular de Vox, de cuyas intenciones poco se conoce —excepto la intención de hacernos retroceder socialmente un siglo y su oposición a la inmigración— y cuyo dirigente nacional, Santiago Abascal, parece el candidato de todas las Comunidades Autónomas, o los casi 18.000 votos de SALF, inexistente en Aragón.

Tanto en el PP como en la izquierda alternativa son conscientes de que la estrategia seguida hasta ahora no está dando los resultados deseados. Los populares, después de la confrontación en Extremadura, han ensayado en Aragón la táctica de aproximación a Vox. Jorge Azcón —que, siguiendo las directrices de Feijoó, adelantó las elecciones con el objetivo de debilitar al presidente Sánchez— recurrió a Ayuso, el exponente más claro de la extrema derecha en el PP y, para acabar la fiesta, invito a Los Meconios, que amenazan con repetir el golpe militar del 36, y a Vito Quiles, antiguo colaborador de Alvise y acosador de personas de izquierda: toda una declaración de intenciones. Con todo, los populares perdieron dos diputados y Vox duplicó su presencia.

Está claro que ni demonizando a Sánchez, ni confrontando con Vox, ni imitándolo, el PP consigue frenar a Abascal. Feijoó no ve posible gobernar sin el apoyo de la extrema derecha, lo que implica que hay que cambiar el relato, lo importante es gobernar, como sea y con quien sea. ¿Por qué no va a poder pactar el PP con Vox, el tercer partido del parlamento? —¿quizás porque es un partido neofascista?—. Total, como dice Ester Muñoz, portavoz en el Congreso de los populares “PP y Vox tienen que entenderse, entre hermanos se puede discrepar y discutir, pero se sigue siendo hermanos”. 

Lo malo es que no todos en el partido entienden los cambios de sentido introducidos por Génova, esos giros de guión tan bruscos pueden romper las articulaciones políticas de dirigentes de CCAA. Es lo que le ha sucedido a María Guardiola, la líder “moderada” de Extremadura, que ha pasado, elecciones autonómicas mediante, del “no puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes deshumanizan a los inmigrantes …” tras las elecciones de 2023, a “el feminismo que defiendo, estoy convencida de que es el feminismo que defiende Vox”.

Las tendencias electorales también preocupan en la izquierda, la semana pasada hubo dos actos cuyos protagonistas mostraron su preocupación por el ascenso de Vox —yo incluiría la preocupación por la creciente derechización del PP— y los déficits que tienen las izquierdas alternativas. 

Gabriel Rufian, con buen olfato político, hizo hincapié en una demanda de la ciudadanía progresista: la necesidad de la unidad electoral. Aunque sus propuestas, insuficientemente elaboradas, no suscitaron mucho entusiasmo en las direcciones de los partidos políticos interpelados, pusieron sobre la mesa uno de los problemas de nuestro sistema electoral: no es suficientemente proporcional y, en la mayoría de las provincias, las opciones minoritarias tienen muy difícil conseguir escaños. 

Pero la unidad electoral no es el remedio a todos los males de la izquierda alternativa; en la actualidad, la suma de votos de todas las izquierdas es inferior a la de las derechas y esto, aunque mejorase la representatividad, no se resuelve yendo en una sola lista. Además, no es cierto que sean los personalismos los que impiden la unidad, ni, como dice Rufian, que haya 14 partidos diciendo lo mismo. Prescindiendo de las cuestiones territoriales, los partidos de izquierdas pueden estar de acuerdo con los grandes objetivos estratégicos —en el caso que plantea Rufián, en la confrontación con el fascismo— pero no en las formas (prioridades, ritmos, discursos…) y existen culturas políticas y organizativas que pueden dificultar los acuerdos.

La propuesta del diputado de ERC, aunque después fue matizada, de que fuese la organización con mayores posibilidades —mejores resultados— la referencia de la izquierda en cada provincia nos lleva a un sistema mayoritario, en el que más tiene se queda con todo. La unidad no puede partir de esas bases, todos los partidos se tienen que ver beneficiados, requiere más generosidad. Aunque tampoco todos entendemos lo mismo por generosidad, CHA pide generosidad a las izquierdas… para hacer una lista única liderada por su organización. Emilio Delgado se centró en la necesidad de atraer a una mayoría social que permita cambiar la correlación de fuerzas. A veces, en demasiadas ocasiones en mi opinión, la izquierda parece dirigirse a personas suficientemente feministas, ecologistas, defensoras de la diversidad, de los animales, solidarias… Cuando escucho criticar a la gente normal que vota a la derecha –“no hay nadie más tonto que un obrero de derechas”—, o se menosprecia a quienes tienen dudas o un conocimiento y preocupación escasos por las cuestiones políticas, me doy cuenta del camino que nos queda por recorrer. 

El acto de la coalición Sumar del día 21 fue un mitin conjunto de Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes, pero un mitin con importante compromiso político de futuro. Es verdad que no se dijo cuál iba a ser el nombre de la nueva plataforma política ni quien la iba a dirigir —ya sabemos que Yolanda Díaz se descarta, Yolanda ha sido una excelente ministra de Trabajo , vaya desde aquí mi respeto y agradecimiento por el trabajo realizado y mi deseo de que podamos seguir contando con su compromiso político en el futuro— pero eso ahora no es prioritario, lo esencial es el compromiso de continuar, sobre unas nuevas bases acordadas, el proceso de colaboración de las organizaciones presentes y la invitación a que se sumen otras nuevas.

Con todo, la revitalización de la izquierda no va a ser tarea sencilla. No basta con encontrar fórmulas que mejoren el resultado electoral, es necesario un proyecto estratégico ilusionante, con la mirada puesta en el horizonte, pero con el sentido común de adecuar la estrategia a las condiciones concretas, de dar los pasos que las distintas coyunturas aconsejen; un proyecto que tenga en cuenta que los problemas complejos no suelen tener soluciones sencillas y que los fenómenos sociales son multicausales. Una propuesta dirigida a la mayoría social, que necesariamente será plural, con contradicciones y conflictos que será necesario entender y resolver buscando equilibrios entre los intereses individuales y los colectivos… Y a la que nos tenemos que acercar con humildad, con la voluntad de aprender, de entender los problemas de la gente y las razones por las que actúan como lo hacen. Una tarea difícil, pero si nos limitamos a “predicar” nuestra verdad, seremos predicadores, no políticos capaces de transformar la sociedad.

También es necesario impulsar la participación de la militancia —y de las organizaciones sociales— en la elaboración del proyecto, aumentar la autonomía y la implantación territorial, mejorar la comunicación y la democracia interna. Y tener presente, como dice Lara Hernández, “la urgencia de la reconciliación con nosotros mismos y con nuestra gente”.

Todas las organizaciones, todas las personas de izquierdas debemos sentirnos interpelados a participar en ese proyecto ambicioso. Aunque en palabras de Labordeta “también sea posible que esa hermosa mañana no la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser” 

El 8 de febrero tenemos elecciones en Aragón. Son autonómicas, pero convocadas, no porque fuesen necesarias en nuestra Comunidad, sino, siguiendo la estrategia de Feijoó para desgastar al gobierno de coalición, como el movimiento de una pieza en un tablero político más amplio en el que está en juego el modelo de sociedad del futuro. Está en juego en España la sanidad y la enseñanza públicas, la accesibilidad a una vivienda digna, el respeto a la diversidad, el trabajo digno…

Además, estas elecciones van a celebrarse en un contexto internacional impensable hace solo unos meses. Las reglas de convivencia nacidas después de la segunda Guerra Mundial, han saltado por los aires. Ya no existe el multilateralismo ni el respeto a las instituciones y al derecho internacionales. No es que anteriormente estos instrumentos regulasen adecuadamente las relaciones internacionales, pero servían de freno a determinadas ambiciones, sabemos que las leyes no resuelven todos los problemas, pero su ausencia deja todo el campo libre a los poderosos. Y Trump se considera tan poderoso que ya nos ha demostrado que no acepta ninguna ley, que lo único que puede detenerle es “su propia moral, su propia mente”. Si los únicos frenos son su moral y su mente, lo tenemos crudo. 

Los objetivos imperialistas de Trump y Putin -y en parte Xi Jinping, aunque éste tenga una estrategia menos agresiva, al menos con Europa-, que desprecian las normas de relaciones internacionales, la soberanía de los estados, la democracia y el Estado Social, necesitan la desintegración de la Unión Europea y tienen en las derechas españolas sus fieles seguidores. Son buenos ejemplos Abascal, el “patriota” que para resolver los problemas de la ciudadanía solo sabe destruir y lanzar mensajes de odio - aliado de Trump y Putin a la vez-, incapaz de criticar ni una de las medidas tomadas por el presidente de EEUU, y Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para la que respetar las leyes internacionales es ponerse cursi y considera que Julio Iglesias, como es un español muy famoso y poderoso, tiene derecho a agredir de múltiples formas a sus trabajadoras. Esa es la libertad de Ayuso.

Pero, afortunadamente, Trump está equivocado, no solo son su moral y su mente lo que pueden detenerle. Como buen matón de barrio agrede a quien considera débil, amenaza, tantea y, si ve que no hay respuesta, sigue con sus extorsiones, lo vimos con su política arancelaria. La UE parece que todavía no se ha enterado de que, con este presidente, los EEUU son nuestro principal enemigo y que reírle las gracias, contemporizar o ir a su campo de golf a firmar un tratado, solo merece su desprecio. Cuando se impone la diplomacia de los portaviones, las razones solo valen si van acompañadas de la fuerza.

Sin embargo, parece que buena parte de los dirigentes europeos todavía no son conscientes de esto e intentan no enfadar al ogro, quizás con la idea de que así se salvaran. Pero solo se “salvarán” quienes se sometan a sus intereses o caprichos, quienes muestren sumisión permanente. Europa tienen posibilidades de hacer frente a las amenazas de Trump -ya lo han hecho China, Brasil o Canadá- pero para eso es necesario que cada país deje de mirarse el ombligo, que contribuya a diseñar proyectos comunes -económicos, industriales, de defensa-, buscar mercados y alianzas en otras partes del mundo… Es necesaria la voluntad política de avanzar en la unidad para conseguir autonomía y respeto de los demás países. O nos salvamos juntos o iremos cayendo uno a uno.

Tengo una amiga ecologista que siempre dice que hay que actuar en lo local, pero pensando en lo global, de eso van estas elecciones. Son elecciones autonómicas y nuestro voto determinará la composición de las Cortes, el futuro gobierno de Aragón y las políticas a implementar en nuestra Comunidad, pero con nuestro voto también apoyamos a las diferentes opciones políticas y de poco vale lo que hagamos en Aragón si en instituciones superiores lo deshacen.

Nuestro voto tiene que tener en cuenta los programas para Aragón: la defensa de la sanidad y educación públicas de calidad; la consideración de la vivienda como un derecho, no como un bien de mercado; el compromiso con el desarrollo económico, ecológica y socialmente sostenible, lo que incluye el desarrollo en el medio rural; la inclusividad de la diversidad social existente, la lucha contra la desigualdad… Pero también debemos tener en cuenta la práctica anterior en las instituciones, el papel lo aguanta todo; la capacidad de intervenir en el gobierno del Estado, el salario mínimo, la jornada de trabajo o las pensiones no son competencia de las CCAA; la política en relación con la UE, y la respuesta ante posibles chantajes y violaciones del derecho internacional.

No estamos en una coyuntura de programas máximos, la radicalidad se debe centrar en la consolidación de la democracia y el Estado Social que están en peligro en el mundo. Y la única manera de conseguirlo es apostando por la multilateralidad, por buscar estrategias y espacios de intervención comunes.

Estamos en una coyuntura especialmente compleja, cunde la inseguridad, la confusión, el desánimo… pero esta es la mejor baza que tienen los enemigos de la democracia. Las cosas empiezan a cambiar, se ve en la tímida respuesta de la UE y, especialmente, en el discurso en Davos del primer ministro canadiense Mark Carney:      

Dejemos la apatía, sumémonos al deseo de cambio, votemos el día 8 por Aragón pero pensando en lo global, demostrando nuestro compromiso con la defensa de la democracia y el Estado Social.

Hace cincuenta años de la muerte de Franco. El dictador se jactaba de que, de cara al futuro, dejaba su legado político “atado y bien atado”. Afortunadamente no fue así, las luchas de la mayoría de los sectores sociales, especialmente el movimiento obrero, impidieron el continuismo por el que apostaban los estamentos -que no eran pocos- más reaccionarios del régimen. Pero, aunque la Transición dio como fruto una Constitución homologable -incluso más progresista que algunas- con las de los países democráticos, Franco se murió en la cama y no fue posible la ruptura.

Y cuarenta años de dictadura no desaparecen de la noche a la mañana. Los valores, los modelos sociales del nacionalcatolicismo habían impregnado al conjunto de la sociedad, y las élites no iban a renunciar fácilmente a sus privilegios, aunque se declarasen demócratas de toda la vida. La Transición fue capaz de cambiar las leyes, pero no de depurar y neutralizar a torturadores, golpistas y reaccionarios que quedaron incrustados en los aparatos del Estado.

La Transición llegó hasta donde llegó, pero no alcanzamos con ella el final de la Historia. Ni siquiera el final de la transición hasta una sociedad democrática. Quedaba mucho por hacer para desmontar el andamiaje franquista, pero, ni los Gobiernos de Felipe González ni los del PP -algo lógico, la derecha española nuca ha dejado de tener anclajes ideológicos en la dictadura- contemplaron esa tarea en sus programas de gobierno.

Los Gobiernos de Zapatero y Sánchez han intentado corregir el déficit de profundización democrática, pero ya tarde y con medidas demasiado tímidas. El caso es que, de vez en cuando, nos encontramos con chats de jefes del ejército nada tranquilizantes, o con una “policía política”, al servicio del Partido Popular, que maniobró para ocultar su financiación ilegal e inventó, para desacreditarlos, relaciones de dirigentes de Podemos con el narcotráfico.

Y no todo es pasado. En la actualidad, el Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que dirige el teniente coronel Antonio Balas Dávila, está sometido a diferentes críticas por algunas de sus actuaciones: digamos que sus pautas de actuación son peculiares. La última viene de la Fiscalía Anticorrupción por considerar que las diligencias de los agentes de la UCO mantienen distintas velocidades -celeridad o lentitud- según las causas judiciales. En el caso Montoro, los agentes hacen un informe después de haber analizado solo 10 cuentas bancarias-el sumario data de 2018- de las 200 que les entregaron. La fiscalía no da el informe por bueno.

La justicia solicitó, hace más de cinco meses, a la UCO un informe sobre las actividades de Alberto González Amador –“Alberto Quirón”-, todavía está pendiente. Fueron mucho más ágiles las investigaciones sobre Ábalos, Koldo o Cerdán. Por cierto, hablando de Ábalos y Koldo, las filtraciones de las conversaciones entre estos dos personajes sobre sus relaciones con las mujeres son repugnantes, más que suficientes para inhabilitarlos para ninguna actividad pública. Pero no son delito y no debían entrar entre las cuestiones investigadas por los agentes. Que yo sepa, la UCO no es la policía de la moral y lo que investigación y posterior filtración solo puede responder a un interés partidista.

En cuanto al Poder Judicial, en enero de 1977, del Tribunal de Orden Público (TOP) – creado en 1963, y que se encargaba de “juzgar” delitos políticos que desde el golpe de Estado recaían en la jurisdicción militar- se sustituyó por la Audiencia Nacional. Los magistrados del TOP eran bien conocidos por su lealtad al dictador y su rigor justiciero, sin embargo, esto no fue ningún obstáculo para que 10 de los 16 magistrados que componían el TOP pasasen a la Audiencia o al Tribunal Supremo. 

A día de hoy, cinco décadas después de la muerte del dictador, poco ha cambiado en la Judicatura, la ideología, el franquismo político y sociológico, han permanecido. Y esa ideología ha transmutado en estos últimos años en acción política contra el Gobierno de coalición. Algunos magistrados, especialmente de los tribunales superiores, parecen no tener en cuenta que “la justicia emana del pueblo” y es el Legislativo, elegido por el pueblo y al que tienen que respetar, el que elabora las leyes. No me puedo imaginar lo que hubiese pasado si en lugar de una manifestación con togas contra una ley, se hubiese producido una de diputados contra una sentencia del Tribunal Supremo.

El derecho a un juez imparcial es uno de los contenidos básicos del artículo 24 de la Constitución. Según la doctrina del Tribunal Constitucional y distintos convenios internacionales, esta imparcialidad debe ser objetiva y aparente. Para que la sociedad pueda confiar en sus tribunales, tienen que parecer imparciales y no es el caso de muchas sentencias de repercusiones políticas. Como dice Ignacio Escolar en este artículo , “En los últimos años, el Tribunal Supremo se ha convertido en un juzgado previsible en lo político, imprevisible en lo jurídico. Es justo al contrario de lo que debería ser.”

Pero no es solo en el Tribunal Supremo, esta previsibilidad se da también en otras instancias: Esperanza Aguirre nunca ha sido condenada por ningún tribunal; la Audiencia Nacional ha ocultado durante dos años un informe de la policía que implica a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular, en el caso Kitchen, operación encargada de sabotear la investigación judicial de la financiación irregular del PP; hay una diferencia abismal en el tratamiento de la justicia en los casos del hermano y la pareja de Pedro Sánchez con los casos del hermano y la pareja de Díaz Ayuso… Por no hablar de la información privilegiada que tiene el PP sobre lo que va “p’alante”.

Pero el colmo, el punto de difícil retorno en la credibilidad de la justicia ha sido la sentencia en el caso de Fiscal General del Estado (FGE). De entrada, la presunción de imparcialidad de algunos jueces relacionados con el caso era más que dudosa, el juez instructor, Ángel Hurtado, que presidió en 2017 el tribunal que juzgó el caso de la trama Gürtel, uno de los casos más importantes de corrupción político-empresarial, no fue capaz de ver la implicación del PP en el caso ni de relacionar M. Rajoy con Mariano Rajoy. Manuel Marchena, miembro del tribunal, sería, según el senador del PP, Ignacio Cosidó, el encargado, como presidente del Supremo, de controlar la Sala de lo Penal desde atrás.

En cuanto a la sentencia, no está muy claro de qué se acusa a García Ortiz, pudo filtrar él el correo o “alguien de su entorno inmediato”; no se tienen en cuenta los testimonios de seis periodistas de diferentes medios; argumenta como indicios de culpabilidad el ejercicio de sus derechos: no contestar más que a la defensa y borrar su móvil -como es sabido, no hay ningún riesgo de filtraciones de las informaciones que tiene la UCO- …

No son el FGE, ni el Gobierno, ni los que criticamos este tipo de sentencias quienes debilitamos a las Instituciones. Son quienes la utilizan con fines partidistas.

No sé cuánto tiempo le queda a esta legislatura, pero si verdaderamente hay una mayoría demócrata, aunque no de izquierdas, desatar lo que todavía está atado, democratizar las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo tiene que ser una prioridad. No creo que el Congreso pueda hacer algo más importante.

Otro frente contra el sistema de pensiones se ha abierto últimamente, la llamada brecha generacional. Para quienes defienden esta teoría, la “generosidad” del Estado con los pensionistas va en detrimento de las generaciones jóvenes, especialmente de las personas entre los 20 y 35 años, que son más pobres que sus padres a la misma edad y tienen un futuro incierto. 

Pero, ¿es muy generoso el Estado? El sistema de pensiones está financiado fundamentalmente por las cotizaciones -una parte de su salario, incluidas las cotizaciones empresariales- de trabajadores y trabajadoras que se beneficiarán de él con arreglo a las normas que lo rigen. Además, el Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado, contribuye a la financiación haciéndose cargo de las prestaciones no contributivas y compensando los posibles déficits coyunturales que pueda haber según los acuerdos del Pacto de Toledo. También aportan una suma al Fondo de Reserva, la hucha para el futuro. 

En concreto, en los presupuestos de la Seguridad Social para 2023, los últimos aprobados, el gasto del sistema de pensiones estaba estimado en 190.687 millones de euros, de los cuales, la aportación total del Estado fue de 38.722 millones. De esta cantidad, 15.478 millones —el 8% del presupuesto de la SS que es el 10% aproximadamente de las pensiones contributivas— es la contribución al equilibrio presupuestario, a evitar el déficit. ¿Es excesiva esta aportación para mantener un pilar fundamental del Estado del Bienestar? 

Hablar de brecha intergeneracional me parece poco riguroso. La definición de generación es aleatoria, no hay unos criterios claros que nos permitan definirla de forma unívoca. Además, la comparación es sesgada si no se tienen en cuenta numerosos factores, entre otros que la mayoría de las personas nacidas en los años 50 ya estaban trabajando a los 20 años y muchas a los 15. Estas personas, con sus impuestos, han hecho posible que la generación Z haya gozado de importantes prestaciones del Estado Social —educación, sanidad…— de las que las generaciones anteriores no pudieron disfrutar. Cada generación —sea cual sea la definición de generación— tenemos las ventajas e inconvenientes de la época en que nos toca vivir.

Tampoco es un dato determinante la media —salarial, de riqueza…—, esta referencia, si no tenemos más información, no nos permite comprender bien la realidad de un colectivo. Por ejemplo, la pensión media en 2023 fue de 1.259,79 euros al mes, sin embargo, 6 de cada 10 pensionistas cobraban menos del Salario Mínimo Interprofesional. El mismo año, los jóvenes de entre 25 y 30 años tenían un salario medio de 1.500 euros al mes. Con estos datos no parece que las pensiones, al menos el 60% de pensionistas, sean el motivo de la “brecha” generacional.

Pero claro, si lo que interesa es generar enfrentamiento entre generaciones y debilitar el sistema de pensiones, todo vale. Un ejemplo es un informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que, para “demostrar” que el problema de los jóvenes está en las pensiones, llega a comparar el salario medio, en el primer trimestre de este año, de los menores de 34 años, no con la media de las pensiones, sino con los jubilados del Régimen General de la Seguridad Social en ese periodo, posiblemente el colectivo que se ha jubilado con mayor pensión media. Hay discursos que me recuerdan al proceso de instrucción en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se parte de una hipótesis y se tienen en cuenta solo los factores que la avalan. 

No pretendo ignorar los problemas de la juventud, especialmente los relacionados con la vivienda y la precariedad laboral, pero ni los análisis de los neoliberales/libertarios -tipo Milei- son correctos ni, lógicamente, comparto sus propuestas de solución. En realidad, no ofrecen solución, se limitan a eliminar la “brecha” igualando a la baja: si se rebajan las pensiones, la “brecha” entre jóvenes y pensionistas disminuye o se anula. Pero la juventud seguiría con precariedad laboral y sin vivienda, porque el posible incremento de renta que tuviesen -por la reducción de impuestos o por ayuda económica estatal- no resolvería ninguno de los dos problemas.

Es cierto que existen brechas, grandes desigualdades, en la sociedad española, tanto en salarios como en riqueza, pero no se encuentran entre ellas las diferencias entre pensionistas y jóvenes. En relación al salario, el porcentaje de la renta salarial sobre la renta total ha disminuido el 7,3% entre 1993 y 2015, y un ejecutivo del IBEX-35 cobra de media 73,5 veces más que sus trabajadores, aunque hay empresas en las que los consejeros cobran 200 veces el salario medio de sus trabajadores. Si nos fijamos en la riqueza, el 10% de la población —aquellas personas que se ven más beneficiadas por los recortes de impuestos protagonizados por los gobiernos del PP— controla el 54% de la riqueza y el 1%, “solamente” el 20% de la misma.

El problema de la vivienda solo se puede resolver cuando esta deje de ser un valor de mercado y pase a ser un instrumento para satisfacer una necesidad social fundamental, cuando se cumpla la Constitución y “los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna”. 

A corto plazo, es necesaria una intervención en el mercado que evite la especulación y priorice la utilización de los inmuebles como vivienda permanente sobre otros usos, y a medio y largo plazo la construcción de importantes parques de vivienda pública. Los 72.655 millones de euros que nos ha costado la crisis financiera —ahora que la banca está teniendo beneficios récords es buen momento para que empiecen a pagarlos— pueden ser una buena base financiera para dicha construcción.

En cuanto a la precariedad, también tiene solución en la política. La legislación laboral tiene que incrementar la indemnización por despido y mejorar los derechos laborales en todo tipo de contrato: temporal, a tiempo parcial, en prácticas… Y favorecer la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales.

Estos son los caminos para resolver los problemas de precariedad y vivienda que no solo afectan a la juventud, sino a todas las personas con escasos recursos. Quienes dicen querer acabar con las brechas, tienen un amplio campo de trabajo en las mencionadas salariales y de riqueza. Pero sus propuestas, el adelgazamiento del Estado del Bienestar, solo conducen a incrementar las desigualdades, a la indefensión de los colectivos más vulnerables.

Y una última reflexión: sin vivienda y salario dignos nadie puede ser libre. 

En los últimos años se están publicando numerosos artículos en los que se pone en cuestión la sostenibilidad de las pensiones si se cumplen los acuerdos del Pacto de Toledo -es decir, incrementar la pensión lo mismo que se incrementa el IPC-, porque el Estado no puede gastar tanto dinero en mantener esta prestación. 

A quienes defienden que el sistema de pensiones es injusto e insostenible —porque los jubilados reciben mucho más de lo que han aportado o porque se incrementa la deuda pública y dificulta la sostenibilidad fiscal (el equilibrio entre ingresos y gastos públicos)—, se suman nuevas voces, artículos en los que se viene a responsabilizar a las pensiones de los problemas de los jóvenes para emanciparse. Estamos ante la brecha generacional.

Sobre la sostenibilidad del sistema mucho se ha hablado y se seguirá haciéndolo. Es normal que nos preocupe la viabilidad de las pensiones a medio plazo, las hipótesis de trabajo pueden cambiar y habrá que ajustar las distintas variables para que las generaciones futuras puedan seguir recibiendo una pensión digna. Pero para que los estudios realizados sean comparables y comprensibles para la ciudadanía, es necesario que los autores tengan en cuenta los diferentes factores que intervienen en la evolución de las pensiones, no solo una parte de ellos.

Por ejemplo, cuando se dice que nuestro sistema de pensiones es demasiado generoso, que concede a los jubilados bastante más de lo que han aportado, además de ser discutible (ver el artículo: https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/generoso-sistema-pensiones_129_12698572.html) no se tiene en cuenta que los importantes superávits del periodo 1977-2011, en lugar de guardarse para las necesidades futuras -lo que ahora vendría muy bien-, se incorporaron a los Presupuestos Generales del Estado.

Tampoco se tiene en cuenta que las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas y, durante muchos años, hasta que se acordó lo contrario en el Pacto de Toledo, la financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social se ha efectuado con las cotizaciones en lugar de con aportaciones del Estado. Prestaciones como las pensiones a favor de los familiares, las reducciones en la cotización a la Seguridad Social para fomento del empleo, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, medidas de apoyo («subvenciones implícitas») a regímenes especiales, el coste de complementar las lagunas de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación…, deben financiarse, exclusivamente, a través de partidas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado. 

Comprendo que cuando se estudian sistemas con numerosas variables, algunas puedan suponerse fijas para facilitar la aproximación a la realidad, pero, qué casualidad que quienes nos advierten del “negro” futuro de las pensiones, solo tengan en cuenta en sus análisis la posibilidad de disminuir los gastos. Si lo que se pretende es eliminar el déficit en el sistema de pensiones, por las repercusiones que puede tener en la deuda pública y en la estabilidad financiera, lo lógico sería tener en cuenta tanto los gastos como los ingresos, y no olvidarse de que el equilibrio también se consigue incrementando estos últimos.

El incremento de ingresos se puede obtener, en primer lugar, aumentando las cotizaciones. Para esto es necesario, además de las reformas acordadas por el Pacto de Toledo, impulsar medidas económicas que generen puestos de trabajo, a ser posible cualificados -cuanto mejor retribuidos mayor es la cotización-; promover medidas legislativas que combatan la precariedad y mejorar la capacidad de intervención de la inspección de trabajo para garantizar el cumplimiento de las normas de Salud Laboral -que evitan accidentes- y la cotización de todas las horas trabajadas. Además, si fuese necesario, no hay ninguna ley divina que impida que el déficit se financie a través de los PGE vía impuestos. 

Está claro que, que para que esa aportación no suponga ningún desequilibrio financiero, habría que compensarlo con los incrementos equivalentes de ingresos. Aunque, realmente, lo que hay que hacer -con o sin aportaciones de los PGE a las pensiones- es una reforma fiscal que nos equipare en recaudación a la media de la UE, seguimos recaudando 4 puntos menos del PIB, y que sirva para disminuir las crecientes desigualdades que está sufriendo la sociedad española.

¿Y si se mira de otra manera el gasto en pensiones? Este es el título de un artículo (https://www.eldiario.es/economia/si-mira-manera-gasto-pensiones-estudio-senala-motor-crecimiento-economico_1_12171547.html) basado en el estudio que han llevado a cabo Eladio Febrero y Fernando Bermejo, investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha. Según estos economistas -que no centran su estudio, como en la mayoría de los casos, en los desequilibrios fiscales- El PIB generado por la demanda de consumo de los pensionistas es mayor que el gasto en pensiones de jubilación. Resaltan “el efecto estabilizador del gasto en pensiones” y afirman que “evitó en torno a 5 y 5,5 puntos adicionales de desempleo entre 2009 y 2024”.

Como vemos, hay diferentes formas de abordar los efectos del actual sistema de pensiones, pero, en cualquier caso, es exigible honestidad. Y, como cada persona tenemos nuestras opiniones y prejuicios, evitar que las gafas de la ideología deformen la realidad. 

Reconozco que cuando conocí el “plan de paz” de Trump para Gaza me cabreé bastante, y más cuando vi que la mayoría de los dirigentes europeos -incluido Pedro Sánchez, aunque con menos entusiasmo que otros- lo aplaudían. ¿Cómo era posible que les pareciese bien semejante chantaje? ¿No ven que el único compromiso de Israel es el de liberar a unos 2.000 presos palestinos? ¿Qué son los puntos 10 y 12 del acuerdo sino el anuncio de la creación del resort que tanto anhela Trump? (10. Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones.11. Se creará una zona económica especial en Gaza.)  

Después del cabreo, cuando reflexioné, me di cuenta que, al margen de los intereses de quienes alababan la propuesta, había algo indiscutible: la peor alternativa era seguir con el genocidio, y la única posibilidad de pararlo era la iniciativa de Trump. La supuesta baza de Hamás, de negociar con los rehenes, no tenía ninguna validez, Netanyahu ya había demostrado que la vida de los israelíes secuestrados le importaba un bledo; ni Hamas ni todos los árabes unidos -suponiendo que esto fuera posible- eran capaces de detener al potente ejército israelí apoyado por EEUU, y confiar en que la presión internacional iba a parar los asesinatos, era dar tiempo para que el sionismo lograse sus objetivos. 

De momento hay que alegrarse, los ataques del ejército israelí han parado y se ha replegado -ya “solo” ocupan el 50% del territorio de la franja-, ha empezado a entrar ayuda humanitaria y se han liberado los 20 rehenes israelíes, que no son responsables de la política de su gobierno, y 2.000, palestinos -la mayoría de los cuales pueden ser considerados rehenes, incluidos menores de edad- que tampoco son responsables de los asesinatos de Hamas.

Hasta aquí las buenas noticias, pero no hay un acuerdo de paz, no hay más compromisos de nada, todo depende de la voluntad de los EEUU, como queda claro en los siguientes puntos. (9. Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una “Junta de la Paz” internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al ex primer ministro británico Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente. 19. Conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino. 20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera) 

No creo que se me pueda acusar de ser mal pensado si dudo de la voluntad del aspirante a premio Nobel de la Paz -ese que, a través del departamento de la Guerra llama a los militares a combatir al enemigo interno-, lo que para él es hoy blanco, mañana puede ser negro. ¿Seguirá defendiendo el acuerdo después de perder el premio que tanto ansiaba? En lo que se mantiene constante es en la defensa de sus intereses personales -especialmente los inmobiliarios- y de su aliado Netanyahu. 

En cuanto al primer ministro israelí, ya ha roto dos veces las treguas y ha declarado, nada más darse a conocer los 20 puntos del plan, que no va aceptar la creación de un Estado palestino. Y la prueba de que va en serio ha sido la negativa a liberar a Barghouti, el político palestino más carismático, según numerosos analistas, capaz de aglutinar muchas de las familias políticas palestinas y dar una orientación distinta a la política Palestina.

Si se ha alcanzado esta tregua, ha sido gracias a las movilizaciones de la ciudadanía de muchos países -de las que el bloqueo de la última etapa de la Vuelta Ciclista fue un buen acicate-, que han empujado a sus gobiernos para que tomasen medidas de presión contra el Gobierno israelí. El primer paso está conseguido, pero el objetivo, para que no se vuelvan a repetir ni los atentados terroristas ni el genocidio, es la consecución de una paz justa y duradera entre Israel y Palestina, con garantías reales por parte de la comunidad internacional. 

Esta paz debe incluir, entre otras medidas, la reconstrucción de las infraestructuras -incluidas las viviendas- destruidas en Gaza a cargo del Estado israelí y sus colaboradores en el genocidio; la indemnización a las víctimas y familiares de las personas asesinadas -para estas, desgraciadamente, no hay indemnización posible-; el desmantelamiento de los asentamientos judíos en Cisjordania, con la devolución de las tierras a sus verdaderos propietarios; el cumplimiento de las resoluciones de la ONU; la consecución de la autodeterminación y la creación del Estado palestino y la viabilidad económica del nuevo Estado, con un corredor asegurado entre Gaza y Cisjordania. Sin olvidar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos.

Garantizar la supervivencia del pueblo palestino, y el cumplimiento de los derechos humanos pasa por alcanzar estos objetivos y por ellos nos tenemos que seguir movilizando. Objetivos que deben de formar parte de la agenda política de cualquier organización progresista.

P.D. En la mañana del martes 14-10, ya se ha producido la primera ruptura del alto el fuego, soldados israelíes, han matado a seis palestinos. El comunicado del ejercito de Israel dice que eran sospechosos, ¿Qué palestino es no sospecho para Israel? Un buen argumento para que Hamas no deje las armas e incremente su apoyo entre los jóvenes que han perdido todo. Si Israel tiene derecho a defenderse, también, según el derecho internacional, lo tienen los palestinos a la resistencia armada para librarse del ocupante.

Me resulta muy difícil de entender la pasividad de algunos países con la estrategia de exterminio del pueblo palestino emprendida por Netanyahu. Ya sé que en política internacional cada país mira por sus intereses y deja los valores, que dice defender, en el baúl de los recuerdos. Pero la comunidad internacional ha acordado normas de funcionamiento, reglas hasta en los casos de guerra. Algo, por otra parte, imprescindible en las relaciones humanas, si se vive en comunidad. Si no se cumplen, ¿en base a qué nos relacionamos? ¿Cómo convencemos a la ciudadanía de un país o una ciudad de que debe comportarse de determinada manera si las normas no valen para los poderosos?

La UE y la mayoría de los gobiernos europeos están respondiendo tarde y con medidas poco efectivas. ¿Temen que Trump suba los aranceles si se portan mal? ¿Hasta cuándo vamos a ser vasallos de un personaje como el presidente de los EEUU? ¿No se dan cuenta de que cuanto más cedamos más nos exprimirá?

¿Cómo es posible que el gobierno alemán dude de reconocer a Palestina como un Estado? Si en esta cuestión el Gobierno representa al pueblo alemán, algo ha fallado en estos años para que no hayan entendido que el ser víctima no te garantiza la imposibilidad de ser victimario, que los asesinatos en masa son igual de repugnantes los cometa quien los cometa y que los derechos humanos -el principal es el derecho a la vida- deben ser defendidos por todas las personas. Aunque solo sea para poder acogernos a ellos en un futuro. 

La invasión de Gaza, a la que seguirá Cisjordania, es un genocidio, es un instrumento para hacer desaparecer a los palestinos de su tierra. O se van, o los matan o los recluyen en un campo de concentración para que se mueran poco a poco. Se parece mucho, aunque de momento sin hornos crematorios, a lo que hicieron los nazis con los judíos en numerosos campos de exterminio.  

Sí, soy de los que cree -como la mayoría de los expertos, Amnistía Internacional o el comité que ha elaborado un informe para la ONU- que en Gaza se está cometiendo un genocidio. Pero genocidio no es una palabra mágica, me produciría la misma repugnancia y me enfrentaría a ello con la misma convicción e intensidad, si en lugar de genocidio la justicia internacional lo considerase crímenes de guerra o de lesa humanidad. Porque lo importante es lo que está pasando, y lo que hace el ejército israelí es abominable.

En el PP, especialmente en la parte más próxima a Vox, no solo niegan el genocidio, sino que recurren, como nos tienen acostumbrados, a todo tipo de exageraciones y mentiras para desprestigiar las manifestaciones de apoyo a Palestina y, venga o no a cuento, arremeter contra el presidente Sánchez. Me gustaría pensar -aunque sé que es una barbaridad atacar a la persona y no a sus propuestas- que, su posición pro Netanyahu es una pieza más en la estrategia de hundir a Sánchez, pero desgraciadamente no es así. Comparar el bloqueo de la última etapa de la Vuelta Ciclista con Sarajevo y no decir ni una palabra sobre el bloqueo de la entrada a Gaza de alimentos y medicinas, de la utilización del hambre y las enfermedades como arma de guerra, define claramente el nivel moral de quienes así actúan, no es un recurso contra Sánchez, es que no tienen humanidad.  

Por si fuera poco, el que pretende ser el faro y guía de las derechas españolas, el campeón de las mentiras -los atentados del 11M eran obra de ETA, en Irak había armas de destrucción masiva…- intenta hacernos creer que Netanyahu defiende al mundo occidental: “Si Israel perdiese lo que está haciendo sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total” Pero, ¿qué peligro suponen los palestinos para el mundo occidental? De no ser que Aznar se refiera a que, si Israel pierde, pierden los matones, los chantajistas, quienes están imponiendo la ley del más fuerte. Y Aznar pretende que Occidente pertenezca a ese mundo. 

El pueblo palestino está luchando por su supervivencia, pero esa supervivencia no está en peligro por un terremoto, por un sunami o por cualquier otro fenómeno natural, está en peligro por el odio a los palestinos y el afán expansionista de un gobierno sionista. Su supervivencia depende de que seamos capaces de frenar la política del tándem Trump-Netanyahu en esa parte del mundo. Y para eso, no basta con reconocer a Palestina como Estado, como dice la Comisión de Investigación de la ONU que ha concluido que Israel comete genocidio: “Los Estados deben actuar para pararlo”.

Los palestinos se merecen y necesitan todo el esfuerzo que podamos hacer, hay que seguir movilizándonos, presionando a las instituciones para que incrementen las sanciones hasta aislar a los genocidas económica y políticamente. Pero esas movilizaciones no solo van en beneficio palestino, trabajar por parar el genocidio es trabajar por nosotros, contra la tiranía de los poderosos, por los derechos humanos, por resolver los problemas por la vía política y de manera equilibrada. Es luchar por un mundo mejor.

Contra el genocidio, por nuestro futuro y por ese mundo mejor el viernes 26 a las 18,30 nos vemos en la Glorieta de Sasera.

La corrupción que apunta el informe de la UCO que, de momento, afecta fundamentalmente al secretario de organización del PSOE, no es solo el problema de una persona, es un tremendo problema político. No es que crea que la corrupción está extendida por todo el partido, que éste se financiase con las comisiones cobradas o que el secretario general tuviese conocimiento de la indecencia del secretario de organización -parece que el dúo Cerdán-Koldo empezó a funcionar en Navarra hace diez años y luego engancharon a Ábalos- pero es un duro golpe para un Gobierno incapaz de salir del rincón en que lo ha situado la derecha, ayudada por poderes fácticos de distintos estamentos.

Pedro Sánchez ha reaccionado cesando de todos los cargos a Santos Cerdán, pidiendo perdón y anunciando una auditoría externa en su partido, así como cambios en la Comisión Ejecutiva. No creo que esto sea suficiente, los errores en la elección de personas para puestos de responsabilidad -no es solo utilizar al partido para enriquecerse, los comentarios de Ábalos y Koldo sobre las mujeres son vomitivos- y la ausencia de elementos de control interno para detectar estos casos, requieren cambios más profundos, empezando por ser más exigente en la composición de las listas electorales. No todo vale para conseguir concejales, como se puede ver en el caso de Leire Díez.

En la rueda de prensa, el presidente Sánchez separó el caso Cerdán del funcionamiento del Gobierno. En parte tiene razón, un caso de corrupción en un partido no tiene por qué afectar al Gobierno, ni a su estabilidad ni a su política, pero es difícil separar los problemas del partido que dirige el presidente del funcionamiento del Ejecutivo, más, como en este caso, cuando el PSOE no pasa por su mejor momento de credibilidad, incluida la de Pedro Sánchez, entre cuyas virtudes no está la de saber valorar a las personas en las que pone su confianza.

Tampoco ayuda nada a clarificar las cosas la estrategia de comunicación del partido: ni quienes lo defienden -ministros y ministras- ni la manera en que lo hacen -recitando un argumentario lleno de tópicos y lugares comunes-. Por mucho que repitan el mantra: “Hemos actuado con rapidez y contundencia”, por mucho que recurran al “y tú más”, no van a convencernos de que el problema está resuelto.

Aunque pretenda obviarlo, Pedro Sánchez tiene dos problemas, relacionados entre sí y difíciles de resolver, para los que tiene que encontrar soluciones con urgencia. Todo esto sin saber -espero- hasta donde llegan los tentáculos de la corrupción, algo que, sin duda, se conocerá conforme vaya avanzando la investigación. Esto es lo primero que tiene que hacer Sánchez, valorar la penetración de las practicas chantajistas y si de ellas se ha beneficiado la organización. Si es así, a Sánchez no le queda otro remedio que dimitir como secretario general y convocar elecciones.

Aun en el mejor de los casos, la continuidad del Gobierno es bastante complicada. Va a depender de que Sánchez sea capaz:

1- De demostrar, sin lugar a ninguna duda razonable, que están acotados, y en vías de solución, los problemas derivados de las actividades de Cerdán.

2- De impulsar, con medidas y calendario concretos, una reforma en profundidad de la vida interna del partido, desde el funcionamiento de las agrupaciones, hasta los del Comité y Ejecutiva Federal, pasando por incrementar el grado de exigencia en la elaboración de las listas. También sería necesario articular procesos de formación en los que se haga hincapié en la importancia -y obligación- del compromiso ético en la política.

3- De presentar una moción de confianza negociada con los apoyos de legislatura que incluya: la presentación de presupuestos para 2026; agilizar en lo posible, dada la correlación de fuerzas en el Congreso, la agenda social, especialmente en lo relacionado con la vivienda; incrementar la transparencia de los actos administrativos -entre ellos las adjudicaciones de obra pública- e impulsar la democratización de las instituciones -Poder Judicial, Comisiones de Control, niveles superiores de las Administraciones Públicas...

La última condición, para que el gobierno de coalición siga siendo útil para la mayoría, es que en la negociación de la moción de confianza no se acepte ningún tipo de chantajes. Si para gobernar hay que ser prisionero de intereses partidistas maximalistas, es mejor dejar de hacerlo.

Además, es imprescindible un cambio de los partidos progresistas en su estrategia de comunicación. Atender las necesidades de la gente es necesario, pero no suficiente, sin un discurso capaz de generar cierta ilusión sobre el futuro no se gana la confianza de la ciudadanía.

Pedro Sánchez puede tener la tentación de modificar pequeñas cosas y seguir adelante, argumentando que la alternativa, un Gobierno PP-Vox, es mucho peor y que, en estos momentos, España necesita estabilidad; sería un grave error. Es cierto que la alternativa sería peor, sufriríamos una involución en los avances sociales y de derechos que hemos tenido con los Gobiernos de coalición y el protagonismo de nuestro país en la escena internacional retrocedería considerablemente, pero no tomar las medidas oportunas supondría una quiebra en el grupo de apoyo a la investidura, una sangría permanente para el Gobierno y sus apoyos y un descrédito para la izquierda.

Si Pedro Sánchez no es capaz de superar una moción de confianza, tampoco tendría el Gobierno los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar presupuestos ni leyes verdaderamente reformistas. ¿Para qué queremos un Gobierno así? El resultado sería peor que la perdida de la moción, en las siguientes elecciones -y no creo que durase mucho el Gobierno- ganaría de largo el PP, con una izquierda desacreditada, más debilitada y desunida todavía y sin capacidad de respuesta ante la contrarreforma de las derechas.

Israel avanza en la destrucción total de Gaza sin que, hasta ahora, nadie le ponga freno. Es más, todavía hay dirigentes europeos que apoyan o no condenan al Gobierno israelí. Algunos lo hacen por interés, por no enemistarse con Trump, por debilitar a la Unión Europea o a su propio Gobierno; otros porque, en el fondo, son iguales que Netanyahu y no les importaría hacer lo mismo… Y luego están los alemanes, buena parte del pueblo alemán -independientemente de su ideología- todavía arrastra la culpa del Holocausto y les parece que para redimirse tienen que apoyar, acríticamente, al Gobierno israelí de turno. 

Pero, ¿cuáles son las diferencias entre lo que hicieron las nazis en el gueto de Varsovia y lo que hace el ejército israelí en Gaza? El ejército israelí está destruyendo viviendas, escuelas, universidades, hospitales -sin que nunca hayan demostrado que en ellos había militantes de Hamás-, potabilizadoras de agua, infraestructuras de electricidad… Y no tiene ningún problema en utilizar el hambre y las enfermedades como armas de guerra. ¿No están eliminando indiscriminadamente a cualquier ser humano que se encuentre en Gaza? ¿No están arrasando el territorio para que no puedan volver a vivir allí? ¿No es esto también genocidio?

Si en algún momento hubo dudas de las intenciones del primer ministro de Israel, en estos momentos no hay ninguna y se siente tan impune que no tiene problema en reconocerlas públicamente.  Admite -aunque lo ha negado durante mucho tiempo- que dio el consentimiento para que Catar financiara a Hamás, con el objetivo de dividir a los palestinos para debilitar su capacidad de resistencia, y se levanta de la mesa de negociación porque ya ha reconocido que no tiene nada que negociar, que entre sus condiciones para acabar con la guerra está la expulsión de la población gazatí de sus tierras.

El proyecto de ocupación de Gaza no es algo derivado de los asesinatos del 7 de octubre de 2023, la derecha israelí siempre se ha creído con el derecho divino -por algo se consideran el pueblo elegido de Dios- de apoderarse de las tierras palestinas. Desde hace años, colonos judíos, con el apoyo de su ejército y el beneplácito de sus Gobiernos y la comunidad internacional, vienen ocupando territorio de Cisjordania -donde no existe Hamas-, expulsando a los palestinos que allí viven. El criminal atentado de Hamás ha servido de excusa para acelerar una aspiración largamente anhelada. 

Por muy atroces que sean los asesinatos de Hamás, estos no justifican el intento de exterminio de un pueblo, de la misma manera que los crímenes de guerra en Gaza no justifican el asesinato de dos personas trabajadoras de la embajada de Israel en EEUU, un crimen nunca justifica otro. Los palestinos, como los israelíes y el resto de pueblos, solo serán libres cuando sean capaces de enterrar el odio. 

Los Estados que se dicen defensores de los derechos humanos tenían que haber tomado medidas para parar a Netanyahu mucho antes, al menos desde que la Corte Penal Internacional lo acusó, en noviembre de 2024, de crímenes de guerra. No vale con decir que lo que ocurre en Gaza es intolerable; si no es tolerable, algo habrá que hacer para no tolerarlo, para impedirlo. Aunque, después de más de año y medio de ver las barbaridades de las que es capaz el ejército israelí, solo 17 países de la Unión Europea están por revisar el acuerdo comercial con Israel. 

Por otra parte, es alentador que el Gobierno de coalición haya sido la vanguardia en occidente contra la política de exterminio en Gaza y que haya participado en la creación del Grupo de Madrid -compuesto por países europeos, de la Liga de Estados Árabes y de la Organización de Cooperación Islámica a los que también se ha sumado Brasil- con el objetivo no solo de conseguir un cese de los ataques sino con perspectivas estratégicas: la solución de los dos Estados que proporcionen paz y seguridad en la región.

El Gobierno tiene que crear alianzas para avanzar en el terreno diplomático: convenciendo a más países de la importancia de reconocer al Estado Palestino, con resoluciones en la ONU, aislando políticamente a Israel…; en el terreno comercial: para la revisión del acuerdo comercial UE-Israel, proponiendo a otros países extracomunitarios la imposición de sanciones comerciales… y haciendo lo posible por suministrar ayuda humanitaria a la población gazatí.  

Pero, para que a nadie se le olvide y para presionar ante las posibles vacilaciones del Gobierno, también es necesaria la movilización de la ciudadanía.  Y para esto, nada mejor que partidos políticos, sindicatos, organizaciones internacionalistas, de solidaridad…, cualquier asociación entre cuyos objetivos o principios esté la defensa de los derechos humanos, se coordinen y unan fuerzas en la defensa del pueblo palestino. No parece muy coherente considerarse progresista, solidario, luchar contra las desigualdades, por la justicia social… y no incluir en la agenda la causa palestina que, de manera inmediata, pasa por parar los crímenes de Israel y llevar ayuda humanitaria a la franja.

También individualmente podemos colaborar para no dejar a Gaza sola. Lo podemos hacer explicando la necesidad en nuestro entorno -asociaciones, familiares, amigos o vecinos-, participando en las acciones que se convoquen, aportando ayuda económica a la UNRWA o negándonos a comprar productos procedentes de Israel. Este apoyo no nos saldrá gratis, nos llamarán yihadistas -como a Almudena Ariza, corresponsal de TVE en Israel-, antisemitas, vendidos a Hamás, incluso bolivarianos o filoetarras si te topas con fans de Aznar o Isabel Ayuso, pero merecerá la pena, no podemos quedarnos en el rechazo y la angustia, este es el momento de actuar. Además, podremos mirar a los ojos y responder sin sonrojarnos a quienes, pasados unos años, nos pregunten: ¿Y tú que hiciste para evitar el genocidio de Gaza?

Es difícil analizar fríamente cualquier problema y, por lo tanto, encontrar las soluciones más apropiadas. Y menos si estas requieren cierto grado de consenso y cierto tiempo de desarrollo. El día 28 del mes pasado, pocas horas después del apagón, los dirigentes del PP -incluido Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón- ya estaban exigiendo al presidente Sánchez información clara de lo que había pasado, no entendían que tardase cinco horas y media desde el cero energético para aparecer ante los medios de comunicación. 

No es extraño que los populares no lo entendieran, hay tantas cosas que no entienden… Pero esto no les impide opinar: Aznar enseguida supo que la autora de los atentados del 11-M era ETA, tampoco necesitó mucho tiempo para comprender el peligro que suponían las armas de destrucción masiva de Irak; Rajoy se percató de inmediato de que los hilillos de plastilina que salían del Prestige no suponían ningún riesgo; esto es tener las cosas claras, como el tiempo ha demostrado. En cuanto a Feijóo… Feijóo sabe desde el minuto uno que el apagón se produjo por falta de energía nuclear en el suministro a la red. Da igual que los técnicos digan que no se sabrán las verdaderas causas hasta que se puedan analizar todos los datos y para esto habrá que esperar semanas.

La inmediatez en las cosas se ha convertido en una seña de identidad de esta sociedad. Contestamos a los mensajes sin demora, queremos estar informados de lo que nos interesa al momento; que nos resuelvan las dudas en un periquete, los problemas sin tardanza… No importa que los asuntos a tratar sean complejos, queremos rapidez y si no es así los responsables de la gestión son unos inútiles o nos quieren ocultar la información. 

Tampoco llevamos bien la incertidumbre, el no saber lo que va a pasar. Pero vamos a tener que acostumbrarnos a la indeterminación y el azar: porque el riesgo cero no existe, porque nuestros conocimientos son limitados, porque existen las casualidades… Porque en la propia naturaleza se producen procesos probabilísticos. Y todo esto pasará con cualquier gobierno.

La falta de rigor no está solo en el ámbito político, los medios de comunicación -incluidos buena parte de analistas y tertulianos nada sospechosos de ser de derechas o de tener intereses en las compañías eléctricas- contribuyen a incrementar la confusión. También están condicionados por la inmediatez y, en ocasiones, por ciertos prejuicios, por no tener en cuenta la complejidad de algunos procesos.  

En el cero eléctrico del día 28 hay dos cuestiones fundamentales a investigar: por qué se produjo la desconexión de determinadas centrales y por qué fallaron los cortafuegos de la red eléctrica y para esto hay que dar tiempo a los técnicos para que estudien los datos y emitan sus conclusiones. Exigir rapidez no hace sino generar malestar y más inseguridad en la opinión pública. Aunque, en el caso del PP, es eso lo que se pretende, crear malestar y presentar al Gobierno como una entidad sobrepasada sin capacidad de asegurar los servicios públicos. Será que piensan que en toda España funcionan como la sanidad o la educación en la Comunidad de Madrid.

Tampoco aporta nada a esa tranquilidad y el rigor necesario, responsabilizar de lo sucedido a uno u otro tipo de energía. Ni responsabilizar al Gobierno de lo sucedido porque ya había habido informes de técnicos de Red Eléctrica en los que se advertía de posibles problemas. Quienes hablan de estos informes deberían decir a cuáles se refieren y qué tienen que ver con lo sucedido, los únicos informes conocidos a través de los medios de comunicación que hacen referencia a la aplicación de nuevos mecanismos de protección de la red llegaron al Gobierno a principios de año y en ninguno se detecta la necesidad de aplicar las medidas a corto plazo. Además, no sabemos si las medidas recomendadas hubiesen evitado el apagón.

Cuanta más información se tiene, más complejidad aparece. La vicepresidenta tercera y responsable de la comisión de investigación creada por el Gobierno, Sara Aagesen, informaba, en una entrevista publicada por elDiario.es el domingo 11, que según las primeras conclusiones a las que ha llegado la Red Europea, se registraron dos periodos de oscilaciones de tensión y frecuencia en el sistema eléctrico europeo continental durante la media hora previa al incidente. También se produjo la caída de una central nuclear en el sur de Francia a las 12.30 horas, justo antes del cero nacional en España. 

Dejemos que los técnicos hagan su trabajo y nos digan las causas de la caída del sistema eléctrico. Después, el Gobierno deberá dar las explicaciones pertinentes -de manera que sean comprensibles por la ciudadanía- y asegurarse de que los distintos operadores toman las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la red.

Y, una vez terminado este capítulo, abrir otro, el del sistema eléctrico que queremos para el futuro. Será entonces el momento de analizar ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de energía atendiendo a criterios económicos, ecológicos y sociales. En este nuevo capítulo no solo habría que reflexionar sobre la oferta, también habría que hacerlo sobre la demanda, cuanta y cómo se distribuye. Y qué riesgos suponen la concentración de empresas con gran demanda de energía, como los centros de datos que tienen previsto instalarse en Aragón. 

La formación crítica de la ciudadanía -y esto debe ser general en todos los países- no es algo de lo que podamos estar orgullosos. Los distintos niveles de enseñanza están más dedicados a transmitir información que a enseñarnos a pensar; más preocupados por construir eslabones de la cadena productiva que por formar a personas capaces de analizar los problemas -y participar en las soluciones- que se generan en unas sociedades cada día más complejas. 

Tampoco los medios de comunicación, las tertulias o los debates políticos, nos ayudan. Por intereses, por falta de tiempo o por desidia abundan los lugares comunes y la falta de rigor, cuando no la demagogia, los insultos, las medias verdades, o las mentiras directamente, con el fin de aumentar el número de fieles seguidores. El caso de Santiago Abascal insultando al presidente Sánchez y diciendo que nos oculta información sobre las causas del apagón es paradigmático. Ahora que demuestre Sánchez que es inocente.

La complejidad de los problemas, la falta de formación e información fidedigna y el creciente individualismo -letal para las sociedades democráticas- hace que nos refugiemos en lo que creemos que hemos entendido, en lo más próximo, en la tribu en la que nos consideramos seguros. 

En este contexto, en la ciudadanía prevalece la idea -potenciada por ciertos partidos políticos, como Vox y sus aliados- de que Europa es una cosa lejana, que los dirigentes europeos son una casta que solo mira por sus intereses y que estaríamos mejor sin la UE. La Unión es manifiestamente mejorable, pero quienes pretenden su desaparición se olvidan de los beneficios que ha aportado: fondos de cohesión, moneda única, protección de derechos ante posibles arbitrariedades de algunos países, ayudas a raíz de la COVID…Y no tienen una alternativa mejor.

Además, si reflexionamos sobre lo qué ocurre a nuestro alrededor, vemos que el refugiarnos en lo más próximo no nos garantiza nuestro futuro. Tras la invasión rusa, Ucrania mantendrá la mayor parte de su territorio gracias a la ayuda recibida por los países europeos y por EE.UU., pero tendrá que ceder una parte porque la ayuda no ha sido la suficiente.  Otro caso es el del pueblo saharaui, que perderá todo su territorio y pasará a formar parte -a pesar de las resoluciones de la ONU- del reino de Marruecos. Y el ejemplo más sangrante: el genocidio palestino, por voluntad de los Gobiernos de Israel y EE.UU., y ante la pasividad del resto del mundo.

No, el refugiarnos en la tribu -ya sea ésta un grupo de colegas o tu nación- no nos salvará, no garantiza el futuro. Para garantizarlo es necesario formar parte de una estructura suficientemente fuerte como para disuadir a posibles adversarios y resistir las agresiones que se puedan producir. Y para esto, por proximidad, por historia, cultura y valores, tenemos la Unión Europea que, además, y a pesar de sus limitaciones, es la vanguardia mundial en democracia, derechos y protección social.

Pero si el proyecto de la UE siempre ha sido cuestionado por quienes tienen otros intereses económicos, políticos o ideológicos, la agresividad de Trump contra Europa -tanto de forma directa mediante aranceles y sus acuerdos con Putin como a través de su apoyo a la extrema derecha antieuropea- es un factor nuevo que incrementa considerablemente el riesgo.

El proyecto europeo está en peligro y para defenderlo es necesaria nuestra movilización. Es necesario que quede claro para sus enemigos -también los internos- que no vamos a permitir ningún retroceso en el desarrollo de los objetivos y valores aprobados en el Tratado de Lisboa y que vamos a empujar a la Comisión Europea y el resto de instituciones para que se hagan las modificaciones necesarias que permitan a la UE ser un actor independiente y decisivo en el escenario geopolítico internacional.  

Queremos más Europa, una Europa que promueva el multilateralismo y un orden internacional basado en reglas y en el respeto a la justicia y a los derechos humanos; que defienda a las personas y su diversidad frente a todo tipo de intolerancias y violencias. 

Como dice Unai Sordo, secretario general de CC.OO., “Tomemos partido… por Europa”

Se suele decir que la Unión Europea se fortalece gracias a las crisis. En buena medida es cierto -la reacción ante la COVID es un ejemplo - pero, ¿será capaz de dar pasos adelante ante esta crisis multifactorial? Y, sobre todo, ¿será capaz de dar los necesarios? 

Para ello, además de la voluntad política, es necesario acertar en el análisis del nuevo escenario que se ha configurado en los últimos tiempos, especialmente tras la elección de Trump. El mundo -todavía dividido en norte y sur- ya no se divide entre el este, gobernado por dictadores comunistas que nos quieren invadir, y el oeste, paraíso de la democracia, las libertades y el bienvivir, -EE.UU. es un buen ejemplo, con una forma de gobernar y un “respeto” por las libertades y los derechos humanos mucho más próximo a Rusia que a Europa-; el multilateralismo ha saltado por los aires y las instituciones internacionales no tienen ninguna autoridad, solo vale la ley del más fuerte.

Como corolario, con un presidente que es el mayor responsable del deterioro que están sufriendo las relaciones internacionales, que ha desatado una guerra comercial a escala mundial y que considera que la UE nació para perjudicar a su país, los europeos no podemos considerar al Estado que preside como amigo o aliado ni en economía, ni en política ni en defensa. Es más bien un competidor económico depredador y un adversario político sin escrúpulos.  

En este contexto, la Unión Europea tiene que decidir si quiere ser independiente -un factor determinante en el diseño del futuro, que pueda negociar en plano de igualdad con los otros poderes económicos, políticos y militares- o prefiere seguir dependiendo de los EE.UU., con el precio que haya que pagar por ello. Es una decisión transcendental.

En el primer caso, el único camino posible es avanzar hacia una Europa más unida -ante los cambios que ya se están produciendo, la unidad comercial vale de muy poco-, sería necesaria una refundación de la UE sobre bases distintas, teniendo en el horizonte la construcción de una ¿Federación de Estados Europeos?

El camino va a ser largo y difícil, la diversidad existente en el seno de la Unión es muy amplia y el sentimiento nacionalista pesa demasiado, pero, para empezar, se podría avanzar hacia un nuevo marco económico, que mejore nuestra posición en el mercado global; acordar una única voz en política exterior que nos permita ser el único referente mundial, con cierto peso, que defienda los valores fundacionales de la UE y caminar hacia la construcción de un ejército europeo capaz de defendernos de las posibles agresiones exteriores. Para avanzar en esta dirección, es imprescindible acordar las mayorías reforzadas pertinentes en cada caso, pero eliminar la unanimidad, el derecho de veto de los Estados. 

Según los objetivos de la UE, aprobados en el Tratado de Lisboa, el nuevo marco económico debería contemplar al menos los siguientes: establecer un mercado interior; lograr un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, así como una economía de mercado altamente competitiva con pleno empleo y progreso social; reforzar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los países de la UE y proteger y mejorar la calidad del medio ambiente.

En política exterior los objetivos serían: afirmar y promover sus valores e intereses; contribuir a la paz y la seguridad y al desarrollo sostenible del planeta; contribuir a la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos; y el estricto respeto del Derecho Internacional. 

No es nada novedoso, nada que no hubiesen deseado quienes iniciaron el camino de la construcción de una entidad europea, pero es mucho el giro que hay que dar para situarse en esa senda. Empezando por olvidarnos del eurocentrismo que nos domina - ¿qué significa el “grito de guerra” de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de “hagamos grande a occidente” ?, ¿a costa de quién? -; eliminando la doble vara de medir, oponiéndose a Netanyahu en lugar de recibirlo con honores y avalar su política de exterminio en Gaza… La defensa de valores implica la incomprensión y, a veces, el enfrentamiento con otros actores, pero los valores no están para que queden bien en un documento.

En cuanto a la creación de un ejército europeo (EE) nada se dice entre los objetivos que tiene y los valores que debe defender la UE, pero en este momento es una cuestión de primer orden. La cooperación siempre supone un salto cualitativo sobre la suma de los integrantes, pero en el caso del ejercito el salto es abismal. La suma de 27 ejércitos, con diferentes armamentos, munición, prioridades, cadenas de mando, sistemas de información… no hacen un ejército eficaz. Y el gasto en armamento a nivel nacional, a quién beneficia principalmente es a la industria armamentística.

El EE defensivo tiene muchas ventajas: todas las compras están orientadas por un mismo objetivo, con lo que son más provechosas; las compras centralizadas consiguen mejores precios, y se minimiza el riesgo de que ejércitos nacionales fuertes entren en conflicto, es un antídoto contra el nacionalismo exacerbado. Además, la creación de una estructura militar europea, independientemente de su relación con la OTAN, si es que todavía existe esta estructura caducada -Trump está pensando eliminar su aportación económica a la Alianza, igual nos resuelve el problema-, nos hace autónomos y, por lo tanto, capaces de rechazar los objetivos que interesen a EE.UU. 

Los gastos que suponga la articulación del EE, deben ser mancomunados y pueden sufragarse perfectamente con un impuesto europeo a los superricos y aun sobraría para atender otros menesteres.  Una tasa del 3% a las grandes fortunas superiores a los 100 millones de euros podría recaudar anualmente unos 120.800 millones.

Por supuesto, al margen de la creación de un ejército común, hay que priorizar la política y la mediación como instrumentos de resolución de conflictos y deshacerse de la mochila que nos ha colgado los EE.UU., la relación con Rusia, -y no pretendo minimizar las posibilidades de conflicto que a día de hoy existen- no se puede congelar en el tiempo con los parámetros de la guerra fría, en algún momento habrá que intentar una aproximación atendiendo a los intereses europeos.

La UE podría jugar un papel esencial en la nueva situación geopolítica y aparecer como un nuevo polo de referencia, pero, para eso, además de cambios estructurales, necesita un cambio de mentalidad. Tiene que desprenderse del sentimiento de superioridad con que trata a la mayoría de los países; prestar una atención especial al Sur Global; promover relaciones equilibradas sin intentar imponer nuestra forma de vida, desterrar la doble vara de medir -China es una dictadura, pero también lo es Arabia Saudí-; fortalecer la multilateralidad y la cooperación; ayudar al desarrollo de los países en vías de desarrollo con un comercio justo… y ser más firme en la defensa de lo que, en teoría, son sus valores: el silencio, cuando no el apoyo, ante el genocidio de Israel, no puede tener cabida en la UE.

Puede parecer una utopía, pero los grandes proyectos comienzan así, con planes ambiciosos, mirando al horizonte, y en estos momentos, quedarse estancado es retroceder. Incluso pueden avanzar, aquellos miembros que así lo consideren, articulando una geometría variable en el funcionamiento de la UE. Lo que no se puede hacer es seguir igual, estar sometidos al veto de un Estado o a las posiciones más retardatarias.

La otra alternativa, seguir dependiendo del “amigo” americano, puede resultar más cómoda, no hay que cambiar nada -los cambios siempre producen cierto vértigo-, solo hay que dejarse llevar. Pero supone una subordinación continua al presidente de turno. Vamos, es como jugar a la ruleta rusa permanentemente, al final acabas con una bala en la cabeza.

En cualquier caso, hay que saber con quién se trata en cada momento para diseñar una estrategia, y ahora toca negociar con un matón. Con alguien que no respeta ningún tipo de reglas, con un personaje que recuerda al Padrino cuando “hace ofertas que no se pueden rechazar”, como el chantaje al que está sometiendo a Ucrania. En estos casos la prudencia debe ir acompañada de cierta firmeza, algo que no se ha visto en la Comisión. Al no responder al 10% de aranceles generales, más un 25% para el acero y el aluminio, impuestos por Trump, está aceptando su terreno de juego, la desigualdad desde el inicio. Y esto no hace más que reafirmar a Trump en que “Europa siempre cede” y vamos a besarle el culo. Mal comienzo.

¿Qué debe hacer Europa ahora? En primer lugar, convencerse de que Trump no es nuestro aliado político -nos ha declarado la guerra económica- y que tenemos que buscar nuestro propio camino para defender nuestros intereses. Eso requiere una reflexión crítica sobre si lo que hemos hecho en las últimas décadas, siguiendo las directrices de Washington, era realmente positivo para nosotros o solo beneficiaba a EE.UU. Y, por supuesto, evitar las respuestas que sean simplemente actos reflejos propios de épocas pasadas. 

Creo que la Comisión Europea ha respondido, sin reflexión, con un acto reflejo impropio de la actual coyuntura, considerando que hay un peligro inminente, Rusia, y que hay que rearmarse en cantidad y rápidamente. El cambio de bando de la administración estadounidense ha cogido a las instituciones europeas por sorpresa y sin estrategia para este nuevo escenario. Eso, estudiar la coyuntura y definir una estrategia para el futuro, es lo primero que habría que hacer. Y mientras tanto, prudencia.

No quiero decir que no debamos preocuparnos por la seguridad exterior, y creo que, en estos momentos, Rusia es un peligro para Europa, pero, ¿qué tipo de peligro? No hay duda de que Putin está intentando desestabilizar a la UE con ciberataques, interviniendo, como Trump, a favor de las extremas derechas hasta en las elecciones -es curioso, la extrema derecha apoyando a Rusia y a Israel, quién lo iba a decir-, y probablemente con algún tipo de sabotaje, pero es poco probable que Putin tenga pensado invadir otro Estado europeo, al menos a corto plazo. En ese caso, aunque EE.UU. no respetase los acuerdos de la OTAN, el ejército ruso se tendría que enfrentar a todos los países europeos más Canadá y no creo que Rusia tenga incentivos para iniciar esa aventura.

Si esto es así, y nadie ha dado argumentos en contra, el gasto europeo debe empezar priorizando la inversión en ciberseguridad; mejora y seguridad de las redes de distribución, transportes y comunicación; en información -control de los posibles peligros-; en Inteligencia Artificial; desarrollando un potente escudo antimisiles y drones... Esta estrategia tiene un claro carácter defensivo, lo que tiene una doble ventaja: no puede ser considerada como una provocación por Rusia y tranquiliza a la ciudadanía europea. También habrá que empezar -y esto puede ser de inmediato- a desarrollar los mecanismos que permitan rentabilizar al máximo la capacidad de intervención conjunta de los ejércitos europeos existentes.

Lo que no tiene ningún sentido es la iniciativa del Reino Unido y Francia de enviar tropas de interposición a Ucrania cuando se firme la paz. Sin saber en qué condiciones se va a firmar, si van a ser aceptadas por las dos partes y qué capacidad de intervención va a tener, me parece una temeridad -una bravuconada- por parte de Keir Starmer y Macron. ¿Qué van a hacer los soldados de interposición, como los de la ONU al sur de Líbano? ¿Van a usar la fuerza contra quien incumpla las condiciones pactadas y entrar en guerra? Los dirigentes políticos europeos deberían tener un poco más de sosiego.

Los analistas en temas de defensa, sean militares o no, coinciden en que el problema de la seguridad europea -no solo en defensa sino en general, si quiere sobrevivir en el nuevo al orden mundial que se avecina- es político. No se conseguirá mucho aportando más dinero a la defensa de cada país, será necesario caminar hacia la construcción de un ejército europeo: liderazgo, estructuras de mando únicas, armamento común, acuerdo en la distribución de la fabricación de armamento -sería absurdo seguir comprando armas a EE.UU.-, con una inversión mancomunada… Y, fundamentalmente, avanzar en la unidad en todos los frentes.

Como decía en el artículo anterior, para que podamos superar cualquier crisis es necesario que “haya una mayoría social convencida de la defensa de determinados valores”, y esto es imposible sin transparencia. La Comisión Europea, sin ningún tipo de explicación, propone gastar 800.000 millones en armamento -luego ya veremos en qué, a quién se lo compramos y para qué los queremos-; numerosas voces urgen al rearme -hay quien compara la urgencia con la que tenía la obtención de vacunas al comienzo de la pandemia, cuando estaba muriendo gente todos los días- y se nos recomienda ir preparando un kit de supervivencia para 72 horas.   

Para colmo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, nos avisa a los españoles, para que nos sumemos a la escalada armamentística, de que un misil ruso solo tarda 10 minutos más en llegar a Madrid que a Varsovia. Si España no entrase en el programa de rearme, ¿qué interés tendría Rusia en gastar misiles contra nosotros? ¿Nos quieren meter miedo? Algunos discursos me recuerdan a quienes aseguraban la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.

El sentimiento de inseguridad no es el mismo en el suroeste europeo que en el este -no hemos sufrido la invasión de los tanques rusos y estamos muy alejados de la posible linea del frente- pero no serán los mensajes alarmistas los que nos convenzan de dar un cheque en blanco, ni a Von der Leyen, ni a Rutte. 

Al margen de rechazar los posibles chantajes del miedo, hay que tener en cuenta dos factores. En primer lugar, que hay que mejorar nuestra seguridad en varios frentes y que el riesgo puede ser mayor en el futuro, Y, por otra parte, que formamos parte de la UE y esto nos obliga a intentar buscar el mayor acuerdo entre todos sus miembros – teniendo en cuenta también los factores subjetivos- y ese acuerdo tiene que contemplar la mejora de la seguridad en las fronteras exteriores, especialmente las del este.

Otro factor importante a tener en cuenta en esta política de rearme, aunque sea controlado, es de dónde va a salir el dinero para incrementar el gasto.  En estos momentos, no solo no es aceptable la transferencia de recursos de la seguridad interna -sanidad, educación, protección social, cambio climático, desarrollo económico…- a la externa -defensa- sino que hay que incrementar los primeros. El mayor peligro en la actualidad para la seguridad de Europa es el riesgo a que están sometidas empresas y puestos de trabajo por la guerra económica de Trump. Y hacer lo posible para salvarlas debe ser una prioridad para los gobiernos europeos.

Por mucho que Mark Rutte -que se comporta como el capataz de Trump para los gobiernos europeos- presione para incrementar el gasto en defensa y rechace la propuesta de Pedro Sánchez -contabilizar como gasto en defensa la protección de las fronteras o la lucha contra el terrorismo- el presidente no debe ceder y tiene que adecuar sus compromisos a la nueva situación imprevista, al menos por los europeos. Sería una barbaridad dedicar dinero a armas por un hipotético peligro futuro, desatendiendo el que tenemos con los aranceles, que es real e inmediato. Es necesario dejar claro, tanto a Trump como a Rutte, que ya nada es igual que hace unos meses.

No obstante, si fuese necesario incrementar los recursos en seguridad/defensa, la lucha contra el fraude, las elusiones y las guaridas fiscales nos permitiría un significativo incremento de ingresos en Europa. Y, en última instancia, quiero recordar que la carga fiscal en España es entre un 2,5% y un 4% -según las fuentes- inferior a la media europea. Ahí tenemos otra importante vía de mejora de ingresos basada en la progresividad, que eliminara del incremento impositivo a las rentas más bajas y recayera, fundamentalmente, en las más altas.

El mundo en que vivimos se parece poco al posterior a la II Guerra Mundial. La consolidación del neoliberalismo -impulsado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan a principio de los años 80- como modelo mayoritario a escala mundial, ha ido transformando las sociedades. Los principios neoliberales -reducción del papel del Estado en la economía, privatización de empresas públicas, desregulación del mercado, flexibilidad laboral, pérdida de poder de los sindicatos…- han calado de tal forma que la solidaridad, la multilateralidad, la cooperación y el respeto por las instituciones han dado paso al individualismo, al sálvese quien pueda y a la razón de la fuerza como como argumento definitivo.

También ha cambiado el papel de los Estados y sus relaciones políticas y comerciales. Y han perdido gran capacidad de intervención los organismos internacionales, como la ONU o la Corte Penal Internacional, creadas a partir de 1945 para -al menos teóricamente, y solo para un parte del planeta- favorecer la paz, la cooperación entre Estados, ayudar al desarrollo, o juzgar a quienes cometiesen crímenes de genocidio, guerra o lesa humanidad.

El salto cualitativo se ha producido con la llegada de Trump. El presidente de EE.UU. ha decidido reordenar el mundo en función de sus intereses y su estrategia para el nuevo orden, tiene mucha coincidencia con la de Putin: los dos quieren ampliar su espacio de influencia, los dos se quieren repartir los recursos de Ucrania, los dos han apoyado y/o apoyan, a pesar de sus crímenes, a sus aliados en Oriente próximo, los dos presionan y amenazan a sus adversarios… y los dos se niegan a aceptar las resoluciones de los organismos internacionales. De los dos, el más peligroso, porque tiene más poder y porque amenaza hasta a sus supuestos aliados, es Trump. 

El mundo ha cambiado tanto y la situación es tan compleja que recurrir mecánicamente a códigos válidos en otros contextos, o partir de posiciones binarias -locura armamentista contra desarme unilateral, cañones contra mantequilla, esfuerzos diplomáticos o rearme- polarizará más a la sociedad y no ayudarán al necesario debate público ni a definir objetivos políticos propios.

¿Necesita más seguridad la Unión Europea? Si por UE entendemos un conjunto de Estados dispuestos a colaborar en lo económico y político, defensores de la paz y la estabilidad, la libertad, la democracia, la igualdad, y la garantía de condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía, la respuesta, sin lugar a dudas, es sí. Pero, ¿la propuesta de Ursula von der Leyen es la apropiada? Con la misma rotundidad digo que no.

Las sociedades necesitan una seguridad que, además de tener un Estado que las proteja ante las agresiones externas e internas, se extienda a su vida cotidiana, la seguridad que proporciona una vivienda accesible, una sanidad y educación de calidad, empleos y pensiones dignas, protección social cuando se necesita, suministros fiables, prevención y protección ante posibles catástrofes naturales, el respeto a las creencias y formas de vida diversas… Lo que podemos llamar un Estado Social de Derecho.

Este modo de vida, estas aspiraciones todavía incompletas en todos los países, no está garantizado, tiene enemigos tanto internos como externos, y mal haríamos si centramos la atención en los hipotéticos peligros exteriores y nos olvidamos de los interiores, si compramos armas para que, después, las utilice Abascal o el nuevo PP, supeditado a Vox, que está diseñando Feijóo. Entonces, sin necesidad de ataques exteriores, el Estado Social de Derecho desaparecería y, en nombre de un patriotismo estrecho, con referencias a la dictadura de Franco, pasaríamos de la cesión voluntaria de soberanía a la UE, a la dependencia total de personajes como Trump. 

Tanto la UE como cada Estado miembro tienen que tener presente la seguridad interna. Hay que, entre otras medidas, reforzar los pilares en que se basa el Estado Social Europeo y señalar las ventajas que tiene en relación con otros modelos  -si los jóvenes que consideran aceptable la dictadura en determinadas ocasiones conociese como se ha vivido y se vive sin democracia, es muy probable que cambiasen de opinión-, aumentar la transparencia de las administraciones, explicar en qué se basan las decisiones que se toman, escuchar y tener en cuenta las opiniones de los diferentes colectivos sociales, apoyar las iniciativas colaborativas e incrementar las relaciones entre los diferentes Estados y sus ciudadanías. Es condición necesaria para salir airosos ante posibles agresiones o catástrofes naturales que haya una mayoría social convencida de la necesidad de defender determinados valores.

También los riesgos exteriores existen y, en mi opinión, el más peligroso en esta coyuntura es Trump. El “rey” de los EE.UU. considera a la UE un enemigo político -odia nuestro modelo social-, un competidor económico -pretende beneficiarse de la relación económica con Europa a base de aranceles-, nos desprecia y hará lo posible, ayudado de sus caballos de Troya, la extrema derecha incrustada en las sociedades europeas, por desestabilizar el equilibrio de la Unión. Hasta el punto de que ya ha amenazado con anexionarse Groenlandia, parte de Dinamarca, un supuesto aliado en la OTAN, por la fuerza.   

Supongo que nadie estará pensando en rearmarse para hacer frente a la política de Trump. En este terreno, nuestra seguridad depende de la autonomía que seamos capaces de tener -o al menos de la independencia de EE.UU.- en materia sanitaria, energética, de comunicaciones, industrial, de I+D+i, etc. Y esto requiere más Europa, más coordinación y más cooperación. Ningún país por sí solo, por muy fuerte que se sienta, puede garantizar la seguridad de su población.

Pero no todos los conflictos tienen este carácter, las ansias expansionistas, los conflictos económicos, y las diferencias políticas o religiosas pueden dar lugar a enfrentamientos armados y los Estados y alianzas los tienen que tener en cuanta. Es evidente que sin armas no es posible el conflicto armado, pero no creo que el desarme unilateral resuelva los problemas.  

Si la guerra es el fracaso de la política, la política fracasa cuando una de las partes quiere. No se me ocurre qué política podía haber parado a Hitler -ya sé que las potencias vencedoras de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania condiciones draconianas que llevaron al resentimiento a buena parte del pueblo alemán, pero esto solo es historia de la que se debería haber aprendido, nunca justificación de las invasiones nazis y menos del holocausto- o qué propuestas se pueden hacer ahora para que Netanyahu y  la extrema derecha de Israel dejen de considerar a Palestina como el territorio que Dios concedió al pueblo israelita. 

La inmensa mayoría de las personas estamos en contra de las guerras, por eso hay que priorizar la política como instrumento para la resolución de los conflictos, pero cuando esta fracasa, o estamos en condiciones de defendernos o estaremos condenados a estar sometidos por otra potencia, a perder el Estado del Bienestar (pensiones, sanidad, educación…), el que nos proporciona seguridad cotidiana. 

Ninguna de las dos opciones es buena, la escalada armamentística conduce a la desconfianza e incrementa las posibilidades de conflicto y el desarme unilateral anima a los expansionistas y matones de barrio -que como vemos los hay- a ejercer como tales.

¿Qué debe hacer la Unión Europea? ¿Qué tipo de rearme necesita? ¿Cómo lo hacemos? ¿Es urgente? Son algunas de las preguntas que debemos hacernos y exigir a nuestro gobierno que las responda.