Lo hizo el fiscal general… o alguien de su entorno

Fue el fiscal general, dice el Supremo. “O alguien de su entorno inmediato”, matiza justo después. Son tan débiles los indicios contra Álvaro García Ortiz que la propia sentencia admite, de manera explícita, que podría haber sido otra persona quien filtró la información.

Otra persona que no ha sido juzgada. De entre los cientos que tuvieron acceso a ese correo, el único que se sentó en el banquillo de los acusados fue Álvaro García Ortiz. 

Esa otra persona que tal vez cometió ese delito por el que condenan al reo lo habría hecho “con su conocimiento”, asegura el tribunal. Pero esa frase es otra especulación, no una prueba. Carece de sustento fáctico: el Supremo tampoco explica cómo ha llegado a esa conclusión. 

El propio uso del término “conocimiento” ni siquiera implica una responsabilidad directa en la acción. La sentencia no dice que fuera “por orden” del fiscal general. Ni siquiera aclara cuándo conoció tal cosa, si es que acaso fue después de que se produjera la filtración. 

Pudo ser el fiscal general… o tal vez no. Pero la condena se la lleva igual, por activa o por pasiva. Y el tribunal añade que el motivo es doble: la filtración del correo y también la nota de prensa que, al día siguiente, ordenó publicar. 

Es la misma nota de prensa que esos mismos jueces, cuando abrieron la investigación contra el fiscal general, descartaron investigar como presunto delito. Hace algo más de un año, aseguraron que no había en ella ninguna revelación de secretos porque todo lo que figuraba en ella ya estaba publicado en los medios. Ahora han cambiado de opinión. 

En los últimos años, el Tribunal Supremo se ha convertido en un juzgado previsible en lo político, imprevisible en lo jurídico. Es justo al contrario de lo que debería ser. 

Unos días en el Supremo son extremadamente garantistas, como cuando absolvieron a Manos Limpias de una condena previa de extorsión con el argumento de que un banco como el BBVA es lo bastante poderoso como para no ceder al chantaje. Otros días reescriben el diccionario, e inventan el enriquecimiento sin riqueza para no aplicar la amnistía a Puigdemont. 

Y otros días, como han hecho con esta sentencia, desprecian el ‘in dubio pro reo’, y condenan a García Ortiz sin pruebas de su culpabilidad: ignorando el testimonio de varios periodistas, que accedieron al secreto revelado antes de que lo tuviera él.

Todos los días, el sesgo político es el mismo: siempre a la derecha. Un éxito del Partido Popular, que tras años de meticuloso trabajo ha logrado consolidar unas mayorías conservadoras en todas las salas del Supremo. Un dominio de la derecha sobre la cúpula de la Justicia que envidiaría el mismísimo Donald Trump. 

La sentencia contra García Ortiz ya es firme. Aunque será recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y hay argumentos para pensar que puede ser anulada con posterioridad. Los más sólidos están en el voto particular contrario a la condena, que firman Ana Ferrer y Susana Polo. Para ambas magistradas, “no queda acreditado que fuera el autor de la filtración”. “No se describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios” (...) “y menos su conocimiento y colaboración con tercero”.

Polo y Ferrer lo tienen claro: esta condena implica “una vulneración al derecho a la presunción de inocencia”. Son palabras muy duras para un voto particular.

Solo hay algo en lo que concuerdan todos los magistrados que formaron parte de este tribunal: calificar como “noticia falsa” el bulo que difundió Miguel Ángel Rodríguez. En eso están todos de acuerdo: los cinco magistrados que firman la condena y las dos que defienden la absolución de García Ortiz.

Ahí se acaba el acuerdo. El voto particular de Ferrer y Polo es de una contundencia inédita. Y no es para menos.

A la vista de la sentencia, se entiende mejor que la Sala de lo Penal se negara a retransmitir en directo el juicio al fiscal general. Cuesta recordar otra injusticia mayor.