Arranca el juicio contra el senador de Coalición Canaria Pedro Sanginés por denuncia falsa y falso testimonio
El senador de Coalición Canaria Pedro Sanginés se sienta este jueves 12 de marzo en el banquillo, acusado de los delitos de denuncia falsa y de falso testimonio. La Fiscalía ha pedido para él un año y seis meses de prisión por unos hechos que tuvieron lugar hace 17 años, cuando el entonces presidente del Cabildo de Lanzarote compareció a las diez de la noche ante las dependencias de la Guardia Civil para denunciar supuestas irregularidades en la contratación pública de servicios por parte de un consejero del PSOE y de un empresario.
La Sala Penal del Tribunal Supremo, en un auto emitido en febrero, dictó la apertura del juicio oral y declaró pertinentes las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal, la acusación popular -representada por la familia del empresario afectado y ya fallecido, Antonio González- y la defensa. Estas incluyen el interrogatorio del acusado, documentos y la citación de varios testigos para que declaren durante el juicio.
Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público ha pedido para el senador un año y seis meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa diaria de 15 euros durante nueve meses. La acusación particular eleva la pena solicitada a tres años de cárcel e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y una multa de 15 euros diarios durante un año.
Para que el Alto Tribunal pueda juzgar a Sanginés, el Senado levantó su inmunidad en septiembre de 2025, después de que Coalición Canaria lo aforara ante la Cámara al designarlo senador por la comunidad autónoma tras las elecciones de 2023. En ese momento, el líder nacionalista estaba siendo investigado por la presunta comisión de seis delitos diferentes en el marco de una causa que ahora está archivada.
Los delitos que se le atribuían entonces eran pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación con la contratación y pago de honorarios de su amigo el abogado Ignacio Calatayud y la supuesta apropiación indebida por parte de este letrado de un millón y medio de euros de las empresas públicas Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) y del Consorcio del Agua de Lanzarote.
La denuncia de Sanginés
El 11 de noviembre de 2009 a las 22.30 horas, Sanginés acudió al cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise para denunciar por supuestas irregularidades en un proceso público de contratación al empresario Antonio González, propietario de Climafrical, y al que fuera en 2007 consejero delegado de los CACT, Carlos Espino (PSOE), cuya denuncia ese mismo año destapó el caso Unión, la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en Canarias por el número de piezas e imputados.
Durante su comparecencia ante la Guardia Civil, Pedro Sanginés aseguró que Carlos Espino y el administrador de la empresa Climafrical se estaban saltando los procedimientos establecidos para la adjudicación de los contratos para ''contratar con sujetos afines al mismo'', insistiendo en que el empresario era afiliado del PSOE.
El senador declaró ante la Justicia en dos ocasiones por este caso y reiteró sus acusaciones. La causa contra González y Espino se archivó, y la tercera vez que Sanginés compareció ante los tribunales fue como imputado por los delitos de denuncia falsa y falso testimonio.
La noche de la denuncia, el expresidente del Cabildo aportó un escrito redactado por el abogado de los Servicios Jurídicos de Coalición Canaria. El Ministerio Fiscal ha cuestionado que el político no presentara ninguna documentación oficial, ni informes jurídicos de la administración, ''máxime si el denunciante es el presidente del Cabildo Insular de Lanzarote''.
El Supremo, en un primer momento, ordenó el archivo de la causa. Sin embargo, la Sala de lo Penal pidió su reapertura al considerar que el archivo fue “precipitado” y que el análisis de los indicios avalarían ''una actuación del aforado investigado, motivada en intereses partidistas''. El Ministerio Público presentó un recurso de reforma en el que sostenía que Sanginés orquestó una ''actuación falsaria'' y de ''carácter espurio''.
El recurso del Ministerio Fiscal también recoge una posible relación entre la actuación de Sanginés y la denuncia presentada ese mismo año por Carlos Espino que permitió destapar el caso Unión. Sobre la denuncia del expresidente del Cabildo de Lanzarote, la Fiscalía mantiene que ''fue una denuncia muy extensa respaldada por el partido político al que pertenecía, pero no por la institución a la que representaba''.
Además de Espino, el empresario Antonio González fue el principal perjudicado por la denuncia del senador. Cuando el caso contra él se archivó, el administrador de Climafrical ya había muerto.
Los testigos
Entre los testigos que declararán en el juicio están Carlos Espino, a petición de la acusación particular, y la presidenta del PP en Lanzarote y actual presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, cuyo testimonio ha sido solicitado por la defensa de Sanginés. El político ha insistido en diferentes comunicados de prensa enviados durante el procedimiento en que no puede ser condenado por una denuncia que, según él, no interpuso. Sanginés mantiene que fue Astrid Pérez quien denunció estos hechos cuando era consejera de los centros turísticos de Lanzarote.
En septiembre, Sanginés dijo que encarará el juicio con ''total tranquilidad'' y mantiene que el origen del caso es un ''error de la Fiscalía''. La misma semana en la que el Supremo lo procesó, el político presentó su candidatura a la Secretaría General de Coalición Canaria en Lanzarote. En mayo de 2025, Sanginés fue nombrado secretario general con el respaldo del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, a quien el senador dio las gracias en su discurso por ser un ''grandísimo amigo y una gran persona''.
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