La Universidad de Murcia ha elegido gobierno esta semana, y como único aspirante, el catedrático José (Pepe) Luján repite como rector con una propuesta de gestión titulada 'La universidad que nos ilusiona'. Es lógica la ilusión del rector, ya que ha vuelto a lograr la confianza para dirigir una de las mejores universidades del país. Que exista buen nivel académico en una de las comunidades autónomas que peor trata a la ciencia y a la educación se explica por tres razones: una, a diferencia de otros servicios públicos, la gestión universitaria la ejercen funcionarios cualificados (que tocan mejor los botones que algunos políticos); dos, existe una plantilla con vocación y fuerte compromiso institucional, y tres, el estímulo constante de trabajar entre estudiantes y colegas competentes, que acceden a la educación superior exclusivamente por su propio mérito y capacidad.

No obstante, el buen funcionamiento de este oasis en los servicios públicos murcianos está seriamente amenazado. Desde UGT llevamos tiempo denunciando la precariedad: el 45% del profesorado trabaja a tiempo parcial, cobrando menos de 600 euros, los contratos de relevo generacional escasean (son el 4,9% del total; en los próximos años habrá el triple de jubilaciones), el profesorado en formación tiene una edad media superior a 40 años, la jornada laboral supera frecuentemente 45 horas semanales, incluyendo sábados, domingos y vacaciones, la salud de casi tres cuartas partes de la plantilla está comprometida por el ritmo de trabajo, no hay facilidad ni procedimiento claro para conciliar, el complemento salarial autonómico es el más bajo del país (la CARM aporta un 40% menos que la media nacional), salir al extranjero es inviable sin comprometer recursos económicos personales, y se penaliza salarialmente… y podría seguir. Nuestro rector ilusionado no es ningún iluso: todos estos problemas ya existían en su primer mandato, no tienen una solución fácil y poco ha cambiado en sus primeros cuatro años de gestión.

Luján sabe que tiene que lidiar con un gobierno autonómico que está muy lejos de creer en la ciencia y los servicios públicos (el nivel de fe de un político en una causa es directamente proporcional al esfuerzo presupuestario que dedica a la misma), y cuando el dinero no entra por la puerta, la ilusión puede salir por la ventana, aún cuando la ponga un rector. Para subsistir, la UMU necesitará negociar un plan de financiación plurianual decente y hacer un gran esfuerzo colectivo interno de imaginación. El deficitario presupuesto autonómico y el desinterés recurrente del Gobierno regional hacia sus universidades públicas no van a ayudar a Luján a procurar las condiciones laborales de una universidad excelente. En un contexto político tan hostil para la ciencia y el conocimiento, lo positivo por la UMU que pueda hacer el rector será en términos de grandes acuerdos, o no será, y tendrá que emplearse a fondo para conseguir la complicidad, el consenso y el concurso extraordinario de la mayoría de la plantilla. Sus inmediatos predecesores, José Antonio Cobacho y Pepe Orihuela, lo tenían claro: cada uno con sus ideas, circunstancias y estilo, con sus aciertos y errores, pusieron empeño en tender puentes internos hacia sectores muy amplios y heterogéneos de la comunidad académica.

A diferencia de ellos, Luján ha establecido durante su primera etapa un liderazgo jerarquizado, articulando fundamentalmente sus relaciones con la plantilla a través de los decanos: ha puesto 'al centro en el centro', en sus propias palabras. Esto ha facilitado su mandato durante la pandemia y también su reelección, pero gestionar de la mano del lobby de decanos ('el sindicato de los decanos', bromean algunos), desplazando de la toma de decisiones a otros colectivos (que tienen la misma o más legitimidad en la gestión universitaria) ha tenido un coste importante.

La relación con la representación laboral está muy deteriorada, los directores de departamento y otros responsables del funcionamiento administrativo se han sentido abandonados, la incertidumbre y desesperanza en la comunidad universitaria es alarmante y, en general, la mayoría se ha distanciado mucho de la gestión universitaria: la participación en estas elecciones ha sido la menor que se recuerda, y el nivel del debate ha caído, hasta el punto de que lo más animado que podíamos leer durante la precampaña electoral en la lista de anuncios institucional era una discusión personal entre dos catedráticos eméritos, muy bronca, a cuenta del tema de los chuletones de Garzón.

Abordar de verdad los problemas serios que tiene la Universidad de Murcia en materia laboral va a requerir de grandes consensos. Pepe Luján tiene mucho que hacer para que toda la ilusión que tiene no se quede en su programa y sea una realidad compartida. La negociación laboral en la universidad es un campo minado, un terreno muy complejo lleno de impedimentos, vetos, bloqueos, inflexibilidad y rigideces administrativas, en el que entender y hacerse entender no es sencillo (la lealtad a la institución no es siempre complaciente). Muchos volveremos a este empeño, a trabajar para llegar a acuerdos y para que el centro de la gestión sean las personas que, con más ilusión que medios, mantienen los laboratorios y las aulas abiertas.

Así empieza la última y mejor parte de cualquier clase o ponencia universitaria: cualquier docente espera ­–muy nervioso, si es novato– encontrar al final de su exposición estudiantes con inquietudes y ganas de preguntar. Es en el debate donde sale lo mejor de la vida académica: el personal universitario es muy proclive al cuestionamiento y la discusión. Con la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de Manuel Castells no podía ser menos y el jolgorio ya está montado: la Ley Castells ha desplazado al COVID en los campus.

El creciente mosqueo y también miedo a la Ley Castells en los campus vuelve a evidenciar que hay dos ideas de universidad muy distintas, y cada vez más distantes: la que manejan políticos y gestores ministeriales, con el apoyo de algunos medios de comunicación y empresarios (¿qué intereses tendrán?), y la de quienes padecemos en aulas y laboratorios la larga carrera académica, en permanente cambio de reglas. Mientras que estudiantes, sindicatos y rectores reclaman presupuestos dignos y soluciones a la precariedad, el ministerio constituido para eso se descuelga con un proyecto de ley unilateral, con un fondo y unas formas que agravan el malestar de una comunidad universitaria muy tocada, maltratada y precarizada durante más de una década. La desconfianza está muy arraigada en los campus y la comunidad universitaria anda revuelta y con muchas preguntas. Un profesor ministro sabe que cuestionar es algo muy académico y podrá entender e incluso perdonar que le hagamos preguntas, que, aunque parezcan impertinentes, a los que enseñamos e investigamos nos resultan pertinentes:

Las primeras son sobre la propia naturaleza y gobernanza de la universidad: si el ministro cree en la educación superior como un derecho y un servicio público, ¿por qué no aparece eso reflejado en su LOSU? Si además cree que debe ser gratuita, aunque no se pueda implementar a corto plazo (lo ha dicho públicamente), ¿por qué no lo articula debidamente, aunque sea una mera desiderata, a futuro? ¿Qué va a hacer con la duplicidad de títulos y cómo articulará la convivencia entre centros públicos y privados en la implantación de enseñanzas? ¿Cuáles son los problemas de la actual gobernanza? ¿En qué mejora la universidad pública la desaparición del sistema democrático y participativo actual en la elección de cargos? ¿Cómo se puede fomentar la participación estudiantil universitaria si se disminuye el número de sus representantes en los órganos colegiados? ¿Quiénes y cómo designarán al grupo de expertos encargado de elegir rector o rectora? ¿Sobre quién recaerá el nombramiento del cupo de externos de ese grupo? ¿Podrán los grupos políticos de los parlamentos autonómicos condicionar la elección rectoral a través de ellos? Y unido a eso, con relación a los requisitos para el rectorado, ¿se va a poner la cosa más dura para llegar a cátedra? Porque la pregunta no es quién, sino ¿cómo es posible que una persona titular de universidad no alcance la cátedra en nuestro país a pesar de tener una carrera con tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y experiencia en gestión? (En muchas áreas de conocimiento, no hace mucho, bastaba un sexenio y una tesis dirigida para optar a cátedra… cualquiera podría pensar que hoy el número de plazas de cátedra está supeditado al presupuesto de universidades).

Con relación a la carrera, la igualdad de oportunidades y la precariedad, ¿cuánto años se puede llegar a alargar realmente la carrera académica hasta la estabilización laboral? ¿Hay presupuestos y solución de continuidad para el profesorado asociado que actualmente mantiene abiertas aulas y laboratorios? ¿Cómo se asegurará y velará por políticas de conciliación e igualdad efectiva? ¿Cómo garantizar que todo el mundo tenga posibilidad de conciliar y costear los 9 meses obligatorios de estancia para estabilizar su carrera académica? ¿Habrá por fin transparencia en la acreditación y evaluación curricular? ¿Qué requisitos y cupos hay para el nombramiento de profesores visitantes y distinguidos? ¿De veras cree que un registro salarial, adicional al de los portales de transparencia, puede armonizar las retribuciones que ya pueden diferir entre funcionarios, en algunos casos, en más de 20 mil euros anuales, en función de la CCAA? ¿Cómo puede fomentar esta ley la movilidad laboral universitaria si no establece un marco común, si cada comunidad autónoma tendrá un convenio colectivo con una carrera académica distinta, con un marco laboral distinto, con agencias de acreditación diferentes y normativas de selección propias? ¿No agravará esto “la endogamia”? ¿Surgirán “universidades gueto” en regiones menos pudientes o con menos interés presupuestario en la universidad pública?

Nunca ha sentado bien en los campus que se impongan condiciones sin negociación (a la que laboralmente, además, tenemos derecho), y menos aún se entiende que, desde un ministerio que dirige un profesor universitario, se deje a los representantes universitarios fuera del debate sobre las condiciones laborales y el futuro de la universidad.

La semana pasada finalizaba el período hábil para solicitar la evaluación del denominado sexenio de transferencia, que busca dotar de reconocimiento a la actividad científica de los mejores investigadores españoles para la innovación y mejora social. Esta iniciativa, de entre las más importantes del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha tenido atareadas a muchas de las personas que hacen ciencia durante todo el mes de diciembre. Durante varias semanas, alrededor de 17.000 personas (según nos contaba ayer José Manuel Pingarrón, actual Secretario General de Universidades) han elaborado un resumen del periodo de su carrera en el que más y mejor actividad de transferencia de conocimiento a la sociedad han realizado.

Ese período de actividad científica que se somete a evaluación se denomina sexenio, ya que debe abarcar un plazo de referencia de 6 años de actividad profesional. La evaluación mediante convocatoria de sexenios no es nueva: desde hace años se aplica con regularidad para evaluar la producción de publicaciones científicas y promover la excelencia. Es un sistema de rendimiento por objetivos, muy exigente, que estimula la producción de conocimiento científico de alto nivel, y al que regularmente se someten la mayoría de los investigadores en nuestro país. La evaluación positiva de los sexenios de investigación condiciona la carrera profesional en el ámbito científico (sin ellos, en la práctica, no es posible desarrollarse profesionalmente), y también, en parte, la retribución (127,74 euros brutos al mes por cada período de seis años de excelencia, para un profesor titular de universidad).

Desde que se implantó este sistema, la producción investigadora de la universidad española ha mejorado ostensiblemente, y hoy en día es corriente encontrar en las mejores revistas del mundo el nombre de muchos centros de investigación y universidades españolas. Es decir, es un sistema que recompensa el esfuerzo y que funciona: a pesar de que España tiene el 0,7% de la población mundial, hoy produce casi el 4% de las publicaciones científicas. Muy por encima de la media. Y entre estas, es muy notable la producción científica de excelencia: españoles son el 14% de los artículos científicos que están entre el selecto grupo del 10% más citado del mundo. Nada mal para un país que no llega a la mitad de la media de inversión en ciencia de los países en la OCDE.

Con estos resultados, se ha intentado fomentar el mismo sistema para promover la transferencia de conocimiento a la sociedad y la empresa, en lo que se viene a denominar “la tercera misión de las universidades”, es decir, actividades de investigación orientadas al desarrollo social y económico en nuestro entorno de referencia. Desarrollo científico en empresas, administraciones de todo tipo y organizaciones del tercer sector, en una dimensión local o regional, auspiciado y promovido por una universidad moderna y socialmente responsable. No obstante, el primer intento, en el año 2010, falló. La concepción de la transferencia en esa primera convocatoria tenía un marcado sesgo tecnológico, con un baremo extremadamente exigente y sesgado a las disciplinas más técnicas, y además era excluyente, ya que se daba a elegir a los científicos entre ser evaluados por publicar ciencia o por transferir conocimiento. Y así, con esas premisas, prácticamente nadie la solicitó (en todo el país, 14 personas registraron solicitud en la última edición). Una convocatoria que no tenía futuro alguno, antes de nacer siquiera.

Ahora, el gabinete del ministro Duque ha relanzado esta idea, pero corrigiendo los errores de bulto del primer intento. Primero: no ha dado a los científicos a elegir entre publicar o hacer transferencia, sino que asume (correctamente) que ambas cosas se realizan, con frecuencia, de manera simultánea. Segundo: Duque y su equipo han entendido que en el plano de la transferencia es posible y deseable la innovación y la difusión del conocimiento científico hacia todo tipo de actores sociales. Es decir, la transferencia es cosa de todas las personas que hacen ciencia, con independencia de su ámbito de conocimientos. Y tercero: existe la expectativa de una evaluación y reconocimiento justo del trabajo realizado en este ámbito.

Con estas nuevas características, ahora sí, la convocatoria actual ha despertado el interés en la comunidad universitaria. Y se ha generado un total de 17.000 solicitudes, que han colapsado un sistema piloto. Pueden parecer muchas, pero esta cifra es baja: sólo lo ha solicitado el 14% de la comunidad universitaria (de un total, aproximadamente, de 118.094 personas en nuestro país). Entre otras cuestiones, porque la convocatoria de Duque ya es, de entrada, muy exigente: está dirigida a personas con una carrera consolidada (contratados doctores, titulares y catedráticos) y que pueden avalar un currículum investigador de reconocido prestigio (deben tener al menos un sexenio de investigación evaluado positivamente). Además, hay que presentar al menos 5 méritos de transferencia, dos de ellos obligatoriamente en ámbitos de aplicación diferentes. Para que nos hagamos una idea: en el caso de que el 80% de las solicitudes presentadas fueran resultas favorablemente, este reconocimiento de mérito lo obtendría sólo 1 de cada 10 científicos en España.

Con estas cifras, el coste anual de incentivar la transferencia científica en toda España, de ser exitosa, no superaría los 22 millones de euros; esto es, para todo el país, poco más que la multa que ha impuesto Audiencia Provincial de Madrid a Cristiano Ronaldo. O sea que nada de la “barra libre de sexenios” de la que hablan algunos políticos de la oposición al criticar a Duque, ni tampoco las cifras, indocumentadas y faltas de criterio, del reciente artículo de Marina Alía en Vox Populi. En un maravilloso y divertido bucle, podríamos decir que quizá la transferencia también precisa de transferencia para ser comprendida por algunas personas.

No obstante, aparte de estas críticas mal fundadas por parte de un sector de la oposición política, esta convocatoria también ha provocado en la comunidad universitaria, por momentos, nervios y buenos cabreos. Una aplicación informática sobrecargada, los nervios de buscar justificantes y acreditar actividades documentalmente, y la tensa sensación durante todo el proceso de no tener ni idea de cómo va a ser la evaluación. Pero también he podido apreciar en muchas personas que ha generado expectativas e ilusión por saber que, ahora sí, se va a evaluar una parte de nuestro trabajo que en el ámbito académico no se ha visibilizado lo suficiente. Ahora sólo nos queda esperar, y aguantar el misterio de cómo van a medir lo mejor que cada uno de nosotros hemos hecho durante nuestra carrera académica. En este sentido, el colofón y futuro de esta iniciativa de Duque queda en manos de quiénes y cómo van a evaluar la transferencia de los científicos españoles.