Entre los años 1986 y 1994, casi 350 personas fueron asesinadas cruelmente en el municipio de Truillo, en Colombia, en medio del conflicto armado protagonizado por diferentes actores: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el narcotráfico, la guerrilla, la policía, las FARC… Unos sucesos estremecedores que, 25 años después, siguen impunes. La religiosa dominica Maritze Trigos lo vivió de cerca y, desde entonces, se ha convertido en todo un referente en el activismo por los Derechos Humanos en Colombia, promotora de la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo, y, por tanto, perseguida en el país. Durante unos meses, toma un respiro en España, a través de la figura del Defensor de los Derechos Humanos, que promueve la Asociación Mundubat, en un programa financiado por el Ayuntamiento de Madrid.

Visita España junto con otras dos destacadas líderes sociales colombianas: Claudia Jimena, activista indígena, y Maricel Sandoval, activista afrocolombiana. Buscan huir por una temporada de la persecución, rebajar el nivel de presión y estrés, y recibir formación para regresar a Colombia y continuar con su labor pro Derechos Humanos. Un camino marcado ahora por el último acuerdo de paz, el de 2016 suscrito por el Gobierno de José Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que, según Maritze Trigos, el actual Ejecutivo colombiano está incumpliendo. No se reúnen garantías para alcanzar la estabilidad social, en un entramado de intereses políticos y económicos, que deja a Colombia como uno el país del mundo con más asesinatos de activistas sociales: 312 en 2017, según datos oficiales.

Su activismo social comienza a raíz de los llamados sucesos de Trujillo. ¿Cómo vivió usted aquella etapa de la historia más reciente de Colombia?

Había un sacerdote. Le echaron la culpa por organizar cooperativas y organizar al pueblo. Tiberio Fernández, párroco de Trujillo, fue señalado como guerrillero. Fue capturado, asesinado, descuartizado y tirado al río Cauca. He visto el dolor de una madre. Le mataron a sus seis hijos… Llevamos 60 años de conflicto armado, cuando América Latina estaba candente, y nos aplican desde Estados Unidos la doctrina de la Seguridad Nacional y el Gobierno responde aplicando planes de terrorismo: Plan Patriota, Plan Colombia… Fueron 342 víctimas en los sucesos de Trujillo. A día de hoy, esos crímenes siguen estando impunes. Los acuerdos de paz no han prosperado. Los acuerdos han dado seguridad para los de arriba; para el pueblo, para los poderes populares, la muerte, la tortura, el señalamiento. Ahí es cuando nace la guerrilla como organizaciones para defender derechos del pueblo. Ahí se agudiza la mayor represión. Los defensores de los Derechos Humanos éramos también guerrilleros y aumenta la espiral de violencia.

Son varios los actores que intervienen en el conflicto armado en Colombia. ¿Cuáles son?

El ELN, las FARC y el EFL, y un pequeño grupo, el M19. Colombia ha tenido ya varios acuerdos de paz que no han salido de adelante. Acuerdos de paz que apuntan a problemáticas muy fueres de necesidad del pueblo. El problema de la tierra, la reforma agraria y cultivos ilícitos. Detrás de todos estos acuerdos de paz, los actores fuertes son la guerrilla; el narcotráfico, defendiendo sus intereses; los paramilitares, población civil armada, financiada por narcos y apoyada por el Ejército. La masacre de este pueblo, Trujillo, fue comandada por un mayor del Ejército y un teniente de la Policía. Por eso son crímenes de lesa humanad, crímenes de Estado.

Todo ello, a pesar de haber un acuerdo de paz firmado recientemente pero, eso sí, sólo con uno de esos actores que usted señala.

El acuerdo se firma con las FARC. Esos acuerdos que se empezaron con el anterior Gobierno de Santos están hoy en crisis, porque el actual Gobierno no tiene el compromiso de defenderlos. Con los acuerdos están primero atacando problemas estructurales. El primero es que se desmovilice una guerrilla, eso disminuiría ya la violencia. Han sido 8.000 de las FARC desmovilizados. Dentro de los acuerdos, el último punto era el desarme, la desmovilización e integrarse a una vida democrática. Ellos lo hicieron. El Estado, con las ayudas internacionales que hemos tenido y que estamos teniendo, se comprometió a, al menos, darles un sueldo mínimo y proyectos productivos para iniciar su nueva vida. Y eso no lo han cumplido, están sobreviviendo con la solidaridad de mucha gente nacional e internacional. Eso es una falla.

¿Cuál es el motivo por el que el actual Gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, no cumple, como ha dicho, ese último acuerdo de paz?

Los acuerdos empezaron con el presidente Santos y continúan ahora con un gobierno muy de derechas, de centro democrático, donde hay intereses muy fuertes porque muchos de ellos están involucrados en la criminalización. En los acuerdos hay varias comisiones importantes, una de ellas la Comisión de Esclarecimiento de Hechos, que también la están criticando, la están rechazando. No se va a poder saber la verdad completa. Pero los integrantes de esa Comisión están exigiendo respeto, porque es bueno para todos que se esclarezcan los crímenes. La segunda comisión, la de Justicia Especial para la Paz, ya había pasado por el Congreso, la Cámara y la Corte Constitucional. Tanto la ONU como el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional lo apoyaron todo. Ahora, el actual presidente le pone nuevas objeciones y una muy peligrosa: que los militares no se presenten a elecciones, sino que haya una jurisdicción especial para ellos, lo que no nos garantiza nada.

Se ha referido también a uno de los problemas históricos de Colombia, el narcotráfico. Dentro del conflicto, ¿qué papel ocupa?

Uno de los puntos especiales, son seis puntos de acuerdos, es la eliminación de cultivos ilícitos, con erradicación manual. El glifosato con helicópteros produjo muertes y las mujeres embarazadas perdían a sus hijos. Entonces se pidió que fuera con eliminación manual y juzgar a los responsables, a los grandes narcotraficantes. Son responsables de financiar paramilitares y se pide que sean juzgados, pero no es así. Un ejemplo es el de Trujillo, de donde son las dos grandes cabezas del narcotráfico. Diego Montoya, que está extraditado en Estados Unidos por narcotráfico. Pero debe ser juzgado por la criminalización, no solo por narcotráfico. Y Henry Loaiza, llamado ‘El Alacrán’. Pagó 20 años de cárcel por narco. Llevamos tres sentencias condenatorias, cada una a 30 años por los hechos de Trujillo, pero resulta que por la reforma del Código Penal, un colombiano que lleva 20 años de cárcel si estudia, trabaja y se porta bien, tiene derecho a libertad condicional. Él no ha pagado ningún año por las víctimas de Trujillo y lleva tres condenas. Hace año y medio le dieron ese beneficio de libertad condicional. Volvemos a tenerlo en la región, a una hora de Trujillo. La gente vuelve a sentir miedo. En 2018 se volvió a agudizar el problema de seguridad con la presencia de grupos de narcos como ‘Los Rastrojos’ o ‘Águilas Negras’, que están controlando el territorio.

A nivel internacional, uno de los actores más activos en el conflicto armado en Colombia han sido los Estados Unidos. ¿Ha variado su postura con el cambio de Gobierno en Colombia y por la crisis en Venezuela?

Ha aumentado la presencia militar de Estados Unidos. Hay varias bases militares gringas por el problema de Venezuela. Nuestro presidente apoya esa oposición venezolana. Tenemos miedo de que Colombia sea, como decimos vulgarmente, un idiota útil para la ocupación militar de Venezuela. Las cosas deben solucionarse en el interior de cada país, respetando la soberanía y la autonomía de los pueblos. Pero ahora Estados Unidos aprovecha esa coyuntura con Venzuela. Vemos entonces la injerencia que es permanente de Estados Unidos con Colombia. Eso nos parece grave.

Frente a toda esa situación, hablando también de actores internacionales, ¿cuál es la postura de la Unión Europea y de España?

Muy importante. En los acuerdos de paz hay una Comisión de Seguimiento. Cada tres meses debe dar un informe. Hay dos informes internacionales, entre ellos uno del expresidente español Felipe González. El otro de José Mujica, expresidente de Uruguay. Acá, como España, deberían exigirle al presidente de Colombia que se haga la verdad, que en esos informes no vaya a permitir la impunidad. Aquí, en mi bolso, llevo una carta a la ONU pidiendo que intervenga, que la justicia especial no la vuelvan trizas.

¿Hay sensibilidad por parte de Europa con respecto al conflicto en Colombia?

Desde los países europeos ya lo están haciendo, para el desarrollo de los acuerdos de paz y la protección a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Además de las medidas a nivel político para alcanzar una paz definitiva, ¿cree que haría falta también una labor a nivel cultural o social entre los colombianos tras décadas de conflicto armado?

Los acuerdos no apuntan más que a las FARC, a solo uno de los grupos. Faltaría presionar que el Gobierno se abra a negociar con el ELN y con el EPL, aunque son menos numerosos. El más fuerte es el ELN a nivel ideológico; menos armado, pero más ideológico a nivel político. A nivel de la sociedad, hay todo un problema general, sobre todo a nivel de funcionarios, de corrupción, y eso atenta al nivel de recursos de lo que se debe invertir a la paz. A nivel de los acuerdos, la concentración de tierra, Colombia ocupa el segundo o tercer lugar a nivel mundial. El 1% de los colombianos posee el 76% de tierra, y va a ser un problema la equidad en la repartición de tierras para los indígenas, afros o las propias FARC, que dejan sus territorios y se les debe adecuar tierra.

Habla de cargas ideológicas ¿En qué sentido?

Hay todo un problema a nivel ideológico. Los que estamos a favor de la paz es que estamos a favor de la guerrilla. No se entiende que la paz debe ser construida con valores éticos, con justicia, con la parte educativa desde los colegios, hacer de esas cátedras de paz una pedagogía de paz. Para la convivencia es necesario que, como ciudadanos colombianos, nos abramos a una reconciliación. No una reconciliación con impunidad, sino con exigencia de verdad, de justicia y de reparación.

Se encuentran ahora en España tres mujeres activistas colombianas. ¿La paz en su país pasa inexorablemente por atribuir un papel protagonista a la mujer?

Como religiosa, veo a las mujeres de las FARC que están viniendo a nuestros grupos, que se sienten recibidas, integradas. Ellas tienen una formación política y ellas dicen que no se van a echar atrás, tienen que favorecernos el espacio para seguir con la militancia política. Creo que las mujeres en Colombia somos motores. Siempre estamos ahí, presentes en la lucha.

La crisis en la formación política Vox, que ha nombrado en estas últimas horas a una nueva presidenta de la comisión gestora, Elena Merino, se está saldando con una fuga de militantes a gran escala. El hasta hace unos días secretario general de Vox en León y uno de los miembros más antiguos de la formación ultraderechista, ambos recientemente dimitidos, han cifrado esa huida de militantes en una cuarta parte de la militancia en la provincia de León. 

Los enfrentamientos vienen de lejos, pero en las últimas horas, una conversación telefónica en la que el presidente de Vox en León, Carlos Portomeñe, asegura que ha recibido el compromiso del patrono de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso, para financiar al partido desde este organismo. Esa conversación, que ha desvelado la Cadena Ser, se ha saldado con el cese de Portomeñe como presidente de la gestora, al que le sustituye ya en el cargo Elena Merino. 

Los vínculos de Vox en León con la Fundación Francisco Franco ya eran conocidos por algunos afiliados. Ese fue el motivo por el que, según ha explicado, dimitió el secretario de la comisión gestora, José Carlos Rúa, que en declaraciones a eldiario.es ha rechazado la idea de que la fundación de Jaime Alonso financiara la formación de la que llegó a ser presidente entre 2014 y 2016. “Yo no creo en eso, no soy franquista. Lo he denunciado a los órganos del partido, pero ellos están en connivencia con la fundación, y nunca se han dirigido a mí”.

José Carlos Rúa ha asegurado que la dirección nacional de Vox cuenta con informes suyos de los vínculos que tiene establecidos la formación en León con ese entorno. Ese es el motivo por el que cerca de un centenar de militantes de Vox en León ha decidido abandonar la formación, que cuenta con algo menos de 400 afiliados en la provincia leonesa. Rúa cree que, con esa pérdida de masa social, es “difícil” concurrir a las elecciones con garantías de resultados. 

Ese extremo lo ha confirmado Gregorio Aller, uno de los primeros militantes de Vox en León, allá por el año 2014, y candidato a la Alcaldía de la capital leonesa en las elecciones municipales de 2015, que a finales de la semana pasada abandonaba igualmente el partido. También ha cifrado en cerca de un centenar las bajas de afiliados que se han producido desde hace ya algunas semanas, cuando a Vox en León comenzaron a llegar miembros procedentes de otras formaciones ultraderechistas como Fuerza Nueva o Democracia Nacional, así como el salto a la política, a través de este partido, de “generales del Ejército metidos con calzador que apoyan causas franquistas”.

“La gente que nos hemos ido, cada vez somos más; por otro lado, queda el afiliado que paga la cuota y que no se mete en más, y gente que está tratando de pescar en aguas revueltas”, ha señalado Aller, crítico también con las negociaciones con la Fundación Francisco Franco para obtener financiación. “La financiación es básica, pero no con cualquiera ni a cualquier precio. No sé si alguien se ha pensado que la Fundación Francisco Franco iba a poner el dinero por amor al arte. Es la forma de decir que te doy dinero y tú me tienes que colar a quienes yo te diga”, ha sentenciado.

El 98,3% de las sentencias dictadas por los juzgados de Castilla y León especializados en las cláusulas bancarias abusivas en el sector inmobiliario se han resuelto a favor del cliente. Así lo ponen de manifiesto los datos aportados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial. Son casi dos puntos más que la media nacional, donde los tribunales han resuelto a favor del afectado el 96,8% de los casos.

Desde que se habilitaron estos juzgados específicos, en junio de 2018, Castilla y León es la comunidad autónoma del país donde más denuncias se han resuelto a favor del cliente, del total de 10.143 sentencias resueltas desde entonces. En cuanto al número de sentencias dictadas en el último periodo conocido, el cuarto trimestre de 2018, en la Comunidad se han 3.157 casos, la segunda autonomía del país con mayor número de resoluciones, sólo por detrás de Andalucía, con 3.176.

Los datos correspondientes a los últimos tres meses de 2018 ponen de manifiesto la tendencia al alza, por sexto trimestre consecutivo, del número de asuntos resueltos por los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Así, durante el periodo analizado, los Juzgados especializados resolvieron -bien por sentencia, auto final o decreto- un total de 30.673 asuntos, frente a los 18.967 asuntos resueltos en el trimestre anterior en todo el conjunto del país.

Este incremento sostenido del número de asuntos resueltos se produce en paralelo a la progresiva disminución del número de los que son de nuevo ingreso, que han pasado de los 78.221 del cuarto trimestre de 2017 a los 45.990 del mismo periodo de 2018, lo que supone una reducción de 41,2%, en toda España.

Estos Juzgados, que entraron en funcionamiento el 1 de junio de 2017, conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha afirmado este lunes que asume con “responsabilidad” la cartera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que deja Alicia García, que será la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Ávila. Fernández Carriedo cree que ha sido esta consejería la que ha mantenido en esta legislatura la “seña de identidad” del Gobierno de Juan Vicente Herrera, que ha sido, según ha dicho, la presentación de los servicios sociales.

El consejero de Empleo que asume ahora la cartera de Familia ha situado a Castilla y León en el “liderazgo dentro de España” en la gestión de la Ley de la Dependencia. En esta materia, esta Comunidad es la única de España que cuenta con un sobresaliente, lo que la convierte, según Carriedo, en un “referente” para otras comunidades autónomas. Por eso, considera que, ahora, su “misión” es la de “dar continuidad” a la política de servicios sociales “de calidad y equidad”.

En este sentido, ha señalado algunos de los acuerdos que se han alcanzado en el seno del Diálogo Social de Castilla y León, donde está presente la Junta de Castilla y León, además de los sindicatos y la patronal. Medidas como la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Red Integral para el Apoyo a Personas Afectadas por la Crisis o la primera Ley de Conciliación y para la Eliminación de la Brecha Salarial de Género, que se someterá a aprobación en pleno esta semana, y que será la primera ley de este tipo que una comunidad autónoma aprueba en España.

Sobre su futuro en la política autonómica, Carlos Fernández Carriedo ha afirmado que todavía “queda mucho” hasta la celebración, en el mes de mayo, de unas elecciones autonómicas que van a ser “importantes” porque los castellanos y leoneses “se están jugando todo esto”, es decir, y según el consejero, “el crecimiento económico y la creación de empleo” para poder impulsar “más puestos de trabajo, mejorar las retribuciones y la calidad del empleo”, así como “mejorar la recaudación” para mantener esos “servicios públicos de calidad” “Espero que lo tengan en cuenta los ciudadanos a la hora de votar”, ha dicho.

Los autos que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que han llevado a la paralización de la caza en la Comunidad están basados en la consideración de que la Administración autonómica no contaba con un censo fiable de las especies cinegéticas, lo que provocó la denuncia de grupos ecologistas y esa decisión del Tribunal Superior. A unos días de que se apruebe en el último pleno de las Cortes de Castilla y León la modificación de la Ley de Caza para sortear esos autos judiciales, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones cree que los datos que maneja sobre el número de especies cazables “son fiables” y apela ahora al pronunciamiento del Tribunal Supremo de los recursos planteados por la Junta de Castilla y León.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha defendido este lunes en León que las Cortes de Castilla y León puedan “ejercer su soberanía” para llevar a cabo esa modificación de la ley, que saldrá adelante, en principio, con los votos a favor de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, así como con la abstención de Podemos y el voto en contra del único procurador de Izquierda Unida-Equo. Algunos grupos ecologistas, como el Pacma, autor de la última denuncia contra la Ley de Caza podrían de nuevo, con el mismo argumento del censo, recurrir ante los tribunales la aprobación de esa modificación de la norma en Castilla y León.

“Tendrán que explicar las razones por las que creen que Castilla y León no puede utilizar su soberanía”, ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente quien ha comentado que “no es cierto que se haya tirado abajo nada” desde un punto de vista judicial con respecto a la Ley de Caza porque “no hay sentencia firme que determine que los datos que la Junta maneja, de numerosas fuentes, diga que esos datos no sean correctos”. Por eso, se ha recurrido al Tribunal Supremo los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulan la Orden y el Reglamento de la Ley de Caza, y ahora falta que esa instancia superior “se pronuncie”.

Mientras tanto, Suárez-Quiñones cree que, tras la aprobación este miércoles de la Ley de Caza, la actividad en Castilla y León se podría retomar en el mes de abril. El consejero ha insistido en que los datos sobre el censo de especies en la Comunidad “son fiables” y se reúnen en un “informe de casi 400 folios”, recogidos de “fuentes como entidades ecologistas, personal público y fuentes fiables” por lo que “son datos suficientes”. “Ese famoso mantra de que no se poseen datos adecuados es, en absoluto, incorrecto”. Del mismo modo, ha reiterado que la conservación de las especies es “la primera misión de la Consejería de Medio Ambiente”. “Precisamente porque nos preocupamos por la conservación de las especies, la caza es imprescindible, aparte de las cuestiones económicas o de salud humana”, ha afirmado.

El consejero ha señalado que el control de las “especies más fuertes” mediante la caza es necesario para evitar el “embastecimiento del medio natural”, lo que “exige un control” que la Junta de Castilla y León está llevando a cabo “de una forma exquisita”. “Pacma ha promovido este desaguisado porque no les interesa el control de las especies”, ha comentado Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Suárez-Quiñones no desvela su futuro

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León también ha comentado su presente y su futuro en la política. El presente pasa por la asunción, desde la semana pasada, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que ha abandonado Milagros Marcos para poder concurrir como cabeza de lista del Partido Popular por Palencia a las elecciones generales y optar a un escaño en el Congreso de los Diputados. Las competencias que deja Milagros Marcos las asume “fácilmente” Suárez-Quiñones, que considera que Marcos ha hecho “un trabajo extraordinario” y ha dejado “muy ordenada” la Consejería. “Es un papel muy fácil de defender y un camino que tenemos que seguir”.

Sobre su futuro, Juan Carlos Suárez-Quiñones no ha determinado si continuará en la política autonómica después de las elecciones del 26 de mayo. “Nos quedan unos meses y gobernamos como si fuera el primer día”, ha comentado el consejero, partidario de “no estar guardando las cosas para marchar”. Son unos “meses muy relevantes”, ha dicho, tanto para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como para la de Agricultura y Ganadería. Eso sí, ha advertido de que continuará “vinculado al servicio público”, sin desvelar si en el plano político o con un regreso al ejercicio de la magistratura.

Este próximo miércoles, el último pleno que se va a celebrar esta legislatura en las Cortes de Castilla y León llevará entre los puntos del orden del día la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Caza. La actividad cinegética se encuentra suspendida en la actualidad en esta comunidad autónoma, después de que en un año se hayan emitido varios autos judiciales contra la política sobre la caza de la Junta de Castilla y León. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos van a apoyar esa reforma de la normativa legal para poder recuperar la caza. Podemos se abstendrá y sólo el procurador único de Izquierda Unida-Equo en el parlamento castellano y leonés votará en contra.

Se trata de poner fin así a un año de varapalos judiciales sobre la caza en Castilla y León. Todo comenzó con el lobo y la prohibición de cazarlo y, a través del lobo, llega también el último acontecimiento judicial que vive la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, el juez que aparece en el sumario de la ‘Operación Enredadera’ contra la corrupción, ofreciéndole la obra en una carretera al empresario José Luis Ulibarri sin someter el proyecto a un proceso de concurso público, con la lapidaria frase de “la Administración soy yo”.

La asociación conservacionista Lobo Marley ha informado de que se abierto expediente gubernativo, es decir, no procesal, contra el consejero de Fomento y Medio Ambiente para determinar si pudo haber un delito de prevaricación en unas declaraciones de Suárez-Quiñones cuando afirmó, después de que una sentencia impidiera el abatimiento de lobos al norte del Duero, que la Junta de Castilla y León podría “cazarlos de oficio”. “Consideramos que esas declaraciones son un acto de prevaricación y más viniendo de un juez. Pero lo cierto es que, en materia del lobo, la administración lleva prevaricando más de 30 años”, ha explicado Luis Miguel Domínguez, responsable de la asociación Lobo Marley.

El consejero Suárez-Quiñones realizaba esas declaraciones a finales del mes de enero de este año, pero el conflicto con el lobo viene de lejos. El malestar de los ganaderos por los ataques a sus cabañas es histórico y la Junta de Castilla y León ha planteado el control de las manadas como la alternativa. Hasta el año 2018, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emitió una sentencia, a instancias en este caso de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), en la que paralizaba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo de Castilla y León, una de las tres autonomías del país que cuentan con un plan específico para este animal.

El tribunal consideró que el decreto de la Junta de Castilla y León sobre ese plan de conservación no contaba con estudios científicos ni técnicos suficientes que avalaran la necesidad de establecer medidas de control sobre la población del lobo ibérico. En esa misma sentencia también se señalaba otro dato de interés, que ha sido el talón de Aquiles de la Junta de Castilla y León en toda esta polémica en torno a la caza: “no existe una previa comprobación de las poblaciones, ni siquiera se hace referencia a un estudio previo de su incidencia en la especie”, señala el auto judicial.

Es decir, no hay censo. No hay un censo de la población del lobo ibérico en el Plan de Conservación y Gestión del Lobo Ibérico y tampoco hay censos en la Ley de Caza de Castilla y León sobre el resto de especies cinegéticas. Se anulaba así el Decreto que la Junta de Castilla y León había aprobado para corregir lo que había indicado aquella sentencia sobre el lobo. A partir de ahí, todo ha pasado a ser una cuestión política, con varios grupos dispuestos a pactar para sortear a la Justicia y con el argumento de la caza instalado en los actos de precampaña de estos meses de frenesí político.

Al no existir informes o censo sobre la población, el hecho de considerar cinegética o cazable a una especie por cuestiones de control de población carece de sentido. En el caso del lobo, especie cinegética a uno de los dos lados del río Duero, “se ha hecho históricamente apología en contra de este animal”, según Luis Miguel Domínguez, que sostiene que debería establecerse una “protección total en toda España del lobo ibérico” como ocurre en otros países, como Portugal, donde abatir un ejemplar de esta especie puede acarrear penas de cárcel, según el representante de Lobo Marley.

Sin embargo, en España, y en concreto en Castilla y León, el lobo ibérico, lejos de ser esa especie con protección singular como reivindican los animalistas, es una “pieza de cambio” en el juego político, según Domínguez. “El Partido Popular busca votos que, por mor de la Ley D´Hondt, le valen 18 veces más que en Barcelona”, ha explicado el animalista, en referencia a determinadas provincias o zonas rurales de la Comunidad donde existe un problema entre los ganaderos por la presencia del lobo, debido a los ataques que se han llegado a registrar en varias cabañas ganaderas.

Desde Lobo Marley también se reclaman medidas a nivel de la Unión Europea para la protección del lobo ibérico que, “no es ni siquiera una especie”, sino una “subespecie con genética propia y vinculación a dos países” como son España y Portugal. “El lobo es una especie de interés comunitario y para ello estamos trabajando también en Estrasburgo”, ha reconocido Domínguez, para que este animal “deje de estar de la mano de dios”. Desde Lobo Marlye, además, se rebajan las cifras y se sitúa al lobo ibérico con una población en Castilla y León de “90 ejemplares como mucho” y con una incidencia de ataques a la cabaña ganadera que, según esta asociación, representa tan sólo el 0,7%.

Frente a esta postura, la de organizacione profsesionales agrarias como Asaja, la de la Federación de Caza de Castilla y León y la de los propios partidos políticos que, después de las sentencias sobre el caso del lobo y sobre la caza en general en esta Comunidad, y a la espera de saber si la Justicia cree que el consejero Suárez-Quiñones prevaricó, mantienen el discurso de la recuperación de la caza en Castilla y León cuanto antes. Por eso el último pleno en las Cortes de Castilla y León en esta legislatura, antes de que se disuelva la cámara autonómica y se celebren las elecciones autonómicas del mes de mayo, servirá para tratar de corregir la situación, sortear a la Justicia y poder mantener la caza en la Comunidad.

Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos se alían para retornar la situación y, mediante una modificación de la Ley de Caza, tratar de solventar los errores apreciados por el Tribunal Superior de Justicia que le llevó a paralizar la actividad y a impedir la concesión de nuevas licencias de caza en Castilla y León. Los tres partidos políticos sostienen que la caza es necesaria para la Comunidad. Aportan argumentos de carácter económico. En Castilla y León, la caza genera 500 millones de euros, un 13% del Producto Interior Bruto asociado a las actividades agroganaderas o, lo que es lo mismo, el 0,3% del PIB autonómico. Además, de este sector dependen 8.000 puestos de trabajo. La Federación de Caza de Castilla y León es la federación deportiva que más licencias tiene en la Comunidad, sólo por detrás del fútbol y del baloncesto.

Pero no sólo eso. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos sostienen también otros argumentos para mantener la actividad. Además del dinamismo económico que, según sostienen, genera en el entorno rural, también hay otras cuestiones a tener en cuenta como el papel de la caza en el control de plagas como, por ejemplo, conejos, y de carácter de salubridad y sanidad animal, como el control de la población de jabalí para impedir la propagación de enfermedades como la brucelosis. También aluden, incluso, a la seguridad vial, ya que Castilla y León es una de las autonomías del país con más accidentes de tráfico provocados por la presencia de animales en la calzada.

Ciudadanos en Castilla y León ha aclarado este viernes que continúa en su caso el proceso de investigación abierto por la Comisión de Garantías y Valores del partido a nivel nacional sobre el pucherazo en las primarias para elegir candidato a la Presidencia de la Junta por esta formación política. 

El procurador autonómico de Cs en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha explicado que en el caso del resto de las autonomías donde los candidatos habían pedido reclamaciones “no se ha encontrado absolutamente nada”, pero en lo que atañe a la candidatura de Silvia Clemente, esa investigación se mantiene. 

“En Castilla y León se sigue investigando”, ha remarcado Castaño a preguntas de los periodistas sobre la situación. Por tanto, la Comisión de Garantías y Valores continúa intentando averiguar quién está detrás de los 82 votos de más que no se correspondían con ningún afiliado y que dio, en primera instancia, la victoria en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León a la exmilitante del Partido Popular, Silvia Clemente. 

Su oponente en este proceso, Francisco Igea, reclamó horas después de conocer el resultado por indicios de fraude en la votación. Las primeras pesquisas corroboraron ese pucherazo por lo que la dirección nacional de Ciudadanos, que había apoyado la candidatura de Silvia Clemente, le dio sin embargo a victoria a Igea, proclamado ya de forma oficial como el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

La actual legislatura en la política autonómica concluye la próxima semana, con la celebración del último pleno en las Cortes de Castilla y León. Se despiden varios de los procuradores y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Se acaba, de alguna forma, una época, y en esta última sesión plenaria, los grupos parlamentarios van al 'sprint' en un pleno que se presume largo y en el que se someterán a debate y a aprobación hasta cuatro leyes. 

Destaca sobre todas la Ley de Medidas para la Concialición de la Vida Personal, Familiar y Laboral y para la Eliminación de la Brecha Salarial de Género en Castilla y León. Se trata de una ley “pionera”, que se someterá a votación tras un debate en el que se va a “evidenciar los dos modelos que existen en la lucha por la igualdad”, tal y como ha afirmado este viernes el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz.

Se enfrentarán, a juicio del popular, las medidas de “igualdad real” mediante “políticas justas y adaptadas a la realidad” frente a un PSOE que, según el popular, defiende “los gritos ridículos detrás de una pancarta”. Raúl de la Hoz ha asegurado que esta Ley de Concialiación, que contempla 85 medidas y una partida presupuestaria de 120 millones de euros, cuenta “con el respaldo de los agentes económicos y sociales”.

No hay en ninguna comunidad autónoma del país, según el portavoz popular, una ley similar por lo que Castilla y León es “pionera”, la “primera del país”, y que busca una igualdad efectiva, posibilidades para la concialiación y medidas para eliminar la brecha salarial de género. 

Además de esta ley, otras tres están sobre la mesa para su aprobación en este último pleno de la legislatura. Se trata del Proyecto de Ley de Perros Guía, que regulará el uso de estos animales en apoyo de personas con discapacidad, tal y como había demandado la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y otras asociaciones sociales. 

También irá a pleno la aprobación definitiva de la Ley de Caza de Castilla y León, cuya toma en consideración fue aprobada en la anterior sesión parlamentaria con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, después de que varios autos judiciales llegaran a paralizar la actividad de la caza en la Comunidad al carecer la normativa legal de un censo de especies cinegéticas. 

Por último, se someterá a aprobación la Ley de Hacienda que permitirá que el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) pueda optar a un crédito de 45 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. Este proyecto de ley cuenta, en principio, con el apoyo de todos los grupos y la oposición de Izquierda Unida. 

Los incumplimientos de legislatura y la corrupción en Castilla y León son dos de las cuestiones que los grupos políticos de la oposición han determinado como preguntas al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en el pleno autonómico de la próxima semana, que será el último de la legislatura y de la carrera política del presidente de la Junta de Castilla y León.

El portavoz del Partido Socialista y candidato de esta formación a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas del mes de mayo ha asegurado este viernes tras la celebración de la Junta de Portavoces que la legislatura en Castilla y León “acaba como empezó”, con casos de corrupción sobre la mesa. Se inició pidiendo explicaciones al Gobierno de la Comunidad sobre la trama eólica y ahora atacarán con el “último escándalo”.

El socialista Luis Tudanca interrogará al presidente de la Junta por los 70 millones de euros devueltos al Gobierno de España para poner en marcha cursos de formación para 35.000 desempleados y que, en algunos casos, se había llegado a “adjudicar a empresas relacionadas con miembros del Partido Popular”. Un ejemplo, según el portavoz del PSOE, de que “el desgobierno sigue” con “más causas oscuras” en torno al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera.

Podemos preguntará al presidente de la Junta por su “valoración del resultado de la acción política” de estos cuatro años que, a juicio del portavoz de esta formación, también candidato a la Presidencia de la Junta, ha estado marcada por “la despoblación, la precariedad y la corrupción” que son los elementos que “han definido la acción política del Partido Popular”.

Pablo Fernández considera que el PP se encuentra en un estado de “evidente descomposición”, víctima de un “juego de tronos” que generará “un derrumbe que va a permitir el cambio necesario” en el Gobierno de la Comunidad. Podemos ha reconocido que, después de estos cuatro años, se ha quedado en el tintero presentar en las Cortes una propuesta para la reforma de la Constitución y que el parlamento autonómico pidiera al Gobierno que la Carta Magna “blinde la Sanidad”.

Desde Ciudadanos, con quien el Partido Popular alcanzó un acuerdo para la gobernabilidad al inicio de la legislatura, se considera que el grado de cumplimiento de los puntos de aquel pacto han tenido “luces y sombras”, tal y como ha señalado este viernes el procurador de Cs, David Castaño.

Entre las cuestiones que no se han cumplido, y que han supuesto un “absoluto fracaso”, se encuentra la modificación de la Ordenación Territorial, un asunto que no ha salido adelante en esta legislatura y que es una cuestión “grave” para Castilla y León, debido a sus problemas de despoblación y de capacidad de prestación de servicios públicos.

“Nos parece injusto lo que está pasando en nuestra sociedad”. Es la reflexión rotunda de una de las niñas que ha participado este jueves en un pleno muy especial en las Cortes de Castilla y León. Alumnos de Primaria de colegios de las nueve provincias de la Comunidad han ejercido como procuradores autonómicos para reivindicar la igualdad. Lo han hecho mediante una actividad de Aldeas Infantiles, que se lleva desarrollando durante 14 años en Castilla y León.

En el hemiciclo del parlamento autonómico han presentado y votado un total de 18 propuestas y ha sido el presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, segunda autoridad política en la Comunidad, quien ha presidido ese debate en el que los niños han dado una auténtica lección. En su vocabulario están insertados ya conceptos como la igualdad, la tolerancia o el respeto a los demás. Eso es lo que han demostrado durante sus intervenciones en el plenario.

“Todos somos iguales. Como hombres y mujeres todos tenemos los mismos derechos porque todos somos iguales ante la ley”, proclamaba en ese pleno otro estudiante de Primaria, que llevaba al hemiciclo como propuestas “luchar por la igualdad” y “enseñar a nuestros hermanos más pequeños” esos valores de respeto para romper con los estereotipos. Otra niña, incluso, proponía, lejos de la distinción de azul y rosa para marcar el género, acudir al colegio, un día al año, todos vestidos del mismo color.

En el debate han plasmado que no comprenden cómo un hombre puede ganar más salario que una mujer por desempeñar el mismo trabajo. Han pedido también mayor colaboración de los hombres en las tareas de la casa. Pero no sólo han reivindicado igualdad de género. También respeto y tolerancia, ellos que ya están acostumbrados a tener como compañeros de aula a alumnos de otras nacionalidades.

“No tenemos derecho a ser iguales, sino igual derecho a ser diferentes”, comentaba otra alumna, que instaba al “diálogo y a romper estereotipos”, que es el objetivo que Aldeas Infantiles, en colaboración con las Cortes de Castilla y León, persigue con esta iniciativa, en la que se pretende que ellos tomen el protagonismo con una actividad “participativa e ilusionante”, tal y como ha señalado por su parte el presidente de la organización social, Pedro Puig.

Profesionales de la docencia de Castilla y León, convocados por los sindicatos CSIF, Stes, Anpe, Comisiones Obreras y UGT se han concentrado este jueves a las puertas de la sede de la Consejería de Educación y han cortado el tráfico en las inmediaciones para exigir una negociación que les devuelva los derechos perdidos durante la crisis económica. Según estas organizaciones, el personal docente de Castilla y León es el último en lograr las mismas condiciones que había hace años atrás. 

“Ya está bien que el profesorado de Castilla y León sea el últimos en recuperar los derechos. Queremos negociar ya, para el curso que viene”, ha reivindicado durante la concentración Elena Calderón, de Comisiones Obreras. La convocatoria partía con una petición concreta, que es la rebaja del número de horas lectivas, aunque los portavoces sindicales han puesto el foco sobre otras cuestiones que les afectan. 

Así, Calderón ha explicado que se han perdido mil plazas de profesores en Castilla y León durante los años de la crisis, lo que ha hecho que se incremente el número de horas lectivas. Ha reclamado que se recupere ese personal docente que ha ido menguando. “No exigimos más de lo que teníamos. Queremos recuperar lo que había”, ha comentado. 

Por su parte, Pilar Gredilla, de Anpe, ha comentado que la recuperación del horario lectivo “significa calidad en la educación” porque sería necesario ese nuevo profesorado, por lo que “habría que revisar plantillas y crear más puestos de trabajo”. Según ha explicado, antes del Real Decreto 14 que estableció los recortes, en Primaria estaba establecido un horario de 17 horas, frente a las 25 actuales, mientras que en Secundaria era de 20 horas, frente a las 24 actuales.

Además, Gredilla ha puesto el acento en las diferencias salariales con respecto a los profesores de otras comunidades autónomas y ha recordado que los profesionales de Castilla y León son “los peor pagados de todo el Estado”, con diferencias de hasta 6.000 euros anuales.

Ante la posibilidad de que grupos ecologistas puedan volver a denunciar ante los tribunales la modificación de la Ley de Caza de Castilla y León, que se ratificará en el último pleno de la legislatura después de que PP, PSOE y Ciudadanos la refrendaran en la anterior sesión parlamentaria, el Partido Popular tiene claro que lo harán. “La manera de legislar que proponen los grupos ecologistas es la de que no se pueda cazar. Ni más ni menos”, ha afirmado este jueves el portavoz popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz. 

De la Hoz ha señalado que la normativa de la Comunidad es similar a la del resto de las autonomías, por lo que “a lo mejor lo está haciendo mal Castilla y León”, ha comentado con ironía. Por eso cree que la postura de los grupos ecologistas es una “opinión particular”, a pesar de que la caza acumula ya varios autos de anulación de esta actividad por no contar con un censo de especies cinegéticas. 

No obstante, el portavoz popular ha insistido en que estará “del lado del medio ambiente y de las tradiciones” para garantizar que la caza se pueda mantener como actividad en Castilla y León. De la Hoz ha hecho hincapié en los factores económicos, de sanidad animal y alimentaria, así como a la seguridad vial como factores a tener en cuenta para que se permita la caza. 

“El debate va más allá de una simple postura estar en contra de la caza porque soy animalista”, ha afirmado el portavoz del PP, que también cree que poder continuar con la actividad cinegética en Castilla y León es “lo que quiere la gente en la calle”.  

El grupo del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León presentarán en el último pleno de la legislatura una Proposición No de Ley para garantizar los 28,5 millones de euros anuales en subvenciones a 10.000 agricultores de la Comunidad para el fomento de medidas de desarrollo sostenible y agroambiente, así como para el impulso de la agricultura ecológica.

Estas subvenciones están contempladas en el actual Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la Política Agraria Común (PAC), cuyo periodo de vigencia finaliza en 2020. La próxima PAC se aplicaría a partir del año 2021, por lo que, para evitar que esos 10.000 profesionales agrarios pierdan las ayudas durante un año, el PP plantea esta medida, tras haberlo negociado con las organizaciones profesionales agrarias.

El portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha apostado por “prorrogar” esas ayudas con cargo al nuevo Plan de Desarrollo Rural, todavía pendiente de negociación. “Estaríamos ayudando a los agricultores y a las medidas que favorecen el clima y el medioambiente”, ha señalado el procurador.

El grupo parlamentario del Partido Popular de las Cortes de Castilla y León planteará en el último pleno de la actual legislatura una Proposición No de Ley (PNL) para actualizar la retribución de los sexenios a 12.000 docentes de la Comunidad en los grados mayores para que este derecho de estos profesionales no entre en colisión con la Ley de Carrera Profesional recientemente aprobada. 

El portavoz del PP en las Cortes autonómicas, Raúl de la Hoz, ha explicado este jueves en rueda de prensa que, después de que se le diera luz verde a esa legislación de Carrera Profesional para todos los empleados públicos de la Comunidad, hay un colectivo de profesionales, el de los docentes, al que “no le interesa desde un punto de vista retributivo”. Se trata de los profesores que ya han llegado a al menos el tercer sexenio, ya que mediante este sistema sus mejoras retributivas serían mayores que las de la Carrera Profesional. 

Para ello, se han buscando una serie de alternativas. Los sindicatos han planteado que los docentes pudieran acogerse tanto a las mejoras de la Carrera Profesional como a los sexenios, algo que “no es viable desde un punto de vista retributivo”, según De la Hoz. La propuesta de la Junta de Castilla y León fue la de eliminar esa figura de los sexenios y que todos los empleados públicos se acogieran a las mejoras de la Ley de Carrera profesional, pero se ha considerado “un agravio”. 

Ahora se ha determinado que para los 27.000 docentes de Castilla y León, los de que hayan alcanzado el primer o segundo sexenio se les aplicará la Ley de Carrera Profesional, con complementos salariales más ventajosos. Para los 12.000 con tres, cuatro o cinco sexenios, ahora se negociará mantener esos sexenios, pero con una actualización retributiva. No se ha determinado qué mejora supondrá, pero Raúl de la Hoz ya advertido de que “tiene un coste importante, de varios millones de euros”. Eso sí, en caso de haber un acuerdo, la medida no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2020. 

El Comité Electoral Nacional del Partido Popular ha modificado su idea inicial y ha incluido en la candidatura para el Senado por Soria a la expresidenta del partido en esta provincia, María del Mar Angulo. Finalmente, la dirección del Partido Popular no ha contado con el alcalde de León, Antonio Silván, a pesar de las presiones para que ocupara una plaza en la lista en la que sí irá, de nuevo Ester Muñoz,  la senadora del episodio de los “15 millones para desenterrar huesos”. Otro alcalde, el de Burgos, Javier Lacalle sí podrá optar a la Cámara Alta en las elecciones generales del 28 de abril. 

La pugna en Soria ha dado como vencedora a María del Mar Angulo, después de que el Comité Electoral Nacional del Partido Popular decidiera colocarla en el tercer lugar de la candidatura frente al criterio de las direcciones provinciales autonómicas. La lista del Partido Popular para el Senado por Soria queda conformada por Cristina Pinillos, exconcejala del Ayuntamiento de Almazán; Gerardo Martínez, alcalde de Ólvega que no repite candidatura municipal; y la propia María del Mar Angulo, que ha impuesto el presidente nacional, Pablo Casado. 

En León, hasta última hora se ha tratado de que el alcalde de la capital, Antonio Silván, ocupara un puesto en la lista al Senado, una institución en la que sus representantes son aforados. La presión realizada para que Silván estuviera incluido ha retrasado el cierre definitivo de la candidatura por León, donde finalmente el regidor y exconsejero de la Junta de Castilla y León no está. Repetiría como candidato a la Alcaldía de León, donde los ecos de la trama 'Enredadera' señalan directamente a esta ciudad, en la que se ha constituido una comisión de investigación sobre esta operación anticorrupción y uno de los sus concejales, José María López Benito, tuvo que dimitir por esta cuestión. 

Por tanto, sin Silván, la lista la conforman una apuesta joven, Javier Santiago Vélez, alcalde de Almanza y presidente de Nuevas Generaciones; Ester Muñoz, senadora en esta legislatura y conocida por varias sonadas polémicas; y Alfonso Arias, diputado provincial y alcalde de Molinaseca. No está en la lista un histórico, Luis Aznar, de la línea dura del Partido Popular y portavoz, esta pasada legislatura, de las comisiones parlamentarias más sensibles para el partido. 

Sí hay un alcalde de capital de provincia en las listas al Senado del Partido Popular en Castilla y León. Se trata del regidor en el Ayuntamiento de Burgos, Javier Lacalle. Será también candidato a la Alcaldía de la capital castellana, cargo al que opta por tercera vez. Encabeza la lista en la que le acompañan Cristina Ayala, portavoz adjunta del Partido Popular en el Senado en esta pasada legislatura, y Salvador de Foronda, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Burgos. 

Una candidata a alcaldesa, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, aseguraba recientemente que había rechazado la oferta del Partido Popular para estar en las listas al Senado. Del Olmo opta a arrebatar la Alcaldía al socialista Óscar Puente y, según ha asegurado, ese va a ser su único objetivo político, una vez que abandone la cartera económica en el gabinete de Juan Vicente Herrera, algo que sucederá en las próximas horas. Sil Del Olmo, en el caso de Valladolid, al alcalde de Villalón, José Ángel Alonso, y dos 'repetidores': Miguel Ángel Cortés y Arenales Serrano. 

En Zamora, como ya había trascendido en la presentación de las candidaturas del Partido Popular al Congreso de los Diputados, este pasado fin de semana, Fernando Martínez Maíllo lidera la lista al Senado, lugar al que le ha enviado Pablo Casado. El presidente nacional del PP optó para la Cámara Baja por Isabel Blanco y negó a Maíllo el puesto por el que había concurrido ya en varias de las legislaturas anteriores. El presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, y la exsenadora Clara San Damián completan la candidatura. 

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, muy crítico con el líder nacional de su formación por la estrategia de confluencias con Podemos, ha anunciado que optará finalmente al proceso de primarias para volver a ser el candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de la capital. Guarido es en la actualidad el único alcalde de esta formación política en una capital de provincia española.

Francisco Guarido parte con el apoyo de los ocho concejales de su grupo en el Ayuntamiento zamorano y, en principio, no está previsto que nadie más se vaya a presentar en ese proceso de primarias, cuyo plazo de presentación de candidaturas se ha abierto este lunes. La Asamblea se celebrará el domingo 24 de marzo, mediante un sistema de votación presencial.

Izquierda Unida en Zamora, con en prácticamente todas las capitales de provincia de Castilla y León, concurrirá en solitario. Tan sólo en Salamanca podría ser posible, a nivel local, una confluencia con Podemos que también a nivel autonómico parece inviable. Aunque las conversaciones están abiertas, los líderes en Castilla y León de ambas formaciones políticas aún no han llegado a un acuerdo, que dan prácticamente por descartado.

Francisco Guarido siempre se ha mostrado muy crítico con la estrategia nacional de Izquierda Unida de concurrir con Podemos a las elecciones. “En Zamora fuimos pioneros”, ha reconocido el alcalde, que siempre ha rechazado esa posibilidad. Considera que, con el paso del tiempo, su postura se ha puesto. “Estuvimos solos, pero ahora no lo estamos tanto”, ha señalado.

El alcalde se marca ahora continuar con el trabajo de estos últimos cuatro años. “Antes, sólo había problemas. La situación económica, por la gestión anterior del Partido Popular que lo hizo mal y por la crisis, no daba para alegrías. No había ningún proyecto en marcha y ahora hay muchas inversiones, unas en ejecución, otras presupuestadas”, ha comentado Guarido que cree que, después de su periodo de mandato, “el Ayuntamiento de Zamora está en un estado diferente”.

La “austeridad” ha permitido sanear las cuentas y acabar con la deuda. En el tintero queda rematar una de sus medidas de más calado para la ciudad, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que ya ha tenido estos días de atrás un paso fundamental como ha sido quitar la catalogación de urbanizable a 4 millones de metros cuadrados de suelo. Para el próximo mandato municipal, Guarido apuesta por un Plan Especial para el Conjunto Histórico, que permita construir y rehabilitar viviendas para evitar que el centro de la ciudad se quede despoblado.

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha cedido finalmente a la presión del PSOE de León y no incluirá a Ibán García del Blanco en la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por esta provincia, para enviarle a Europa. La decisión del PSOE leonés, avalado por la dirección autonómica, fue la del secretario provincial, Javier Cendón, que irá de número uno en la candidatura leonesa al Congreso de los Diputados. 

Ibán García del Blanco, la apuesta de Pedro Sánchez para esas listas, finalmente pasará a formar parte de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo. Es la lista la encabeza el ministro de Exteriores con Sánchez en el Gobierno, Josep Borrell. En el número dos figura la vallisoletana Iraxte García, que, con respecto a las anteriores elecciones europeas, le ha dejado esa cabeza de lista a Borrell. 

En el caso de García del Blanco, el político leonés ocupa la séptima posición en esa lista. Del Blanco, hombre de confianza de Pedro Sánchez, es miembro de su Ejecutiva Federal, como encargado del área de Cultura y Deportes y presidente ejecutivo de la asociación Acción Cultural Española. 

Pedro Sánchez hace un hueco en la lista al Parlamento Europeo al que fue su número dos en su primera etapa al frente del PSOE, César Luena, que se quedó fuera de la candidatura al Congreso por La Rioja por la situación de la federación. A Ferraz no le incomodaba que repitiera como cabeza de lista por la comunidad, pero optó por no imponerlo. Ahora le sitúa en el puesto número once de la candidatura a las europeas, donde tendrá un escaño asegurado en la lista que encabeza Josep Borrell seguido seguido de la actual portavoz Iratxe García y el politólogo Sami Naïr. 

Luena y Sánchez se alejaron tras el descabalgamiento del actual presidente cuando el dirigente riojano, que había sido su secretario de Organización decidió apostar por Patxi López. El líder socialista ha decidido tener un gesto con el que fue su hombre de confianza después de que la federación riojana lo dejara fuera de las listas al Congreso.

Solo 7 eurodiputados repiten

colaboradora de eldiario.es

El jefe de gabinete adjunto de Exteriores, el 21

Cada día que pasa, una posibilidad menos para que, en Castilla y León, Podemos e Izquierda Unida-Equo alcancen el pacto para concurrir en las elecciones autonómicas del 26 de mayo en confluencia. La negociación está “estancada” desde hace tiempo y los líderes de ambos partidos en la Comunidad reconocen ser pesimistas, por lo que en Castilla y León todo apunta a que no sucederá lo mismo que a nivel nacional, donde Podemos, Izquierda Unida y Equo sí mantendrán para las generales esa confluencia, con el mismo nombre que en esta pasada legislatura, Unidas Podemos.

También en algunas provincias de Castilla y León podría ser una realidad ese pacto. Pero a nivel autonómico las diferencias entre Pablo Fernández, secretario general de Podemos, y José Sarrión, coordinador autonómico de Izquierda Unida-Equo, paralizan esa posibilidad a día de hoy. Agotarán los plazos hasta que haya que formalizar ante la Junta Electoral las candidaturas, pero lo cierto es que todo indica que ambas formaciones concurrirán por separado, a pesar de los muchos puntos en común a la hora de contemplar la realidad política y electoral de esta comunidad autónoma.

Muchos puntos en común, pero una diferencia: cómo conformar las listas. Podemos ha apostado, siguiendo el “acuerdo marco” a nivel nacional, por candidaturas pactadas, en las que Izquierda Unida-Equo en Castilla y León “ocuparía más puestos de salida” en las provincias de la Comunidad que lo que sucedió en la anterior convocatoria electoral, tal y como ha explicado en las últimas horas el líder autonómico de Podemos, Pablo Fernández.

Izquierda Unida no acepta este punto. El coordinador de la formación en Castilla y León, José Sarrión quiere que las listas se conformen a través de procesos de primarias abiertos y que sea la militancia de ambas formaciones quienes elijan a sus representantes. Ahí es donde radica la discrepancia. Este es el motivo por el que Podemos e Izquierda Unida se muestran, en este momento, pesimistas con respecto a la posibilidad de trasladar a Castilla y León el acuerdo nacional.

En este punto, la estrategia de cada una de las formaciones discurre por vías diferentes. Podemos da por hecho que concurrirá en solitario. “Lo ideal sería articular una candidatura lo más amplia posible. Si eso no sucede, Podemos está preparado para ser el catalizador del proceso del cambio”, ha declarado Pablo Fernández. Izquierda Unida, sin embargo, explora otra vía. La alianza con partidos “a la izquierda del PSOE”, sumando también a representantes de movimientos sociales, sindicatos o activistas a nivel individual para fortalecer esa más que probable candidatura en solitario, según ha señalado por su parte José Sarrión.

Izquierda Unida abre la “invitación”, aunque desde Podemos han asegurado que no tiene “comunicación de ningún tipo”. Podemos también cree que este movimiento de Izquierda Unida, en ese proceso de negociación “con no se sabe quién”, es “potestad” de esta formación, según Pablo Fernández. Para Izquierda Unida, no obstante, la posibilidad de que Podemos se sume a su “propuesta pública” está sobre la mesa, pero “con la única condición de la democracia”, según José Sarrión.

Diferencias en cómo elegir a los candidatos, pero puntos en común en cuanto a la política y el análisis electoral. Tanto Podemos como Izquierda Unida contemplan el panorama actual como un momento en el que se abre una posibilidad histórica para el cambio y que el Partido Popular pueda abandonar la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Un PP a la baja, Ciudadanos con dudas sobre sus posibilidades de regeneración, y un PSOE que, según ha comentado en este caso Pablo Fernández, “vive muy cómodo en la oposición”.

La despoblación, la mejora de las condiciones laborales de los castellanos y leoneses afectados por la precariedad, la brecha salarial que afecta a las mujeres, el apoyo a los autónomos y las pymes, políticas fiscales para favorecer el dinamismo en las zonas rurales o la lucha frente a los proyectos de macrogranjas en varios puntos de la Comunidad son algunas de las cuestiones comunes entre Podemos e Izquierda Unida que dan por prácticamente imposible la alianza en Castilla y León.

No ha pasado ni una semana desde que se desvelara, el pasado domingo, el pucherazo en las primarias de Ciudadanos para elegir al candidato a la Junta de Castilla y León, y la formación política en la Comunidad ha perdido ya varios efectivos.

Bien por la polémica en el resultado de la consulta a los militantes en el proceso entre Silvia Clemente y Francisco Igea para optar a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, o bien por la confección de las listas al Congreso de los Diputados en las generales del 28 abril, el partido en la Comunidad ve desfilar a varios de sus militantes.

Con este último argumento, el coordinador provincial de Ciudadanos en Zamora, José Antonio Requejo, ha comunicado ya su dimisión, junto con los ocho miembros de su junta directiva. Considera que no se ha contado con el partido a nivel provincial para elegir al cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Zamora.

José Antonio Bartolomé, que fue secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, es la apuesta del partido. La decisión ha provocado la dimisión de Requejo y de su equipo, que afirman que no se ha contado con Ciudadanos en Zamora en ningún momento par tomar una decisión sobre el cabeza de lista al Congreso, según publican varios medios.

La dimisión de José Antonio Requejo en Zamora se une a las que ya se han producido en estas últimas semanas. Primero fue Pablo Yáñez, secretario de Comunicación de Ciudadanos en Castilla y León y miembro de la Ejectiva nacional, principal valedor de la candidatura de Silvia Clemente a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

En su caso, igual que en el de la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, y la coordinadora local en Valladolid, Raquel Alonso, el motivo ha sido el apoyo que los tres le dieron a Clemente, en su intento frustrado por una alteración de los votos en el proceso de primarias.

El procurador de Izquierda Unida-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, ha anunciado este viernes que pedirá para la próxima legislatura la creación de un programa de acogida temporal de activistas pro derechos humanos que están siendo perseguidos en algunos países del mundo. Una fórmula con la que ya cuentan algunas autonomías, como Euskadi o la Comunidad Valenciana, o algunos ayuntamientos, como el de Madrid, que estos días acoge a tres activistas sociales colombianas, que han visitado Castilla y León de la mano de Sarrión. 

Estas tres mujeres, Maritze Trigo, una religiosa; Claudia Jimena, indígena; y Marcicel Sandoval, afrocolombiana, se encuentran durante un periodo de tres meses en la capital de España, a través de la ONG Mundubat, que les da acogida temporal con un doble objetivo: “un espacio de respiro ante las situaciones de amenaza” que sufren y ofrecerles “formación” para que su lucha activista, una vez de vuelta en Colombia, sea más efectiva, según ha explicado el coordinador del programa de acogida de personas defensoras de los derechos humanos que gestiona Mundubat, Raúl Rojas.

Ese es el modelo que quiere exportar para Castilla y León el procurador José Sarrión, que ha avanzado que, de cara a la próxima legislatura, tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, establecerá contacto con todos los grupos políticos que logren representación en las Cortes de Castilla y León e impulsar aquí un programa de acogida temporal de aquellas personas que se ven “oprimidas por los grandes poderes” en su lucha en favor de los derechos humanos en los países más desfavorecidos. 

En el año 2017 fueron asesinadas 312 personas, activistas pro derechos humanos, que se ven sometidos día a día a una “tremenda vulnerabilidad de su seguridad”. Colombia “lidera esas cifras” de activistas represaliados, que han pagado con su vida la voluntad de mejorar la sociedad en la que viven, en países como Colombia, donde los acuerdos de paz no se están cumpliendo y están generando un clima de violencia, abusos y amenazas que atenazan la actividad de estos activistas, como el caso de Trujillo, región colombiana, en la que un sacerdote fue recientemente asesinado, descuartizado y arrojado al río, o una madre que vio cómo sus seis hijos eran asesinados. 

Así lo ha relatado Maritze Trigo, que se ha acogido a ese programa de Mundubat, financiado por el Ayuntamiento de Madrid. Un relato escalofriante de la situación que se vive en Colombia, donde no fructifica el último acuerdo de paz porque el actual Gobierno de Colombia, después de 60 años de conflicto armado, no lo está cumpliendo. “El acuerdo de paz ha supuesto seguridad para el poder, pero para el pueblo y los poderes populares, la muerte”.

El poder político, la corrupción de los funcionarios públicos en el país, las guerrillas, los paramilitares, la influencia del narcotráfico, la injerencia política de los Estados Unidos o el concepto capitalista de la mercantilización de los recursos naturales de los pueblos colombianos son algunos de los alicientes que han provocado esa reacción de determinados sectores mediante el activismo social, reprimido con violencia en Colombia.