El deporte femenino está de moda. En realidad lo que estamos viviendo es un momento de compromiso de muchas deportistas que se enfrentan a cuestiones como la mínima presencia femenina en los puestos de dirección de las Federaciones, la escasez de mujeres en los staff de las instituciones deportistas o la inexistencia de un mínimo marco laboral. Esto conlleva que ser madre sea para ellas una odisea –entre otras cosas, por la existencia de las llamadas claúsulas anti-embarazo en los contratos–, lo que supone una discriminación directa. En el mejor de los casos, se suele comparar con una lesión. Como si ser deportistas no fuera ser ciudadanas. Mientras esto sigue existiendo, los medios de comunicación visibilizan este esfuerzo titánico de muchas mujeres que están dando lo mejor al palmarés español. Sin embargo, si observamos más allá de la foto fija, nos encontramos con la inexistencia de convenios colectivos, con una brecha salarial que ni siquiera llega a la categoría de brecha al no existir salarios y con un paternalismo por el que ahora toca referirse al deporte femenino para cubrir cuotas.

Más allá del fondo de la cuestión, que es otorgarle categoría profesional a las ligas, debe cumplirse la Ley de Igualdad en todos sus extremos, de forma que los medios de titularidad pública apuesten por el deporte femenino por el principio de equidad y dejen de convertirlo en una excusa ante la no retransmisión de competiciones. En este sentido, el borrador del anteproyecto de Ley del Deporte, aprobado por el Consejo de Ministros a principios de febrero, trabaja en el desarrollo de la igualdad como elemento de ruptura con un sistema actual que discrimina a las mujeres. Así, pone sobre la mesa el concepto de ligas profesionalizadas, algo a lo que podrían ampararse muchos deportes colectivos que hoy están en tierra de nadie y que dejan los derechos al albur de la capacidad de negociar de una jugadora y no del colectivo.

Es urgente, y una inequívoca realidad, que se reconozca que las mujeres deportistas también merecen tener una liga profesional y que, más allá de las características de sus clubes, deben ser también patronales con las que negociar sus derechos colectivos –horarios, salarios, vacaciones, conciliación o derechos de imagen–. Dejemos de sorprendernos cuando una deportista sale a la palestra para poner sobre la mesa la discriminación que vive como profesional del deporte. Debemos hablar y reivindicar un espacio de no discriminación –que las mujeres tengan las mismas reglas de juego que sus colegas masculinos–  en un terreno de juego como el deportivo, que cuenta con un lastre acumulado de años de segregación.

Para ello se deben romper las barreras que están cómodamente situadas porque a muchos les convenía que las deportistas no crecieran como profesionales. Y es que sigue siendo difícil entender que en el mismo ámbito laboral, ellas vean sus derechos recortados en pleno siglo XXI. Es algo que como juristas y mujeres no podemos aceptar. Ello al margen del tema económico, pues sabemos que el deporte en este país tiene muchas y muy diferentes vías de financiación de calado público.  

El deporte no puede ocultar por más tiempo esta discriminación porque si una mujer ejerce una determinada profesión tiene derecho a tener una relación contractual. Lo cierto es que detrás de la segregación lo que podemos observar es que existe es una cuota de poder que no se quiere soltar. En este punto, las preguntas serían muchas y variadas: si las mujeres ocuparan el espacio en las federaciones, ¿se mantendrían muchos de los dirigentes actuales? ¿Por qué se reitera tanto eso de que no hay tantas mujeres preparadas en el deporte para estar en los espacios de representatividad? ¿Por qué en las quinielas no hay fútbol femenino? ¿En qué argumento jurídico se basa esto? ¿Por qué una televisión pública duda en retransmitir un evento femenino de igual nivel competitivo y no el masculino? 

Así podríamos seguir, pero ya en la época que estamos las mujeres deportistas deben reivindicar su papel y hacerlo desde la igualdad y no desde el paternalismo ni la complacencia. Toca romper con el marco normativo vigente, la Ley del Deporte de 1990, que es tan poco eficaz como presa de una época pasada. Las mujeres en el deporte son trabajadoras que merecen tener convenios colectivos y derechos laborales reconocidos.