La violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo se manifiesta en una amplia gama de supuestos, entre los que ocupan un lugar cada vez más sobresaliente los casos de acoso. #Metoo ha tenido mucho que ver en ello, porque, por una parte, nos ha permitido conocer historias de vidas de mujeres pertenecientes al mundo del cine, de la fama y de la televisión que han relatado con tristeza un recuerdo que no terminan de olvidar y que ha marcado sus vidas personales y sus carreras profesionales para siempre, pero, por otra, nos ha causado una gran desazón al hacernos caer en la cuenta de todos aquellos casos en los que víctimas desconocidas, grises y sin oropeles, ni siquiera se han atrevido a denunciar.

El foco se ha puesto en estos días encima de la Universidad, en las modalidades de acoso que se pueden generar en su seno, los mecanismos previstos para atajarlos, así como la respuesta institucional ante lo que no dejan de ser episodios violentos que reflejan la existencia de situaciones objetivas de subordinación entre quien tiene que examinarse y quien le examina, quien está realizando una tesis doctoral y quien se la dirige, o quien se encarga del mantenimiento de un laboratorio y quien lo organiza, cuando esa misma situación de subordinación es aprovechada en beneficio personal, con la amenaza expresa o implícita de la consabida represalia.

Si se dejan a un lado las características de los casos concretos, es incuestionable la responsabilidad que tiene la propia Universidad, obligada a garantizar que las personas que estudian, trabajan o simplemente entran en contacto en su seno, lo hagan sin cortapisas, garantizándoles ex ante el ejercicio de su libertad, lo que le evitará tener que improvisar soluciones de compromiso para sortear situaciones concretas, con todos los riesgos inherentes a la propia improvisación. Para ello debe aprobar los protocolos de actuación que ofrezcan seguridad jurídica, encaucen los procedimientos para aclarar las denuncias que se interpongan e impongan, en su caso, las sanciones correspondientes.

El respeto a la presunción de inocencia del agresor es el principio básico de cualquier procedimiento que pueda terminar con la imposición de una sanción, pero también debería serlo el respeto a la veracidad del testimonio de la víctima de manera que no se caiga en la tentación de criminalizar a quienes presentan las denuncias por el mero hecho de hacerlo, porque cuando eso ocurre, se corre el riesgo de caer en el mismo comportamiento sexista que se está denunciando y que pasa por calificar a las denunciantes como mentirosas compulsivas por el mero hecho de haberse atrevido a contar lo sucedido.

De las distintas modalidades de acoso que podemos imaginar, el sexista es el más difícil de definir. Ello es así porque si bien es amplio el rechazo que cosechan los supuestos de agresiones sexuales, de abusos sexuales, incluso de acoso sexual, porque en todos ellos se visibiliza una clara lesión de la libertad sexual de las víctimas cuando se ven involucradas sin su consentimiento en situaciones de contenido sexual, el sexista es mucho más etéreo. En este sentido, la Ley Orgánica de Igualdad lo define desde 2007 como cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Esta pluralidad de resultados que puede provocar esta clase de acoso permite todavía graduar dentro del mismo grupo de acoso sexista, modalidades como el acoso intimidatorio o el chantajista, más graves que el acoso que solo genera un entorno ofensivo.

Pero si la definición es compleja, todavía lo es más la tarea de catalogar como acoso sexista unos hechos de la vida diaria, en la que botones hay para muestras.

El cruce de los datos relativos a la repetición de hechos, esquemas y estrategias, así como la constatación del sexo femenino de las personas involucradas en distintos episodios, constituyen un potente indicio de la presencia de sexismo constitutivo de acoso cuando se hace prevaliéndose de aquella situación de subordinación que se establecen en muchas relaciones diarias. 

De repetirse siempre el esquema, estaremos presenciando un supuesto de acoso sexista, en el que toman cuerpo los patrones machistas de comportamiento en virtud de los cuales se reproduce el histórico discurso masculino sobre el uso del cuerpo de una hembra como objeto de placer sexual para el hombre, despersonalizando a todas las mujeres.

Por eso el acoso sexista es una modalidad de violencia de género.

Y finalmente conocimos la letra de la Sentencia del Tribunal Supremo 344/2019, de 4 de julio, sobre los hechos que tuvieron lugar en Pamplona la noche de San Fermín de 2016.

Se trata de una sentencia que está construida intencionadamente con retales de otras anteriores, como si fuera un caro pantalón de marca recién comprado lleno de descosidos, hasta el punto de presentarse en algunas de sus partes de forma deshilachada. Semejante labor de corte y confección jurídica viene a poner de manifiesto la voluntad del Tribunal de presentar su resolución en el marco natural de sus pronunciamientos anteriores, transmitiendo una imagen de confianza en el Estado de Derecho, que lucha contra el fenómeno criminal de la violencia sexual que se ceba de forma desproporcionada con las mujeres y con las niñas, tal como se señala en el Convenio de Estambul, interesadamente traído a colación por el Supremo.

El cambio principal se ciñe a la valoración de los elementos que acompañaron a los actos de contenido sexual; el resto de los importantes cambios que se condensan en la Sentencia se producen -como si de un juego de naipes se tratara- por la caída del rey de oros de la baraja de los delitos sexuales: el prevalimiento, que muta ahora en intimidación.

En efecto, los cinco sevillanos son condenados como autores de un delito continuado de violación, a las penas de prisión de 15 años, y a las accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como al alejamiento de la víctima durante 20 años y a una medida de seguridad postpenitenciaria de libertad vigilada por tiempo de 8 años. El ex-guardia civil también ha sido condenado a una pena de prisión de 2 años por el robo del teléfono móvil. Además, en el fallo el Tribunal Supremo mantiene “el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida”, por lo que queda pendiente todavía que la Audiencia Provincial de Navarra dicte una sentencia en la que valore el atentado contra la intimidad sufrido por la víctima por la grabación y difusión de las imágenes. No, no ha acabado todavía la pesadilla del caso de 'la manada', aunque ahora es de suponer que la defensa no recurrirá a su cansino argumento del consentimiento de la víctima, porque ya ha dejado sentado el Tribunal Supremo que no lo ha habido: ni para los actos de contenido sexual, ni para el atentado patrimonial, ni tampoco para el atentado a la intimidad.

Quince años de prisión es una pena muy elevada, que se corresponde no obstante con unos hechos muy graves que no están descritos con toda la solidez que se merecen en la Sentencia de la Audiencia, que optó por no incluir en el apartado de “hechos probados” todos los hechos que tuvieron lugar en aquel habitáculo; y por esto era necesario leer en la fundamentación jurídica hechos como, por ejemplo, que la víctima estaba “acorralada” por dos de los hombres, “agazapada” y “gritando”, de “dolor”. Omitiendo estos hechos de los hechos probados, la sentencia de instancia rebajaba la intensidad del relato de unos hechos que parece que se pactaron después de acordar el fallo condenatorio por abuso sexual. Esto es lo que puede haber determinado también que la gravedad de esos hechos haya pasado desapercibida para un sector de la sociedad y de la doctrina que se limitaron a leer aquellos desagradables hechos probados en forma diagonal, perdiendo así toda la intensidad que ahora ha sabido captar el Tribunal Supremo que califica como “inexplicable” la no inclusión de todos los hechos dentro de los hechos probados. Atinadamente se afirma en la sentencia finalmente que el grito es una “actitud que sin duda es contraria al supuesto consentimiento de la víctima”, ni válido ni inválido: es plasmación del ambiente de intimidación impuesto interesadamente por los agresores. No se trata solo de que la víctima no dijera que no, es que el silencio es también una forma de comunicación: en ese contexto, con esa “sordidez” y “crudeza” el silencio de la víctima “solo se puede interpretar como una negativa”.

La nueva calificación jurídica determina que la sentencia se detenga en el análisis de cuestiones que hasta ahora no habían llegado más allá del voto particular de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 20 de marzo. Así, la deducción de la intimidación ambiental de las circunstancias de tiempo, de lugar, la disparidad de fuerza existente entre los cinco agresores y la víctima, la diferencia de edad, de peso y de corpulencia física, viene a cerrar finalmente un debate encendido al que se han enfrentado un total de trece magistrados, de los que uno vio jolgorio, cinco vieron prevalimiento y siete vieron violación. Es más, el Supremo entiende que esa intimidación tuvo un carácter particularmente degradante y vejatorio, motivo por el cual agrava la pena. También la agrava por la actuación conjunta, lo que dio lugar a una violación múltiple sobre la que se han dejado hilos sueltos, deshilachados, por la negativa del tribunal a entrar a analizar la continuidad delictiva. Con todo, parece que se insiste en una configuración falocéntrica del delito de violación, en el que se sigue identificando un acto principal -el de contenido sexual- y otros secundarios -la violencia o la intimidación-, cuando tanto uno como otro actos determinan la lesión del bien jurídico libertad sexual, ponen en peligro la propia vida de la víctima y son manifestación de las situaciones de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Vistas las afirmaciones que lleva a cabo el Tribunal sobre la concurrencia de la intimidación y sobre la calificación de estos hechos como violación, podemos plantearnos si tiene o no sentido la reforma del Código penal que estaba en marcha al final de la anterior legislatura. Porque, en efecto, la condena por violación múltiple del Tribunal Supremo ha venido a darle la razón a aquel sector que entendía que esa reforma no es necesaria.

No les falta la razón, sin duda alguna: desde un principio, la Audiencia de Navarra debió calificar los hechos como violación. Sin embargo, ha sido necesario que intervinieran sucesivamente la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo: tres años para concluir que la víctima sufrió una violación múltiple, durante los cuales es de suponer que le tiene que haber sido complicado concentrarse para estudiar, aprobar sus exámenes, salir sola a la calle, y no volver la cabeza o llevar el móvil en la mano cuando lo hace; no se sabe si, en definitiva, se le habrá quitado el miedo de su cuerpo de mujer de 21 años. Cuando leemos la carta que ha hecho llegar a un programa de televisión, reconociendo que “tras casi tres años este proceso por fin se ha terminado. Ha sido largo, intenso, y sobre todo agotador. Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después”, podemos ser conscientes de que su tortura comenzó cuando salió de comisaría de denunciar la violación múltiple. Esa revictimización ha sido apreciada por el Tribunal Supremo para elevar la cuantía de la responsabilidad civil de 50.000 euros por el estrés postraumático que apreció la Audiencia, a otros 50.000 por daño moral.

No obstante, la cuestión que ahora se suscita no es ya reconocer que la revictimización es una realidad que se puede monetarizar en el ámbito de la responsabilidad civil, sino si penalmente puede ser amortiguada, porque, en efecto, todo esto se hubiera evitado si el Código penal suavizara la diferenciación que hoy potencia entre las agresiones y abusos sexuales, aunque para ello fuera conveniente llevar a cabo una reducción de las penas que en abstracto tienen establecidas.

Porque la cuestión preocupante no es que a los condenados se le impongan más o menos años de prisión y de vigilancia postpenitenciaria, sino que el tiempo que estén en la prisión no estén pensando en las mujeres como muñecas hinchables o balones de fútbol.

Y en ese campo de juego, Instituciones penitenciarias tiene que ganarles una partida difícil porque son espejo de una modalidad de sexo masculino violento que vence y destruye a las mujeres.

Recupera el timón de tu vida, hermana.

El comunicado emitido esta mañana por el Tribunal Supremo unánimemente en torno a la calificación jurídica y el fallo de la sentencia sobre los hechos que tuvieron lugar la noche de San Fermín de 2016 ha venido a serenar el debate jurídico en torno a los delitos contra la libertad sexual: en aquel cuarto oloroso a sudor y a semen hubo una violación ejecutada de forma especialmente degradante por parte de los cinco sujetos; la denunciante, una joven madrileña de 18 años que había acudido a Pamplona a divertirse, sufrió en un breve intervalo de tiempo once penetraciones vaginales, anales y bucales, al margen ya de los innumerables actos de tocamiento sexual de los que fue objeto entre una y otra. Cuando se acabó el “jolgorio”, los cinco jóvenes siguieron de fiesta hasta el amanecer, para empalmar su faena con el encierro, con la ayuda de San Fermín. Ella acabó sin móvil, sin ropa y sola en ese cutre portal donde no pasó precisamente un sueño, sino una verdadera pesadilla.

La lectura del comunicado nos hace esperar ya con mucho interés la sentencia completa, en la que se nos explique, por ejemplo, qué ha pasado con el delito contra la intimidad de la víctima, que entre la sentencia de instancia, la del Tribunal Superior de Justicia y el comunicado del Tribunal Supremo se nos ha perdido por el camino. Interesantes tienen que ser las reflexiones que sin duda se realizarán sobre la agresión sexual colectiva, en la medida en que al haber sido calificados los hechos hasta este momento como meros abusos sexuales, y al ser esa modalidad de agresión un mero subtipo agravado de las agresiones y no de los abusos sexuales, no ha sido analizada más que por el voto particular de la Sentencia de la Audiencia –y no con mucho acierto–.

El Tribunal Supremo afirma que probablemente la condena podía haber sido mayor si además de considerarles a cada uno de ellos autor de un delito continuado de agresión sexual agravada por las penetraciones propias, se les hubiese acusado por la participación de cada uno de ellos en las penetraciones del resto. Pero las acusaciones no habían explorado este camino.

YouTube nos ha permitido esta mañana presenciar la vista oral. El Ministerio Fiscal abrió el turno de palabra de las acusaciones, que han ido acumulando argumentos sucesivamente para fundamentar la condena por agresión, no por abuso sexual. Así, no solo se han presenciado argumentos sólidos sobre los que sostener la existencia de una intimidación ambiental, sino que también se han vertido interesantes razonamientos (aunque probablemente demasiado tarde) sobre la existencia de violencia, que alternativamente a la intimidación, dan forma a los delitos de agresión sexual en nuestro Código penal.

Llegado el turno de la defensa, el abogado de los cinco condenados ha vuelto a insistir en la misma línea que ha venido esgrimiendo ante la Audiencia Provincial, ante el Tribunal Superior de Justicia y ante los medios de comunicación: la contaminación de las pruebas de cargo y la falta de imparcialidad de los juzgadores como resultado de un juicio mediático paralelo. Debe resaltarse en este punto que fue el propio abogado defensor quien desde un principio puso en marcha una campaña de acoso y derribo de la víctima en los medios de comunicación, con constantes apariciones en las que amplió el objeto de su ira, que dejó de focalizar en ella, para centrarse en todas las personas que salieron a la calle para protestar contra las sentencias de instancia, a las que calificó de “histéricas”. No dudo de que con carácter general esta línea de defensa puede ser fructífera, ahora bien denunciar un fenómeno puesto en marcha interesadamente por la propia defensa, que tiró la piedra y escondió la mano, es una técnica infantilizada que deja ver la falta de argumentos jurídicos de peso.

Pero junto a este “argumento”, hemos vuelto a escuchar en boca de la defensa que la única responsable de todo lo que pasó en aquel portal fue la denunciante, que disfrutó y jaleó las embestidas, y que por timidez o por ser una pánfila, omitió decir “no”, a unos hombres que por definición van por la vida contabilizando -como si fueran trofeos- el número de mujeres  con las que mantienen relaciones sexuales, cueste lo que cueste.

En el fondo, en la base de esa línea de defensa se transparenta un contexto en el que las relaciones sexuales no son igualitarias, porque los hombres como los de esta 'manada', ejercen un sexo violento que solo termina de ser satisfactorio cuando sus “victorias” se pornifican y se amplifican en las redes sociales; en ese universo, la mujer aparece como un objeto sexual, que carece de autonomía y que no tiene otra salida que la de rendirse ante los atributos sexuales masculinos.

Con cautela, por tanto, solo queda manifestar un gran interés por la lectura de una sentencia que nos va a permitir reflexionar sobre la necesidad de que se deje de criminalizar a las mujeres que llevan tanga, beben alcohol o están solas por la noche en ciudades desconocidas.

Y necesitamos un Código penal que disminuya en lo posible la revictimización sufrida por la víctima de la violación que tuvo lugar la noche de San Fermín de 2016.

Mujeres libres queremos ser.