A finales de enero, el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó una estrategia de protección a la maternidad y la paternidad y de fomento de la natalidad y de la conciliación. El plan cuenta con 80 medidas ya en marcha o que prometen desarrollar durante los próximos cinco años. Entre ellas también se incluyen propuestas relacionadas con la reproducción asistida en la sanidad pública. El objetivo, según Isabel Díaz Ayuso, es “hacer frente al reto demográfico”. 

Por un lado, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el límite para que las mujeres accedan a la reproducción asistida pública se incrementará gradualmente hasta los 45 años. Esta medida es muy novedosa y, si se acaba implementando, convertirá a la región en la autonomía con la barrera de edad más alta. Hoy en día, según una investigación publicada por Civio, la regla estatal sitúa en 40 años la edad máxima para someterse a estos tratamientos.

No obstante, este límite estatal es un requisito mínimo, es decir, si los gobiernos autonómicos desean ampliar la oferta de servicios públicos, como ha prometido el madrileño, pueden hacerlo, ya que está dentro de sus competencias y lo costearían con sus propios presupuestos. 

Eso sí, hasta ahora, la Comunidad de Madrid era una de las pocas regiones –junto con Galicia y País Vasco– que optaba por racanear en cuestiones de edad. La regla estatal especifica que la mujer no podía haber cumplido los 40 años “en el momento del inicio del estudio”. Por ello, la interpretación lógica sugiere que este comienzo coincide con la primera cita de la paciente.

Sin embargo, según explican desde el Hospital 12 de Octubre, si una mujer que viva en Madrid cumple los 40 años entre ciclo y ciclo, en la actualidad se interrumpe el tratamiento. Es decir, en la región se interpreta hoy la norma estatal de forma muy estricta, lo que expulsa a muchas personas del sistema público. Y de momento no está claro cómo se aplicará el nuevo criterio de edad de los 45 años ni a partir de cuándo se introducirá oficialmente. 

Por otro lado, el plan señala que “el número de intentos completos pasa de 3 a 4 por mujer”. Aunque el documento no lo detalla, esta cifra se refiere al número de ciclos máximos que se ofrecen de fecundación in vitro (FIV). A nivel estatal, el tope de intentos de inseminación artificial es de seis ciclos con semen de donante y de cuatro con semen de pareja, mientras que el de FIV es de tres.

Aquí la Comunidad de Madrid no es pionera, de acuerdo con los datos obtenidos por Civio, en el marco de una investigación de la red europea de periodismo de datos (EDJNet). El Gobierno de La Rioja ya ofrece cuatro intentos para los ciclos de fecundación in vitro, mientras que otras comunidades asumen los mínimos estatales y otras los incumplen en algunos casos, como ocurre en Andalucía, Asturias, Baleares o Cataluña. 

De cualquier modo, la medida anunciada en Madrid puede considerarse como positiva pues ofrece más posibilidades en lo público para una técnica especialmente cara, que no está al alcance de cualquiera: cada tratamiento por lo privado de FIV puede alcanzar los 5.000 euros. 

Aumentar el número de intentos también puede ser lógico al incrementar la edad de acceso, lo que no está exento de dificultades. Y es que, según datos publicados desde el Hospital 12 de Octubre, las posibilidades de tener éxito en la fecundación in vitro se reducen con el paso del tiempo: pasan de un 40-50% a los 35 años a tan solo un 5-10% a los 40 años de edad. 

Por otra parte, el incremento de la oferta pública, a la que también podrán acceder mujeres que ya tienen un hijo en la Comunidad de Madrid, puede venir acompañado de una mayor demanda, lo que puede saturar todavía más un sistema muy debilitado. De acuerdo con una información difundida por El País en 2019, los hospitales madrileños tenían listas de espera para las unidades de reproducción asistida de entre dos y cuatro años. 

Dentro de la estrategia madrileña, el llamado Plan de Fertilidad en Red promete establecer una lista de espera común y garantizar la libre elección de hospital. Además, el documento también recoge que la demora media en pacientes con prioridad normal sea de 60 días. Sin embargo, estos objetivos resultan difícilmente alcanzables teniendo en cuenta la situación de partida, la necesidad de aumentar el número de profesionales y de invertir en más recursos. 

El doctor Carlos Calhaz-Jorge, presidente de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), también advertía de ello en una entrevista con Civio. Haciéndose eco de la situación en su país de origen, destacaba la necesidad de que hubiera más apoyo público y financiación. “Tenemos los recursos muy limitados”, coincidía la doctora Irene Cuevas, coordinadora del Registro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).  

Por último, la estrategia presentada por el Gobierno de Díaz Ayuso también incluye varias medidas sobre los bancos donde se pueden congelar óvulos y embriones para su conservación. Así, el plan contempla la reactivación del Banco Madrileño de Ovocitos, ubicado en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Además, también prevé la potenciación del Banco de Embriones de la Comunidad de Madrid, garantizando la custodia de embriones sin límite de tiempo. 

Sin embargo, el documento no se refiere en ningún momento a un banco público de semen. Este detalle no es menor puesto que hoy en día, en la Comunidad de Madrid, quienes necesiten esperma donado deben pagárselo de su bolsillo, algo que también ocurre en La Rioja. Sin embargo, el resto de comunidades autónomas sí cubren ese gasto como parte del tratamiento, aunque lo adquieran a laboratorios externos. Con las promesas anunciadas en la Comunidad de Madrid, de momento, el copago de estas muestras se mantiene. 

María Álvarez del Vayo, Eva Belmonte, Ángel Bernardo, Carmen Torrecillas, Olalla Tuñas y Miguel Ángel Gavilanes han participado en este análisis publicado originalmente en Medicamentalia, de CIVIO.

A 30 de junio de 2020, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos contaba con 777 eventuales, personal contratado a dedo, normalmente asesores. Transcurrido el mismo tiempo desde la investidura de su presidente (174 días), el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, integrado solo por socialistas, tenía cien menos, 677. El de Rajoy, 565. Todas estas cifras siempre según la lista de nombres que Función Pública ha entregado a Civio al amparo de la Ley de Transparencia, aunque hemos constatado que faltan algunos nombres.

Sea como fuere, según estos datos, solo 543 de los 777 eventuales en activo fueron fichados durante las presidencias de Sánchez. Es decir, 234 personas que trabajan como asesores para el actual Gobierno fueron contratadas, sin estar obligados a superar una oposición y para puestos de carácter puntual, en las épocas de Aznar, Zapatero o Rajoy. La mayoría permanecen hasta hoy en sus puestos de trabajo. Esto es, tres de cada diez empleados es personal no tan eventual.

Al margen de estos ‘supervivientes’, la ampliación de carteras, la renovación de algunos ministros socialistas y la entrada de Unidas Podemos supuso una ligera renovación de los equipos de asesores respecto al Gobierno anterior, integrado en exclusiva por el PSOE. Si tenemos en cuenta solo los llegados tras la última investidura, el pasado 8 de enero, 207 de los 777 asesores en activo se han estrenado como personal eventual del Gobierno. Entre ellos, destacan los candidatos que no consiguieron escaño en las últimas generales, como los socialistas María José Villalba Chavarría, cabeza de lista por Teruel al Senado; Soraya Mata Martínez, número 4 por Almería, donde el PSOE consiguió dos diputados; o José Antonio Hidalgo, décimo de la candidatura de Susana Díaz por Sevilla en las últimas autonómicas, donde ganaron seis representantes. Pero también de Podemos, como Jorge Uxó, economista y cabeza de lista por Ciudad Real. Uxó es el director de gabinete de Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos. O Ángela Rodríguez Martínez, segunda por Pontevedra, y María Teresa Arévalo, primera por Toledo, que tampoco revalidaron su escaño.

Otro exdiputado reconvertido a asesor es Juan Antonio Delgado Ramos. Este guardia civil en servicios especiales, que fue de número 2 de Unidas Podemos por Cádiz, donde solo obtuvieron un escaño, fichó en marzo por la Dirección General de Tráfico (DGT). Aunque la DGT depende de la subsecretaría de Interior, para Función Pública figura como asesor del gabinete del secretario de Estado de Seguridad. Al igual que Eliseo Rafael López, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la UCM, que fue candidato del PSOE en varias elecciones municipales.

En Presidencia del Gobierno coinciden como asesores varios excandidatos, exalcaldes y exdiputados regionales socialistas. Como Sergio Bueno Illescas, exalcalde de Santa Fé (Granada) y actual jefe de gabinete de José Antonio Montilla, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Ambos provienen del PSOE de Granada. A diferencia de Bueno, Ana Milagros Cuevas no fue elegida alcaldesa socialista de Minaya (Albacete). Periodista de formación, pasó por la consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha antes de recalar en el departamento de información autonómica de Presidencia del Gobierno. Y Presentación López Piñero, exdiputada de la Asamblea de Murcia que arrancó su militancia en las Juventudes Socialistas de su región, trabaja también para Moncloa.

También de la sección juvenil vienen Raquel Barahona, secretaria de organización de las Juventudes Socialistas de Madrid, e Iván Abad Sáez, del distrito de Latina de la capital. Los dos formaron parte de la candidatura de Ángel Gabilondo en las pasadas autonómicas madrileñas. Por su parte, Barahona trabaja en el departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental dirigido por Francisco Martín Aguirre, exdirector de Administración y Finanzas del partido y secretario de la Fundación Pablo Iglesias, del PSOE. Antes de entrar en Moncloa, fue asesora del grupo socialista en el Congreso. Como ella, Sarah Soulami, politóloga y también del PSM, que fue asistente de los senadores socialistas antes de aterrizar en el Ministerio de Sanidad.

Unidas Podemos y el Ministerio de Traballo

Los de Iglesias también han incorporado a su cuota de ministerios personal del partido, como Juanma del Olmo, Carlos Gil Cuevas, Guillen Carroza Armendariz y Manuel Levin o asesoras de prensa del grupo parlamentario, como Clara Alonso Jiménez y Ángela Cartegena Gimeno. Aquellos con denominación de origen Izquierda Unida trabajan para el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Eva García Sempere, María Vanessa Angustia o Carmen Olalla Domínguez son algunos ejemplos. Los ex de IU también tienen un hueco como asesores en el nuevo Gobierno, aunque no con Garzón: Ramón Luque Porrino, que dejó el partido al apostar por la confluencia con los morados, es asesor en el gabinete de Pablo Iglesias; y Reyes Montiel, desvinculada de IU desde 2010, y una de las fundadoras de Equo, trabaja hoy en Moncloa, en la Unidad de Políticas Macroeconómicas y Financieras.

De todos los ministerios de Unidas Podemos, el de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, bien podría cambiar su nombre a Ministerio de Traballo. Y es que de los once asesores del gabinete, ocho proceden de Galicia: cuatro son periodistas (María Xosé López, Fran P. Lorenzo, Virgina Uzal y Estela Pazos); dos estudiaron Ciencias Políticas (Mariña Sánchez y Xaime Subiela; también hay una abogada (Elena Cardozo) y un economista (Manuel Lago). El gabinete de Díaz cuenta además con tres personas de fuera de Galicia (Héctor Morán, Bruno Estrada y Aurora Rodríguez). La mayoría de sus asesores ha estado vinculada a Podemos desde hace años. Y dos miembros de su gabinete, Estrada y Lago, trabajaron en Comisiones Obreras. El segundo lo hizo con el padre de la ministra, Suso Díaz, un histórico del sindicato en Galicia, antes de dedicarse a la política, primero a nivel autonómico y luego como asesor en Madrid.

Si la gallega Díaz ha fichado en su tierra, el ministro José Luis Escrivá lo ha hecho en en Torrelodones. Elena Biurrun, su jefa de gabinete –conocemos que lo es pero se trata de uno de los nombres que, pese a ello, no figura en la lista que nos envió Función Pública y que muestra que hay errores en sus datos–, y Ángel Guirao, su director de comunicación, son la exalcaldesa y el exconcejal de comunicación del municipio madrileño. Pese a su perfil de independiente, el responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuenta en su equipo con Erika Torregrossa, abogada que fue en las listas del PSC al Senado en 2015. Además, por el departamento de Escrivá ha pasado una de las asesoras más fugaces de esta legislatura: Irune Aguirrezabal, cesada como directora general de Migraciones casi tres meses después de su nombramiento, fue nombrada a continuación asesora del ministro. Permaneció 11 días en el nuevo puesto.

Pero el grueso de los asesores actuales vienen del anterior Gobierno de Sánchez, cuando estaba controlado en exclusiva por el partido socialista. En buena parte de sus ministerios había entonces –y hoy, también– personas vinculadas al PSOE, de las que ya hablamos en marzo del año pasado. Es el caso de Koldo García Izaguirre y Patricia Úriz de Uriarte, asesores en activo en el Ministerio de Transportes, matrimonio –según El Confidencial– y miembros del Partido Socialista de Navarra (PSN). Ábalos, a la semana de su nombramiento, fichó como asesor en su gabinete a García Izaguirre, quien estuvo presente en dos polémicas del ministro: una gresca con un policía nacional en un pub de Mérida y el encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Aeropuerto de Barajas, cuando ésta tenía prohibida la entrada en territorio europeo; y a Úriz de Uriarte, un mes y medio después, como ayudante de secretaría. Lazos de partido y también personales. Carolina Perles, mujer de Ábalos quien, según varios medios y agencias, como Servimedia (aquí y aquí), es asesora en la delegación del Gobierno de Madrid, primero, con José Manuel Rodríguez Uribes, actual ministro de Cultura y Deportes y, después, con José Manuel Franco. Pero no aparece entre la lista que el Ejecutivo entregó a Civio. Al cierre de esta información no hemos obtenido respuesta de la Delegación de Gobierno en Madrid acerca del fichaje de Carolina Perles ni sobre las tareas que realiza.

Los hombres y mujeres del presidente

La política no es la única vía para conseguir un puesto como personal eventual. La comunicación o el periodismo también han sido la casilla de salida para los asesores de presidencia en muchos de los casos, tanto con Rajoy como con Sánchez. Clara Alonso, la actual directora de comunicación del Ministerio de Igualdad, estuvo más de seis años trabajando en Izquierda Unida. O Franca Velasco, actual directora de comunicación de la delegación de gobierno en Castilla y León, que después de llevar Relaciones Externas en el Ayuntamiento de Valladolid -gobernada por el PSOE-, fue directora de comunicación en el Ayuntamiento de Móstoles, siendo cesada por el caso de Noelia Possé.

Pero estas situaciones no son exclusivas del Gobierno de coalición. Y es que, antes de la entrada del actual Ejecutivo, al menos 20 eventuales de Presidencia habían estudiado periodismo o comunicación, sobresaliendo esta carrera sobre otras como derecho o ciencias políticas entre este tipo de personal. Con Rajoy, por ejemplo, trabajó Álvaro de la Cruz Tomás, que antes había estado dos años en la vicesecretaría general de comunicación del Partido Popular. O David Martín, que comenzó las prácticas universitarias como community manager del PP y dio el salto a presidencia llevando las redes sociales. También el director de fotografía de Presidencia del Gobierno hasta el cambio de gobierno, Diego Crespo, que ocupó el puesto de fotógrafo del PP antes de entrar como eventual.

Y es que los lazos con el partido llegan a durar años. Si no, que se lo digan a José Sánchez Arce, actual director adjunto del gabinete del presidente del Partido Popular, según su Linkedin. Licenciado en periodismo, allá por el 2010, José ya era asesor en el gabinete de la secretaría general del partido. Tras un breve paso por el Gobierno de Castilla-La Mancha, se incorporó como eventual en Presidencia del Gobierno donde estaría cinco años. De ahí, al Ministerio de Defensa, también como eventual hasta la salida de Rajoy. Alguna empresa del IBEX de por medio y vuelta a la casilla de salida: calle Génova, 13.

Los eventuales de los expresidentes

Todos los Gobiernos utilizan la figura del personal eventual para fichar a personal externo a la administración. Pero también los expresidentes tienen asesores utilizando esta figura. En la actualidad hay seis en activo (dos para Zapatero, dos para Aznar y dos para Rajoy), aunque desde 2010, fecha a partir de la que tenemos datos, han pasado por ese puesto 12 personas. El listado no detalla para qué expresidente trabaja cada uno de ellos, pero su fecha de nombramiento y sus relaciones con el partido nos dan algunas pistas.

Así, sabemos que José Luís Rodríguez Zapatero cuenta con su primo, José Miguel Vidal Zapatero, que ya fue asesor con él cuando estaba en el Gobierno. Y que Catalina Asunción Satrústegi, hija de condes, lo hace para Mariano Rajoy.

José María Aznar tuvo como asesor a Pablo Casado, actual presidente del partido, entre 2009 y 2011. Le sustituyó Germán Alcayde, también venido de Nuevas Generaciones y amigo de Casado, que estuvo en el puesto hasta 2015. Y luego llegó Amalia Agero, que venía de FAES y que sigue en el cargo. El otro puesto también se ocupó con una persona vinculada a FAES, Alejandra Losada. De hecho, ambas han aparecido como secretarias de la presidencia de la fundación. La sustituta de Losada, que cesó el pasado mes de marzo, es patrona de FAES: Mira Milosevic.

Todos los Gobiernos coinciden también en ocultar quiénes son esos asesores. Algunos nombres sí son conocidos, pero porque ocupan un cargo destacado, como jefes de gabinete, por ejemplo, o porque ellos mismos han decidido contarlo. Pero sigue habiendo un grueso de nombres que permanece oculto y que se pretende mantener así, llegando a recurrir a los tribunales para evitar que esa información se haga pública.

Sanidad: sin nuevos fichajes por el coronavirus

El equipo de eventuales del ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha sufrido cambios desde que se decretó el estado de alarma por la crisis de la Covid-19 el pasado 14 de marzo. De hecho, el último fichaje es del 12 de marzo: una ayudante de secretaría que ya estuvo en Defensa con Carme Chacón, en los últimos años de Zapatero. De las 12 personas en activo, solo una es médica; el resto, son personal de prensa, administrativas o consejeras con formación en derecho, en ciencias políticas o en historia del arte. Como es habitual, algunas tienen vínculos con el Partido Socialista. Civio ha preguntado a Sanidad sobre la contratación de asesores especializados para la gestión de la crisis del coronavirus, sin recibir respuesta al cierre de este artículo.

Por otra parte, Cani Fernández Vicién comenzó como asesora del gabinete de Pedro Sánchez el 2 de marzo de 2020. Tres meses después, esta jurista fue la elegida del Gobierno para presidir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En el CV publicado por el superregulador se da muestra de su amplia experiencia en el ámbito de la competencia, aunque suprime que fue socia del despacho de abogados Cuatrecasas.

Nota: Civio ha colaborado en el pasado con el Ayuntamiento de Torrelodones, también el periodo como alcaldesa de Elena Biurrun; y con Reyes Montiel. Ambas aparecen en este artículo. Estas colaboraciones no han afectado a la redacción de esta información.

En verano de 2018 tocaba renovar la cocina de la Base Aérea de Zaragoza. En total, gastaron 49.000 euros en suministros. Por esa cantidad, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) obliga a abrir concurso público para que las empresas presenten ofertas. Pero los responsables decidieron tomar un atajo: despedazaron sus necesidades en pequeños contratos, lo suficiente como para poder contratar a dedo cada uno de ellos. El 16 de agosto adjudicaron dos de ellos, uno por dos hornos y otro por el equipo frigorífico.

Menos de dos meses después, el 10 de octubre, adjudicaron los otros cuatro: uno para el armario, otro para el lavavajillas, otro para comprar la mesa de la cocina y otro para el termo. Todos ellos eran de menos de 15.000 euros, contratos menores, lo que significa que podían adjudicarlos sin concurso y casi sin publicidad ni controles. No sería sospechoso si hubieran comprado a firmas especializadas en cada uno de esos electrodomésticos. Pero todos los contratos menores, los seis, fueron a parar a la misma empresa: Zasel SL.

La ley siempre ha sido clara: está prohibido trocear contratos grandes para pasarlos por menores y así señalar con el dedo, sin muchos más miramientos, a la empresa ganadora. Pim pam. Evitando todo lo que implica un concurso (transparencia en el proceso, todas las firmas del ramo pueden presentarse, reglas claras para elegir al ganador…). Tras la última reforma, el texto es mucho más exigente: prohibido firmar más de un contrato con la misma empresa si, sumados, superan los límites de los menores. Esto es: una vez se ha llegado a ese umbral (de 15.000 euros para suministros y servicios y de 40.000 para obras, sin IVA, como todas las cifras de este artículo) no se podría volver a contratar a la misma firma.

Las mil y una formas de entender el 118.3

El artículo 118.3 de la ley, leído de forma literal, establece que no se puede contratar a la misma empresa si se superan, sumadas varias adjudicaciones, los umbrales de los contratos menores. Y ya. Pero los diferentes organismos responsables de aplicarla y vigilarla han establecido criterios para acotar su interpretación y para responder a las preguntas que generó el texto: ¿Nunca más se puede contratar a esa empresa, hasta el infinito? ¿Ni siquiera para otra cosa totalmente distinta?

El objetivo de la norma es evitar fraccionamientos, pero algunas de esas interpretaciones son más estrictas que otras. En cuanto a la duración del veto: todos los organismos consultados lo marcan en el ejercicio presupuestario, esto es, dentro del mismo año natural, que es el criterio que usamos para este artículo. A excepción de la Junta Consultiva estatal, que asegura que el margen es de un año.

Pero las grandes diferencias radican en qué cosas se pueden volver a contratar con la misma empresa y qué cosas no. Las juntas consultivas de Euskadi, Aragón y Madrid apuestan por la aplicación más estricta: no se puede volver a contratar al mismo empresario vía contrato menor (ojo, se le puede contratar por las vías habituales sin problemas) si se superan los umbrales en cualquiera de las tres categorías: suministros, servicios y obras. Esto es: da igual lo que se contrate, el tope se aplica a la categoría. Las juntas de Galicia y Cataluña son más laxas y vetan solo si se trata del mismo objeto.

Y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) permite volver a contratar con el mismo empresario si no se rompe la “unidad funcional”, esto es, que cada contrato menor tenga sentido por sí solo de forma independiente. Para este texto hemos agrupado todos los contratos que superan los umbrales por cada categoría, como en las interpretaciones más estrictas, porque todos ellos, como mínimo, son revisables (tienen que justificar en su expediente que no son fraccionamientos). Pero nos hemos centrado, para los ejemplos, en los casos más burdos, los que creemos que no pasarían el filtro de ninguno de estos criterios, ni siquiera de los más laxos.

La interpretación del artículo 118 de la Ley de Contratos depende mucho de los ojos que lo lean, y de su laxitud a la hora de aplicar las normas, pero los fraccionamientos para convertir un contrato mayor en varios contratos menores eran ilegales antes y lo siguen siendo ahora. Y esta es una de las formas clásicas de corrupción.

Para las Juntas Consultivas de Euskadi, Aragón y Madrid, por ejemplo, no hay duda: no se puede volver a adjudicar a dedo en el mismo año a un mismo empresario en cada una de las tres categorías (servicios, suministros y obras) si se ha alcanzado el límite del contrato menor. En total, de enero a julio de 2019, esto es, en solo siete meses, más de 6.500 contratos menores (más de un 5%) de los publicados en la Plataforma de Contratos del Sector Público (de entidades estatales, autonómicas y locales de todo el país) incumplen esta interpretación. Son 1.879 contratos de suministros, 3.793 de servicios y 856 de obras (metodología). Y suman más de 53 millones de euros.

¿Todos ellos son ilegales? Si leemos de forma literal lo que dice la ley, sí. Pero las interpretaciones más laxas del artículo de la discordia pueden librar a algunos de ellos de la quema. Por ejemplo, justificando que no se trata de un fraccionamiento, sino que son contratos destinados a cosas muy distintas y que darlos por separado no significa que se esté troceando uno grande para esquivar la ley. En todo caso, esta justificación debe estar incluida en el expediente, que casi nunca se publica. Otros muchos son un fraccionamiento ilegal clarísimo, se mire por dónde se mire, se disimule o ni siquiera se intente esconder.

13 contratos menores a la misma empresa el mismo día

Vayamos a lo más burdo. Empezando por varios contratos menores de la misma administración a la misma empresa y, ojo, el mismo día, que además superan los límites. El día feliz de la relación entre la Base Aérea de Albacete y la empresa Suministros de Albacete SA fue el 3 de diciembre, cuando firmaron 13 contratos de suministros, que suman 83.000 euros, muy por encima del umbral de 15.000 en esta categoría. Al día siguiente cayeron otros dos y, una semana después, el día 11, otros cinco.

En total, entre agosto y diciembre de 2018, la Base Aérea de Albacete adjudicó a esta empresa 37 contratos para la compra de materiales por un total de unos 270.000 euros. Ni uno, ni dos. 37. Y todos repartidos, en tandas, los mismos días.

Mas ejemplos, esta vez en el Ayuntamiento de Ames (A Coruña). Pagaron a un empresario, Javier Polo Durán, 16.500 euros para celebrar un espectáculo en el pueblo. ¿Cómo lo hicieron, si el límite para dar ese contrato a dedo es de 15.000? Le adjudicaron, el mismo día, dos menores: uno para la actuación (13.223,14€) y otro para el alquiler del equipo técnico (3.305,79). Y arreglado.

Pero hay más fiestas populares partidas a cachitos para esquivar la ley, como las novilladas de 2018 en Arnedo (La Rioja). Cuando se monta un evento así, el empresario pone los novillos titulares y, como obliga la norma, novillos de reserva, los sobreros. El 28 de septiembre el Ayuntamiento adjudicó a Azaba Gestión dos contratos: uno por la novillada titular, al borde del menor (14.798€) y otro por los dos sobreros (otros 3.800€). No es la única vez que fraccionó el contrato en dos para adjudicarlo el mismo día y a la misma empresa. Dos días después hizo lo mismo, pero esta vez para adjudicar a José Escobar Gil el contrato troceado (titulares por un lado y sobreros por otro). Y también superando, juntos, el límite del contrato menor.

En total, según los datos publicados en el Plataforma de Contratación del Sector Público, entre agosto de 2018 y julio de 2019 (¿por qué utilizamos esas fechas?) se firmaron unos 2.900 contratos, entre obras, servicios y suministros, que no solo superan el límite de los menores con una misma empresa sino que además se firmaron, en pack, el mismo día.

Todos estos ejemplos son de suministros o servicios, con el umbral en 15.000 euros, pero en obras, con el de 40.000, también se dan casos llamativos. En solo los primeros siete meses de 2019, las administraciones españolas que publican en la Plataforma de Contratos del Sector Público firmaron 7.240 contratos menores de obras. Casi el 12%, un total de 856, incumplen a priori la norma: sobrepasan los 40.000 euros cuando se suman a otros de la misma empresa. Suman 21 millones de euros.

Casi dos de esos millones llevan un mismo remite: la Diputación Provincial de Ourense, la administración pública con más en su haber, 55 contratos. Y buena parte de estos contratos se dieron, sin disimulos, el mismo día.

15 de esos contratos fueron a Construcciones y Almacenes Manuel Viso. En total, esa empresa recibió, en siete meses, más de 595.000 euros de la Diputación, todos para arreglos de caminos y carreteras. Para defender su legalidad, alguien podría argumentar que se trata de objetos distintos: uno por cada trocito de camino o carretera. Pero otras administraciones contratan estos arreglos en bloque vía concurso abierto -a veces con lotes por cada zona- y, lo más importante, en este caso se dieron todos a la misma empresa.

Y hay más razones para la sospecha. Cinco de ellos, por ejemplo, se adjudicaron el mismo día, el 2 de abril de 2019. Aunque cada uno va destinado a arreglar un tramo de carretera distinto, todos se adjudicaron por cantidades que van entre los 39.500 euros y los 39.973, bien al borde. Podemos pensar bien: las obras costaban casi lo mismo porque las casualidades tan rotundas sí existen; o pensar mal: es un fraccionamiento claro (porque se podrían haber licitado juntos) o, como mínimo, se ajustó el precio justo por debajo del umbral para poder dar cinco contratos a dedo a la misma empresa el mismo día.

Otros 15 contratos fueron a Camiños de Ourense. Siete fueron el mismo día, su día de suerte, el uno de febrero de 2019. Ambas empresas, tanto Manuel Viso como Camiños de Ourense, aparecen en las denuncias al presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, por financiación ilegal.

Esta administración pública cuenta, además, con una cifra favorita. De los 55 contratos de 2019 que incumplen la norma, 31 se adjudicaron por 39.669,42 euros, ni un céntimo más ni uno menos.

Deme 14.999,99 euros en harina

La Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo es la entidad pública encargada de gestionar las cafeterías y economatos de las cárceles españolas, además de la formación y talleres. Es la entidad que lidera la lista de posibles troceos de suministros. Y es, además, una especialista en adjudicar contratos menores como quien va al supermercado con un solo billete de cinco euros y hasta que le llegue. O como quien gasta 50 euros en gasolina, así, medido en euros. Pero lo hace para muchas otras cosas y siempre por debajo de los umbrales para adjudicar los contratos a dedo.

El día 4 de septiembre de 2018 compró a Campotrigal harina de panadería para el Centro Penitenciario de Valencia por valor, ni más ni menos, que de 14.999 euros. Ahí, bordeando el límite. No sabemos cuántos kilos recibió por ese precio, pero sí que poco más de un mes después, el 8 de octubre, volvió a comprar harina para panadería a la misma empresa y por la misma cantidad. Y lo volvió a hacer tres días después, el 11.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) señala, en su instrucción sobre los fraccionamientos, que “no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios”. Parece que lo de necesitar harina para panadería no es un gasto extraordinario que les pille por sorpresa.

El de la harina no es un caso único. Esta entidad firmó dos contratos de 14.999 euros cada uno a la misma empresa (IES Marítimo) para comprar helados para los internos del Centro Penitenciario de Valencia: uno para los presos en preventiva y otro para los que ya cumplen condena, porque se ve que comen helados distintos pero, eso sí, cuestan exactamente lo mismo. Lo hizo el mismo día, sin disimulos. En otras ocasiones el apaño de los suministros pasa por separar lo que se compra para un solo fin en diferentes productos. Un ejemplo: el Centro Penitenciario de Segovia necesitaba ingredientes para su taller de panadería. En lugar de comprar todo lo necesario junto y abrir concurso, le dieron en un solo día a Carballes Distribuciones cuatro contratos de 14.999 euros, a cachitos: la levadura y la sal en uno, los huevos y el azúcar en otro…

Y no solo lo dulce. Tácticas similares son que las que usan en la compra de patatas, frutas, embutidos… Y esta entidad pública no solo destaca en suministros. Entre diciembre de 2018 y julio de 2019, en cosa de siete meses, adjudicaron siete contratos a Informática El Corte Inglés para lo mismo: reparaciones de urgencia del sistema de ventas de los economatos en distintos centros penitenciarios. Y sí, cinco de ellos son de 14.999 euros.

Todos esos ejemplos están al límite del umbral. De hecho, de los 370 contratos menores que Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo firmó en un año, 249 son de 14.999 y 20, hilando aún más fino, de 14.999,99 (consulta todos sus contratos, aquí). Y eso cuando, de hecho, saben hacerlo bien: aquí un concurso abierto, por lotes, para adquirir suministros de pan para varios centros penitenciarios. Parece ser que sí se puede.

Artículo publicado originalmente en Civio.

Entre 2018 y la primera mitad de 2019, el Ayuntamiento de Madrid inspeccionó más de 9.000 establecimientos alimentarios de la capital. Uno de cada cuatro suspendió. Para evaluar el estado higiénico-sanitario de bares, supermercados, centros educativos o escuelas infantiles los inspectores tienen en cuenta factores como la falta de limpieza, plagas, el empleo de agua no apta para el consumo o errores en la conservación de alimentos, entre otros. Si detectan varias deficiencias, el resultado será desfavorable y el local deberá subsanarlas.

Además, si las infracciones suponen un serio peligro para la salud pública, se enfrentan a expedientes sancionadores y, llegado el caso, a una suspensión de la actividad. Esta última “se adopta de manera excepcional al existir indicios racionales de riesgo para la salud o seguridad colectiva”, explican desde Madrid Salud. Pese a estos resultados, el organismo público solo propuso 1.355 sanciones en 2018 y decretó 182 suspensiones de la actividad. “Las diferencias pueden deberse, entre otros factores, a que ante los incumplimientos pueden adoptarse otros tipos de medidas, por ejemplo el requerimiento para la corrección de incumplimientos, la retirada de la venta, la inmovilización cautelar, la retirada temporal del manipulador de alimentos, el reetiquetado del producto o la destrucción voluntaria u obligatoria de los productos”, argumentan.

Consulta los resultados de las inspecciones sanitarias en miles de locales de Madrid

Datos de la última inspección realizada en 2018 y/o la primera mitad de 2019

Civio ha tenido acceso por primera vez a los resultados de más de 13.700 inspecciones realizadas por Madrid Salud. Corresponden al último control sanitario que consta de cada establecimiento visitado en 2018, por un lado, y en los seis primeros meses de 2019, por otro. Estos datos no detallan las infracciones detectadas, solo el resultado final. La explicación del responsable de la seguridad alimentaria en Madrid es técnica: el sistema no permite exportar esa información. Pero, al menos, su protocolo de inspección -los puntos que revisan- permite hacerse una idea.

Cada incumplimiento de la normativa sanitaria tiene un valor. Por ejemplo, usar alimentos caducados supone seis puntos; que el personal no se lave las manos después de ir al baño o la falta de formación en manipulación de alimentos, cuatro; las plagas, cinco. La clasificación del estado higiénico-sanitario de un local depende de la suma de estos puntos, que puede ser favorable, favorable condicionado o desfavorable. Será desfavorable cuando acumulen 10 o más. Las deficiencias que no tienen repercusión en la seguridad de los productos, como no conservar algunas comidas testigo –una muestra de los platos elaborados para que, llegado el caso, sean analizados en un laboratorio–, se quedan en un toque de atención.

En Arganzuela fallaron seis de cada diez

El organismo público Madrid Salud y las juntas municipales de distrito son quienes organizan y ejecutan los controles. El mayor número de locales inspeccionados en este periodo se encuentra en el distrito de Villaverde. Aunque quien sacó peores resultados fue Arganzuela: el estado higiénico fue desfavorable en el 63% de los últimos controles sanitarios. Algunos (21), además, suspendieron dos veces, tanto en 2018 como en 2019. Algunos de estos reincidentes, como las cafeterías Autoservicio y La Estación, el bar El Punto y el Rodilla, se concentran en la Estación Sur de autobuses de Méndez Álvaro.

Resultados por distritos

Cafeterías, bares y restaurantes se desmarcan, con diferencia, del resto de establecimientos revisados por seguridad alimentaria. Más de 3.900 en este periodo. Casi dos tercios superaron sin problemas su última inspección, pero más de 1.200, no.

“Etiquetar a un local de forma general como desfavorable, presuponiéndole un riesgo para la seguridad alimentaria de los clientes, es una irresponsabilidad”, critica Patricia Estanheiro Mota, responsable de Calidad y seguridad Alimentaria de Hostelería Madrid. Desde Madrid Salud responden que “son categorías basadas en denominaciones ampliamente aceptadas en los ámbitos del control oficial de los alimentos y de la salud Pública”.

Si nos centramos en los 690 negocios de restauración que fueron inspeccionados tanto en 2019 como en 2018, 155 son reincidentes: obtuvieron un resultado desfavorable –tuvieron varias deficiencias– en ambos ejercicios. “Si durante una inspección la administración detecta algún aspecto que suponga un riesgo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, no te quepa duda de que tomará las medidas oportunas para su subsanación”, explican desde la patronal hostelera. Solo en 2018, Madrid Salud emitió más de 6.000 requerimientos para que se solventaran los defectos detectados.

Estanheiro reconoce la cualificación de los inspectores de Madrid Salud y señala que “se hace difícil con los medios disponibles inspeccionar la totalidad de los locales”. Según el censo de establecimientos de restauración colectiva y comercio minorista de alimentación ubicados en la ciudad de Madrid, la cifra a finales del año pasado ascendía a 42.169. Las frecuencias de cada inspección oscilan entre una cada cuatro años, la situación más normal, y propias de centros con un riesgo bajo para la seguridad; y las dos visitas al año, comunes en centros dirigidos a colectivos de especial protección, como guarderías y centros de mayores, o con un histórico de inspecciones desfavorables.

Por su parte, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) denuncia que entre 2012 y 2016, en toda España, los números y frecuencias de inspección fueron a la baja. En Madrid, los controles a la hostelería y comedores de centros educativos pasaron de 10.178 en 2017 a 8.711 en 2018. La OCU subraya además que los incumplimientos han aumentado con el paso de los años. Esta asociación pidió al Ministerio de Sanidad que modificase la legislación para hacer públicos los resultados de las inspecciones en toda España.

Para Estanheiro, esto beneficiaría a la hostelería, pero carga contra el papel de la televisión. “Para crear entretenimiento, buscan locales que lo hacen mal”, critica. “Lo que necesita saber el consumidor es que se realizan controles sanitarios y que la administración realiza un buen trabajo con los medios que tiene”, zanja.

Esta información sí es pública en otros países

La transparencia de las inspecciones en España está aún lejos de países como Dinamarca o Francia, o de ciudades como Nueva York, una de las pioneras. Además, allí es obligatorio que los establecimientos exhiban sus resultados en el propio local.

Otro ejemplo de buena práctica es el de Reino Unido. La Food Standars Agency, su órgano de seguridad alimentaria, recoge los resultados de todas las inspecciones, aunque sean responsabilidad de los municipios. Además, como solo publica un número del 0 al 5, anima a los consumidores a enviar una petición de información para conocer los detalles de las actas de inspección.

En 2016 la periodista Neus Vidal publicó en El País los datos de los restaurantes de Barcelona. Los consiguió mediante su Ley de Transparencia. Eso sí, ante la reserva inicial de la administración necesitó el apoyo de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), el consejo de transparencia catalán.

En el caso de Madrid, han sido necesarias tres solicitudes de información desde 2017, esperar a la renovación de su programa de gestión de expedientes, una reclamación ante el Consejo de Transparencia, una reunión con Madrid Salud y evitar una restricción arbitraria de los datos –con amenaza de multa– impuesta por este organismo. Y entretanto, el cierre de su sede tras un brote por el que enfermaron 60 trabajadores.

Pese a las trabas burocráticas y técnicas, los últimos cambios en los sistemas de gestión de expedientes del Ayuntamiento de Madrid están orientados a publicar esta información, según Madrid Salud, desde donde adelantan que están trabajando en mejorar el sistema, incluyendo por ejemplo un mecanismo que permita a las empresas presentar sus observaciones antes de hacer pública la información. Lo que va en línea con la normativa europea, que recomienda abrir estos datos a la ciudadanía. Pero, ¿estamos preparados como consumidores para conocer esta información, según el propio organismo público? “Todo cambio exige un período progresivo de adaptación”.

Artículo publicado originalmente en Civio

Una mujer embarazada paseaba junto a su marido por Barcelona cuando dos hombres decidieron increparle y agredirle. ¿El motivo? La mujer vestía un niqab, velo que usan algunas mujeres musulmanas y que solo deja ver los ojos. Ambos agresores fueron sentenciados a un año de cárcel cada uno por un delito de “discriminación por origen nacional y religioso” en 2017. Aunque pueda parecer un hecho aislado, 3 de cada 10 de mujeres de origen magrebí que visten niqab o velo y que residen en España reconocieron sentirse acosadas durante el mismo año que ocurrieron estos hechos en Barcelona. Muchas situaciones de acoso son delito, pero, ¿se denuncian siempre?

La publicación del informe del Ministerio de Interior sobre los delitos motivados por odio cometidos durante 2017 hizo saltar las alarmas. De un año para otro, las denuncias por este tipo de delito pasaban de 1.272 a 1.419. Y, aunque es cierto que existe un aumento de casos registrados, la realidad es mucho más compleja. No podemos saber si este aumento se debe a que se cometen más delitos o hay más concienciación y, por tanto, denuncia. De hecho, el inspector Carlos Morán, de la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio de Interior, opina que desde el ministerio están “sacando a la luz muchos delitos que quizás antes no se denunciaban”.

Desde el 2013, el primer año que se publicaron estas estadísticas, los números han ido variando. “En los últimos cinco años hemos pasado de tener unos datos que a lo mejor no eran del todo completos, a unos datos que ahora se entienden muy completos”, cuenta el inspector. En este proceso, ha habido un cambio de metodología importante en relación a la recogida de denuncias de delitos de odio por diversidad funcional y se ha ofrecido información más detallada de dónde se cometieron los hechos en los últimos años, por ejemplo. La comparación o análisis de la evolución de estos delitos en varios años se vuelve difícil con estos cambios de metodología en las estadísticas.

De hecho, en el último informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia (ECRI) sobre España se hacía alusión a los datos oficiales de forma crítica: “Las estadísticas de la policía sobre los delitos motivados por el odio se caracterizan por la notificación insuficiente y por las incoherencias con las estadísticas judiciales. Así pues, no proporcionan una visión realista del alcance de este tipo de delitos y no pueden utilizarse totalmente para mejorar su investigación”.

En Inglaterra y Gales, en 2017 y 2018, se registraron más de 71.000 delitos de odio solo por racismo. “Tener muchos delitos de odio recogidos es un indicador de que por lo que sea se está haciendo algo y el sistema los está detectando. Cuando un sistema te da muy pocos, algo falla”, explica Pablo López, de la Agencia de la Unión Europea de los derechos fundamentales (FRA). El inspector Morán reconoce que Reino Unido es el ejemplo a seguir y explica la importancia de tener un buen sistema de recogida: “Cuantos más datos tengamos sobre los hechos, más fácil será su prevención y también la reacción a los mismos”.

Lo que no recogen las estadísticas

Los expertos consultados aseguran que el número de casos es mucho mayor al que conocemos. “Ahora van apareciendo más delitos de odio, pero los datos aún siguen siendo bajos por la infradenuncia que existe sobre todo en los colectivos más vulnerables”, cuenta Gonzalo Santos, responsable del área de Gestión de la Diversidad y Empresa de la ONG Red Acoge. No podemos conocer la cifra de delitos de odio que se cometen y no se denuncian, pero podemos hacernos una idea a través de las encuestas realizadas directamente a esos colectivos. Por ejemplo, de los ciudadanos de origen magrebí que viven en España y que habían sufrido algún tipo de acoso por racismo entre 2011 y 2016, un 98% no denunció el último incidente ante la polícia o alguna organización. Los que sí lo hicieron entrarían dentro del número de denuncias de delitos de odio por motivación racista o xenófoba que publica el ministerio, y que registró 524 casos en 2017. La gran mayoría de incidentes, que no se denunciaron, según la encuesta, no están reflejados en esa cifra.

Y aunque cada persona tiene unas circustancias y no podemos saber porqué no dan el paso a denunciar, conocemos los motivos que más se repiten. Según la FRA, las víctimas sienten miedo o vergüenza, no conocen sus derechos, creen que el proceso judicial es costoso y largo, y desconfían de la policía. Santos señala dos más: muchas de las víctimas tienen una situación irregular en el país y denunciando se arriesgan a ser deportadas; otras no son conscientes de que están siendo discriminadas, y si son conscientes piensan que es “el precio a pagar por estar en un país distinto al de origen”.

Tanto la policía como las organizaciones que trabajan directamente con estos colectivos son clave para terminar con esta infradenuncia y formar a las víctimas en sus derechos. “Eso es lo que estamos trabajando, estar cerca de las víctimas, tener más relación con las organizaciones civiles, ofrecer mayor confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad para que vengan a denunciar y sacar a la luz todos esos delitos”, afirma el inspector Morán. Hay policías locales, sin embargo, que van un paso más allá en este esfuerzo. Es el caso de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la ciudad de Madrid, formada por 30 agentes y dedicada exclusivamente a tratar con este tipo de delitos.

Esta unidad, emplazada en el centro de la ciudad, tiene una sala de espera con un sofá y decenas de carteles a favor de la diversidad colocados en las paredes o sobre la mesa. La sala principal no se parece en nada a las comisarías normales: es espaciosa, tranquila y trabajan policías no uniformados. “Ver a un policía con el uniforme puede ser otra barrera, explica la agente Carolina. Además, afirma que esto puede ocurrir porque en muchos países de origen y en determinadas situaciones, históricamente la policía ha sido parte responsable de la vulneración de derechos. Allí asesoran y acompañan a cualquier persona que pueda haber sufrido un delito de odio y le dan la opción de denunciar, o no hacerlo. En cualquiera caso, la unidad lleva, junto con las oenegés, un registro de hechos motivados por el odio recogidos a través de las redes sociales, de la prensa o de personas que no dan el paso a la denuncia. El objetivo último es tener información para conseguir prevenir los delitos de odio.

Sin embargo, ellos mismos reconocen sus limitaciones. Una de las principales es la infradenuncia de personas en situación administrativa irregular. “Venga documentado o indocumentado le vamos a recoger la denuncia. Pero no podemos asegurar que en todo el proceso alguien no abra algún procedimiento por la situación administrativa de la persona”, explica Víctor, agente en la unidad. Asegura, además, que esta preocupación se la trasladan también desde las organizaciones. “Con la experiencia que has tenido previa con la policía, no piensas que sea precisamente la que te va a ayudar o a la que ir a denunciar. Te acercas más bien a una organización. Estas organizaciones te van a dar una realidad que para ti como policía, como institución pública, puede estar oculta”, explica López, de la FRA.

La Fundación Secretariado Gitano, por ejemplo, tiene 30 técnicas en diferentes ciudades dedicadas a atender y asesorar víctimas de discriminación y delitos de odio. “Tenemos un protocolo común donde hay posible mediación, conciliación, denuncia e incluso se puede llegar a litigio en casos graves”, explica Javier Sáez, del departamento de igualdad y lucha contra la discriminación de la fundación. Con todas las víctimas que llegan a ellos, estas organizaciones crean sus propias estadísticas. Solo en la fundación, en los tres años que llevan recogiendo estos datos, han pasado de 150 incidentes por discriminación por ser gitano a casi trescientos. “No es un muestreo estadístico ni es una encuesta de verdad. Es simplemente lo que nos llega. No creo que haya aumentado porque haya más actos o incidentes, sino porque ha habido mucha más red de recogida de datos”, explica Sáez.

De hecho, acercase a estas organizaciones es una de las promesas del nuevo Plan de Acción en la lucha contra los Delitos de Odio puesto en marcha este año por el Ministro Marlaska, que ya las ha incluido en la elaboración del mismo.

Los obstáculos del sistema

Las dificultades para identificar, registrar y perseguir los delitos de odio no vienen solo por la infradenuncia, aunque este sea el mayor de los problemas. Incluso cuando se da el paso a la denuncia, no siempre estos incidentes racistas, antisemitas o contra el colectivo LGTBI son procesados como delitos de odio. Los cuerpos de seguridad son el primer filtro para esta clasificación correcta. “Tú puedes simplemente investigar el delito de odio como un homicidio normal, incluso penarlo como un homicidio normal, pero eso no basta porque entonces pasa desapercibido todo ese componente de mensaje que tiene un delito de odio”, explica López.

Pero, ¿cómo distingen los cuerpos de seguridad entre un delito con componente de odio y cualquier otro tipo de delito? Para hacer esta identificación de forma correcta los cuerpos de seguridad se basan en una serie de factores, conocidos como índices de polarización. Tienen que tener en cuenta, entre muchos otros, dónde se cometió el delito (cerca de un lugar de culto, por ejemplo), si el agresor o agresora pertenece a un grupo extremista, o si la fecha en la que se comete es especial para la víctima o el agresor (20 de abril, fecha de nacimiento de Hitler; o el Ramadán). Otro de los principales indicadores es la gratuicidad de la agresión, “o sea, que no haya habido una problemática anterior entre la víctima y el agresor”, explica el agente Víctor.

La última memoria publicada por la Fiscalía General del Estado reconoce la mejora en la identificación de estos delitos, pero también asegura que todavía se tramitan como delitos leves, cuando deberían incluirse en un rango superior por tener un agravante de motivación por odio: “La creación de los llamados delitos de odio con la finalidad de tutelar los derechos fundamentales de los colectivos que sufren algún tipo de discriminación social exige investigar con rigor los indicadores de odio y adecuar el reproche penal a los mismos”, explica el documento.

Y aunque el objetivo en la lucha contra los delitos de odio parece estar claro, la interpretación judicial de los mismos no lo está. El pasado mes de mayo, la propia Fiscalía General del Estado intentaba arrojar luz sobre los límites y la aplicación de este tipo de delito a nivel jurídico a través de una circular. La sorpresa llegó con la afirmación de que la incitación al odio contra el colectivo de ideología nazi también era constitutivo de delito de odio bajo el artículo 510 del Código Penal. Sobre esto, Enara Garro, profesora de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco y coautora del libro Delitos de odio: derecho comparado y regulación española, opina lo siguiente: “Si se extiende la protección reforzada de los delitos de odio a colectivos no vulnerables o desfavorecidos, indirectamente se estará trivializando la auténtica criminalidad de odio, poniéndola al mismo nivel de otras realidades menos trascendentes”.

El artículo 510 recoge los delitos que fomenten, promuevan o inciten de forma directa o indirecta al odio contra un grupo o una persona por motivos racistas, antisemitas, de identidad sexual o de discapacidad, entre otros. “La delimitación legal de grupos protegidos suele ser explicable conforme a una lógica histórica y sociológica, es decir, suele tratarse de grupos que han sufrido tradicionalmente la discriminación, la hostilidad y en el peor de los casos, la persecución y la violencia. Este es un aspecto crucial para diferenciar los ‘auténticos’ delitos de odio de otras realidades”, explica Garro. Junto con el 510, el artículo 22.4 del Código Penal también aplica como circustancia agravante cuando un delito tiene un componente de odio contra estos grupos. Sin embargo, este agravante se ha aplicado, por ejemplo, en sentencias como la de Alsasua, por tener un componente de odio hacia la Guardia Civil, pese a no ser un colectivo incluido como aquellos que necesitan especial protección.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Civio. Puedes leer el original aquí.publicado originalmente en Civioaquí