El auge de las macrogranjas que ha multiplicado la producción de cerdo en España ha hecho que el país incumpla desde hace más de diez años el límite de emisiones a la atmósfera de amoniaco. El año pasado, a pesar de entrar en vigor un nuevo techo, más permisivo, las emisiones de este contaminante crecieron respecto a 2019 y rebasaron, otra vez, el umbral máximo comprometido.

En 2020 España lanzó al aire 483 kilotoneladas de amoniaco, según el último Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera culminado al cierre de 2021. Fueron 12 kilotoneladas más que el año anterior y una cifra que está por encima del tope marcado por la directiva europea de reducción de emisiones nacionales situado en 467kt.

Estos datos sobre el incumplimiento sostenido de España llegan mientras el PP hace de la producción cárnica el ariete de su precampaña electoral en Castilla y León, al aprovechar la tergiversación de unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las diferencias entre la ganadería intensiva de macrogranjas y la extensiva.

Los presidentes autonómicos del PSOE, Javier Lambán (Aragón) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) han cargado también duramente contra Garzón. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, señaló que el ministro Garzón había hablado a “título personal”. Ni siquiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha auxiliado al responsable de Consumo de su gabinete: se limitó a “lamentar la polémica” –y las declaraciones de Garzón– durante una entrevista este lunes en la Cadena SER.

Tendencia contraria

Sánchez destacó la labor de su Ejecutivo para regular la actividad de las macrogranjas. Sin embargo, lejos de reducir las emisiones como exige la normativa, España incrementó en el último año del que existen datos el amoniaco que liberó con sus sectores ganadero y agrícola. En un curso se comió toda la pequeña reducción de cuatro kilotoneladas que había conseguido acumular desde 2017. Entre 2010 y 2019, la normativa europea marcaba un tope de emisión de 373 kilotoneladas. Jamás se cumplió. El Gobierno español reiteraba durante varios ejercicios que consideraba injusto este valor: “Desde el año 2017 se solicitó un ajuste de las emisiones de amoniaco para evaluar el cumplimiento adecuadamente, pero fue rechazado por la Comisión Europea”, repetían los documentos gubernamentales.

Para 2020 entraron en vigor unos nuevos cálculos que, a la postre, marcan un techo mucho más alto. Desde ese año hasta 2029 bastará con que las emisiones anuales de amoniaco sean un 3% menores que las de 2005 (elegido como año de referencia). Ese ejercicio se lanzaron 482 kt, por lo que el umbral quedaba fijado en 467 kt. Pero tampoco ha valido para que el sector contenga la contaminación por debajo del compromiso nacional. En lugar de recortar ese 3% preceptivo ha superado en un 0,2% la marca de 2005, y en un 11% los valores de 2010.

Un informe del Ministerio de Transición Ecológica explica que de estas emisiones “el 96,7% fueron generadas por las actividades agrícolas y ganaderas”. También que “desde 2013 se observa un paulatino aumento de las emisiones, vinculado al incremento de la cabaña ganadera y un repunte en el uso de fertilizantes”. En 2020 también aumentó el uso de agroquímicos inorgánicos, añade.

Solo las macrogranjas de porcino son responsables del 8,16% del total de las emisiones de amoniacos de todo el país, con 39.477 toneladas. Son unos 3.000 establecimientos de las más de 88.000 explotaciones de porcino del país.

Este nivel de emisión de tóxico es uno de los peajes ambientales que ha conllevado la escalada de producción porcina en España a base de granjas de sistema intensivo cada vez más grandes. En los años de incumplimiento de los techos de amoniaco, el censo de la cabaña de cerdos ha saltado de 25 a 32 millones de animales, un 28% más. Los ejemplares sacrificados pasaron de 40,8 millones en 2010 a 56,4 millones el año pasado (un 38% más). Todo eso ha permitido alcanzar una producción de más de 5 millones de toneladas de carne de cerdo en 2020 en comparación con los 3,3 millones de toneladas de hace diez años (un 52% más).

En España, solo en 2020, había registradas más de 2.100 explotaciones de tipo III de porcino, las más grandes, según los datos del Ministerio de Agricultura. Un 50% más que en 2007. Cada una puede tener hasta 5.500 ejemplares de cebo y 750 hembras reproductoras. E incluso pueden aumentar en un 20% su capacidad con un permiso autonómico.

En febrero de 2020 el Gobierno aprobó un decreto para regular las explotaciones intensivas de porcino. La regulación redactada por el Ministerio de Agricultura incluía medidas para la reducción de emisiones tanto en las instalaciones donde se albergan los animales como los depósitos de estiércol. El decreto explica que los requisitos en esta materia entrarán en vigor en enero de 2023.  

Información elaborada con la colaboración de Datadista

La ganadería intensiva que ha multiplicado la producción de carne de cerdo en España ha supuesto el avance imparable del modelo de macrogranjas mientras el país incumplía sostenidamente la normativa europea sobre contaminación del aire y del agua proveniente de los desechos agroganaderos.

En España hay unas 3.000 grandes explotaciones intensivas de porcino. El término macrogranja no existe de manera oficial. Se aplica a las granjas de gran tamaño que acumulan miles de cerdos en sus instalaciones. La normativa obliga a las grandes explotaciones a reportar sus emisiones de metano en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Transición Ecológica (PRTR), como explica esta investigación de Datadista publicada en elDiario.es. Y allí aparecen todas esas explotaciones, que sumaron 99 millones de kilos de metano liberados al aire en 2020.

Así que, mientras la producción de carne porcina crecía a gran velocidad y se creaban estas explotaciones, España no consiguió cumplir con los límites de emisiones a la atmósfera de amoniaco comprometidos con la Unión Europea durante toda la década en la que han estado en vigor, desde 2010 a 2019.  

Macrogranjas de porcino activas en 2020

Macrogranjas de porcino

Mataderos especializado en porcino

Zonas vulnerables a nitratos

El tamaño del círculo de cada

granja es proporcional a sus

emisiones de metano en 2019. La

de

Castilléjar de la Cuesta

(Granada), la más contaminante de

España, emitió 590 toneladas

Mapa de DATADISTA elaborado con datos de IGN, MITECO y PRTR

Macrogranjas de porcino activas en 2020

Macrogranjas de porcino

Mataderos especializado en porcino

Zonas vulnerables a nitratos

El tamaño del círculo de cada

granja es proporcional a sus

emisiones de metano en 2019. La

de

Castilléjar de la Cuesta

(Granada), la más contaminante de

España, emitió 590 toneladas

Mapa de DATADISTA elaborado con datos de IGN, MITECO y PRTR

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Entre 2007 y 2020 los sacrificios de cerdos crecieron un 36%. De 41 millones de animales se pasó a 56 millones sacrificados. Se saltó de producir 3,4 millones de toneladas de carne porcina a 5,02 millones, según los indicadores del Ministerio de Agricultura. Al mismo tiempo, desde 2010 a 2019 se ha emitido una media del 27% por encima del techo establecido para el amoniaco que estaba en 353 kilotoneladas al año. ¿La fuente de este salto? “El incremento de la cabaña ganadera y el uso de fertilizantes orgánicos (estiércol) e inorgánicos”, según el Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera del Gobierno.

Tras estos diez años, los países de la UE han retocado la normativa. Los techos de emisiones se han convertido en mucho menos rigurosos: para España, bastará con estar en 473 kilotoneladas anuales de amoniaco entre 2020 y 2029, un 16% más que el anterior límite.

Las explotaciones intensivas de gran tamaño ofrecen ventajas de rentabilidad. Sus promotores defienden que ahorran en gastos de energía, personal, o costes de importación de cereal para la alimentación de animales. El argumento es que, sin estar integrados en grandes grupos, no salen las cuentas.

El modelo que se está imponiendo está reflejado en el cambio del tipo de explotaciones. Cada vez hay menos granjas, de las 99.500 que funcionaban en 2007, ahora quedan 88.400. Sin embargo, las de mayor tamaño se han incrementado un 50%: de 1.425 a 2.126. Las comunidades autónomas con más explotaciones de gran capacidad (llamadas de tipo II y III) son Aragón y Catalunya, con más de 2.800 cada una.

Ante la justicia por contaminar

La concentración de gran cantidad de cerdos en lugares concretos ha generado problemas con la gestión de los desechos orgánicos llenos de nitratos. Su filtración al medio natural, junto a los fitosanitarios de los cultivos, termina en muchas ocasiones en las aguas superficiales y los acuíferos. La dimensión del problema hizo que, en diciembre pasado, la Comisión Europea llevara a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplir la ley debido a la “deficiente” respuesta ante la contaminación de las aguas por nitratos. Antes, en octubre, una investigación publicada por elDiario.es desvelaba cómo el Gobierno de Murcia había ignorado los avisos sobre el impacto de las macrogranjas en el Mar Menor.

El Ministerio de Transición Ecológica elaboró en 2019 un listado de mil puntos en 199 masas de agua afectados –o en riesgo– por la contaminación de restos ganaderos y agrarios. El 40% de los acuíferos españoles están dañados.

La Dirección General del Agua del Ejecutivo admitía en un informe de finales de 2020 que más de la mitad de las zonas contaminadas con estos tóxicos no podrían recuperarse en el plazo legal establecido y concluía que la reducción de este tipo de filtraciones debería ser “más ambiciosa” de lo calculado previamente.

La escala del problema ambiental que supone la ganadería industrial intensiva está reconocida desde hace tiempo: el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas (PSOE) lo expresó así en un real decreto de febrero de 2020: “La producción porcina puede tener un significativo impacto, especialmente en relación con la producción de nitratos y las emisiones de amoniaco a la atmósfera”. La normativa incluía medidas que las granjas deben adoptar para evitar que los desechos acaben en el agua, racionalizar el uso de estiércol de los animales como fertilizante en los suelos y, acotar, por fin, las emisiones de gases.

Además, el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por la vicepresidenta tercera Teresa Ribera (PSOE), calculó a finales de 2020 que, de media, unas 800.000 toneladas de nitrógeno acaban en el medio ambiente (sobre todo en el agua). La industria intensiva agrícola y ganadera añaden unos 2,3 millones de toneladas a base de fertilizante y estiércol. Los cultivos y la volatización eliminan 1,5 millones. Después llegó la denuncia de la Comisión ante los tribunales.

Transición Ecológica prepara un decreto específico para proteger las aguas “contra la contaminación difusa producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias”. Su borrador admite que “se considera necesario establecer otras medidas para la dosificación y la aplicación de los estiércoles a los suelos que aseguren la protección de la salud humana y el medio ambiente”. Y añade que “la adecuada gestión de los estiércoles es crucial, siendo responsables de ello, en el ámbito de sus respectivas obligaciones, tanto los titulares de las explotaciones ganaderas como los de las explotaciones agrarias o mixtas”.

La terminal del sistema de escuchas telefónicas instalada en la Jefatura Superior de la Policía Nacional recogió la llamada del juez al gerente de Urbanismo. Ignorante de la cantidad de oídos al otro lado de la línea, el juez le decía con familiaridad que lo sentía, que se había equivocado en el procedimiento por el que había ordenado la suspensión de un programa de televisión dedicado al patrimonio del citado gerente.

El error, por la tramitación vía querella en lugar de denuncia, le había obligado a archivar y volver a iniciar el procedimiento por la vía correcta, momento aprovechado por la cadena de televisión local, regida por un policía municipal ya fallecido cuyas motivaciones nunca quedaron claras, para volver a emitir el programa en bucle.

Calma. Pronto estaría todo subsanado y el programa suspendido de nuevo. El gerente de Urbanismo no tenía motivos para arrepentirse de haber pagado el día anterior al juez, en metálico y en dos sobres diferentes, los 73.800 euros con los que dicho juez iba a sellar la señal del contrato de compraventa de una casa a la que le había echado el ojo.

Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la serie? No es The wire. Tampoco El pionero. Es la Marbella real de marzo de 2006, días antes de que los espectaculares registros simultáneos ordenados por el juez Miguel Ángel Torres sacaran a la luz la Operación Malaya contra la mafia urbanística marbellí y pusieran fin a quince años de gilismo en la ciudad malagueña. El juez pillado por casualidad en las escuchas del sistema SITEL, tal y como recogería años después la sentencia en firme del Supremo que le condenó, era Francisco Javier de Urquía, titular entonces del juzgado de instrucción número 2 de Marbella. El gerente de Urbanismo: Juan Antonio Roca, cerebro de la mafia marbellí.

Miguel Ángel Torres había ordenado las escuchas a Roca desde que, en el otoño de 2005, oyó su nombre en las conversaciones telefónicas de otra investigación, Ballena Blanca, contra el blanqueo de capitales. No abrió ni registro informático. Utilizó el número de un proceso ya archivado para esquivar los riesgos de una justicia que sabía agujereada. Empezaba la Operación Malaya.

El gilismo había convertido el Ayuntamiento de Marbella en una máquina de hacer dinero pero gracias a un motor de arranque, una primera y engrasada máquina de comprar voluntades, porque el que reparte se queda con la mejor parte. El que no pasaba por ella iba a la otra sección, la trituradora. Abogados, periodistas, jueces, ecologistas que no tragaron con el sistema imperante sufrieron persecución, amenazas, robos en sus domicilios y juzgados y campañas de persecución en el periódico local de distribución gratuita pagado con los impuestos. Y así, junto con el apoyo de la Junta de Andalucía, el Gobierno central y jueces como Pilar Ramírez, la gran archivera de las denuncias contra Gil, suspendida de ejercicio durante cuatro años por el Supremo tras demostrarse que su familia mantenía intereses inmobiliarios en Marbella, lograron quince años en los que el Estado de Derecho pareció dimitido de sus funciones.

Esa máquina de comprar voluntades, aunque estuviera en sus horas de actividad más bajas cuando finalmente se actuó contra el gilismo, quedó al descubierto gracias a dos hallazgos que nada tienen que ver con tigresas, ganaderías, arte ni helicópteros, por espectaculares que quedasen en televisión: los archivos Excel encontrados durante los registros ordenados por Torres en el despacho de Maras Asesores y los documentos manuscritos que contenía el maletín Balenciaga de piel marrón que sujetaba con fuerza Salvador Gardoquí cuando el agente de la UDYCO le dijo que se lo entregara.

Los archivos Excel eran la transcripción informática de los papeles de Gardoquí, misma estructura, mismas siglas, en los que el contable de la trama urbanística iba recogiendo de su puño y letra los ingresos procedentes de promotores inmobiliarios que le iba dictando Roca y su transformación en pagos a concejales del Ayuntamiento a cambio de su voto favorable en proyectos urbanísticos que incumplían el Plan General de Ordenación Urbana vigente. La prueba equivalente, según el propio fiscal de Malaya, Juan Carlos López Caballero, al “puto pendrive” de la Gürtel, según lo denominó Correa.

Dinero para comprar voluntades siempre hubo en Marbella. Cuando el Supremo inhabilitó en 2002 a Jesús Gil por el caso camisetas, el gilismo colocó al frente del municipio a Julián Muñoz. Este no fue, sin embargo, lo dócil que Gil y Roca esperaban. Aconsejado por su entonces pareja Isabel Pantoja, muy bien relacionada con la Junta de Andalucía y quien vio rápidamente que la firma de Muñoz estaba en todas las decisiones comprometidas (Gil se quitaba de en medio cuando había que firmar un papel), pactó con San Telmo una salida a la situación marbellí, con más de 20.000 viviendas ilegales para entonces, a cambio de poner fin a la locura que habían dejado hacía mucho entrar en metástasis.

Y la máquina de comprar voluntades volvió a ponerse en funcionamiento en forma de moción de censura para arrebatarle la alcaldía a Muñoz. Precio: 20 millones de pesetas por cabeza, les dijo Roca en un reservado del Asador Donostiarra de Madrid a los concejales firmantes, huidos durante días de Marbella a la espera del Pleno en el que se consumó el cese de Muñoz. Así lo declararon en el juicio de Malaya, apuntando como financiador de la moción al mayor propietario de suelo de Marbella, el millonario Judah Eleazar Binstock. “¿Les dio mantequita el día de la notaría cuando estuvieron encerrados solos?”, les preguntó Muñoz a los concejales en el Pleno de la moción, enrabietado al ver que lo desbancaban sin darse a tiempo cuenta de que estaba descubriendo el pastel que tan bien conocía por dentro. Entre esos concejales, IGM, según las siglas de los archivos de Maras, que corresponden a Isabel García Marcos, firmante de la moción y quien ha aparecido en el primer capítulo de El pionero completamente amnésica de su participación en la mafia marbellí, su parte en la moción contra Muñoz y su condena en Malaya por aceptar pagos de Roca procedentes del dinero de los promotores.

Playa burbuja, mucho más que Marbella

Cuando, a mediados de 2016, Antonio Delgado y yo decidimos coger la moto, incrustarle una cámara en el guardabarros delantero y recorrer el litoral mediterráneo peninsular para recoger la imagen de cómo había quedado todo tras el estallido de la burbuja, era imposible que imaginásemos la España que íbamos a conocer. Un viaje que fueron dos por todo el litoral y muchos otros para permanecer durante semanas en los lugares que sabíamos que necesitaban un conocimiento a fondo, hasta completar casi dos años de investigación y más de 15.000 kilómetros de carretera. Un viaje que derivó en el libro Playa Burbuja (Datadista, 2018).

Marbella, la zona cero, el municipio protagonista de la Operación Malaya, teórico icono de la lucha contra la corrupción, se eligió sola como una de las historias a las que debíamos dedicar tiempo y esfuerzo. Marbella, el nombre que en la mayor parte de España resuena a turismo de lujo y jet set, a borbones y familia real saudí, blancura y yates nos recibió con las heridas de una ciudad a la que dejaron quebrada y sin suelo para los mínimos equipamientos, dolida en los bolsillos por impuestos que se esfuman en el pago de las rondas que la corrupción dejó a deber, y en sombra, bajo edificios de apartamentos de más de diez plantas, elevados sobre suelo destinado a colegios, a zonas verdes, a vía pública y convertidos en un invento en altura de primera línea de playa.

Marbella le dio el cetro de alcalde por mayoría absoluta a Jesús Gil una y otra vez y eso se convirtió en argumento, tantas veces esgrimido en este país en otros casos, para justificar una gestión al margen de la legalidad. Tras un análisis de semanas de los datos de licencias ilegales concedidas en época del GIL (Grupo Independiente Liberal) llegamos a la respuesta que durante tantos años buscó Marbella. ¿Cuántas viviendas ilegales dejó el gilismo? Se dio licencia para construir al menos 38.439 viviendas ilegales. No todas se construyeron, hubo un momento a partir de 2003 que a la justicia no le quedó otra que empezar a paralizar obras, pero el daño causado a una ciudad que cuenta actualmente con 86.700 viviendas fue inmenso.

En el viaje conocimos a Inmaculada Gálvez, la abogada que mientras otros decían que no se enfrentaban a Gil decidió echarse a la espalda decenas de causas contra la mafia urbanística marbellí y asumir las consecuencias para su vida profesional y personal. A Carmen Suárez, defendida por Gálvez, que a sus 86 años sigue batallando contra el edificio de doce plantas que Gil le construyó a menos de un metro de la barandilla de la terraza de su casa de una planta, en otro tiempo frente al mar. A Santiago Torres, el juez que se enfrentó a Gil, parando por primera vez las obras de un edificio, precisamente el que hoy aún tapa las vistas de Carmen, y quien consiguió su inhabilitación definitiva por el caso camisetas. A periodistas como Antonio Rubio, que tenía que dormir lejos de Marbella mientras investigaba el caso Saqueo, la trama de facturas falsas del Ayuntamiento marbellí.

Olvidar su lucha y la de otros muchos héroes anónimos que encontramos en nuestro camino por el litoral y cuyas historias recogemos en Playa Burbuja sería doblemente injusto. Por lo que supone de borrado de la historia, plagada de reclasificaciones de suelo, casos archivados, indultos exprés y mociones ligadas al ladrillo y porque, en lugares como Marbella, se siguen comprando y vendiendo viviendas ilegales sencillamente porque en el Registro de la Propiedad no figura que lo son y que en muchos casos, como en el del edificio que deja en sombra a Carmen, tienen sentencias en firme. Y mientras no figure en el registro, derribar equivaldrá a indemnizar a los propietarios de sus 119 apartamentos por lo que se conoce como daños a terceros de buena fe, imaginen en una ciudad con miles de edificios ilegales. Y si se sigue sin indemnizar a los afectados por un Estado de Derecho que falló, esperando a que las ejecuciones de sentencia prescriban, cambiando leyes para que el tiempo convierta en legal lo ilegal, Gil, fallecido en mayo de 2004, seguirá venciendo.

Que no se borre la historia. Porque en un país con agua por casi todas partes, con el litoral plagado de pequeños municipios y una economía entregada al sol y la playa, el ladrillo vuelve con todo su poder y no ha aprendido la lección.

Este texto está basado en el libro de Antonio Delgado y Ana Tudela Playa Burbuja: un viaje al reino de los señores del ladrillo, publicado por Datadista.Playa Burbuja: un viaje al reino de los señores del ladrilloDatadista