Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España desde 2018, se ha convertido en una figura que despierta pasiones encontradas, pero ninguna tan visceral como el rechazo que genera en la derecha española. Este fenómeno, que trasciende la crítica política razonada, se ha transformado en una oposición instintiva, casi pavloviana, que parece responder más al odio personal que a discrepancias ideológicas fundamentadas. El “poder cegador” de Sánchez radica en su capacidad para lograr que cualquier propuesta suya, independientemente de su contenido, sea recibida con una negativa rotunda por parte de la derecha.

Uno de los ejemplos más claros de esta oposición visceral se encuentra en la postura de Sánchez respecto al conflicto palestino-israelí. En 2024, cuando España anunció el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, la derecha española, liderada por el Partido Popular (PP) y Vox, reaccionó con una furia que iba más allá de la geopolítica. Sánchez defendió esta decisión como un paso hacia la paz y la justicia, alineándose con principios de derecho internacional. Sin embargo, la derecha no solo criticó la medida, sino que la presentó como una traición a los intereses de España y una muestra de “antisemitismo”.

Estas reacciones, amplificadas en redes sociales y medios afines, ignoraron el hecho de que el reconocimiento de Palestina es una postura compartida por numerosos países y respaldada por resoluciones de la ONU. La derecha no discutió los méritos de la propuesta, sino que se limitó a atacarla por provenir de Sánchez. La oposición visceral llevada al extremo ha situado al Partido Popular en fuera de juego respecto a sus propias posiciones históricas, como si el odio a Sánchez no solo les nublara la razón, sino también la memoria.

Este caso ilustra cómo el rechazo no se basa en un análisis profundo, sino que forma parte de una posición preconcebida, donde el origen de la idea –Sánchez– es suficiente para descalificarla.

Otro ejemplo significativo es la gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinados a paliar los efectos económicos de la pandemia. España, uno de los principales beneficiarios, recibió miles de millones de euros para impulsar la modernización de su economía. Sánchez presentó estos fondos como una oportunidad histórica para transformar sectores clave como la digitalización, la transición ecológica y la cohesión social. Sin embargo, la derecha, lejos de apoyar un proyecto de interés nacional, optó de nuevo por la crítica furibunda e irracional.

El PP y Vox acusaron al gobierno de opacidad en la gestión, de favorecer a empresas afines y de usar los fondos para “comprar votos”. Aunque la Unión Europea haya elogiado repetidamente la ejecución española, que ha cumplido hitos y objetivos de manera efectiva, la derecha ha preferido centrarse en narrativas de descrédito. Este rechazo no solo ignora los beneficios concretos de los fondos –como la creación de empleo o la modernización de infraestructuras–, sino que también refleja una estrategia de oposición sistemática, donde cualquier logro de Sánchez es presentado como un fracaso o una maniobra política.

La misma suerte corrió la denominada excepción ibérica que, en materia energética permitió a España aprovechar la singularidad de sus fuentes de energía renovables y amortiguar los efectos de la inflación. Feijóo se apresuró a denominarla “timo ibérico” quedando de nuevo en evidencia ante los buenos resultados que para nuestra economía tuvo la medida.

Idéntica dinámica se observa en políticas sociales como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones. Desde 2018, el gobierno de Sánchez ha incrementado el SMI de forma significativa, pasando de 735,90 euros en 2018 a 1.134 euros en 2024. Esta medida, que ha beneficiado a millones de trabajadores, fue duramente criticada por la derecha, que la calificó de “populista” y perjudicial para las empresas. A pesar de que estudios independientes, como los de la OCDE, muestran que el impacto negativo en el empleo ha sido nulo, el PP y Vox han mantenido su oposición, argumentando que la medida ahoga a las pymes.

En cuanto a las pensiones, la decisión de vincular su revalorización al IPC para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados ha sido otro punto de fricción. La derecha, que en su momento aplicó recortes y limitó las subidas al 0,25% durante la crisis inmobiliaria, ha acusado a Sánchez de irresponsabilidad fiscal. Sin embargo, esta medida cuenta con un amplio respaldo social y responde a una demanda histórica de los pensionistas. La oposición de PP y Vox no propone alternativas claras, sino que se centra en deslegitimar cualquier iniciativa asociada al gobierno socialista.

El rechazo sistemático a las políticas de Sánchez no puede entenderse sin considerar el componente emocional que lo impulsa. La derecha española ha construido una narrativa en la que Sánchez es presentado como un líder ilegítimo, ambicioso y dispuesto a cualquier pacto –con independentistas, nacionalistas o la izquierda radical– para mantenerse en el poder. Esta imagen, alimentada por años de campañas mediáticas y discursos incendiarios, en los que han abundado los insultos, ha calado profundamente en el electorado conservador. En redes sociales, hashtags como #SánchezDimisión o #SánchezTraidor son habituales, y las críticas a menudo se centran más en su persona que en sus políticas.

Este odio visceral tiene raíces complejas. Por un lado, Sánchez ha demostrado una resiliencia política que descoloca a sus adversarios. Su capacidad para imponerse con audacia, como en las primarias que le devolvieron a la secretaria general del PSOE, o la moción de censura de 2018, su resultado en las elecciones de 2023 cuando todo parecía jugar en su contra, o la indudable mano izquierda para entenderse con fuerzas políticas dispares, ha frustrado a una derecha que esperaba verle caer rápidamente.

Esa oposición automática de la derecha a Sánchez tiene consecuencias graves para el debate político en España. En primer lugar, dificulta la construcción de consensos en temas de interés nacional, como la gestión de los fondos europeos o la política exterior y ahora en la cuestión de las consecuencias del cambio climático dónde la derecha no está dispuesta a acordar, aun siendo las administraciones que gobierna las principales beneficiarias de ese potencial acuerdo. En un contexto de creciente polarización global, esta dinámica debilita la cohesión social y refuerza la percepción de que la política es un juego de suma cero, donde el adversario debe ser destruido a toda costa.

Además, este rechazo sistemático resta credibilidad a la propia derecha. No solo es imposible discernir si se observan sus reacciones cuáles son las decisiones acertadas y cuáles las equivocadas del Presidente, pues se oponen a todas. Al posicionarse en contra de medidas ampliamente aceptadas, como la subida del SMI o el reconocimiento de Palestina, el PP corre el riesgo de alienar a sectores moderados de su electorado. Su incapacidad para proponer alternativas sólidas o para reconocer los logros del gobierno refuerza la imagen de una oposición más reactiva que propositiva.

El “poder cegador” de Pedro Sánchez no radica en su figura, sino en la reacción que genera. Paradójicamente, este fenómeno, lejos de debilitar al presidente, lo refuerza como eje central del debate político, pues son sus decisiones las que marcan la agenda política española. En un país que necesita consensos para enfrentar los retos del siglo XXI, la ceguera de la derecha ante Sánchez es, quizás, su mayor debilidad. Los aciertos de Sánchez, y son muchos, jamás son compartidos por quienes de antemano se sitúan enfrente. Sánchez siempre podrá decir que lo que logró, mucho o poco, lo hizo sin la más mínima contribución de la oposición.

A pesar de mi pasado, mi militancia y mis decisiones como gobernante, tengo que soportar de militantes, simpatizantes y de algunos políticos de Unidas Podemos que ni yo ni mis compañeros del PSOE somos de izquierdas, que la izquierda son ellos

No se han apagado los ecos del intento fallido de formar un gobierno de coalición o alcanzar un acuerdo de gobernabilidad para España entre el PSOE y Unidas Podemos y ya regresan las descalificaciones de siempre hacia los socialistas en torno a nuestra condición de hombres y mujeres de izquierdas. Jamás entenderé esa obsesión por una parte de la izquierda en erigirse en la única y en la verdadera, pues ese diagnóstico excluyente es contradictorio con el deseo, manifestado al mismo tiempo, de querer gobernar con alguien a quien se desprecia y con quien no se comparte los mismos o parecidos objetivos políticos. Por otro lado, si solo es de izquierdas quien milita o simpatiza con Unidas Podemos, habrán de reconocer que la izquierda ocupa un espacio muy minoritario en la sociedad española, hoy apenas el 14 %, y deberían de dejar de hablar ya en nombre de la “gente”, pues a quien realmente representan no es a la gente, sino a la “minoría”.

Desconozco la trayectoria vital y personal de esos que se dicen de izquierdas y que me niegan a mí el carnet de izquierdista todos los días en las redes, incluido el señor Maestre, colaborador de este diario, que me augura un paso por las televisiones equiparable al de Joaquín Leguina. Pero sí sé cuál es la mía. Milito en el PSOE desde 1990. Contaba entonces con 21 años. Antes que yo militaba en él mi madre, y antes que mi madre lo hizo mi abuelo en la época de la República. Esa militancia le costó la cárcel, circunstancia esta en la que tuvo suerte, pues iba en el camión camino del paredón cuando un amigo lo bajó de él y la pena se le sustituyó por la de prisión, prisión en la que estuvo tres años y donde recibía una paliza semanal y manguerazos de agua fría en el patio de la penitenciaría en pleno invierno de Valladolid. Cuando salió de la cárcel, cojo como consecuencia de las torturas, lo expulsaron del ayuntamiento que hoy presido privándole de su condición de funcionario y lo dejaron en la calle con una mano delante y otra detrás. Nadie sabe las penurias que pasó mi familia para salir adelante en aquellos tiempos difíciles y señalada como estaba por la militancia política de mi abuelo.

Hoy, mucho después, yo presido un ayuntamiento que ha remunicipalizado el agua, único de España que lo ha hecho, enfrentándome a un lobby que ha llevado a cabo una campaña de desprestigio político y personal contra mí sin precedentes. Abrimos los comedores escolares a los 15 días de llegar al Gobierno mientras que los dirigidos por la verdadera izquierda solo buscaban excusas para no hacer lo que habían prometido. Los niños en mi ciudad viajan gratis en transporte público hasta los 12 años y a partir del 1 de enero lo harán hasta los 16. Mi ayuntamiento tiene la política de preservación del medio ambiente y salud pública más estricta y ambiciosa de España, una política de vivienda que ha multiplicado por 20 el parque público que nos encontramos al llegar al Gobierno. Invertimos en los colegios públicos en nuestra ciudad, sin competencias en materia educativa, más que la administración autonómica en toda la comunidad. Hemos dado un giro a la percepción que se tenía de Valladolid con una política cultural y de promoción de la ciudad sin parangón en España. El gasto social en el Ayuntamiento de Valladolid se ha incrementado un 40% respecto al que nos encontramos. Y sí, gobierno en coalición con otra formación de izquierdas, pero formada por gente seria, con trayectoria en los movimientos sociales y vecinales y que no descubrió la calle antes de ayer, coalición que ha recibido el refrendo de la “gente” que le ha otorgado mayoría absoluta a su suma y de la que ha desaparecido Podemos, que se quedó sin representación a la primera de cambio tras haber tenido tres concejales en su primer y único mandato.

Pues bien, a pesar de mi pasado, mi militancia y mis decisiones como gobernante, tengo que soportar de militantes, simpatizantes y de algunos políticos de Unidas Podemos que ni yo ni mis compañeros del PSOE somos de izquierdas, que la izquierda son ellos.

Son los mismos que durante años me llamaron casta, término en desuso, pues quienes lo utilizaban han pasado a formar parte de ella con una rapidez asombrosa. Son los mismos que en 2011 me chillaban a la entrada del pleno que no les representaba, pero voy camino del segundo mandato al frente de mi ciudad por decisión democrática de la “gente”, salvo, claro está, que quienes me votan a mí no sean “gente”, mientras que ellos han desaparecido de las instituciones en solo cuatro años. Perdieron sus tres concejales, el diputado nacional, el diputado provincial y los dos parlamentarios autonómicos que tenían. Ahora no tienen a quién representar.

Cuando el señor Iglesias pasó de vestir de Alcampo y vivir en Vallecas a residir en una vivienda con parcela de 2000 metros y piscina, algunos respiramos con alivio. Por fin iba a ser compatible intentar vivir, con tu sueldo ganado decentemente, lo mejor que pudieses y, al mismo tiempo, defender la igualdad y la justicia social. No lo crean. A mí me siguen mandando la foto de Felipe en el yate como prueba de que no somos de izquierdas, olvidando que entre el Felipe de la chaqueta de pana y el del yate mediaron 30 años y que entre el Iglesias de Vallecas y el de Galapagar han pasado solo cuatro. A este ritmo no me lo quiero imaginar a la de edad de González.

Me gustaría que me explicasen los que no me reconocen como hombre de izquierdas, cuál ha sido la aportación de la verdadera izquierda a las conquistas sociales de este país. En qué superan mi compromiso, mi trayectoria, mi dedicación y mis logros o los del partido al que pertenezco, quienes llegaron a los ayuntamientos de España con la denominación de origen “del cambio” y que han tenido un paso tan efímero como autodestructivo. Muchas veces digo que la historia de la izquierda en este país está llena de cainismo y se repite cíclicamente. El ejemplo de lo sucedido en la ciudad de Madrid nos avisa de que hay una izquierda cainita, para regocijo de la derecha, no solo con el PSOE sino consigo misma.