Es probable que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, esté de acuerdo con una cita atribuida al político decimonónico francés Alexandre Auguste Ledru-Rollin: “Por allí va la multitud, debo seguirla, porque soy su líder”. En los meses transcurridos desde la publicación del Informe Muller, Pelosi se ha mostrado reticente y ha resistido las presiones de sus votantes a la hora de abrir un proceso de juicio político contra el Presidente Donald Trump.

Ahora, cuando más de dos tercios de los congresistas demócratas se posicionan a favor de la iniciativa tras el estallido del escándalo ucraniano, ha cambiado de opinión y ha anunciado el inicio del proceso formal de investigación de cara a la apertura de ese juicio político.

Si no lo había hecho antes era por motivos políticos. Opinaba que la larga lista de comportamientos que rayan la ilegalidad recogida en el Informe Muller no era suficiente para que la voluntad popular cayera del lado del impeachment. Predijo que el Senado, en el que los Republicanos tienen mayoría, rechazaría cualquier justificación para un juicio político nacido de un Congreso demócrata y que eso tendría como consecuencia que muchos lo vieran como puro teatro político. Poco más que una mera repetición del celebrado en 1998 contra Bill Clinton por los republicanos del Congreso que terminó cual tiro por la culata e impulsó el resultado electoral de los demócratas en las elecciones celebradas aquel mismo año. Creía que un juicio político podría afectar a los demócratas moderados que ganaron en distritos de mayoría republicana en las elecciones de mitad de mandato de 2018, cuando su partido retomara el control de la cámara.

Pero el 23 de septiembre sucedió algo. Un grupo de siete congresistas demócratas que representan precisamente a esos distritos, están en su primer mandato y además comparten experiencia previa en los ámbitos de la defensa, lo militar y las agencias de inteligencia, cambiaron de opinión. Seis de ellos, que se habían mostrado opuestos al juicio político, decidieron lanzar un mensaje. Firmaron un artículo en el Washington Post en el que decían: “Si esas acusaciones son ciertas, creemos que se trata de un comportamiento ilegal y merecedor de juicio político”.

Quizás Pelosi, al igual que esos siete congresistas, cambió de opinión por la gravedad de las nuevas acusaciones pero ese cambio de rumbo, sin duda alguna, perjudica las opciones de éxito del proceso. Y la reacción de la administración Trump, que se atrinchera frente a cualquier investigación lanzada por el Congreso y se niega a adoptar la tradición política a la que Washington estaba acostumbrada, abunda en la debilidad de los argumentos de Pelosi. En este caso, el medio adoptado para desarrollar la iniciativa podría determinar el fin, la veracidad de las acusaciones.

El país entra así en un proceso que los siete congresistas han calificado como “territorio desconocido” ante el horizonte de una crisis política y constitucional sin precedentes. Un juicio político podría resultar decisivo a la hora de volver a la opinión pública contra Trump y terminar con su mandato antes de tiempo como sucedió con el Presidente Richard Nixon durante el escándalo del Watergate. Pero podría resultar también en que los demócratas estén pegándose un tiro en el pie. Podría costarles el control de la cámara y terminar en la reelección de Donald Trump en 2020.

Si este escenario llega a materializarse significaría que una huida hacia delante de los votantes del caucus de Pelosi estaría impulsándola a dar pasos con los que no está necesariamente de acuerdo. Para ella el juicio político dependía del apoyo de los votantes y de, al menos, algún republicano. Es aún demasiado pronto para que las encuestas nos ilustren sobre cambios significativos de la opinión pública debido a las últimas revelaciones. Por el momento, solo un congresista republicano, Justin Amash, de Michigan, se ha sumado a las filas de los partidarios del juicio político antes de abandonar el partido.

Sin embargo, el ámbito de lo posible apunta a que Pelosi calcule que mientras el juicio político podría arrojar algo de combustible a una política que ya arrastra combustión, los demócratas van a beneficiarse del proceso. Y eso se debe, sobre todo, a que a diferencia de lo sucedido con el Informe Mueller el escándalo ucraniano podría ser un caso claro y bien fundamentado de corrupción y amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y su proceso electoral. Trump ya ha reconocido que trató de presionar a un Gobierno extranjero para que lanzara trapos sucios sobre un contrincante político, Joe Biden, y que pudo haber retenido cierta ayuda militar ya aprobada por el Congreso para influir en la decisión.

No sabemos aún con exactitud los detalles de la información aportada por una fuente protegida y quizás nunca lleguen a encontrarse pruebas definitivas de un intercambio de ayuda a cambio de información comprometedora. Pero el comportamiento de Trump pone palos en la rueda a los republicanos que compitan en 2020 y no quieran verse salpicados por este problema.

Es probable que el escándalo perjudique más en esos distritos electorales en disputa en los que los demócratas se hicieron con la mayoría del congreso en 2018. A lo largo de la historia, los votantes con mayor nivel de estudios que predominan en esos distritos han votado al Partido Republicano porque lo consideraban el partido de la estabilidad y la responsabilidad. Hay muchas razones por las que ese perfil de votantes, especialmente mujeres, comienzan a abandonar a los republicanos.

El escándalo ucraniano, sea cual sea su resultado, va a reforzar la percepción de que Trump se siente por encima de la ley y de los límites marcados por la constitución y perjudicará la reputación de los republicanos como partido de la ley y el orden. No cabe duda de que ese es el motivo por el que la declaración conjunta de Pelosi y el líder de la mayoría demócrata en el Congreso, Steny Hoyer, pone énfasis en que la decisión de abrir un juicio político no es un “asunto de partido sino relativo a la integridad de nuestra democracia, el respeto al estado de derecho y la defensa de la Constitución”.

De cara a las elecciones de 2020, parece posible que el escándalo ucraniano ponga a muchos republicanos en esos distritos más competidos ante una situación insostenible. Si aceptan que el comportamiento del Presidente merece condena, se alejarán de un grupo de votantes republicanos de base que defiende sin fisuras a Trump. Si, al contrario, lo defienden, perderán a los votantes más moderados de sus distritos.

La decisión de los demócratas de lanzar el juicio político lanza a Estados Unidos a una pendiente de la que no se conoce el final. Por ahora, parece que Pelosi parte con ventaja. Tras la publicación del informe Mueller logró frenar un juicio político que pudo haber dividido a los demócratas entre moderados y progresistas. Aunque el UcraniaGate y el cambio de percepción de los demócratas moderados hayan ejercido una cierta presión sobre Pelosi, lo cierto es que ahora su base de votantes está lista para lanzar una investigación que supone un peligro real para Trump y los republicanos.

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Geoffrey Kabaservice es el Director de análisis político del Niskanen Center en Washington DC y ha escrito “Rule and Ruin: The Downfall of Moderation and the Destruction of the Republican Party” (Gobierna y arruinate: El fin de la moderación y la destrucción del Partido Republicano).