“Todos los gobiernos son de coalición, de todos los ministros contra el de Economía”. Estas fueron las palabras que el canciller Helmuth Kohl le dijo a su homónimo español, Felipe González, en una reunión en la que el político alemán le recomendaba apoyar siempre al responsable de esa cartera ministerial. El presidente Sánchez parece haber tomado buena nota de esa sugerencia si nos atenemos a los cambios de gobierno que llevó a cabo el pasado mes de julio cuando —en un probable aviso a navegantes— nombró a Nadia Calviño, a la par ministra de Economía, vicepresidenta primera del Gobierno. El presidente presentía —probablemente de manera acertada— que la economía iba a ser, como casi siempre, el asunto más importante de los próximos meses y sobre los que probablemente van a pivotar sus aspiraciones electorales.

Así, en el plano estrictamente nacional, los próximos meses van a venir marcados por las negociaciones para la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado que el presidente del Gobierno se ha comprometido a realizar antes de que finalice el año. Esto implica tener que negociar con sus socios parlamentarios, empezando por el acuerdo entre los dos partidos en el Gobierno.

Unidas Podemos ya ha adelantado que pondrá encima de la mesa ciertas cuestiones que considera prioritarias como la reforma fiscal, la derogación de la reforma laboral del anterior Gobierno del PP, la subida del salario mínimo interprofesional y la aprobación de una ley de la vivienda que regule el alquiler. Sin olvidar, claro está, la reforma del mercado eléctrico. Una serie de medidas con un impacto económico directo en el bolsillo de los españoles —las expectativas electorales del Gobierno pasan por la mejora económica que personalmente perciban los ciudadanos—, pero que pueden chocar con las pretensiones de algunos agentes sociales (patronal, empresas energéticas…); con las de la Comisión Europea (siempre atenta a cómo se gestionan los fondos y a qué se dedican); y con las de la propia ministra de Economía.

De momento, la negociación sobre el aumento del SMI parece haber caído del lado de Unidas Podemos: aunque faltan algunos flecos, el Gobierno ya ha propuesto subir este año el salario mínimo un máximo de 19 euros, hasta los 969 euros.

Las negociaciones con el resto de socios de investidura que probablemente van a gozar de mayor repercusión son las que impliquen a los partidos catalanes. La semana del 13 de septiembre está prevista la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern. Aunque el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, dijo a comienzos del mes de julio que el voto de su partido a los PGE no iba a estar ligado a esta mesa de negociación —la economía será la gran protagonista— parece difícil que temas como el procés o un futuro referéndum sobre la independencia de Cataluña no formen parte del diálogo —aunque solo sea como medida de presión en las negociaciones—.

Una última clave para este otoño-invierno es la relacionada con la renovación de los órganos constitucionales: el Tribunal de Cuentas, las vacantes del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Administración RTVE y el Consejo General del Poder Judicial. La falta de confianza en el Ejecutivo de Sánchez es el motivo aludido por el PP para no llegar a acuerdos con el Gobierno. Pero lo cierto es que el PP parece sentirse cómodo en la confrontación permanente con el Gobierno, sobre todo ahora que la mayoría de encuestas le sitúan como primera fuerza política en el conjunto de España y con la posibilidad de sumar junto a las otras fuerzas políticas de la derecha más de los 175 escaños necesarios para alcanzar el Gobierno. Pero la película electoral aún no ha comenzado y en política confundir un fotograma con el final de la película puede ser un error fatal.

En el contexto internacional caben destacar dos acontecimientos que, sin duda, afectarán también a la política española: la crisis afgana y las elecciones federales alemanas del próximo 26 de septiembre.

La entrada de los talibanes en Kabul y su control del Gobierno afgano han provocado una inmediata petición masiva de asilo de ciudadanos afganos en territorio europeo, incluyendo a nuestro país. Una gestión que en el caso del Gobierno español ha sido bien evaluada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pero sobre la que todavía no hay datos de encuestas que permitan saber cómo la han valorado los españoles.

Este acontecimiento, sumado a la devolución a su país de más de 700 marroquíes (entre ellos, algunos menores) acordada por el Gobierno de España y el de Marruecos, han vuelto a poner sobre la mesa la cuestión migratoria. Un debate que podría alargarse en los próximos meses si la situación política en Afganistán deriva en una crisis migratoria.

De ser así, es decir, si la migración se sitúa en el centro de la agenda política y mediática, habrá que prestar atención a dos cuestiones. Una, las posibles fricciones que la gestión de este tema pueda generar entre los dos socios de Gobierno. PSOE y Unidas Podemos han manifestado diferentes puntos de vista sobre cómo se ha resuelto la crisis de Ceuta y, en general, sobre la política de devolución de las personas que entran irregularmente en nuestro país.

Dos, el discurso que sobre la cuestión migratoria mantendrá el PP como principal partido de la oposición y cómo los populares resolverán su competición programática y electoral con Vox en este tema: ¿adoptarán los populares posturas más moderadas en línea con los partidos conservadores y liberales de la Unión Europea, o su competencia interbloque con Vox le llevará a posiciones más extremas y alineadas con las corrientes más ultras e iliberales de algunos países europeos?

Por otro lado, en las elecciones federales de finales de septiembre, Alemania —y por tanto Europa— afronta un cambio de liderazgo en un momento trascendental para la recuperación económica europea tras las secuelas de la pandemia de la COVID-19. Tras 16 años en el cargo, Angela Merkel ya no será la candidata de la CDU a la cancillería alemana. Su sustituto, Armin Laschet, no cuenta con el apoyo electoral de su predecesora, según la mayoría de encuestas publicadas en las últimas semanas. De hecho, los últimos datos apuntan al SPD, liderado por Olaf Scholz, como primera fuerza política. Hoy por hoy los sondeos estiman hasta cinco posibles coaliciones viables en las que los socialdemócratas podrían formar parte de cuatro de ellas. Un cambio de liderazgo en el corazón de Europa que, por afinidad política e ideológica, podría beneficiar al Gobierno de España.

En todo caso, la combinación de crisis migratoria y salida de la crisis económica —la prioridad para los ciudadanos de los países europeos parece ser la distribución de los recursos económicos del paquete económico de estímulo que suponen los fondos de la NextGenerationUE— conforman un clima propicio para que los partidos de la extrema derecha europeos lancen proclamas de tinte marcadamente nacionalista (el “nosotros primero”) como reclamo electoral. Atentos a las posibles consecuencias electorales —en Alemania y en el resto de Europa— de estos dos hechos.

Las decisiones políticas en general, pero sobre todo las que pueden producirse en mitad de una crisis para intentar resolverla, se ven afectadas por el sesgo de retrospección que estudió el Nobel de Economía, Daniel Kahneman

El 69% de los españoles piensa que el Gobierno está improvisando en relación con la desescalada del confinamiento. Esta opinión mayoritaria —expresada por los españoles tras el anuncio por parte del presidente Sánchez de las cuatro fases de que constará el plan— es similar a la que mantenían los ciudadanos los días previos a dicho anuncio (74%). La primera reacción de la ciudadanía no habría sido, así, tan positiva para la imagen del Gobierno como en un principio cabría esperar. El porcentaje de españoles que considera ahora que el Gobierno tiene un plan claro para la desescalada apenas ha aumentado siete puntos: desde el 21% a comienzos de semana, antes del Consejo de Ministros, al 28% actual.

La percepción de impremeditación de las decisiones del Gobierno en relación con la rebaja del confinamiento, está más extendida entre los residentes en las dos grandes ciudades españolas —Madrid y Barcelona—, es decir, entre los ciudadanos de aquellos municipios en los que, con toda probabilidad, la desescalada tardará más tiempo en alcanzar la última fase.

Este dato ahonda, así, en la sensación de ausencia de planificación que ha acompañado al Gobierno desde el comienzo de esta crisis en relación con la mayoría de sus decisiones. A principios del mes de abril, el 85% de los españoles opinaba que el Gobierno estaba improvisando sobre la marcha con respecto a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus —si bien, la mitad de ese elevado porcentaje achacaba esta falta de planificación a lo inesperado de la crisis y, por lo tanto, en cierta medida disculpaban al Ejecutivo—. Ahora, además de seguir considerando improvisadas las decisiones con respecto a la desescalada, la mayoría también piensa que el Gobierno no tiene un plan claro para reconstruir la economía de nuestro país una vez pase esta epidemia. Una opinión que, en este tema en concreto, no ha sufrido ninguna variación tras anunciarse el plan de desescalada: lo pensaba el 75% de los españoles a comienzos de semana y lo piensa ahora el 76%.

En todo caso, las opiniones sobre la capacidad de planificación del Ejecutivo están teñidas de cierto color ideológico. Mientras que el 87% de los votantes de partidos de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) atribuye improvisación al plan de desescalada del Gobierno, solo opina en ese mismo sentido el 49% de los votantes de partidos de la izquierda (PSOE y Unidas Podemos). También se aprecia alguna diferencia partidista en las opiniones referidas a la reconstrucción de la economía, si bien tanto entre los votantes de la izquierda (59%) como, sobre todo, entre los de la derecha (93%) son mayoría quienes consideran que el Gobierno no tiene un plan claro de actuación.

Las decisiones políticas en general, pero sobre todo las de gran calado o las que pueden producirse en mitad de una crisis para intentar resolverla, se ven afectadas por el sesgo de retrospección que estudió el Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman. Según el autor, este error “induce a los observadores a evaluar el carácter de una decisión no por lo adecuado de la misma, sino según sea bueno o malo su resultado. Este sesgo hace casi imposible evaluar debidamente una decisión conforme a las creencias que eran razonables cuando se tomó la decisión”.

La evaluación del Gobierno —sobre todo durante las fases más críticas de la crisis sanitaria— parece haberse visto afectada, en alguna medida, por este factor de retrospección: fue en esos momentos cuando con mayor fuerza arreciaron las críticas contra el Ejecutivo por no haber impedido manifestaciones o actos públicos tras conocerse los primeros casos de coronavirus en países de nuestro entorno.

El nuevo plan de desescalada en cuatro fases aprobado ahora por el Gobierno —cuando parece que lo peor de la crisis sanitaria ya ha pasado— está pensado para aliviar el duro confinamiento que llevan soportando los ciudadanos y para reactivar la economía en la medida de lo posible, aunque sea a pequeña escala. Unas medidas reclamadas por algunos gobiernos autonómicos y locales, y también por parte de la sociedad. Pero, ¿qué pasará si se produce un nuevo pico de contagios y/o fallecimientos? Es probable que la evaluación del Gobierno empeore —con las consecuencias políticas que puedan derivarse de ello—.

En todo caso, el sesgo de retrospección no exime al Ejecutivo de sus posibles errores políticos cometidos en relación con esta crisis. Como tampoco garantiza el éxito del Gobierno si los resultados son positivos, porque como señalaba, también, Kahneman: “Tendemos a culpabilizar a quienes deciden por buenas unas decisiones que tuvieron un mal resultado y a no reconocerles medidas acertadas que solo parecen obvias después de ser aplicadas. Hay aquí un sesgo de resultado. Cuando peores son las consecuencias, tanto mayor es el sesgo de retrospección”.

La joya de la corona institucional. Así es como han percibido los españoles durante años a la sanidad pública de nuestro país. Parece inseparable el concepto de Estado del bienestar de la existencia de un sistema sanitario de cobertura universal, que facilite el acceso a medidas preventivas y terapéuticas cada vez más efectivas. Así lo han entendido los ciudadanos que, año tras año, han situado a la sanidad pública y a sus profesionales en los primeros puestos del ranking del Barómetro de Confianza Ciudadana en las Instituciones que anualmente lleva a cabo Metroscopia.

Cuanto peor se percibe la situación, más necesarias son las instituciones asistenciales —como es el caso de la sanidad, pero también, por ejemplo de las ONG o de los servicios sociales municipales— y mejor evaluadas son por la ciudadanía (siempre, por supuesto, que realicen correctamente su labor). Así ocurrió durante los años más duros de la crisis económica iniciada en 2008, y así parece estar sucediendo ahora que España aborda la peor crisis sanitaria del último siglo. Pero tanto ahora como antes, los españoles diferencian la capacidad del sistema sanitario de la cualificación de sus profesionales, porque ambas evaluaciones no siempre van en sintonía. Los recortes en servicios públicos acometidos durante esos años de crisis económica —que afectaron, también, a la sanidad— influyeron en la evaluación de los españoles sobre el sistema de salud, pero no en la positiva percepción que mantenían de sus profesionales.

Ahora, la saturación del sistema sanitario ocasionada por la expansión del coronavirus, ha provocado un vuelco de la opinión de los españoles: según un sondeo de Metroscopia llevado a cabo esta misma semana, el 65% cree que nuestro sistema sanitario no está preparado para hacer frente a la epidemia. Hace apenas un mes, cuando se produjeron los primeros contagios en nuestro país, el 69% tenía la opinión contraria. No obstante, la actual percepción negativa vuelve a achacarse a la falta de medios con los que cuenta el personal sanitario (el 78% cree que no cuenta con los recursos adecuados) y no a la preparación de este. De hecho, la amplia mayoría (88%) considera que los profesionales de la salud están cualificados para hacer frente a la pandemia.

El apoyo de los españoles a la labor diaria que está desempeñando el personal sanitario se expresa de forma masiva cada tarde: el 74% le dedica aplausos desde las ventanas o balcones (el 50% lo hace diariamente y el 24% a veces). Un 21% adicional no sale, pero comparte las razones y solo el 4% se desentiende de esta expresión simbólica porque considera que no es necesaria. Esta es una de las formas elegidas por los ciudadanos para agradecer a los profesionales sanitarios su ciclópea labor en estos duros momentos. Ahora corresponde a otros realizar todos los esfuerzos necesarios para suministrarles el material adecuado para que puedan desarrollar en plenitud todo lo que han demostrado, con creces, saber hacer.

Puede haber dudas sobre qué partido (o partidos) ha ganado las elecciones del pasado 10 de noviembre –para resolver esta duda es importante conocer si el PSOE y Unidas Podemos logran finalmente formar un Gobierno de coalición– pero lo que casi nadie duda es quién ha sido el principal derrotado. Ciudadanos ha perdido dos millones y medio de votos y 47 diputados en tan solo seis meses, los que han separado estas elecciones de las anteriores del pasado 28 de abril. Y ha pasado de ser la tercera fuerza política en el conjunto de España a ser la quinta. Las responsabilidades políticas de este fracaso han sido asumidas, en primer lugar, por su presidente, Albert Rivera, y, después, por parte de su Ejecutiva (Villegas, Hervías De Páramo, Girauta…). La pregunta es, ¿son suficientes estas renuncias para facilitar un futuro relanzamiento del partido o tienen que cambiar más cosas?

El economista Albert O. Hirschman (se van a cumplir ahora siete años de su muerte) escribió en su obra más reconocida –'Salida, voz y lealtad' (1970)– que ante una situación de descontento, el ciudadano (pensemos ahora en el elector) tiene dos opciones: la voz, en referencia a la posibilidad de comunicar el descontento hacia el partido a través de la protesta pública o de contactos con cargos públicos o el propio trabajo como activista dentro de un partido; o la salida, en referencia a la posibilidad de ejercer presión con la amenaza de irse, esto es, de dejar de votar y/o votar a otro partido. Voz y salida están relacionadas entre sí y, de hecho, la amenaza de una salida suele emplearse para que la voz sea escuchada.

Desde las elecciones del 28 de abril, y a través de las encuestas, los votantes de Ciudadanos han ejercido la voz, bajo la amenaza de la salida, demandando a su partido que posibilitara la conformación de un Gobierno o, incluso, que participara en él. Una demanda que no llegó a ser atendida –a pesar de un intento de última hora– y que provocó que finalmente más de la mitad de sus votantes optaran por otra opción política el 10N. Solo permanecieron fieles a las siglas –la otra opción de la que hablaba Hirschman en su libro– el 41% de sus votantes del 28A.

Conocer qué caminos han tomado estos votantes que han abandonado el partido es fundamental para no implementar las soluciones equivocadas. Porque no es lo mismo que la mayoría de los votantes hayan optado por una vía que por otra. Según el estudio postelectoral de Metroscopia, la principal fuga de votos de Ciudadanos se ha dirigido al PP (en torno a 1,3 millones). La segunda vía abierta, más de 700.000 votos, ha ido hacia la abstención. Y en torno a 450.000 anteriores votantes de la formación naranja han optado, en esta ocasión, por apoyar a Vox.

El tenso Consejo General de Ciudadanos celebrado este sábado ha aprobado la composición de la gestora que dirigirá el partido hasta el próximo 15 de marzo, fecha en la que una asamblea extraordinaria elegirá al nuevo líder. Si la nueva dirección de Ciudadanos que surja tras esa asamblea quiere intentar recuperar a la mayoría de sus anteriores votantes, tendrá que, esta vez sí, afinar el oído y escuchar en la buena dirección. Porque una interpretación errónea de los motivos que han provocado la salida de la mitad de sus votantes en solo seis meses, puede suponer la pérdida de los que todavía permanecen leales a las siglas. En sus manos, y en sus oídos, está.

En solo cinco años, desde las elecciones europeas de 2014 —cuando Podemos irrumpió en el panorama político español— hasta las elecciones generales del próximo 10 de noviembre —las decimoquintas tras la dictadura—, España habrá celebrado dos elecciones al Parlamento Europeo (2014 y 2019), dos elecciones municipales y dos elecciones autonómicas en aquellas comunidades que accedieron a la autonomía por la vía lenta (mayo de 2015 y mayo de 2019), unas elecciones al Parlamento de Galicia y unos comicios al Parlamento Vasco (ambos en septiembre de 2016), dos elecciones al Parlamento de Andalucía (marzo de 2015 y diciembre de 2018) y cuatro elecciones generales (diciembre de 2015, junio de 2016, 28 de abril de 2019 y las próximas del 10 de noviembre).

Así, desde la llegada del multipartidismo competitivo —y, en gran parte, debido a ello— España ha vivido su período electoral más prolífico desde la restauración de la democracia. Cinco años en una campaña electoral prácticamente permanente que ha impedido el reposo necesario para que los diferentes partidos políticos huyan del cortoplacismo que todo proceso electoral parece imponer y piensen, si no en el largo, al menos en el medio plazo. Esto es, que empiecen a hablar de políticas.

Sin embargo, los datos más recientes de la mayoría de sondeos —también los de Metroscopia— estiman que la noche del 10N los españoles nos iremos a la cama, una vez más, sin saber qué Gobierno tendremos en los próximos años y quién estará al frente del mismo. En otras palabras, seguiremos en campaña electoral hasta que se logre por fin un acuerdo o —no hay que descartarlo— nos veamos abocados a una nueva repetición electoral. Lo cual significa, en todo caso, que la solución tanto a los problemas que más preocupan a los ciudadanos —de nuevo, según las encuestas— como a los “desafíos que tenemos por delante”— Pedro Sánchez dixit— tendrán que seguir esperando a que nuestros políticos encuentren la salida de este círculo vicioso.

En 1964 —cuando todavía faltaba un año para ser proclamado candidato único de la izquierda en las elecciones presidenciales— François Mitterrand escribió “El golpe de estado permanente”, una crítica a la Quinta República y, más concretamente, a la forma de gobernar del entonces presidente de la República, Charles de Gaulle. El líder socialista alertaba del riesgo que suponía el nuevo poder centralizado de esa Quinta República, que, según él, eliminaría las estructuras intermedias entre el presidente y la ciudadanía. En cierto sentido, parecía advertir del peligro que podría llegar a sufrir el andamiaje institucional que, al fin y al cabo, comprende los pilares básicos que articulan la vida social de un país. Pues bien, esta “campaña electoral permanente” que estamos viviendo en nuestro país puede llegar a poner en riesgo nuestro armazón institucional. Si los ciudadanos no ven solucionados sus problemas —o si ni siquiera perciben que esto se pueda estar intentando— y empiezan a desconfiar de la mayoría de las instituciones, el sistema democrático puede verse erosionado. La certeza que estas instituciones deberían generar —de eso trata la política, de crear certidumbres sobre el funcionamiento del sistema— se puede pasar a la incertidumbre y de ahí a la inestabilidad. Ha llegado, por tanto, el momento de la política. ¿Están nuestros actuales líderes políticos preparados? Veremos.