Cuando en una comunidad de vecinos hay falta de entendimiento no es asunto baladí. La cuestión crece si ya hablamos de 10 años de conflicto. Y la temperatura sube cuando entran en escena los tribunales. Sin embargo, las disputas vecinales no suelen salir en prensa, a menos, como es este caso, que su guerra llegue al Tribunal Supremo. El alto tribunal acaba de dictar sentencia para establecer que una comunidad de vecinos no puede imponer el nudismo en las zonas comunes de una urbanización de Vera (Almería). De eso habla, de derechos y de nudismo. Y en este caso, han ganado “los textiles” frente a los “nudistas radicales”. “Donde hay patrón, no manda marinero”, aseguran fuentes de los nudistas que han acatado la decisión judicial.

Justo después de conocer la sentencia, la urbanización Natura World de la playa de Vera no está, aparentemente, muy alterada. Es invierno, y muchos de los propietarios hacen uso de sus pisos cuando se va acercando la temporada alta. Sin embargo, nada más preguntar, se nota que la brecha vecinal está a flor de piel.

Sofía (nombre ficticio) es una toledana que, junto con su marido, decidieron comprar la propiedad en el complejo a sabiendas de que sería una comunidad mixta. Es decir, que convivirían nudistas y textiles. Según las estimaciones de la asociación naturista en la costa de Vera, este residencial se divide entre un 80% que van al natural y un 20% que optan por cubrirse. “Jamás, en muchísimos años, hemos tenido problemas con los naturistas porque aquí cada quien es libre de ir como quiera”, concreta.

Un pleito de más de diez años enquista la relación de dos bandos: los textiles (en los que se incluyen nudistas a favor) y los “nudistas radicales” (como los describen los ganadores de la sentencia). Estos últimos, llegaron a la presidencia de la comunidad en 2017 –explica la sentencia del Supremo– y quisieron imponer el nudismo en todo el residencial, que conforman 495 viviendas. Ahora, el tribunal ha dado la razón a la facción textil y entiende que “la imposición del nudismo vulnera el derecho de igualdad, supone una discriminación de los demandantes por razón de sus ideas y pensamientos, y atenta a su libertad de movimientos y a su derecho a la intimidad”. Además, ha ordenado indemnizarles con mil euros por piso.

El marido de Sofía interviene y subraya que “lo que no puede ser es que se inventen unos estatutos que no existen y te prohíban la entrada a la piscina por llevar bañador”. Por eso critican que la presidencia impuso el “nudismo radical”, según los vecinos, y contrató a seguridad privada muy severa que venía acompañada de “un conserje inflexible con las órdenes que recibía”. Sofía cuenta que le negaba el paso a las zonas comunes, hasta a su propia piscina, y que el conserje, relata, respondió con agresividad cerrando la verja contra el pie: “A mi hijo incluso le arañó la espalda con la puerta”.

Más allá del asunto “nudismo”

En 2021 se reunió el 28% de los vecinos en una junta y votaron cambiar la directiva. Aseguran que esta medida tiene el respaldo legal en el artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal, en la que dicta que los vecinos pueden solicitar la celebración de una junta extraordinaria, pero solo si se pide por al menos el 25% de los propietarios, porcentaje que superaron. Algo que no reconocen las fuentes de la presidencia antigua consultadas por este medio. No obstante, con este cambio de dirección, la piscina se volvió a abrir a todos sin excepción: “Nos da lo mismo que fueran textiles o nudistas, podía entrar todo aquel que hubiera pagado la tasa de la Comunidad”, explica Sofía.

Esto lo confirma Belén, otra vecina de la comunidad y que, al igual que su marido, son naturistas que apoyaron la causa de los textiles. “Lo del nudismo es una tapadera” de otros problemas, resuelve tajante. Ella compró en el año 2000 y “sabía perfectamente lo que compraba”. Tuvo hijos que crio en este tipo de ambiente y conforme se fueron haciendo mayores ya no querían desvestirse completamente “por pudor o por lo que fuera”. Entonces fue cuando prohibieron la entrada al baño en las piscinas “y además, de muy malas maneras”. Belén interpuso una denuncia que el juzgado tumbó entonces. “Lo que ellos tienen es un nudismo radical, te tienes que desnudar sí o sí, y lo que no entienden es que la urbanización jamás va a ser naturista al 100% porque el promotor nos lo vendió como mixto”, puntualiza. Sofía reitera que “el conflicto no radica entre ir vestido o no”, porque, como hemos explicado, entre otras cosas, la antigua directiva no reconoce a la nueva.

Un asunto de “intereses inmobiliarios”

Los vecinos “textiles” aseguran que esta batalla por el nudismo es la punta del iceberg de los problemas de la urbanización y denuncian “amenazas de desahucio” por parte del administrador concursal de la promotora, y la venta de plazas de garaje que ya estaban asignadas a otros propietarios (también en el aire). ¿Con qué objeto? “Lo que quieren es que nos vayamos de aquí para seguir con su especulación inmobiliaria”, sentencia Mari Carmen. Se refiere a lo que todos los vecinos consultados coinciden al hablar con este medio: intereses inmobiliarios. “Estas viviendas se van a revalorizar con la llegada del AVE y lo que quieren es echarnos para venderlas mucho más caras, por eso nos están haciendo todas estas jugarretas”, replica Rubén, un extremeño afectado. Ellos lo califican como mobbing inmobiliario.

Las viviendas del conjunto residencial fueron comercializadas por Proyectos del Levante Almeriense SA, y se vendieron en su mayor parte antes de que la empresa se declarase en concurso de acreedores. Conforme al proyecto constructivo redactado, a la licencia de obras obtenida y a la comercialización realizada por la empresa promotora, la urbanización incluía 670 plazas de aparcamiento en los espacios comunes y viales interiores para el uso de los propietarios de las viviendas, cuyo derecho de uso fue además objeto de publicidad.

Entregadas pero no escrituradas

Aunque la mayor parte de esas viviendas fue entregada a los compradores años antes de la declaración concursal, la sociedad promotora no llegó a dar escritura pública de compraventa a causa de la existencia de determinados litigios con la sociedad dueña de los terrenos en los que se llevó a cabo la edificación, denominada PRADUL SL.

Estos conflictos entre la promotora y la dueña de los terrenos impedían que la promotora pudiera inscribir a su favor los terrenos y, por tanto, que pudiera inscribir también la declaración de obra nueva y otorgar las correspondientes escrituras de venta de las viviendas ya vendidas. Así que la sociedad promotora no llegó entonces a otorgar la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal, pero sí hizo los preparativos y depositó la documentación necesaria para ello en la notaría de don Francisco Vidal Martín de Rosales, en Vera, donde quedó redactado el correspondiente proyecto.

Tras muchas denuncias particulares para poder escriturar, el asunto está en manos de los tribunales que tienen que decidir si, al menos, 80 familias conservan su casa, algo que todavía no ha sucedido. “Si hubieran escriturado, no tendrían este problema”, argumentan desde el otro bando.

Esta circunstancia mantiene en vilo a muchos propietarios (un centenar) con licencias de habitabilidad concedidas por el Ayuntamiento de Vera que están “angustiados” y viven con “la incertidumbre y el miedo de perder sus casas”, explica Mari Carmen Jiménez, una jiennense que adquirió un apartamento en la urbanización Natura World.

Además, los mismos vecinos afirman (y documentan con varias denuncias) que el abogado de los “nudistas radicales” y los promotores han estado subastando y vendiendo plazas de aparcamiento que eran suyas, extremo que explican desde la facción nudista: “Las plazas están desligadas de los pisos”. “No sé cómo ha engatusado a los compradores, vendiéndoles una plaza de parking con dueño y que está numerada según el de nuestras casas”, entona la toledana. Los propietarios (los antiguos) aseguran que se enteraron de todo cuando ya supuestamente estaban vendidas las plazas, pero “todavía a día de hoy estamos pagando el IBI” de unas plazas que “ya no son nuestras”. Ellos reclaman que esos garajes sí son suyos porque así se reflejan en las escrituras y también en toda la propaganda de la promotora.

Lo que está claro es que en esto también tendrán que entrar los tribunales, como han entrado a dirimir las diferencias entre textiles y nudistas partidarios de la urbanización mixta, y los nudistas “radicales”. Porque la realidad es que los problemas en Natura World no han tenido punto final con la sentencia del Supremo.

El Puche es una barriada de la capital almeriense y su “mala imagen” la tiene grabada a fuego por el estigma social enhebrado década tras década. Este vecindario vive una situación complicada que emana de diversos factores. Pero la conjunción de estos elementos reduce el problema a la siguiente ecuación: falta de civismo que promueve el abandono. Sus vecinos ya están hartos de cargar con esa turbia imagen y, precisamente eso es lo que se retrata en el documental ‘¿Y si es verdad?’, dirigido por Loles Peña de La Pañoleta films.

Se trata de un documental de 30 minutos con un formato en el que busca alejarse de la simple queja. Invita a conocer vidas, historias reales de diferentes generaciones que viven de El Puche. Se muestra, por primera vez, la voz de vecinos de todas las edades de esta barriada y cuentan su sentir y la foto fija actual del vecindario. Vidas que con su decir y contar nos enseñan otra realidad de la barriada, la que pocas veces se ve o se cuenta. Y, a la vez, plantean algunas preguntas y cuestiones que buscan la reflexión de toda la sociedad.

Desde hace mucho tiempo se espera que la comunidad que vive en este barrio genere cambios y se haga parte de la ciudad. Este documental viene a darnos a entender que esto ya está pasando. Las preguntas ahora son estas: “¿Está la ciudad preparada? ¿Queremos? ¿Y si es verdad? ¿Y si es verdad que existe un cambio y nos toca a todos los agentes sociales e institucionales responder? ¿Queremos darnos cuenta o abrir la posibilidad a ello?”.

Este audiovisual se estrenó el pasado mes de diciembre en el Teatro Apolo de Almería bajo la atenta mirada de centenares de personas, entre las que se encontraban las concejalas Paola Laynez y Lorena Nieto, el director del Instituto de Estudios Almerienses (IEA), Mario Pulido, y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Francisco Bellido.

La idea es, tal y como cuenta su directora al elDiario.es Andalucía, “visibilizar esta situación de una manera diferente”. Loles Peña, junto con Óscar Bleda, coordinador de la Asociación Ítaca, cayeron en la cuenta de que “en los medios nunca se cuentan las historias personales que hay detrás de los titulares sensacionalistas, por eso decidimos que era necesario que personas como Mari Ángeles, Hakim o Shainaz pusieran voz a esa realidad”. Peña alude a la “evidente responsabilidad de los medios” porque “solo hace falta ver la hemeroteca de cualquier medio regional/nacional para confirmar que en ellas no aparecen noticias positivas o favorables sobre el barrio”. El mismo en el que “se cuenta con una población joven muy implicada tanto en el cuidado del barrio como en el progreso del mismo y que generan actividades que, de hacerse en cualquier otro sitio, serían noticia”.

La Asociación Ítaca trabaja de manera constante con los jóvenes del barrio para motivarles y hacerles ver que hay un mundo de oportunidades. “Buscamos ser la bisagra entre la gente de aquí y las instituciones”, dice Bleda. El coordinador de Ítaca añade que “la gente está cansada de no tener las mismas oportunidades simplemente por ser de El Puche”. Su idea del documental es “plasmar la realidad de las nuevas generaciones” e invitar a la reflexión de “¿Y si es verdad que ya ha llegado el momento de que las administraciones hagan algo porque estamos en un cambio real?”. Bajo el punto de vista de Bleda, el documental “busca despertar el pensamiento crítico de la sociedad almeriense, despertar una reflexión y autocrítica para poder comenzar a entender, no solo criticar por criticar”.

La Asociación Ítaca ha contado con la colaboración de la Diputación de Almería dentro de sus Subvenciones 2022 destinadas a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Almería, en materia de servicios sociales e innovación social'.

“Conoce, trata y observa, luego si quieres juzga”

La brecha social se hace palpable cuando reparten currículum y los llaman para una entrevista de trabajo: “Solo con decir que soy de aquí ya me dicen que no”, afirma Mari ángeles Fernández, de 21 años de edad. Ella confiesa que tuvo que dejar sus estudios de Integración Social por los sucesivos cortes de luz. En los albores de la pandemia, muchos centros educativos se digitalizaron aún más y los deberes y exámenes se hacían vía online. Lo que ocurre es que la barriada sufre de reiterados cortes de luz: “para muchos de los profesores eso era una excusa y no podía enviar mis trabajos”. Este asunto lo dejan bastante claro a lo largo del documental.

Y ya no es solo eso, “hay gente que no quiere juntarse contigo por el mero hecho de ser de aquí”. La joven relata cómo muchas veces los padres de sus amigas no las han dejado ir al barrio “porque es muy chungo”. Ella trata de luchar contra el estigma social que se le tiene al barrio: “A la gente que conozco de fuera del barrio, compañeros de trabajo o personas con las que simplemente coincides, siempre les invito a venir, tomar un café, tratar con gente”. Asegura que “las veces que he traído a gente de fuera siempre se han ido con otra perspectiva y luego han vuelto”. Su forma de combatir ese recelo al barrio “es simple y sencillo, no hay que cerrarle las puertas a algo que aún no conoces”. Ella zanja su reflexión con esta frase: “Conoce, trata y observa, luego si quieres juzga”.

Sin luz ni para conservar alimentos

Otra consecuencia de los cortes de luz que los vecinos sufren desde hace casi una década es la refrigeración de los alimentos. Por más veces que se hayan manifestado para pedir soluciones, nunca ha servido de nada. Con la comida “vivimos con lo que tenemos en el día porque se echa a perder conservarla en la nevera”, se queja Mari Ángeles. El documental también expone cómo viven diariamente con linternas y acuden a generadores y baterías para ver la televisión o, lo que es peor, conectar los respiradores de sus mayores.

Para nada este tema es nuevo y ni las administraciones responsables son ajenas a la situación denunciada. De hecho, han mantenido multitud de reuniones con este colectivo en busca de posibles soluciones a los cortes de luz. Sin embargo, según estos vecinos, la problemática de los cortes del suministro, que se asocia al elevado consumo de los cultivos ilegales de marihuana, persiste.

Es por eso que Loles Peña insiste en poner el foco en las personas y en la gravedad de la realidad que están viviendo. “Es impensable que nosotros, como vecinos, permitamos que personas se estén muriendo porque no tienen luz para que funcionen sus respiradores o sus medicinas estén refrigeradas”, expresa. Recalca que “eso, en cualquier otro barrio, supondría un enfrentamiento claro ante los responsables y un grito en el cielo por parte de instituciones y vecinos”. Ella se da por satisfecha “si conseguimos que con este documental esa conciencia de ”vecindad“ se despierte”.

Ha llegado el momento, entiende Óscar Bleda, de que “todos nos hagamos la pregunta ¿y si es verdad que el momento de cambio de la barriada ya está aquí? ¿Y si es verdad que el barrio y su población ya están preparados y faltamos nosotros?”.

El Partido Popular de Almería tambaleó en junio de 2021 tras la detención de Óscar Liria, el por entonces vicepresidente tercero de la Diputación de la provincia y también diputado del Área de Fomento. Liria se benefició, presuntamente, de casi un millón de euros en comisiones por mediar en un suministro de material sanitario con un proveedor chino en los albores de la pandemia. Después, compró dos coches de alta gama en un concesionario de Fines, cuyo administrador es R. S. L., primo de Liria, e hijo del alcalde del municipio del Almanzora y detenido por su supuesta vinculación con el caso el mismo día que Liria. Uno se lo regaló a su novia, concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Huércal-Overa, y otro a su padre. Este es el ‘Caso Mascarillas’, cuyo germen fue la caída de un clan de la droga a través de la ‘Operación Lúa’.

Así viene reflejado en el sumario del caso, al cual ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Este sumario sostiene que Liria habría cobrado, para empezar, una cuantía situada entre los 200.000 y los 400.000 euros, es decir, hasta un 20% del valor del contrato adjudicado por la Diputación de Almería a la mercantil Azor Corporate Ibérica S.L., por vía de emergencia, para la adquisición de material sanitario en uno de los momentos más complicados de la pandemia, en abril de 2020.

Al principio de la pandemia

Dentro del contexto de los comienzos de la pandemia, cuando escaseaban los equipos de protección en todo el mundo, Óscar Liria y su amigo y -según apuntan las pruebas, también socio- Kilian López Solé, administrador de la mercantil Azor Corporate SL., se aliaron para hacer negocios con recursos públicos. La ‘mordida’ era prácticamente la mitad del dinero, para ser exactos 945.297,61 euros de los 2.036.186,34 que pagó la Diputación Provincial de Almería en abril de 2020 por la compra de un lote de 500.000 mascarillas FFP-2, 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo. Esto es un 46,42% del total de la inversión con fondos públicos destinado a comisiones. Ambos fueron detenidos y están siendo investigados por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

 Tal y como adelantó El Ideal Almería, que siguió de cerca todas las novedades del silencioso terremoto político que estaba sacudiendo al Partido Popular de Almería, esta trama fue descubierta por casualidad cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba a la caza de las redes del narcotráfico en Barcelona desde mucho antes de que la pandemia fuera realidad. La UCO investigaba una red de tráfico de drogas cuando, a través de los pinchazos telefónicos, tuvieron constancia de la existencia de un empresario residente en Barcelona presuntamente relacionado con el narcotráfico, Kilian López, que había sido adjudicatario de un contrato público de dos millones de euros. El de las mascarillas. Tras las diligencias iniciales formuladas desde Barcelona, el caso, con más 20 tomos de documentación policial, está desde febrero de 2022 en manos de la justicia almeriense.

Detenciones: Liria, su primo y el alcalde de Fines

Según se desprende del sumario del caso y de las indagaciones policiales, Óscar Liria y su primo, R.S.L. fueron detenidos el mismo día con tres horas de diferencia. Uno en el municipio de Huércal-Overa y al otro en Fines, a tan solo 30 kilómetros de distancia. Los investigadores de la UCO encontraron multitud de sobres con dinero en efectivo tras los arrestos.

En la casa del exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería hubo un exhaustivo registro que culminó, según consta en el rosario de registros de la Policía Judicial, con la incautación de un total de 178.895 euros en efectivo repartidos en varios sobres y en diversas prendas de vestir.

Elementos probatorios

Para los investigadores, “la tenencia de este dinero en efectivo concordaría con los elementos probatorios sobre el supuesto pago de comisiones relacionadas con la adjudicación del contrato de suministro de material sanitario, resultando además incompatibles estas elevadas cantidades de dinero con el desempeño de la función pública, por la cual tenía un salario tasado y público de aproximadamente unos 3.500 euros mensuales”. Justo lo que también contestó Liria en su declaración ante el juzgado, en Barcelona, horas después de su arresto.

Respecto a los pagos recibidos, la investigación señala que Kilian López, administrador de la empresa adjudicataria del contrato de las mascarillas, le habría realizado al responsable provincial un primer pago de 20.000 euros y, con posterioridad, el día 11 de octubre de 2020 le habría realizado otro pago en metálico de 12.000 euros en algún lugar de la localidad de Fines, en donde ambos tenían sus raíces familiares. Igualmente, el sumario recoge que el día 18 de enero de 2021 se produjo otra entrega de dinero en efectivo, de entre 3.000 y 4.000 euros a Liria a través de un cruce realizado presuntamente por la tía de López Solé y con destino al padre del político.

Una bolsa negra llena de billetes

El primo de Liria ya estaba puesto en el punto de mira desde los comienzos de la investigación como testaferro del diputado. Y lo arrestaron cuando viajaba a bordo de un vehículo con 119.950 euros en una bolsa de plástico negra.

Además, con él iba su padre, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), también investigado en esta causa. Los agentes procedieron a la detención del primo de Liria, al que además le intervinieron 995 euros en efectivo que portaba en el bolsillo de su pantalón. El alcalde de Fines quedó en libertad tras argumentar que acudió al domicilio de su hermana, la madre de Liria, junto a su hijo porque recibió “una llamada de un hombre al que no conocía que le alertó de que había visto movimientos raros, posiblemente un registro”, en la casa del diputado. El regidor de Fines aseguró que únicamente se dedicó a tranquilizar a su hermana y que en el momento de irse su hijo no llevaba nada en las manos, que él no vio ninguna bolsa en el asiento trasero del coche, y que desconocía de quién era el dinero intervenido en el vehículo en el que él mismo viajaba.

Un coche de alta gama para su novia concejala y su padre

Según han confirmado fuentes policiales a este medio, sospechan que con el dinero de las ‘mordidas’ regaló dos BMW: uno a su pareja sentimental y otro a su padre. El precio de los vehículos no ha trascendido. Lo hizo, presuntamente, a través de empresas pantalla con sede en Fines, su localidad natal, a un concesionario donde el administrador era su primo, R. S. L., el hijo del alcalde de dicho municipio del Almanzora y también detenido por su supuesta vinculación con el caso el mismo día que Liria.

El sumario de la investigación indica que uno de los coches de alta gama se lo regaló a su novia, Ana Belén Martínez, concejal de Cultura, Turismo y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Huércal-Overa.

Ahora, el caso está a la espera del pronunciamiento del Ministerio Fiscal.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería está investigando la desecación del Humedal de Sotomontes, en el término municipal de El Ejido, por un supuesto delito contra el medio ambiente relativo a la protección de la flora y fauna silvestre. Los ecologistas llevan denunciando años todo esto. Hay aves en peligro de extinción que conviven con basura, escombros y plásticos. Se ha ganado terreno al humedal con explotaciones agrícolas y además se ha convertido en un vertedero de todo tipo de residuos de la actividad agrícola.

En el poniente almeriense, aunque destaca la superficie destinada al cultivo intensivo bajo plástico, también existen diferentes humedales de importancia nacional e internacional. Además de los humedales, más conocidos algunos de ellos con figura de protección legal, existen otros que “por importancia ecológica deberían de ser igualmente protegidos”, manifiestan los ecologistas de la zona. Pepe Rivera, presidente del Grupo Ecologista Mediterráneo, se ha dirigido en reiteradas ocasiones al SEPRONA para notificarles que en la Charca Sotomontes de Matagorda (El Ejido) “continúan destruyendo zonas de nidificación de especies de aves en peligro de extinción, por vertidos o aterramiento de sus hábitats para construir invernaderos”. Tras las denuncias de los ecologistas, las administraciones se reunieron en el Ayuntamiento de El Ejido y creían que “iban a solucionar el problema, pero no fue así”.

Fran Pérez, concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de El Ejido, asegura a elDiario.es/Andalucía que existe un expediente abierto desde Urbanismo, pero que “no se puede hacer mucho más porque no existe ningún tipo de protección en esa zona”. Advierte que es la Consejería de Medio Ambiente quien tiene competencia en espacios protegidos o declararlo así si procede. “Nosotros ya enviamos un escrito a la Consejería y falta que ellos se pronuncien y que SEPRONA se ponga manos a la obra; por nuestra parte está todo hecho”. Añade que “pasamos las cosas y no nos informan”.

Cronología de las denuncias

A lo largo de los tres últimos años se ha denunciado el maltrato al humedal, hasta que al fin las diligencias instruidas se han remitido a la fiscalía provincial de medio ambiente. Además, se han realizado tres actas de infracción administrativa en materia de vertidos y residuos.

En 2020 el instituto armado tuvo conocimiento por primera vez de las obras de desecación del humedal, a través de denuncia presentada por el Grupo Ecologista Mediterráneo, realizándose por parte del Seprona de la comandancia de Almería una inspección en la que se observaron movimientos de tierra, ganando terreno al humedal para uso agrícola.

En 2021 se volvió a tener conocimiento, por denuncia presentada por el mismo grupo ecologista, de la continuidad de los trabajos, comprobándose en la inspección realizada por el Seprona que en esta ocasión se estaban depositando gran cantidad de residuos de todo tipo, incluidos residuos clasificados como peligrosos (envases de fitosanitarios, envases de fertilizantes e insecticidas, plásticos procedentes de la agricultura bajo plástico impregnados de productos químicos, etc…), instruyendo diligencias ampliatorias de las anteriores.

El pasado año se volvió a presentar una denuncia comprobando en la inspección posterior que el volumen de vertidos ha ido aumentando, requiriendo informe pericial de la Unidad Técnica – Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UT-UCOMA) cuyo resultado certifica una pérdida directa de hábitat para multitud de especies, daños sustanciales en la calidad de las aguas y el suelo afectando a la flora y fauna, generándose una pérdida y degradación del hábitat que pone en riesgo especies protegidas y en peligro de extinción.

Sanción

La Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul notifica a este medio que en marzo de 2022 se inició un procedimiento sancionador por considerar los hechos denunciados por los ecologistas una infracción muy grave tipificada en el artículo 75.5 de la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestres (destrucción o degradación manifiesta del hábitat de especies amenazadas catalogadas como en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat o de sus lugares de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación).

De acuerdo con el artículo 82 de la misma Ley, la infracción fue sancionada con una multa de 120.000 € y la obligación de restaurar el daño causado consistente en: paralización inmediata de las actividades de relleno de la charca, retirada de todos los vertidos y su tratamiento mediante un gestor autorizado y realizar las labores oportunas para recuperar la zona afectada atendiendo las indicaciones del Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad de la Delegación Territorial. Aunque no ha trascendido el nombre de la empresa sancionada.

Humedales artificiales de importancia ecosistémica

 Este humedal, como otros muchos de la zona del poniente almeriense, es artificial como consecuencia de la extracción de tierras para los invernaderos a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Y es que se generaron una serie de socavones, que con el tiempo se han ido llenando de agua, sobre todo de retornos de riego y por la subida del nivel freático del acuífero superior. “Todas ellas están amenazadas, ya que se usan como vertederos, o se están aterrando”, advierte Rivera. Estos humedales funcionan como balsas de tormentas, acumulando el agua de lluvia. Agricultores de la zona se quejan del aterramiento de la charca porque “cuando llueve, lo que queda de la charca se llena e inunda sus fincas”.

Lo que ocurre es que estos humedales se han convertido en hábitats de especies protegidas, incluso aves en peligro de extinción. “Es por eso que legalmente se deberían tomar medidas para su protección y que serían suficientes para incluir estas charcas en el convenio RAMSAR (relativo a la conservación y uso racional de los humedales), y que al menos las harían merecedoras de ser incluidas en el Inventario Andaluz de Humedales”, justifica Rivera.

Las especies de aves son un magnífico indicador biológico, y aunque en los últimos años se está notando un descenso, estas lagunas todavía siguen siendo un importante lugar para la conservación de especies en peligro. Tales como la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), el morito (Plegadis falcinellus), la garcilla cangrejera (Marmaronetta angustirostris), o el porrón pardo (Aythya nyroca). Estas dos últimas en peligro crítico de extinción. Todas estas aves nidificantes en este sistema de lagunas, que se desplazan de una laguna a otra instalando sus nidos en los lugares en que encuentran menos molestias o peligros. Es por eso que “estas lagunas constituyen un ecosistema que debería de ser protegido íntegramente y, o al menos, tomar medidas para evitar que se siga deteriorando”, concluye el ecologista.

La detención de las once personas ocurrió en Roquetas de Mar por su presunta participación en un entramado empresarial de la construcción de invernaderos implicado en 23 delitos contra la Seguridad Social y 22 de frustración de la ejecución. La Policía Nacional ha llevado a cabo la operación en colaboración con la Tesorería General, a través de la cual se ha destapado un fraude a la Seguridad Social de 2.477.750 euros.

Un empresario agrícola, que solicitó los servicios de la constructora de invernaderos, reconoce en conversación con elDiario.es/Andalucía que Hacienda le ha sancionado con 200.000 euros “por no pagar el IVA que le correspondía a esta empresa”. Confiesa que “esto es un tema del que todo el colectivo es consciente, pero que nadie se atreve a hablar por miedo”. Los empresarios detenidos habían copado el sector, utilizando trabajadores de las propias empresas como testaferros y sociedades con gran cantidad de mano de obra que realizaban trabajos subcontratados por otras empresas más grandes de ese ámbito.

Agustín, nombre ficticio de este agricultor que se ha prestado a contar su historia, asegura que esta práctica “es muy habitual en este sector” y que opera libremente en la provincia de Almería, estafando a los del sector agro. Lo confirma al periódico la Gestoría Vázquez y Manchón, que son especialistas en asesoría fiscal en El Ejido. Su socio, Juan Leandro Manchón, aclara que “el principal fraude es que se están quedando con un IVA que no es suyo”. Él sabe de primera mano que esta forma de trabajar está muy extendida porque “me han llegado muchísimos casos de este tipo”. La investigación comenzó en septiembre de 2022, cuando se tuvo conocimiento de actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas de la construcción de invernaderos en Roquetas de Mar, con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

 “Hay más de 100 empresas que estafan a los agricultores”

Este entramado empresarial tenía en común la utilización de trabajadores de las propias empresas como testaferros, así como la utilización de multitud de sociedades. Los empresarios detenidos, en su mayoría de nacionalidad rumana, contrataban una gran cantidad de compatriotas como trabajadores, a algunos de los cuales utilizaban como testaferros. “El cabecilla de esta red de entramados es ‘el rumano jefe’, que lleva una empresa matriz”, revela Agustín. Explica que no hay ningún administrador, pero la matriz tiene más empresas a su cargo. Estas suelen ser pequeñas y de otra índole, nada que ver con la construcción de invernaderos. “A la empresa madre lo único que le interesa es que sus hijas le facturen, por lo que no pagan las deducciones de la seguridad social ni el Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVA”, indica. Añade que la multa tributaria le llegó dos años después de que contratara los servicios a la empresa de construcción de invernaderos.

De acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional, los responsables de este entramado empresarial habían copado el mercado de la construcción de invernaderos a través de un modus operandi definido. Utilizaban empresas con gran cantidad de mano de obra, dedicadas sobre todo a realizar trabajos subcontratados de otras empresas más grandes del sector. Al no abonar los seguros sociales de sus trabajadores, los precios que ofertaban eran mucho más bajos que los de otras firmas que sí cumplían sus obligaciones. De esta forma se generó un importante fraude directo por impago de cuotas mientras incrementaban sus márgenes de beneficio y eran subcontratados por empresas más grandes, las cuales se beneficiaban de los bajos precios de las sociedades investigadas, ya que les resultaba más barato subcontratar sus obras que realizarlas ellos mismos. Tras un complejo entramado de sociedades y de testaferros se dificultaba la labor de los investigadores para la identificación de los responsables de las actuaciones ilícitas.

“Todas las reclamaciones y las cartas de aviso para que paguen solo les llegan a las empresas hijas”, asegura este empresario agrícola. Nada recae en la empresa matriz, “hay una especie de muro burocrático que les salvaguarda”. De manera que estas empresas quedan manchadas, pero la matriz resulta intacta, impoluta. Así, ‘el rumano jefe’ queda impune de cualquier delito. Asimismo, según declara un inspector de Hacienda consultado por elDiario.es/Andalucía, “en Almería hay más de 100 empresas de este tipo que operan engañando, principalmente a los agricultores”.

¿Cómo evitar el engaño?

Al consultar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se saca en claro que en el sector de la construcción de invernaderos se ha detectado que hay sociedades que facturan sin medios y que son de reciente creación. A la hora de hacer la factura no deducen el IVA. La entidad aconseja al agricultor que debe verificar que la sociedad ejecutante de la obra es la que realmente emite la factura. Una de esas formas es “ver si se trata de una sociedad asentada y con una larga trayectoria en el sector no suelen existir problemas”.

Otra forma de verificarlo es que el agricultor se cerciore de que la empresa constructora dispone de los medios con los que se está ejecutando la obra. Por ejemplo, comprobando, a través de los documentos de la Seguridad Social, que los trabajadores que realizan la construcción del invernadero están dados de alta en la sociedad que factura, y que los apoderados que firman el presupuesto y el contrato de construcción son también los de empresa que emite la factura.

‘Se busca el Gordo’ por cuarto año consecutivo. Un lotero de Almería capital escondió 40 sobres rojos en su barrio para participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad con el número 89874. Esta particular gincana repartió 8,5 millones de euros del tercer premio el año pasado. Este año los agraciados se han llevado 100 euros como premio a su particular búsqueda del tesoro.

Jesús Ibáñez, el lotero de la administración de lotería número 13 de Almería 'La trece', (número feticha en esta fecha), escondió ocho sobres rojos diarios con una papeleta dentro. Cuatro de ellos con un ticket para canjearlo por un décimo directamente en la Administración. Los otros cuatro entraron en un sorteo que se celebró el viernes 16 de diciembre. A la semana se reparten 40 sobres, el año pasado dejaba 20. “He doblado el número porque la gente se me acercaba a la Administración y me decía que se agotaba muy rápido”, explica Ibáñez en un encuentro con elDiario.es Andalucía.

Los sobres siempre pueden estar en cualquier lugar. Entre el mobiliario urbano, sobre los árboles, bajo las papeleras o en señales de tráfico. Además, Ibáñez asigna un “décimo solidario”, que este año ha sido para la asociación de Síndrome de Down 'Asalsido'. El año pasado reservó un boleto para destinarlo a los afectados por el volcán de La Palma.

Hace una semana arrancó su particular sorteo, y al día siguiente ya había “dos personas” que le mandaron “fotografías con los décimos encontrados”, explica el lotero, que reconoce que se siente vigilado por los vecinos cada vez que sale a la calle por si acude a esconder alguno de los décimos. “¡Me persiguen!”, bromea. Cada día en la web latrece.es y las redes sociales ha ido dejando pistas para facilitar la tarea.

Como buscar Pokemon

Fue por esas mismas pistas que Daniel y su pequeña Cayetana salieron “a buscar la suerte”. En una entrevista con este medio explica que “revisé las pistas que colgó este año en su página web y empezamos sin mucho éxito con la búsqueda; inspeccionamos todo el barrio hasta que dimos con el sobre rojo detrás de una papelera”. Cuenta que mereció la pena seguir el juego de Jesús por ver cómo su niña daba saltos de alegría. “¡Es la segunda vez que lo hemos encontrado!”, exclama con ímpetu. Hace dos años él también se tropezó con la suerte y dio con el tesoro escondido.

La familia de Daniel también tiene un negocio en Oliveros y comenta que al día siguiente de encontrar su sobre rojo de la suerte fue a la Administración La Trece para canjear el décimo y se topó allí con distintos medios de comunicación que se hacían eco de la iniciativa amable del lotero Jesús. “Es una situación graciosa porque ves desde adolescentes hasta personas más mayores rastreando por todos los sitios del barrio y ya no sabes si están buscando Pokemon o los cupones”, explica divertido.

Una idea para “dar vidilla”

La iniciativa de Jesús Ibáñez comenzó “a raíz de unas obras que había en la calle y que dificultaban el paso de transeúntes” en la calle Artés de Arcos. En 2019 “los vecinos estaban hartos porque no veíamos fin a esas obras en la vía urbana y esta era una forma de atraer a los viandantes que se alejaban de la zona”. De este modo, él animaba a que se hicieran las compras en el comercio de proximidad de su entorno para “dar vidilla de cara a las fechas más próximas a la Navidad”. Comenta que este año había “mucha más expectación y más magia tras aquel tercer premio del año pasad”. Asegura que va gente en busca de los sobres rojos de otros barrios de la capital, de otros puntos de la provincia e incluso fuera de ella.

Este año, el número elegido fue el 89874, el cual guardó el lotero desde el pasado mes de julio. Fue “una corazonada”, explica en relación con la elección de la cifra por el responsable de la administración, quien pese a confesar que el cuatro no es un número de su predilección, este año ha sentido un pálpito con el mismo.

Este año, un cuarto

La administración ha experimentado en 2022 una subida en sus ventas, en parte por las 17 series premiadas que vendió con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, que el pasado año recayó en el 19617. “Estamos contentos porque está todo prácticamente vendido, no creo que nos sobre mucha lotería”, ha asegurado el responsable de la administración, que registra colas diarias a la entrada.

Además de los 100 euros de los décimos escondidos, Jesús Ibáñez puede presumir de nuevo de seguir repartiendo suerte porque ha vendido un cuarto premio. El 25296, con 20.000 euros al décimo. Y sobre su iniciativa 'Se busca el Gordo' ha dicho: “Supongo que seguiremos haciéndolo, ya hay que hacerlo tradición”.

Este martes el familiar de un paciente agredió física y verbalmente a dos pediatras del Hospital Universitario de Poniente. Poco después la Policía Local de El Ejido lo detuvo. Fuentes de la Delegación provincial de Salud confirman a elDiario.es Andalucía que “uno de los profesionales, un hombre, ha sido golpeado con fuerza en varias ocasiones por el agresor, mientras que una compañera suya ha sido agredida verbalmente”.

La “brutal agresión” fue motivada por un desacuerdo con la atención que se le estaba prestando al menor al que el hombre había acompañado al hospital. El individuo “se mostró muy agresivo desde un primer momento” hasta que inició los “fuertes golpes” contra el médico, provocándole “lesiones y contusiones en distintas partes del cuerpo, como la cabeza y las manos”.

La Delegación de Salud ha activado el protocolo contra agresiones sanitarias y ha ofrecido todos sus servicios a los agredidos. Asimismo, el Hospital Poniente convocó al día siguiente de la agresión una concentración en repulsa por los hechos acontecidos. Durante la congregación, trabajadores, equipo directivo y representantes sindicales han mostrado su repulsa unánime a las agresiones físicas y verbales contra el personal de los centros sanitarios.

“Máxima solidaridad”

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha asistido a la concentración y ha expresado “la repulsa unánime, por parte de todo el sistema sanitario de la provincia y de todos sus profesionales”. Belmonte ha señalado que “tenemos a los mejores profesionales, dando cada día lo mejor de sí mismos, para salvarnos la vida, y estas actitudes son intolerables, además de un delito contra la autoridad, que como tal se va a perseguir y enjuiciar; y esperamos una sentencia ejemplar”.

Por su parte, el director Médico del Hospital Universitario Poniente, Francisco Cañabate, ha transmitido durante el acto “todo nuestro apoyo a los dos profesionales agredidos, a los que queremos mostrar nuestra máxima solidaridad”. Francisco Cañabate ha subrayado que “es necesario condenar de forma enérgica estas actitudes violentas, que no tienen cabida en nuestra sociedad y mucho menos en el seno del sistema sanitario público, donde nos dedicamos a cuidar de la salud de la ciudadanía”.

“No nos podemos negar a darle asistencia”

El caso de Poniente no ha sido el único. Marta (nombre ficticio) es una enfermera de 43 años del área de diálisis del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería capital desde hace 15 años. Lleva sufriendo un “maltrato continuo” por parte de un paciente con el que tiene que pasar cuatro horas diarias por obligación, dado que su tratamiento es de larga duración. Soporta insultos, humillaciones y hasta ha presenciado cómo “estampaba a un compañero contra la máquina de café”. Lo máximo que puede hacer es llamar a seguridad por pertenecer a “un centro de referencia” porque “no nos podemos negar darle asistencia sanitaria”. La enfermera, natural de Cádiz, explica que “los de arriba nos recomiendan que hagamos una denuncia personal”. Se siente desprotegida porque la dirección no las apoya y no existen protocolos para hacer frente a las constantes agresiones de los pacientes al personal sanitario.

En el Centro de Salud Las Norias de Daza (El Ejido) dicen estar “habituados” a que haya “riñas con los pacientes”. Un sanitario, que quiere “la máxima discreción con este tema”, indica que hasta ha tenido varios juicios tras agredirle físicamente. “Lo peor de todo es que sigue viniendo aquí y lo tienes que atender otra vez porque no queda de otra”, confiesa resignado. “¿Oléis eso? Parece que ha pasado una rata por aquí”, oye decir el facultativo cuando se cruza con su agresor. “Es desesperante, resulta que nosotros estamos aquí para lo bueno y para lo malo; hubo un tiempo en el que nos aplaudían, pero siempre que pueden nos apalean”, reflexiona.

Marta confiesa angustiada que vive aterrorizada y con una ansiedad extrema que le obliga a tomar pastillas para dormir. “Tengo muchísimo miedo porque muchas veces me ha esperado abajo en la salida y me sigue”, murmura entre sollozos. Cuenta que sus compañeros le cambiaban el turno cuando le tocaba con el agresor, pero “llega un punto en que ha arremetido contra todo el personal y ya nadie quiere tenerlo cerca”.

Al alza las agresiones a sanitarios en Andalucía

El Sindicato de Enfermería ha solicitado medidas tras conocer los últimos datos de agresiones registrados en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que abarcan entre enero y julio de 2022, y que apuntan a un incremento de casos cuando se contabilice el año completo. En concreto, en los primeros siete meses de 2022 ha habido en toda Andalucía 898 agresiones, de las cuales 730 han sido de carácter verbal, tales como amenazas, críticas humillantes o insultos graves, y 168 han llegado a la agresión física.

Por provincias, Málaga encabeza las agresiones con 187 casos (46 de ellas físicas), seguida de Sevilla 175 (35 físicas) y Cádiz con 153 casos, de los cuales 16 fueron físicas. A continuación, según los datos recopilados por SATSE, se sitúan la provincia de Huelva, con 93 incidentes (24 agresiones físicas), 85 en Granada (22 agresiones físicas), 80 en centros de Almería (21 físicas), Jaén con 62 casos de ellos una agresión física y por último Córdoba con 62 (3 agresiones físicas).

Marina Rueda, enfermera en Almería, reflexiona durante una entrevista con elDiario.es Andalucía que los profesionales sanitarios sufren por “las deficiencias del sistema sanitario''. Explica que, cada vez, las necesidades de los pacientes o usuarios de salud aumenta, ”pero nuestra situación sigue siendo precaria“. Y es que ”cuando no hay personal suficiente, cuando no se tienen unas condiciones dignas, el cuidado que das es deficiente, y no cumple las expectativas del paciente“. Asegura que el personal sanitario se vuelve vulnerable cuando ”los mismos pacientes conocen sus derechos pero desconocen sus deberes“, que es ahí donde ”se producen las exigencias de cuidados, y las agresiones, cuando no cumplen con las expectativas del paciente, con lo que él considera que necesita, pero que quizá no“. Marina lamenta que se siente frustrada porque ”no siento el respaldo por el sistema sanitario ni por el paciente“. ”Los pacientes nos faltan al respeto y no nos consideran autoridad, sino alguien que tiene que darle lo que quieren en el momento“, concluye.

El perfil de los agresores: el 16% con trastornos psiquiátricos

La Consejería de Salud y Consumo contabiliza las agresiones al personal sanitario teniendo en cuenta los distintos perfiles de los usuarios que agreden y las características de las agresiones. Así lo establece el Plan de Prevención y Atención frente a agresiones del SAS.

Según el análisis de la Consejería, el 16% del total de agresiones son cometidas por usuarios con trastorno psiquiátrico, psicológico o que sufren algún deterioro cognitivo. Desde el Plan de Prevención y Atención del SAS, se destaca que este porcentaje se mantiene estable cada año y está ligado al tipo de actividad desempeñada en los centros asistenciales, es decir, es consustancial a áreas asistenciales específicas, por lo que las medidas preventivas y actuaciones deben ser distintas en este tipo de casos, ya que no son agresiones equiparables al resto.

Virtudes Pérez ha tenido que esperar cuatro años, pero ha sido ahora cuando la justicia se ha pronunciado y ha condenado al vecino que amenazó y agredió a la alcaldesa de Las Tres Villas (Almería). “La imagen de ver a tu hija debajo del coche y recogerla llena de sangre te deja sin vida”, balbucea casi sin aliento la alcaldesa socialista en una entrevista concedida a elDiario.es Andalucía. Confiesa que no consigue sacarse de la cabeza aquella “noche amarga por muchos ansiolíticos que tome”.

Las Tres Villas es un pueblo muy pequeño y tranquilo de la comarca almeriense Los Filabres-Tabernas, que comprende los núcleos de población de Escúllar, Ocaña y Doña María. La alcaldesa volvía de la tradicional fiesta de las castañas con su hija de 30 años cuando en la puerta de su casa irrumpió un todoterreno “a alta velocidad” ocupando toda la calle estrechísima tan típica del pueblo. “No te da tiempo a pensar, me refugié como pude entre las jardineras de la calle, pero mi hija se llevó la peor parte porque la rueda del vehículo pasó por encima de sus piernas”, expresa Pérez teniendo que hacer una pausa al revivir esos recuerdos de la madrugada del 1 de noviembre de 2018. “Mi hija no se ha quedado bien de la rodilla, tiene que operarse por segunda vez porque se le ha quedado un coágulo de sangre”, relata la edil. “Estos últimos tres años lo he pasado tan terriblemente mal que lo único que quiero después de la sentencia es pasar página”, confiesa la alcaldesa.

Amenazas con bate en mano

Y todo por una acometida de agua que le fue rechazada a este vecino cuando solicitó el servicio. “Él la pidió para que le dieran agua a un bancal abandonado, un secarral, donde no había ni un solo ladrillo puesto y los servicios de la Diputación Provincial de Almería nos dijeron que no era favorable”, explica la alcaldesa del PSOE. La reacción del hombre no fue otra que asaltar el salón de plenos del Ayuntamiento de Las Tres Villas con el papel del comunicado en una mano y un bate en la otra. En presencia de todos los concejales y demás personal administrativo entró “indignado, y con toda la rabia del mundo” vociferó que quien hubiera firmado este papel iba a tener graves consecuencias. “Mi firma estaba ahí”, precisa Virtudes Pérez. Poco más de un año y medio después (a finales de 2018), el vecino llevó a cabo el atentado contra la alcaldesa socialista. “Si es que si yo le hubiera cedido en lo que él quería, me hubieran penalizado y me hubieran inhabilitado por dar una acometida de agua fuera de lugar e ilegal”, expresa Pérez.

La sentencia

Ahora la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos años de prisión al agresor. Durante la vista oral, el acusado ha reconocido los hechos y se ha mostrado arrepentido, según ha manifestado ante las preguntas formuladas por la Fiscalía, que ha modificado su escrito final de conclusiones, por el que inicialmente solicitaba cinco años de prisión por un delito de atentado, al introducir las atenuantes de dilaciones indebidas y reconocimiento.

El escrito del Ministerio Público recoge también que el individuo pague una multa de siete meses a razón de 12 euros diarios, la prohibición de comunicarse y permanecer a menos de 300 metros de la primera edil durante cinco años y 91,68 euros de indemnización para la regidora. Además, también ha sido condenado por dos delitos leves de lesiones y debe pagar dos multas de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros, el pago de 370,72 euros en indemnización a la hija de la alcaldesa y debe abonar Ayuntamiento de Las Tres Villas 166,83 por los daños ocasionados en unas jardineras.

El mismo vecino ya fue condenado en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería por un delito leve de amenazas al haber intentado agredir la alcaldesa y a su madre cuando volvían a su casa tras las fiestas patronales de Ocaña en agosto de 2015, si bien entonces fue absuelto de un delito de atentado por el que se pedían dos años de cárcel.

Almería tiene 72.000 hectáreas de cultivo de regadío (bajo plástico, 32.827 hectáreas). Por municipios, lidera El Ejido con 13.112 hectáreas, seguido por Níjar con 6.087, Almería 2.654, Roquetas 1.976, Vícar 1.913, La Mojonera 1.466, Adra 1.466 y Berja con 1.232 hectáreas. Son datos del estudio realizado por la Junta de Andalucía mediante técnicas de teledetección, utilizando imágenes del satélite Sentinel 2, y que consta en el informe de la Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a 2021. Sin embargo, la provincia de Almería es la más árida de Andalucía. Por eso, la importancia del agua.

La falta de lluvia acumulada en lo que va de año hidrológico en España se mantuvo al 26% durante todo el pasado mes de agosto, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). A la espera de las ansiadas lluvias, las cifras de las reservas de agua de los embalses andaluces siguen sin ser halagüeñas, han perdido 62 hectómetros cúbicos de agua y guardan 3.036 de un total de 12.000. Es decir, que están tan solo al 25,24% de su capacidad total. Y Almería, con Córdoba y Jaén, tienen una situación especialmente con sus embalses entre el 16 y el 19%.

No obstante, Almería podría afrontar la falta de agua, aseguran los agentes implicados, si sus seis desaladoras funcionaran a pleno rendimiento. Sin embargo, esto no es así: solo tres tienen el grifo abierto: las dos desaladoras estatales (la del Campo de Dalías y la de Carboneras), que suman 72 hectómetros cúbicos (hm³) anuales, y otra municipal, la de El Bobar en Almería capital, con capacidad para 15 hm³. Las dos primeras funcionan al 100% y la tercera solo trabaja a un tercio de su capacidad.

A estas hay que añadir otras tres instalaciones que están en pie, pero que han dado muchos quebraderos de cabeza a la comunidad de regantes porque su grifo no echa ni gota. Son la también estatal del Bajo Almanzora en Villaricos, y Cuevas del Almanzora y la del Mar de Alborán en Cabo de Gata, en manos de la empresa especializada en la gestión del ciclo integral del agua Aqualia, desde 2019 (esta última se conocía antes como Rambla Morales). Ninguna de estas funcionan.

“Producir agua desalada es muy caro”

Que todas las desaladoras de la provincia funcionen al 100% es una reivindicación de la Mesa del Agua de Almería (formada por la Federación de Regantes de Almería (FERAL), Aguas de Almanzora SA, Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, Comunidad de Usuarios de la Comarca de Níjar (CUCN), Comunidad General de Usuarios de Aguas Depuradas (CGUAL), Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense, Junta Central de Usuarios de Adra, Asociación de Regantes de Andalucía (AREDA), Regantes de Almería (REGA), las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, ASEMPAL, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería y Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Almería) que, junto con diferentes colectivos, vienen reclamando desde hace años. Esta mesa nació en 2016 como foro donde canalizar con una voz única la defensa de los intereses de los regantes almerienses.

Con las desaladoras existentes, “es suficiente para satisfacer la demanda actual, a excepción del Levante debido al crecimiento excesivo de las demandas del sector primario”, explica Pepe Rivera, presidente del grupo Ecologistas Mediterráneo. El problema que él ve es que la agricultura y la ganadería industrial están creciendo y “nadie tiene en cuenta los recursos disponibles, por lo que social y económicamente resulta inaceptable seguir subvencionando el recurso”. Según expone Rivera, que también es miembro de Ecologistas en Acción Almería, producir agua desalada es muy caro y más aún con el precio de la energía al alza: “Si se pagase el coste real, hoy en día sería inasumible”. Con lo cual, este recurso parece que no casa bien con las políticas de ahorro. Se plantea producir agua desalada con energías renovables, “pero se supone que las energías renovables son de sustitución y no para seguir aumentando los consumos”, puntualiza Rivera.

Según aclara Abel La Calle, profesor de derecho en la Universidad de Almería y especialista en temas hídricos, “los usuarios de agua acuden a la fuente que menos coste les supone, por lo que mientras que se permita sobreexplotar pozos sin coste, los usuarios solo demandarán el agua necesaria para mezclarla con la subterránea y mejorar la calidad para sus cultivos”. Los regantes reconocen que poner en carga el 100% de las desaladoras no les “sale rentable”.

Desde la Federación de Regantes de Almería (FERAL) señalan alternativas: “se habría de ajustar unas medidas de aprovechamiento de las aguas recicladas o fijar la construcción de pequeñas pantanetas (una especie de piscina grande donde poder almacenar el agua de la lluvia) que favorecieran el filtraje del agua de lluvia al subsuelo, recargando también acuíferos”.

Desaladoras proyectadas

Mientras el problema del agua es un hecho y el debate acerca de las desaladoras está sobre la mesa, el pasado junio el Ayuntamiento de Vera aprobó construir una nueva desaladora en unas parcelas cercanas a la playa con vistas a que sea una realidad en 2027. Alfonso García (PP), teniente de alcalde del municipio, explica que “no tiene por qué estar en primera línea, ahí es donde estarían los pozos o las tomas de agua salada, pero la desaladora en cuestión estaría en la segunda línea de la costa, bastante en el interior, en una parcela donde no haya impacto visual ni ambiental”. Esta iniciativa público-privada costaría 22 millones de euros y García aclara que su idea es “sacar a licitación la construcción de esta infraestructura hídrica”. Según adelanta, el Consistorio ha contactado con muchas empresas del sector que “estarían dispuestas a llevar a cabo la construcción y la explotación de la misma, por lo que la haríamos sostenible financieramente”. Es decir, el Ayuntamiento pondría los terrenos e impulsaría el proyecto y “la empresa concesionaria tendría que construirla y llevar a cabo su explotación”, puntualiza.

En el caso de la desaladora de la capital, se trata de una ampliación. De hecho, la Junta de Andalucía anunció el pasado mes de abril que licitará por 850.000 euros la redacción del proyecto para ampliarla (“una de las grandes obras de Andalucía”, según la consejera Carmen Crespo) y así, mejorar el suministro de la capital y de los municipios que conforman la comarca del Bajo Andarax.

Además, FERAL informa de que se están proyectado 25 hm³ también de ampliación para los regantes de Níjar con la desaladora de Carboneras, “donde se necesita un total de 50 hectómetros cúbicos de agua, habiendo en estos momentos poco más de 25”.

Ha hecho falta un año y medio de negociaciones y trámites para que la Diputación Provincial de Almería formalice la adquisición del Cortijo del Fraile y las casi nueve hectáreas de superficie para su rehabilitación y puesta en uso. Es el cortijo más grande y espectacular del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y ha servido de inspiración a poetas, escritores, pintores, fotógrafos y cineastas. Pero este elemento tan emblemático, sin lugar a dudas, ha pasado a la historia por ser el escenario donde se produjo el 'Crimen de Níjar' en 1928 que años después inspiró a Federico García Lorca para su universal obra Bodas de sangre, así como a la escritora almeriense Carmen de Burgos (Colombine) para su novela Puñal de claveles.

Eso sí, la adquisición se ha hecho después de que la Junta de Gobierno diera el visto bueno definitivo a una compra que finalmente se ha tasado en 1.950.000 euros a la mercantil Agrícola Mar Menor. Se ha financiado con fondos propios de la Diputación y cierra así un expediente que se iniciaba el 16 de septiembre de 2021, que ha salvado cerca de una treintena de trámites administrativos hasta la compra, y que se cerrará definitivamente con la firma de las escrituras. Con esto se quiere garantizar la salvación de este edificio declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) construido en el siglo XVIII y que está en ruina técnica desde 2011.

Réplica exacta

Desde la institución provincial dejan claro que “lo que no pueda mantenerse, será replicado con exactitud”. Es decir, son conscientes de que este escenario lorquiano “es uno de los principales atractivos que tiene su propia imagen, esa que tienen todos los almerienses en el imaginario colectivo y que ha pasado a la historia a través del celuloide”. Es por ello que “nadie plantea ningún cambio en él”. No obstante, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano, adelanta que “el primer paso será una actuación de consolidación del edificio” porque se encuentra muy deteriorado ante la falta de mantenimiento que ha sufrido. Principalmente, es “salvar la capilla porque es el elemento más emblemático con el que cuenta el cortijo”, y lo que de verdad queda en pie.

Y, a partir de ahí, “intentar recuperar todo lo que se pueda”, pero bien es cierto que todo dependerá de lo que dictaminen los técnicos una vez que se pueda acceder. Alfredo Garrido, el arquitecto de Diputación elegido para el proyecto de rehabilitación del Hospital Provincial y que sigue siendo el que vive a pie de obra su transformación en el Museo del Realismo Español, será el encargado de trazar el rescate de este inmueble.

El peso de Bodas de Sangre

Precisamente la capilla es el corazón del Cortijo, el sitio en el que se tenían que casar Casimiro y Paca la Coja, los novios de la boda más famosa de la literatura española. Ella plantó al novio en el altar, se fugó con su primo y la cosa acabó en tragedia. Real y literaria, porque el suceso derivó en libros de leyenda como García Lorca o Carmen de Burgos. El peso de estas resonancias literarias en la construcción del mito y el icono del Cortijo del Fraile es evidente. “Si no existiera ‘Bodas de Sangre’, no habría tema”, así de contundente se muestra Andrés Sánchez Picón, catedrático en Historia Económica de la Universidad de Almería (UAL). “Hay muchos cortijos en el campo de Níjar que fueron relevantes en su momento y que han desaparecido entre sus propias ruinas”, pero socialmente el Cortijo del Fraile cobró importancia por la obra archiconocida de Lorca.

Esta compra supone un paso más en la apuesta por el Patrimonio de la Diputación Provincial de Almería. “Si ha sido ilusionante la recuperación del Antiguo Hospital para su próxima apertura como Museo del Realismo, recuperar este icono cultural de la provincia y la conservación de este BIC, es uno de los máximos retos a los que nos enfrentamos”, manifiesta Fernando Giménez, vicepresidente de esta institución provincial.

Un edificio con historia y escenario de historias

El Cortijo del Fraile es el máximo icono de la vida del siglo XIX y XX de la Comarca de Níjar. Fue construido por los frailes dominicos en el siglo XVIII y debe su nombre a quienes lo levantaron. En la desamortización de Mendizábal, en 1836, fue confiscado por el Estado y pasó a manos privadas.

Es un conjunto edificado de planta trapezoidal, con una superficie de parcela de más de tres mil metros cuadrados. El conjunto arquitectónico cuenta con una vivienda principal, de los aparceros y del pastor, además de oratorio, corrales, cuadra y corrales. En su interior, concretamente, en su patio central, podemos encontrar el campanario, la cripta funeraria, la capilla, las cuadras, los hornos y el aljibe.

“La relevancia de este cortijo también recae en su posición geográfica, pues se construyó cerca de las explotaciones mineras de extracción de oro de Rodalquilar”, según explica Rodolfo Caparrós, geógrafo y urbanista. En paralelo a su decrepitud física, el cortijo ha ido creciendo simbólicamente por la reivindicación de colectivos sociales que, de una manera persistente, “han venido reclamando la atención de las administraciones públicas”, asegura Caparrós. “Diferentes manifiestos, reclamaciones, movilizaciones, manifestaciones, acciones reivindicativas se han sucedido, y forman parte de un escenario melancólico”, puntualiza.

Además, el mágico entorno del Cortijo del Fraile ha sido localización de diferentes rodajes y fue el escenario de algunos de los westerns más legendarios como 'La Muerte tenía un precio' y 'El bueno, el feo y el malo'. Además, se han grabado en él algunas series de televisión. Cómo olvidar aquella fatídica boda entre Sarita y Lucas en el final de la sexta temporada de 'Los Hombres de Paco' con su peculiar homenaje a la obra lorquiana.

Menos trágica fue Colombine en su Puñal de claveles porque ella deja la puerta abierta a la esperanza. Los dos enamorados superan el fatal final al que les sometía el inmovilismo rural y logran escapar.

Por eso, Giménez declara a elDiario.es Andalucía que cuando encaren el proyecto de conservación y recuperación de este edificio “va a estar muy presente su historia y también todo lo acontecido” allí. “Está claro que Lorca, Colombine y el cine tendrán mucho que aportar para esta joya patrimonial”, concluye.

Corrían los años 80, década del mítico mundial 82 con su mascota Naranjito y la omnipresencia del deporte rey, el fútbol. Sin embargo, en el Colegio Público José Salazar de El Ejido (Almería), se estaba gestando lo que sería el germen de una afición inusual para una provincia entera por un deporte distinto: el balonmano.

Uno de los docentes, Fernando Montes, decidió ponerse en contacto con otros educadores de Adra, Roquetas de Mar y Almería capital porque “ya estaban cansados de escuchar solo hablar de fútbol”, explica Alex Sala, el actual secretario del Club Balonmano Cantera Sur El Ejido. Así que incluyeron el balonmano en la asignatura de Educación Física de Primaria.

Fernando Montes ya ha fallecido pero su legado deportivo no ha decaído un ápice. Y el gusto por el balonmano ha ido pasando de generación en generación. Lo corrobora Nilo Peral: “Aquí es muy común que un padre o una madre te diga que tiene a sus hijos apuntados al balonmano al salir de clase”. De hecho, sus dos nietas pequeñas ya están apuntadas al equipo de su colegio.

Peral, después de haber practicado el balonmano desde los 10 años, volvió a El Ejido con 26 años destinado al José Salazar y recogió el testigo de que fuera compañero y director en ese momento, Fernando Montes. Con la ayuda de la asociación de padres “yo solo solo continué con la afición que habían creado”. Miguel Carreño, Miguel Romero, Pascual Torres o Cristóbal Ordoño son nombres de docentes asociados al fomento de este deporte que Nilo recuerda con cariño.

Figuras del deporte

Desde entonces, no se entiende el balonmano sin Almería. Es tan popular en esta provincia que hasta la emisora local de El Ejido, Radio Poniente, cuenta con un programa que dedica una hora diaria exclusivamente a este deporte. Jesús Callejón, su director, comenta a este medio que “lo que yo hago sé que es extraño porque nadie en otra provincia o comunidad da tanta cobertura al balonmano como hacemos nosotros”.

De hecho, a Peral no le cuesta nada hacer recuento de figuras históricas de Almería como Miguel París en Carboneras, M. Castillo en Adra, o Miguel Moreno y Rafael Florido en Almería capital. Este último es el fundador del Club Goya. Toda la vida de Florido ha estado dedicada a la docencia y al deporte. Director y profesor del Colegio Goya, convirtió la práctica del balonmano en el sello de identidad de aquel centro. Con cientos de niños y niñas iniciándose en esa actividad deportiva, el Goya es hoy uno de los principales y más representativos clubes de balonmano de Almería, vinculado totalmente al colegio, y con participación en las principales competiciones nacionales.

El mayor logro de este club llegó con la consolidación del equipo femenino como uno de los mejores de la historia del balonmano nacional. Florido falleció el día 3 de noviembre de 1999 a los 53 años, pero dejó tras de sí uno de los más importantes clubes que jamás haya habido en Almería. La ciudad le agradeció su compromiso rebautizando con su nombre al pabellón de deportes de la Avenida del Mediterráneo, como el Complejo Deportivo Municipal Rafael Florido.

Desde el colegio: el ejemplo de María Gómes y Ricardo Moya

El ejemplo perfecto de cómo el balonmano se ha ido gestando desde los colegios es este nombre: María Gómes Da Costa. Ella es considerada una de las jugadoras con mayor proyección del balonmano nacional y hasta 2020 era el buque insignia del Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería, de la División de Honor Plata. “En Almería se fomenta mucho el deporte, pero el balonmano se lleva la palma porque la captación en las escuelas, desde mi experiencia, es muy buena; además el boca a boca también hace mucho”, explica la jugadora roquetera.

Gómes relata a elDiario.es Andalucía que se apuntó como deporte extraescolar con su amiga Rebeca en el CEIP Llanos de Marín (Cortijos de Marín, Roquetas de Mar): “Me pasaban mucho la pelota y fui haciendo mi grupito de amigas, que fue lo que hizo que me quedara. Después llegaron las competiciones con otros colegios rivales y así fue creciendo mi familia durante años enseñándome valores como el compañerismo, el respeto y el esfuerzo”. Gómes Da Costa, que hoy juega en Rocasa Gran Canaria, confirma que “el balonmano está presente dentro de muchos colegios almerienses”. Ella se convirtió, en la temporada 2018-2019, en la segunda máxima goleadora de todas las categorías nacionales y en la pasada ha sido la máxima goleadora de la División de Honor Plata femenina, con 174 tantos en los 23 encuentros disputados. Gómes afirma que el balonmano supuso para ella “una diversión en mi infancia y ahora mismo, a parte de ser una de las cosas que más disfruto en la vida, es mi trabajo y lo que actualmente me sustenta”. Ahora ella es punta de lanza, además, de una categoría, la femenina, que no hace más que cosechar éxitos.

Algo similar le ocurrió a Ricardo Moya, jugador del equipo senior provincial del CD Urci Almería, que comenzó a practicar este deporte con 7 años en su colegio: “Mi profesor de Educación Física hizo que lo probase y me gustó bastante”. Moya coincide en que en los colegios almerienses está tan implantado el balonmano que “es una cantera inagotable” porque “tanto los profesores como los entrenadores se implican al máximo para que los niños prueben este deporte y hacen que se enganchen fácilmente, consiguiendo que sus compañeros del cole también jueguen”. Él ha estado siempre vinculado al balonmano, ya sea como entrenador, jugador y ahora como directivo. A sus 32 años ya es presidente del Balonmano Playa Urci Almería y recalca que esta modalidad está en “fase de crecimiento” por ser “muy llamativa para el público”, haciendo que consigan cada año más jugadores y más ayudas con las empresas de confianza que “nos permiten crecer y que los niños puedan disfrutar de este deporte”.

2.000 federados

Miguel Romero, presidente del Club Balonmano Roquetas De Mar, concuerda con el resto de testimonios al afirmar que los docentes han tenido mucho que ver a la hora de dar a conocer este deporte en sus centros: “A partir de aquí, la ayuda institucional y la continuidad de los clubes ha ido consolidando aquella semilla inicial”. En la actualidad existen más de dos mil licencias federadas cada año, “y al margen de la cantidad, hay una alta cualificación con excelentes resultados de los equipos almerienses tanto en categorías de base como senior”, presume Romero.

Luis Navarro es un exjugador de balonmano de 26 años de edad que tuvo la oportunidad de disputar partidos en Italia. Él, como la gran mayoría, se inició en este deporte desde la escuela. Navarro hace hincapié en que cuando estaba en categorías inferiores “era más especial, ya que jugabas para divertirte con los amigos y encima coincidí con una muy buena generación”.

Por su parte, el concejal de Deportes y Tiempo Libre en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Pepe Rubí, destaca que “los éxitos deportivos son fruto de varios factores, el fomento de este deporte en los colegios, la confianza que las familias depositan en el club y la profesionalidad de todo su cuerpo técnico”. Porque en la actualidad, el municipio tiene el orgullo de contar con el equipo de División de Honor Plata Femenino como máximo referente del balonmano almeriense. “Es un equipo que ha logrado todos sus éxitos a base de esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo: más de 400 deportistas junto con entrenadores y monitores que cada día se dejan la piel para sacar los mejor de estos jóvenes”, explica Rubí.

 Rubí presume de las dos medallas de oro de los últimos Campeonatos de Andalucía en categoría infantil femenino y juvenil masculino, así como, las cuatro medallas de plata que se han logrado en los regionales en categoría alevín masculino, cadete femenino, juvenil femenino y senior masculino junto con las dos medallas de bronce andaluzas en categoría alevín femenino en infantil femenino.

“Si supieran de nuestros éxitos, se sentirían orgullosos”

Todos los que tienen relación con el balonmano también coinciden en que a este deporte no se le da tanta importancia o visibilidad como al fútbol. María Gómes Da Costa cree que no se promociona ni se apoya como se debería. “¡Nunca es demasiado, ni la prensa provincial, ni radios locales, ni carteles para que la gente sepa que existimos”, apremia la jugadora. “Si la mitad de los almerienses supieran de todos nuestros éxitos, se sentirían muy orgullosos de nosotras y de este deporte maravilloso”, reflexiona. No obstante, aclara que el apoyo es siempre por parte de los clubes y, en su caso, del Ayuntamiento de Roquetas porque “hace un gran trabajo con su apoyo y presencia constante en los campeonatos”. El concejal Rubí certifica que “trabajamos cada día para fomentar el deporte base, mejorar y modernizar nuestras instalaciones y colaborar con todos los clubes para lograr que Roquetas de Mar sea una auténtica ‘Ciudad del Deporte’”.

Ricardo Moya considera que ningún deporte se puede igualar al fútbol tanto en patrocinio como en ayudas: “No tenemos el tirón que tiene el fútbol y, por tanto, siempre se está en un segundo plano”. Añade que “la televisión hace mucho para hacer crecer un deporte y también que las empresas importantes confíen en ti para que la temporada sea más fácil de organizar, ayuda mucho”.

La ciudad de Almería ha viajado en el tiempo y se ha trasladado al Lejano Oeste. El pasado viernes amaneció decorada con todo tipo de detalles y carteles propios de las películas western para denunciar los retrasos en la conexión del Corredor Mediterráneo. Un gran arco encabezaba la Rambla bajo el lema “Welcome to Almería, tierra lejana olvidada por el ferrocarril”, simbolizando el aislamiento de los almerienses donde apenas llegan las vías férreas. El movimiento #QuieroCorredor ha emprendido una serie de acciones reivindicativas en la ciudad para seguir demandando un tren rápido y efectivo que conecte Andalucía con todo el litoral mediterráneo. La iniciativa está impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que reivindica que se agilice la construcción de la infraestructura ferroviaria.

En el arco, propio de las películas de vaqueros que tanto se han rodado en tierras almerienses, está escrito “sin el Corredor Mediterráneo seguimos como en el lejano oeste”. Y así, al más puro estilo Spaghetti Western, los almerienses ya pueden ver los carteles de 'Por un puñado de vías' en los mupis instalados en las entradas Norte y Sur de la capital, la zona de las Cuatro Calles, El Zapillo, el Centro Comercial Mediterráneo, Los Molinos, el Estadio de los Juegos Mediterráneos, la avenida Federico García Lorca y las avenidas del Mediterráneo y Cabo de Gata. A esto se le han sumado, además, un millar de carteles de 'Se busca' repartidos por toda la ciudad siguiendo el patrón de ‘El bueno, el feo y el malo’, película rodada en la provincia en el verano de 1966. Con esta parafernalia se invita a los ciudadanos a hacerse fotos y publicarlas en redes con la etiqueta #QuieroCorredor para reivindicar las arcaicas comunicaciones que aún perviven en la provincia. Esta escenificación del universo western permanecerá en la ciudad hasta el 10 de octubre.

El presidente de AVE, Diego Lorente, denuncia los “retrasos” que se han producido en la conexión mediante Alta Velocidad entre Murcia y Andalucía a través del AVE que conectará la Región con Almería. “Estamos quizás en el sitio más dramático”, manifiesta en un comunicado, insistiendo en las “dudas” sobre el ritmo de los trabajos que se dan en el tramo entre Almería y Murcia pese al compromiso del Gobierno para que las obras estén finalizadas en 2026. “La sociedad civil se ha hartado, se ha cansado de muchas promesas, muchos retrasos y se ha puesto manos a la obra”, asegura Lorente, quien afirma que a las reivindicaciones ya efectuadas en Valencia, Murcia y Almería, con la recreación la entrada a un poblado del “lejano oeste”, seguirá otra acción en Catalunya en las próximas semanas; todo ello previo a un “gran acto empresarial” que tendrá lugar el 17 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.

Encontronazos entre el PP y la oposición

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), se ha sumado a la reivindicación que recuerda a la mítica escena de la película ‘Bienvenido, Mister Marshall’. Vázquez no quiso desaprovechar la oportunidad para hacerse la foto y reclamar “el cumplimiento de los plazos y el desarrollo de los proyectos que hagan realidad la llegada de la Alta Velocidad y el Corredor Mediterráneo”. Algo que no se ha tomado muy bien la oposición, pues “esa performance es un engaño a los almerienses”. 

Indalecio Gutiérrez Salinas, secretario General del PSOE de Almería, manifiesta que “los dirigentes del Partido Popular deberían de estar escondidos y callados porque el Gobierno de Rajoy paralizó la obra del AVE durante sus 7 años de mandato sin invertir un solo euro, además de tapiar los túneles en el tramo de Sorbas”. El también diputado nacional socialista puntualiza que “Rajoy cambió los proyectos y dejó a Almería un AVE de una sola vía” y exclama que “se les debería caer la cara de vergüenza”. Asimismo, Gutiérrez Salinas, recuerda que “ha sido el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez quién ha retomado las obras de la infraestructura, quien ha solucionado todos los problemas que el PP dejó sin resolver” y que “la obra avanza a toda velocidad en un contexto muy difícil con una epidemia y una guerra en Europa que ha supuesto muchos problemas de subidas de costes y de logística para el transporte de materiales”.

“Las obras van al ritmo necesario”

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, recuerda que, en la actualidad, “ya se ha ejecutado el 34% del total presupuestado para la conexión por alta velocidad en el tramo del Corredor Mediterráneo que une Almería y Murcia”. Desde 2018, “el MITMA ha licitado más de 4.000 millones de euros en el Corredor Mediterráneo, de los que más de 1.650 corresponden al AVE Almería-Murcia”, según Martín. “Me hubiera gustado poder explicar a la Asociación Valenciana de Empresarios la inversión multimillonaria ejecutada por el Gobierno y el nivel de desarrollo de los trabajos. Conexión en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha retomado inversiones y obras, tras años de inactividad y abandono”, expresa Martín. “Quienes hacen pronósticos negativos sobre la evolución de los trabajos de la alta velocidad se equivocan. Las obras van al ritmo necesario para que en 2026 tengamos AVE en Almería”, señala el diputado socialista.

Empresarios locales

Aun así, a esta “performance” del Lejano Oeste se unieron los representantes institucionales y empresariales, entre ellos, el presidente de Grupo Cosentino, Francisco Martínez-Cosentino, el fundador de Senator Hotels & Resorts, José María Rossell, o el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, sumándose además al mismo la presencia del portavoz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. Este último, exalcalde de Almería, insiste en lo fundamental que es esta infraestructura para el desarrollo de España y en su vertebración territorial “correcta y ordenada” lo que, a su juicio, va a suponer una “garantía de progreso” para provincias como Almería, cuyas principales actividades son la exportación de hortalizas, mármol y el turismo. “La movilidad es fundamental y Almería cuenta con un hándicap importante a la hora de competir con otros territorios”, recalca, insistiendo a su vez “en la necesidad de que se cumplan los plazos”.

Del lado empresarial, tanto el presidente de Grupo Cosentino, como el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, se muestran agradecidos a los organizadores de este acto su “implicación” por una reivindicación justa y el apoyo a las demandas que, respecto al Corredor Mediterráneo, se vienen realizando desde Almería.

Un día, hace apenas un mes, entró al local de Patxi Ramón una señora mayor “muy entrañable y con los ojos llorosos” y les contó su historia mientras “rebuscaba en su bolso para reunir cinco euros y pagar su pollo”. Patxi, que es de Huércal de Almería “de toda la vida”, conocía a esta mujer y decidió crear “un menú con un primero y un segundo” con el coste de cinco euros “para que personas en su misma situación pudieran pagarlo”. Días después “llegó un hombre también llorando y pidiendo que, por favor, le diéramos algo de comer”. Según narra Patxi, su reacción fue correr “muy enfadado” a la cocina y encender la fogata para hacerle una tortilla de patatas. Acto seguido, “saqué una mesa a la calle y le dije a mi mujer que los primeros pollos que salieran los regalaba ese día”. “Por eso digo que todo esto empezó por un cabreo mío”, confiesa.

A partir de ese momento, todos los días saca su mesita y coloca un cartel con la siguiente leyenda: “Si lo necesitas, cógelo. Sea cívico, si no déjeselo a las personas más necesitadas, ¡buen provecho!”. Desde entonces, el gerente del asador de pollos cuenta que van al local muchas personas mayores a las que “no les llega su pensión para comer y escuchamos cada historia que nos ponen la piel de gallina”. Dice que, en otra ocasión, entró al negocio familiar un hombre poniéndose de rodillas y pidió permiso para coger el táper llorando, “tuvimos que levantarlo”.

Grabaron un vídeo en Tik Tok para anunciar su “si lo necesitas, cógelo”. De regalar cuatro pollos asados diarios han pasado a 20 gracias a las donaciones de clientes que venían y les decían “dame un pollo y ponme otro para ponerlo en la mesa de la puerta”. Asegura que ha recibido llamadas desde Málaga, Gran Canarias y Cuba para hacerles un bizum y aportar con un pollo. Patxi dice que “no esperaba esta repercusión para nada”. Reconoce que con esta iniciativa no obtiene ningún beneficio económico; “como empresa pequeña, sé lo que cuesta levantar la persiana, por eso quiero arrimar el hombro con los más necesitados”. Cristina, la otra dueña del Asador de Pollos Real, organizó una paella de marisco con 30 raciones para también regalarlo.

Mejoras por “salud”

A pesar de que se ha publicado que inspección sanitaria les hizo una visita por no cumplir el protocolo sanitario, el pequeño empresario asegura que “aquí no ha venido inspección'' hasta que ”los he llamado yo después de leerlo en prensa para preguntar qué pasaba“. Tras esa llamada, el inspector de Sanidad se personó en el local: ”Si los puestos ambulantes de comida pueden poner la comida fuera, ¿por qué yo no?“. Al final, según explica Patxi, le ha propuesto a la Autoridad poner un refrigerador y la respuesta ha sido afirmativa: ”Con el dinero de las donaciones hemos comprado uno de segunda mano y así está todo en regla“.

Fuentes de la Delegación Territorial de Salud de Almería han confirmado a elDiario.es Andalucía que “se ha informado a los dueños del negocio de que las condiciones en las que estaban esos pollos en la calle no cumplen con el protocolo de seguridad alimentaria e incluso podrían suponer un riesgo para la salud pública, porque se podrían producir incluso intoxicaciones alimentarias al estar expuestos al sol”. Ahora ya está todo en regla y hay acuerdo con el Servicio de Inspección del Distrito Sanitario para depositar la comida preparada en dicho refrigerador.

Por primera vez una empresa privada está gestionando el servicio de vigilancia de las playas de Roquetas de Mar. Lo que antes eran 200.000 euros en el presupuesto de 2019 destinado al equipamiento de playas, este año ha subido a 589.400,11 euros tras conceder la licitación a una empresa gaditana, Socorrismo y Servicios S.L. Esta misma entidad ofrece servicios muy similares en La Línea de la Concepción, por ejemplo, y su gasto es de 184.713,76 euros. Es decir, 404.686,35 euros menos que en el municipio roquetero. El Ayuntamiento, regentado desde hace 27 años por Gabriel Amat (PP), paga el triple tras privatizar el control y la vigilancia de sus playas. 

Fuentes oficiales cercanas al Consistorio justifican este gasto alegando que “se adjudicó el servicio de socorrismo al igual que lo hacen otras administraciones” y que el aumento del gasto se debe a que “hay más personal y mayores dotaciones”. Lo cierto es que, según los datos que revelan el portal de transparencia de la web del ayuntamiento roquetero, hay actualmente 60 socorristas contratados cuando, en los tres meses de verano del año pasado, contabilizaron hasta 82.

La oposición advierte a este medio que “ese contrato olía ya desde el primer momento”. Manolo García, portavoz del Grupo Socialista, critica que el servicio de playas “está siendo un mal negocio, al menos para los lugareños” porque “este verano hemos acabado con peor servicio, mal coordinado, más caro, con socorristas cobrando 1.050 euros en lugar de 1.250 como en años anteriores, y con malestar en el sector turístico por la nula planificación”. “El señor Amat y su desgobierno no lo podían haber hecho peor”, afirma.

Al entrar en juego esta empresa privada, ajena incluso a la propia provincia, se han puesto en jaque las condiciones de los socorristas, que han sido “nefastas” según varios testimonios recogidos por este medio y que cuentan que se han dado problemas durante todo el verano a la hora de pagar las nóminas a los trabajadores contratados. Denuncian que han estado dos meses sin cobrar, incluso que les han bajado el sueldo hasta 200 euros. A esto se le suma las quejas durante toda la campaña estival por recibir un “trato vejatorio y humillaciones en público” por parte del coordinador de los socorristas, de Protección Civil. El Ayuntamiento, por su parte, argumenta que “desde la empresa adjudicataria han comunicado que actualmente solo hay pendiente tres socorristas por cobrar por errores en la transmisión de los datos”. 

Por otra parte, algunas amenazas de despido se han cumplido, al menos en el caso de varios empleados que llevaban ya hasta seis años prestando sus servicios como socorristas. Los denunciantes advierten que los nuevos que entran a suplir los puestos vacantes están “sin la formación adecuada” y que “no saben actuar en playas abiertas”. Por todo esto, muchos de ellos no dudan en querer ir a la huelga pero “la mayoría son jóvenes sin experiencia laboral y casi sin formación, por lo que se achantan y no dicen nada”, expresa resignado un socorrista mientras vigila la playa de Aguadulce desde su torreón. 

“Un despropósito más de la mala gestión de Amat” 

La oposición ha presentado una batería de preguntas sobre el servicio de vigilancia de playas en el que Manolo García se cuestiona “cómo es posible que el Ayuntamiento externalice un servicio para mejorarlo y reducir costes, y acabe costando mucho más que cuando lo prestaba el Ayuntamiento, que el servicio sea peor y que los socorristas estén cobrando de media 200 euros menos”. Para García “este es un claro ejemplo de que no siempre se cumple la idea de que los servicios externalizados funcionan mejor, porque pagamos más por el mismo servicio que otros años, con muchos más problemas y con socorristas peor pagados”, ha asegurado. También se pregunta “quién gana en todo este proceso, porque parece claro que ni los vecinos, ni los turistas, ni el personal han salido ganando en este negocio”. 

De hecho, denuncia el portavoz socialista, “el servicio se está sacando adelante con el mismo personal que tenía el Ayuntamiento en años anteriores, gracias a su implicación, a la de Protección Civil y a la de los funcionarios municipales. Se está salvando el verano y garantizando la seguridad de los bañistas, pese a la incompetencia del equipo de Gobierno de Amat y la adjudicataria”.  

El portavoz socialista se ha preguntado por los motivos por los que este año no se ha elaborado un Plan de Playas para mejor coordinación de todos los servicios y quién se encarga de coordinar el servicio de vigilancia de playas. “Parece que es la Policía Local quien está haciendo labores de supervisión y coordinación, pero recordamos que la empresa adjudicataria está obligada a disponer durante todo el contrato de un responsable técnico cualificado dedicado exclusivamente a esta labor y del que no sabemos nada”, ha criticado. Manolo García también ha exigido al Ayuntamiento información sobre la obligación de tener un Plan de Explotación del servicio antes del inicio del mismo, que a día de hoy se desconoce, e igualmente ha preguntado por qué, a diferencia de otros contratos, no se ha exigido a la empresa una sede permanente en el municipio para centralizar toda la gestión y si se piensa tomar alguna medida contra la empresa por incumplimiento del contrato, especialmente por los retrasos en el pago de las nóminas. 

Javier García, presidente de la formación política Aguadulce en Marcha, también se ha pronunciado respecto a este asunto y se ha sumado a las críticas de la gestión del Ayuntamiento: “No entendemos cómo se puede privatizar un servicio que funcionaba bien y se eche a los vecinos de Aguadulce con contratos de dos meses cuando llevaban años haciendo bien su trabajo. Incompresible que no se les haga un curso de formación, estando la vida de los vecinos en sus manos, que no se les haya hecho reconocimiento médico y que encima estén sin cobrar. Un despropósito más de la mala gestión que sufre la ciudad de Aguadulce por parte de Roquetas de Mar”. 

“Los socorristas nuevos entran sin formación previa” 

Relata su historia a elDiario.es Andalucía Alejandro (nombre ficticio), que es socorrista y que llevaba seis años, contando esta campaña de verano, trabajando en las playas de Roquetas de Mar: “Me han despedido después de todo este tiempo porque, según dicen ellos, no he pasado el periodo de dos meses de prueba. Claro, el Ayuntamiento nunca nos hizo fijos discontinuos, sino que siempre nos hacía trabajar con contrato de obra y servicio. Lo que ocurre ahora es que, al licitar con la nueva empresa de Cádiz, soy como uno que entra nuevo”. Alejandro asegura que él solicitó por escrito qué falta grave cometió, pero “jamás me han dado nada que justifique mi despido”. La empresa gaditana no tiene representante en el municipio y Alejandro afirma que les hicieron firmar los contratos sobre el capó de un coche: “Ellos jamás han pisado nuestras playas”. 

Alejandro advierte de las consecuencias de contratar a gente nueva sin formación académica especializada, sin cursos de Prevención de Riesgos Laborales, ni reconocimientos médicos: “No es lo mismo que te saques la titulación socorrista que abarcan solo piscina a que te formen en una playa abierta. Los nuevos no saben cómo actuar porque no se les han enseñado esa parte de formación. Solo les dan la ropa y les dicen que se vayan al puesto, que es como si te dieran el uniforme de militar y te sueltan en el Líbano sin haber tenido tu formación correspondiente”. Él ejemplifica con varias intervenciones, como cuando “no supieron actuar con una víctima que sufrió un golpe de calor”. “Es más, el otro día un padre tuvo que tirarse al agua porque el socorrista no se atrevió a lanzarse porque, claro, no saben cómo reaccionar”, explica.

“Yo me juego una denuncia si mi compañero sin formación no sabe cómo actuar en estos casos porque imagina que ese chico no me avisa y yo no me tiro al agua para rescatar a la víctima. O si yo le dijera algo desde el puesto para que haga tal cosa y, como esa persona no tiene formación, se bloquea y no hace nada”, expresa. “Y es que, para más inri, el coordinador no es socorrista, sino de Protección Civil, y el trato que tiene con nosotros es horrible: te amenaza y te insulta enterándose todo el mundo porque lo dice a gritos por la radio”, manifiesta el socorrista que, por el momento, sigue esperando la resolución judicial de su caso. Infoma que no cuenta con el respaldo de ningún sindicato porque no lo ha solicitado, que va por libre y que ha interpuesto una denuncia al Ayuntamiento por “por no hacerme fijo discontinuo” y a la empresa por “despido improcedente”.  

Aguantar sin protestar para “no salir escaldado” 

Otro de los socorristas de esta parte del poniente almeriense también ha decidido contar su historia. Luis (nombre ficticio) sigue trabajando como socorrista. “El problema ya comenzó desde el principio con el tipo de contrato que nos hicieron firmar, olvidándose por completo que muchos de los socorristas llevábamos años trabajando en las playas y que éramos fijos discontinuos”. Luis afirma que “el convenio con el que estamos en esta empresa de Cádiz es el convenio colectivo de Instalaciones Deportivas, que me lo he leído de arriba abajo y no especifica en absoluto el trabajo que desempeña un socorrista en la playa. Habla únicamente de socorristas en instalaciones, así que tú me dirás”. Además, añade que “deberíamos tener las embarcaciones, que son las lanchas de salvamento, a principios de julio en temporada alta y aún ni rastro”. 

Respecto a los cobros de las nóminas, Luis explica que “se supone que el mes de junio lo recibiríamos entre el día 5 y 10 de julio, pero llegaba la veintena y no llegaba”. La empresa se justificaba diciéndoles que a la semana siguiente. “No fue hasta que los socorristas nos pusimos de acuerdo para hacer huelga el 26 de julio, que eran fiestas en Roquetas y de pronto comenzamos a recibir los pagos”, comenta el socorrista. “Eso sí, pasamos de cobrar unos 1.200 euros a 1.060 euros, aunque algunos todavía a día de hoy, en concreto cuatro de ellos, no han cobrado a 29 de agosto”, añade. Luis comenta que habían planteado una huelga para mediados de agosto con unos servicios mínimos en la playa pero que finalmente no se llevó a cano porque algunos decían que “para unas semanas de trabajo no les apetecía hacer ruido”. En la misma línea se mantiene otro socorrista, sentado desde su torreón, que explica que él mismo haría la huelga pero que “para lo poco que queda, mejor callarse y así te llaman el verano que viene”. Confirma que gran parte de la plantilla estaba de acuerdo en hacerla, pero que existe mucho miedo: “Mejor aguantar un poco más y no salir escaldado”. 

Luis también alude al coordinador de Protección Civil: “Su trato y las formas son bastantes lamentables, muy horribles. Y, además de eso, la presión constante de un coordinador que está a los gritos por la emisora constantemente y que, si le rechistas algo, amenaza con despedirte”. Luis revela que, desde que comenzó esta campaña, “han echado a ocho socorristas, algunos con motivos insuficientes, más que nada porque el coordinador tenía entre ceja y ceja a algunos de ellos por rencores de otros años”. “Y encima firmamos que nos iban a dar un curso de protección de riesgos laborales y eso nunca llegó”, lamenta.

La empresa se defiende

David García, director gerente de Socorrismo y Servicios S.L., explica que “aquí hay muchas quejas porque venían de una situación anómala y ya no les respalda el ayuntamiento porque esos trabajadores se creían funcionarios estos años atrás y cuando ha llegado una empresa del sector ya somos malos y dicen que el coordinador les dan un trato vejatorio”. El responsable de la empresa dice que los socorristas “han vivido como funcionarios y se han reído de la administración, engañando a su propio pueblo”. García se pone a la defesiva y manifiesta que “muchos de los trabajadores no sabían trabajar y para nosotros no pasaron el periódo de prueba porque hasta fumaban porros en el puesto”. 

Respecto al reproche del socorrista que denuncia que les hicieron firmar en el capó, García explica que fue porque “había una cola de 25 trabajadores y muchos de ellos prefirieron firmarlo ahí y no esperarse diez o quince minutos”. También explica que ese trabajador “sabe lo que hizo” y el motivo por el que se le despidió, “y en sede judicial se demostrará lo que se tenga que demostrar”.

En relación a la tardanza en los pagos a los trabajadores, el director gerente se escuda en que se trata de su primer año trabajando en el Ayuntamiento de Roquetas y “no hemos tenido el engranaje certero con respecto a la carencia y al mecanismo para cobrar las facturas en tiempo y forma”, reconociendo que “el primer mes fue bien, pero el segundo y el tercero no lo fue”. “Ya para este mes sí cobrarán el día uno o dos y no habrá ningún problema, porque ya hemos entendido cómo es el procedimiento”, promete.

Bañistas contra embarcaciones. Esta es la escena que mostraba un vídeo grabado en las Baleares que, a principios de agosto, se hacía viral con los reproches al tripulante de un pequeño yate que maniobraba a escasos metros de la orilla para hacerle ver que en la zona hay una gran pradera de posidonia, una planta protegida sobre la que está prohibido fondear. El vídeo difundido por Maltesa del Mar, que se dedica precisamente a la limpieza del fondo marino, pone de manifiesto uno de los grandes problemas que se repiten cada verano en la costa: la creciente masificación de yates, algo que también empieza a tener consecuencias en otra importante pradera de posidonia, la de Roquetas de Mar en Almería. Declarada monumento natural, los ecologistas alertan de los daños que está sufriendo este enclave que concentra a unas plantas acuáticas que ayudan a que la calidad del agua de la costa almeriense sea excelente y a que sus unos fondos marinos atraigan al turismo.

Tanto es así, que desde el propio Puerto Deportivo de Aguadulce y la empresa de submarinismo Aquatours Almería han puesto en marcha la campaña de concienciación Posidonia sin ancla, con la que sobre todo se dirigen a los propietarios de embarcaciones: “Al fondear sobre una pradera de posidonia el ancla y la cadena dañarán las plantas. Al subir el ancla, se enganchará en los rizomas y se arrancarán las plantas ocasionando una herida en la pradera que tardará muchísimos años en recuperarse”. explica a este medio por qué la decisión de sensibilizar a los “Muchos navegantes todavía no saben qué es la posidonia o dónde se localiza, por eso fondean sobre ella sin saberlo”, lamenta Alejandra Pérez, codirectora de la Escuela de Buceo y Ciencia Ciudadana de Aquatours Almería. La posidonia se ubica a lo largo de Roquetas de Mar y de los acantilados de la Sierra de Gádor, desde el faro de San Telmo en Almería hasta Punta Entinas y aún más allá, con praderas que se extienden entre los dos y los 15 metros de profundidad y cuya ubicación concreta puede verse con una herramienta virtual de la Consejería de Agricultura junto a las demás que existen en las costas andaluzas.

En la campaña también está implicado Francisco Iglesias, gerente del Puerto Deportivo de Aguadulce, instalaciones que, con 760 amarres, son de las más grandes de Andalucía. A su juicio, buena parte de los problemas están relacionados con la crisis energética: “Los barcos que fondean en la pradera y hacen daño son los que se quedan anclados cerca del puerto para ahorrar combustible, nunca ha habido tanta concentración y estas son las consecuencias”. Para Alejandra Pérez, la solución a la cuestión “es fácil, sin gastos e inmediata”. Para ello, propone que no se fondee frente a Roquetas de Mar a menos de 15 metros de profundidad y a unos 700/800 metros de la orilla, “ya en los acantilados de la Sierra de Gádor con irte a 200 metros de la costa el ancla caerá sobre la arena”.

Bandera negra

Desde Ecologistas en Acción en Roquetas de Mar, por su parte, llevan años denunciando las amenazas que sufren los espacios marinos haciendo acciones de sensibilización para que la ciudadanía sea consciente de “la importancia de conservar estos hábitats”, incluidos en la Red Natura 2000, en la que se incluyen cinco Zonas de Especial Conservación (ZEC) almerienses: los fondos marinos de Levante Almeriense y Roquetas de Mar, el Islote de San Andrés y las de Cabo de Gata-Níjar. Sasi Barroso, coordinadora de la organización, asegura que año tras año “se repiten los informes negativos sobre la degradación de estos espacios marinos protegidos y no vemos medidas efectivas para solventarlos”, de hecho hasta se desconoce “si existe seguimiento de la efectividad de las actuaciones que se hacen”.

Ecologistas en Acción otorgó en 2021 una de sus banderas negras a todas esas ZEC, “por la ineficacia y falta de seguimiento en los planes de gestión de los espacios marinos protegidos con presencia de fanerógamas de la Red Natura 2000 en Almería”. Las fanerógamas son plantas marinas endémicas del Mediterráneo de los géneros Posidonia, Cimodocea y Zoostera. Estas son fuente de biodiversidad, “nos ayudan a luchar contra los efectos del cambio climático y a desarrollar una pesca sostenible, además de conservar el litoral y a mantener saludables las playas de Almería”.

La Directiva Hábitat a nivel europeo establece que las praderas de posidonia son enclaves prioritarios que “se deben proteger y evitar dañar'', y también está en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe), lo que en teoría supone un especial blindaje. Todo ello no impide la queja generalizada entre los ambientalistas por el escaso control que se ejerce sobre las embarcaciones que fondean en estos espacios tan importantes.

Pocas boyas indicadoras

En este sentido, solo existen boyas de fondeo en las ZEC de Levante Almeriense (11), Islote de San Andrés (4) y Cabo de Gata (18). Pero para la coordinadora de Ecologistas en Acción Roquetas de Mar no es suficiente: “Aunque las embarcaciones respeten la línea de boyas de costa, las fanerógamas no entienden de eso”. Estas especies necesitan la luz para hacer la fotosíntesis y en Almería hay tan buenas condiciones de sol que pueden estar presentes hasta 30 o incluso 50 metros de profundidad.

Pese a ello, “es muy habitual ver embarcaciones de recreo fondeando sobre fanerógamas paralelas a la línea de costa” en Aguamarga, en la Cala de San Pedro (donde han cortado la línea de boyas y las embarcaciones invaden el espacio de 200 metros para bañistas), en Las Negras, al sur de la Isleta y en puntos de densas praderas de fanerógamas marinas a poca profundidad en Roquetas de Mar y Almerimar. Cuestión al margen son las motos acuáticas (Sasi Barroso denuncia que “entran en cualquier época del año fuera de los canales náuticos”, pero a su juicio no hay excusas para los pequeños yates, ya que en condiciones normales de turbidez “se distingue perfectamente el fondo cuando la profundidad está entre 10-15 metros”, a lo que se une que las cartas marinas digitales y en papel “dicen si el fondo es de fango, piedra o algas”.

Desde Ecologistas en Acción demandan que se instalen suficientes boyas de fondeo en las zonas con mayor densidad de fanerógamas marinas y controlar la carga de embarcaciones, además de cobrar una tasa por cada amarre en las mismas y disponer así de un recurso económico para la vigilancia y control de los ZEC de Almería. Las propuestas incluyen la colocación de paneles informativos sobre la regulación de usos y las penalizaciones que conllevan su incumplimiento, a lo que añaden la petición de balizar de forma permanente la línea de baño. De esta manera, se podrían realizar deportes y actividades acuáticas con seguridad y preservando a la vez estas delicadas praderas de fondeos ilegales, contaminación o la introducción de especies invasoras.

¿Cómo puede disfrutar la música de manera plena una persona aunque tenga alguna discapacidad? Esa es la pregunta que se hicieron en el Cooltural Fest de Almería, un festival de música indie que ha arrancado ya su quinta edición y que se caracteriza por sus más de 50 medidas inclusivas para personas con movilidad reducida, discapacidad o diversidad. Lengua de signos con sus intérpretes, subtitulación, audiodescripción, mochilas vibratorias, un bucle magnético o espacios sensorialmente amables, hacen de este festival el más inclusivo de España y todo un referente en Europa.

Aunque dio sus primeros coletazos en 2018, no fue hasta la segunda edición que Diego Ferrón, presidente de la Fundación Music for All y director del Cooltural Fest-Music for All, decidió que fuera plenamente accesible e inclusivo. Ya en 2019 reunió a más de 12.000 personas, dando oportunidades laborales a 43 personas con discapacidad y a otras 10 en situación de exclusión social. La noche de este jueves fue la fiesta de bienvenida a un evento que estará dando el cante hasta el domingo, primer fin de semana de la Feria de Almería.

Pablo Galindo, director de la Fundación Music For All, explica a elDiario.es Andalucía que “todo surge en 2019 con la idea de hacer un festival inclusivo ya que no había ninguna referencia en España”. “Fue en ese año cuando implantamos en los conciertos diferentes medidas como la lengua de signos con sus intérpretes, la subtitulación, la audiodescripción, las mochilas vibratorias y el bucle magnético”, enumera. Como novedad para la edición de este 2022 se incluyen los códigos Navilens, que “permiten que una persona con discapacidad visual pueda deambular de forma independiente por el recinto”. También se ha habilitado una espacio sensorialmente amable “para que los asistentes con espectro autista puedan tener un lugar donde recluirse de los estímulos visuales y auditivos en algún momento y que puedan generarle alguna molestia”, aclara Galindo, que asimismo apunta que se incorpora la posibilidad de hacer videollamadas para que una persona con discapacidad auditiva sea atendida en lengua de signos.

Marcando senda en inclusión... y en feminismo

Este tipo de opciones que son la seña de identidad del Cooltural Fest han empezado a incorporarse a otros festivales de gran calado nacional como el Sonorama Ribera (Burgos), el Murmura de la Alpujarra o el B-Side Festival (Murcia). Además, ya se han dado los primeros pasos para que también se implanten en el Primavera Sound de Barcelona, uno de los festivales de referencia en España.

Gracias a la labor que desarrolla, el Cooltural Fest ya atesora reconocimientos como los galardones Más Social 2022, que concede la Junta de Andalucía, o el Premio Solidario 2021 de la ONCE. Al margen de su condición inclusiva, Raquel García, coordinadora de actividades de la Fundación Music For All, destaca además su sello feminista ya que “impulsa la igualdad de género dentro de la industrial musical propiciando la contratación de artistas femeninas”. En esta edición, por ejemplo, las principales actuaciones vendrán de Naty Peluso, Rozalén, Rigoberta Bandini y Delaporte, que encabezan un cartel con más de 60 nombres propios y con un amplísimo abanico de géneros y estilos musicales.

En sintonía con esta filosofía, cuenta también un punto violeta, un espacio de atención, información y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Germán Martín, técnico de Infancia y Juventud de Cruz Roja en Almería, cuenta que llevan haciéndolo desde 2019. “Nosotros en el puesto no hemos recibido como tal ninguna denuncia de algo ocurrido en el festival, pero siempre hay mujeres que solicitan información y asesoramiento porque están sufriendo violencia de género con su pareja”, explica . “Al final nuestra labor más importante en los puntos es la de prevención y asesoramiento, aunque siempre estamos listos por si hubiera que intervenir”, y para ello cuentan con un equipo de más de 20 voluntarios y voluntarias.

“Sentir la música”

 “Y de repente, conoces a alguien que se dedica a organizar eventos y que se plantea que sean cien por cien inclusivos y accesibles”, comenta Roberto Aguado, educador social en la Asociación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual del Suroeste de Almería (Asprodesa). “Que alguien valore esta posibilidad como objetivo desde el diseño no solo es algo increíble, sino que es lo deseable, ya que diseñar cualquier actividad teniendo en cuenta la diversidad y la accesibilidad total de todas las personas es mejor planteamiento que hacer adaptaciones posteriores” indica. “Y en ese diseño accesible e inclusivo han tenido en cuenta que las personas con discapacidad sean parte de todo, desde su participación en el trabajo del festival, cubriendo diferentes puestos de trabajo, hasta su disfrute, con medidas como la accesibilidad cognitiva gracias a la lectura fácil, el acceso de personas sordas gracias a las intérpretes de lengua de signos y a las mochilas vibratorias que hacen sentir la música”, valora.

De paso, pone el acento en medidas como la audiodescripción, que permite a las personas con discapacidad visual “saber cómo es el entorno en el que están, a quién tienen cerca y cómo llegar a los diferentes servicios que se ofrecen en el festival”, lo que les hace sentir parte del acontecimiento. “Todo esto surge de personas que nada tienen que ver con la discapacidad” pero que apuestan por una integración “de pleno derecho” para que disfruten de la música “en las mismas condiciones que cualquier otra persona”.

Algo que forma parte de estos eventos

Silvia Montoya, coordinadora de la Oficina de Lectura Fácil y Accesibilidad de A Toda Vela (OLA), señala que lo que más le gusta de la Fundación Music for All y los festivales, conciertos, actos que producen es que “consideran que la inclusión es una forma de hacer las cosas para todo”. “La inclusión está en su ADN y no es solo la intérprete de signos, y digo la porque casi siempre son mujeres, que la mayoría de las personas ajenas a este término vemos en el escenario junto a la artista o los baños señalizados para personas que se desplazan en silla de ruedas”.

Todo ello brinda “la oportunidad que se da a personas de gozar de un espectáculo completo compartido con el resto de festivaleros. Pensar en la inclusión es eso, ir más allá de la accesibilidad y de los recursos reconocidos por ley y exigibles”. “El hecho de que se hayan puesto a pensar que muchas personas tienen hipersensibilidad auditiva, sobre todo autistas pero no solo, les llevó a incorporar cascos reductores de sonido que han permitido compartir a muchos jóvenes un concierto por primera vez con sus amigos”, pone como ejemplo.

Por todo ello, lo que más destaca no es solo la accesibilidad centrada en el público, sino “el ser inclusivos en todo su sentido: es facilitar el acceso (muchas veces por primera vez) a personas con discapacidad auditiva, visual o cognitiva como público, pero también que estén arriba en el escenario, como artistas, detrás como trabajadores en el equipo de montaje o recibiendo en la entrada como controladores de acceso. Simplemente la discapacidad, la diversidad, la inclusión forma parte de estos eventos”. ¿Un recuerdo? El de una madre sorda en primera fila, disfrutando la música con la mochila, las letras con la intérprete, y con su bebé en brazos al que le había puesto unos cascos antirruido. “Cosas así pocas veces podemos verlas”, apostilla.

Un grupo independiente de taxistas dan el bocinazo en Almería por reclamar una subida en las tarifas, que se mantienen en 3,90€ de mínimo desde hace dos años sin ver aplicado en ellas el incremento correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La asfixia por la subida histórica de los carburantes hace que tengan “unas pérdidas exageradas”. Los ánimos en la Junta Directiva de Taxi Almería se están caldeando porque tras enviar al Consistorio “numerosos escritos desde 2019” no han obtenido respuesta alguna, por lo que denuncian su silencio sepulcral. Además, exigen solucionar algunos problemas que atosigan al gremio como la falta de entoldado de las paradas en plena abrasante ola de calor y la avalancha masiva de taxis piratas. 

“Estamos ya cansados de que se haga oídos sordos a nuestras reivindicaciones”, expresa Emilio Hernández, quien traslada el malestar general entre sus compañeros desde una de las paradas de la Avenida Cabo de Gata. El alto coste que conlleva llenar el depósito de combustible hace que los conductores no consideran que la tarifa se adapte a las condiciones actuales. “Estas subidas han encarecido mucho la vida y como nuestras tarifas están estancadas pues estamos con unas pérdidas exageras”, explica el mismo taxista a elDiario.es Andalucía. Insisten en que no cualquier cambio vale: “Que no suba cinco céntimos y se queden tan tranquilos. Queremos una subida acorde a la vida ahora. Teniendo en cuenta la inflación y el IPC”. 

De este modo, desde la asociación de taxis de Almería destacan el hecho de que no supondrá un cambio perceptible para el cliente, pero sí un desahogo para los conductores: “Se pide un aumento de solo unos céntimos. Parece que la subida es que suban el doble las tarifas y no es así. En cuanto a kilometraje supondría un céntimo el kilómetro. En cuanto a tarifa mínima se pidió una subida de 3’90€ a 4’04€. Esa es la primera modificación que se pidió”, declara el presidente de Taxi Almería, Juan Antonio Egea Moreno.

El pasado viernes 8 de julio, se realizó otro de tantos escritos que recibe el Ayuntamiento de la capital desde 2019. En él se cuestionaba el estado de “estudio” en el que se encontraba las subidas de las tarifas, así lo asegura Egea Moreno: “El año pasado se hizo la primera petición de modificación de tarifas dentro del primer semestre de este año. Tras cientos de llamadas, continuaban diciendo que estaba en estudio. A partir de marzo, con la guerra de Ucrania, nosotros empezamos a ser más insistentes porque veíamos que nuestro poder adquisitivo seguía bajando. Este último viernes puse en claro todas las pérdidas que estaba teniendo el taxista en Almería en el escrito”. 

“El Ayuntamiento nos engañaba todo el tiempo” 

La tarifa mínima es 3,90 euros, un precio alejado al que mantienen otras capitales andaluzas y, sobre todo, entienden, de la realidad actual en la que el precio del gas, gasoil y gasolina está haciendo mella en los bolsillos de los conductores. La de los taxis de Córdoba es la más cara con 4,12 euros la carrera mínima, seguida de Granada con 4,04 euros y Cádiz con 3,89 euros. Almería sólo está por encima de Málaga y Sevilla que ambas la tienen a 3,85 euros y Huelva, siendo la más barata de todas las capitales andaluzas con un 3,50 euros.

El sistema tarifario de los taxis es especial, ya que no lo deciden los propios taxistas. Es el ayuntamiento de cada localidad, en colaboración con la Junta de Andalucía, la que aprueba las tarifas que servirán para regular la actividad durante el año. Cada año, en el último trimestre, el gremio debe solicitar las modificaciones pertinentes en las cifras para el año siguiente, pero no siempre suben. Esta situación, acuciada en 2022 por el incremento del precio de los hidrocarburos, afecta directamente a los trabajadores del sector. 

Y es que la aparente falta de interés por parte del Ayuntamiento de Almería ante la ausencia de respuestas a esta situación ha provocado que el sector de taxis organice movimientos de protesta con una concentración de una veintena de trabajadores de este servicio de transporte en la parada antes mencionada. “Llevamos dos años sin subir el IPC y dos años pidiendo al Ayuntamiento que lo haga”, apunta el taxista. No obstante, este medio se ha puesto en contacto con el Consistorio almeriense y María del Mar García Lorca, responsable del Área de Movilidad, afirma que “se está ultimando un informe económico que va a permitir a los taxistas revisar al alza las tarifas y poder paliar la fuerte subida de los combustibles”. Ella recuerda que “la normativa actual impide actualizar las tarifas de precios públicos al IPC, tal y como habrían solicitado los taxistas”. García Lorca indica que “la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española y el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, no permiten actualizar los precios conforme a la subida pública del IPC”. 

Una vez finalizado este informe económico que estará terminado “de forma inminente una vez que se presenten unos datos que se han solicitado a la asociación y que se entregarán en los próximos días”, se someterá diez días a trámite de audiencia a asociaciones del taxi, sindicatos y asociaciones de consumidores para después, aprobarlo en la Junta de Gobierno Local. Trámites necesarios antes de que se remita a la Junta de Andalucía para que autorice las nuevas tarifas. También recuerda García Lorca que “esta subida vendrá a completar la última, que entró en vigor el 19 de enero de 2021 con la misma finalidad, la de favorecer que los taxistas puedan adaptar las tarifas a los gastos”. 

Por su parte, el presidente de Taxi Almería, afirma que “todo lo que está diciendo la concejala es falso”. Él aclara que se trata de “un error gravísimo lo que afirma la concejala”. “Nosotros sabemos que no se puede vincular la subida de las tarifas con el IPC, lo sabemos”.“Si García Lorca quiere intentar echar la culpa a los taxistas de que no lo hemos hecho correctamente y está mintiendo”, aclara con rotundidad. Egea explica a este medio cómo realizaron la petición: “La hicimos mediante un estudio económico como en otras ocasiones, no con el IPC como dice la concejala, y se hizo en diciembre para que fueran aplicadas en el primer semestre de 2022”. Él asegura que “desde entonces hemos estado llamando semanalmente a jefa de servicio, al ayuntamiento y lo único que nos decían era que estaba en estudio, nos engañaban todo el tiempo”.  

El pasado 17 de abril, “cuando ya se dejaron notar las consecuencias de la guerra en Ucrania, nosotros solicitamos una petición de una subida adicional lineal de la mitad de lo que los expertos decían que iba a ser la media del IPC interanual del año 2022, un 3,75%”, explica. Además, Egea concluye sus aclaraciones a este medio y desmintiendo lo que el Área de Movilidad ha dicho: “El 8 de julio emitimos un registro directamente al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, con copia a la de Movilidad con un justificante de una tabla detallada del precio del combustible desde enero de 2021 hasta ahora y con facturas reales de ocho socios aleatorios para constatar lo que ha subido. Pocas horas después de enviar este último registro, llamó un técnico del Ayuntamiento diciendo que se iba a hacer cargo del estudio económico de las tarifas”.  

Otras quejas 

Estos no son los únicos problemas que denuncian. Y es que con las dos olas de calor consecutivas, Almería está alcanzando temperaturas extremas durante este verano. Por lo que los profesionales del taxi suman a sus reclamaciones la instalación de toldos en las paradas. “Pedimos los toldos por nosotros, pues pasamos mucho tiempo a pleno sol, pero también por los clientes para que no tengan que esperar sin resguardo alguno y que cuando se monten en uno de nuestros coches, no sea incómodo por haber pasado mucho tiempo al sol”, explica la asociación de taxistas. También piden la mejora de las paradas en zonas como la Estación Intermodal y del aeropuerto. Egea Moreno asegura que “en el aeropuerto concretamente, si el ayuntamiento hablase con AENA se podría llegar a un acuerdo para que los coches no tengan que esperar al sol a los pasajeros”.  

A nivel de presente y futuro, los taxistas también esperan que desde el Consistorio se pongan facilidades en la adquisición de vehículos híbridos o eléctricos de forma que se reduzca el consumo. “Se está negociando unas posibles subvenciones para actualizar la flota, porque es la mayor inversión del taxista”, explican desde el gremio. Aun así, la subvención debe ir acompañada, advierten, de la instalación de cargadores en paradas o en la sede de los taxistas para poder reducir los tiempos de carga y espera. En otros lugares de la comunidad autónoma ya existen subvenciones para aquellos que quieren dar paso al eléctrico. 

Más piratas que taxistas 

El gremio exige más contundencia contra los taxistas ilegales. Los taxis pirata son una de las cuestiones que más problemas les está ocasionando al sector en Almería capital, por lo que piden al Ayuntamiento una lucha efectiva contra este fenómeno de competencia ilegal. Más vigilancia e intervenciones, tanto en la estación intermodal, como en el Puerto, otro punto de conflicto junto al aeropuerto.  

En octubre de 2021, el Ayuntamiento de Almería ejecutó una campaña de acoso contra los taxistas piratas de la estación Intermodal. El caso es que durante algunas semanas consiguieron atajar el problema en su mayoría, hasta que la Policía Local abandonó la zona. Desde entonces, y a sabiendas de que no se les va a mover, las bandas que operan en la Intermodal se han ido armando hasta el punto de que en varias franjas horarias son más los piratas que se encuentran en la Intermodal que los propios taxistas, que ya han amenazado con no parar allí.  

Al principio, solo una banda formada por personas de origen extranjero se encargaba de robar clientes a los taxistas legales. Estaban organizados, y aunque de vez en cuando surgía alguna riña sobre cuál de los conductores era el encargado de transportar a los clientes, los problemas entre ellos eran menores. Pero ahora las bandas han crecido y se disipan por varios puntos de Almería como en la estación Intermodal, en el Puerto, en la oficina de extranjería o en el consulado marroquí. Esto ha generado conflicto entre ellas y ya delimitan sus áreas de actuación. El proceso es sencillo. Según ha podido saber este medio, captan a los clientes que están en las inmediaciones de los puntos claves y juntan, al menos, a cuatro personas para comenzar el viaje. No se paga por trayecto de forma conjunta, cada cliente lo hace de forma individual, por lo que las ganancias son mayores que las de un taxista legal.

Novedades en la que estaba llamada a ser una de las joyas turísticas del levante almeriense, la urbanización Playa Macenas en Mojácar, que por la crisis inmobiliaria de 2008 quedó a medio construir. La familia Cosentino, propietaria de la mayor empresa de la provincia de Almería dedicada a la industria de la piedra, se ha hecho con la propiedad del suelo aún por desarrollar del complejo. El cierre de esta adquisición implicará una inversión total de más de 200 millones de euros para poder abordar la recuperación de esta urbanización. El objetivo de la familia Cosentino, al adquirir estos activos, es convertir Macenas en “un destino turístico con personalidad propia, basado en el respeto al medio ambiente y al uso eficiente de los recursos”, según se detalla en un comunicado de prensa.

La perla turística de Mojácar y del Levante almeriense lleva más de una década en el dique seco, con solo el 30% de su superficie en uso. A duras penas se mantiene en pie con un proyecto de hotel del que solo sobrevive el esqueleto. Además, el campo de golf está arrasado por el abandono. Todo podrá cambiar tras el concurso de acreedores en el que entró la anterior promotora, Med Group. La urbanización Playa Macenas se metió de lleno en una situación financiera muy delicada con motivo de la crisis financiera mundial. Esto hizo que sus activos entraran en diferentes entidades por adjudicación, entre ellas la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). Esta entidad aguardaba el campo de golf de 18 hoyos, el club social, terrenos para un hotel y suelo para viviendas, algunas cuya construcción estaba iniciada, pocas terminadas y otras en proyecto. Hace dos años esta sociedad iniciaba un proceso de venta hasta que el pasado 14 de julio comunicaba el cierre de la comercialización de una cartera formada por 23 activos terciarios de uso turístico en distintas provincias, entre ellas Almería, concretamente Mojácar. Fue entonces cuando los propietarios de Cosentino informaban de la compra y su objetivo de quedarse con estos activos “para convertir Macenas en un destino turístico con personalidad propia, basada en la sostenibilidad, preservando el patrimonio cultural y natural que le convierte en un enclave único”.

A través de un comunicado, Sareb anunció que el cierre de la venta de una cartera formada por 23 activos terciarios de uso turístico se formalizó por un valor neto contable (VNC) de 235,4 millones de euros. La adjudicación de estos activos se ha resuelto tras un “riguroso proceso competitivo abierto a inversores especializados con el objetivo de maximizar su precio”. Sareb ha aclarado que se trata de activos que “requieren de una gestión especializada que desborda sus actividades estratégicas”, ya que necesitaban disponer de “capacidades específicas en gestión hotelera y vacacional”.

El nuevo dueño edificará casi mil nuevas viviendas y un hotel de lujo

En la actualidad hay habitadas unas 300 viviendas de alto standing y la idea es construir una cifra cercana a mil más. También se rehabilitará el campo de golf con menos superficie para un mayor ahorro de agua y se construirá un hotel mixto para negocios y celebraciones. La idea de los compradores también es construir un restaurante y una zona de gimnasio y centro deportivo. El equipo ejecutivo del proyecto está ya trabajando en el nuevo diseño que será presentado en octubre. El plan comenzará con la inversión en las infraestructuras necesarias para un desarrollo sostenible: depuradora de aguas residuales y la ampliación de capacidad eléctrica del sector.

Tras esta fase previa, el propósito es restaurar la imagen de la urbanización, que se ha resentido en los últimos años, terminando las obras que se encuentra en curso, incluidas las instalaciones deportivas y poniendo en valor el edificio comercial como centro de la vida social de la urbanización. La inauguración del club social y deportivo, así como la entrega de las primeras viviendas, se esperan para el verano de 2023.

En paralelo se abordará el desarrollo del proyecto inmobiliario con la comercialización de las viviendas y la construcción del hotel de lujo en el perímetro interior de la urbanización, que la familia Cosentino espera abrir al público durante el año 2025.

“Han desaparecido los flamencos”, explica Pilar González Carranza, portavoz y vocal de la asociación Amigos del Parque natural. Habla de Las Salinas de Cabo de Gata y asegura a este medio que “el estado de Las Salinas actualmente es de desastre ecológico total”. Las alarmas están ahí. La Unidad de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía ha rescatado un flamenco “con visibles signos de agotamiento y desorientación en Carboneras, a 20 kilómetros de las salinas”. El caso se ha repetido en Toyo, a más de 10 kilómetros, donde una cigüeñuela ha aparecido “en condiciones similares en una zona cercana a los humedales”.

Las Salinas de Cabo de Gata es uno de los humedales “más importantes del mundo debido a su biodiversidad y valor ecológico” incluido en la lista Ramsar y una parada obligatoria y necesaria para decenas de miles de aves migratorias que se mueven entre África y el resto de Europa.

Cadenas humanas

Porque el humedal de Las Salinas, un lugar de 4.700 metros cuadrados adaptado por el hombre para la obtención de sal desde tiempos de los fenicios, tiene cada vez menos agua. El problema comenzó con la rotura en mayo del canal que alimenta este espacio natural. Ahora, Las Salinas muestran unas charcas secas y vacías de flamencos y aves, y vecinos, veraneantes y grupos ecologistas (Ecologistas en Acción, Grupo Ecologista Mediterráneo y Amigos del Parque) comenzaron a movilizarse en busca de respuestas. A principios de mes improvisaron una enorme cadena humana llevando cubos de agua desde el mar a la salina seca. Acudieron más de 200 personas, quienes finalmente decidieron crear la plataforma ‘SOS Salinas de Cabo de Gata’ y concretaron una petición en change.org.

En la petición se proponen dos acciones simbólicas: sensibilizar a los responsables y también a la ciudadanía de la necesidad de actuar con urgencia. La plataforma después ha organizado dos cadenas humanas junto al torreón de Cabo de Gata y en la Fabriquilla, cubo en mano para llevar agua del mar al canal de alimentación de las salinas, “en las que han participado cerca de 500 personas”. Además de un llamamiento para que los bañistas que se encontrasen en las playas próximas hicieran una cadena humana al grito de “salvemos las Salinas”. La plataforma ‘SOS Salinas de Cabo de Gata’ asegura a este medio que “este evento se repetirá de nuevo todos los domingos a la misma hora hasta que se solvente el problema”. Es más, este sábado 23 de julio han convocado una movilización bajo el lema #SOSSalinascabodegata que saldrá a las 20.00 horas desde el Torreón de San Miguel y terminará la marcha en La Fabriquilla.

Manuel Pérez ha sido eslabón en una de esas cadenas humanas. Asegura que “ha sido muy motivador que la gente del Cabo, generalmente apática con todo lo relacionado con el Parque Natural, haya reaccionado de forma tan activa en actos improvisados sobre la marcha y en los que han sido los y las protagonistas”. Para este vecino de la zona, “resulta esperanzador ver el resurgir del espíritu solidario y la defensa de lo común que al final habrá que agradecérselo a las bandadas de flamencos que cada tarde, como vienen haciendo desde décadas, se acercan en formación a las salinas pero que ahora tienen que dar media vuelta al comprobar que no hay agua”. Él cree que “la gente es consciente de que Las Salinas sin agua no solo son un problema medioambiental, sino que también son una pérdida de sus referentes paisajísticos y de un atractivo turístico que, de no solucionarse pronto, repercutirá en su economía a través de los bares, las tiendas, el alquiler de viviendas o las actividades de ocio en la naturaleza”. “Ha sido maravilloso que gente que lleva años como vecinos en el Cabo sin intercambiar palabra, hayan coincidido en estos actos, se hayan dado a conocer y que hayan organizado este tipo de cosas juntos'', concluye satisfecho.

Desde hace tiempo

Aunque la rotura y obstrucción del canal fue en mayo, este desastre ambiental se viene gestando desde hace tiempo “por falta de mantenimiento del sistema de gestión de agua de la Salina”, indica González Carranza. Explica que “hay dos operarios, ya mayores, que realizan tanto el mantenimiento como la extracción de la sal” y que esto es “a todas luces insuficiente”, por lo que ha desembocado en “la colmatación por residuos de los canales de entrada de agua y el consiguiente desecado de las balsas”. Ella acusa a la Junta de Andalucía directamente porque “no han ejercido la supervisión a la que están obligados”. Es por este motivo que, justifica, “además de poner una denuncia en fiscalía el miércoles 6 de julio, hemos decidido informar a la Comisión Europea” porque la situación es una “vulneración” de la directiva comunitaria de conservación de hábitat naturales y de la flora y la fauna silvestre. Ella interpreta que “si no denunciamos y lo hacemos público, dejarán que se sequen las lagunas como si tal cosa fuera normal en una circunstancia de cambio climático y pérdida de biodiversidad”. “Ni la empresa salinera ni la administración competente han hecho nada durante más de un mes, para solventar el problema”, recalca a elDiario.es Andalucía Encarna Samblás, miembro de Ecologistas en Acción Almería. Samblás concreta que “todas estas figuras de protección ambiental se han vulnerado por parte de la empresa y la Junta, por lo que hay que exigir restitución rápida y responsabilidades porque podrían haberlo resuelto mucho antes del desastre”.

Agosto para restablecer el suministro de agua 

Recientemente, el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) denunció la dejadez de la Junta de Andalucía, así como la de la empresa responsable porque “es un problema que se conocía desde hace meses, cuando cayeron las lluvias torrenciales durante la primavera”. Sin embargo, desde Medio Ambiente exigieron a Unión Salinera, empresa encargada de las instalaciones para la extracción de sal, que pusieran remedio al problema. La delegada territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Raquel Espín, se encargó de apremiar a la compañía para que se restableciese el suministro de agua de mar a Las Salinas “lo antes posible”.

Esta semana, desde la Junta, que considera responsable del asunto a la compañía salinera, aseguran en una nota que “ya se ha tramitado las autorizaciones necesarias para que los trabajos den comienzo durante los primeros días del mes de agosto” en una reunión con la empresa que ha estado presidida por el secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Consejería, Sergio Arjona, y en la que participaron la delegada del Gobierno andaluz, Aránzazu Martín, la delegada de Desarrollo Sostenible, Espín, representantes de la empresa, de la Dirección del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar y técnicos de la delegación. Queda pues en el olvido la solución provisional que planteaban en Unión Salinera que era usar uno de los canales de alimentación “abandonado” desde hace décadas. Este medio ha contactado con la empresa que no ha querido hacer declaraciones.

Así pues, desde la Plataforma ‘SOS Salinas de Cabo de Gata’ exigen a la Delegación Territorial de Sostenibilidad que “haga las intervenciones que permitan arreglar de inmediato el canal de alimentación y realizar otro para la evacuación del agua, de manera que se asegure que el ecosistema del humedal siga vivo con independencia de la explotación o no de la concesión salinera”.

Eran las diez de la mañana del pasado 18 de junio cuando el perro, de raza American Stanford, estaba con sus dueños en la terraza de un establecimiento de hostelería del centro de El Ejido (Almería). Al paso de un matrimonio con su bebé en un carrito, el animal se abalanzó sobre él y le mordió en la cara. El bebé de 14 meses resultó herido con lesiones graves maxilofaciales, por lo que fue evacuado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde recibió el alta médica a las pocas horas. Pues bien, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de El Ejido ha archivado las diligencias correspondientes al ataque. Aunque dejan la puerta abierta a una reclamación por vía civil por parte de los denunciantes.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abrió sus correspondientes diligencias previas pero, según ha confirmado dicho órgano judicial a elDiario.es Andalucía, “el caso ha acabado por archivarse al no apreciar delito por parte de la propietaria del can”, es por ello que “la causa tendrá que ir por la vía civil”.

“Atado pero sin bozal”

La dueña del animal fue imputada policialmente porque el perro es considerado potencialmente peligroso. el argumento de la propietaria del animal ha sido que “el perro estaba atado pero sin bozal”, que fue su baza cuando prestó declaración acompañada de su abogado horas después de la agresión en la Comisaría local de El Ejido. Se habían instruido diligencias penales por un delito de lesiones graves por imprudencia a la dueña del perro.

ElDiario.es Andalucía ha podido hablar con una familiar muy cercana de la dueña del animal e indica que “para ellos no está siendo nada fácil porque la gente del pueblo ha publicado sus fotos en redes sociales con mensajes difamatorios e incluso con amenazas de muerte hacia su persona; además, son señalados descaradamente en la calle comentando que son ellos los dueños del perro”. “Ella estaba sentada en la terraza del bar y la perra debajo de la silla. Le quitó el bozal para que bebiera agua y fue justo cuando la familia pasó con el carro y el niño. Éste se acercó y le echó los brazos, entonces la perra se asustaría por lo que fuera y la mordió”, narra. Ella recuerda que “la correa mide un metro y estaba dada la vuelta enganchada en la silla de su dueña, así que pongamos que algo menos de un metro”.

 Un portavoz de la Comisaría Provincial de Almería ha explicado a este medio que las diligencias remitidas quedaron concluidas tras tomar declaración en dependencias judiciales a la propietaria del perro, quien ha acreditado que el animal “cuenta con toda la documentación en regla”. También indica la misma fuente que la Policía Nacional de Almería tomó declaración a los padres del pequeño y a los testigos presentes en el lugar de los hechos.

Por su parte, según ha precisado el 112 a este medio, la Policía Local de El Ejido realizó gestiones para trasladar al can a una perrera ubicada en el municipio de Pechina para su custodia y evaluación. “La perra ha pasado una cuarentena de tres semanas en la perrera para comprobar si es agresiva o no y al final el estudio se ha dado por bueno”, explica a este medio la familiar de la dueña del animal. “La perra se la llevó la Policía a Pechina y por lo que dictaminó el juez, no tenían ningún derecho de llevársela porque la ley lo prohibía, pero aún así lo hicieron”, apostilla.

Según la misma fuente, “al niño se le va a indemnizar porque para eso la perra tiene el seguro”. Ella también afirma que no hay conflictos entre ambas partes, que “de hecho, al día siguiente llamamos a la madre del niño para ver cómo estaba porque estábamos muy preocupados por su salud”. “Los padres han sido comprensibles y no ha habido problemas entre ellos, solo se han pronunciado en el juicio”, atestigua.

 Este medio se ha puesto en contacto con la madre del bebé y ella se ha limitado a comunicar que “el niño está bien, gracias a Dios”. Ella no ha querido prestar más declaraciones sobre lo ocurrido porque “aún tenemos el susto en el cuerpo”.

19 denuncias a propietarios de perros potencialmente peligrosos en Almería

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía en Almería contabiliza un total de 19 denuncias por el incumplimiento de la normativa de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP) durante la primera mitad del año. Según la normativa autonómica en Andalucía, la tenencia de cualquier animal de compañía definido como potencialmente peligroso, como es el caso de la raza American Stanfford, requiere de la obtención de una licencia administrativa previa otorgada por el Ayuntamiento del municipio en el que resida.

Según han explicado a elDiario.es Andalucía, las infracciones denunciadas más habituales son portar a este tipo de animales sin bozal, no haber contratado el seguro de responsabilidad civil obligatorio por ley o no contar con el psicotécnico preceptivo. Otra mala práctica es que los propietarios de estos PPP no tengan la correa reglamentaria, que no puede superar el metro de longitud. Tampoco se debe sacar a pasear el perro por zonas expresamente prohibidas por la ley, como son los parques infantiles, ni que sea un menor quien lo lleve.