Quizás alguna gente, deslumbrada por la turra de la prensa derechista al servicio del ayusato, se haya sorprendido de la respuesta que el pueblo de Madrid dio el pasado domingo para evitar que el blanqueamiento deportivo del genocidio compita por las calles de su ciudad. Nosotros no. Esta culminación de un proceso iniciado por unas pocas valientes en Cataluña y que se fue amplificando allí por donde pasaba el pelotón es otro ejemplo de ese Madrid popular, castizo y orgulloso que siempre sale a la calle cuando toca: contra la guerra en 2003, por la democracia en 2011, por el feminismo en 2018 y contra el genocidio en 2025. 

Cuando se habla de Madrid, comunidad o ciudad, es tradicional distinguir entre la Villa y la Corte. La Corte la conoce todo el mundo: es la concentración del poder económico, mediático y político en los apenas 8,5 km que van desde el área de negocios de las Cuatro Torres de Chamartín hasta la Estación del AVE de Atocha. Un eje por el que se puede pasar por el Tribunal Supremo, el Cuartel General del Ejército, la Bolsa, más de la mitad de los Ministerios y el Congreso de los Diputados prácticamente en línea recta. La Corte es ese Madrid que sale permanentemente en teles y periódicos, que mide con naturalidad las superficies en Bernabeus o Retiros y que vive ciega a otras realidades estatales, a las que oculta. 

Pero una de las realidades que más esconde esa proyección continua de lo que pasa en los centros de poder dentro de la M30 es precisamente la del otro Madrid: la Villa, o mejor dicho: las Villas. La realidad de los barrios y municipios de Madrid que viven y trabajan a la sombra de la Corte, cuyos habitantes pagan algunos de los alquileres más altos del Estado, tardan hora y media en ir y volver a trabajar y sufren servicios públicos saturados en riesgo permanente de privatización. 

Es un Madrid villano y popular, de Móstoles, de Arganzuela y de Vallecas, currela y alegre, acogedor y un poco chulo. Un Madrid donde la izquierda gana y gobierna de forma habitual y a la que solo la estructura hipercentralista de la ciudad de Madrid le impide gobernar distritos con poblaciones mayores que muchas capitales de provincia. Por eso es un Madrid que sufre la desigualdad provocada por el modelo de las derechas; con diferencias de hasta seis años en la esperanza de vida entre Chamberí y Usera, con diferencias de temperatura de hasta ocho grados en verano y con municipios como Parla, Fuenlabrada o Móstoles con un 30% menos de renta per cápita que la media regional. De ese Madrid nunca se habla en los medios, por eso es la única provincia de España que no cuenta con un periódico local impreso. 

Desde hacía tiempo faltaba una izquierda madrileña de la Villa y para la Villa, de los barrios y de los municipios, cuyo principal objetivo sea desalojar al Partido Popular de las principales instituciones madrileñas en las que se ha perpetuado a base de chanchullos económicos, subvenciones mediáticas y la degradación sistemática de cualquier bien común público: la sanidad, la educación o la propia idea de una vida mejor. Un proyecto político donde lo primero es el bienestar de esos madrileños y las madrileñas en los que, a menudo, nadie más piensa. 

Pero poner el Madrid de los barrios, los alquileres asfixiantes y de las horas interminables en el Metro y la Renfe en el centro de un proyecto político es, precisamente, el mejor antídoto contra el hipercentralismo de algunas experiencias políticas que, construidas pensando sólo en Madrid Corte, han dejado demasiadas cicatrices en las fuerzas de izquierda cuyo centro de gravedad no pasa por la capital del estado. Esa es una experiencia que ni queremos ni debemos repetir. Por eso, la izquierda madrileña tiene también que saber convivir y cooperar con el resto de fuerzas territoriales desde el respeto y la horizontalidad. Que, siendo consciente como cualquiera de las particularidades del terruño donde le ha tocado vivir, no se piense más que nadie pero tampoco menos que el resto de las izquierdas del estado. Ni mirando por encima, ni como primus inter pares, ni pidiendo perdón por existir. Como un igual entre iguales. 

Sin embargo, lo opuesto al hipercentralismo del Madrid-Corte tampoco es un camino deseable: lo último que necesitamos hoy en día son izquierdas ensimismadas y miopes, exclusivamente pendientes de lo que pasa en su barrio, su ciudad o su región. Necesitamos izquierdas fuertes, con presencia territorial y arraigo, sí, pero con espíritu partisano y cabeza alta, no solo de orgullo sino para tener una visión más amplia de los desafíos estatales y globales y de la necesidad de conjurarse frente a ellos. En las aguas turbulentas de la crisis ecológica estamos todos en el mismo barco: las derechas vienen al abordaje y no van a distinguir prisioneros cuando nos tiren por la borda. 

Por tanto, y puesto que la política no es solo una cuestión algebraica, sino sobre todo de sentido y rumbo, tenemos que estar en condiciones de compartir y construir colectivamente un sentido y un rumbo, cada cual desde donde le toca. Porque la cooperación entre las fuerzas territoriales es una precondición para la transformación del Estado Español bajo coordenadas de transformación ecológica, justicia social, feminismo y reconocimiento plurinacional. Una cooperación asimétrica que puede adquirir muchas formas, desde la unidad electoral coyuntural hasta la colaboración parlamentaria estable, pero siempre guiada por el respeto entre iguales, la voluntad de trabajo en común y la gestión democrática y fraterna de los conflictos. 

Los retos que enfrentamos los progresistas (la crisis climática, la contrarrevolución machista o la oleada reaccionaria global) son males mayores frente a los que necesitamos armar un bloque democrático y climático con vocación de victoria. Vocación de ganar derechos en los centros de trabajo, de ganar posiciones en redes y medios y, por supuesto, de ganar elecciones. Y esto nos obliga también a no hacernos ilusiones. La cooperación entre las izquierdas territoriales debe ser competitiva electoralmente. Y debe serlo en Gipuzkoa, en Madrid o en Barcelona, pero también en circunscripciones mucho menos urbanas, donde la lengua única o mayoritaria es el castellano y donde nos jugamos buena parte de los escaños directamente contra el fascismo. Apartar la mirada de esta necesidad sería una de las consecuencias más nocivas de ese ensimismamiento territorial. 

La izquierda madrileña puede y debe ser parte de la solución, no del problema. Y eso implica tener al pueblo de Madrid, sus barrios y sus municipios en el centro de la acción política y, al mismo tiempo, tener la voluntad de contribuir, sin subordinar a nadie (ni a la inversa), a la construcción de un bloque democrático, climático y confederal que resista las embestidas de la ola reaccionaria y ofrezca horizontes y certidumbres al pueblo progresista. Una alianza que sea capaz de construir un rumbo y sentido compartido, federando voluntades de avance democrático, reconocimiento plurinacional y transición ecológica. Garantizando los derechos, hoy en riesgo, de las mujeres y las personas LGTBIQ+ y construyendo una comunidad más amplia en la que nadie queda excluido, venga de donde venga y se llame como se llame. Tenemos organización y voluntad para conseguirlo sin que sobre nadie, tampoco las madrileñas y madrileños que nos esperan.

El mal resultado de las elecciones europeas y el paso al lado de Yolanda Díaz ha metido al espacio político que representa la coalición Sumar en una crisis. Pero se trata de una crisis que se viene gestando desde hace meses y que se debe a problemas estructurales, no sólo a la coyuntura de una mala campaña. Una crisis que necesita reflexión y también cambiar la forma de cómo se ha funcionado hasta ahora. 

A nivel global vivimos el fin de un ciclo político corto -el que va de 2008 al 2020- junto al largo ocaso neoliberal. Un auge global de la extrema derecha con el trasfondo de una crisis climática que se acelera y un genocidio que se hace cada día más insoportable. Son tiempos oscuros, sin duda, donde la tarea principal de las fuerzas políticas es hacer la esperanza posible, no extender el cinismo. Necesitamos altura de miras y generosidad, claro. Y también crítica honesta y compañera. 

Sumar ha tenido dos grandes problemas que han dilapidado buena parte su capital político y más del 50% de sus votos en sólo un año: uno es organizativo y otro es político. Empezando por el primero, Sumar siempre han sido dos cosas: un “movimiento ciudadano” organizado en torno al “proceso de escucha” de Yolanda Díaz y su excelente labor como ministra de Trabajo (Movimiento Sumar) y la coalición electoral estatal que se presentó al 23J (Sumar) y que fue clave para revalidar el Gobierno progresista. Sumar no lo tenía fácil: por un lado tenía que articular organizaciones regionales con diverso peso electoral (del 14 y 18% de Compromís y Más Madrid al 5-8% de Chunta, Comuns y Més) con fuerza estatal como Izquierda Unida pero con implantación muy desigual -hegemónica en el espacio en Andalucía y Asturias- y con fuerzas más modestas como Verdes-Equo. 

A esto había que añadir a un Podemos ya convertido en partido al servicio de un medio digital que se había estrellado en las elecciones locales del 28M después de insultar a casi todos los demás actores, y el “movimiento ciudadano” que se fue sumando en el “proceso de escucha” y que en muchos casos eran desencantados de episodios anteriores ahora reilusionados.

La tarea de Sumar era construir un paraguas estatal con una institucionalidad asimétrica, recíproca y cuasi-confederal (y sin duda conflictiva). En vez de eso, priorizó construir un nuevo partido donde el 70% del peso lo llevaban los llamados “ciudadanos” y un 30% las organizaciones políticas en su conjunto. Un mecanismo evidente para legitimar las decisiones de un núcleo sin tener que contar con las fuerzas territoriales y con Izquierda Unida. El progresivo deterioro de la relación con las organizaciones produjo un repliegue a un grupo dirigente reducido y bunkerizado que toma decisiones políticas sin contar con organizaciones que ponen la mayoría de la militancia y el voto. Alguien se lo contó recientemente al periodista Esteban Hernández y le puso nombre esta idea: a un lado estaba el “núcleo meritocrático”, al otro, “los partidiños”. Todo el mundo tiene una cierta responsabilidad de la situación actual, claro. En lo que respecta a Sumar, cae en ese núcleo meritocrático, al menos en un 70%

Volveré sobre esto, pero es evidente que esa configuración no puede ser ya más la del espacio a nivel estatal. Hay que pasar de un actor central, Movimiento Sumar, que se relaciona bilateralmente con el resto, a una mesa de partidos donde todos los actores estén más o menos cómodos y pacten acuerdos y desacuerdos para sostener e impulsar al Gobierno progresista. La propia Yolanda Díaz lo ha reconocido estos días.

La organización es imprescindible pero no lo es todo y Sumar también ha tenido problemas a nivel político en tres dimensiones: no superar el ciclo anterior, su relación con Podemos después de su salida del Grupo Parlamentario Sumar y su relación con el PSOE tras revalidar el Gobierno. A veces, Sumar parece haberse quedado atrapado emocionalmente en el 2015, un momento fundacional para la izquierda actual, pero que nada tiene que ver con el momento actual. Ni hay 70 diputados, ni somos el espacio hegemónico culturalmente a nivel estatal o en la izquierda ni hay protagonismo ciudadano. A nivel más ideológico, a veces Sumar parece atascado en una visión populista que no se ha actualizado y no se hace cargo de los cambios culturales y de correlación de fuerzas de la última década: la aparición de una extrema derecha que va mutando -Vox, Ayuso, Alvise-, la renovación del PSOE y la figura del Perro Sanxe y, singularmente, la existencia del Gobierno de coalición. 

Creo que lo fundamental ahora es que estamos en un bibloquismo polarizado: fronteras duras entre dos bloques, pero muy porosas dentro de cada uno. Esto se traduce en mucho voto dual, en alta volatilidad electoral y que en cada elección tienes que darlo todo. Los votos nunca han tenido dueño, pero hoy menos que nunca. Salvo una minoría muy ideologizada -y ruidosa en Twitter-, la gran mayoría del votante progresista se siente cómodo en esa indefinición en la que en las municipales vota a su alcalde progresista, en las autonómicas puede votar un BNG o Más Madrid si se muestran útiles y en las generales o europeas a Pedro Sánchez. 

Frente a esto, Podemos ha encontrado una solución de nicho: una base profundamente ideologizada y fanatizada a la que realimenta el dúo partido-Canal Red y que aspira a un 2-3%. Por eso es tan importante para Podemos golpear al de al lado más que al de enfrente. Otros partidos han encontrado una solución que les ha permitido mirar a la cara (Más Madrid) o subalternizarlo (EH Bildu y BNG en regiones con nación y lengua propia) en su territorio, donde no se gobierna con él. Eso sí, por ahora, esas soluciones no consiguen ganar el Gobierno y mantienen una fuerte dualización, lo que merece una reflexión aparte. 

El reto de Sumar era intentar producir una solución similar en el marco de un Gobierno de coalición. Obviamente frente a Sánchez no vas a sorpassar al PSOE, pero quizás sí ir mejorando la correlación de fuerzas en la sociedad esperando al post-sanchismo, que será duro, como se vio en el Comité Federal cuando Sánchez se tomó unos días para valorar su continuidad frente a los ataques y el lawfare de la extrema derecha. 

Intuyo que la relación con el PSOE cuando se comparte Gobierno pasa más por disputarle la frescura, marcar un perfil propio claro en tribuna y en políticas públicas, sacar avances claros compartidos y no centrar todo en la pelea en ver quién está más a la izquierda o caer en el “no nos deja”. Sumar empezó, incluso antes del 23J, en esa línea, pero desde que Podemos rompió el grupo parlamentario ha dado demasiados bandazos. No es fácil tener una fuerza a tu izquierda cuya única intención es robarte voto atacándote por lo poco de izquierdas que eres. Es agotador y frustrante. Por la experiencia de Más Madrid en la Asamblea regional, lo peor que puedes hacer ahí es dejarte enredar y que te lleven al barro o a la famosa esquina del tablero. No dejarse secuestrar emocionalmente por los ataques de Canal Red y sus seguidores y bots tuiteros y seguir tu camino hablándole al gran voto dual

Sin duda, los resultados de las europeas ponen fin a una determinada hipótesis Sumar. Es la de Movimiento Sumar como primus-inter-pares, la del “núcleo meritocrático” frente los “partidiños”, y la del “movimiento ciudadano” que ocupa el 70% de los órganos. Las europeas no ponen fin a la necesidad de articular un espacio político estatal capaz de asegurar gobiernos de coalición en el Estado, recuperar gobiernos locales y disputar la hegemonía política del espacio progresista en 2024, no en 2015. Un espacio que ahora mismo tiene 27 diputados, tres eurodiputados y que cuenta con cinco ministerios en el Gobierno haciendo todo lo posible por mejorar la vida de la gente. Esta articulación no pasa por el fetiche de la unidad, la creación de nuevas plataformas o intentar una nueva refundación, sino por fomentar el encuentro entre diferentes en alianzas puntuales, instrumentales y novedosas. Quizás las fuerzas independentistas nos han mostrado en estas europeas por donde podría ir, organizativamente, la cosa. La dimisión de Yolanda Díaz de sus cargos orgánicos no resuelve esto, que es el problema fundamental. Sigue siendo la mejor vicepresidenta y ministra de Trabajo posible y un activo electoral de primer orden. Nadie cuestiona eso, pero lo importante sigue siendo arreglar la organización de la coalición Sumar e impulsar las políticas del Gobierno progresista. 

Los partidos regionales podríamos tener la tendencia a replegarnos a nuestro territorio, a pensar que basta con el trabajo local en cada municipio y barrio. Aunque esto sea imprescindible y hasta prioritario para crecer y reconstruirse, sería un error despreciar una dinámica estatal e internacional que nos interpela a todos. La pregunta para quien prefiere el repliegue es quién ocupará el espacio estatal que se deja. Porque si gobierna la derecha o si el PSOE hegemoniza aún más el espacio progresista estatal, la vida de la gente será peor pero también será más difícil hacer política progresista en cada territorio.

El reto por tanto es doble: organizativamente toca crear una institucionalidad horizontal y recíproca que respete y refuerce las organizaciones existentes y que canalice su fuerza territorial hacia lo estatal, disputando la hegemonía del espacio progresista. Políticamente, hay que hablarle más al electorado dual progresista y menos entre y de nosotros, hay que escuchar y entender a muchos ciudadanos decepcionados y cansados con la política para que vuelvan a confiar en ella. También generar una ecología cultural y comunicativa más allá de los partidos que la derecha ahora tiene y que nosotros tuvimos, pero ahora nos falta. En definitiva, ampliar nuestro espacio y ganar poder para afrontar los grandes retos del mundo: la crisis climática, la desigualdad, la vivienda y las condiciones de vida. 

Después de varios meses de ciclo electoral intenso, ahora tocan otro tipo de debates y otro tipo de encuentros, desde la calma, la cooperación y los desacuerdos pactados. Vienen tiempos oscuros, con la extrema derecha en auge, la crisis climática y la vuelta de la guerra. Pero hubo tiempos peores y también ahí se pudo construir esperanza. Hay un país que mejorar y un Gobierno que puede hacerlo. Al tajo.

Este 2023 a punto de concluir será el año más cálido desde que tenemos registros. Probablemente sea también el más cálido en cientos de miles de años. Los impactos climáticos se hacen cada vez más evidentes: incendios, ola de calor, inundaciones, sequía. Incendios, ola de calor, inundaciones, sequía, etc, etc. Y sus efectos se dejan sentir cada vez más sobre nuestra salud. El ejército estadounidense definió en 2007 el cambio climático como un “multiplicador de amenazas” en materia de seguridad. Podría decirse lo mismo en materia de salud pública donde el cambio climático puede empeorar nuestra salud por dos vías. Directamente, aumentando el malestar o incluso las muertes por calor, haciendo que enfermedades como el dengue o la malaria lleguen a nuevas poblaciones, empeorando la calidad del aire cerca de los incendios o aumentando la ansiedad ante un futuro en llamas. Indirectamente, empeorando los determinantes sociales de la salud si aumenta la desigualdad, hay un peor acceso al agua o sube el precio de los alimentos.

Como resultado, el cambio climático amenaza con provocar cientos de miles de muertes adicionales anuales que se concentrarán desproporcionadamente en las personas más vulnerables (ancianos y niños sobre todo) o con rentas más bajas. Por supuesto, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que la crisis climática vaya a más, con una transformación ecológica que descarbonice la forma en que producimos y consumimos, pero mientras tanto, hemos de adaptarnos para protegernos de las consecuencias que ya no podemos evitar pero sí atenuar. 

Nuestras sociedades son más libres y más justas cuando no dejamos que esa protección recaiga en cada individuo sólo, en función de lo que pueda pagar o cómo se las sepa apañar. Nuestras sociedades son más libres y más justas cuando nos protegemos en común, como el país solidario que somos. El estado del bienestar es la base de esta protección colectiva que no mira cuánto tienes en el bolsillo ni pregunta en qué barrio has nacido. Y su pilar fundamental, la joya de la corona, es nuestro sistema nacional de salud: una red de centros, profesionales y estructuras que está ahí para protegernos y cuidarnos cuando más vulnerables nos sentimos. Una red de seguridad para cuando caemos enfermos. 

Cuando hace más de 35 años Ernest Lluch sentó las bases de nuestro sistema sanitario muy pocos eran conscientes de la gravedad que en pocas décadas alcanzaría el deterioro medioambiental, pero un Sistema Nacional de Salud del siglo XXI ha de ser un sistema adaptado a los efectos en salud pública de la crisis ecológica: con climatización adecuada de recintos, con un sistema eficaz de alertas tempranas para eventos extremos, con campañas de sensibilización sobre los efectos climáticos y cómo adaptarse (como se hace con drogas, alcohol o tabaquismo, etc.) y especial vigilancia enfermedades transmisibles que no son nuevas pero sí están experimentando un mayor alcance de forma preocupante (Lyme, Dengue, etc.). Esta adaptación no puede plantearse sólo en términos de mejor vigilancia sanitaria y de cambios de hábitos individuales, sino también desde una perspectiva comunitaria y mediante cambios estructurales que favorezcan la rehabilitación, el acondicionamiento de centros escolares y laborales, la creación de refugios climáticos, los sistemas de alerta temprana, etc. 

En tanto que nuestra salud y la de nuestros más cercanos es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, los sistemas de salud pública tienen un papel importante que jugar en la mitigación del cambio climático porque hoy es ya evidente que las políticas de transición ecológica son también políticas de salud pública. La gran mayoría de políticas de descarbonización tienen numerosos beneficios para la salud: la eliminación progresiva de la producción y uso de combustibles fósiles, los cambios en las ciudades y la promoción de una movilidad sostenible peatonal, ciclista o en transporte público que nos den la libertad de no usar el coche, fomentar dietas saludables y sostenibles reducen las emisiones mejorando nuestra calidad de vida. Enfatizar sus co-beneficios para la salud favorecerá la concienciación y facilitará la adopción de dichas políticas, más aún si implicamos a los profesionales sanitarios, los más valorados y reconocidos, en la comunicación de los riesgos para la salud del cambio climático y en las ventajas de luchar contra él. La salud ha de ser la vía por la que una gran parte de la población comprenda que las políticas ecologistas están alineadas con el ideal de tener vidas mejores en sociedades más sanas y con individuos con mejor salud. 

Por último, se calcula que sumando emisiones directas e indirectas, los sistemas sanitarios son responsables de un 4-5% de las emisiones globales. Si el sistema sanitario fuera un país, sería el 5º con mayor cantidad de emisiones de efecto invernadero del mundo. Una parte fundamental del juramento hipocrático, el compromiso ético que guía la práctica médica, implica el principio de Primum non nocere (“lo primero, no hacer daño”). Este principio también podría guiarnos ante la necesidad de transitar a un Sistema Nacional de Salud  sostenible, cero carbono y bajo en residuos que no empeore la crisis ecológica. 

En última instancia, se trata de volver a mostrar la dependencia de nuestra salud del contexto económico, social y ambiental. Igual que la economía debe volver a incrustarse dentro de unos límites planetarios hace tiempo sobrepasados, la salud humana debe considerarse parte de una salud planetaria gravemente amenazada. Regenerar unas condiciones ambientales seguras es la mejor receta para garantizar vidas saludables y seguras. 

En estos días está celebrándose la COP28 y por primera vez esta cumbre climática ha dedicado un día a hablar de cambio climático y salud de forma monográfica. Más allá de lo evidente (la preocupación creciente por este tema), tal vez sea la expresión de que ya estamos preparados para la acción. La pandemia evidenció que la vulnerabilidad en términos de salud va de la mano de los riesgos en materia medioambiental (la invasión humana de ecosistemas previamente ajenos a nuestra intervención favorece la aparición de zoonosis, y el resto de la historia ya la sabemos); tal vez sea esto lo que ha logrado incorporar a la agenda política global esta cuestión que es central. Si durante la pandemia decíamos que “nadie está a salvo si no estamos todos a salvo”, ahora debemos decir que “no hay personas sanas en un planeta enfermo”.

La semana pasada comenzó en el Congreso de los Diputados el debate sobre el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE). Este primer debate abordó un asunto clave: la ambición climática. Es decir, cuál es nuestro horizonte de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y 2050.

Reducir las emisiones cuanto antes es clave para evitar los peores efectos del cambio climático. Cuanto más tarde lo hagamos y cuanto menor sea el ritmo al que lo hagamos peores serán las consecuencias para nuestras sociedades. Por eso la LCCTE es por tanto una de las leyes más importantes, no de la legislatura, sino sin duda de la próxima década.

El Gobierno llevó al Congreso de los Diputados la esperada LCCTE en mayo de 2020. El artículo tercero de dicha ley es el que recoge los objetivos de reducción de emisiones ¿Cuáles son? Para 2030 plantea al menos tres objetivos: un 20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, que el 70% de la energía eléctrica consumida proceda de fuentes renovables y alcanzar en 2050 la neutralidad climática, es decir que España deje de contribuir al cambio climático.

Sin embargo, ya el G5, las cinco grandes organizaciones ecologistas del país (Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra y WWF) señaló que, aunque una LCCTE es más necesaria que nunca, los objetivos establecidos se quedaban cortos. La propuesta de los grupos ecologistas pasa por alcanzar en 2030 una reducción del 55% de emisiones respecto a 1990, un 100% de penetración de renovables en la energía eléctrica y alcanzar la neutralidad climática en 2040, 10 años antes.

Pero quizás lo más raro del anteproyecto de ley era que ni siquiera estaba a la altura de los propios informes del Gobierno. Para eso tenemos que hablar del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima: el PNIEC. Si la LCCTE es el marco general, el PNIEC es la hoja de ruta detallada que va a guiar la descarbonización de nuestro país. Un documento de casi 400 páginas que recoge en detalle el modelo económico computacional utilizado, las políticas a implementar así como su impacto económico. Presentado originalmente en febrero de 2019 y actualizado en enero de 2020, el PNIEC propone para 2030 una reducción de al menos el 23% de las emisiones respecto a 1990, un 74% de renovables en energía eléctrica y la neutralidad climática en 2050. Es decir, el anteproyecto de ley presentado en mayo consideraba objetivos menos ambiciosos que el PNIEC que el propio Gobierno había presentado en enero.

Obviamente esto no tiene ningún sentido técnico y de hecho, causó bastante sorpresa entre ecologistas y expertos. Pero sí tiene un sentido político claro. En octubre de 2020, al finalizar el proceso de enmiendas, los Grupos Parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos presentaron una enmienda al artículo que recogía exactamente los objetivos del PNIEC. De esta forma, aparentemente, la ley ha aumentado su ambición en el trámite parlamentario. Esta enmienda ha sido la base del acuerdo alcanzado por mayoría el pasado lunes en la primera ponencia del debate de la ley, acordando una reducción del 23% de emisiones en 2030 respecto a 1990. Durante el proceso de enmiendas, desde Más País-Equo trasladamos al debate en el Congreso las reivindicaciones de los grupos ecologistas (55% de reducción de emisiones y electricidad 100% renovable en 2030, neutralidad climática en 2040) porque son las únicas en línea con lo que exige la ciencia, con los acuerdos internacionales y con actuar como si realmente hubiese una emergencia climática.

Es por esto que marcarse como objetivo al menos un 23% de reducción de emisiones en 2030 nos parece un error y, por tanto, hemos decidido mantener hasta el final nuestra enmienda que apuesta objetivos más ambiciosos, esperando que el Gobierno recapacite y acceda a aumentar la ambición de la LCCTE.

Desde Más País-Equo somos conscientes de que reducir el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 es un reto mayúsculo: en lo técnico y lo político. De hecho, ahora mismo probablemente ni sepamos cómo hacerlo. ¿Es una locura fijarlo por ley entonces? Bueno, es lo que han hecho en Dinamarca los socialdemócratas estableciendo como objetivo reducir un 70% las emisiones en 2030. Como dice el ministro del Clima Dan Joergensen, “normalmente fijas un objetivo del que estás seguro que más o menos puedes alcanzar, pero nosotros lo estamos haciendo al revés. En lugar de preguntar lo que es posible, hemos preguntado a los científicos lo que es necesario, así que la tarea es hacer lo necesario”.

Por contra, el Gobierno de España parece que se conforma con establecer un suelo seguro antes que fijarse un techo al que apuntar. El problema es que en lo que respecta al cambio climático ya no estamos a tiempo de ir sobre seguro: tenemos que arriesgar. Tenemos que marcarnos objetivos que pueden parecer descabellados. Tenemos que hacer como cuando Kennedy dijo en su famoso discurso de 1962 que Estados Unidos llegará a la Luna antes del final de la década. Ese objetivo, precisamente por su enorme ambición, genera una señal muy poderosa, capaz de marcar un camino que orienta la investigación, la innovación, la inversión privada y, por qué no, la movilización social. Hoy la transición ecológica debería ser nuestro proyecto Apolo.

Por supuesto, el Gobierno puede no compartir esta visión de la función de los objetivos climáticos. Pero incluso así, lo que no debería hacer es enrocarse hoy en el 23% de reducción de emisiones y en las metas que marca el PNIEC. Principalmente por tres razones: En primer lugar, el PNIEC es un plan cuya primera versión data de febrero de 2019, es decir, sus análisis tienen como mínimo dos años. ¡En transición ecológica eso es muchísimo! En lo económico, según IRENA sólo entre 2019 y 2021 los precios de la fotovoltaica habrán caído un 42% y los de la eólica un 20%. Pero es que 2019 fue el año de las grandes movilizaciones climáticas de los jóvenes, que culminaron en la enorme manifestación durante la COP25 celebrada en Madrid, y que, junto con eventos como Filomena, las DANA o recurrentes las olas de calor del Ártico, han hecho avanzar mucho en poco tiempo la conciencia climática de nuestro país.

En segundo lugar, el PNIEC es anterior a la COVID. Sin entrar en los cambios puntuales que ha provocado la pandemia o en la temporal reducción de emisiones provocada por el confinamiento, es muy importante considerar el cambio del marco macroeconómico general. Por ejemplo: el PNIEC asume cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, hoy en suspenso hasta 2022. Finalmente, el PNIEC no tiene en cuenta los 140.000 millones de los Fondos Europeos React-EU y Next Generation, de los que el 37% debe dedicarse a Transición Ecológica ¿Realmente tenemos que suponer que los fondos no van a tener ningún impacto en los objetivos de reducción de emisiones o la penetración de las renovables? En definitiva, los objetivos de ambición climática son el primer gran nudo de la LCCTE, que, sin embargo, no se agota ahí (esta ley tiene muchos aspectos en los que puede y debe mejorar) pero son muy importantes tanto en la práctica como en lo simbólico. La crisis climática es el gran reto de nuestro tiempo y nos merecemos una ley que lo refleje clara y vigorosamente.

Este domingo la cifra de fallecidos en España por el COVID19 ha superado las 1.700 personas. Al principio de esta crisis, cuando las noticias venían de fuera mirábamos con distancia el problema (“esto no pasará en España”). Pero el problema ha llegado y es real. Nos toca a todos, y cada día con más fuerza. Las noticias de abuelos, de primas, de amigos, de madres afectadas a nuestro alrededor van a transformar por completo nuestra cotidianeidad y la manera en que transitamos por esta crisis. De ella no saldremos siendo los mismos. Por eso, ante esta situación de excepcionalidad, es importante tomar una decisión trascendente y sin dudar: frenar la curva y salvar vidas es frenar España, es parar el país.

No es posible frenar la curva, especialmente en las zonas más afectadas, mientras más de cinco millones de personas salen cada día a trabajar en nuestro país. Muchos y muchas son profesionales sanitarios, trabajadores de fábricas de mascarillas, reponedores y reponedoras de supermercados, transportistas, quienes recogen las basuras, lo que sostienen el transporte público: personas cuyos trabajos son imprescindibles para frenar la pandemia o hacer funcionar las constantes vitales mínimas de nuestra sociedad. La primera tarea es protegerles, proporcionando los materiales adecuados, garantizando la seguridad laboral y dándoles prioridad a la hora de hacer tests.

Pero también salen cada día millones de personas a trabajar en trabajos que no son imprescindibles: casi un millón de trabajadores de la construcción, buena parte de los más de dos millones del sector industrial, call centers, etc. En las zonas más afectadas de nuestro país como Madrid, La Rioja, Catalunya o Euskadi que están o pronto estarán en una situación crítica esto es simplemente insostenible. Si no tomamos más drásticas y paralizamos completamente la actividad laboral no imprescindible seremos incapaces de detener el vertiginoso avance del virus y nuestro sistema sanitario colapsará.

No es una razón menor que, a pesar de nuestros esfuerzos el virus también entiende de clases. No todo el mundo puede teletrabajar. De hecho, son los trabajos de menores salarios lo que menos pueden. Un Gobierno progresista debería tener como una de sus principales tareas proteger a los trabajadores de este país y no tratar a ciertos obreros como ciudadanos de segunda. Algunas grandes plantas del sector industrial, donde hay muchos trabajadores y organización sindical, han logrado parar la producción, pero el 70% de los 2,5 millones de trabajadores este sector en España lo hacen en pymes. En total son millones de trabajadores y trabajadoras saliendo cada día de sus casas, cogiendo los transportes, en riesgo de infección y a su vez con el consecuente riesgo de expandir el virus. Salir juntos de la crisis y cuidándonos empieza porque el Gobierno nos proteja a todos por igual y no reproduzcamos lógicas sociales profundamente clasistas.

Es una decisión complicada pero hoy nuestro primer objetivo solo puede ser el de salvar vidas sin escatimar esfuerzos. Somos conscientes de que esto tendrá graves consecuencias en la economía de nuestro país. Precisamente por eso, la recuperación social debe empezar hoy mismo.

Las medidas anunciadas por el Gobierno la semana pasada van en la buena dirección, pero no son suficientes. La gravedad de la situación, pero también el compromiso del BCE de controlar la prima de riesgo y la eliminación de la regla de gasto por parte de la Comisión Europea nos permiten remar más fuerte. Tenemos que asegurarnos que no se pierde ningún empleo, que nadie pierde su casa y que nadie deja de tener garantizado lo necesario para vivir: Prohibir los despidos, aprobar una suspensión de los alquileres en aquellos casos que el arrendador sea un fondo buitre, un banco o un multipropietario y establecer un Ingreso Básico de Emergencia para todos aquellos autónomos, trabajadores eventuales o sin contrato que van a ver afectados sus ingresos. Primero, porque eso va a permitir que los españoles y españoles afronten la dura prueba del confinamiento con la certeza y la tranquilidad de que no se encontrarán la pobreza al salir de sus casas. En segundo lugar, porque eso es lo que nos permitirá recuperarnos rápidamente mañana.

En el fragor de la lucha contra el Covid19, confinados en nuestras casas y preocupados por las noticias que nos llegan de familiares, amigas y las imágenes de los hospitales, estas son las tareas principales. Pero la infección pasará y entonces tendremos que centrarnos en reconstruir una economía en un estado de shock desconocido desde hace décadas. Pero después de esta lucha no nos encontraremos las ruinas que dejan tras de sí las guerras si no un motor parado que habrá que poner en marcha. Una vez frenada la curva tendremos que arrancar la economía. Para ello necesitaremos un nuevo Plan Marshall que financie un ambicioso programa de inversiones para iniciar una recuperación económica que afronte los grandes retos de nuestro tiempo, hoy eclipsados temporalmente por la lucha contra el Covid19: reducir una desigualdad económica y social intolerable, valorar y poner en el centro los cuidados que sostienen la vida y descarbonizar nuestra economía para frenar el cambio climático.

Para cuando salgamos de esta, la imagen no puede ser de derrota, sino de un país a la altura. Estos días a las 20h de la tarde, en las ventanas y balcones de todo el país se cruzan miradas de esperanza y valentía. Nos decimos los unos a los otros que “saldremos de esta juntos”. Cojamos esa fuerza y pongámosla en práctica para cuidar a nuestra gente. Porque hoy la única forma de cuidar España es parar el país.

Entre el próximo 2 y 13 de diciembre España acogerá la cumbre del Clima de las Naciones Unidas, conocida como COP25. Esta situación llega tras la decisión unilateral de cancelar el evento por parte del gobierno chileno, asediado por unas protestas sociales contra las políticas neoliberales que tanto han agravado la crisis climática y cuya represión ya ha causado al menos dos decenas de muertos. En estas terribles circunstancias, la llegada de la COP25 a Madrid supone una gran responsabilidad. Además de mostrar nuestra solidaridad con el pueblo chileno, debemos mostrar también al mundo que España quiere y puede liderar la lucha contra el cambio climático y por una transición ecológica socialmente justa. Para ello es imprescindible que, al igual que en el resto de Europa, la ecología política avance posiciones en la sociedad civil y en las instituciones. Este último es el objetivo de Más País-EQUO el próximo 10 de noviembre.

Esta cumbre llega en un momento de creciente concienciación de la ciudadanía española frente a la emergencia climática, como mostraron las masivas movilizaciones del pasado 27 de septiembre. Más aún, según un estudio recientemente publicado por el Real Instituto Elcano, los españoles consideran el cambio climático como “la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo”. No debería extrañarnos, teniendo en cuenta que en España este último año hemos vivido fenómenos cada vez más extremos y con graves consecuencias sobre nuestra economía, salud y empleos: sequías, olas de calor, inundaciones como las provocadas por la última DANA en el sureste peninsular o la catástrofe vivida en el Mar Menor.

De hecho, la crisis climática no es solo una amenaza ambiental, es también una amenaza social. Ya sea a nivel global, europeo o en España, quienes sufren principalmente el cambio climático son las personas más vulnerables y que menos lo provocaron. Es por eso que decimos que no habrá justicia social sin justicia climática. Pero, como bien demuestran acontecimientos como la revuelta de los chalecos amarillos en Francia, no habrá justicia climática si no viene de la mano de la justicia social. La transición ecológica es un reto mayúsculo que va a necesitar movilizar durante la próxima década lo mejor de toda la ciudadanía. Y tenemos que hacerlo juntos, como país, a favor de las mayorías y no sólo de unos pocos privilegiados, pensando en el futuro de nuestra juventud, sin dejar a nadie atrás.

Por eso el corazón de la propuesta programática de Más País-Equo es el Acuerdo Verde: un Green New Deal para España, que impulsará la transición ecológica como la tarea estratégica de la próxima década. Es una respuesta integral, novedosa y ambiciosa a la altura del enorme reto climático. Aporta respuestas transversales para que ciudadanía, administraciones y empresas podamos cambiar lo más rápido posible y en profundidad nuestra economía y sociedad. Y utiliza la descarbonización, las energías limpias o los decenas de miles de nuevos empleos verdes como palancas para cerrar algunas de las heridas crónicas que hoy desgarran nuestro marco de convivencia, como la desigualdad social, la España vaciada, la desigualdad de género o el desempleo.

El Acuerdo Verde es también la expresión española de la “ola verde” que recorre Europa. El pasado 26 de Mayo de 2019, los verdes europeos cosecharon un resultado histórico. La subida fue tan notable, especialmente en países como Alemania y Francia, que hoy representan el 10% del Parlamento Europeo. Desde entonces, y al calor de las movilizaciones de los jóvenes encabezadas por la activista Greta Thunberg, los verdes han experimentado fuertes subidas también en las últimas elecciones de Austria o Suiza. Siguiendo esta estela verde, Más País-EQUO es una fuerza política que responde a la creciente alarma de la ciudadanía ante la emergencia climática y la traduce políticamente en soluciones responsables, transformadoras y socialmente justas.

El pasado 28 de abril, frente a la amenaza de la extrema derecha, que en su paquete de involuciones democráticas lleva también el negacionismo climático, la ciudadanía española hizo su parte y salió a votar en masa por un gobierno progresista. Con una enorme dosis de irresponsabilidad, los partidos del 28A no estuvieron a la altura de este mandato electoral, dando una segunda oportunidad a quienes nos pueden hacer perder la década decisiva para la transición ecológica. Desgraciadamente la crisis climática sigue su curso se pongan o no de acuerdo las fuerzas progresistas. Por eso, hoy es más necesario nunca una fuerza política responsable y ambiciosa como Más País-Equo que aúne ser inequívocamente verde con la voluntad y la capacidad de llegar a acuerdos. Una fuerza que impulse la ola verde y de Los Verdes Europeos en España. Una fuerza que ponga el clima por delante de los intereses de las siglas.