En esta situación puede que el efecto buscado por las tibias medidas del Gobierno (aunque ahora parece que podrían quedar en menos aún por la presión del PNV) en la reducción de la factura de la luz, que ya presiona también a la patronal de la industria, supongan un pequeño alivio. Sin embargo, la idea de fondo que mueve la política gubernamental es bien diferente: impulsar una nueva clase empresarial moderna conforme a los retos del capitalismo del siglo XXI. El objetivo de la política económica del gobierno es por tanto enfrentarse a una supuesta clase empresarial anticuada y parasitaria, frente a unos empresarios conscientes de la nueva era que se abre ante las oportunidades de un neoliberalismo en crisis. Quedan lejos ya para el ejecutivo aquellas aclamaciones rimbombantes de la investidura sobre el poder de las trabajadoras y trabajadores.

Y es que en esta crisis que atravesamos debemos reconocer que existe un cierto grado de contingencia, debido a los altos precios de extracción de los combustibles fósiles, minerales y los movimientos geopolíticos, pero de fondo el papel del Gobierno responde a lo que algunos de sus ministros y ministras han denominado como “colaboración público-privada”, es decir, el Estado-empresa constituye hoy la mejor garantía para los intereses privados de las grandes multinacionales. Esto es, socializar riesgos y pérdidas privadas y extender una red salvavidas a costa de la riqueza generada por las clases trabajadoras de toda Europa. No se trata de una estafa urdida en oscuros despachos, a pesar de imágenes tan deplorables como la del militante del PSOE, Antonio Miguel Carmona , siendo nombrado vicepresidente de Iberdrola, sino de un sistema que supedita sus intereses a los del conjunto de la sociedad a través del papel del Estado, apoyándose en él para afrontar los retos que la profunda crisis del capitalismo le expone. Sin ir más lejos, nos encontramos con Iberdrola, empresa que se jacta de ser la compañía que más dinero público ha solicitado al Estado de los Fondos Europeos “Next Generation”, unos 30.000 millones de euros de dinero público para sus propios proyectos.

Son estas mismas empresas energéticas, bancos y fondos buitre propietarios de una parte importante de las viviendas, quienes vienen amenazando al conjunto de la sociedad si no se cumple con sus deseos. Así lo hacen diariamente manteniendo miles de viviendas vacías en todo el Estado, mientras millones se enfrentan a alquileres abusivos que suponen más de la mitad de los salarios. Al mismo tiempo, vacían los embalses de Extremadura, Galicia y Zamora, destruyendo parajes por completo para extraer más energía que vendernos a un precio más caro.

Frente a este panorama, desde Anticapitalistas nos preguntamos, ¿Por qué no decidir entre todas y todos como gestionar esta grave situación? ¿Podemos elegir democráticamente la manera de gestionar recursos imprescindibles como la vivienda y la energía? El gobierno es débil y su exigua voluntad de alterar el mercado se derrumba a la primera llamada de las compañías eléctricas o de partidos de la derecha, por eso armarse desde lo social no es sólo la vía más deseable, sino la única opción que tenemos para garantizar una democracia real. Pues la democracia es, en definitiva, decidir sobre aquello que afecta decisivamente a nuestras vidas y permite poner sobre la mesa las necesidades e intereses de la mayoría sobre los intereses particulares de una minoría. Desde el 14 de septiembre, día en el que el gobierno anunció las medidas sobre el precio de la luz, este no ha dejado de crecer semanalmente y amenaza a millones de personas con la llegada del invierno.

De la misma manera que, por lo anunciado en boca del Gobierno, la futura ley de vivienda será muy difícil que regule los precios del alquiler, no acabará con los desahucios y mucho menos pondrá en marcha un parque público de vivienda que asegure el acceso generalizado a este bien básico. Este afán permanente del Gobierno por vender ilusiones que cuando llegan a la realidad no se traducen en mejoras concretas para la vida de la gente solo amplía el campo de la frustración y la desafección, traduciéndose en más debilidad social para el conjunto de la izquierda que la extrema derecha no duda en aprovechar a cada momento.

Experiencias concretas como el referéndum celebrado en Berlín el pasado 27 de septiembre demuestran como medidas reales, serias y efectivas, expropiar más de 270.000 viviendas en manos de especuladores, pueden contar con un apoyo masivo si conectan con las necesidades cotidianas de las clases populares. Por tanto, es el momento de ponerse a ello. Tenemos las ideas y tenemos las propuestas para afrontar esta situación, pero necesitamos la fuerza social para hacerlas posibles. Es posible el control público de la producción energética que nos permitiría avanzar en la necesaria transición energética, abandonando la insostenible explotación de los recursos fósiles y sustituirlos por fuentes de energía renovables. Es posible acceder a este bien esencial para todas y todos a través de una empresa pública de energía. Podemos contar con un parque de vivienda público que facilite que las y los jóvenes puedan independizarse, que asegure que nadie tenga que elegir entre comer y pagar el alquiler, que acabe al fin con el drama de los desahucios.

Por eso desde Anticapitalistas hemos iniciado una campaña con el objetivo de que el Gobierno ponga en marcha un referéndum que permita al conjunto de la sociedad decidir sobre la gestión de la vivienda y la producción energética. El Gobierno cuenta con la capacidad legal de convocar un referéndum según la propia Constitución de 1978 y la Ley Orgánica de Referéndum 2/1980. Es la misma Constitución la que establece en su artículo 92 que corresponde al Presidente del Gobierno, autorizado por el Congreso, la convocatoria efectiva de un referéndum con carácter consultivo sobre decisiones de especial trascendencia.

No existe mejor forma de hacer avanzar la democracia que en la práctica cotidiana, discutir sobre la economía y los recursos como derechos sociales para la mayoría o como privilegios para unos pocos. Por todo ello, decidamos todo: https://decidamostodo.org/

Entramos en un otoño decisivo. La crisis sanitaria está lejos de haber remitido y se anuncia una segunda oleada que puede volver a poner en tensión a la sociedad, sobre todo, a la gente trabajadora de los barrios obreros. A esta situación se suma la incertidumbre por una situación económica que se prevé catastrófica: una crisis sin precedentes que cae sobre una población ya empobrecida por décadas de políticas neoliberales que solo han recortado derechos sociales.

Es evidente que la crisis sanitaria ha sido inesperada. En ese sentido, es comprensible que el Gobierno haya actuado con retraso y a la defensiva, aunque tras meses de pandemia, la impresión que da es que no se han sacado lecciones en absoluto y que el caos administrativo es total. Todas las comunidades autónomas, sean del color que sean, así como el gobierno central, se muestran paralizadas y sin capacidad para dar soluciones a problemas urgentes, como por ejemplo, la vuelta a las aulas. La conclusión es clara: los partidos sistémicos, sean del color que sean, son incapaces de abordar los retos urgentes, y el Estado en sus múltiples ramificaciones (excepto en la represiva, donde sigue manteniendo intactas sus atribuciones), aparece ante la sociedad como una maquinaria impotente ante los problemas que van apareciendo.

Pero la crisis económica y los fallos estructurales en el sistema que se han revelado estos meses vienen de muy atrás. Por desgracia, no podemos decir que el gobierno PSOE-UP, auto-proclamado como el gobierno más progresista de los últimos 40 años de democracia, haya abordado esos problemas. Frente a una derecha radicalizada, pero dividida, en minoría parlamentaria y sin un rumbo claro, el Gobierno ha apostado por no abordar las cuestiones económicas, políticas y sociales, colocando en su lugar parches extremadamente débiles y chapuceros, que no tardarán en despegarse.

El ejemplo del famoso “escudo social” es paradigmático. En un país democrático, deben existir derechos que no estén sujetos a los intereses de los mercados. En un contexto en el que el paro ha comenzado a aumentar de forma desorbitada y millones de personas no pueden garantizarse sus ingresos a través del trabajo (por culpa del sistema y no de las personas), es fundamental que el Estado se ocupe de evitar que se agudice la miseria y la desesperación. El Ingreso Mínimo Vital está siendo un absoluto fracaso: no solo por lo escueto de su cuantía y lo restringido de su alcance, también por una gestión desastrosa producto de la condicionalidad y el conservadurismo del Gobierno, que ha hecho que solo llegue al 1% de 600 mil solicitantes.

Este fracaso tiene que ver con el aspecto de fondo del problema. El Gobierno no puede abordar la crisis social porque se niega a asumir decisiones que conlleven confrontar con las grandes multinacionales y los millonarios y así, poder redistribuir la riqueza. Empresas como Amazon o Mercadona han aumentado sus ingresos de forma brutal en esta crisis, arruinando a decenas de miles de pequeños empresarios y sin mejorar las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras. Es cobarde e incomprensible que un gobierno que se dice de izquierdas no haya implementado un impuesto extraordinario a los ricos y las grandes empresas con beneficios para generar un fondo de cohesión social, que ayude a toda la gente que lo necesita. No estamos planteando una medida revolucionaria (que también hacen falta, sin duda): son simplemente medidas que tratan de evitar que la sociedad se despeñe hacia el abismo. Si no se llevan a cabo, ¿es por inutilidad o por falta de voluntad política? Ambas respuestas son preocupantes.

Hay otros temas que urge abordar. La vivienda es uno de ellos: estamos en un país en donde millones de viviendas están vacías y son propiedad de grandes fondos de inversión que solo las utilizan para especular y aumentar los precios de los alquileres. La inacción de los poderes públicos es inaceptable: no solo debería implementarse una prohibición indefinida de los desahucios, sino que debe abordarse de forma urgente la creación de un parque publico de vivienda que utilice como bien social todas esas propiedades de los bancos, los cuales, por cierto, no han devuelto los 65 mil millones de euros con los cuales se les rescató en la pasada crisis.

En el terreno de la sanidad, de la estructura publica de cuidados y de la educación, no parece que los poderes públicos vayan a afrontar sus obligaciones con la población. No hay ni planes de inversión pública ni reforzamiento de personal y de sus condiciones laborales para afrontar los problemas de fondo que diariamente sufren el profesorado y los usuarios y usuarias. En un contexto de profunda crisis social, esto significa que las familias trabajadoras tendrán que afrontan ellas solas las consecuencias de la precariedad de lo público, siendo las mujeres las que más van a pagar esta parálisis gubernamental. El anuncio del PSOE de buscar pactos con Ciudadanos, en vez de buscar una alianza social fuerte, contando con la opinión activa de los trabajadores de lo público, para sostener un proyecto que fortalezca los derechos sociales, no augura voluntad política para resolver este tema. Es incomprensible, por ejemplo, que en este contexto, PSOE, UP y ERC hayan mantenido la financiación a la educación concertada, en vez de volcar todos los recursos a la educación pública.

Otro gran problema tiene que ver con la industria. Es obvio que hay una crisis que viene de lejos, producto del agotamiento de la rentabilidad de ciertos sectores otrora motores de la economía, como la automoción. Los ERTES pueden ser un mecanismo temporal para evitar despidos (aunque sin una reforma fiscal que aumente los ingresos del Estado, a largo plazo arruinarán la caja de la seguridad social), pero no solucionan el goteo de cierres de empresas o deslocalizaciones. Nissan ha sido el primer aviso de lo que viene. Cada empresa cerrada debe convertirse en pública y ponerse al servicio de un plan de producción de bienes sociales, que garantice el empleo y la transición ecológica. La palabrería no va a solucionar un problema que arrastra a muchas zonas al desierto económico.

Además, la destrucción sin alternativa de comunidades articuladas en torno a la industria aboca a la atomización social, debilita a la clase trabajadora como fuerza política y, por tanto, a la democracia. Ya ocurrió en Francia, EEUU o Reino Unido, en donde la pulverización de estas comunidades ha sido el preludio de la aparición de los monstruos políticos. Todo ello tiene relación con el legítimo miedo a la derecha que hoy domina a la izquierda. No se puede ser antifascista sin combatir con políticas públicas las condiciones que facilitan su ascenso. En una sociedad densa, en donde la seguridad vital esté garantizada por la comunidad, el fascismo es un fenómeno marginal.

En ese sentido, el viejo lema de “somos el 99%” parece asumir hoy todo su sentido, a condición de interpretarlo como una metáfora de cómo sectores cada vez más amplios de la población son condenados a la precariedad. Las mujeres trabajadoras (en un sentido también reproductivo del término), los trabajadores y trabajadoras de la industria, el precariado urbano, el personal público cada vez más ahogado por las políticas de desinversión, las personas migrantes y la gran mayoría de la juventud (¡estamos hablando de condenar a una generación entera!) forman una gran mayoría amenazada por un sistema en decadencia y por una clase política a su servicio, o en el mejor de los casos, incapaz de ponerle frente y limites.

Por eso, resulta preocupante la lógica del mal menor que se ha impuesto mayoritariamente en la izquierda. Fiarlo todo a un gobierno sin voluntad, atrapado por su miedo y fidelidad a los grandes poderes financieros, solo nos conduce al colapso. Hay que romper esa inercia con urgencia: sólo pasando a la ofensiva y exigiendo a través de la movilización que este gobierno timorato, incapaz de cumplir por sí mismo promesas como la derogación de la reforma laboral, aplique políticas sociales fuertes y generar condiciones que eviten escenarios peores. Estamos en un momento decisivo. Se vienen meses difíciles. No debemos afrontarlos desde la pasividad.

La Residencia de Primera Acogida del barrio madrileño de Hortaleza ha vuelto a ser noticia. Esta mañana, una granada ha sido lanzada al interior del edificio sin causar daños físicos, un acto que apunta a un gesto relacionado con los recientes discursos de odio manifestados contra quienes allí habitan.

El racismo que la infancia migrante (ni menores, ni menores extranjeros no acompañados, ni su acrónimo MENAS, que viene a ser lo mismo) viene padeciendo en los últimos tiempos, especialmente desde los altavoces ultraderechistas de Vox, tiene causas estructurales que no debemos ignorar y que están relacionadas con el propio sistema de protección a la infancia. Un sistema de protección opaco en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y que, por tanto, no sólo les afecta a ellos sino a toda la sociedad. Por eso, se hace más que necesario entrar con luz y taquígrafos y desmantelar el negocio que esconde, exigiendo la evaluación independiente de una política pública que ha dado muestras sostenidas de su fracaso.

Lo primero es aclarar que, como parte de este sistema de protección, la Residencia de Primera Acogida de Hortaleza no sólo acoge a chavales migrantes, sino a otras niñas y niños que se encuentran en diversas situaciones de vulnerabilidad por tener a sus padres o tutores en situaciones de enfermedad, de privación de libertad o cualquier otro motivo que impide ejercer sus responsabilidades. Un centro, como otros muchos, cuyas insuficientes instalaciones y el escaso personal profesional contratado provoca hacinamiento por sobreocupación, condiciones laborales deficientes, con altas tasas de rotación y ratios profesionales que impiden una adecuada atención, falta de abogados e intérpretes, retrasos en la escolarización, falta de programas de transición a la edad adulta, modelos de intervención obsoletos y homogéneos para etapas de edad diferentes y situaciones diversas. Un elemento éste último, especialmente importante en los casos de los chavales migrantes, dado que vienen de trayectorias muy diferentes: guerras, hambrunas, trata, desertización, desplazamientos forzados, y un largo etcétera que no es sino la consecuencia de un modelo global de extractivismo humano.

A todos estos síntomas que se condensan en el centro hortalino, obviados desde hace tiempo por la administración regional madrileña, hay que sumar el hecho de que siendo un centro de derivación, se ha convertido en un centro de estancia permanente. Consecuencia: se está expulsando a los chavales a situaciones de riesgo que van desde la preferencia por estar en la calle, hasta la búsqueda de vías rápidas -y en ocasiones ilegales-, para conseguir los mínimos materiales que todo chaval necesita y anhela para vivir la vida con dignidad.

El oscurantismo y hermetismo del sistema de protección data, al menos, desde que esta competencia fue descentralizada. Aún teniendo un marco legal que ha ido poco a poco mejorando, la falta de presupuesto y la deriva imparable de privatización de todo lo público ha hecho que la mayoría de estos centros de titularidad pública, estén gestionados -salvo excepciones-, por empresas privadas que reciben miles de euros al mes por cada interno. Las cifras bailan en función de la situación de cada chico/a –que necesite o no tratamientos o cuidados especiales- y de la región. Pero, pese a la falta de claridad existente, el coste mensual de un chaval interno oscila entre los 4.000 a los 9.000 euros lo cual no se corresponde necesariamente con instalaciones suficientes y adecuadas ni con personal suficiente con condiciones laborales acordes a sus función que no es poca cosa. Una lógica empresarial equiparable a la que subyace en la educación y la sanidad.

Otro de los factores que esconde este sistema es la discriminación tutelar. El hermetismo que rodea a estos centros, similar al oscurantismo de los CIE, justificado en la necesidad de salvaguardar la intimidad de los chicos y chicas menores de edad, juega a veces en contra del mismo interés superior (principio básico y norma de actuación preferencial recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño (NNUU, 1989) que las instituciones están obligadas a proteger, escudándose en este principio legal para que nadie pregunte ni se conozca la realidad cotidiana de la gestión.

Además, la ausencia de la figura del llamado Defensor del Menor, institución dependiente de forma directa de la Asamblea de Madrid y decapitada por el PP en 2012, no ayuda a esclarecer toda esta situación que forma parte de este sustrato de prejuicios contra una chavalada que, por causas ajenas a su voluntad, pasa su adolescencia entre las paredes de un Estado que ha hecho de su situación un negocio rentable e intocable. Prejuicios que se multiplican cuando el color de piel no es blanco o sus formas de entender la vida no se corresponden con lo que esta sociedad, aún con gran raigambre nacional-catolicista, acepta. Se convierten así, en el objetivo perfecto de quienes, cuan intrusos políticos, han vuelto para ensuciar nuestros barrios de racismo, machismo y violencia.