La necesaria transición energética a las renovables que la ciudadanía llevábamos tanto tiempo esperando y demandado, lleva camino de convertirse en un lamentable error. Con su actual desarrollo se mantiene la fantasía de un crecimiento ilimitado en el consumo de energía, mientras se apunta a la tecnología como única solución. En definitiva, nos encontramos ante la última trampa de un capitalismo salvaje que sólo pretende perpetuar su dominio, a costa de aumentar aún más las desigualdades y ahondar en el ecocidio al que nos encamina. Quienes deciden el rumbo de la presente transición energética utilizan la emergencia climática como excusa para que la máquina no pare ni para coger aire, planteando falsas soluciones que pasan por encima de los límites y virtudes de las tecnologías renovables. Una vez superado el negacionismo climático, nos imponen uno nuevo: el que ignora los límites físicos y ecológicos del planeta.

Sin previo aviso, estamos presenciando cómo, en nombre del supuesto bien común y la utilidad pública, se están inundando nuestros territorios y el medio rural de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos ante una ausencia total de participación ciudadana. Fuera de todo debate queda el resto de consideraciones que conlleva transitar de una economía fósil a una economía renovable: la irremediable necesidad de reducir nuestro consumo, la necesidad de una ordenación territorial justa y un profundo debate que aborde el reparto equitativo de los beneficios e impactos que conlleva. Sin tener todo esto en cuenta, la transición energética constituye una gran irresponsabilidad.

Cada vez son más las personas que, conscientes de este grave error, exigen una alternativa a la altura del problema y no redoblar una apuesta que nos arroja irremediablemente hacia el colapso civilizatorio. En concreto, desde diversos sectores de la sociedad civil, se está articulando un discurso a favor de una transición basada en un cambio más profundo del modelo energético. En este contexto surge la Alianza Energía y Territorio -ALIENTE-, nacida a principios de 2021 y formada en la actualidad por más de 170 entidades de todo el Estado, que propone y exige una alternativa energética más justa con las personas y los territorios que ven amenazados. ALIENTE surge de la necesidad de denunciar las tremendas injusticias de la transición energética impuesta por las administraciones y los poderes económicos sin un debate profundo, maduro y democrático. Ante ello, ALIENTE se fortalece como una red de apoyo mutuo para todos aquellos territorios que las élites han decidido sacrificar con total oscurantismo.

El modelo centralizado, herencia de la producción de electricidad fósil, condiciona la transición al desarrollo masivo de macroproyectos, perpetuando la concentración del poder y de los beneficios en unas pocas manos. No es por tanto casualidad que se obvie la oportunidad histórica de construir otro modelo energético, que precisamente es lo que nos brindan las fuentes renovables, tanto en su implantación geográfica, pues son distribuidas por su naturaleza, como en los actores que producen la energía, al ser mucho más independientes de las economías de escala que gobernaban la implantación de centrales térmicas y nucleares. Por el contrario, existe un modelo energético a la medida de las fuentes renovables, que acerca la producción de energía a los focos de consumo, más cercano al concepto de km 0, reduciendo los impactos y las pérdidas de transporte, a la vez que abre la cuestión energética a la ciudadanía y permite ganar independencia y democratizarla. En definitiva, un modelo distribuido de renovables que convierta la producción de energía en lo que nunca debió dejar de ser: un bien común fuera de las lógicas de máxima rentabilidad capitalista.

Lejos de que se abra este necesario debate, la ciudadanía se ve avasallada por miles de proyectos, obligada a hacer frente con su bolsillo a costosos procesos de alegaciones y judiciales, forzada a luchar con sus recursos y en una relación totalmente desigual contra una Administración que dice velar por sus derechos. Los megaproyectos energéticos de renovables constituyen un ataque antidemocrático que pretende despojar de futuro a esas comunidades del mundo rural, probablemente humildes y pequeñas, pero ancladas a la tierra y, por necesidad, mucho más adaptadas a sus límites. Esta ciudadanía olvidada, en un ejercicio histórico de solidaridad, grita al unísono un “ni aquí, ni en ningún sitio”: que no pisen sus derechos, ni destrocen sus territorios, que respeten su patrimonio natural y cultural, su calidad de vida y sus propias opciones de desarrollo económico. ALIENTE se postula como altavoz para ese grito, con un relato propositivo, con alternativas, intentando abrir nuevos caminos, nuevas opciones y reclamando un diálogo y un debate urgente, sincero y maduro.

Sin embargo, el poder, en sus diferentes manifestaciones (administraciones, lobby empresarial, ecologismo capitalista, grandes medios de comunicación…), a esta petición de diálogo y análisis está respondiendo faltando el respeto a la ciudadanía. Con todo esto, resulta cuanto menos sorprendente que los principales actores del mundo urbano e industrial, responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, acusen a este despertar de neonegacionista climático. Pero más chocante es cuando ese mundo urbano e industrial le acusa de NIMBY (Not in my backyard – no en mi patio trasero), el mismo que demanda y despilfarra una ingente cantidad de energía, el que aumenta insosteniblemente la presión en el uso de recursos naturales, coloniza y acapara territorios y materiales y, en definitiva, obliga a poner todos los patios traseros del planeta a su disposición. Es incluso paradójico que esto se haga, sin haber evaluado y puesto en marcha el tremendo potencial de “su patio trasero”, es decir, del autoconsumo urbano, industrial y residencial. Y lo que es más grave aún, lo hace sin haber evaluado la capacidad de la más que necesaria reducción de consumo. Es absurda esa división entre mundo rural y urbano, si tenemos en cuenta que el acceso a la energía es un bien común, necesario para todos y todas, y que el error del modelo de renovables a gran escala impuesto nos impacta y afecta a toda la población.

Es del todo incomprensible ver cómo se está culpabilizando a las víctimas directas de este error por hacer frente a esta equivocada e imposible transición energética basada en proyectos megalómanos injustos, impuestos e inútiles para hacer frente a la emergencia climática.

Esta cerrazón y mantenido diálogo de sordos está haciéndonos perder una valiosa oportunidad de convertir la fuerza reactiva de una población que se siente atacada, en una fuerza reflexiva, que permita enderezar el timón. Estamos perdiendo la oportunidad de explicar a la sociedad que toda producción de energía provoca impactos, tiene costes ambientales, sociales y económicos, y que debemos ponernos de acuerdo para repartirlos de manera justa, en línea con los aclamados objetivos de desarrollo sostenible. El primer paso es plantearnos que nuestra presente relación con el planeta y entre las personas es insostenible.

Estamos acostumbrados a que el poder político y financiero tilde nuestros posicionamientos de utópicos, fanáticos y apocalípticos. Pero ese mismo poder es el que utiliza los informes del IPCC para justificar sus planes, y olvida las conclusiones de ese mismo organismo científico cuando éstas contradicen sus objetivos inmediatos. Hay que llamar la atención sobre las filtraciones del último informe del IPCC, que concluye que el capitalismo es insostenible, que sin tener en cuenta los límites planetarios y las desigualdades no podremos afrontar de manera adecuada el colapso climático. Consideramos que en el seno de ALIENTE está el caldo de cultivo de un ecologismo lúcido, pujante, decrecentista y realista; el mismo que reclamaba Jorge Riechmann recientemente en este mismo blog, en un momento en el que las evidencias lo señalan como más necesario que nunca.

No parece buena idea dejar la transición energética a las renovables en manos de los mismos actores que nos han traído hasta el borde del abismo y que, en cuanto pueden, nos recuerdan que nuestras vidas y bienestar están en sus manos. Son los mismos actores que no escatiman en propaganda para venderse como “verdes” y “sostenibles”, aquellos que en medio de una escalada sin precedentes del precio de la luz, no pierden la oportunidad de amenazar con dejarnos sin electricidad y secar nuestros embalses en el momento en que el Gobierno Español trata de poner coto a sus desproporcionados beneficios. Precisamente las renovables nos ofrecen la oportunidad de zafarnos de este abrazo del oso y, mediante un despliegue masivo del autoconsumo y las comunidades energéticas, democratizar la energía para independizarnos de este engaño.

A este respecto, la ministra Teresa Ribera manifestaba su preocupación por la subida del precio de la luz y señalaba su incapacidad de modificar el mercado mayorista por el que se fija el precio de la electricidad, en base a la tecnología más cara, generalmente el gas natural, necesario como energía de sustento a las renovables. Sorprende que la Ministra no repare en el potencial del autoconsumo para reducir dicha factura en hogares e industrias, sin necesidad de intervenir ese mercado. Siguiendo esta lógica, parece que el autoconsumo con renovables es la mejor solución para reducir el recibo de la luz en hogares e industrias e independizarnos de ese mercado. Esta reducción, que podría ser de en torno al 50%, parece mucha mejor solución que la propuesta por la Ministra, en la que apelaba a la empatía social de multinacionales y fondos de inversión, cuya trayectoria ha sido siempre la de maximizar sus beneficios a costa de las personas y el planeta.

Desde la Alianza Energía y Territorio hacemos un llamamiento a toda la población, procedente de cualquier territorio, a una multitudinaria manifestación en Madrid el próximo 16 de octubre, para reclamar una transición energética verdaderamente sostenible y participativa. Una transición que, apoyada en las características que nos ofrecen las energías renovables, permita avanzar hacia un modelo energético más justo, que redistribuya impactos y beneficios, que tenga en cuenta los límites del planeta y permita democratizar la energía, recuperándola como un bien común para toda la ciudadanía. Frente a la ofensiva del actual desarrollo renovable contra los territorios, su biodiversidad, sus derechos y opciones reales de futuro, gritamos “Renovables sí, pero no así” y reclamamos un modelo energético que, de una vez, ponga a las personas y la vida en el centro.

Escrito junto a Diana Osuna y Álvaro Campos.

La actual transición energética desde los combustibles fósiles a las energías renovables es fundamental en la lucha contra el cambio climático. La instalación de plantas de producción de energías “verdes”, como la eólica o la solar, es por tanto necesaria. Sin embargo, el desarrollo de estas energías en nuestro país está siendo tan rápido que el ciudadano medio carece de información básica que le permita evaluar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de plantas. De forma similar, los ayuntamientos de las zonas afectadas (los primeros responsables de otorgar informes de compatibilidad a los proyectos presentados por las empresas) pueden tomar decisiones no adecuadamente estudiadas que pueden tener importantes consecuencias para los vecinos del municipio. Por ello, y de forma muy resumida, resaltamos aquí 10 puntos que consideramos de especial interés para ciudadanos y para alcaldes bien intencionados, pero posiblemente desinformados.

1.- Renovable, no significa necesariamente sinónimo de sostenible ni de “verde”. Las plantas de producción de energía renovable a gran escala tienen un gran impacto sobre la biodiversidad, el paisaje, y los recursos hídricos.

La comunidad científica española ha mostrado de forma clara y unánime su gran preocupación por cómo se está realizando la implantación de plantas eólicas y fotovoltaicas a gran escala, y ha alertado de que este proceso puede suponer una pérdida de biodiversidad irreversible con unas consecuencias impredecibles. Lamentablemente, esta clara advertencia no ha sido escuchada por las autoridades ambientales ni a nivel estatal ni autonómico. Estas grandes instalaciones introducen gran cantidad de elementos antrópicos en una matriz con alto grado de naturalidad. De hecho, la mayoría de ellas se localizan en terrenos no urbanizables, convirtiendo los paisajes naturales en polígonos industriales. A mayor tamaño y mayor número de plantas, más difícil es implementar medidas correctoras y, por tanto, más impacto.

Respecto al consumo de agua, se estima que las plantas fotovoltaicas pierden en torno a un 5% de producción cada 3 meses por culpa de la suciedad, el polvo... Por cada metro cuadrado de paneles fotovoltaicos es necesario gastar un litro de agua de buena calidad en su limpieza, al menos 3 veces al año. Por ejemplo, para las 2700 hectáreas actualmente proyectadas en el Campo de Tabernas (Almería), serían necesarios 80 millones de litros de agua al año. Con las previsiones del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, estaríamos hablando de 2 mil millones de litros de agua al año en toda España.

2.- El procedimiento de Estudio y Evaluación Ambiental no garantiza la independencia de los consultores ni la eficacia y rigor de la supervisión de las administraciones participantes.

El proceso administrativo para la instalación de plantas de energías renovables requiere la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Desgraciadamente, éstos suelen ser muy deficientes en algunos aspectos y a menudo omiten información importante, tal y como ha señalado entre otros, el colectivo científico antes mencionado. Por ejemplo, ninguno de los proyectos presentados en el Campo de Tabernas informa del origen del agua para limpiar los paneles fotovoltaicos, algo fundamental para que las plantas sean productivas. Desafortunadamente, tampoco se puede asegurar una evaluación adecuada de estos estudios por parte de las administraciones ambientales autonómicas y estatal, ya sea por saturación de trabajo (cientos de proyectos presentados) o por presiones políticas y económicas. Buen ejemplo de esto último es la retirada por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de una guía para el análisis de la ubicación de estas grandes instalaciones de energías renovables. Esta guía pretendía poner cierto orden en la implantación, pero tras presiones de la patronal andaluza de energía fotovoltaica ha sido retirada.

3.- Colonialismo energético: los riesgos del sobredimensionamiento y concentración de proyectos energéticos en un mismo territorio.

Uno de los aspectos peor abordados por los EsIA es la evaluación de los impactos acumulativos y sinérgicos de las sucesivas plantas. Éstas suelen concentrarse en ciertas zonas en función de la existencia de subestaciones eléctricas, relieves llanos, tierras baratas... Al impacto de cada planta construida en una zona ha de sumarse el de las plantas vecinas. Pero, además, el impacto final puede ser mayor (y a menudo lo es) que la suma de los impactos individuales de cada planta. Son muy pocas las empresas que presentan estudios adecuados de los impactos sinérgicos, con lo que no se informa de las consecuencias reales de la concentración de plantas. Toda esta falta de rigor en la evaluación de impactos sinérgicos incumple la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (Artículo 35, punto 1c).

Como ejemplo de desmesura de la acumulación de proyectos en un solo territorio pongamos el Campo de Tabernas. El PNIEC tiene como objetivos instalar en España 39 GW de energía fotovoltaica hasta 2030, de los cuales 9 GW ya están instalados, y otros 10 GW se instalarán en autoconsumo. Por lo tanto, quedan 20 GW de fotovoltaica a gran escala. En el Campos de Tabernas están ya planeados 1084 MW, lo que supone que el 5,42% de la potencia fotovoltaica de toda España se instalará en esta comarca, que alberga el 0,01% de la población española y un 0,13% de la superficie del país. La energía renovable a gran escala se convierte así en una nueva forma de colonialismo energético que aprovecha las debilidades de aquellos territorios rurales, periféricos, menos poblados y con mayor vulnerabilidad socioeconómica, y los somete a un modelo extractivista que los reduce al papel de producir bienes y servicios baratos (energía) para los grandes centros de consumo urbanos, sufriendo las consecuencias e impactos sociales, económicos y ambientales que de ello se derivan.

4.- El fraccionamiento de proyectos, presunto fraude de Ley.

La Ley del Sector Eléctrico, en su artículo 3 establece que las instalaciones de más de 50 MW deben ser evaluadas y autorizadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) y no por las Comunidades Autónomas. La fragmentación de proyectos es práctica habitual de muchas empresas para eludir la tramitación de permisos por parte del Ministerio, en principio más estricto que las autoridades ambientales autonómicas. Por lo tanto, esta fragmentación intencionada puede suponer un evidente fraude de Ley y expone estos proyectos a denuncias, con lo que puede que nunca sean terminados.

5.- Las grandes plantas fotovoltaicas no son una gran fuente de puestos de trabajo.

Como señala el Director General de la Unión Española Fotovoltaica: “Es una actividad muy intensiva en mano de obra durante el proceso de construcción, pero genera poco empleo en operativa, mantenimiento y seguridad. Nunca vamos a ser una gran fuente de generación de empleo directo, y quien diga lo contrario miente, por lo que el impacto viene por otro lado”.

De hecho, las plantas fotovoltaicas de menos de 10 MW son las que más trabajo producen tanto durante la fase de construcción como de operatividad y mantenimiento. A este respecto la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) cree esencial considerar la dimensión óptima de las instalaciones fotovoltaicas en cuanto a generación de empleo y beneficios para las economías locales. Por ejemplo, la instalación de los 20 GW previstos por el PNIEC mediante parques de menos de 5 MW, generaría 820.000 empleos en los dos años de construcción y 20.800 empleos fijos en operación y mantenimiento en los 30 años de vida útil de las instalaciones. En cambio, las plantas fotovoltaicas a gran escala que se están implantando actualmente generarán unos 120.000 puestos de trabajo en la construcción, empleo coyuntural durante dos años, y 2.600 puestos de trabajo fijos en la operación y el mantenimiento.

Así mismo, ya existen investigaciones universitarias que demuestran que, a largo plazo, las grandes instalaciones de plantas de energía no han creado empleo ni fijado población allí donde se han instalado.

6.- Los proyectos de renovables a gran escala y los tendidos eléctricos favorecen el despoblamiento, hacen que disminuya el valor inmobiliario de viviendas y fincas y perjudican las actividades económicas locales.

El crecimiento descontrolado de plantas fotovoltaicas supone, de facto, la pérdida de suelo agrícola y de actividades económicas que producen riqueza a nivel local. Las consecuencias sociales y económicas de la instalación masiva de grandes plantas son, entre otras: la dificultad de arrendamientos o trasmisiones de parcelas agrícolas para su cultivo, la dificultad de incorporación de jóvenes agricultores por el motivo anterior, el incremento de los precios de las tierras agrícolas, la destrucción del paisaje y las posibilidades de un turismo sostenible asociado a la actividad agraria. Por otro lado, quienes perciban rentas por el arrendamiento de parcelas para generación de energía solar, no van a trabajar la tierra ni tienen por qué vivir en el territorio y los vecinos que no alquilen sus tierras se verán rodeados por grandes extensiones de placas, viendo reducida su calidad de vida y provocando el éxodo hacia otros lugares.

Estudios de la Universidad de Granada indican que estas grandes infraestructuras energéticas disminuirían en un 34,7% el valor de las viviendas y afectarían muy negativamente al turismo rural. Todo ello agravará aún más la despoblación de las zonas rurales.

7.- Las grandes plantas de energías renovables no redundan en la economía local.

ANPIER indica que, en función de la tipología de parque, los ingresos por la actividad serían para grandes fondos de inversión, que suelen tener la propiedad de las mega-instalaciones, mientras que las Pymes y autónomos locales se beneficiarían si se tratara de plantas pequeñas, accesibles para este tipo de empresas locales. La apuesta en España por las grandes plantas fotovoltaicas contrasta con la realizada en el resto de Europa, donde asistimos a una revolución fotovoltaica mejor dimensionada, distribuida en pequeñas y medianas potencias, que se integran mejor en los entornos rurales y están en propiedad de iniciativas locales. Los grandes proyectos bloquean el acceso a las iniciativas fotovoltaicas locales, de tal manera que buena parte del patrimonio solar de nuestro país se aprovechará por entidades foráneas sin dejar riqueza ni empleo en nuestros municipios.

8.- El riesgo de apostarlo todo a las renovables a gran escala: la inversión en el actual modelo especulativo puede acabar en fracaso.

La implantación de las renovables a gran escala enmarcada en la burbuja especulativa actual hace que hipotecar territorios y grandes porcentajes de algunos municipios a esta actividad, perjudicando al resto de actividades económicas y posibilidades de futuro, sea un gran riesgo cuando la burbuja estalle y las empresas promotoras se arruinen, se acojan a concursos de acreedores y dejen de pagar rentas a los particulares e impuestos municipales. Respecto a la energía fotovoltaica ya existen casos de este tipo en Extremadura y Castilla-La Mancha, a pesar de que la implantación de este tipo de plantas es muy reciente.

Las recientes dudas del mercado sobre las renovables y los malos resultados en la salida a Bolsa de algunas empresas indican que los valores de estas compañías están sobrevalorados y auguran un próximo estallido que puede suponer un gran fiasco para los municipios que hayan hipotecado su territorio en esta apuesta por las renovables a gran escala.

9.- Los ayuntamientos tiene mucho que decir y decidir sobre la implantación de estos proyectos en su territorio.

Si bien los ayuntamientos no son el órgano sustantivo (el que decide la viabilidad de los proyectos), sí tienen herramientas a su alcance para poder ordenar de manera adecuada el desarrollo renovable en sus municipios. Aunque las leyes de ordenación urbana prevén la instalación de este tipo de proyectos en suelo no urbanizable, los ayuntamientos pueden establecer suspensiones temporales sobre estos proyectos para realizar estudios de ordenación que permitan una implantación armónica de estas plantas. También pueden emitir informes de incompatibilidad urbanística. De hecho, es cada vez más frecuente que los alcaldes de distintas localidades aúnen fuerzas para “defenderse ante una posible implantación masiva” de huertos solares.

10.- Beneficios económicos

Un Ayuntamiento recibirá de media unos 10.000 euros por MW y año. Para la mayoría de los municipios unas pocas plantas de pequeño tamaño serían suficientes para sanear sus cuentas y poder ofrecer servicios a los vecinos, generando más empleo y beneficios económicos de manera local sin hipotecar su paisaje y biodiversidad por varias decenas de años, y sin correr el riesgo de apostar todo el futuro del municipio a un negocio especulativo que, en caso de ruina de los promotores, supondrá que esa hipoteca será a cambio de nada.

En definitiva, podemos concluir que a mayor tamaño y concentración de plantas de energías renovables, mayor impacto en la biodiversidad y en el paisaje, menores garantías de una adecuada evaluación ambiental de los proyectos, menos trabajo y oportunidades para los residentes y economía local, más despoblamiento y más riesgos por apostar a todo a un solo recurso, que además es fruto de una especulación desmesurada de grandes fondos de inversión que aprovechan las debilidades de nuestras administraciones y la falta de información del ciudadano. Todo esto provocará que el patrimonio solar de nuestro país sea aprovechado por empresas foráneas sin dejar empleo ni riqueza en nuestros municipios.

Obviamente, ciudadanos y sus representantes pueden no estar de acuerdo en las ventajas e inconvenientes de un proyecto dado. Conviene saber que cualquier residente en la zona afectada puede tener acceso a la información sobre el proyecto en los boletines oficiales de la Comunidad Autónoma o del Estado, dependiendo del proyecto. Los Ayuntamientos deberían facilitar esta información a los vecinos interesados. Y si se puede acreditar que se es parte interesada, los vecinos pueden realizar alegaciones. A este respecto, la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE) ha elaborado un protocolo de actuación administrativo que puede ser de gran utilidad para la ciudadanía y corporaciones locales.

Esperamos que con esta información ciudadanos y regidores puedan evaluar más precisamente las ventajas e inconvenientes de la instalación de plantas de energías renovables a gran escala en sus territorios.

Francisco Giner de los Ríos, fundador en 1876 de la Institución Libre de Enseñanza y padre del paisajismo geográfico moderno en España, escribía a finales del siglo XIX: “¡El día que España esté a la altura de su paisaje!”. Estamos seguros de que, si el término hubiese estado vigente entonces, habría añadido “y de su biodiversidad”. Esta frase no es sino un suspiro para llamar la atención de lo que es un auténtico símbolo de identidad colectiva: la riqueza natural de España, cuyos paisajes y biodiversidad son su representación más valiosa, así como los más sobresalientes y singulares de toda Europa Occidental.

El año 2020 pasará a la historia, además de por la crisis sanitaria, por la inédita determinación del Gobierno español de apostar decididamente a favor de la lucha contra el cambio climático, sin duda consecuencia de décadas de activismo por parte de los movimientos ecologistas. Si bien se puede interpretar como un claro síntoma de que el negacionismo climático ha sido superado, todavía toca enfrentarnos a un negacionismo mucho más arraigado, el que rechaza los límites biogeofísicos del planeta.

En los últimos meses, numerosas voces han explicado que la transición ecológica no debe quedarse en una mera transición de tecnologías fósiles a tecnologías renovables. En primer lugar, porque una simple transición tecnológica no es capaz por sí sola de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, de evitar escenarios de no retorno climático. En segundo lugar, porque las tecnologías renovables presentan marcados límites materiales y espaciales, y requieren grandes inversiones de energía para su desarrollo. A modo de ejemplo, conviene considerar que, con los niveles de consumo actual, las renovables solo permitirían satisfacer un 30% de la energía que consumimos. No tener en cuenta estos límites e implantar las renovables a gran escala de manera masiva, sobredimensionada y sin planificación conllevaría, además, una serie de impactos inasumibles para nuestra biodiversidad. Sobre estos riesgos nos advertían recientemente 23 investigadores españoles en una carta publicada en la prestigiosa revista Science.

Tal como explicábamos al inicio, existen motivos éticos y estéticos para apostar por la preservación del paisaje y la biodiversidad, pero también numerosos motivos prácticos. En este sentido es fundamental poner en valor los considerables servicios básicos que nos brindan los ecosistemas para asegurar nuestra supervivencia en unas condiciones dignas. Solo basta recordar lo que numerosos expertos han explicado en los últimos meses sobre la importancia de la biodiversidad como escudo ante pandemias presentes y futuras. Así mismo, debemos tener en cuenta que la pérdida de biodiversidad reduce la resiliencia de los ecosistemas, es decir, la capacidad de adaptarse ante perturbaciones y situaciones adversas.

Con todo ello, si bien la transición energética a fuentes renovables es urgente e ineludible, de nada servirá si no se hace dentro de los límites anteriormente descritos, algo que parece no haber comprendido el Gobierno de España. En los últimos meses se han multiplicado por todo nuestro territorio (Asturias, Galicia, Cantabria, Cordillera Cantábrica, Aragón, Navarra, Burgos, Andalucía, Granada, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Extremadura, Cataluña y Murcia) iniciativas promovidas por numerosos colectivos sociales y ecologistas para denunciar los impactos de las renovables a gran escala, tanto en la biodiversidad y el paisaje, como en las formas de vida del medio rural. Dicho despliegue es consecuencia de un modelo de transición energética dirigido por grandes multinacionales y fondos de inversión, que ven en el modelo centralizado y en los grandes proyectos renovables la mejor forma de maximizar el rendimiento de sus inversiones. Si bien esto permite la sustitución de tecnología fósil por renovable, es incompatible con otros aspectos de igual importancia para asegurar una transición ecológica realmente sostenible y justa. En su lugar, solo se consigue perpetuar un modelo especulativo, injusto y caro para el conjunto de toda la ciudadanía.

Por todos estos motivos nace la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), donde más de 80 entidades a nivel estatal nos hemos unido para reclamar una transición realmente ecológica, justa y democrática, que tenga en cuenta las necesidades presentes de la sociedad sin comprometer las de las generaciones futuras.

Estamos ante un momento decisivo, durante los próximos meses se viene encima un aluvión de proyectos de renovables a gran escala, validados mediante un procedimiento ambiental que ya se ha demostrado insuficiente para prever y evaluar sus impactos sobre la biodiversidad. Por ello, lo primero que hemos decidido desde ALIENTE es hacer público el posicionamiento Por una transición energética a las renovables que garantice la conservación de la biodiversidad que ha contado con el apoyo de 258 investigadoras e investigadores expertos en biodiversidad. Dicho documento incluye 13 medidas para garantizar una transición energética que asegure la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos.

Lejos de constituirnos como un movimiento reactivo, desde ALIENTE creemos firmemente que otro modelo de transición energética es posible. En este sentido consideramos que el primer reto de dicha transición, para poder llamarse sostenible, debería consistir en evaluar y cuantificar las necesidades energéticas que pueden ser cubiertas dentro de los límites anteriormente expuestos. Todo planteamiento que obvie estas valoraciones correrá el riesgo de convertirse en un peligroso ejercicio de wishful thinking.

En lugar de empezar la casa por el tejado, antes de proyectar más y más capacidad de generación, es fundamental implantar medidas de ahorro energético efectivas en los puntos de consumo, especialmente en las ciudades, que son actualmente auténticos sumideros energéticos. La integración de estas medidas, junto con prácticas efectivas de gestión de la demanda, conseguiría aligerar significativamente las necesidades de producción energética. Somos conscientes del conflicto que abre este planteamiento dados los intereses del capital privado pero, si Fritz Schumacher nos convenció de que lo pequeño es hermoso, 50 años después, la realidad nos impone que además es imprescindible.

Este sería el punto de partida para implementar un ambicioso plan de autoconsumo y producción a pequeña escala: cubiertas fotovoltaicas, proyectos renovables comunitarios o instalaciones compartidas a escala de barrio. Una de las grandes ventajas de las renovables es su modularidad, que permite el desarrollo instalaciones de pequeña escala con unos buenos niveles de eficiencia. Por ello, frente al modelo centralizado de lo grande, proponemos un verdadero modelo distribuido que acerque los puntos de generación al consumo y reduzca significativamente las pérdidas de transporte aprovechando los recursos locales. Las ciudades tienen la obligación de erigirse como protagonistas en la transición energética o seguirán repartiendo ciega e injustamente impactos sobre el territorio. Por suerte, cada vez son más los estudios que nos hablan del gran potencial del autoconsumo renovable, mostrando la capacidad de cubrir una parte importante de las necesidades energéticas actuales. En este sentido, numerosos países como Australia o Vietnam están implantando ambiciosos planes de autoconsumo.

Llegados a este punto, nos gustaría dejar claro que no rechazamos que pueda existir la necesidad de ciertas centrales renovables a gran escala. Sin embargo, estas no pueden vertebrar la transición energética y solo deben plantearse después de explorar las posibilidades reales de ahorro y autoconsumo con renovables. En cualquier caso, su instalación debe hacerse siempre bajo una planificación real, para lo que resulta crucial establecer áreas de exclusión legalmente vinculantes que protejan las zonas de mayor sensibilidad ambiental. En este sentido, se deben crear mecanismos de evaluación ambiental que cuantifiquen los impactos de una manera global, holística y realmente efectiva e independiente.

Cabe destacar que el modelo renovable centralizado no es casual, no es un accidente: reduce el número de actores, concentra beneficios y socializa las inversiones privadas entre toda la ciudadanía. No es de extrañar que sean los mismos actores que han realizado inmensas fortunas con el negocio de los combustibles fósiles los que ahora enarbolan la bandera de lo verde. De ahí la urgencia de denunciar el irresponsable uso de los fondos de recuperación Next Generation UE para apuntalar una transición energética centralizada sin capacidad real de introducir los cambios que necesitamos.

Desde ALIENTE consideramos que ha llegado el momento de poner la transición ecológica de España a la altura de su paisaje, de su biodiversidad y, sobre todo, de su ciudadanía. A pesar del reto que supone, creemos que semejante cambio de paradigma no solo es posible, sino que es la única manera de hacer frente a la crisis ecosocial que atravesamos.

Ambos autores son impulsores de Alianza Energía y Territorio ALIENTE

El Gobierno de España ha presentado varias propuestas para luchar contra el cambio climático, entre las que cabe destacar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que recoge actuaciones previstas hasta 2030. Esta actitud proactiva es inédita y sin duda loable. Sin embargo, la lucha contra el cambio climático no puede basarse sólo en conseguir que el 100% de la electricidad provenga de energías renovables, como explica la Plataforma ciudadana para una Transición Ecológica Justa. Dicho propósito es insuficiente para conseguir la descarbonización y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la medida necesaria para cumplir con el Acuerdo de París y con las recomendaciones que marca el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Observamos además con preocupación que no se están considerando de manera adecuada los impactos negativos e irreversibles que el desarrollo masivo y no planificado de centrales de energía renovable a gran escala puede provocar sobre la biodiversidad. Por ello, la citada Plataforma ha lanzado una propuesta que identifica puntos que necesitan mejoras evidentes para garantizar la conservación de la biodiversidad durante el desarrollo de la necesaria transición energética a las energías renovables.

La ciencia demuestra que los parques eólicos y las centrales solares pueden producir un impacto severo sobre la biodiversidad por mortalidad directa y por ocupación y destrucción de hábitats de alto valor ecológico. Existen ejemplos muy contundentes en España, principalmente en aves y quirópteros y la evidencia actual sólo es la punta del iceberg de lo que puede suceder con el inminente desarrollo masivo y desordenado de proyectos de energía renovable a gran escala.

Consideramos masivo tal desarrollo porque supone un exceso desorbitado de oferta. En 2019 el pico de demanda eléctrica, el momento de mayor consumo, fue de 40 GW, siendo un 11% menor al máximo histórico registrado en 2007. A fecha de 31 de agosto de 2020, según datos de Red Eléctrica Española, la potencia instalada de energía eólica y solar fotovoltaica ascendía a 35,4 GW. Además ya se ha concedido derecho de conexión a 130 GW nuevos, y otros 60 GW más se encuentran a la espera de dicho derecho. El PNIEC tiene como objetivo que en 2030 haya instalados 87 GW. Es decir, sólo en 2021 ya tendremos dos veces y media más GW que los objetivos marcados por el Gobierno. Si traducimos de forma aproximada dichos GW a hectáreas, nos encontramos con que las centrales de renovables ocuparán al menos 425.000 hectáreas, frente a las alrededor de 87.000 hectáreas que preveía el PNIEC. Por lo tanto, sólo con esos proyectos se ocupará casi 5 veces más territorio de lo que se había previsto y evaluado. Todo ello está enmarcado en una gran burbuja especulativa, que el Real Decreto 23/2020 del 23 de junio de 2020 pretende frenar, pero que no parece conseguir al no poner coto a la compra-venta de proyectos.

El PNIEC reconoce en su Estudio de Impacto Ambiental Estratégico los potenciales efectos negativos sobre la biodiversidad del desarrollo de las energías renovables. No obstante, las soluciones que propone para evitar el daño (evaluación rigurosa de los proyectos dentro de la Red Natura 2000, las Estrategias de Conservación y Gestión de Especies Amenazas, los Estudios de Impacto Ambiental y las medidas compensatorias y de restauración) son absolutamente insuficientes.

La carencia más importante del PNIEC y su Estudio Ambiental Estratégico (EAE) es la ausencia de una planificación general, indispensable para evaluar y paliar el impacto del desarrollo masivo de energías renovables sobre la biodiversidad. El PNIEC no concreta áreas de alto valor ecológico que deban ser excluidas del desarrollo de centrales de energía renovable a gran escala. Existe el agravante de que gran parte de la información disponible sobre la distribución y situación poblacional de muchas especies de fauna y flora silvestre está desactualizada debido al desplome en la financiación de los programas de seguimiento en los últimos años, tanto a nivel autonómico como nacional. En estrecha relación con esto se encuentra el hecho de que el diseño de la Red Natura 2000 actual es claramente escaso para garantizar la conservación de los valores naturales para los que fue planteada, principalmente por dos motivos. En primer lugar, la planificación se hizo en muchos casos sin disponer de la información necesaria para realizar un diseño adecuado. En segundo lugar, la distribución y abundancia de los seres vivos es un proceso dinámico en el tiempo, especialmente bajo el marco del cambio global al que nos enfrentamos. Esto ha provocado que actualmente existan áreas críticas para la conservación de diversas especies que no cuentan con ninguna figura de protección. Todos estos problemas podrían en cierta medida verse contrarrestados por los planes de manejo de especies amenazadas catalogadas. Desafortunadamente, en la actualidad existen estrategias de conservación y gestión para sólo el 5% de ellas pese a que dichas estrategias son legalmente obligatorias. Asimismo, los catálogos nacionales y autonómicos de especies amenazadas han quedado en muchos casos obsoletos. Por ejemplo, gran parte de las aves ligadas a estepas naturales o cereales de secano en extensivo, uno de nuestros grupos faunísticos más singulares en el contexto europeo y principales afectadas por las plantas solares, no cuentan con categorías de protección que hagan justicia a la dramática situación que atraviesan. En el caso de otras aves y muchos murciélagos es necesario recabar criterio experto y elevar la categoría, tal y como proponen los especialistas. Urge acelerar estos procesos de modo que las especies cuenten con un nivel de protección legal y unas estrategias de gestión y conservación coherentes con su grado de amenaza.

En lo referente a los Estudios de Impacto Ambiental, la capacidad que tienen para anticipar el impacto real de los proyectos ha sido cuestionada en diversas ocasiones desde ámbitos científicos. Por ello, el PNIEC en ningún caso debe simplificar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental tal como propone, sino que se debe aumentar la exigencia en la calidad, duración e intensidad de los trabajos de campo. En caso de duda sobre los efectos de un proyecto, debería siempre aplicarse el principio de precaución, establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) e introducido en el Derecho Comunitario como principio orientador de su política ambiental (art. 174.2 del Tratado CEE). Cuando las infraestructuras puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000, el proyecto debería ser denegado siempre que el promotor no demuestre que es inocuo sobre los valores que motivaron su inclusión en la Red Natura 2000. Así lo establecen la Directiva Hábitats y la famosa “sentencia Wadden”. Finalmente y de manera general, debe reflexionarse sobre cómo se realizan los estudios de impacto ambiental que actualmente ejecutan o contratan los promotores directamente y que en la práctica tienen en demasiadas ocasiones escaso control administrativo.

Observamos también con preocupación que muchas autorizaciones y Declaraciones de Impacto Ambiental pretenden sortear daños ambientales severos con la aplicación de medidas compensatorias. Compensar la biodiversidad perdida en un lugar restaurándola en otro distinto es lo que se conoce como “ausencia de pérdida neta de biodiversidad” y supone una tentación para no bloquear las actividades económicas. Sin embargo, la realidad es que esa compensación es poco ambiciosa y la mayor parte de las veces ineficaz, como atestiguan numerosas experiencias realizadas en España en los últimos años. El PNIEC ha de garantizar la conservación de la biodiversidad existente y no pretender restaurar el daño causado por el plan mediante medidas compensatorias, que deben ser la última opción, ante impactos ambientales residuales, y siempre en casos muy concretos tras un análisis de alternativas honesto que incluya la alternativa de no ejecutar el proyecto.

El Real Decreto 23/2020 provocará que antes de finales de 2020 se presenten cientos de proyectos en todo el territorio español. Si el desarrollo masivo de estas centrales continúa sin una planificación y evaluación integral adecuadas, los efectos sobre la biodiversidad de nuestro país, la más importante de Europa occidental, pueden ser desastrosos e irreversibles. El lector puede preguntarse si la urgencia de luchar contra el cambio climático no merece sacrificar biodiversidad para evitar un desastre mayor. El dilema no es renovables sí o no. Sin duda renovables sí, la cuestión es cómo, cuánto y dónde. Para responder a estas preguntas tenemos una hoja de ruta marcada por las Directivas Europeas del paquete de invierno que son de obligado cumplimiento y que apuestan por la eficiencia energética que reduciría las necesidades energéticas, por el desarrollo de un modelo distribuido que acerque los centros de generación de energía a los centros de consumo, y por energía generada con autoconsumo de renovables, es decir, con fotovoltaicas en nuestros tejados o en los polígonos industriales, no en el medio natural. Este modelo evitaría por completo los efectos devastadores que uno centralizado de energías renovables a gran escala puede provocar sobre nuestra biodiversidad y paisaje. No podemos olvidar que el paisaje es un recurso imprescindible para un sector estratégico y en alza como el turismo rural. Además, el autoconsumo con renovables podría tener muchos otros efectos positivos, como el abaratamiento de la factura de la luz y conseguir de manera eficaz los objetivos de descarbonización.

Dado que encima de la mesa ya tenemos una oferta de potencia renovable que duplica la planificada por el PNIEC para 2030, parece lógico realizar una moratoria temporal en la autorización de megacentrales de energías renovables hasta que se subsanen todas las debilidades que hemos señalado. Como en el escenario actual esto parece muy poco probable, consideramos imprescindible y muy urgente realizar al menos una adecuada planificación, estudio y evaluación integral del PNIEC que, más allá de los marcos normativos vigentes, contemple sus efectos sobre la biodiversidad y paisaje. Resulta indispensable además que el modelo incorpore las Directivas Europeas de obligado cumplimiento. Creemos firmemente que es posible conseguir una transición energética a las energías renovables preservando el bien común que representan la biodiversidad y el paisaje y los servicios que nos brindan.

Uno de los primeros anuncios de Pedro Sánchez después de su investidura como presidente del Gobierno ha sido la creación de una vicepresidencia para la Transición Ecológica que ocupa Teresa Ribera. Esta es una gran noticia y algo ampliamente demandado por aquellos a los que nos preocupa la emergencia global, no solamente climática, en la que estamos inmersos. También es buena noticia que otra vicepresidencia, la que recae en Pablo Iglesias, tenga competencias en eficiencia y pobreza energética al encargarse de la Agenda 2030.

Al nuevo Ejecutivo le damos un margen de confianza y desde luego, este comienzo es prometedor. No obstante, el análisis del acuerdo de Gobierno PSOE-UP hace que desde la Plataforma para una Transición Ecológica Justa lo consideremos insuficiente para conseguir reducir las emisiones de gases efecto invernadero, disminuir la factura de la luz y conseguir una transición ecológica justa para toda la ciudadanía. La propuesta de acuerdo de Gobierno para alcanzar los objetivos de la transición ecológica parte de una metodología equivocada en sus prioridades de energía y clima.

Para luchar contra el cambio climático se fija el objetivo de generación de electricidad del 100% con renovables en 2050 y 85-95% en 2040, pero no se fijan objetivos de eficiencia energética ni de reducción de emisiones. El compromiso que ha adquirido España en la COP 25 es reducir un 55% las emisiones en 2030, un compromiso que sin eficiencia energética ni es creíble ni alcanzable. La credibilidad la otorga el rigor de la metodología que se adopte y el acuerdo, en este sentido, es insuficiente al no incluir objetivos de reducción de emisiones ni de eficiencia energética.

El Parlamento Europeo adoptó el 5 de febrero de 2014 una resolución sobre las políticas de clima y energía para 2030. Planteaba una metodología que debería ser la que recogiera el nuevo gobierno. Los tres objetivos de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones son interdependientes y complementarios, de ahí el llamado “Paquete de invierno”, que incluye las directivas de energías renovables, eficiencia energética, de edificios y mercado interior de la electricidad. La resolución añade que el primer objetivo de los tres es el de la eficiencia energética, por su efecto de arrastre para alcanzar mayores objetivos de uso de energías renovables y reducción de emisiones. Considera que un objetivo de eficiencia energética del 40% para 2030 generaría una reducción de emisiones del 50% como mínimo para ese año, y un porcentaje de consumo final de renovables del 35%.

La eficiencia energética debe convertirse en el pilar de la política de clima y energía. Por añadidura, las acciones en eficiencia energética de edificios, en movilidad sostenible y eléctrica son las que van a permitir cumplir el objetivo en 2030 de reducción del 55% de emisiones, adquirido por España en la COP 25, y un consumo final de renovables del 42% y del 22% en el transporte, como propone el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030).

Reducir los objetivos a uno solo, el de aumentar las energías renovables, es un error ya que por sí solo no va a reducir las emisiones, ni puede abaratar el precio de la electricidad, ni va a mejorar la eficiencia energética. Llenar el territorio de grandes instalaciones renovables simplemente conectadas a la red apenas modifica el sistema eléctrico actual. Es cuestionable, además, su viabilidad futura teniendo en cuenta la dificultad y creciente presión sobre el acceso a las materias primas necesarias para construir estos megaproyectos, incluyendo las tierras raras que utilizan los generadores eólicos. Las claves son la eficiencia energética y la gestión de la demanda a través del autoconsumo, la generación distribuida y las comunidades ciudadanas de energía, sobre todo en los sectores de la edificación y el transporte que son los más consumidores de energía y los que más emisiones producen.

La eficiencia energética de los edificios es la principal política contra la pobreza energética si se considera que en la actualidad se paga cuatro veces más por la potencia contratada que por la energía consumida, y que el consumo de la energía de una vivienda con calificación energética A es un 80% menor que el de una vivienda con la calificación G.

El nuevo Gobierno debe tomar decisiones mucho más valientes y decididas que las adoptadas hasta ahora en eficiencia energética de edificios. El reciente RD 732/2019, publicado el 27 de diciembre, que modifica el Código Técnico de la Edificación, trata de cumplir con la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de edificios con un retraso de diez años. También renuncia a trasponer la nueva directiva (UE) 2018/844 de eficiencia energética de edificios, en vigor desde julio de 2018, que integra en el edificio de consumo de energía casi nulo (EECN), el autoconsumo, las aplicaciones inteligentes y el vehículo eléctrico. El plazo de trasposición finaliza el 10 de marzo de 2020, dentro de dos meses.

No debe extrañar que el edificio de consumo de energía casi nulo (EECN) sea un perfecto desconocido, ya que la directiva de 2010 obliga a que a partir del 1 de enero de 2019 (hace un año) todos los edificios públicos, nuevos y rehabilitados, sean EECN y a partir de 1 de enero de 2021 todo el parque edificatorio, nuevo y rehabilitado, también lo sea a través de estrategias, planes nacionales y objetivos intermedios de EECN que en España no existen todavía. Queda un año para cumplir con esta obligación y la trasposición de la normativa europea lleva diez años de retraso. La diferencia es que el ahorro de energía y la reducción de emisiones en la edificación podrían duplicarse y la contaminación atmosférica de las ciudades dejaría de ser objeto de expedientes sancionadores de Bruselas. Además, esta demora supone un factor de deslocalización de empresas y, por lo tanto, de pérdida de competitividad y de empleos de calidad para nuestro país.

La misma situación se da en el sector del transporte. España está a la cola de Europa en el desarrollo del vehículo eléctrico y de las infraestructuras de recarga y eso limita en la práctica el potencial de reducción de emisiones. De hecho, España incumple el objetivo de emisiones en el transporte que establece la Directiva 98/70/CE, que obliga a los Estados miembros a partir de 2010 a reducirlas en un 6% para 2020. En 2018 solo se llegó a una reducción del 2,9%, gracias al uso de los biocarburantes que no incrementan la eficiencia energética. En este sentido, lo más sorprendente es que la legislación española no contempla estos objetivos obligatorios, porque no se ha traspuesto esta directiva diez años después.

Este cuadro se completa con los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, que en su informe sobre las ayudas públicas en 2019 destaca que las ayudas medioambientales y de eficiencia energética sólo representaron el 5% de total, frente al 62% de la media de la Unión Europea.

Esta despreocupación sobre la incorporación al ordenamiento jurídico de normas europeas de obligado cumplimiento que tienen que ver con los sectores claves en la reducción de emisiones a través de la eficiencia energética, el autoconsumo y la movilidad eléctrica debería corregirse a través de las actuaciones del nuevo gobierno, con políticas valientes de eficiencia energética y reducción de emisiones en la edificación y el transporte mediante la trasposición completa y el cumplimiento de las nuevas directivas europeas de renovables, edificios y mercado eléctrico que, como leyes que son, obligan a todos los poderes públicos.

En este sentido, no sólo hay que exigir al nuevo gobierno la mejora del texto actual del PNIEC, y de la futura Ley de Cambio Climático, también las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben ejercer sus competencias exclusivas en Urbanismo y Vivienda, por lo que deben tomar la iniciativa y realizar políticas más valientes y decididas.

Otro responsable de emisiones difusas de gases GEI es la agricultura, ya que supone el 14% de las emisiones totales, según la estima más conservadora, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre cambio climático (IPCC). El PNIEC debe fomentar la agroecología, ya que puede reducir estas emisiones hasta en un 40%, también como estimación más conservadora, según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) en Europa, al no utilizar pesticidas ni fertilizantes de síntesis que consumen nitrógeno y cerca de una tonelada por kilogramo de nitrógeno. Potenciar la fertilidad del suelo con cubiertas vegetales y materia orgánica secuestra del orden de 1600 kilogramos de CO2/ha/año de carbono, lo que proporciona entre un 9% y un 28% más de carbono al suelo que la agricultura convencional. La ganadería ecológica, si además es extensiva, también contribuye a reducir emisiones y a controlar incendios. Todas las producciones agrarias ecológicas emiten menos GEI tanto por hectárea como por tonelada cada año.

Un modelo energético basado en el ahorro y la eficiencia energética, que fomente un modelo distribuido basado en el autoconsumo con energías renovables y el fomento de la agroecología supondría también la conservación del paisaje, de los suelos de alto valor agrológico, de la soberanía alimentaria y de la biodiversidad. Pero para asegurar estos valores, es imprescindible que el PNIEC incluya un Plan de áreas de exclusión para la instalación de megacentrales de energía renovable y garantizar la preservación del bien común y los servicios que prestan estos valores, además de asegurar el futuro de un medio rural vivo y las posibilidades de la España vaciada.

Por todo lo expuesto anteriormente, pedimos al nuevo gobierno que tenga en cuenta e incluya las medidas que proponemos en el Manifiesto por una Transición Ecológica Justa (www.transicionecologicajusta.org) para la elaboración del documento final del PNIEC y de la futura Ley de Cambio Climático. Nos ponemos a su disposición para conseguir entre todas y todos una transición realmente ecológica y justa con toda la sociedad española.

Texto elaborado por:

Luis Bolonio Álvarez. Técnico Conservación Biodiversidad y Cooperación al Desarrollo.

Javier García Breva. Experto en Energías Renovables y Exdirector de IDAE.

Diana Osuna García. Licenciada en Ciencias Ambientales, técnica en recursos naturales, residuos, agroecología y educación para el desarrollo.

Alberto Matarán Ruiz, Doctor en Ciencias Ambientales y Profesor Titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Granada.

Pilar Galindo. Socióloga experta en educación alimentaria y ambiental. Sociedad Española de Agroecología