“…it was the spring of hope, it was the winter of despair,

we had everything before us, we had nothing before us,

we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way ...“

Apertura de Historia de Dos Ciudades (Charles Dickens, 1859)

En nuestroartículo de la semana pasada resumíamos sucintamente los brutales ataques y recortes que ha sufrido la ciencia y la educación superior desde la llegada del Gobierno Bolsonaro a Brasil. Sin embargo, no todo son sombras en este tiempo oscuro. Como expresa muy bien la referencia a la “filosofía de los opuestos” de Heráclito con la que abre Dickens su “Historia de dos Ciudades”, tenemos más claridad –aunque no necesariamente más bienestar o beneficio– cuando estamos expuestos a grandes contrastes, cuando nos asomamos aterrados al peor de los mundos. De manera similar a los éxitos electorales de Trump, el Brexit o Vox, el Gobierno de Bolsonaro ha sacado a la luz lo peor de la sociedad brasileña, legitimando y exponiendo la actitud egoísta y depredadora, las opiniones absurdas y los prejuicios dogmáticos de muchas personas cuya ignorancia permanecía oculta bajo un conveniente silencio. Actitudes y opiniones a las que no somos ajenos en nuestro país y que también amenazan con colarse en nuestras instituciones.

La exposición pública de personas y actitudes contrarias a la realidad permite entender la dimensión de los problemas culturales y educativos, e incluso de civismo, de la sociedad brasileña. Es particularmente grave el alarmante aumento de los casos de racismo, homofobia, feminicidio, asesinato de líderes indígenas y sociales, y la desmesurada agresividad contra quien es u opina diferente. En el caso particular de la ciencia, esta crisis moral ha puesto en evidencia el grado preocupante de implantación de algunas falacias anticientíficas en la población brasileña. No se trata tan solo de que las iglesias evangélicas brasileñas hablen abiertamente de creacionismo, una negación fundamental de los principios básicos de la biología cuyo afianzamiento social parecía pequeño y anecdótico, especialmente tras la aceptación de la evolución darwiniana para explicar el origen del hombre por parte del Vaticano. Ahora sabemos que el 7% de los brasileños cree que la Tierra es plana, algo que nadie se imaginaba hace tan sólo dos años. Recordemos que la astronomía helenística de Eratóstenes estableció la esfericidad de la Tierra como un dato físico ya en el siglo III a. C., un hecho que se corroboró de forma práctica gracias a la expedición de circunnavegación del mundo de Magallanes y Elcano (1519−1523).

Desgraciadamente, el sector más reaccionario del gobierno Bolsonaro no solo promueve el negacionismo y la pseudociencia a través de noticias falsas por las redes sociales. El propio Ministerio de Educación y Cultura promueve el “revisionismo histórico” de Olavo de Carvalho y sus seguidores. El último capítulo de la crisis institucional en este ministerio tuvo lugar hace muy poco, con ladesignación de Benedito Aguiar como presidente de la agencia de apoyo a la investigación y estudios de postgrado más importante de Brasil (CAPES). Benedito Aguiar, exrector de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, es un ingeniero eléctrico de confesión evangelista, y ferviente defensor de la enseñanza de la “teoría” del diseño inteligente (una versión pseudocientífica del creacionismo) al mismo nivel o por encima del de la teoría evolutiva. Literalmente, han puesto a un lobo supersticioso y agresivamente ignorante a cuidar de la investigación y formación avanzada que hacen los corderos.

Quizás sea pecar de optimistas, pero es posible que ser consciente de todos estos problemas pueda ser parte del inicio del “mejor de los tiempos”. Parafraseando al Arte de la Guerra de Sun Tzu, o de la interpretación que de él hacen Rage Against the Machine, conocer a tu enemigo es el principio para derrotarlo. Y ver las orejas al lobo también proporciona una motivación muy importante para plantarle cara y enseñarle los dientes, una actitud que puede no ser natural entre la apacible comunidad académica, pero que quizás sea el único camino para escapar a un futuro distópico. Un buen ejemplo de este cambio de paradigma en la reactividad social de los científicos lo ha dado la fuerte reacción de la comunidad académica contra el nombramiento de Benedito Aguiar, que ha generado una gran exposición mediática del problema de la enseñanza del creacionismo en la prensa no especializada.

Después de un año de gobierno ultraconservador ya hay pequeños logros interesantes y esperanzadores. Existen algunos movimientos que demuestran que muchos brasileños entienden la época oscura en la que se adentra su país y están dispuestos a luchar contra lo absurdo. En términos políticos y sociales, algunas (aunque pocas) acciones del Congreso Nacional y el Poder Judicial han contrarrestado la agenda ultra del gobierno de Bolsonaro. Esto demuestra que a pesar de su cooperación en el golpe de estado contra Dilma Rousseff –como reconoció el propio presidente Temer, estas instituciones todavía merecen algo de confianza. Y por lo tanto, Brasil continúa siendo un Estado razonablemente democrático, o al menos esperamos que continúe siéndolo hasta las próximas elecciones.

Entre las acciones más destacables de la comunidad científica está la actitud y coraje de Ricardo Galvão, ex director del INPE y profesor de la Universidad de São Paulo (USP), por su defensa de los datos científicos que muestran el alarmante problema de la quema en el Amazonas frente a las presiones del presidente Bolsonaro y su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Sales. Su denuncia le ha valido la nominación como uno de los científicos más importantes de 2019 por Nature, pero también sudestitución y reemplazo por D.P. Damião, un militar especializado en aeronáutica que, podemos estar seguros, no discrepará con el gobierno en su ninguneo de la escala y efectos de la deforestación en el Amazonas.

También se ha establecido una serie de movimientos en defensa de las universidades y la educación en todo Brasil desde principios de 2019. Los profesores, estudiantes e investigadores han salido a las calles y están utilizando las redes sociales y otros medios para mostrar los resultados de su trabajo de investigación, concienciando a la sociedad de la importancia de la ciencia y la universidad pública. Al mismo tiempo, las principales sociedades científicas de Brasil, especialmente la Academia Brasileña de Ciencias (ABC) y la Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia (SBPC), han hecho una importante campaña de sensibilización y presión en el Congreso Nacional, en un intento de garantizar los recursos financieros necesarios para finalizar 2019 y frenar los recortes presupuestarios previstos para 2020 (ver por ejemplo aquí y aquí). Aun es pronto para saber cuánto éxito va a tener esta estrategia de presión sobre el poder legislativo, pero es de esperar que la movilización y el compromiso sigan creciendo si los recortes no remiten.

En resumen, tras el “invierno de desesperación” de un año negro de recortes, acoso y ataques directos por parte de las fuerzas ultraconservadoras en el poder, la comunidad científica brasileña no solo está en alerta, sino que es plenamente consciente de su precaria situación, y se está empezando a organizar. Se ha roto la visión idealizada, ingenua y, quizás, autocomplaciente de que la sociedad brasileña entendía el papel de la ciencia y la tecnología, incluso sin conocer los detalles de lo que se hace en la Universidad en la vida cotidiana. Este año ha arrojado un auténtico jarro de agua fría que ha permitido ver claramente que hay fuerzas muy poderosas trabajando y cultivando la ignorancia de la población brasileña. Lamentablemente, esas fuerzas no sólo se extienden al calor de las supersticiones evangelistas por América de norte a sur; también hacen estragos en Europa, al calor de supersticiones similares, provocando el auge de partidos populistas y el resurgir de idearios anticientíficos que creíamos ya ampliamente superados.

Es el momento de tomar lo mejor de la tradición científica de observación de la realidad y reflexión acerca de los procesos subyacentes y utilizar los ataques a la ciencia brasileña para comprender mejor la naturaleza y extensión real de las amenazas que se ciernen sobre el sistema científico y el librepensamiento en todos los países afectados por este nuevo auge de la ultraderecha anticientífica. Es tiempo de reivindicar, frente al nacionalismo de la ignorancia, el internacionalismo del conocimiento y la cultura. Frente al objetivo del Gobierno Bolsonaro de desmantelar el sistema de investigación y educación superior, es necesario que los científicos brasileños tomen con fuerza la iniciativa frente a la sociedad, planteando cómo se podrían mejorar las instituciones académicas del Brasil. Para ello, es imprescindible aprovechar el efecto indirecto que estos ataques están teniendo sobre los científicos y docentes: la creación entre ellos de un mayor sentido de unión y pertenencia a un elemento esencial para la sociedad moderna que ahora está súbitamente en peligro. También cabe preguntarse críticamente si la universidad está cumpliendo con su tarea de mejorar continuamente tanto la investigación que realiza como la educación superior que imparte, o puede mejorar su desempeño.

Frente a los escándalos crecientes que involucran a Bolsonaro y sus ministros en escándalos de corrupción 'sin complejos', es necesario trabajar para que, en 2020, la primavera caiga del lado de la esperanza.

La ciencia brasileña se encuentra en uno de sus peores momentos. Las posiciones frecuentemente incomprensibles del presidente Bolsonaro auguraban cambios drásticos en 2019 . El gobierno ultraconservador ha mostrado una capacidad inesperada de infligir grandes daños al sistema científico y académico del país, y de infligirlos en muy poco tiempo y en muchas áreas diferentes. Sería tedioso enumerar todas las declaraciones, decisiones y políticas reaccionarias del primer año del gobierno de Bolsonaro, pero presentaremos una síntesis de sus acciones sobre los servicios públicos de investigación en general, y en concreto sobre aspectos relacionados con el sistema de universidades públicas federales, la financiación de la investigación y la formación de postgrado. Una síntesis que nos permitirá observar los paralelismos con las políticas de otros gobiernos neoconservadores como los de Trump, Orban o Putin, y las que promueve en nuestro país el tándem Abascal-Casado.

La política neoliberal del gobierno de Bolsonaro, reforzada por sus correligionarios en los gobiernos de cerca de la mitad de los estados brasileños, afecta directamente a los funcionarios públicos de varias maneras. En primer lugar, hay una campaña activa de desmoralización y acoso contra los servidores públicos en todas las esferas de la administración pública. Esta campaña utiliza datos parciales, engañosos e incluso falsos para difundir que hay demasiados servidores públicos y que estos tienen salarios muy elevados, presentándolos como un grupo de privilegiados con bajo rendimiento profesional que hacen que el sistema público sea extremadamente ineficiente, llevando al colapso de las cuentas públicas.

Esta campaña está siendo utilizada por el gobierno brasileño para legitimar ante la sociedad la suspensión de nuevos concursos públicos, recortar los derechos y beneficios de los funcionarios en activo, y desmoralizarlos hasta el punto de conseguir que renuncien a defender sus derechos, a ejercer la libertad de cátedra o a replicar con evidencias a la cascada continuada de 'fake news' y pseudoverdades. Aunque en Brasil los funcionarios públicos están mejor pagados que en España –en relación al salario medio de cada país-, estas afirmaciones son, en la forma en la que se presentan, abiertamente falsas.

Tras estos ataques hay una discusión económica y social más profunda sobre el gasto público y el tamaño del estado, cuál es la cantidad idónea de servidores públicos y cuál debe ser su eficiencia. Esta podría ser una discusión importante para la economía brasileña, en la que el análisis del funcionamiento de las administraciones federales y estatales en el pasado y en la actualidad por economistas, sociólogos y politólogos permitiría identificar qué tramo dentro del gradiente de incremento del gasto público conduciría a un mayor desarrollo y bienestar de la población de manera más eficiente.

Teóricamente, quizás sea posible que una sociedad ideal formada por ciudadanos altamente preparados y que se rijan por un elevado código moral pueda controlar la codicia inherente al capitalismo y funcionar de manera eficiente con un estado de pequeño tamaño, bajos impuestos y poco control macroeconómico. Sin embargo, Brasil tiene todavía una estructura económica claramente postcolonial, muy dependiente del sector primario y organizado alrededor de un puñado de grandes propietarios, unas clases medias acomodadas relativamente pequeñas, grandes sectores de la población con bajos niveles educativos y rentas bajas, e importantes bolsas de pobreza. No olvidemos que el gran logro de los gobiernos de Lula da Silva fue elevar por encima del umbral de la pobreza a alrededor de 30 millones de brasileños.

Pero el gobierno Bolsonaro no está planteando un debate acerca de cuál sería la configuración más adecuada de un estado federal que controle los vaivenes del mercado y garantice la justicia social teniendo en cuenta las particularidades de Brasil dentro de los límites de una economía global fundamentalmente capitalista. En lugar de afrontar esta discusión de manera seria y profunda, a partir de información y análisis comparativos honestos, el núcleo duro del gobierno ultraconservador brasileño ha puesto su empeño en una campaña sistemática de ataques y desmoralización de los funcionarios públicos.

La universidad pública en general, y el sistema federal de educación superior en particular, han sufrido una sucesión de feroces recortes desde el comienzo del gobierno de Bolsonaro. Este sistema público ya arrastraba una situación de precariedad creciente, con recortes y suspensión del salario de profesores que comenzaron durante los gobiernos progresistas de Dilma Rouseff, y que dieron lugar a grandes movilizaciones. Esa precarización dio paso, con la llegada de Bolsonaro, a una política de desmantelamiento planificado, ejecutado desde el propio Ministerio de Educación, al que pertenecen las universidades federales y del que dependen sus presupuestos. Estos ataques están afectando directamente al funcionamiento de las universidades, con recortes y paralización de recursos básicos en gastos como energía, agua, limpieza, seguridad, transporte, etc. Pero también afectan indirectamente a sus profesores y alumnos a través de una intensa campaña de difamación.

Los ataques se intensificaron aún más con la toma de posesión del nuevo ministro de educación en abril de 2019. Abraham Weintraub, un economista proveniente del sector financiero y conocido por su afición a los tweets incendiarios, comenzó su mandato con un recorte del 30% de los recursos destinados a las universidades federales – que, según él, promueven la “balburdia” (alboroto, confusión) en sus campus. Su campaña de difamación alcanzó el punto álgido (hasta la fecha) a final de 2019, cuando declaró en la televisión y redes sociales que las universidades federales tienen extensas plantaciones de marihuana y laboratorios de química involucrados en la producción de drogas – una afirmación que reiteró en una audiencia pública en el Congreso Nacional y que le ha hecho acreedor de demandas por parte la Asociación de Directores de las Instituciones Federales de Educación Superior y otras instituciones.

Los ataques del ministro Weintraub buscan criminalizar la fuerte respuesta de la comunidad educativa ante la sucesión de brutales recortes (especialmente la reducción del 42% del presupuesto del ministerio, el más bajo de los últimos 14 años ya antes de aplicarle ese recorte), que representaban las primeras grandes movilizaciones contra el gobierno de Bolsonaro. El carácter autoritario del ministro quedó claro cuando, el 30 de mayo, alentó denuncias contra “los profesores, funcionarios, alumnos, padres y responsables que divulgaran y promocionaran protestas dentro de escuelas y facultades”. Lejos de corregirle o llamarle al orden, el propio presidente Bolsonaro calificó como “idiotas útiles” a los manifestantes dos semanas después, durante una visita a EE.UU.

El objetivo último es, según sus propias declaraciones, reducir el gasto público y desmantelar el sistema federal de educación superior. Según el ministro, el sistema de universidades federales es “costoso e ineficiente”. Eso a pesar de su elevada calidad, sobre todo en comparación con el sistema privado de educación superior brasileño, y su hegemonía en la práctica en términos de la investigación científica que se realiza en Brasil. De hecho, la investigación científica en el país y la capacitación de recursos humanos altamente cualificados a nivel de master y doctorado se realiza casi exclusivamente en universidades públicas.

¿Cómo propone el gobierno mantener el nivel formativo e investigador del país con menos de la mitad de los recursos públicos destinados a financiarlos? La solución del gobierno de Bolsonaro ha sido el programa Future-up, dedicado a “...promover una mayor autonomía financiera en las universidades e institutos federales, por medio del incentivo a la captación de recursos propios y al emprendimiento”. Un programa que muchos expertos consideran mal enfocado, y que ha sido fuertemente criticado por la gran mayoría de la comunidad académica. Es interesante señalar los paralelismos con la política de I+D+i de los gobiernos de Rajoy, con Wert al frente del Ministerio de Educación: los ambiciosos objetivos de sustituir la inversión pública por inversión privada entre 2013 y 2020 se quedaron en nada, y los fuertes recortes en la primera no solo no fueron compensados por la segunda, sino que la arrastraron a descensos aún más pronunciados – dejando al sistema científico en la situación de colapso actual.

Mientras tanto, las iniciativas científicas a largo plazo se priorizan exclusivamente en función de los intereses geopolíticos o macroeconómicos del país, como ha ocurrido con la reciente renovación de la financiación para la nueva base Antártica brasileña. Subyacente tanto a estas prioridades como a los ataques descritos hay un fuerte componente ideológico liderado por el “gurú” intelectual del gobierno de Bolsonaro, Olavo de Carvalho. De Carvalho ha declarado, por ejemplo, que la ultraderecha ha logrado el poder en Brasil, “pero no domina la estructura cultural”, por lo que el siguiente paso del proceso debe ser “conquistar las universidades y el pensamiento”, lograr la “hegemonía cultural” y “acabar” con la “dictadura mediática” dominada por la izquierda.

Y la cosa no acaba aquí. En paralelo al desmantelamiento y la persecución de las universidades, el gobierno de Bolsonaro está atacando también a las principales instituciones de apoyo a la investigación en Brasil – especialmente CNPq y CAPES, que se ocupan de financiar, respectivamente, la investigación y la formación de postgrado. De nuevo, mediante fuertes recortes económicos y paralizando ejecuciones presupuestarias y de becas que afectan a miles de estudiantes. Y, lo que es todavía más preocupante, introduciendo una serie de medidas, como las repetidas amenazas de fusión entre CNPq y CAPES, que no persiguen ninguna mejora de gestión y sólo buscan desmantelar la estructura actual, reducir el presupuesto total de investigación y, en definitiva, promover la inestabilidad y la falta de confianza en el sistema. La contestación a estas reformas ha llevado a la destitución de Anderson Correia como presidente de CAPES tras un año de mandato. Pero en lugar de enmendar la plana, el ministro Weintraub ha colocado al frente de la institución a Aguiar Neto, un rector evangélico defensor de la enseñanza del creacionismo en lugar de la teoría evolutiva.

Esta situación está llevando a una gran cantidad de académicos brasileños a tomar el camino del exilio para continuar con su investigación, con la esperanza de que sea un paréntesis temporal hasta que la situación mejore con un nuevo gobierno. Aunque enraizada en las carencias históricas del sistema académico y de I+D del país, en la crisis económica de los últimos años y en un lustro de recortes presupuestarios a la investigación, el primer año del gobierno Bolsonaro podría estar disparado esta fuga de cerebros. Una vez más, las analogías con las peores fases de la crisis del sistema español de I+D son espeluznantes. La fuga de cerebros en nuestro país (que ha bajado de ritmo en la actualidad pero que no ha llegado a desaparecer ni mucho menos) llenó de titulares y preocupación a la comunidad científica internacional y a la sociedad española en su conjunto.

Si juntamos este panorama con los constantes ataques negacionistas de la evidencia científica del gobierno Bolsonaro en temas como salud, sexualidad, cambio climático o conservación de la naturaleza, el panorama actual de la ciencia y la educación superior en Brasil es desolador. Tan sólo en el ámbito del gobierno federal, la comunidad académica sufre el acoso prácticamente continuo de los ministros de Economía, Educación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Agricultura, y Mujer, Familia y Derechos Humanos, al que se suma el propio Presidente de la República. Un ensañamiento con la ciencia y la cultura que solo amaina puntualmente con la sustitución del secretario de cultura por sus claras tendencias pro-nazis. No es difícil imaginar que el camino de ideologización cultural que iniciaría la imposición del pin parental en las comunidades gobernadas por las políticas de Vox en nuestro país desemboque en el fomento de ideas contrarias a la evidencia científica.

Dentro de esta coyuntura, el papel del Ministro de Ciencia y Tecnología (+ Innovación y Comunicación), el exastronauta Marcos Pontes, resulta contradictorio. Por un lado, no participa en el juego del acoso, las noticias falsas y las declaraciones absurdas; por otro, sin embargo, resulta difícil entender cómo alguien con un mínimo de conocimiento científico puede convivir con semejantes compañeros en el Consejo de Ministros. Algunas fuentes sugieren que el sistema de I+D brasileño aún no se ha derrumbado por completo porque el ministro ha sido capaz de defender la importancia de la ciencia y la tecnología a puerta cerrada. Sin embargo, y a falta de más datos, casos como el de la destitución de Ricardo Galvão como director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por divulgar datos sobre la deforestación en la Amazonia, colocando un militar en su lugar, indican que las políticas dictadas por el ministro Pontes van a seguir las líneas fundamentales de sus compañeros del gobierno, alejándose de la gestión basada en datos y evidencias.

La crisis económica de Brasil que comenzó en 2015 se ha utilizado para justificar la demonización del servicio público y el acoso y derribo de las instituciones académicas a través de recortes presupuestarios de universidades y agencias de financiación de la investigación. Sin embargo, las actuaciones y declaraciones del gobierno de Bolsonaro dejan claro que tan sólo una pequeña parte de los problemas que está experimentando la ciencia brasileña se deben al ciclo económico desfavorable. El problema más grave al que se enfrenta es la adopción, por parte del gobierno brasileño, de una visión claramente ultraconservadora, anticuada, anticientífica y antieducativa. Una visión incompatible con la educación y la ciencia modernas, que acabará lastrando gravemente tanto el desarrollo económico y social de Brasil como el bienestar de su población.

*Este artículo se ha desarrollado a partir de las ideas de un post publicado el 27 de Diciembre de 2019 por José Alexandre F. Diniz-Filho en su blog “Ciência, Universidade e outras ideias” (https://www.blogalexdiniz.com/)