La Academia de la lengua española define el matonismo como “conducta de quien quiere imponer su voluntad por la amenaza o el terror”. Hoy, fuera de nuestras fronteras, el ejemplo más palmario de matonismo es la decisión del presidente de los EE.UU. de atacar a Irán, sin autorización de su Congreso, sin el aval de las Naciones Unidas, y sin consultar o comunicar previamente a sus presuntos aliados. Estamos, pues, ante un acto unilateral, contrario a la propia Constitución de los EE.UU., a la legalidad internacional, cuyos objetivos permanecen en una difusa y premeditada ambigüedad y confusión. No sabemos muy bien qué pretende Trump: ¿acabar con el régimen de los ayatolás, controlar el petróleo, evitar una amenaza nuclear inexistente, acosar al creciente dominio comercial de China? Y, sobre todo, ¿cualquiera de esos objetivos merece una guerra y poner en riesgo la vida de millones de personas?

Es el dirigente de una de las naciones más poderosas del mundo quien ha decidido ante sí y para sí que hay que bombardear y asesinar a dirigentes y población civil de un país soberano, sin ningún aval de ninguna institución democrática de su propio país ni de instancia alguna de carácter multilateral. Todo lo contrario de lo que exigen el derecho propio, el internacional, la carta de Naciones Unidas, y los tratados multilaterales de los que forma parte Estados Unidos. Estamos, así, ante un acto de arbitrariedad y de máxima violencia que, sumado a los más recientes de Gaza y Venezuela, viene a dibujar un modus operandi que se identifica nítidamente con la vieja “Ley del más fuerte”.

Resulta evidente que el régimen iraní merece la absoluta y contundente repulsa de las sociedades democráticas del mundo, especialmente por su constante violación de los derechos humanos y, de forma más cruel si cabe, de los derechos de las mujeres, como podrían merecerla Arabia Saudí o El Salvador por motivos similares. Resulta una burla, en este sentido, que quienes menos interés han demostrado en condenar la violencia machista en nuestro propio país, salgan ahora a defender la agresión bélica sobre Irán invocando precisamente ese hecho: si tanto les preocupa la violencia machista deberían demostrarlo aquí cada día. Mucho más incoherente resulta que quienes insultan a Pedro Sánchez llamándole traidor a España se sometan dócilmente ante las amenazas y baladronadas de Trump contra España y su gobierno.

A unos y otros, al PP y a la extrema derecha, habría que preguntarles si, como Trump, resolverán sus discrepancias con los adversarios políticos a golpes o a tiros si llegaran a gobernar

Hay, por otra parte, una dimensión de esta situación que me parece debe ser subrayada. Trump es un matón, sin duda, pretende imponer su voluntad por la amenaza o el terror de la guerra. Pero debemos preguntarnos si aquí, entre nosotros, en España, no estamos asumiendo como forma normal de resolver las discrepancias y las diferencias ese matonismo. Cada vez que ese tal Vito Quiles amenaza, acosa y agrede verbal o físicamente a dirigentes políticos o analistas en los pasillos del Congreso o del Senado, en la calle y en las redes, está comportándose como un matón, igual que Trump. Cada vez que Feijóo y el PP callan ante estos hechos y no los desautorizan están siendo cómplices de esos matones. Cada vez que Feijóo y el PP celebran y comparten los insultos e injurias contra sus adversarios políticos están naturalizando y haciéndose cómplices del matonismo como forma de hacer política.

Asistimos, así, a la naturalización de las formas y el fondo del matonismo en la vida pública, con el aliento mediático de medios y pseudomedios de comunicación, con amenazas de motosierras y lanzallamas, generando un clima bélico en las relaciones sociales que se retroalimenta ante la pasividad, cuando no la complicidad activa, de actuaciones policiales y judiciales francamente incomprensibles para la ciudadanía.

A unos y otros, al PP y a la extrema derecha, habría que preguntarles si, como Trump, resolverán sus discrepancias con los adversarios políticos a golpes o a tiros si llegaran a gobernar. A fin de cuentas, ésa es la gran cuestión que debe de plantearse la ciudadanía: ¿la derecha y la extrema derecha pretenden un país donde la discrepancia y la crítica se resuelvan con la pura represión y persecución? ¿Su modelo democrático es el del autoritarismo, el militarismo y la autocracia de Trump? Es absolutamente necesario que aclaren esta cuestión, porque ese sería el gran paso que situaría de una vez por todas a la derecha clásica española en las antípodas de los valores y principios que proclama nuestra Constitución. Usted, ciudadano de a pie, debe saber qué modelo de sociedad defiende esa derecha, y tiene derecho a despejar cualquier incertidumbre sobre la seguridad cívica y jurídica que le asiste como miembro de un estado de derecho. Matonismo o democracia: ésa es la cuestión.

El derecho a la libertad de expresión, así como a comunicar o recibir libremente información veraz, es uno de los pilares en que se asienta nuestro estado de derecho, hasta el punto de que podemos aseverar que sin libertad de expresión y sin derecho a información veraz la democracia entra en zona de riesgo. Pero la vida política en España lleva ya varios años deslizándose por una pendiente cada vez más peligrosa, gracias a la proliferación de actitudes y comportamientos de algunos responsables públicos que entrañan la negación sistemática de ambos derechos. Se podría decir, tristemente, que nos están acostumbrando a escuchar amenazas dirigidas contra periodistas o comentaristas, hasta el punto de que en algún caso ha dado lugar a la renuncia de un profesional en un programa de gran audiencia de radio, por ejemplo. Del mismo modo, se ha ido normalizando en amplios sectores de población el uso de la mentira como arma para desprestigiar y deslegitimar al adversario político, en ocasiones con el concurso de jueces y medios de comunicación.

En apenas 48 horas, el líder del primer partido de la oposición española ha dado dos ejemplos de un tipo de comportamiento que debería de ser erradicado para siempre de la vida política en nuestro país: mentir y engañar conscientemente a la ciudadanía. No me refiero a una promesa incumplida, ni a una verdad a medias, ni a un error de interpretación, sino a una mentira presentada como verdad, a una falsedad expresada como un hecho.

El primer ejemplo ha sido la explicación del voto contrario del PP a la subida de las pensiones en el denominado “Decreto Ley ómnibus”, justificando dicho voto en una supuesta vía libre para la okupación, ocultando que el decreto rechazado sólo permite suspender desahucios cuando la propiedad pertenece a grandes propietarios; ni barra libre ni ataque a la pequeña propiedad. Es falso, simplemente. Se miente y se agita el fantasma de los okupas para asustar a la gente y manipularla. Pero, además, se hurta a la opinión pública el dato incontestable de que hace un año el PP acabó votando la convalidación de ese mismo Decreto Ley con el mismo texto: ¿por qué hace un año se votó a favor y ahora no? Por último, se oculta también la posibilidad de haber solicitado la tramitación del decreto como proyecto de ley para poderle introducir las enmiendas que hubieran querido, pero no lo han hecho: ¿por qué?

El PP bajo el Gobierno de Aznar llevó a cabo tres procesos de regularización de inmigrantes exactamente con el mismo procedimiento que el de Pedro Sánchez. ¿Con Aznar sí, pero con Sánchez no? Ahora dicen que tiene que ser caso a caso, individualmente, y no “al peso”, cuando eso necesariamente ha de ser así de acuerdo con la Ley de extranjería

El segundo ejemplo es, si cabe, más revelador aún del grado de mendacidad que padece nuestra derecha. Me refiero al anuncio de una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación irregular, de acuerdo con las previsiones de la Ley de extranjería. Inmediatamente el PP se ha sumado una vez más al discurso del miedo y la xenofobia de la extrema derecha, llegando a acusar al Gobierno de pretender aumentar el censo con el fin de ganar el voto de las personas inmigrantes o asiladas que se puedan beneficiar de ese proceso de regularización. El PP sabe perfectamente que eso no es posible, dado que quien vea regularizada su situación y obtenga un permiso de residencia no podrá votar ni en las elecciones municipales – sólo tras un plazo de cinco años y cuando provengan de países con acuerdo de reciprocidad – ni en las autonómicas y generales para lo que se requiere obtener la nacionalidad. Es mentira, y lo saben, pero les preocupa más no perder la cara ante el electorado de la extrema derecha.

En este caso, además, las falsedades son aún mayores, dado que el PP bajo el Gobierno de Aznar llevó a cabo tres procesos de regularización de inmigrantes exactamente con el mismo procedimiento que el de Pedro Sánchez. ¿Con Aznar sí, pero con Sánchez no? Ahora dicen que tiene que ser caso a caso, individualmente, y no “al peso”, cuando eso necesariamente ha de ser así de acuerdo con la Ley de extranjería.  Han llegado incluso a anunciar posibles medidas judiciales para frenar el proceso, para lo cual, supongo, pensarán contar con alguna ayuda del poder judicial, como de costumbre.

Quienes obtengan el permiso de residencia gracias a este proceso podrán tener un permiso de trabajo, alcanzar unas condiciones laborales dignas, cotizar y ejercer sus derechos a la educación, la sanidad y las prestaciones sociales que la legislación les reconoce: es decir, vivir sin miedo, como personas dignas. De hecho, en Andalucía, las organizaciones agrarias han valorado positivamente la regularización, porque ello permitirá normalizar la situación de muchas decenas de miles de personas trabajadoras en el campo andaluz.

En los dos casos no importan ni la verdad, ni los principios ni los derechos de seres humanos, solo importa mentir mientras pueda servir para deslegitimar al Gobierno, mientras pueda ser útil para su estrategia electoral. En esas estamos, una vez más.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, víctima es “persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita”, y añade como locución verbal coloquial “hacerse alguien la víctima”, quejarse excesivamente buscando la compasión de los demás.

La historia contemporánea de España tiene en los últimos ochenta años ejemplos muy notables y lamentablemente numerosos tanto de la acepción primera citada como del uso coloquial del victimismo segundo: las víctimas de uno y otro bando de la guerra civil, y los miles de represaliados y asesinados desde la victoria de la dictadura hasta la muerte del dictador son buen ejemplo de lo primero; la justificación de la rebelión militar contra la República en el caos y la amenaza del comunismo, lo son de lo segundo.

Pero son estos tiempos de ahora los que nos brindan casos en los que con meridiana claridad se entiende la diferencia entre ser una víctima  y hacerse la víctima. Víctimas son, sin ir más lejos, las personas fallecidas por la Dana de Valencia de hace un año, sus familiares y quienes han perdido bienes, viviendas y negocios por dicha causa.

Como víctimas son quienes perecieron a causa de los incendios del pasado verano, y quienes perdieron propiedades, casas y sus familias. También son víctimas los miles de mujeres afectadas por la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía, y sus familiares cercanos. Víctimas fueron los miles de personas mayores que fallecieron en residencias de la Comunidad de Madrid por la aplicación del llamado “protocolo de la vergüenza”.

Hoy tenemos sobrados ejemplos de quienes se hacen pasar por víctimas sin serlo. El novio de la señora Díaz Ayuso, por ejemplo, se hace la víctima de una imaginada “operación de Estado” contra su pareja, cuando en realidad es él quien ha defraudado a Hacienda y va a ir a juicio oral por varios delitos, y es su novia quien parece haber orquestado una “operación de estado” desde la Comunidad de Madrid para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Carlos Mazón –Presidente de la Generalitat valenciana en funciones, como si hubiera funcionado alguna vez como tal– se hace pasar por víctima, impasible el ademán, frente al dolor de las familias de las víctimas de su negligencia política, y ya veremos si penal también.

Como víctima se quiere presentar el Rey emérito cuando reclama en sus memorias que es “el único español que no cobra una pensión después de cuarenta años de servicios”, mientras sus cuarenta y ocho millones de víctimas –el pueblo español– seguimos sin poder disponer de los ingresos fiscales defraudados que nos adeuda, ni de los cientos de millones que posee en cuentas bancarias en el extranjero.

Quienes pretenden hacerse pasar por víctimas sin serlo empiezan por ignorar a sus víctimas, pasan a acusarles de politizar su legítimo dolor e indignación, y acaban por desacreditar y deslegitimar a las auténticas víctimas

Lo más relevante de esta situación es que siempre funciona de acuerdo con un esquema un tanto macabro: quienes pretenden hacerse pasar por víctimas sin serlo empiezan por ignorar a sus víctimas, pasan a acusarles de politizar su legítimo dolor e indignación, y acaban por desacreditar y deslegitimar a las auténticas víctimas, llegando en ocasiones a insultarles e imputarles la responsabilidad de sus propios actos.

Macabro, sí, es que quien por avaricia, por ambición, por negligencia, por desvergüenza o por una mezcla de todo ello, además, sea quien nos roba, quien pone en riesgo nuestras vidas, nos insulta y ofende atentando contra nuestra dignidad.

La gran incógnita que me suscita todo lo hasta aquí descrito es si las víctimas auténticas, las familias de los muertos y damnificados de Valencia, las familias de los muertos de las residencias de Madrid, las familias afectadas por los incendios de este verano, las mujeres y sus familias de los cribados de Andalucía, los millones de españoles y españolas a quienes han defraudado sus deudas fiscales González Amador y el Rey emérito serán capaces de sacudirse el yugo macabro de sus victimarios o, por el contrario, se resignarán a que les gobiernen.

Soy un ciudadano escandalizado por lo que estoy viendo en estos últimos días, tras el debate en el Congreso de los Diputados sobre el caso de presunta corrupción de Ábalos y Cerdán. Más allá de la repugnancia y censura que me provoca la supuesta actuación de esos dos responsables de la Organización del PSOE -mi partido- tanto en lo que se refiere a las adjudicaciones de obra pública para obtener beneficios económicos, como a sus actitudes y conductas claramente machistas y vejatorias para las mujeres, lo que mueve a la expresión de estas líneas es, finalmente, la deriva que la derecha -especialmente el PP del señor Feijóo- ha adoptado en el mismo debate y los días siguientes.

El líder del PP, varios de sus dirigentes, los medios de orientación derechista como el ABC, La Razón, la COPE con el defraudador Herrera y sus acólitos, y digitales como The Objective y otros han retomado las insidias y calumnias sobre el suegro, ya fallecido, de Pedro Sánchez, para extender una mancha de deshonor sobre el presidente del Gobierno atribuyéndole vinculaciones con el negocio de la prostitución.

“Partícipe a título lucrativo” dijo Feijóo. Todo ello se sustenta en la difusión por algunos medios de supuestas informaciones que tendrían su origen en un documento anónimo de la denominada “policía patriótica” que el PP de M. Rajoy y Fernández Díaz - procesado por utilizar los recursos del Estado con el fin de espiar a adversarios políticos- encargaron a Villarejo y sus secuaces a raíz de la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE.

Ese documento no aporta más que insinuaciones y conjeturas mezcladas con falsedades patentes relativas al suegro de Pedro Sánchez. Ni pruebas de actividad ilegal, ni tampoco indicios, pero no hace falta: la flamante portavoz parlamentaria del PP se ha despachado afirmando que “no hace falta que haya pruebas absolutamente de nada”, porque lo dicen los periódicos.

Se trata, llana y sencillamente, de mancillar y deshonrar al adversario generando una repugnante asociación entre su nombre, su persona, y uno de los fenómenos que más rechazo provocan en la opinión pública, especialmente entre las mujeres, como es la prostitución

Hasta ahora, la estrategia de la derecha para echar a Sánchez pasaba por la difusión de mentiras en algún pseudo medio, la denuncia de alguna acusación popular, la inestimable cooperación de algún juez y la leña a todo trapo en el Congreso de los Diputados.

Así ha sido en el caso de su esposa, de su hermano, y del Fiscal General del Estado. A partir de ahora, efectivamente, ya no hacen falta pruebas, porque no se trata de utilizar la justicia para acabar con un adversario político. Además del lawfare, que tan buenos resultados les está dando, han encontrado el camino de lo que Steve Bannon llamaba “inundar la zona de mierda”.

Se trata, llana y sencillamente, de mancillar y deshonrar al adversario generando una repugnante asociación entre su nombre, su persona, y uno de los fenómenos que más rechazo provocan en la opinión pública, especialmente entre las mujeres, como es la prostitución.

Preocupado y escandalizado estoy. Porque si esta es la forma en que nuestro Estado de Derecho protege el derecho al honor, si se demuestra que aquí todo vale para derrotar al adversario, si cualquiera puede lanzar insinuaciones sobre quien sea sin el más mínimo recato y sin pagar las consecuencias, si los medios pueden alimentar y propagar infundios sin límite sobre cualquiera, todo el mundo está en peligro.

Digo bien, todo el mundo, USTED puede estar en peligro. Cualquiera, en el mundo de la política, de los negocios, de la cultura, del alumnado de un centro educativo, hasta de una comunidad de propietarios, estará expuesto a que alguien quiera desprestigiarle con estos métodos. ¿Vamos a aceptar mansamente que las insidias sobre los padres pueden valer para manchar a los hijos? Hasta ahora los hijos no eran responsables de las faltas de los padres; a partir de ahora volvemos a los tiempos de la dictadura, en que los hijos pagaban con la marginación, la cárcel, cuando no con la muerte o el exilio, por las ideas de sus padres.

Es el Estado de Derecho el que está en cuestión con todo esto, porque la democracia representativa requiere libertad de expresión y derecho a la información para hacer posible la libre elección de nuestros representantes, y no la grosera manipulación trumpista de nuestras voluntades. Eso es lo que está en juego

¿Es este el Estado de Derecho, el sistema democrático que queremos? Algunos han dicho que Feijóo ha traspasado las líneas rojas con esta estrategia. Pero aquí no hay líneas ya, sino una mancha de inmundicia que contaminará la convivencia en la sociedad española, porque, como la inmundicia, crecerá, contaminará todo lo que toque y acabará volviéndose contra todos.

No se trata de que vivamos un clima político irrespirable; eso ya lo hemos vivido y lo podemos soportar. Es el Estado de Derecho el que está en cuestión con todo esto, porque la democracia representativa requiere libertad de expresión y derecho a la información para hacer posible la libre elección de nuestros representantes, y no la grosera manipulación trumpista de nuestras voluntades. Eso es lo que está en juego.

Por eso, no entiendo el silencio de algunos ante lo que está pasando. Han alzado su voz cuando han creído que se ponía en riesgo el Estado de Derecho con la amnistía; no coincido, pero estaban en su derecho ¿A qué esperan los Felipe, Alfonso, Page y compañía para denunciar la inmensamente asquerosa campaña de desprestigio que ha montado la derecha contra Pedro Sánchez, porque pone en peligro el Estado de Derecho y la democracia misma?

Puedo entender que no les guste el Presidente, pero no puedo entender su silencio, porque no condenar lo que está pasando es tan indecente como no condenar el apaleamiento de un monigote con la figura de Sánchez, o los atentados contra las sedes de “su” partido. Esto no va ni de Pedro Sánchez, ni del PSOE, sino de la democracia por la que muchos hicieron y dieron lo mejor de sí mismos.

Seguramente ha leído usted algunos de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos que un periódico de tirada nacional viene publicando en los últimos días. En ellos se recogen comunicaciones privadas sin ninguna relevancia penal o judicial de ninguna clase entre el presidente del Gobierno y uno de sus entonces más estrechos colaboradores, opinando sobre distintas personalidades políticas y diferentes cuestiones de la actualidad de aquellos tiempos.

Es posible que la publicación de esos mensajes por un medio de comunicación no tenga ninguna objeción de tipo penal, a pesar de lo que establece el artículo 18 de nuestra Constitución, de la misma forma que no la tienen los contenidos de los mismos, pero con toda seguridad el mismo derecho que tienen algunos a calificar ética o moralmente a sus protagonistas lo tenemos los demás a opinar sobre la catadura moral de ese medio que entiende el periodismo “de investigación” como la persecución personal de un adversario político hasta desprestigiarle y deshumanizarle con el fin de destruirle.

Porque de eso se trata, de una operación mediática que no busca investigar hechos o conductas reprochables legalmente, sino el puro y duro aniquilamiento de una persona. Lo de menos, si se me permite, es que se trate del presidente del Gobierno, porque a todas esas personas que están abordando este espectáculo con una fruición propia de la venganza habría que hacerles una pregunta: ¿y si se tratara de ti? ¿Y si fueran tus mensajes privados, hablando de amigos, familiares o compañeros de trabajo los que aparecieran en los periódicos? ¿Te gustaría ver tus interioridades personales aparecer en la portada de un medio? Por eso, la primera consideración que se me antoja necesaria es la condena moral de ese tipo de periodismo sensacionalista que solo busca el daño y no la información, la destrucción y no la crítica. A ello contribuyen los otros medios que reproducen y amplifican de forma a mi juicio muy irresponsable lo que El Mundo publica. Es, sencillamente, indigno.

Pienso que en este caso el nivel de indignidad tan elevado, el peligro de que cualquiera pueda verse involucrado en una operación similar, y la naturaleza misma de los hechos, son motivos suficientes para que se produzca una reacción ciudadana que condene y rechace estos comportamientos

Pero hay otra dimensión de estos hechos que me parece merecedora de comentario. Esos mensajes difundidos forman parte de las actuaciones que la policía judicial – en este caso la UCO de la Guardia Civil – ha puesto a disposición de un órgano jurisdiccional, por lo que la conclusión primera es que asistimos a la filtración – revelación - de unas conversaciones privadas entre particulares sin que medie orden judicial que así lo habilite. Aquí, entiendo, la calificación no puede ser tan sólo moral ó ética: estamos ante un caso flagrante de revelación de comunicaciones entre particulares, que está prohibida constitucional y legalmente en nuestro país. Poco me importa a estas alturas saber exactamente de dónde proviene la filtración, si de la unidad de la Guardia Civil o de la oficina judicial en cuestión; en los dos casos estamos ante servidores públicos que tienen el deber de confidencialidad de sus actuaciones. Ese deber sagrado - ¡son servidores públicos! – es el que ha sido violado a conciencia, no sabemos si a cambio de algún beneficio económico o de otra clase. Más indignidad, si cabe.

Es verdad que nuestra vida pública viene arrastrando desde hace años un grado de deterioro creciente, que contribuye de forma palmaria al desprestigio de la acción política y a la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Episodios de actuaciones de lawfare, de filtraciones sin investigar y de campañas de insultos despiadados al adversario político forman parte hoy del paisaje que la derecha ha impuesto a través del complejo mediático y judicial con el que cuenta, contribuyendo así a la pérdida de confianza de amplios sectores de la sociedad en la política. Pero pienso que en este caso el nivel de indignidad tan elevado, el peligro de que cualquiera pueda verse involucrado en una operación similar, y la naturaleza misma de los hechos, son motivos suficientes para que se produzca una reacción ciudadana que condene y rechace estos comportamientos.

Como vivimos en un estado de derecho y he de confiar en sus instituciones, ahora se deberán depurar las responsabilidades de todo tipo por estos hechos tan indignos. Habrá investigación que sirva para aclarar las implicaciones judiciales de esos hechos, habrá una respuesta que delimite de dónde parte la filtración, con independencia de la posible sanción penal que de la revelación de secretos que afectan a la vida privada y al honor de las personas se pueda derivar. Pero lo que sin duda debería producirse es una sanción civil: toda persona sabe a partir de ahora que sus mensajes pueden ser revelados y difundidos con el único fin de destruir su credibilidad y afrentar a su honor, como ocurría con la delación en tiempos del franquismo. Es usted, ciudadano anónimo, o personaje famoso, quien sabe que esto le puede pasar si no se produce una respuesta amplia y contundente de rechazo a estas prácticas mafiosas. El artículo 18 de la Constitución define como uno de los derechos fundamentales el del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y garantiza el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial. Defendamos esos derechos, porque es la reacción ciudadana quien le parará los pies a tanta indignidad.

Hace pocos días el Partido Popular ha colgado en su cuenta oficial de una red social un montaje realizado con inteligencia artificial (IA) en el que se veía al presidente del Gobierno, a su esposa y a otras personas como si fueran los protagonistas de un conocido programa de televisión, cuyo título se parafraseaba al final en la expresión La Isla de las Corrupciones. La evidente alusión al país en el que se rueda dicho programa relacionándolo con la corrupción ha motivado la protesta diplomática correspondiente, a la que el PP ha respondido con la retirada de dicho montaje y una nota de disculpa.

Es patente el poco control y la irresponsabilidad de un partido con vocación de gobierno que no mide las implicaciones de una acción como esta, y que se viene deslizando tiempo ha por una pendiente pronunciada hacia la descalificación y el insulto personal como forma habitual de hacer política. No es de extrañar, por otra parte, en una formación cuyo portavoz parlamentario colecciona la lista más completa de insultos de la democracia española sin que se avergüence de tan dudoso honor. Todo ello hace aún más necesario subrayar el hecho de que el PP ha dirigido la petición de disculpas a la República Dominicana –país aludido en el montaje– y no a las personas cuya imagen ha sido manipulada. Un partido serio –un partido de Estado– no debe insultar a un país amigo, pero para insultar al Presidente del Gobierno del propio hay licencia sin límites: es la normalización del insulto.

¿Cómo habría reaccionado el PP y la derecha mediática si el PSOE hubiera colgado en su cuenta oficial de una red social un montaje con IA en el que apareciera el líder de ese partido con la cara bañada en polvo blanco en su Galicia natal, descrita como “el paraíso de la nieve”? ¿Cuántas querellas se habrían anunciado a golpe de titulares contra los autores de tamaño insulto? ¿Cuántas exigencias de responsabilidades se le habrían pedido al máximo dirigente del partido autor de tanta infamia? Seguramente, ni de esta manera habrían reconocido que el camino al que conduce esta forma de hacer política es el de la destrucción del principio fundamental de la política democrática, que es la confianza de la ciudadanía en las instituciones que emanan de la soberanía popular.

Puede que algunos quieran justificar el tono y el uso mismo de este montaje aduciendo la traída y llevada polarización de la vida política en España, pero bueno es constatar que esta hipótesis no responde a la realidad, porque en esta espiral del insulto no hay competición entre PP y PSOE –no conozco ningún caso similar en los socialistas– sino en el seno de las filas de las derechas más o menos extremas: es Feijóo quien ha dado instrucciones al PP para extremar la presencia en redes sociales con el fin de frenar la dura competencia de Vox en ese terreno.

Tal vez podría la IA ilustrarles sobre de qué manera llevar a cabo una política económica que genere el mayor crecimiento de la Unión Europea

Dado que el PP acude a la Inteligencia Artificial para diseñar su política de oposición (tanto los vídeos manipulados como su programa económico parecen elaborados con la misma IA disfuncional de bajo presupuesto), al menos podría hacerlo de forma constructiva, para definir por fin un proyecto político que pueda resultar atractivo al electorado, ya que no parece ser capaz de elaborarlo por sus propios medios. Tal vez podría la IA ilustrarles sobre de qué manera llevar a cabo una política económica que genere el mayor crecimiento de la Unión Europea, lidere la creación de empleo y de mejor calidad de los últimos 17 años, y favorezca la contención de las tensiones inflacionistas generadas por el contexto internacional, en vez de limitarse a la sistemática bajada de impuestos; dispone de un ejemplo muy cercano en el que inspirarse.

La IA podría asimismo diseñarles una política social que permita ampliar la protección de los sectores menos favorecidos, mejorar la lucha contra la violencia machista y facilitar el ejercicio del derecho a la educación sin importar el origen ni la situación económica de las personas, y, de paso, la IA podría explicarle al PP cómo llevar a cabo esas políticas sin privatizar la educación ni la sanidad, potenciando la universidad y la investigación públicas, aumentando la progresividad de nuestro sistema fiscal y haciendo que pague más quien más tiene; tienen un ejemplo a su alcance.

Del mismo modo, cualquier discurso generado por la IA más básica y elemental habría causado menos sonrojo que la torpe inanidad de su líder, Feijóo, a la hora de elaborar una respuesta firme, medida y comprometida ante el secuestro de centenares de israelíes y las decenas de miles de palestinos asesinados en Gaza, condenando tanto uno como otro, y que apueste claramente por la creación y reconocimiento de un Estado palestino como instrumento para la paz.

Ante la ambigüedad deliberada de Feijóo a la hora de comprometerse con una política internacional que practique proactivamente el multilateralismo, que se comprometa con la autonomía de la UE para fijar su política de seguridad y defensa más allá de los intereses mercantiles de quien gobierna hoy en EEUU, y con la defensa sin ambages de la soberanía y la integridad territorial de los países europeos, podría acudir en su ayuda la IA.

A fin de cuentas, si Feijóo es incapaz de ir más allá de la estrategia del insulto y la descalificación, podría pedirle a la Inteligencia Artificial que le sustituyera al frente del PP.

El ya ex presidente de los EEUU, Joe Biden, advertía hace pocos días “de la peligrosa concentración de poder en manos de muy pocas personas ultra ricas, y de las peligrosas consecuencias si su abuso de poder queda sin control”. Esa “oligarquía con riqueza extrema, poder e influencia que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicas y una oportunidad justa para todos de salir adelante” - en palabras del mismo Biden - hace referencia a un fenómeno que debería preocupar a quienes de verdad defendemos el sistema democrático, basado en la vigencia efectiva de la soberanía popular, en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas de cualquier persona, y en el principio de igualdad entre toda la ciudadanía. 

La gran pregunta que debemos hacernos es si la aparición de una enorme concentración de poder en pocas manos, que además son poseedoras de una gran parte de la riqueza mundial, junto a la utilización de los medios para condicionar y manipular la información y la creación de opinión por esas mismas manos, no ponen en cuestión las bases mismas de la democracia tal como la conocemos hasta ahora. No es ninguna novedad esa concentración de poder, ni lo es la intención de algunos de manipular la opinión pública en su provecho. ¿Dónde radica, pues, la diferencia con otros momentos de nuestra Historia? ¿Qué hace que ahora debamos estar atentos al peligro real que esta situación representa para la supervivencia de la democracia misma?

De forma muy evidente parece, una diferencia está en el hecho de que por primera vez los rostros de esos poderes sean conocidos por el gran público, y de que por primera vez, además, pasen a ocupar puestos directos en el poder institucional: Elon Musk es el ejemplo más socorrido, sin duda, pero no es ni será el único. Esta diferencia, sin embargo, no lo es de forma sustancial, sino que esconde una más jugosa: estos altos directivos de empresas tecnológicas son, además, referentes y modelos de un modo de vida y de valores que muchos jóvenes de todo el mundo intentarán imitar, basado en el éxito rápido en los negocios de la economía virtual, en el individualismo feroz y en la exaltación de la identidad como catalizador de la comprensión del mundo. Sólo importo yo, caiga quien caiga.

Una segunda diferencia señala de forma más acusada el peligro real que este fenómeno entraña para el sistema democrático: quienes encarnan esos poderes financieros propugnan, patrocinan y difunden una ideología ultra liberal en lo económico y plenamente liberal en lo político. Negacionismo, antifeminismo, racismo, xenofobia y sectarismo constituyen un cóctel aderezado con buena dosis de exaltación del mercado como única fórmula de contemplar el futuro de nuestras sociedades, lo que conducirá inexorablemente a la imposición de esos valores contrarios a los derechos humanos, así como a un incremento imparable de la desigualdad social y territorial.

Todavía estamos a tiempo: las amenazas a nuestras democracias requieren acciones decididas que preserven su propia existencia. Hemos de evitar deslizarnos hacia su deterioro progresivo por la desinformación, cuando no la manipulación, que mantendría las formas de una democracia – elecciones periódicas, división formal de poderes, entre otras – pero que en el fondo la privaría de su naturaleza

Pero es otra diferencia la que encierra la amenaza más grave para nuestro modelo democrático: la utilización por esos poderes de sus potentes medios – especialmente las redes sociales – para generar un clima generalizado de desconfianza ciudadana a través del uso masivo de la desinformación, los bulos y la mentira. Esa desconfianza es clave para que amplias capas de la población dejen de usar el más poderoso instrumento de que disponen para mejorar sus condiciones de vida, su derecho al voto, descartando el poder de cambio social transformador, y asumiendo la indiferencia cuando no la indignación ante un orden económico, social y político que sienten que no les representa.

La cuestión, pues, radica en qué podemos hacer ante esta situación y la amenaza para nuestras libertades y derechos, y para el sistema democrático como tal, que comporta. Sin duda, lo primero debe ser una estrategia a medio y largo plazo centrada en la educación en los valores democráticos y constitucionales, mediante su inclusión en el currículo escolar tanto de forma específica como transversal, además de su fomento en los medios de comunicación de titularidad pública y la incentivación en los de titularidad privada. Junto a ello, en el corto plazo, habrá que regular las medidas para que las redes sociales cumplan los mismos requisitos que los medios convencionales, por lo que los poderes públicos establecerán la obligatoriedad de la identificación fehaciente de todos los usuarios de las mismas, así como una legislación que garantice el contraste de la veracidad de sus contenidos, penalizando su incumplimiento hasta la prohibición si fuera preciso, especialmente cuando se trate de contenidos que representen una injerencia en la actividad política de un estado. Se trata, en suma, de que los usuarios de las redes tengan las mismas obligaciones y responsabilidades que los escritores, periodistas, cineastas o publicistas en cuanto al uso de su libertad de expresión.

Todavía estamos a tiempo: las amenazas a nuestras democracias requieren acciones decididas que preserven su propia existencia. Hemos de evitar deslizarnos hacia su deterioro progresivo por la desinformación, cuando no la manipulación, que mantendría las formas de una democracia – elecciones periódicas, división formal de poderes, entre otras – pero que en el fondo la privaría de su naturaleza. Esa naturaleza se sustenta en el pleno ejercicio del derecho ciudadano a la información veraz que hace posible el ejercicio real del derecho al voto en condiciones de libertad e igualdad. Como siempre, las amenazas a la democracia se combaten con más democracia; el poder de esta especie de feudalismo falsamente libertario, con más poder de ordenación y regulación democrática de quien es el único titular de la soberanía: la gente, el pueblo, la ciudadanía.

Estamos en plena celebración del 41º Congreso del PSOE en Sevilla, y parece que algunos están empeñados en que poco importen las políticas que se vayan a debatir ni las propuestas que se puedan aprobar. Pero la realidad es tozuda, por encima de los intereses de aquellos que solo tienen una meta en su acción política: llevarse “p’alante” al Gobierno de Pedro Sánchez.

La realidad es que España forma parte de un mundo globalizado, en el que el acceso a bienes y servicios está más extendido que nunca, pero en el que la desigualdad ahonda la brecha entre la inmensa mayoría y la pequeña minoría de quienes más tienen; un mundo en el que los movimientos de capitales se hacen sin regulación, pero los movimientos migratorios son tenidos por muchos como una grave amenaza a la que hay que reprimir y controlar; un mundo en el que sabemos mejor que nunca los riesgos que amenazan la sostenibilidad de nuestro planeta, pero destruimos recursos naturales a un ritmo muy superior al de su regeneración: un mundo, en suma, en el que la democracia representativa se manifiesta como la única opción viable de construir sociedades tan libres como cohesionadas y prósperas, pero el descrédito de la política democrática acrecienta los reflejos populistas, nacionalistas y autoritarios en muchos países del mundo.

Es a esas y otras muchas cuestiones a las que tiene que dar respuesta el Congreso socialista, para continuar avanzando en las políticas que han permitido que España hoy esté más cohesionada social y territorialmente que hace seis años. Políticas, por cierto, ante las cuales la derecha se ha opuesto una y otra vez, deslegitimando desde el primer día al Gobierno, deshumanizando a Pedro Sánchez hasta límites que rozan la invitación a la violencia, y utilizando medios espurios que afectan a la consistencia misma del estado de derecho. “P’alante” es la traslación chulapona del “quien pueda hacer que haga” de Aznar.

El mecanismo es siempre el mismo: se propaga a través de campañas pagadas de difusión en prensa y redes sociales un infundio, una mentira sencilla fácil de creer. A continuación se hace aparecer una “asociación” que denuncia como acusación popular lo que haga falta aunque no haya el más mínimo indicio, para acto seguido encontrar un juez que admita la querella en cuestión

Poco importa que la Presidenta de la Comunidad de Madrid se haya beneficiado, residiendo en una vivienda pagada con dinero defraudado, de los delitos reconocidos de su novio y haya mentido sobre ello. Poco importa que la desidia e incompetencia del Presidente de la Comunidad Valenciana no hayan permitido salvar la vida de cientos de personas y ahorrar daños materiales inmensos. Lo que importa, parece, es si el Fiscal General del Estado puede ser imputado por desmentir un bulo acerca del novio de Ayuso; lo que importa, parece, es si Teresa Ribera estaba ese día en Bruselas o en Madrid mientras el responsable directo – Mazón – estuvo más de cuatro horas desaparecido.

El mecanismo es siempre el mismo: se propaga a través de campañas pagadas de difusión en prensa y redes sociales un infundio, una mentira sencilla fácil de creer. A continuación se hace aparecer una “asociación” que denuncia como acusación popular lo que haga falta aunque no haya el más mínimo indicio, para acto seguido encontrar un juez que admita la querella en cuestión, dando paso a una causa prospectiva, a lo que finalmente sigue la exigencia de dimisiones a discreción y la correspondiente escandalera en el Congreso de los Diputados, para divertimento de quienes dominan el arte de “agitar el avispero” con el fin de distraer la atención del respetable. “P’alante”.

Se trata de generar desconfianza, de hacer surgir en las mentes de miles de personas la duda sistemática sobre la honestidad de un Gobierno legítimo al que se presenta como a punto de destrucción y de hundimiento. Se trata, en fin, de propiciar un sentimiento colectivo de angustia y resignación que se expresa en un “así no podemos seguir”. Ese sentimiento extendido, alimentado, multiplicado y financiado por aquellos cuyos intereses son defendidos por los que se presentan como supuesta alternativa al “caos” de este Gobierno, constituye el mejor caldo de cultivo para la más peligrosa forma de autoritarismo y dominación que hoy conocemos, la antipolítica, que es la forma bajo la que se esconden el pensamiento y la política más reaccionarias de la ultraderecha, que se extiende por todas partes como acabamos de ver en EEUU con la victoria de Trump. Es muy significativo, además, que Trump y Elon Musk, la crème de la crème de las élites estadunidenses, sean apoyados y tomados como paradigmas de buen gobierno por millones de personas para que lleven a cabo políticas en contra de los intereses de esas mismas personas.

Es sobre todo a esas élites a quienes interesa generar desconfianza generalizada sobre las instituciones democráticas a través de la desinformación y la mentira. Hablan de ocupación de las instituciones cuando son ellos quienes tienen controlado, “por la puerta de atrás”, – como ellos mismos dijeron - el poder judicial y el inmenso poder mediático que les pertenece, y los utilizan a su capricho para vaciar de contenido nuestro estado de derecho. Por todo eso, el 41ºCongreso del PSOE debe centrarse en las respuestas a los problemas reales de la gente, a las propuestas para avanzar en la real igualdad para toda la ciudadanía, en las políticas que permitan hacer frente con seguridad y certidumbre a los retos globales que tenemos ante nosotros. Pero también el Congreso debe dar una respuesta a esta “okupación” de la democracia y del estado de derecho por los enemigos de la democracia, apostando decididamente tanto por la libertad de expresión y el derecho a la información veraz con mecanismos sólidos y garantistas de transparencia de los medios y de las redes sociales, como por la profundización y consolidación de los mecanismos institucionales de la democracia.

El PSOE tiene, una vez más, la responsabilidad de defender la democracia, sentando las bases de un proyecto capaz de hacer frente a quienes pregonan el negacionismo científico, niegan la violencia machista y desprecian los derechos humanos de las personas que emigran a nuestros países huyendo de la miseria y del horror. No nos distraigamos: “p’alante” no, adelante.

Desde hace años, y de forma más recurrente en los últimos meses, quienes nos proclamamos socialistas tenemos que soportar que voces muy diversas, por medios de comunicación o a través de las redes sociales, nos dediquen una atención intencionada, unas veces para apelar a quienes ellos denominan “socialistas buenos” o “socialistas de los de antes”, otras veces para que “seamos valientes y demos la cara”, y otras para directamente insultarnos llamándonos “borregos”. Pudiera haber quienes crean que esa atención tiene buenas intenciones, que esconde alguna verdad, pero como interpelado que soy me apresuro a decirles que no es así.

Digo que se trata de una atención intencionada por razones obvias, porque obvia es su intencionalidad política: se trata no tan sólo de apelar al supuesto descontento con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez de todas esas personas a las que se denomina “buenos” socialistas, sino también de intentar evidenciar que todas ellas podrían encontrar acomodo –electoralmente hablando– en la confortable “casa común de la moderación y el centrismo”, que a veces incluso se presenta con falsos aires socialdemócratas: el PP. Aquí cabéis todos si sois buenos chicos. No votéis al PSOE más: si queréis votar al PP fantástico, pero mejor si no votáis a nadie.

Moreno Bonilla es un perfecto ejemplo de lo que digo: ha dicho hace unas semanas que ojalá “el PSOE de hace unos años vuelva y reaccione”. Es de suponer, por cierto, que seguramente se refiere al mismo PSOE cuya credibilidad hizo lo imposible por minar a cuenta de los ERE, ese gran fraude judicial, político y mediático puesto al descubierto con las recientes sentencias del Tribunal Constitucional; al dirigido por Chaves y Griñán hace unos años, al de Susana Díaz, marketing vacuno mediante; aquel PSOE de Andalucía al que atacó y descalificó desde la oposición mañana tarde y noche. Más recientemente nos ha exigido que dejemos de ser “callados, subordinados y sumisos”, para invitarnos a sumarnos a la macro movilización que anuncia contra el acuerdo que ha permitido a Salvador Illa ser elegido presidente de Cataluña. Siempre Cataluña.

La confianza en el PSOE se fundamenta en parte en la radical desconfianza que producen las políticas de la derecha allí donde gobierna: es que no quieren a la derecha, a ver si se enteran de una vez

Seguramente, en quienes no piensan y a quien no invocan esas voces intencionadas son los millones de españoles y españolas –un 30% más o menos– que, contra viento y marea, cayendo chuzos de punta y arreciando toda la armada mediática en su bombardeo constante contra el PSOE de Pedro Sánchez, siguen tenazmente, elección tras elección, depositando su confianza en esas siglas más que centenarias. Confianza que se basa en la experiencia, de una parte, porque todos los avances importantes que se han producido en nuestra patria en materia de políticas sociales y de avances en la igualdad y los derechos civiles han sido auspiciados bajo gobiernos socialistas, pero que, de otra parte, se fundamenta en la radical desconfianza que producen las políticas de la derecha allí donde gobierna: es que no quieren a la derecha, a ver si se enteran de una vez.

Es a esos millones de personas que votan conscientemente al PSOE, al de antes y al de siempre, a quienes están insultando como han hecho siempre: primero fue el “voto cautivo”, luego las “pitas, pitas” de Esperanza Aguirre, y ahora la sumisión y subordinación a no se sabe qué poder demoníaco y bolivariano; por supuesto, que no falte una gotita de licor venezolano.

Nunca encontrarán eco en mí esas invocaciones dirigidas a la vuelta del Partido Socialista a unas supuestas esencias perdidas, por la sencilla razón de que esa esencias son hoy las mismas de siempre

Pues por respeto a esos millones de compatriotas que incansablemente confían en el PSOE, me siento en la obligación de decir bien alto y claro que ni callado, ni subordinado ni sumiso, sino con la plena libertad de decir y expresar lo que pienso, que he venido practicando desde los tiempos de la dictadura de Franco y por supuesto desde que tenemos democracia, nunca encontrarán eco en mí esas invocaciones dirigidas a la vuelta del Partido Socialista a unas supuestas esencias perdidas, por la sencilla razón de que esa esencias son hoy las mismas de siempre. La pasión por la igualdad, por conseguir que cada persona tenga igualdad de condiciones para su desarrollo personal; la defensa de lo público para defender a quienes no tienen más poder que el de su voto; el respeto a un concepto de una España diversa y plural fuente de su riqueza y prosperidad.

Porque esas esencias están tan vivas como siempre, les digo: aventuraron que negociaríamos un precio político con ETA, y erraron, el terrorismo etarra fue derrotado con la fuerza de la ley y el empuje de la sociedad española. Dijeron que la ley de amnistía acabaría con el Estado de derecho y abriría las puertas a la independencia de Cataluña, y erraron: la amnistía se está aplicando por los tribunales como corresponde en un Estado de derecho, y Cataluña tiene por primera vez en muchos años un Gobierno y una mayoría parlamentaria no independentista. Dicen ahora que ese acuerdo sobre una financiación singular para Cataluña va a significar el fin de la igualdad entre los españoles y la puerta falsa para su independencia. Una vez más errarán, y asistiremos de nuevo a un globo deshinchado tras meses de diatribas agoreras sobre el futuro de España: el PSOE garantizará que las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales sean las mismas en toda España, porque de eso se trata. ¿O se trataba de otra cosa?

En marzo de 2014, como presidente del Parlamento de Andalucía, elevé escritos de queja formal al Consejo General del Poder Judicial y al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en relación con las actuaciones de la jueza instructora en el caso de los ERE, por entender que “el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla carece de propia jurisdicción para ordenar una investigación de naturaleza jurídico penal” sobre la actividad parlamentaria porque “el debate en el Parlamento queda al margen de la jurisdicción de los jueces y tribunales”.

La mención a aquellos hechos me parece muy oportuna, por cuanto que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en respuesta al recurso de amparo de Magdalena Álvarez deja sentado de forma categórica que tanto la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla como la del Tribunal Supremo supusieron el ejercicio de “una función que en modo alguno le corresponde atribuyéndose unas prerrogativas que la Constitución no le otorga”. Todo ello, “supone una aplicación imprevisible e insostenible del tipo penal del delito de prevaricación contraria al derecho a la legalidad penal (art.25.1 CE)”. Legislar no puede ser nunca un delito. Dicho en plata, que una y otros carecían de jurisdicción para dictar la sentencia que dictaron, es decir, que dictaron unas sentencias que no debían ni podían dictar. No estamos ante un error: es mucho más grave.

Resulta evidente que no tenían jurisdicción ni una ni otro para apreciar la comisión de delito alguno, por lo que dichas sentencias deberán ser declaradas nulas por violación de un derecho fundamental

A raíz de esta sentencia del Constitucional, la derecha y sus apoyos mediáticos han desatado una ofensiva que intenta deslegitimar al propio Tribunal, bien sea subrayando que “la mayoría progresista” impone sus tesis, bien sea acusando al supremo intérprete de la Constitución de suplantar al propio Tribunal Supremo invadiendo sus competencias. Muy al contrario, lo que hace la sentencia es entrar a considerar si la persona recurrente merece el amparo del TC porque se haya atentado contra alguno de sus derechos fundamentales, entre los cuales – conviene no olvidarlo – están tanto el derecho a la presunción de inocencia (art. 24, 1) como el derecho a no “ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito” (art, 25, 1). Dado que el Constitucional estima que tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo en sus sentencias llevaron a cabo “una función que en modo alguno le corresponde atribuyéndose unas prerrogativas que la Constitución no le otorga”, resulta evidente que no tenían jurisdicción ni una ni otro para apreciar la comisión de delito alguno, por lo que dichas sentencias deberán ser declaradas nulas por violación de un derecho fundamental.

Lo que sugiere la sentencia del Tribunal Constitucional es que estamos ante unas actuaciones judiciales – la de la Audiencia y la del Supremo – que, al ignorar la separación de poderes, deberían estar privadas de toda eficacia jurídica y, por tanto, penal. Cabe entonces preguntarse por qué a pesar de todas las advertencias – ya desde la fase de instrucción – sobre la ausencia total de jurisdicción se siguió adelante con un proceso imposible. ¿Por qué se cambió de la UDEF (Policía Nacional) a la UCO (Guardia Civil) sin ninguna explicación en la instrucción? ¿Por qué fueron sustituidos los fiscales Anticorrupción de Sevilla por otros sin ninguna explicación? ¿Por qué se decidió unir en un solo procedimiento – la denominada pieza específica o política – todo lo relativo a los altos cargos de la Junta de Andalucía, en lugar de ir a piezas separadas, caso por caso, responsabilidad a responsabilidad? ¿Por qué se designa como peritos desde la fase de instrucción a la Intervención General del Estado, órgano dependiente del Ministro de Hacienda, militante del partido que actuaba como acusación particular?

Ese montaje es el que ha permitido que una parte notable de la sociedad andaluza haya creído que habían sido defraudados – se ha llegado a decir que robados – 680 millones de euros, cuando la verdad es que la inmensa mayor parte de esos fondos han sido abonados a sus destinatarios

Seguramente alguien podría pensar, utilizando la misma expresión que el Supremo para sentenciar a los altos cargos, que “desde criterios de racionalidad y sentido común” estamos ante un gran montaje destinado, caiga quien caiga y a pesar de todo, a sentar en el banquillo y condenar a gran parte de la cúpula de sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía del PSOE. En gran medida ese montaje es el que ha permitido que una parte notable de la sociedad andaluza haya creído que habían sido defraudados – se ha llegado a decir que robados – 680 millones de euros, cuando la verdad es que la inmensa mayor parte de esos fondos han sido abonados a sus destinatarios, – más de 6000 - los trabajadores de las empresas en crisis que presentaron ERE; fondos, por otra parte, que la propia Junta de Andalucía gobernada por el PP ha pagado y sigue pagando a día de hoy, prueba palpable de su legalidad. En cualquier caso, no podía haber fraude con esas magnitudes porque, como sabemos ahora, no pudo haber delito donde no había jurisdicción para apreciarlo.

Todo falso, una gran mentira repetida a la sociedad andaluza una y mil veces, y aún ahora, por el Partido Popular,  que para mantener su relato tramposo y no reconocer su responsabilidad en tanta falsedad no duda en atacar y desprestigiar la sentencia – y las que están por venir – y al propio Tribunal Constitucional. Pero llegará el tiempo en que esa responsabilidad, y las de quienes han ideado, favorecido y protagonizado este enorme fraude a la sociedad andaluza, deberán de ser asumidas con todas las consecuencias.

La reflexión cívica sobre qué clase de democracia queremos viene estando presente desde hace tiempo en las palabras y los pensamientos de muchas personas, desde antes, en todo caso, de la propuesta del presidente del Gobierno a través de su carta a la ciudadanía. Resulta innegable, no obstante, que ahora ha cobrado una mayor dimensión la respuesta que demos a la pregunta que encabeza estas líneas.

Nadie discute que en estos tiempos se ha ido extendiendo el uso de técnicas de manipulación sobre materias de impacto en las opiniones políticas por muchos países del mundo. Manipulación mediante la utilización de la justicia para desgastar al adversario político, como el caso de Lula da Silva en Brasil, António Costa en Portugal, o Mónica Oltra en España, como manipulación a través de medios de comunicación o de las redes sociales, como el  caso de  la campaña contra Hillary Clinton, o las injerencias rusas en las elecciones de varios países europeos. Que una y otra, instrumentación de la justicia y campañas de desinformación, constituyen hoy una seria amenaza para la calidad de nuestros sistemas democráticos, parece fuera de duda.

Los términos de la confrontación política han cambiado, dando paso a una guerra sin cuartel, en la que todo vale con tal de descalificar, deslegitimar y destruir al adversario

Fuera de duda para casi todo el mundo, salvo para los Trump, Bolsonaro y Putin, que son beneficiarios directos de esa estrategia de la polarización por la que el objetivo de la política es el poder a toda costa, incluso mediante la destrucción política y personal del adversario, convertido para ello en enemigo a batir. En otros tiempos, el pensamiento liberal-conservador defendía la necesidad de librar una guerra cultural con la izquierda, a la vista de cómo se había ido imponiendo en la mayoría de las sociedades libres la ideología de la redistribución y del papel del estado para regular la actividad económica, así como la necesidad de políticas públicas para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la salud o la educación, que conformaban el cuerpo intelectual del pensamiento del socialismo democrático.

Hoy, los términos de la confrontación política han cambiado, dando paso a una guerra sin cuartel, en la que todo vale con tal de descalificar, deslegitimar y destruir al adversario. Poco importa que la política económica expansiva y el incremento de los derechos sociales y laborales esté produciendo en España los mayores niveles de empleo y de actividad desde la crisis de 2008, poco importa que nuestra economía sea la que más crece de la Unión Europea y la que se adelanta a los nuevos estándares europeos frente a la crisis climática y energética. Ante todo eso, la derecha prefiere centrarse en sembrar dudas sobre la legitimidad del presidente del Gobierno, en esparcir sombras sobre las actividades de su entorno familiar, y en anunciar, una vez más, la amenaza de la ruptura de la unidad de España y la destrucción del Estado de Derecho por la aprobación de la Ley de amnistía.

Gentes que ahora, una vez más, dibujan una raya, al otro lado de la cual estamos los aborregados, los iletrados, los españoles equivocados que nos dejamos manejar por el maligno Pedro Sánchez, a los que ellos pretenden salvar. Yo prefiero que no me salve nadie, prefiero simplemente la democracia

Se dice por los profetas del apocalipsis español que vivimos en una dictadura, que Sánchez amaga con llevarnos a una especie de democracia iliberal, que pretende establecer la censura y terminar con la libertad de expresión y con el pluralismo en la prensa, atentando contra la independencia del poder judicial y con la separación de poderes. Dejando a un lado el hecho muy notable de que quienes trazan ese sombrío panorama son quienes crearon en el corazón del Estado y con recursos públicos una policía patriótica para espiar y fabricar bulos con el fin de acabar con diferentes adversarios políticos - ¡toma democracia liberal! – y quienes con frecuencia persiguen y acosan – cuando no censuran simplemente – a quienes se expresan libremente en contra de sus creencias, lo cierto es que causa sonrojo que todas esas profecías no se convierten en realidad nunca, por mucho que sus profetas las anuncien con pasión digna de mejor causa. Vito Corleone también les auguraba un negro futuro a sus adversarios antes de que murieran a manos “anónimas”.

El resumen y colofón de toda esta estrategia de polarización y crispación de nuestra vida política es el menosprecio a la militancia, simpatizantes y votantes socialistas. Si no fuera tan tramposo, resultaría encantador ver a gentes que no han alzado su voz ante los desmanes de corte mafioso del gobierno de M. Rajoy, ni ante la confesión de Cosidó cuando confiaba “controlar la sala segunda del Supremo desde atrás”; gentes de orden que no se escandalizaron cuando miembros del poder judicial, cubiertos por la toga que les reconoce su estatus de intérpretes de la ley, se manifestaron contra un acuerdo entre dos fuerzas políticas que contenía la intención de aprobar una Ley de amnistía vulnerando la misma separación de poderes de la que se pretenden garantes últimos; gentes que ahora, una vez más, dibujan una raya, al otro lado de la cual estamos los aborregados, los iletrados, los españoles equivocados que nos dejamos manejar por el maligno Pedro Sánchez, a los que ellos pretenden salvar. Yo prefiero que no me salve nadie, prefiero simplemente la democracia.

Dice el Diccionario de la lengua española que la hipocresía es el “fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. Viene a cuenta esta definición de algunas situaciones, hechos y afirmaciones que están dándose profusamente en estas últimas semanas en nuestra vida política.

Estamos viviendo unos tiempos muy extraños, en los que dentro de unos días se celebrará el debate de una investidura que su propio protagonista da por fallida pese a lo cual traslada el foco de la atención pública al de la investidura hipotética de su oponente; unos tiempos en los que el candidato actual se resiste a decir algo sobre el supuesto proyecto que ofrece a la sociedad española y para cuyo apoyo se supone que solicitará el voto favorable en las Cortes Generales en breve, salvo decir que no a lo que le han pedido algunos de los partidos con representación parlamentaria, y alarmarnos a todos con las apocalípticas y dramáticas consecuencias que tendría la posible investidura de su oponente. Pero de su política sobre las pensiones, sobre la educación, la sanidad, o la respuesta a la crisis climática, nada de nada; sobre la reforma laboral, sobre el salario mínimo, sobre la precariedad laboral, nada de nada. Eso no toca ahora.

Es la misma estrategia de siempre: cuando la derecha no puede gobernar, se desata la tormenta perfecta sobre el futuro de España con el anuncio de catástrofes futuribles, bien sea el hundimiento de nuestra economía o la destrucción del estado de derecho

En lugar de todo eso, a lo que se dedica el candidato, con la inestimable colaboración de sus corifeos mediáticos, es a intentar generar un clima político de crispación, miedo y preocupación en el que todo vale, desde llamar a la “rebelión nacional” por boca de su valedor espiritual, hasta intentar presentar como avalistas de su política a quienes no hace tanto tiempo eran mucho más que sus adversarios. Una vez más, igual que con Felipe González antes y después con Zapatero, se invocan los demonios nacionales de la ruptura de la unidad de España para frenar la posibilidad de un gobierno progresista.

Es la misma estrategia de siempre: cuando la derecha no puede gobernar, se desata la tormenta perfecta sobre el futuro de España con el anuncio de catástrofes futuribles, bien sea el hundimiento de nuestra economía, la ruptura de nuestro estado del bienestar, o la destrucción del estado de derecho. Pero nunca se han cumplido tales augurios con los gobiernos socialistas, más bien al contrario. Es el PP – el de Feijóo - quien gobernó la mayor crisis bancaria de nuestro país haciendo caer el coste de la misma especialmente sobre las espaldas de los trabajadores, desempleados y pensionistas; es el PP quien ha gobernado el mayor deterioro de la sanidad y la educación públicas de nuestra historia; es el PP quien demostró ser totalmente incapaz de evitar la celebración de un referéndum ilegal de independencia en Cataluña; y es el PP quien se burla del Estado de derecho desde hace cinco años incumpliendo descaradamente la Constitución negándose a renovar el Consejo General del Poder Judicial.

En esta ocasión los tintes negros llegan al límite de la pura y simple hipocresía. Con mis ojos y mis oídos he sentido en el Parlamento de Andalucía cómo la derecha, de la que formaba parte entonces y ahora Moreno Bonilla, la misma que denigraba a Felipe González exigiéndole que se marchara, la misma que le negó varias veces el título de Hijo Predilecto de Sevilla, la misma que le calificaba de bonapartista y soberbio, ahora le ensalza y le encumbra como hombre de estado y como modelo de liderazgo, e incluso le proclama “el mejor Alcalde de Sevilla”. Y todo porque conviene a sus intereses utilizar las opiniones del ex Secretario General del PSOE en su intento desesperado de impedir la posible investidura del actual Secretario General, Pedro Sánchez, como Presidente del Gobierno. Podrían hacer caso de muchas otras cosas que dice Felipe, pero solo les interesa aquello que les viene bien a sus intereses, para tapar su escandalosa incapacidad de asumir que el resultado de las elecciones no les permite gobernar.

Hipocresía es también que quienes son cómplices en los gobiernos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos con la extrema derecha quieran dar lecciones de sentido de Estado y defensa de los valores constitucionales que pisotean un día sí y otro también en cuestiones como la violencia machista y las políticas de igualdad, las políticas migratorias o la organización territorial del Estado. Hipocresía, en fin, es que aquellos que denominaron a ETA en plena ola de asesinatos de la banda terrorista como “movimiento vasco de liberación nacional”, los que acordaron traslados masivos de presos de ETA, los mismos que pactaron con el nacionalismo catalán cuando precisaron sus votos, los que acaban de afirmar que el partido de Puigdemont es un partido perfectamente legal y reconocido, pretendan montar el mayor aquelarre político y mediático que se recuerda desde los tiempos del “váyase señor González”.

Se les nota que están sobreactuando, que están fingiendo un nivel de amenaza y de peligro para el futuro de España que solo sus incondicionales y algunos ilusos comparten. La mayoría sabemos que, una vez más, la derecha crispa, insulta y amenaza con el apocalipsis porque no tiene otra política seria que llevarse a la boca. Hipócritas, eso es lo que son.

Anda el bueno de Feijóo en estos días como el pícaro Chanfalla del precioso Entremés de Miguel de Cervantes, intentando persuadir a los espectadores de que están asistiendo a un espectáculo real que se basa en una gran mentira. Como en la obra cervantina, el público, formado mayoritariamente por gentes de bien, tiene que hacer un acto de fe permanente para aceptar como reales las inventadas maravillas que los pícaros les presentan: se trata de que crean que estas semanas, las que faltan hasta llegar al 26 y 27 de este mes, serán un tiempo dedicado a intentar conseguir en esos días aquello que las urnas no le han otorgado, la Presidencia del Gobierno de España.

Da lo mismo lo que se diga o se haga, siempre que sea exageración, sobreactuación y, si llega el caso, pura y simple mentira: si antes el PP abominaba del sanchismo y de Pedro Sánchez, proclamaba la meta irrenunciable de su derogación, le acusaba de ilegítimo, traidor a los muertos por ETA, mentiroso compulsivo y felón, ahora, como por arte de magia, se afirma que el PSOE es un partido con sentido de estado y constitucional, al que se reclama su apoyo para que los mismos que decían todo aquello puedan gobernar en solitario.

Claro que Chanfalla/Feijóo tiene secundarios ilustres que profusamente le acompañan en ese juego, como Bendodo, González Pons y Sémper, haciendo declaraciones pintorescas que esconden otras tantas maravillas. De repente, Junts ha dejado de ser el partido de un prófugo de la justicia para ser uno “cuya tradición y legalidad no están en duda”. La práctica, utilizada varias veces en el pasado por el PP, de prestar Diputados a otros partidos para que puedan constituir grupo parlamentario propio, pasa ahora a ser calificada como “un poco fraude” que “maquilla el resultado de las elecciones”. La víspera de que PP y Vox acordasen formar Gobierno de coalición en Murcia con dos Consejerías para los ultraderechistas, Bendodo afirmaba que esa pretensión era “inasumible”.

A Feijóo le puede acabar pasando algo parecido cuando llegue la hora de la verdad – la votación de investidura – y quede en evidencia ante los suyos y el público en general

Doce días después de que el Rey optara por Feijóo para que intente la investidura, lo único cierto es que tan sólo se ha reunido con el Presidente en funciones para proponerle la tramposa fórmula de gobernar con sus votos en solitario durante dos años al menos. Como no tengo votos suficientes para ser investido ni los puedo tener salvo sorpresa o “tamayazo”, renuncia tú a los tuyos y dámelos a mí para que yo haga lo que quiera con ellos. Con Urkullu ha tenido una conversación telefónica tan “franca y provechosa para el futuro del País Vasco y del resto de España”, que a las pocas horas aparece en prensa un artículo del lendakari apostando por “una reinterpretación de la Constitución” basada en la bilateralidad y el “derecho a decidir” de aplicación tan sólo a Euskadi, Cataluña y Galicia: ¡toma franqueza!

Capítulo aparte merece el teatrillo entre PP y Vox en estas últimas dos semanas. Tras el desplante de Vox en la elección de la Mesa del Congreso, Feijóo aparece como el rey desnudo, con sus únicos Diputados y la escasa compañía de UPN y CC, insuficiente a todas luces para presionar al Jefe del Estado frente a los del PSOE y SUMAR juntos. Es imperativo que Vox se avenga a ofrecer sus votos al PP graciosamente, para que el Rey pueda encargarle que intente la investidura. Hoy ya sabemos cuál ha sido el precio nada graciable de ese apoyo: el Gobierno de coalición en Murcia, negado una y mil veces por López Miras, como lo fue en su día el de Guardiola en Extremadura. Todo para que Chanfalla/Feijóo tenga la oportunidad que las urnas y su traducción en escaños no le han otorgado.

En realidad, todo este espectáculo no es otra cosa que maniobras de distracción para despistar al público sobre la auténtica mentira que se está viviendo en el escenario: Feijóo, como Chanfalla, no está pensando en el interés de España ni de la ciudadanía, sino en el suyo propio. Necesitaba ir a la investidura a toda costa para poner en marcha el calendario de la repetición electoral, que es la menos mala de sus opciones personales en esta situación política, dejándose ver amable con los “perversos” independentistas y nacionalistas e intentar elevar el precio de la subasta de sus votos para Pedro Sánchez. La repetición de las elecciones es su opción preferida.

En El retablo de las maravillas se acaba descubriendo la gran mentira de los pícaros al llegar otras personas como público y observar que las supuestas maravillas no existen sino en las palabras y los gestos de los actores, por lo que se revuelven contra los pícaros y sus cómplices acabando con su ficción. A Feijóo le puede acabar pasando algo parecido cuando llegue la hora de la verdad – la votación de investidura – y quede en evidencia ante los suyos y el público en general. Quienes de verdad tienen mando en plaza en la derecha están muy atentos al transcurso del entremés: podemos aún ver otras maravillas.

Las elecciones del pasado día 23 han dado lugar a un escenario político que todo el mundo coincide en calificar de muy complicado, con un partido, el PP, que las ha ganado pero parece haberlas perdido, y otro, el PSOE, que pese a quedar segundo parece haber ganado. Podemos especular sobre lo que ha sucedido y sus motivos, pero lo que resulta evidente es que estamos ante una realidad que conviene no ignorar: la ciudadanía ha votado, y sus votos expresan, más allá de lo que digan unos partidos y otros, qué España tenemos y – parafraseado a Feijóo: “”España ha hablado“” – qué ha hablado España. 11 millones han votado por las candidaturas de las derechas, casi 11 millones han votado a fuerzas que se proclaman de izquierdas, y cerca de 2 millones lo han hecho a partidos de corte nacionalista y/o independentista que en muchos casos declaran ser también de izquierdas.

Si pasamos de los números a las propuestas basándonos en lo que cada fuerza política ha expresado en la campaña electoral, aparece una conclusión razonable que la sustentan casi 13 millones de los 24 que han votado: no queremos derogar el “sanchismo”, obsesivo lema con el que toda la derecha nos ha martilleado por activa, pasiva y perifrástica durante meses y semanas. Ello explica, con el respaldo de los escaños que unas formaciones y otras han obtenido, que el ganador parezca un perdedor porque sólo tiene el respaldo de un tercio de los electores, y el segundo parezca tener opciones de contar con el apoyo de algo más de la mitad de los votantes, lo que le convertiría en ganador efectivo.

Todo el mundo sabe, aunque no parece saberlo, que Feijóo no puede ser Presidente de Gobierno, y todo el mundo sabe que si alguien tiene posibilidades de serlo es Pedro Sánchez.

Moreno afirma que "el sanchismo quiere volver a retorcer ... las pautas normales de la democracia", porque eso sería que "el derrotado asuma la presidencia del Gobierno" uno no puede sino ponerse ante el espejo de la incongruencia de esas palabras

A mi juicio, hay una España real que ha emergido con fuerza y determinación tras el 23J, y a la que unos y otros deberían prestar atención y respeto. Para empezar, ha quedado claro que una mayoría de españoles y españolas no quieren que se les tome por tontos a base de hipocresía y cinismo como el que todavía hoy se desprende de las declaraciones de muchos dirigentes políticos. Cuando el Presidente andaluz, Moreno Bonilla, afirma que “el sanchismo quiere volver a retorcer ... las pautas normales de la democracia”, porque eso sería que “el derrotado asuma la presidencia del Gobierno” (habiendo sido él mismo en 2018, Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Fernández Mañueco en Castilla y León o López Miras en Murcia en 2019, “derrotados” en las urnas que asumieron la presidencia de sus respectivos gobiernos), uno no puede sino ponerse ante el espejo de la indecente incongruencia de esas palabras, que son mucho más graves aún, por cuanto que indican que no ha comprendido todavía que el contrabando político ya no cuela para muchos millones de españoles, voten a quien voten.

La contumacia en esa forma de hacer política en virtud de la cual ayer había que elegir “entre Sánchez o España”, para 48 horas después proclamar que Sánchez es el dirigente de un “partido de estado” ha sido derrotada tajantemente en las urnas, como lo ha sido en Extremadura el delirante ejemplo de indignidad de su Presidenta después de haberse tragado todas sus imponentes proclamas, o como lo ha sido el nauseabundo eslogan sobre Txapote por cuantos lo estuvieron coreando hasta el mismo día que terminaron pidiéndole a quien era vituperado de forma tan despreciable. La gente no quiere eso, a ver si se enteran de una vez: la España real es mucho más auténtica que todo eso, y no caen como bobos en la trampa de la inconsistencia, la mentira y la hipocresía.

Somos una nación diversa, con una riqueza cultural y lingüística envidiable, hija de una historia a veces dolorosa para la convivencia entre territorios que buscan un espacio político propio dentro de la unidad

La España real tampoco es aquella que al grito de “Santiago y cierra España” pretende imponer una visión uniforme y monocorde de nuestra patria. Somos una nación diversa, con una riqueza cultural y lingüística envidiable, hija de una historia a veces dolorosa para la convivencia entre territorios que buscan un espacio político propio dentro de la unidad. Unidad que no puede ser la consecuencia de la imposición y la fuerza, sino del respeto a la diferencia dentro de la igualdad entre la ciudadanía, y que ha de profundizar en las posibilidades de autogobierno en el marco de la Constitución. Esa visión uniformista parece como si nos quisiera retener en el siglo XIV o XV, y no tan sólo en lo territorial.

Quienes aún no han comprendido que la España del siglo XXI es una sociedad que vive mayoritariamente en el respeto a las ideas de los demás, a su libre expresión y creatividad, no pueden imponernos al resto su moral y sus criterios por medio de la persecución judicial o la simple represión de la censura. Esa forma antigua y trasnochada de contraponer una España que ya no existe con la España real de 2023 es la que también ha sido derrotada en estas elecciones.

Derrotados el 23J por la realidad de los votos libremente emitidos por la ciudadanía, pero más derrotados, si fuera posible, por su empeño y enajenación en mantener el mismo discurso, el mismo afán de engaño e hipocresía del que están haciendo gala en estos días. La mayoría de la sociedad española no lo va a olvidar.

Estamos ya metidos en la dinámica preelectoral típica, con el ritual habitual de discusiones acerca de los posibles pactos previos, especulaciones varias relativas a los pactos posteriores, polémicas de tono menor sobre la elaboración de las candidaturas de los distintos partidos políticos o sobre las altas temperaturas que se prevén para la fecha de las elecciones, para terminar con el alud de encuestas de todo pelaje y condición, orientadas la más de las veces a inducir y condicionar el comportamiento del cuerpo electoral y no a conocer su auténtica temperatura corporal ni sus preferencias o necesidades políticas.

A partir de la crisis económica de 2008, y en gran medida desencadenado por ella, vivimos un cuestionamiento del sistema de la democracia representativa que, en el caso de España, desembocó en un cambio del sistema de partidos gracias a la irrupción de formaciones que cuestionaban el bipartidismo y que se ofrecían como alternativas a los viejos partidos, sin que al cabo de los años hayan ofrecido nada nuevo, salvo la fragmentación y el tensionamiento de los espacios electorales. Más allá de las razones por las que esa crisis de representación afecta a la mayor parte de las democracias, a las que no son ajenas ni las limitaciones del parlamentarismo actual en una sociedad de medios y redes sociales ni el interés objetivo de los poderes financieros y mediáticos para escapar al fortalecimiento de unos poderes públicos fuertemente legitimados en su función regulatoria, lo cierto es que nos encontramos en vísperas de unas elecciones generales de una importancia innegable, y sobre las cuales merecería la pena alguna reflexión serena para intentar contribuir a que la deliberación que toda persona debería llevar a cabo antes de elegir a sus representantes sea, cuando menos, tan racional como emocional.

En ese contexto, la propuesta de la celebración de varios debates entre el presidente del Gobierno y quien tiene opciones reales de sucederle en el cargo, o entre la responsable de la política económica del Gobierno y quien sea responsable de la del PP, no es algo para despachar con alguna gracieta del tipo “es una excentricidad”, ni para hacer chistes ocurrentes como acaba de hacer Feijóo en Galicia. La democracia es, esencialmente, el sistema por el que la ciudadanía ejerce su soberanía eligiendo a sus representantes de entre las diferentes opciones que se le ofrecen, y para que esa elección se base en algo más que la simpatía o la empatía de los protagonistas es imprescindible que se debatan las distintas ofertas programáticas.

España, sus gentes, tienen derecho a saber qué le proponen quienes aspiran a gobernarles, a verles y escucharles dando argumentos y razones para defender sus propuestas y para criticar y disentir de las contrarias, tienen derecho a verles debatir, a saber qué sociedad quieren uno y otro. Tenemos derecho a saber si quieren una España donde cada persona sepa desde que nace que tiene unos derechos garantizados por los poderes públicos, o prefieren que esos derechos se los ofrezca como servicios la iniciativa privada; si quieren legar a las generaciones futuras una España sostenible en sus recursos naturales y encaminada a la transición energética, o prefieren una política desregulatoria que aboque a esquilmar nuestros recursos; una España donde cada cual aporte fiscalmente en proporción a lo que gana para poder compensar las desigualdades socioeconómicas, o les parece mejor que paguen comparativamente menos quienes más tienen, y que quien menos tiene deba buscarse la vida como pueda.

Tenemos derecho a conocer su auténtico talante personal, si saben contenerse para respetar al adversario, si nos respetan a los electores para no insultar nuestra inteligencia, o si por tal de obtener el poder están dispuestos a asumir políticas extremas

Pero la deliberación no puede ser tan sólo racional, debe ser también emocional, teniendo en cuenta los sentimientos de la ciudadanía, que está muy dispuesta a perdonar los errores que se reconocen tanto como a exhortar a quienes aspiran a gobernarnos para que sean capaces de entenderse en aquellas cuestiones en las que el interés general es el de toda España. La ciudadanía tiene perfecto derecho a saber si uno y otro tienen una idea de España en su cabeza y en su corazón, si les duele tanto la desigualdad como la injusticia, si se emocionan con las muertes de mujeres por la violencia machista o se indignan por las agresiones a personas por causa de su color de piel, su origen, o sus condiciones psicosociales, o por las causas que empujan a las personas para inmigrar a nuestra tierra. Tenemos derecho a conocer su auténtico talante personal, si saben contenerse para respetar al adversario, si nos respetan a los electores para no insultar nuestra inteligencia, o si por tal de obtener el poder están dispuestos a asumir políticas extremas y populistas.

Es verdad que el panorama no es muy alentador desde esta perspectiva: aquí no parece importar nada qué políticas se han hecho en esta legislatura, ni cuáles son los peajes que la extrema derecha propone por vía de hecho y que son asumidos con gusto por la derecha supuestamente moderada: lo único que domina el paisaje es “derogar el sanchismo”. Pero quizá sea este el momento de proclamar que más allá de eslóganes, lo que realmente está en juego es o bien continuar avanzando hacia una democracia social y de derecho que profundice y asegure desde lo público el bienestar en condiciones de igualdad para todas las personas, en la línea del socialismo democrático, o bien nos adentramos en el territorio hostil de una política conservadora y populista que mermará las capacidades del Estado de bienestar para corregir desigualdades, tanto como estrechará los márgenes para que la diversidad y pluralidad de esta España nuestra tan unida como distinta pueda seguir avanzando hacia una sociedad inclusiva en lo personal, lo económico y social y lo territorial.

Decía Orwell en su novela 1984 que “Decir mentiras descaradas creyendo sinceramente en ellas, olvidar cualquier hecho que se haya vuelto incómodo, y luego, cuando vuelva a hacerse necesario, sacarlo del olvido el tiempo que haga falta, negar la existencia de la realidad objetiva y al mismo tiempo reparar en la realidad que uno niega resulta imprescindible”. Se refería el autor a lo que denominó doblepiensa, el tipo de pensamiento doblemente falso que caracteriza al poder dictatorial que retrata en su utopía. Al margen del rubor que siento al recordar la ridícula atribución que hizo Feijóo sobre la fecha de la publicación de 1984, son muchas las situaciones y comentarios de la derecha que nos amenaza con gobernarnos que me llevan a releerla.

Una de esas situaciones más recientes ha sido la reunión clandestina del dirigente conservador con unas decenas de miembros de la Asociación de Fiscales; clandestina, porque no figuraba en la agenda pública del dirigente político, porque el silencio informativo sobra la misma indica claramente que el PP tenía conciencia cierta de que le convenía ocultarla, tanto como le interesaba a la mencionada Asociación conservadora para no empañar su supuesta independencia, así como por las reacciones airadas y ofendidas de unos y otros – con la habitual complicidad de la armada mediática – empeñados en destacar la normalidad institucional de dicho encuentro. ¿Normalidad institucional en una reunión para reafirmar la sintonía – cuando no el control “desde atrás”, que diría Cosidó – entre un partido y representantes de uno de los tres poderes del Estado con la finalidad inconfesa de asegurar parabienes y prebendas de tipo ideológico entre los conservadores políticos y los conservadores judiciales?

¿Qué independencia puede esperar la ciudadanía de unos fiscales – algunos de los cuales, por cierto, intervienen en procedimientos contra actos del Gobierno – que expresan de forma tan vehemente su oposición política contra ese mismo Gobierno?

Es profundamente hipócrita que quien acusa reiteradamente al Gobierno de Pedro Sánchez de ocupación de las instituciones y de su deterioro mantenga una reunión con miembros de la fiscalía, que están obligados por ley al mantenimiento de la imparcialidad o, al menos, de la apariencia de la misma, para atacar al Gobierno legítimo, deslizar alguna que otra falsedad, y escuchar de forma complaciente opiniones de algunos de los presentes que rompen sin duda con la lealtad institucional exigible según su propio código ético, y menosprecian el respeto a las normas que rigen el funcionamiento de nuestro poder legislativo. ¿Qué independencia e imparcialidad puede esperar la ciudadanía de unos fiscales – algunos de los cuales, por cierto, intervienen en procedimientos contra actos del Gobierno – que expresan de forma tan vehemente su oposición política contra ese mismo Gobierno? ¿Qué sentido institucional cabe esperar de un dirigente político que mantiene secuestrada la mayoría del órgano de gobierno del poder judicial y ofrece a miembros de ese poder cobertura para mostrar sus auténticas intenciones en caso de gobernar tras las elecciones generales próximas?

El otro motivo que me lleva a la invocación del doblepiensa de 1984 es la utilización de una expresión que es todo un ejemplo de la orwelliana neolengua, y que revela la estrategia electoral por la que el PP propone, como la gran panacea de todos los males de España, la derogación del sanchismo. Para empezar, una cuestión formal pero no menor: derogar significa, según el Diccionario de la RAE, “dejar sin efecto una norma”, lo que viene a concluir, si el ilustrado señor Feijóo me lo permite, que no se pueden derogar personas, y que pretenderlo es tanto como despersonalizarlas, deshumanizarlas. Esta, por cierto, es una obsesión de la derecha iliberal europea desde hace un siglo, porque al deshumanizar al adversario político es más fácil que la gente esté dispuesta a sobrepasar los límites del respeto personal y humano imprescindibles en democracia. Pero es casi más grave que esa propuesta electoral no contemple ni qué es lo que se derogaría concretamente – normas, leyes, medidas, acuerdos, políticas – ni qué es lo que se ofrece a la ciudadanía una vez derogado el sanchismo: derogados la reforma laboral, los ERTE, el SMI, la Ley del sí es sí, la Ley de eutanasia y la Ley de memoria democrática, por citar algunas normas sanchistas, ¿qué nos quedaría en vigor, qué leyes, qué modelo, qué políticas propone esta derecha tan de borrón y cuenta nueva? ¿Las que aplica Ayuso en Madrid con la sanidad y la enseñanza públicas, las que aplica en Andalucía Moreno con Doñana y la desregulación del territorio en manos de la especulación privada? ¿Las de Mañueco en Castilla y León de la manita de Vox? Se trata de proponer una meta para conseguir apoyos fáciles y simples, y a la vez ocultar las auténticas políticas que se pretende llevar a cabo en la hipótesis de poder gobernar: no importa ni el cómo, ni el para hacer qué ni, ojo con esto, con los apoyos de quién. Doblepiensa en estado puro.

Derogados la reforma laboral, los ERTE, el SMI, la Ley del sí es sí, la Ley de eutanasia y la Ley de memoria, por citar alguna norma sanchista ¿qué nos quedaría en vigor, qué leyes, qué modelo, qué políticas propone esta derecha?

El otro día, el señor Feijóo acaba de soltar otra feijoada  a propósito del inminente acuerdo de sindicatos y patronal sobre la negociación colectiva, afirmando que el Gobierno debería de aprender de los agentes sociales, dada su “desidia” para no intentar un pacto de rentas. Que el líder del primer partido de la oposición confunda pacto de rentas con la negociación colectiva, aparentando ignorar que un pacto de rentas no solo debe referirse a los salarios de los trabajadores sino también a los beneficios empresariales, y que el Gobierno lo propuso e impulsó ante la incomprensión del PP y la derecha económica y mediática, pone de manifiesto, una vez más, la absoluta inconsistencia y penuria intelectual de alguien que aspira a gobernarnos, pero también evidencia su doble rasero, criticando ahora una supuesta desidia que en otro momento denunció como injerencia en la libre negociación entre las partes.

Pero se trata, justamente, de eso, como dice literalmente Orwell, de “mentir descaradamente como si se creyera firmemente en las propias mentiras, de negar la realidad sin dejar de saber que existe esa realidad que se niega” si es lo que conviene, de criticar hoy lo defendido ayer, de doblepensar, en fin. Que la derecha que nos amenaza con gobernar esté tan próxima al universo orwelliano, practicando el populismo trumpista para intentar arrancar votos de su extremo derecho a la vez que se intenta presentar como la reserva institucional y constitucional de España para apaciguar al votante moderado, no es sino una señal evidente de la necesidad de que la gente, esa inmensa mayoría social que se juega su futuro en estas próximas elecciones, tome posiciones, mire al horizonte inmediato, y continúe apostando por las políticas que le proporcionan empleo, servicios públicos de calidad y respuestas a sus demandas para mejorar su vida cada día.

En los últimos días, ha vuelto a arreciar una cierta polémica en torno a la valoración que merece la etapa de nuestra reciente historia que denominamos Transición. Para unos se trata de un período idílico que transcurrió entre algodones y fue fruto de un espíritu de consenso por el que unos y otros – franquistas y demócratas – renunciaron pacíficamente a parte de sus criterios para hacer posible un tránsito apacible de la dictadura a la democracia. Para otros, tan solo sirvió para perpetuar un régimen caduco mediante un lavado de cara bajo la forma de una monarquía con democracia parlamentaria, resultado de la escasa audacia de los demócratas y del miedo a los poderes fácticos del régimen franquista, el ejército, el poder financiero y la iglesia católica.

Seguramente el paso de más tiempo permitirá una visión más ponderada de lo que fue la Transición, pero no me resisto a opinar y terciar en ese debate, en gran medida porque fui parte de muchos de los procesos vividos entre la muerte del dictador y la victoria del PSOE en las elecciones de 1982 como Senador y Diputado, y por otro lado, porque entiendo sinceramente que la utilización de aquel período de nuestra historia para arrimar el ascua a su sardina de unos y otros desmerece la importancia histórica de ese proceso. Porque es legítimo afirmar que la Transición no resolvió todos los contenciosos que atravesaron nuestros siglos XIX y XX, y que algunos de nuestros males del presente tienen su origen en las insuficiencias de entonces, como lo es también ensalzarla como el momento que permitió el período más largo de nuestra historia en convivencia, paz y prosperidad. Lo que no me parece nada legítimo es utilizar a la Transición como la gran excusa, la coartada en suma para hacer pura y simplemente política del presente.

Como en todo proceso histórico, la Transición debería dar paso a otros procesos de cambio que lo mejoren y lo superen, procesos que deberán ser el fruto de la expresión de la soberanía popular, y no de ninguna élite

El profesor Sánchez-Cuenca y Juan Luis Cebrián polemizan estos días usando el nombre de la Transición en vano. Para uno, los que formamos parte de aquella generación política estamos “enfurruñados”, permanentemente quejosos de lo poco que se está respetando la herencia de consenso y entendimiento de aquel tiempo por parte de la izquierda gobernante. Para otro, la izquierda en el poder, amén de calificada como indecente, es enemiga declarada de la libertad de expresión y rehúye los límites impuestos por el Parlamento, además de intentar controlar al poder judicial y estar sometida a los dictados de independentistas y pro etarras varios. Uno y otro lo que realmente buscan es cómo fijar su posición frente al Gobierno de Pedro Sánchez mediante su versión de la Transición: uno por defecto y otro por exceso. El profesor, por querer ir más allá de lo que el Presidente del Gobierno ha marcado como prioritario, en línea con las posiciones del ala más radical del mismo; el periodista, por querer, una vez más, discrepar de forma un tanto estentórea de la política del Gobierno, al que le viene negando el pan y la sal desde su constitución.

Lamento comunicar humildemente que no padezco el síndrome de permanente enfurruñamiento de que habla Sánchez-Cuenca, ni utilizaré el sarcasmo ni la regañina como él supone: simplemente, considero que la Transición fue un proceso ejemplar, que dio paso a la mejor Constitución de nuestra historia, y que fue el resultado de la presión popular tanto en el esfuerzo de la sociedad española por pasar página y avanzar hacia el futuro como en su afán de no volver a repetir el enfrentamiento civil que ensangrentó nuestra Historia. Del mismo modo, pienso que, como en todo proceso histórico, aquel tiempo debería dar paso a otros procesos de cambio que lo mejoren y lo superen, procesos que deberán ser el fruto de la expresión de la soberanía popular, y no de ninguna élite por muy ilustrada y vanguardista que se considere; y si queremos que esos cambios sean duraderos deberían ser fruto de acuerdos muy amplios que desborden los límites convencionales de izquierda y derecha que hoy mantenemos.

Con la misma humildad, le quiero recordar a Juan Luis Cebrián que los avances en materia de libertades civiles, derechos sociales, apertura de nuestra economía y mayor protagonismo en la política europea que se están produciendo con el Gobierno de Pedro Sánchez se están logrando no ya sin el concurso sino con la crítica despiadada, cuando no el boicot sistemático, de la derecha que aspira a sucederle; que quien controla – por delante o desde atrás que diría Cosidó – al poder judicial es esa misma derecha que aspira a gobernarnos, y que seguramente, si el poder financiero y sus terminales mediáticas no hubieran dictado la política suicida de Albert Rivera negándose a colaborar con el PSOE en ningún caso, y esos mismos poderes no hubieran presionado a Feijóo cuando era inminente el acuerdo para renovar el Consejo del poder judicial, el clima de confrontación civil y de eliminación del adversario que hoy vivimos sería otro.

Meternos a todos los que formamos parte de aquella generación política en el estereotipo de Tamames o de Leguina no deja de ser, además de una grosera simplificación, una mentira

Humildemente, en suma, quiero decirles a los polemistas del reino que la Transición es un activo de nuestra historia reciente, que pertenece al pueblo español que la empujó y orientó hacia objetivos que las élites de entonces no contemplaban, como la elaboración de una Constitución que borrara el pasado del régimen franquista, y quiero pedirles encarecidamente que dejen de utilizarla como excusa para sus cuitas propias o su necesidad de rellenar páginas de opinión periódicamente. Meternos a todos los que formamos parte de aquella generación política en el estereotipo de Tamames o de Leguina no deja de ser, además de una grosera simplificación, una mentira que estas líneas confían en haber desmentido con la suficiente contundencia. Somos muchos quienes tenemos un criterio libre y autónomo sobre lo que está pasando en España desde que este Gobierno comenzó su andadura, bajo unas circunstancias inéditas por su gravedad, como la pandemia y la guerra de Ucrania: con sus luces y con sus sombras, sin duda, pero produciendo y colaborando en un giro de la política europea ante las crisis que por sí solo merecería un notable apoyo social, y con unas políticas de protección ante la desigualdad y a favor de la inmensa mayoría social incuestionables. La Transición ya pasó: ahora lo que toca es despejar con qué está cada cual, sin trampas ni pretextos, con la derecha o con la izquierda.

Las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, cuando no habían transcurrido ni seis meses de las primeras Elecciones Generales después de la Dictadura de Franco, evidenciaron que millones de andaluces y andaluzas querían alcanzar la autonomía para su tierra como palanca para salir del subdesarrollo y el atraso en que les habían sumido décadas, cuando no siglos, de explotación y de exclusión.

Lo que movilizó de forma tan admirable, masiva y pacífica a más de dos millones de personas reclamando libertad, amnistía y estatuto de autonomía, fue la conciencia de que se abría una oportunidad para que Andalucía conquistara en condiciones de igualdad con las denominadas nacionalidades históricas la autonomía política. Ni más que nadie ni menos que nadie, ésa era la idea que subyacía en todas las mentes.

Aquella podría haber sido una iniciativa política más que se resolviera en clave partidista, como sucedió poco después con el descuelgue de la UCD, pero no fue así desde el inicio, y en ello tuvo un papel esencial la ciudadanía, la gente, movilizándose en los colectivos, asociaciones, organizaciones sociales, cívicas y culturales de toda Andalucía, y también los Ayuntamientos, canalizando y respaldando institucionalmente la reivindicación ciudadana.  

Lo que siguió hasta llegar al 28 de febrero de 1980 fue un proceso largo y difícil, sobre todo, por la resistencia de la derecha a convocar el referéndum previsto en la Constitución

Así fue, porque en el ayuntamiento cada vecino y vecina se expresa directamente, busca respuesta a sus demandas y satisfacción a sus necesidades, y unas Corporaciones recién nacidas de nuevo a la democracia no podían dejar de ser sensibles a la voluntad popular. De esta forma, fue esa voluntad, expresada en las manifestaciones del 4 de diciembre de forma abrumadora, y reiterada en los manifiestos y declaraciones de la sociedad civil andaluza durante aquellos largos meses, la que puso a los distintos partidos políticos ante su propia responsabilidad, que supieron asumir casi sin excepciones. 

Lo que siguió hasta llegar al 28 de febrero de 1980 fue un proceso largo y difícil, sobre todo, por la resistencia de la derecha a convocar el referéndum previsto en la Constitución, y más aún por las condiciones de la convocatoria y la campaña por la abstención del partido de esa derecha gobernante de entonces, la UCD, para lo que contó con la inestimable colaboración de los poderes económicos y mediáticos no sólo de Andalucía.

El proceso que culminó finalmente con la consecución de la autonomía plena para Andalucía no fue inocente ni neutro, sino el resultado de una confrontación democrática entre quienes recelaban de la capacidad del pueblo andaluz para gobernarse y quienes defendían la autonomía porque era el instrumento que permitiría salir del atraso secular. No ha habido ningún otro proceso parecido en la historia de España. Por eso afirma, con toda razón, el Preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía que “Andalucía ha sido la única Comunidad que ha tenido una fuente de legitimidad específica...expresada… mediante referéndum, lo que le otorga una identidad propia y una posición incontestable en la configuración territorial del Estado”.

Lo que pueblo andaluz entonces y ahora quiere es que las instituciones de autogobierno que conseguimos aquel 28 de febrero sirvan para continuar y profundizar en la modernización de nuestra tierra

Hoy, a pesar del paso de más de cuarenta años, la confrontación política sigue siendo la misma, sólo que con algunos cambios en la estética de algunos personajes. Quienes nunca confiaron en el pueblo andaluz y en su capacidad de autogobierno, quienes le pedían a la ciudadanía “no votes, éste no es tu referéndum”, hoy afirman con absoluto desparpajo que “el 4 de diciembre no fue algo partidario ni ideológico” y lo declaran Día de la Bandera, como si la defensa de Andalucía se pudiera resumir en la utilización de sus símbolos y no tuviera nada que ver con las políticas que se llevan a cabo.

Algunos han pensado que vaciar ideológicamente el proceso autonómico andaluz y reescribir la historia de progreso de estos 40 años les puede resultar rentable electoralmente en el futuro, ignorando que lo que el pueblo andaluz entonces y ahora quiere es que las instituciones de autogobierno que conseguimos aquel 28 de febrero sirvan para continuar y profundizar en la modernización de nuestra tierra y en la cohesión social de sus gentes.

Llenarse la boca de andalucismo y envolverse en la bandera, no significa nada si no se hacen políticas a favor de la inmensa mayoría

Éste es el auténtico sentido, a mi juicio, del poder andaluz que conseguimos en la fecha que ahora conmemoramos: un marco de competencias muy amplias, tanto como permiten la Constitución y el nuevo Estatuto de Autonomía de 2007, ejercidas con plenitud de funciones por los dos poderes propios de Andalucía, el legislativo y el ejecutivo, poniendo los recursos públicos al servicio de los intereses generales de la sociedad andaluza para hacer mejor la vida de sus gentes, progresando en más cotas de libertad, de equidad y de bienestar, en más conciencia de nuestra propia dignidad como andaluces, y haciéndolo sin que nadie se quede atrás.

A eso deberían aplicarse con entusiasmo y dedicación quienes tienen hoy la responsabilidad de gobernarnos, en lugar de vaciar de contenido las políticas públicas que sustentan el bienestar de los más frágiles privatizando la sanidad y la educación, entregando a la especulación la ordenación del territorio, ejecutando una política fiscal a favor de los más ricos, y dejando sin ejecutar gran parte de los abundantes recursos financieros que les ha entregado el Gobierno central. Llenarse la boca de andalucismo y envolverse en la bandera, no significa nada si no se hacen políticas a favor de la inmensa mayoría: en eso consiste el legado que va desde el 4 de diciembre de 1977 hasta el 28 de febrero de 1980.

El 4 de diciembre de 1977, en la Plaza de Las Tendillas de Córdoba, como en muchas otras plazas y calles de Andalucía, nos congregamos decenas de miles de personas que ,bajo el grito de Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía, expresamos una voluntad amplísimamente sentida por todo el pueblo andaluz. Casi dos millones de andaluces llevaron a cabo una movilización inédita que sorprendió a propios y extraños: era la primera vez que Andalucía elevaba la voz, no para el lamento o la queja, sino para reclamar poder dotarse de los instrumentos que le permitieran salir del atraso y del subdesarrollo. La autonomía no era un medio para recuperar o reforzar nuestra identidad, ni para defender nuestra lengua o cultura propias reprimidas por el centralismo de la dictadura, sino para poder obtener un estatus político similar a las nacionalidades históricas, denominadas así porque habían aprobado antes de la dictadura su Estatuto de Autonomía, ya que ese estatus nos dotaría en poco plazo de tiempo de un poder legislativo y un poder ejecutivo que responderían ante el pueblo andaluz llevando a efecto políticas de acuerdo con las necesidades y demandas de la sociedad andaluza: ése era, es y debería ser siempre el único y auténtico poder andaluz.

El clamor popular de aquel 4 de diciembre expresaba un grado de unidad ciudadana que superaba las lógicas y los intereses de los partidos, hasta tal punto que un año después, en 1978, se suscribió bajo el impulso de Plácido Fernández Viagas como primer Presidente de la Junta de Andalucía, el Pacto de Antequera, que consiguió agrupar en torno a la reivindicación de la autonomía plena a la práctica totalidad de las fuerzas políticas democráticas, con la exclusión de la extrema derecha franquista. Pero esa unidad, probablemente por las presiones del franquismo que anidaba en parte de la derecha política y de sectores de las Fuerzas Armadas o simplemente por ceguera propia, quedó rota cuando el Gobierno y el partido que lo apoyaba, la UCD, decidieron no llevar hasta sus últimas consecuencias el acceso a la autonomía por la vía del artículo 151,1 de la Constitución, con la consiguiente convocatoria de referéndum. Fueron centenares los Ayuntamientos que iniciaron ese procedimiento, de todos los colores políticos, pero todo quedó en entredicho cuando Suárez, Presidente del Gobierno a la sazón, se negó a dicha convocatoria, a la que solo accedió tras la presión institucional y popular, personificada en la huelga de hambre de Rafael Escuredo, Presidente de la Junta entonces. El colofón de aquel inmenso error fue la suma de pegas, dificultades y trabas en la consulta que se sustanció en el eslogan con el que la UCD pedía la abstención: “Andaluz, no votes, éste no es tu referéndum”. Convocar un referéndum para pedir que no se vote en él, ese fue el colmo del sinsentido que la derecha propugnó en aquella fecha.

Ninguna otra Comunidad española ha tenido una legitimidad tan potente e incontestablemente democrática

El resultado del referéndum del 28 de febrero permitió que las Cortes Generales aprobaran la iniciativa autonómica para Andalucía, a pesar del boicot de la derecha y los titubeos del PSA, dando lugar a la celebración de las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía y la constitución del primer Gobierno autonómico de su historia. Por eso el día 28 de febrero es el día de Andalucía, porque, como dice el preámbulo de nuestro Estatuto, “ha tenido una fuente de legitimidad específica… lo que le otorga una identidad propia y una posición incontestable en la configuración territorial del Estado”. Ninguna otra Comunidad española ha tenido una legitimidad tan potente e incontestablemente democrática, y eso ha permitido que Andalucía haya jugado el papel de punto de equilibrio y de encuentro muchas veces entre el centralismo y las pulsiones centrifugadoras de algunos territorios.

El 4 de diciembre es la fecha del impulso popular, ciudadano y unitario que abrió el camino hacia la autonomía plena, sin duda, y lo es también del asesinato de García Caparrós y de la desconfianza y el temor de una parte de la derecha ante el mero hecho de la autonomía andaluza, del mismo modo que el 28 de febrero es la fecha de la legitimidad de origen sólida, constitucional y definitiva de nuestra autonomía política como pueblo, a pesar de la derecha. Pero las cosas son como son, y el 28 de febrero es también la fecha de quienes no estuvieron a la altura de lo que nuestro pueblo necesitaba, por miedo, por indiferencia o por cálculos partidistas interesados, mientras que los que sí estuvieron fueron el PSOE-A, el PCA, y otras formaciones políticas de la izquierda, junto a la figura de Manuel Clavero y quienes le secundaron, que jugó un papel innegable en todo aquel proceso.

Por eso es importante que refresquemos la memoria, no para confrontar ni dividir, sino para evitar las intenciones y las tentaciones de la derecha gobernante en Andalucía de reescribir nuestra reciente historia autonómica, inventando un relato falso y tramposo con la connivencia de quien debería respetar un poco más la legitimidad histórica del andalucismo. Bienvenido sea todo el mundo a la unidad en torno al 4 de diciembre y a la bandera de Andalucía, faltaría más, pero que no pretendan borrar la historia ni nos quieran hacer contrabando histórico con esa fecha utilizando nuestra enseña, que es de todos, para intentar restar solemnidad y legitimidad a la otra fecha señera de nuestra historia autonómica, que es el 28 de febrero. Que no se manosee la bandera de Andalucía simplemente como pretexto para poder organizar actos fastuosos estilo San Telmo a los que tan aficionado es Moreno Bonilla, como pudimos comprobar en aquella memorable toma de posesión que recordaba a las del Presidente de los Estados Unidos.

Uno no es más digno y más sólido por mucho que se suba sobre un pedestal muy firme y muy elevado, o porque se invente un emblema presidencial con ínfulas cesaristas, ni porque lo predique la corte de estómagos agradecidos en los medios y las redes, ni es más defensor del interés general de Andalucía por mucha fiesta y boato con que se quiera envolver en la bandera que es de todos. Porque, ya se sabe, “aunque la mona se vista de seda…”.

Si uno quisiera escuchar, ver y leer el aroma que se desprende de lo publicado en las semanas veraniegas obtendría la conclusión de que está al caer una sonada victoria en las urnas del PP gracias al denominado - ¡qué poca originalidad! -efecto Feijóo. La verdad es que sorprende que un tipo tan ambiguo en sus expresiones, tan lleno de incoherencias entre lo que predica y lo que hace, y tan proclive a los errores de bulto por desinformación o simple manipulación, sea objeto de tan publicitada subida en las preferencias electorales de la ciudadanía. Hemos tenido de todo este verano: un poco de sacar a pasear a ETA, otro poco de asustar al personal con la inflación y el próximo apocalipsis económico, y de nuevo el populismo barato y demagógico del Falcon. No ha faltado de nada, como tampoco han faltado corifeos varios, desde el faltón Bendodo hasta algunos sesudos opinadores que por tierra, mar y aire nos han ilustrado con sus ocurrencias.

Hemos leído milongas que nacen del odio marmóreo, ocurrencias sobre el uso presidencial de transportes desaparecidos hace años, y profecías taurinas acerca de la escasa casta del PSOE; todos ellos dan por hecho el mantra del cambio de ciclo político, dando por derrotado a un PSOE al que desearían ver humillado y/o exterminado según la mala bilis que destilan en sus palabras. Pero son ilusos que no tienen ni idea de lo que demuestra la historia de España: que el PSOE no es un invento de unos iluminados, ni el resultado de una intriga palaciega, ni de una simple sociedad de intereses, ni el fruto de un algoritmo de unos estudios pseudo científicos sobre actitudes y comportamiento socio-político. Muy al contrario, no es algo coyuntural, sino que responde a una necesidad de amplísimas capas y sectores sociales desde que el capitalismo dejó ver su auténtico rostro de explotación, desigualdad e inequidad, más allá de la formas concretas que en cada momento haya adoptado. Por eso se equivocan los que hacen de negros y de augures que venden sus palabras al mejor postor en el mercado de la desinformación y la manipulación: no saben que el PSOE es mucho más que todo eso, mucho más que sus dirigentes actuales y pretéritos, más que los errores que han cometido socialistas en su historia, porque su razón de ser es una necesidad histórica que los supera y les compromete a unos y otros.

El conservadurismo español ha emprendido una siempre renovada cruzada contra el peligro rojo llevando al borde del precipicio democrático a las instituciones con la inconfesable ambición de exterminar políticamente a su único adversario real y efectivo.

Apropiarse de Azaña, como intentó Aznar, de las grandes obras hidráulicas y de las reformas sociales de la Republica como hacen algunos falsos historiadores de la derecha, no puede esconder el profundamente arraigado prejuicio de los conservadores españoles contra la única fuerza política que nunca ha escondido ni sus siglas ni su ideología, que nunca ha interrumpido su lucha por la libertad y la equidad ni aún bajo el terror de la dictadura franquista, que mantiene sus convicciones socialistas y democráticas desde hace más de 140 años. Porque el PSOE forma parte indivisible del caudal más rico de modernización y reformismo de nuestra historia contemporánea, junto con los liberales de las Cortes de Cádiz, los federalistas y republicanos del siglo XIX, el socialismo utópico y las corrientes innovadoras en la educación, la herencia de la Ilustración a través de  la Institución Libre de Enseñanza, y tantos otros ejemplos de ese alma progresista que pervive en la mente y el corazón de millones de personas en la España de hoy. Por eso, cada vez que la voluntad libre del pueblo español expresada en las urnas ha querido que gobierne el PSOE, el conservadurismo español, disfrazado más o menos de centro, transido del neoliberalismo económico más rancio, adornado con toques de trumpismo populista cada vez que es preciso, amparado por las posiciones religiosas más retrógradas y por la propaganda de los medios que previo pago de nuestros impuestos las sustentan, ha emprendido una siempre renovada cruzada contra el peligro rojo llevando al borde del precipicio democrático a las instituciones con la inconfesable ambición de exterminar políticamente a su único adversario real y efectivo.

No lo han conseguido nunca, ni lo conseguirán tampoco ahora. No me refiero a esas elecciones para las que faltan 16 meses, y cuyos resultados no van a depender de la sucesión de encuestas orientadas a generar un clima político decidido de antemano, sino de la gestión política que el Gobierno haga de los problemas y necesidades de la ciudadanía, de la posibilidad real de una información pública plural y objetiva que garantice la deliberación colectiva, y de la consiguiente expresión en las urnas de la voluntad ciudadana. Pienso más bien en la persistencia misma del PSOE como proyecto histórico que permita el puente entre unas generaciones y otras, entre los diversos sectores sociales, entre la pluralidad de territorios que constituyen, unas y otros, nuestra fuerza y nuestra esencia como país. Ahí seguirá estando, como siempre, a disposición del pueblo español.