1. Apagón ibérico 28.4.2025. El “gravísimo incidente” del apagón del pasado lunes obliga a repensar otra vez la seguridad y la garantía del suministro, asignaturas que parecía que ya estaban aprobadas y con nota hace tiempo. La dura realidad ha demostrado que no solo no éramos alumnos aventajados, “el mejor sistema eléctrico de Europa”, o los primeros de la fila que mucha gente cree que todavía somos. Las pérdidas humanas, el caos producido, la incertidumbre creada en torno al sistema eléctrico, las milmillonarias perdidas y el descrédito del propio país exigen que los hechos sean rigurosamente investigados de forma independiente y depuradas las responsabilidades, con cambios de equipos para que no vuelva a ocurrir un gravísimo incidente como este a pesar de que la ciudadanía española dio una auténtica lección de civismo, paciencia y resignación.

Mientras, se repite que los ciudadanos deben estar tranquilos, como ya se dijo exactamente 20 días antes del gran apagón por parte de Red Eléctrica, sin ni siquiera explicar qué nuevas medidas se han tomado o se van a tomar y repitiendo el mantra de que somos los mejores. El que sea una empresa privada –privatizada en el gobierno de Aznar en 1999, con un accionariado donde está Blackrock, que también participa en las grandes energéticas del IBEX, por ejemplo– complica los, sin duda, intereses cruzados que se producen todos los días en la casación horaria y desde luego no es el mejor marchamo de independencia para pensar en el bien común. REE manda en 200 nudos, pero las grandes empresas del IBEX controlan el resto y juegan a la baja. Por otra parte, que las eléctricas sean las que ofrezcan en cada momento sus ofertas horarias, pensando –lícitamente por supuesto– en sus ganancias tampoco hace pensar que el bien común sea la principal prioridad del mercado y el sistema eléctricos. El día 28, por ejemplo, había máximos anuales de fotovoltaica, relativamente poca hidráulica, poco ciclo combinado en el sistema y poca nuclear. 

El análisis del apagón abre un nuevo escenario para el examen técnico: millones de datos y una serie de aprendizajes que tienen un valor crítico, precisamente para valorar el riego de un sistema del tamaño ibérico y un mix con fuentes primarias modernas. Pero, además del mix de generación, la topología de la red debe estar diseñada para ello. Las energías distribuidas y dispersas, diseñadas, principalmente, como redes radiales en modo down-stream, seguramente demandan una diferente topología de la actual. Ahora la producción es dispersa, por lo que las redes deberían tender a un diseño más mallado, bidireccionales y en el que los nudos de transporte deberían estar más distribuidos.  Puede ser un buen momento para racionalizar la localización de determinadas plantas y eliminar de la ecuación las plantas con elevado impacto ambiental que en ocasiones van a estar lejos de los centros de consumo.

Es claro que estamos en una nueva fase de complejidad, pero también es cierto que la digitalización y la IA han venido para aportar nuevos niveles de seguridad para ayudar a la nueva fragilidad que se ha de asumir. La existencia de una empresa pública con una serie de activos como los hidráulicos podría ser muy interesante para que este sector esencial no estuviera solo en manos privadas.

En suma, la diversificación del mix demanda nuevos modelos de gestión, estrategias de diseño de las redes diferentes y seguramente un modelo avanzado ayudado por una IA más potente para lo cual el análisis de lo ocurrido en la península ibérica será esencial. 

2. Tensión bipolar. Como si fuera una serpiente de primavera, nos ha estado envolviendo el bulo de que necesitamos la energía nuclear en nuestras vidas. El rumor incluye, entre otros, que la Comunidad de Madrid se puede quedar sin energía cualquier día por el cierre de la cercana central de Almaraz (lo cual nos debería alarmar más) o divulgar que la nuclear es barata hoy y desde su puesta en marcha en 1981. En realidad, con apagón y sin apagón, alargar la nuclear es un obstáculo serio para la descarbonización ya que ralentiza las inversiones hacia sistemas de almacenamiento, hacia la gestión de la demanda y hacia inversiones en renovables. Además, alargar la vida de las instalaciones nucleares significa aumentar proporcionalmente el volumen de residuos, aumento de riesgos, a pesar de las estrictas medidas de seguridad (sustitución de equipos y otras) que deberían asumirse y que harían inasumibles la rentabilidad de las inversiones. En suma “pan para hoy, hambre para mañana”, como reza la sabiduría popular.

La afirmación de que tal decisión política representa un obstáculo para la descarbonización lo avala la historia, pues la llegada de la nuclear a las tecnologías de generación eléctrica significó la ralentización en el esfuerzo en la I+D+I en renovables. Así, y a modo de hilo conductor, a finales de siglo XIX hubo interesantes avances en energía solar, que se interrumpieron a principios de XX por el avasallamiento del petróleo, originando el cambio climático y contaminando nuestra atmósfera de forma masiva.

En un nuevo ciclo tecnológico fue la nuclear la que acaparó recursos económicos y científicos, hasta que se tomaron decisiones comprometidas y valientes y especialmente democráticas en la década de los 80 del pasado siglo que ya señalaban a las renovables como energías del futuro inmediato. Y hoy, en un mercado eléctrico avanzado, basado en la casación de oferta-demanda de los costes marginales, las renovables y la nuclear acuden en igualdad de condiciones a la subasta diaria del pool con esos costes base a cero. Pero las dos no son ni iguales ni equivalentes, pues la carga inducida por el ecosistema nuclear, extenso e intrincado, afecta al precio final que paga el consumidor. Quizás lo más destacable de esta diferenciación, y muy preocupante, es que las renovables pueden desconectarse instantáneamente, sin previo aviso, ni repercusión económica, mientras que las nucleares, por su potencia, reacción nuclear y ciclo termodinámico, no pueden desconectarse: son rígidas, no programables, en suma. Y; sin embargo, hay medios que lo presentan como seguridad del sistema. No, la complejidad tecnológica y la concentración de potencia generadora la hacen más crítica, más vulnerable y menos fiable para la estabilidad de la red.   

3. La moratoria 1984. En 1979 hubo que diseñar un plan urgente de centrales de carbón, hoy clausuradas, para superar los retrasos y sobrecostes que las centrales nucleares acarreaban, lo que dio origen a la moratoria nuclear de 1984 (significó la paralización de cinco grupos nucleares) y a un cambio estratégico, acelerando el desarrollo de las renovables. De esta manera, hoy las renovables vienen a resolver y a cubrir el cierre acordado, ordenado y planificado en el PNIEC, puente de transición a un nuevo territorio descarbonizado y desnuclearizado. El pensamiento reaccionario denunciado en este artículo trata de socavar el extraordinario proyecto actual y de futuro que representa la entrada masiva de las renovables desplazando prácticamente a las nucleares y a los combustibles fósiles.

Por otro lado, debe recordarse que la moratoria vino a consecuencia de un crecimiento planificado para una demanda eléctrica con tasas por encima del 7%, cuando en 1975 la tasa cayó por debajo del 4%. En la actualidad, con tasas negativas aun con un IPC del 2-3%, es el momento de hacer el cambio de una forma ordenada y segura a una generación extraordinariamente distribuida de las renovables o dispersas frente a las centrales concentradas que incluyan una democratización de la producción, una minimización de impactos ambientales y la instalación masiva de placas en tejados (hoy abandonados) y en zonas antropizadas (no en zonas agrarias, ni forestales).

Nadie pide en España nuevas nucleares, nadie. Ninguna comunidad autónoma ni ninguna empresa se han postulado. Otros países, al no tener suficientes recursos como los renovables, sí están instalando nuevas nucleares; los últimos proyectos a escala mundial están siendo devastadoramente caros y lentos. Miren el caso de la futura central nuclear del Reino Unido, por ejemplo, la central de Hinckley Point C, que se iba a abrir hace ya años, acumula retrasos y sobreprecios y se estima que se pondrá en funcionamiento, si no hay más retrasos, en 2031. Sobre la factura que va a dejar, mejor no hablar, ya que sumará 13.000 millones de euros más de lo previsto

La serpiente de invierno que sigue en primavera y se acentúa con el apagón, procede de las divisiones de publicidad de las grandes eléctricas que tienen estos intereses, a saber, Iberdrola, Naturgy y Endesa. Y el único objetivo es que alguien financie esta extraordinariamente cara fuente de energía. No nos olvidemos de la gestión de residuos nucleares, donde tampoco se ha visto ninguna comunidad autónoma partidaria de instalar un vertedero definitivo para los residuos, ni siquiera la que más declaraciones hace en este sentido, la Comunidad de Madrid. 

4. Alargar el periodo de vida a la nuclear, obstáculo para la descarbonización a 2050. Analicemos desde el punto de vista de la sostenibilidad el tema del alargamiento del periodo de vida de las nucleares en el caso concreto de España. En primer lugar, no se trata de cerrarlas ahora, sino en un plazo de diez años, de una forma escalonada. Las siete centrales nucleares españolas se cerrarán comenzando por la de Almaraz (entre noviembre de 2027 y octubre de 2028) y terminando por la de Trillo, en mayo de 2035. Lo cual cambia bastante el escenario. 

La energía nuclear es muy muy cara y además no es autóctona. Los países de los que se importa el combustible nuclear son Rusia (¿no habíamos quedado enemigos?’), Canadá, Níger, Namibia, Kazagistán, Uzbekistán, que en varios casos no parecen muy estables. Pero el gran problema crítico de esta energía es la seguridad y por supuesto la gestión de los residuos nucleares.  Las centrales nucleares deben cumplir con estrictos estándares de seguridad, y cualquier extensión de su vida útil debe ir acompañada de inspecciones rigurosas y actualizaciones tecnológicas. Hasta ahora es una factura que se ha trasladado a las futuras generaciones y que puede alcanzar miles de años.  Recordemos que todavía no hay un destino definitivo para los residuos nucleares en España y se han estado enviando a Francia y recuperándolos. Además, el entorno nuclear va mucho más allá de las nucleares: necesita crear un macroentorno de seguridad, abastecimiento, reciclado, “preparación de combustibles para la recarga, (Juzbado de Salamanca)”, “seguridad nuclear” (CSN) y ocupación de piscinas en las centrales y resto de residuos (Enresa), investigación nuclear (Ciemat), participación en OIEA; Euratom... Es decir, se necesita todo un entorno, un entramado complejo de acompañamiento, que repercute directa e indirectamente en el precio. 

El análisis de la demanda es un escenario complejo con grandes variabilidades a la que debe sumarse la intrínseca de fuentes variables. Todo ello arroja unos índices de diversificación muy bajos (coeficiente de Wiener–Shannon aplicado al mix eléctrico, utilizado también para la métrica en ecología). Por otro lado, la nuclear impone restricciones y condiciones de operación, pues no puede regular por si sola la curva oferta-demanda; es decir, es una fuente rígida frente a la versatilidad operativa de la eólica y la fotovoltaica, a la que le obligan a deslastrar. Además, el tamaño es otra de las limitaciones de operatividad. En todo caso, hay que analizar la potencia nuclear que puede asumir un mix de acuerdo a la experiencia tecnológica.

Respecto a temas sociales, hay que elegir entre seguir engordando el tema nuclear con sus trabajos peligrosos y con fecha de caducidad –nadie quiere instalar una nueva nuclear en su comunidad autónoma, ni tampoco el controvertido sitio de vertedero final de los residuos nucleares– o ir enfocándose con más tiempo hacia las renovables, tejados solares, almacenamiento, aumento eficiencia energética, etc. Es cierto que habrá un impacto inmediato en el entorno de las centrales, pero también va a haber mucho trabajo en el desmantelamiento de las centrales nucleares. 

Respecto a los temas ambientales, es evidente que un alargamiento de las centrales nucleares implica directamente mayor riesgo en la fase de funcionamiento, mayor producción de residuos aunque significaría una menor emisión de gases de efecto invernadero frenet a los ciclos combinados por ejemplo. 

Pero veamos si en realidad hacen falta o no, y de si hay alternativas técnicas. España tiene prácticamente la misma demanda de electricidad desde hace décadas. En concreto, estamos con valores similares a los de 2003 y, mientras, se han instalado 64 GW de renovables, aproximadamente la mitad fotovoltaica y la mitad eólica, además de los ya instalados de 17 GW de potencia hidráulica. El caso de los nuevos parques solares alrededor de Almaraz es ejemplificador, pues la central dispone de un importante nudo de evacuación y a él se están conectando las importantes centrales fotovoltaicas que ocupan y saturarán el hueco que dejen el cierre de la central; la mayoría de estas centrales FV propiedad de los titulares. Por un lado, la saturación del nudo y, por otro, el espacio físico, de modo que a la fecha de cierre, en 2027, el territorio y el nudo estarán prácticamente saturados, por lo que no podrán coexistir ambas producciones por la limitación operativa del bucle nuclear.

En suma, la nuclear es un cautivo frente a la regulación y necesita un acompañamiento que no solamente se paga desde las nucleares, sino que se paga con dinero público por parte de todos. Y hay soluciones a implementar en los próximos 10 años, cuando se cierre la nuclear, que no tienen que ver solo con el aumento de la oferta sino con la olvidada gestión de la demanda . Está el mercado de capacidad que gestionará el almacenamiento eléctrico para adaptarlo a la nueva producción de electricidad, sumando sistemas desde las centrales de bombeo a las baterías como ya está haciendo California, Australia y otros territorios para coordinarse con la variabilidad de la fotovoltaica y la eólica mientras se avanza en la transición energética. La energía nuclear es un tema ya del pasado en España y cuanto antes pasemos la página, mejor. La energía nuclear, en concreto para España, solo va a ser un obstáculo para la descarbonización y va a hacer que el sistema entero siga con una elevada dependencia energética externa y de tecnologías peligrosas y de materiales importados, inseguros, caros y con elevado riesgo.

España y el mundo están inmersos en un proceso de transición energética hacia energías renovables que ya representan una parte importante del mix energético y tienen costes marginales cercanos a cero, lo que reduce el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Y aunque es crucial seguir invirtiendo en innovación tecnológica, especialmente en almacenamiento y gestión de la demanda, para garantizar un sistema energético sostenible, seguro y eficiente a largo plazo y más barato para el consumidor, si se logran evitar los intermediarios. Hay que seguir apostando por solución fácil, barata y accesible, como los tejados solares y la instalación en zonas antropizadas sin efectos negativos sobre la biodiversidad.  Y, finalmente el vector energético renovable ha venido para seguir creciendo y aportar a la sociedad un futuro más sostenible por lo que se debe trabajar en esa dirección sin perder la vista en el objetivo final que es energía accesible para todos, con mínimo impacto ambiental y adaptados al nuevo escenario de la emergencia climática.  

Sobran las señales y las evidencias de que estamos en una crisis climática como nunca antes había sucedido. Junio y julio han mostrado records de temperaturas en el mundo, mostrando algunos días record absolutos, las temperaturas en el océano están marcando límites inusuales, la desaparición de hielo en el ártico está llegando a valores umbrales y ya se esta poniendo fecha a su desaparicón en verano, olas de calor afectan a todo Estados Unidos, de este a oeste, en Canadá arden 10 millones de hectareas, los fenoménos meteorológicos extremos se están sucediendo por todo el mundo, ya muchos científicos hablan de que se podría estar llegando a los famosos puntos umbrales donde podemos llegar a terrenos desconocidos. Las advertencias de los servicios climatológicos de la UE como Copernicus o de la Organización Meteorológica Mundial no dejan a lugar dudas. El secretario general de Naciones Unidas dice que “es el momento de la era de la ebullición global” y que la situación es comparable a “un coche sin conductor a 160 kmh”.

En España todavía hay más evidencias, el año 2022 murieron más de 11.000 personas por el calor extremo y este año 2023 se acumulan olas de calor, valores extremos de temperatura en el aire y en el mar, con docenas de noches cálidas, tórridas y algunas infernales, además de una dura sequia con importantes y cuantiosos efectos en la agricultura y ganadería y agua para beber en cientos de municipios por todo el país, sobre todo en Andalucía y Cataluña y que no tiene pinta de remitir. La imagen de playas vacias en Benidorm por las elevadas temperaturas también tiene mucho que decir sobre uno de los sectores claves de nuestra economía. Los incendios forestales si bien no han llegado a las 300 mil hectáreas del año pasado demuestran que la estación de peligro ya ocupa todo el año, en mayo ya había quemadas 50 mil hectáreas, y queda todavía mucho año.

Sin embargo en la reciente campaña electoral, a pesar de celebrarse en plena ola de calor y temperaturas máximas, el diagnostico ha sido prácticamente nulo y las propuestas y soluciones de los cuatro principales partidos muy lejanas al reto vital y mayúsculo que supone la crisis climática. Si bien la emergencia climática, no es de derechas ni de izquierdas, si parece que las políticas lo son. Así, un partido negacionista como Vox parecía que imponer al Partido Popular incluso a negar el cambio climático. El propio Partido Popular proponía derogar todas las políticas del bloque progresista incluso las balbuceantes del área climática. Pero en algunos municipios y comunidades autónomas se comprueba que las amenazas han sido reales como el caso de los arboles de Madrid, los carriles bicis de Elche, Valladolid, Gijon o Palma o la reducción de las zonas de bajas emisiones pero también en temas con trasfondo territorial como la legalización de los regadíos de Doñana contestado por Bruselas y más de 1.000 científicos, o el calamitoso estado del Mar Menor donde todavía no hay una hoja de ruta clara para salvar este humedal y esta comarca. A escala estatal nos encontramos que los nuevos planes de cuenca aprobados en 2023(¡) siguen fomentando nuevos regadíos en numerosas cuencas, a pesar de que no hay agua, según ha denunciado Greenpeace, las evaluaciones de impacto ambiental sobre nuevas instalaciones de renovables siguen dejando mucho que desear como denuncia Aliente, las cooperativas energéticas y el autoconsumo colectivo no existen, y el autoconsumo aumenta de una manera indolente sin apenas apoyo y con múltiples retrasos por todas partes. Las tecnologías de almacenamiento de renovables, tanto bombeo como termosolar, y especialmente esta última no son apoyadas, por lo que obliga a tirar de ciclos combinados, gas y carbón. La descarbonización en el transporte no es más que un bonito nombre, en el sector residencial a pesar de las declaraciones tampoco se realiza al ritmo adecuado. Y las emisiones de CO2 aumentaron un 6% en 2021 y un 3% en 2022 (¡). Otros temas relevantes como la descarbonización en la administración ni siquiera se nombran. Respecto a la adaptación al cambio climático, vemos que ni las ciudades, ni los bosques, ni las costas, ni los sectores económicos, están adaptados. La pobreza energética, esta vez en verano, aumenta con las olas de calor, la falta de aislamiento de los edificios y el elevado precio de la energía.

El propio vicepresidente de la Comisión Europea ha asegurado que se trata de políticas que “no deben de ser de izquierdas o derechas” y efectivamente, la calidad del aire, la salud, la biodiversidad, el autoconsumo, la descarbonización de todos los sectores, la adaptación al cambio climático basadas en adecuadas participación y asambleas ciudadanas deberían de ser políticas urgentes e imprescindibles a cualquier política del siglo XXI. Estos meses España detenta la presidencia del Consejo Europeo y le corresponde organizar la agenda y las reuniones del consejo. Podría ser un buen momento para hacer que Europa diera un paso adelante en la lucha contra la crisis climática y asumiera el reto que le corresponde a escala global. España declaró solemnemente la emergencia climática en enero de 2020 pero sus realizaciones han sido muy parcas.. parecía que el terrible verano de 2022, con sus 42 olas de calor según la AEMET, haría que las cosas se tomaran mucho más en serio, pero no ha sido así. El verano de 2023 ha marcado records a nivel mundial de temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos y señalado ese territorio “ desconocido”. Es hora de que el próximo gobierno, que nombre el parlamento, integre en todas y cada una de sus políticas e inversiones las actuaciones contra el cambio climático con acciones radicales y urgentes. Hay que dar un paso al frente y encararse de una forma decidida al sector de los combustibles fósiles y adaptar todos los sectores al cambio climático. Nos jugamos el futuro.

“¿No hay agua? ¡Qué beban petróleo!”. Con este lema gigante pintado en el mismo lecho de un río seco en el sur de Francia, una gran campaña de movilización ha logrado una potentísima imagen que simboliza la dramática situación de sequía en toda Europa este verano. Nos dice a las claras que la causa de la sequía tiene nombre y apellido: la desenfrenada producción y el consecuente consumo de combustibles fósiles.  

Los gases de efecto invernadero producidos por la quema de carbón, petróleo y gas natural son los responsables de muchos de los fenómenos extremos que estamos viendo en Europa y en todo el mundo. Desde el Báltico hasta Gibraltar, Europa entera sufre las consecuencias de una sequía extrema: miles de hectáreas de cultivos perdidos y ríos que desvanecen. Como en Francia, el trágico escenario afecta a España, con un 40% de nuestro territorio en alerta por la escasez de agua y un 33% en situación de sequía prolongada, en las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Ebro, así como en varias zonas del Duero. Las producciones de cereales de secano y de oliva se han desplomado entre un 50 y un 90% este año mientras los precios se disparan. 

A esta situación, ya catastrófica para los ecosistemas y la agricultura, se suma la mala gestión política del agua con los daños irreversibles en Doñana y el descontrolado boom del regadío en un país cada vez más seco. El desastre climático cuenta también con miles de víctimas humanas. Sólo en España las olas de calor récord del verano 2022 causaron 11.000 muertos. Aún no se tienen todos los datos del impacto del 2023, pero sí sabemos que este mes de julio ha sido el más caluroso jamás registrado desde que hay datos.  

Europa sufre, Europa se seca y la sobremortalidad humana nos demuestra cómo durante la última década el calentamiento se ha acelerado, especialmente en la zona mediterránea, incluyendo Francia y España. Mientras tanto, los responsables reales, las grandes compañías energéticas, gozan de total impunidad. 

El síndrome de María Antonieta de las compañías petroleras

A la luz de esta cruda realidad, el lema de la campaña “¿No hay agua? ¡Qué beban petróleo!” no podría ser más acertado. Nos remonta a hace más de dos siglos, en medio de la peor crisis de hambre que asolaba a Francia, la reina María Antonieta supuestamente exclamó: “¿No tienen pan? Que coman pasteles”. Esta frase pasó a la posteridad y al día de hoy, en medio de una sequía que abrasa Europa, trasluce como pocas la criminal irresponsabilidad y la ceguera de las grandes compañías petroleras ante el final ineludible de la era de los combustibles fósiles. 

Las seis principales compañías petroleras europeas han decidido rebajar sus compromisos climáticos, es decir ralentizar su inversión en energías renovables y aumentar su producción de gas y petróleo cuando ya han incrementado en un 58% sus beneficios totales en el primer semestre de 2023. El CEO de Shell, Wahel Sawan, justifica la revisión a la baja de su expansión en energías renovables argumentando: “si no podemos lograr rendimientos de dos dígitos en un negocio, necesitamos cuestionarnos mucho si debemos continuar en este negocio”.  

Que sigamos bebiendo petróleo hasta la muerte parece ser ahora mismo la única estrategia de todas estas compañías y de sus accionistas que han decidido producir y vender energía sucia a destajo para hacer el catering de una gran fiesta versallesca de especulación y disimulo, que ya está condenada a ser una de las últimas de este antiguo régimen climático. 

Las 'sucias 12'

Un reciente informe, Las sucias 12, publicado por Greenpeace Europa Central y el experto alemán Steffen Bukold, desvela el engaño de las petroleras sobre su virtuosos anuncios de alcanzar cero emisiones netas para el 2050. Analizando los informes anuales de 2022 de seis compañías internacionales y de seis compañías europeas, se señala que no existe absolutamente ninguna estrategia real de reducción de emisiones a cero para el 2050. Ahora mismo tan sólo un 0,3% de su producción de energía combinada viene de las energías renovables. No se trata de un informe más: es el mayor escándalo internacional de disimulo mediante una jerga de lavado verde de un modelo de negocios totalmente destructivo para la vida, que se organiza metódicamente para no cumplir con sus supuestos objetivos de inversión en energías renovables. 

“No descarto que veamos unos juicios de Nuremberg climáticos”, ha declarado recientemente el economista David Lizoain en su último libro Crimen climático, dado que las decisiones de estas grandes empresas petroleras generan millones de muertes, y que llegan a ser equiparables a los crímenes de guerra. 

De ahí que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pide a los gobiernos una intervención directa y reclama la completa eliminación de las masivas subvenciones públicas a los combustibles fósiles que no han parado de aumentar con la guerra en Ucrania. El FMI se suma así a una de las principales demandas de los activistas climáticos desde hace años para organizar políticamente lo que el filósofo francés Bruno Latour llamó muy acertadamente un “nuevo régimen climático”. 

 Democracia por el clima

Latour anticipó la posibilidad de un futuro esperanzador, con la emergencia de una clase ecológica capaz de crear las instituciones democráticas de un “nuevo régimen climático” mundial post-extractivista. En Ecuador, el pasado 20 de agosto, vimos que no es solo una utopía: tras décadas de movilizaciones ciudadanas, se celebró un referéndum durante las elecciones presidenciales de Ecuador, la primera vez que los votantes fueron considerados en una decisión relativa a la extracción de recursos naturales. Casi el 60% del pueblo ecuatoriano se decantó por cesar las operaciones petroleras de la empresa estatal Petroecuador en el amazónico Parque Nacional Yasuní. Este hito histórico en la acción climática internacional demuestra que la democracia representativa puede perfectamente articularse con mecanismos de participación ciudadana y así lograr resultados de primera importancia en la transición energética y social liberándose del poder de los lobbies del petróleo.  

El futuro de la acción climática en Europa pasa por esta renovada democracia participativa: en el Reino Unido, 70.000 personas y 200 colectivos se han manifestado esta primavera para reclamar una “asamblea climática vinculante”; en Francia y Bélgica, las ONGs y los partidos verdes apoyan la creación de una asamblea ciudadana climática permanente. En España, la iniciativa de la plataforma “Democracia por el Clima” abre una dinámica necesaria para construir colectivamente la participación ciudadana en España a partir de la experiencia de Asamblea Ciudadana por el Clima finalizada en 2022. Pero nos preocupa cada vez más observar la actual inercia colectiva del ecologismo español que de momento no integra en sus acciones o en sus programas la participación ciudadana efectiva a gran escala. ¿Hasta cuándo?  

No podemos beber petróleo. No podremos tampoco salir de los combustibles fósiles sin la plena participación de toda la sociedad y sin que la ciudadanía y sus colectivos se conviertan en actores centrales de una nueva democracia por el clima.

Un estudio reciente del Observatorio de Sostenibilidad (OS) para la Alianza Energía y Territorio (Aliente) señala que es posible situar hasta diez veces la producción fotovoltaica del plan nacional integrado de Energía y Clima (PNIEC) con un mínimo impacto ambiental situándolos en zonas ya artificiales.

Las placas se distribuirían en un 50% aproximadamente sobre suelos ya construidos e industriales y el resto en zonas muy antropizadas y de escaso valor ambiental: minas de carbón, vertederos, escombreras, en zonas de invernaderos ya consolidados como los de Almería, donde podrían instalarse hasta 45 gigavatios (GW), zonas mineras con sus 42 GW, infraestructuras viarias, autovías, autopistas, carreteras y vías de ferrocarril, que podrían contribuir con otros 15 GW (y que podrían pagar parte de su mantenimiento), cubrimiento de canales con 8,5 GW (que además podrían ayudar a la disminución de la evaporación) y los vertederos y escombreras, que podrían contribuir hasta con 3,5GW.

Además, se podrían añadir fachadas y las grandes extensiones de embalses, que previos estudios de impacto detallados, podrían aumentar estas capacidades de producción y reducir de una forma sustancial la evaporación. En la tabla adjunta se resumen estos datos.

Los cálculos de estas producciones se han realizado de una forma muy conservadora, por lo que podría considerarse que la generación de energía sería mucho mayor. Se han dejado fuera del cómputo para el caso de zonas mineras, vertederos y escombreras todas las zonas de la Red Natura, zonas importantes para las aves, para los mamíferos y el total de Reservas de la Biosfera.

Es decir, se ha tenido muy en cuenta la biodiversidad. Los ratios de producción también han sido muy conservadores. Por ejemplo, el CIEMAT ha establecido una producción solar en tejados de unos 300 GW (en el informe del OS se cifran en unos 155 GW). Para el resto de parámetros se han utilizado variables tales como disponibilidad de suelos, recortando con cientos de imágenes y contrastándolo con los datos procedentes del SIOSE, y con iniciativas ya en marcha como el Canal de Navarra; iniciativas como las de ADIF para el caso de vías férreas, donde ya habla de 35 GW, o de carreteras, como hacen otros países como Alemania.

Pero el caso más sencillo y paradigmático y donde se puede implementar ya de una forma masiva reside en las zonas mineras. Podemos ver los casos de minas de lignito en Alemania o de China. En España, en la zona de Andorra, en Teruel, ya se está implementando. En estas zonas y con un mínimo impacto se puede producir energía fotovoltaica de una forma intensiva y extraordinariamente factible. La localización de estas superficies, por supuesto, no eximiría de estudios de impacto ambiental más detallados.

Pero es muy importante el caso de la producción de energía en tejados residenciales, zonas comerciales, zonas industriales, polideportivos, colegios, cubiertas de administraciones públicas, estaciones de tren, autobuses, campos de futbol, parkings, etc.

Estos tejados se pueden aprovechar por pequeñas y medianas empresas, por ciudadanos, por comunidades energéticas. Y aquí, la energía llega directamente a la gente, haciendo partícipe a una parte importante de la población en la producción y la gestión de la energía, fomentando el autoconsumo y la energía distribuida.

Es posible, casi por primera vez en la historia, que esta revolución tecnológica revierta directamente en la mayoría de los ciudadanos, y no como hasta ahora solo en unas cuantas compañías. Aquí también vemos que otros países nos llevan mucha ventaja. Por ejemplo, China acaba de poner en producción 27 GW en tejados solares. En 2021 y de cara a 2023, se espera que muchos municipios hayan instalado paneles en el 50% de la superficie disponible en edificios gubernamentales, 40% en escuelas y hospitales, 30% en edificios industriales y 20% en hogares rurales.

Alemania ya tiene 2 millones de tejados solares, el Reino Unido, 800.000, Italia 600.000, Australia ya se acerca a los 3 millones de viviendas con paneles solares. O California, que en 2019, ya superó el primer millón de tejados solares. Y aquí, en el “país del sol”, vamos con continuas demoras, con balances negativos para el productor, y burocracias rancias y legislaciones obsoletas. Solamente se alcanzan alrededor de 200.000, pero que ya pueden suponer unos nada despreciables 5,2 GW.

Por tanto, es urgente fomentar estas instalaciones de una forma masiva y disruptiva, con una reducción de costes mediante compras al por mayor de las autoridades locales, con ayudas directas de la Administración (¿con fondos procedentes de Europa?), instalando en todos los tejados y superficies urbanas disponibles posibles.

Estas instalaciones de energía solar, además, tendrían beneficios en la generación de empleo, sobre todo pequeñas y medianas empresas, bajaría el precio de la luz para los consumidores, fomentaría soluciones de I+D, disminuirían las emisiones de CO2 y la dependencia energética.

El PNIEC señala 39 GW fotovoltaicos para el 2030, cuando ya existen unos 17 GW. Es decir, faltarían unos 22 GW hasta el 2030. En este informe se proponen soluciones para estos 22 GW de forma que se puedan escoger entre las soluciones ofrecidas de menor impacto ambiental, máximo beneficio para la sociedad y menor coste económico.

El desarrollo en los últimos años de las energías renovables, en general, ha tenido un fuerte impacto en paisajes, en la biodiversidad y en cientos de comunidades en las que ha generado un importante rechazo hacia estas tecnologías, a pesar de que son claves para la descarbonización de la economía y para poder llegar al cada vez más lejano objetivo de no alcanzar los 1,5º C, con los resultados que ya sabemos.

Por otra parte, se ha comprobado que algunas comunidades autónomas están llevando el peso de toda la transición energética. Curiosamente, en muchos casos las mismas que antes tenían las centrales más contaminantes. Catalunya, País Vasco o Madrid deberían de empezar a asumir su corresponsabilidad respecto al consumo de electricidad. Finalmente, hay que recordar que un mayor desarrollo de fotovoltaica permitirá que los proyectos eólicos más cuestionados por la sociedad y los de mayor impacto ambiental y sobre la biodiversidad sean revisados.

Este informe se puede resumir con el hashtag #renovablesasiSI, intentando paliar conflictos que seguramente nunca se debían haber producido de instalación de renovables contra el criterio de la gente y el enorme trabajo de comunidad a comunidad de Aliente. Y refleja una fórmula ganadora donde toda la sociedad se beneficia: los ciudadanos, participando de esta revolución solar mediante comunidades energéticas o en sus propios tejados; los ecosistemas, los paisajes y la biodiversidad; y las zonas agrarias y forestales donde el impacto no se daría.

¿Por qué nos empeñamos en seguir ocupando zonas agrarias o forestales o de interés para al conservación cuando hay alternativas? Los datos son inapelables e inaplazables. Iniciemos el camino de las renovables sostenibles. Ganaremos todos. 

España avanza muy despacio hacia el autoconsumo, aunque a veces parezca lo contrario. Las tasas de aumento son altas, pero es que se partía de casi cero. Alemania tiene 2 millones de tejados solares, el Reino Unido 0,8, Italia 0,6 millones mientras en España puede haber como máximo unos 200 mil. Existe una tendencia mundial de aumento acelerada por los precios de la energía y las evidencias de la emergencia climática, que ya nadie niega. Y solo hablar no nos va a aproximar a los países de nuestro entorno.

California alcanzó con su parque de autoconsumo solar en 2019 su primer millón de tejados solares, Australia podría añadir 4GW en 2021 o la lluviosa Inglaterra o Alemania con un tercio menos de horas de sol mientras aquí seguíamos y seguimos instalando caras infraestructuras de gas y quemando carbón aunque sea de forma testimonial. Vietnam con 10 veces menos PIB que España en solo un año, en 2020, instaló 9 GW mientras España en toda su historia solo tiene instalado 2,3 GW y China en 2021, incrementó en solo un año 27 GW de instalaciones urbanas, todo un récord. China lidera la apuesta por este tipo de energía renovable y pretende instalar en tejados nuevos y ya edificados una importante capacidad.

Los estudios realizados en algunas ciudades son más que concluyentes. En València, según publicaciones de su Universidad Politécnica en Renewable Energy, concluyen que la ciudad dispone de tejados para generar electricidad por un volumen de hasta el 99% de su demanda eléctrica residencial anual, y el 37% de la demanda eléctrica anual total. En Madrid un informe del Observatorio de Sostenibilidad llegó a conclusiones parecidas, la realización de “una gran central solar al servicio de los ciudadanos” con  el despliegue de generadores fotovoltaicos en los tejados daría energía para abastecer el consumo eléctrico total de 1,2 millones de personas; el empleo generado durante la instalación se situaría en torno a las 14.000 personas. En Alpedrete, un estudio del CIEMAT del 2018 concluía “que la superficie susceptible de ser utilizada permitiría obtener la energía necesaria para el consumo de Alpedrete de todo un año, tomando como referencia lo consumido en 2016 (33,685 GWh) y con la superficie estimada de paneles solares fotovoltaicos de, aproximadamente, 18,7 hectáreas se podría instalar una potencia de 23 MWp y generar unos 33 GWh. Pamplona llegó a resultados comparables en 2021, tiene potencial para generar el 76% de su electricidad con paneles solares según el Ayuntamiento basado en la realización del 'Mapa solar de la Ciudad de Pamplona', y realizado por la Universidad de Navarra.

A escala de todo el país existen también algunos estudios. Como el Observatorio de Sostenibilidad de 2020 que señalaban que en 2025 se podrían alcanzar 1 millón de tejados solares. Supondría la instalación de 176 km2  de tejados, lo que viene a suponer una décima parte de los fácilmente transformables, con una instalación de 10,4 GW, se podrían producir 15.400 GWh suficientes para abastecer todo el sistema no peninsular o más de la sexta parte de la población de España (una población de 7,5 millones de personas), se generarían 15.532 empleos y se evitarían 4,2 millones de toneladas de CO2. En tan solo 5,7 años se recuperarían las inversiones. En 2030 podría haber instaladas 26 GW. También existe el artículo científico publicado en  Renewable and Sustainable Energy Reviews donde se señala que España tiene una superficie disponible en los tejados (462 km2) con un potencial de 65 244 de GWh/año y un 26,8% de energía susceptible de producirse con estos sistemas. Idealista en colaboración con el CIEMAT también realizó un cálculo reciente del potencial solar en tejados por comunidades autónomas, llegando a conclusiones similares.

Toda esta larga introducción es para señalar que es indiscutible el gran potencial de los tejados y fachadas para abaratar la factura de la electricidad con precios actuales máximos, crea empleo local de autónomos, y pequeñas y medianas empresas, permite paliar parte de la pobreza energética inyectando energía en momentos de elevadas temperaturas como las olas de calor, permite pagar las hipotecas antes por el ingreso periódico, disminuye la dependencia energética que en España sigue siendo del 73%, hace que los ciudadanos sean sujetos activos y controlen su producción y, sobre todo, dejen de emitir millones de toneladas de CO2 y tiene un impacto nulo sobre la biodiversidad y el territorio como señala ALIENTE.

Es decir, una plan masivo de instalación de tejados fotovoltaicos tendría enormes beneficios para todo el país, sin embargo, el actual PNIEC señalaba para el 2030 unos objetivos de entre 4 y 9 GW, (actualmente ya hay 2,3 GW) que son claramente insuficientes y que el gobierno afortunadamente actualmente está revisando al alza.

Hoy sigue habiendo docenas de impedimentos y barreras que hace que el actual impulso al autoconsumo sea más una quimera que una realidad, sigue siendo complejo y farragoso el proceso, y en el caso de las comunidades de vecinos prácticamente imposibles, lentitud de la aprobación por parte de las eléctricas, compensación injusta de excedentes, sin contemplar el balance neto, falta de transparencia de la compensación, incertidumbre en el precio de la venta de la energía y en la concesión o no de las subvenciones, escasas ayudas que se abonan más de un año después, etc.

No hay ninguna razón para que las naves industriales, polideportivos, ministerios o el resto de edificios públicos o centros comerciales –donde es más fácil y barato intervenir– no apuesten por los tejados solares. Llama la atención que a pesar de ser un tema donde ganamos todos, no se apoye de una forma masiva por los fondos europeos y de presupuestos de la administración, y falten políticas claras y decisivas, de apoyo de la energía solar fotovoltaica en tejados por parte de la administración central, autonómica y local.

En definitiva, falta ambición. Tan solo entre 4 GW y 14 GW, según el PNIEC hasta 2030, recordemos que Vietnam instaló 9 GW en solo un año. Es necesario ese plan masivo con sus correspondientes hitos bianuales, y un sistema de seguimiento detallado para eliminar barreras en los diferentes territorios, con rapidez en la concesión de permisos, un sistema de precios que incentive a todos los propietarios a poner placas solares en sus tejados, una simplificación del uso compartido de la energía y autoconsumo colectivo, apoyo directo a todas las comunidades energéticas, campañas de publicidad para que toda la sociedad comprenda la importancia del tema, etc.

Solo con actuaciones reales muy contundentes y claras y con participación de la sociedad donde todo el mundo gane, podremos enfrentar la emergencia climática y bajar los precios de la electricidad. Es ahora. 

Las gentes libres siempre han decidido de forma colegiada por su futuro común buscando siempre el camino más prometedor. La idea de las asambleas es tan natural como las primeras reuniones de homínidos alrededor de una hoguera, aunque incluso hay autores que dicen que podían ser anteriores, en cualquier caso, es gente sin intereses creados, que se junta para diagnosticar, pensar y decidir cuál puede ser un futuro mejor, más sostenible. Nadie en su sano juicio intentará tener un futuro más inseguro, más inestable, más peligroso.

Hoy, después de siglos de parlamentos, elecciones y diferentes sistemas de representación ciudadana es evidente que son unas élites y grandes corporaciones las que en muchas ocasiones controlan los destinos de demasiada gente, mientras estamos y tendemos hacia un futuro más peligroso e insostenible, con graves problemas que se siguen acumulando como la desigualdad, la pérdida de biodiversidad o la emergencia climática. Por ello, y ante la gravedad y urgencia de los problemas hay que revisar los sistemas para encarar un destino común. Por la complejidad y las características propias de la sociedad instituida la democracia directa toma hoy en día la forma de representación por sorteo, esto es, de las asambleas ciudadanas, que pueden ser una herramienta fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que las decisiones que se tomen ahora sobre esto temas son de vital y gran amplia trascendencia para el futuro de todos. 

Por ello, movimientos internacionales como Extinction Rebellion están demandando estas asambleas ciudadanas para lo que seguramente es el reto del siglo: la emergencia climática y la conservación de la biodiversidad. En Europa ya se están utilizando en países nada sospechosos como Francia o Inglaterra. El actual gobierno se comprometió en enero a tenerla en 100 días,  y hoy cuando ya han pasado más de 300, siguen sin haberse puesto en marcha. Mientras, se están tomando docenas y docenas de decisiones en el campo de la energía, de la biodiversidad, de la emergencia climática que ya están afectando a este futuro en común.

Razones para una Asamblea Ciudadana 

Parece inteligente la creación de esta Asamblea por varias razones, por una parte, el actual estado de la democracia, con partidos políticos con sus propias dinámicas, en muchas ocasiones presionados por empresas, lobbies, con sus correspondientes puertas giratorias, etc.. y sin contrapesos serios en la sociedad civil. Las decisiones se siguen tomando mucho más pensadas en favorecer estos núcleos de poder que en los propios ciudadanos. Hoy lo vemos con las empresas energéticas, donde sus beneficios dependen directamente de las regulaciones aparecidas en el Boletín Oficial del Estado, que nombran consejeros a exministros o personal que ha tenido elevadas responsabilidades en el estado, o con muchas corporaciones que intentan vender los dividendos de sus accionistas como el bien común que benéfica a todos. Se ha visto en las reuniones recientes en el Congreso de los Diputados, la Comisión de Recuperación o del proyecto de ley de cambio climático donde han desfilado las empresas de siempre, recomendando sus propios intereses para salir de la crisis, cuando son estas acciones las que precisamente nos metieron ella. Mientras, los sindicatos o los grupos ecologistas tradicionales tampoco han demostrado el más mínimo interés en exigir esta Asamblea ciudadana, quizás por temor a perder el papel dominante que tienen actualmente en cuanto a capacidad de interlocución con las autoridades o de comunicación de sus acciones.

Otras ventajas de la convocatoria de esta Asamblea Ciudadana serian la gran repercusión mediática que puede tener el que gente normal, sin intereses puedan hablar del futuro y de cómo enfrentarse a él. Las experiencias recientes de las Asambleas ciudadanas en Francia y Reino Unido han conseguido un interés mediático importante y han hecho que la sociedad entera se preocupara por la emergencia climática, hecho que no hubiera sido fácil que se produjera de otra manera. Finalmente, en los dos casos se han realizado propuestas muy interesantes y soluciones que pueden servir para enfrentar la emergencia climática de una forma seria. 

Algunas características de una verdadera Asamblea Ciudadana

Algunas características de la misma para que sea decisiva y no una medida propagandística al uso es que las personas sean elegidas al azar, que reflejen fielmente la composición de la sociedad en cuanto a nivel de renta, dependencia, género, etnia, origen , etc.. Por otra parte, la representación de la Asamblea puede recoger la diversidad de la sociedad actual de una forma mucho más fiel que el actual del Congreso de los Diputados o por supuesto que el Senado, dando voz a situaciones que actualmente son totalmente ignoradas, como la pobreza extrema, las importantes capas de población que no tienen una ley de dependencia, los autónomos, la España vaciada, etc. Estos representantes de la asamblea, con suficiente información, propondrán medidas sin intereses creados. El interés será el común. 

Otra característica clave de esta Asamblea Ciudadana es que las resoluciones y acuerdos de la AC deberían ser vinculantes y si no, ratificadas por la totalidad de la población a través de referéndum. 

Los temas que debería tratar esta Asamblea Ciudadana no se pueden circunscribir solo a temas de responsabilidad individual sobre la emergencia climática,  como transporte personal, o alimentación o educación ambiental a pesar del interés de todos ellos sino que deberían tomar aspectos cruciales tales como la transición energética, incluyendo los precios de la electricidad, las subastas de energía.  Por ejemplo, seguimos pagando una de las electricidades más caras del continente y durante los meses más acuciantes de la COVID10, cuando se produjo el desplome de precios en los precios de los consumos petrolíferos o en la producción de la electricidad no se trasladó a los consumidores esas bajadas de precios. Otros temas relevantes relacionados con la contaminación de las aguas y los suelos y la pérdida de la biodiversidad son la política agraria comunitaria, la industria agroalimentaria, uniendo la protección de los ecosistemas sin fertilizantes o pesticidas a la alimentación sana. La política de aguas relacionado con la depuración de aguas, o la recuperación de concesiones hidroeléctricas, el transporte sostenible. La conservación de la biodiversidad, la conservación de los bosques apra que no ardan todos los años 50 mil hectáreas, un enfoque serio de economía circular y de residuos, Unas propuestas para un turismo sostenible, para una agenda de inmigración y  política exterior de cooperación. Actuaciones serias de adaptación al cambio climático a las que ya estamos sometidos, actuaciones para las ciudades. Y todo esto, y sobre todo, relacionado con desigualdad que cada día aumenta en la sociedad española. 

El contexto actual de España

Hoy en España, estamos en el centro de una grave crisis económica, con graves desequilibrios económicos y sociales, con caídas del PIB del 18% el trimestre, con un enorme problema de paro juvenil de un 45%, y con una gran incertidumbre sobre el futuro en mitad de una segunda ola de pandemia que afecta de una forma cada vez más clara a las capas de la sociedad más desfavorecidas. La COVID-19 ha supuesto más contagios y muertes en los barrios desfavorecidos de las grandes ciudades y en colectivos como inmigrantes, temporeros, etc. El tipo y las características de la vivienda, el uso del transporte público, de la posibilidad o no de teletrabajo, o el acceso a Internet en caso de educación, siguen siendo factores claves de desigualdad en sanidad y educación. Las tasas de pobreza y de pobreza aumentaran sin lugar a dudas este año, unido al desplome del sector del turismo y de muchas industrias. 

 Mientras, el gobierno toma medidas que muchas veces se desarrollan con enorme lentitud respecto a la emergencia social que se manifiesta como por ejemplo en el cobro de los ERTES o las autorizaciones del ingreso mínimo vital.  Pero a la vez sigue legislando y dando ayudas con enorme rapidez, a sectores como la aviación, con ayudas a Air Europa o en el sector energético que tienen beneficiarios directos muy claros. 

Las ayudas de la Unión Europea

Actualmente y para intentar salir de esta grave crisis provocada por la COVID-19 y en contra de lo sucedido en la crisis del 2008, va a a haber importantes ayudas que nos envía la UE para intentar diseñar un futuro más sostenible. Solo pensar que van a ser los de siempre, los que nos han metido en esta crisis, en este modelo económico,  sean los que tutelen esta reconstrucción sin control ciudadano no solo produce desconcierto, sino aprensión. Esta vez no se trata de reconstruir, sino de diseñar un nuevo futuro. Hay que buscar futuro más disruptivo y eso no se puede hacer con los de siempre. Upton Sinclair ya dijo: “Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda.”La Unión Europea va posibilitar ayudas millonarias en los próximos años para poder reconducir nuestra economía y nuestro modelo productivo, depende de cómo se articulen estas medidas podremos tener un futro más sostenible o no los próximos años. Por ejemplo, ayudas para la descarbonización pueden ir directamente a las grandes empresas para que hagan grandes parques solares de más de 1.000 hectáreas!! sobre zonas rurales o directamente a la gente que instale placas solares en sus tejados y que se abarate su energía y palie la pobreza energética. Pueden ir a más líneas de alta velocidad para que unos cuantos viajen a 300 km/hora o para transportes de cercanía donde viajan millones y millones de personas. Puede  servir para que una red de ferrocarriles vertebre el territorio, que apoye la España vaciada y que haga que el transporte de mercancías vaya por tren o seguir permitiendo que el 100% de las mercancías vaya por camiones. etc.. 

Un futuro más sostenible

Las ayudas deben de tender hacia un modelo basado en un Green Deal, un Green Deal ciudadano (según sugerencia de Jaime Lara de Xr) y por supuesto en el decrecimiento. Las asambleas ciudadanas pueden servir para que estas ayudas se orienten hacia el bien común, no a unas pocas empresas y contribuir a un futuro más sostenible.  

Todas estas razones hacen pensar que una Asamblea Ciudadana estaría planteando y visibilizando soluciones que beneficiarían a todos, de alguna forma posibilitaría lo que se podíamos llamar  la rebelión de al gente normal, “la rebelión de la gente  no militante anteriormente”. Si, los que deciden son los de siempre, nos llevarán otra vez, donde siempre. Tomar medidas contra la emergencia climática o diseñar un nuevo futuro requiere ideas y formas disruptivas con participación directa de la gente. Einstein ya dijo: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. 

La pandemia del coronavirus, con más de 7.000 fallecidos y unos 180.000 afectados en tan solo dos meses y medio, ha sacudido al mundo entero. La rapidez de la propagación de la enfermedad, la presión que ejerce sobre los sistemas sanitarios y la ferocidad de su impacto en los mercados financieros son manifestaciones inéditas. La situación dista todavía mucho de estar controlada, los impactos económicos y sociales ya están siendo muy importantes y, dependiendo de la intensidad de la crisis, podrían aún ser duraderos.

Hemos sufrido en tan solo unas horas la fragilidad de un modelo que nos ha obligado a estar confinados en nuestros hogares, renunciar a nuestra movilidad, repensar el modelo de trabajo y a revisar las cadenas de producción de nuestras fábricas y de nuestra alimentación. La urgencia y la alarma se han extendido, pero a la vez han brotado iniciativas espontáneas de entre la ciudadanía, ejemplos de colaboración y de solidaridad, sobre todo del personal sanitario, de limpieza y desinfección, etc., exponiendo sus propias vidas y la de sus familias. Merece mencionar también la contribución de las redes sociales y de los medios de comunicación en la difusión de las buenas prácticas contra el coronavirus, así como la de los agentes económicos. La respuesta de la sociedad, en general, está siendo ejemplar.

A escala internacional se han iniciado acciones de colaboración muy contundentes con el inequívoco fin de vencer al COVID-19. Dicho esto, y a falta de una necesaria decantación de los tiempos y de los acontecimientos para formar un criterio y evaluar con la cabeza fría la respuesta de las autoridades a la crisis del coronavirus, se pueden extraer a priori algunas lecciones aprendidas de esta crisis sanitaria global, que en principio parecen asumir la clase política y el conjunto de la sociedad, y que podrían jugar un importante papel en la gestión de otra gran crisis a la que nos enfrentamos y de mayor duración que la del COVID-19: el cambio climático.

Por una parte, la importancia de tomar decisiones basadas en la ciencia. En efecto, los políticos y una sociedad inteligente saben que las decisiones en un asunto trascendental tienen que estar basadas en datos contrastados, hechos reales, evidencias empíricas o, cuando menos, en la mejor ciencia disponible en el momento. Y esta ciencia necesita recursos, una estrategia, personal, etc. Sobre las actuaciones basadas en confrontaciones partidistas, o en intuiciones o en las propias valoraciones personales mejor no opinar.

Otro tema relevante y aprendido para todos y también compartido con la emergencia climática es que afecta a todos, ricos y pobres, a la gente del norte y a la del sur, es decir, es una crisis de alcance intersocial. Es evidente que los ricos intentarán confinarse en sus urbanizaciones o dispondrán de medios de protección que no tendrá el resto de la sociedad. Pero, como nos está mostrando la pandemia, será la sanidad pública la que al final tendrá que solucionar los problemas graves y la que determine exclusivamente en base a criterios médicos la prioridad en alcanzar la UCI o en disponer de un respirador. Al menos queremos pensar que así será.

Las grandes emisiones de los agentes más contaminantes y la emergencia climática nos van a afectar a todos, aunque los más perjudicados serán –ya lo están siendo-- los colectivos sociales vulnerables, los más expuestos a la pobreza energética, olas de calor, inundaciones, temporales o a las sequías, pero nadie se podrá escapar completamente.

Otro aspecto común entre la crisis del coronavirus y la emergencia climática es la importancia de la cooperación internacional y, por supuesto, nacional. Se han logrado actuaciones virtuosas de intercambio de información sobre el virus, de buenas prácticas, de solidaridad con el envío de material médico, se ha compartido la secuencia del genoma del virus e investigaciones y experiencias y potenciado la innovación para buscar soluciones. El visor de la evolución de la enfermedad de la Universidad John Hopkins basado en ESRI es un pequeño ejemplo de todo esto.

En la lucha contra la emergencia climática es también imprescindible la cooperación y coordinación entre todos los países, de ahí la importancia de las sucesivas COP. Recordemos que faltan solo unos meses para la trascendental COP26 de Glasgow, donde se deben tomar por fin compromisos vinculantes para la reducción de gases de efecto invernadero.

Pero un problema que previsiblemente será recordado como la principal carencia en estos dos meses y medio de propagación del virus, y que se repite en la crisis climática, está recogido en el reproche de la Organización Mundial de la Salud por los “Niveles alarmantes de inacción”. De ‘solo’ unas semanas en el primer caso, pero de años cuando nos referimos al clima, según el criterio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Es decir, hemos dejado pasar semanas en la lucha contra el COVID-19 y años en la del cambio climático sin actuar, con el enorme coste que ello conlleva y cuyas consecuencias ya estamos sufriendo por partida doble.

La OMM, que acaba de publicar su informe sobre el estado mundial del clima en 2019 detalla con datos muy recientes “el aumento de las temperaturas, como síntoma -al igual que el aumento de la fiebre en el caso del coronavirus- de las concentraciones de CO2 en la atmósfera, pero también de los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, sequías, incendios y olas de calor, además de la reducción del hielo, aumento del nivel del mar y acidificación de los océanos, junto con una disminución de la cantidad de oxígeno en los mares y pérdida de biodiversidad, de bosques primigenios, etc., detallados en otros informes internacionales, que marcan inequívocamente la necesidad de actuar de una forma rápida y contundente.

La crisis del coronavirus también nos enseña otras lecciones aprendidas y algo menos evidentes. Diferentes indicios señalan que el sacrificio y consumo de animales salvajes, incluso protegidos, en los llamados mercados húmedos de China, sin ningún tipo de higiene, ni medidas sanitarias fue una de las causas de la aparición y diseminación del virus. Sin duda, cerrar los mercados insalubres de especies protegidas en todo el mundo, empezando por China, sería lo acertado para disminuir la probabilidad de nuevos brotes de coronavirus, pero también para proteger la biodiversidad y frenar la deforestación, claves para asegurar el bienestar medioambiental.

La otra cara de la pandemia es que con toda seguridad reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero al ralentizar la economía mundial. Y después, cuando logremos vencerla quizá sea oportuno asomarnos al futuro con la experiencia aún reciente de que el ser humano es capaz de demostrarse a sí mismo que hay objetivos comunes y que son alcanzables con valentía y cooperación. Ojalá que el siguiente objetivo que movilice al mundo entero sea el de apoyar políticas de crecimiento verde para solucionar los dos fenómenos principales que amenazan la estabilidad y la prosperidad de la economía a largo plazo: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El debate es tanto más acuciante una vez demostrado que después de décadas de la gran historia de una transición “verde” de la economía mundial basada en la buena voluntad individual, algunos impuestos e innovación técnica, no ha sido más que una ficción amable. La crisis nos enseña también la lección de hacer sociedades más resilientes, mejor equipadas, más adaptadas al riesgo y que se tomen más en serio las amenazas. Solo con una perspectiva temporal nos daremos cuenta de lo importante que hubiera sido adoptar a tiempo medidas de alerta temprana y, sobre todo, de actuación radical ante el tremendo reto que se nos venía encima, tanto respecto al coronavirus como al de la emergencia climática.