Se ha dicho en muchas ocasiones que hay un PSOE en campaña electoral y otro cuando gobierna. La cita que da título a este artículo de opinión no es precisamente opinión mía, sino del propio Pedro Sánchez. Durante un encuentro con su militancia socialista en León en 2018, el entonces líder de la oposición criticó con estas palabras la propuesta de la ministra Fátima Báñez de aumentar los años de cotización de 25 a 35 para calcular las pensiones.

Y ojo, que no le faltaba razón en la crítica. La duda es si le habrá dicho lo mismo al que ahora es ministro de Seguridad Social de su Gobierno, José Luis Escrivá, tras dejar caer como un regalito prenavideño la misma medida que por entonces defendían Báñez y el Gobierno de Rajoy. No debe ser lo mismo coger el coche y pasearse por los pueblos y ciudades del Estado bajo el estandarte del 'No es No', que aplicárselo a los que aprietan, como entonces, para cargarse el sistema público de pensiones.

Escrivá ha sido especialmente sutil con las propuestas que pretende incluir en la futura reforma de las pensiones. Una vez que el Pacto de Toledo aprobó sus recomendaciones, con el foco de los medios y de los colectivos de pensionistas puesto en ellas, el ministro de Seguridad Social ha planteado medidas que fueron descartadas por el propio Pacto y que tienen el sello de Báñez y del PP, como es el caso de la ampliación de los años de cotización de 25 a 35 o la implementación de un nuevo sistema de revalorización.

No está mal recordar, en estos tiempos donde la memoria política llega a meses vista, qué es realmente el Pacto de Toledo. Se trata de una Comisión Parlamentaria que fue creada en 1995 con el objetivo de velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones español,  sistema público de protección basado en la solidaridad intergeneracional. Todos los partidos con representación parlamentaria forman parte de dicha comisión. Sin embargo no tiene capacidad legislativa, solo emite informes con recomendaciones que no son vinculantes. Luego será el Gobierno de turno el que tome esas recomendaciones y elabore una Ley o una reforma de la Ley existente que deberá llevar al Congreso para ser votada (con o sin las recomendaciones).

Así por ejemplo, en el último informe emitido en octubre de este año se incluía una recomendación muy clara, que además es una victoria del movimiento de pensionistas. Se trata de la 'Recomendación nº2', que propone la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real, para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las y los pensionistas y mejorar las pensiones. Sin embargo, el ministro Escrivá ya ha ido desvelando su intención de implantar un nuevo sistema para la revalorización de las pensiones. La misma senda que tomó en su día Fátima Báñez con el llamado 'Factor de sostenibilidad'. Las llamas que quemaron las cartas enviadas por la ministra de Empleo para anunciar la subida del 0,25% a las pensiones en 2018 llegaron hasta la moción de censura. Si no, que le pregunten al PNV por los lunes en Sabin Etxea. Y aún siguen prendidas. 

Y de esas ha aprendido Escrivá, porque mientras el fuego apunta al Pacto de Toledo, él coge la M-30, sortea el informe, las protestas y se mete en la autovía de peaje que tomó Fátima Báñez, la ahora flamante presidenta de la Fundación CEOE. Aplicar una reforma de pensiones y una reforma laboral cómo la que aplicó cuando era ministra, tiene sus consecuencias para todas y todos, aunque para algunos más beneficiosas que para otros. 

Es el momento de recordarle a Escrivá que tenemos memoria, y que la senda para sostener el sistema público de pensiones va en sentido contrario al que tomó Fátima Báñez. Garantizar unas pensiones públicas dignas pasa por derogar la reforma laboral del PP, por subir el SMI y, sobre todo, pasa por acabar con la precariedad laboral que afecta sobre todo a las mujeres y a la gente joven, aquellos a quienes Escrivá recortará sus pensiones y condenará también a una precariedad futura si alarga el periodo de cotización de 25 a 35 años. En definitiva, y como bien sabe un ministro de Seguridad Social, (y hasta Pedro Sánchez en los mítines), las pensiones dignas se garantizan subiendo los salarios.

No voy a negar que las recomendaciones del Pacto de Toledo son muy mejorables, pero no es el Pacto quien legislará el futuro de las pensiones. Es necesario centrar el foco en quien verdaderamente tiene la capacidad de decidir si se garantiza el derecho de todos y todas a una jubilación digna. 

Por ello, como pensionista y afectado por las medidas que nos quiere imponer Escrivá desoyendo las recomendaciones, hago un llamamiento a todos los colectivos de pensionistas del Estado español a unirnos y exigir al ministro que dé marcha atrás con su plan, que de ningún modo vamos aceptar.

Hasta la fecha, ningún gobierno de los países que sufren esta pandemia mundial ha podido certificar el verdadero origen del coronavirus. Ninguno ha pasado de la fase de acusaciones mutuas, de hipótesis antagónicas avaladas por científicos que unos afirman un criterio y los otros, el contrario. La amenaza es letal y universal; principalmente gerontológica, pero no excluye a los jóvenes.

Aunque se han redoblado inversiones y esfuerzos científicos, no se conoce el antídoto, por lo que se recurre al confinamiento masivo, salvo en algunos países donde domina el capitalismo salvaje, que prefiere que se pierdan millones de vidas antes de que unos pocos pierdan sus privilegios.

Algunos líderes como Trump, o el inglés Boris Johnson, consideran que un problema de salud pública, por grave que sea, no puede poner en peligro el imperialismo capitalista. ¿Quién diría que estos esperpentos sociales son los guardianes de las esencias de Occidente?

Johnson ya ha reculado, sufriendo el virus en sus propias carnes, pero Trump, probablemente, necesitará muchos más muertos.

La humanidad se siente realmente amenazada. Sin embargo, por sorprendente que resulte, los líderes mundiales no han pedido que se cree una Comisión Internacional para saber el origen mortífero del virus.

Un arma de destrucción universal

El multimillonario y gran financiero Bill Gates, hace aproximadamente cinco años que anticipó que el coronavirus y otros similares tenían mayor capacidad destructiva que las armas de guerra convencionales. Ello significa que los señores de la guerra y su fabuloso negocio armamentista tendrán que sustituir armas altamente sofisticadas por virus y cientos de generales, por científicos y estrategas de la distribución de venenos de fácil inhalación. Es posible.

El cambio de rumbo parece haberse iniciado con esta letal pandemia que ha recluido a millones de personas en sus hogares y ha cerrado temporal o definitivamente miles de empresas en todo el mundo, generando un escenario económico difícil de evaluar en todas las consecuencias.

La recesión económica se expande tan rápidamente como la pandemia.

En tales circunstancias, estimular artificialmente la demanda conduce a la inflación, y en muchos casos, a la quiebra. El capitalismo salvaje arenga a los confinados sobre la necesidad de que las arcas del Estado prioricen la inyección de grandes masas de dinero público para mantener a salvo sus inmensas fortunas y su capacidad de enriquecimiento hasta que llegue la normalidad. Ocultan, claro está, que lo que reclaman irá en detrimento de la protección del resto de la ciudadanía. No reparan, quizás, que no habrá normalidad mientras no haya una vacuna eficaz y ésta llegue a la ciudadanía de forma asequible, para que también la gente humilde la pueda adquirir. Carece de sentido privilegiar la economía, si es a costa de masacrar a los consumidores.

Los partidos y organizaciones que reclaman grandes sumas para sostener intacto al neoliberalismo, deberían ser claros en su mensaje, puesto que en este momento, lo que vaya a llenar las arcas capitalistas no estará disponible para proteger socialmente a quienes están al borde de la ruina económica.

Y aquellos que aprovechan el azote vírico para propinar un golpe de Estado, deberían entender que este virus no se combate con aceite de colza ni generales fascistas.

Bastante es el confinamiento sanitario, como para encerrarse a continuación en la mazmorra indecente de una dictadura neofranquista.

La ciudadanía está dando un gran ejemplo de sensatez y de madurez.

El Gobierno progresista está haciendo un gran esfuerzo para proteger a la ciudadanía en unas condiciones muy adversas, tanto económicas y políticas, como informativas.

Apoyemos y respetemos a quien realmente nos quiere proteger, en medio de una tormenta sin precedentes.